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TEST GLOBAL

1. En relación con el Artículo 120.2 de la Constitución Española, que establece que el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. ¿Cuál de estas respuestas NO está relacionada con el principio de inmediación procesal en los diferentes órdenes jurisdiccionales y que se deriva de dicho mandato constitucional?

a) Que los Jueces deben presenciar las declaraciones de las partes y de testigos y respuestas que hayan de ofrecer los peritos y cualquier otro acto de prueba de forma pública.

b) Que las vistas y las comparecencias que tengan por objeto oír a las partes antes de dictar una resolución se celebrarán siempre ante el Juez, aunque puedan realizarse a puerta cerrada.

c) Que la ausencia del Juez en declaraciones de las partes determinará la nulidad de pleno derecho de las correspondientes actuaciones.

d) Que finalizadas las exposiciones de las partes de forma contradictoria y el resto de las actuaciones procesales deben someterse a inmediata deliberación por parte del tribunal.

2. El Tribunal Constitucional conocerá de:

a) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. b) El recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicos regulados en la Sección II del

Capítulo II del Título I de la Constitución. c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial adoptados por los

órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.

d) Las impugnaciones, realizadas por el Gobierno, de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

3. El ejercicio del derecho a reunirse en domicilio o propiedad privada por razones familiares o de amistad, puede realizarse conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en los siguientes casos. Señale la respuesta correcta.

a) Sin necesidad de autorización o comunicación a la autoridad gubernativa y sin que se tenga en cuenta el número de asistentes.

b) Comunicándolo a la autoridad gubernativa siempre que no exceda de 20 personas, que podrá prohibirlo por razones de orden público en las siguientes 48 horas.

c) Solicitando la autorización, previa comunicación a la autoridad gubernativa, si excede de 20 personas.

d) El derecho de reunión, en lugares públicos o privados, puede ser suspendido según el artículo 55 de la Constitución cuando se declare el estado de alarma.

4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución Española:

a) En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio.

b) La organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno, un Presidente, y un Tribunal Superior de Justicia.

c) El Presidente es elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Presidente del


Gobierno, y le corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla.

d) Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que no gozarán de plena personalidad jurídica.

5. Según el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía:

a) 1° Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2° Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

b) 1° Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno. 2° Disposiciones acordadas en el Consejo de Ministros.

c) 1° Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno. 2° Resto de disposiciones acordadas en el Consejo de Ministros y órdenes ministeriales.

d) Las órdenes ministeriales no son reglamentos y por tanto no pueden ordenarse jerárquicamente.

6. De acuerdo con los artículos 101 y 102 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

a) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.

b) La responsabilidad criminal del Presidente del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

c) La responsabilidad criminal de los Ministros será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

d) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

7. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones respecto de los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas es la correcta?:

a) Son órganos superiores que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

b) Son órganos superiores con rango de Director General que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

c) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

d) Son órganos directivos que dependen orgánicamente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.

8. La designación y remoción de los Tenientes de Alcalde, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Bases del Régimen Local, se lleva a cabo:

a) Por la Junta de Gobierno Local, de entre los concejales. b) Por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde no exista, de entre los

concejales. c) Por el voto favorable de un tercio de los Concejales, dando cuenta al Alcalde y la Junta de Gobierno

Local. d) Por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno, con voto favorable de la mayoría de los

Concejales.


9. De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Española, ¿cómo puede el Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, sean susceptibles de transferencia o delegación?:

a) Mediante ley ordinaria. b) Mediante ley orgánica. c) Por la concurrencia interés general declarado por las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada

cámara. d) Mediante Real Decreto-Ley por motivos de extraordinaria y urgente necesidad.

10. Según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las entidades integrantes del sector público institucional estatal estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua, con independencia de lo previsto para las autoridades administrativas independientes. De acuerdo con ello, ¿qué órgano administrativo ejercerá tal control?

a) La Intervención Delegada del Departamento ministerial al que estén adscritos. b) Un Delegado especial nombrado para cada entidad integrante del sector público institucional estatal por el

Ministerio de Hacienda. c) El Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios, sin perjuicio del

control que, de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Según lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, lo ejercerá con carácter exclusivo la Intervención General de la Administración del Estado.

11. Según el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, quedan excluidos de la negociación laboral:

a) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. b) Los planes de Previsión Social Complementaria. c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. d) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y

procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

12. De acuerdo con el artículo 10 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a un año, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

13. Según lo dispuesto en el apartado IV del Preámbulo y en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se crea la figura del procedimiento abierto simplificado. ¿Dentro de


esta figura, existe la posibilidad de una mayor simplificación?

a) Sí, para los contratos de obra de valor estimado inferior a 80.000 euros y para los de suministros y servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.

b) Sí, únicamente para contratos de obra de valor estimado inferior a 40.000 euros y para los de suministros y servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros.

c) No, únicamente puede utilizarse la figura del procedimiento abierto simplificado para contratos de obra de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 euros y para los de suministros y servicios de valor estimado igual o inferior a 100.000 euros.

d) No, porque para obtener mayor simplificación, ya existe la figura del procedimiento negociado sin publicidad.

14. Respecto a las modificaciones introducidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de Contratos del Sector Público, por la Disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas Directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores, señale la respuesta correcta:

a) Se han modificado los umbrales para la utilización de la figura del contrato menor, por indicación de las Directivas comunitarias, llegando ahora a 80.000 euros para contratos de obras y a 35.000 euros en contratos de suministros y servicios.

b) No es necesario en el contrato menor de obras, en ningún caso, el proyecto de las obras ni el informe de supervisión.

c) Las modificaciones únicamente han afectado a la sistemática del artículo, en cuanto a la numeración de sus diferentes apartados, no afectando, por tanto, a su contenido inicial.

d) No es necesario justificar que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo, es decir, valor estimado inferior a 40.000 euros para obras y a 15.000 euros para suministros y servicios.

15. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, integrado por el articulado con sus anexos y los estados de ingresos y de gastos, con el nivel de especificación de créditos establecido en los artículos 40 y 41 de esta ley, será remitido a las Cortes Generales antes del día:

a) 1 de septiembre del año anterior al que se refiera. b) 30 de septiembre del año anterior al que se refiera. c) 1 de octubre del año anterior al que se refiera. d) 30 de octubre del año anterior al que se refiera.

16. De acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los créditos presupuestarios:

a) Son el conjunto de recursos que, para el logro de los objetivos anuales que los mismos establezcan, se ponen a disposición del gestor responsable de su ejecución.

b) Son cada una de las obligaciones económicas y cada uno de los derechos que, como máximo, pueden reconocer las entidades del sector público estatal.

c) Consisten en el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a la consecución de determinados objetivos preestablecidos.

d) Son cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos de los órganos y entidades con presupuesto limitativo, puestas a disposición de los centros gestores para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados.


17. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, este orden jurisdiccional se encuentra integrado por varios órganos. De los que a continuación se relacionan señale cuál NO se integra en la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

a) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo. b) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. d) Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales.

18. Si algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) quieren cooperar más estrechamente en ámbitos de actuación que no son de competencia exclusiva de la UE pero no consiguen obtener el acuerdo

cooperación más estrecha, utilizando las Instituciones de la UE. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a ) al menos nueve Estados miembros. b ) Este mecanismo se encuentra regulado en los artículos 20 del Tratado de la Unión Europea y 326 a 334

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. c ) Su finalidad debe ser impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de

integración. d ) permanentemente a los Estados miembros que participan en ellas desde el principio, pero no al resto de

Estados miembros.

19. De conformidad con lo establecido en el artículo 17.2 del Tratado de la Unión Europea, los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse:

a) A propuesta del Consejo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. b) A propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. c) A propuesta del Parlamento, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. d) A propuesta del Consejo Europeo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.

20. De acuerdo con la Constitución Española, las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la federación de Comunidades Autónomas. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la

organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Comunidades Autónomas a que se refiere el apartado 2 del artículo 143. d) Prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios

entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas.

21. Según dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, los reglamentos NO podrán tipificar:

a) Delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

b) Delitos, faltas o infracciones administrativas, pero sí imponer prestaciones patrimoniales de carácter público.

c) Delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, imponer prestaciones personales, pero sí tributos y prestaciones patrimoniales de carácter público.


d) Delitos o faltas, pero sí infracciones administrativas.

22. De conformidad con el artículo 253 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Jueces y Abogados Generales del Tribunal de Justicia:

a) Serán renovados parcialmente cada tres años. b) Serán renovados en su totalidad cada cuatro años. c) Serán nombrados por un periodo de cuatro años. d) Serán nombrados por un periodo de tres años.

23. De conformidad con el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el marco financiero plurianual tendrá por objeto garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión dentro del límite de sus recursos propios y se establecerá para un período:

a) De tres años. b) Mínimo de cinco años. c) Mínimo de cuatro años. d) De dos años.

24. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptarán las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, tal como queda definida en el artículo 45, mediante:

a) Directivas o reglamentos. b) Acuerdos sectoriales. c) Decisiones. d) Acuerdos entre los Estados miembros.

25. Según lo dispuesto en el artículo 59 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a efectos de alcanzar la liberalización de un servicio determinado, el Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social, decidirán mediante:

a) Decisiones. b) Directivas. c) Reglamentos. d) Decisiones o Reglamentos, indistintamente.

26. En relación con la agricultura y la pesca, según se establece en el artículo 39.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre los objetivos de la política agrícola común, NO se encuentra:

a) Estabilizar los precios. b) Estabilizar los mercados. c) Garantizar la seguridad de los abastecimientos. d) Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

27. Según el Tratado de la Unión Europea, los intereses y objetivos estratégicos de la Acción Exterior de la Unión serán establecidos por:

a) El Consejo en su formación de Asuntos Exteriores.


b) El Parlamento Europeo. c) El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. d) El Consejo Europeo.

28. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ¿qué fondo estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive?

a) El Fondo Social Europeo. b) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional. c) El Fondo de Cohesión. d) El Fondo de Solidaridad.

29. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) Se produzca la suspensión de la ejecución del acto. b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que ya no quepan

recursos en vía administrativa. c) No necesite aprobación o autorización superior. d) Se interponga un recurso, ya que ello obliga en todo caso a suspender su ejecución.

30. De acuerdo con el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

a) El Estado tiene competencia compartida junto con las comunidades autónomas sobre legislación básica sobre protección del medio ambiente.

b) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente sin que en ningún caso las comunidades autónomas puedan estar facultadas para establecer normas adicionales de protección.

c) El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación sobre protección del medio ambiente.

d) El Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección.

31. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley de Transparencia), si se solicita en ejercicio del derecho de acceso a información pública una información que cuenta con un régimen jurídico específico de acceso a la información:

a) Se aplicará la Ley de Transparencia, quedando excluida la normativa específica. b) Se aplicará la normativa específica que regula el acceso, y la Ley de Transparencia con carácter

supletorio. c) Se aplicará la Ley de Transparencia y, con carácter supletorio, la normativa específica que regula el

acceso. d) La Ley de Transparencia no resulta aplicable.

32. Conforme al artículo 38.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (Ley de Transparencia) ¿cuál de las funciones siguientes NO es competencia del Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG)?


a) Conocer de las reclamaciones que frente a resoluciones en materia de acceso a información pública se

presenten ante el CTBG. b) Imponer sanciones por incumplimiento reiterado del deber de resolver en plazo las solicitudes de acceso a

información pública. c) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia. d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa contenidas en el capítulo II del título I

de la Ley de Transparencia.

33. El artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ocupa de regular el trámite de audiencia a los interesados, indique la opción correcta entre las siguientes:

a) La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud de Dictamen del Consejo de Estado.

b) Los interesados, en un plazo no inferior a veinte días ni superior a treinta, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

c) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de un contrato) no será necesario dar audiencia al contratista.

d) Instruido el procedimiento e inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados, o a sus representantes, para lo que se tendrá en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia.

34. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, regula en su artículo 78 el procedimiento abreviado dentro del procedimiento contencioso-administrativo. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la verdadera:

a) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocen, entre otros, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas.

b) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten en el procedimiento para declarar judicialmente la extinción de un partido político.

c) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político.

d) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocen, entre otros, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten sobre todas aquellas cuestiones cuya cuantía supere los 30.000 euros.

35. En relación con la potestad sancionadora de la Administración, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que:

a) Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

b) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por una disposición reglamentaria.

c) Las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.


d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones podrán ser susceptibles de aplicación analógica.

36. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se entenderá que existe discriminación indirecta:

a) Cuando una conducta relacionada con la discapacidad de una persona tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

b) Cuando se produzcan apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.

c) Cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.

d) Cuando la discriminación provenga de una persona unida a la víctima por un grado de consanguinidad o afinidad superior al tercero.

37. De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, señale cuál de los siguientes NO es un principio específico de la interoperabilidad:

a) La interoperabilidad como cualidad integral. b) Prevención, reacción y recuperación de la interoperabilidad. c) Carácter multidimensional de la interoperabilidad. d) Enfoque de soluciones multilaterales.

38. El artículo 32.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece entre los requisitos que debe cumplir una persona jurídica para adquirir la condición de medio propio personificado al objeto de recibir encargos, que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados. Indique la respuesta correcta.

a) A estos efectos para calcular ese porcentaje del 80 por ciento, sólo puede tomarse en consideración el promedio del volumen global de negocios y los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador en relación con la totalidad de los gastos ocasionados por razón de las prestaciones realizadas y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo.

b) El cumplimiento efectivo de este requisito está excluido expresamente por el art. 32.2 de la Ley 9/2017 de que se refleje en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinatario del encargo y, en consecuencia, no será objeto de verificación por el auditor de cuentas.

c) Para calcular el porcentaje del 80 por ciento, además de los indicadores referidos a volumen global de negocios y a los gastos soportados por los servicios prestados al poder adjudicador, el art. 32.2 recoge la posibilidad de utilizar otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo.

d) Si no están disponibles los datos de los tres ejercicios anteriores a la formalización del encargo o esos datos hubiesen perdido su vigencia, el art. 32.2 de la Ley 9/2017, especifica que no puede justificarse en ningún caso el porcentaje del 80% requerido y, en consecuencia, no podrá tampoco realizarse el encargo, aunque se cumplieran todos los demás requisitos que establece ese art. 32.2 de la Ley 9/2017.


39. La revisión de precios en los contratos se encuentra regulada en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Sobre esta figura jurídica indique cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta.

a) Si bien el anterior Texto Refundido de la Ley de Contratos la permitía, el actual artículo 103 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público la prohíbe expresamente.

b) Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del Sector Público tendrá lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.

c) En todo caso, el primer 10 por ciento ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización podrán ser objeto de revisión, según los dictámenes de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

d) En el caso de que se prevea para un contrato una revisión periódica y predeterminada del precio del mismo, no se incluirá en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato ni en su propio clausulado.

40. El artículo 234 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula el supuesto, dentro del contrato de obras, de la presentación del proyecto por el empresario. Indique entre las siguientes afirmaciones cuál es la verdadera.

a) La licitación de este tipo de contrato de elaboración de proyecto y ejecución de las obras no requerirá la redacción previa por la Administración o entidad contratante de un anteproyecto o bases técnicas a las que el proyecto deba ajustarse, ya que el proyecto lo presenta el licitador.

b) En este caso de contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras, la iniciación del expediente y la reserva de crédito correspondiente no pueden fijar el importe máximo previsto, puesto que la Administración o entidad contratante desconocen la entidad del proyecto a realizar.

c) Si se trata de la elaboración de un proyecto de obras singulares de infraestructuras hidráulicas o de transporte cuya entidad o complejidad no permita establecer el importe estimativo del conjunto del contrato -elaboración del proyecto más ejecución de la obra-, la previsión del precio máximo se limitará exclusivamente a la ejecución de la obra correspondiente.

d) La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y ejecución de las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y sólo podrá efectuarse cuando motivos de orden técnico obliguen a vincular al empresario a los estudios de las obras, o bien, cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades técnicas singulares requieran soluciones aportadas con medios y capacidad técnica propias de las empresas.

41. En caso de usurpación por un tercero de bienes y derechos del patrimonio de las Administraciones Públicas, según el art. 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Administración Pública puede recuperar por sí misma la posesión indebidamente perdida. Indique cuál de las siguientes afirmaciones al respecto es la opción correcta:

a) En el caso de que los bienes y derechos, cuya posesión se trata de recuperar, tengan la condición de demaniales, la potestad de recuperación puede ejercitarse en cualquier tiempo.

b) Si se trata de bienes y derechos de carácter patrimonial, la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

c) Antes de que transcurra un año desde la ocupación indebida, la Administración Pública actuante debe acudir a un Registro de la propiedad para instar su actuación en defensa de los intereses públicos.

d) Nunca puede recuperar esos bienes o derechos por sí misma la Administración, pues siempre habrá de acudir a los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.


42. De acuerdo con lo regulado en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. No obstante, hay subvenciones que pueden concederse de forma directa. Indique, de las siguientes opciones, en qué caso no sería posible conceder la subvención de forma directa.

a) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal, siguiéndose en ese caso el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia normativa.

b) Con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

c) Aquellas previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado. d) Aquellas en que no aparezca determinado el beneficiario en los estados de gasto del Presupuesto,

aunque su dotación presupuestaria esté prevista.

43. Un partido político, a la vista de los problemas internos con los afiliados, decide una modificación de estatutos con el objeto de una mayor coordinación. ¿Cuál de las siguientes reformas NO sería conforme a la legislación de partidos políticos en España y la doctrina constitucional?

a) Que la asamblea general del conjunto de los miembros, actúe indirectamente por medio de compromisarios, correspondiéndoles la adopción de los acuerdos más importantes del partido.

b) Que los órganos directivos del partido sean provistos mediante sufragio libre y a mano alzada. c) Que existan en el partido afiliados de pleno derecho y afiliados simpatizantes, no teniendo estos últimos,

derecho a elegir a los órganos directivos. d) Que los afiliados deban acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos

del partido, pudiendo suspender de militancia o expulsar a los que no lo hagan.

44. Conforme a lo previsto en el artículo 147 de la Constitución Española, respecto del contenido de los Estatutos de autonomía, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso

de los servicios correspondientes a las mismas. c) La delimitación de los territorios de comunidades autónomas limítrofes. d) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

45. El artículo 11 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula la figura de las encomiendas de gestión. De las siguientes características de las encomiendas, indique cuál es la verdadera.

a) Pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

b) Se realizan entre órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración. c) Deben ser objeto de formalización en un documento que será publicado en la Plataforma de

Contratación del Estado y si su importe es superior a 50.000 euros, IVA excluido, en el perfil de contratante.

d) Existe compensación tarifaria por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que depende la entidad u órgano encomendado.


46. Conforme al artículo 41.4 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo. Si procede la imposición de una sanción, la comunicarán para su ejecución:

a) Al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo. b) A la Tesorería General de la Seguridad Social. c) Al Servicio Público de Empleo Estatal o al Instituto Social de la Marina, según corresponda.

d) Al Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE)

47. De acuerdo con la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, los precios públicos son:

a) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.

b) Contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, no sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

c) Tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

d) Contraprestaciones pecuniarias que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho público cuando, prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

48. De las siguientes afirmaciones relativas a los pagos a justificar regulados en el artículo 79 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuál es FALSA:

a) Los pagos a justificar tienen carácter presupuestario. b) El plazo de rendición de las cuentas correspondientes a pagos de expropiaciones será de seis

meses. No obstante, excepcionalmente podrá ampliarse a doces meses. c) Con cargo a los pagos a justificar únicamente podrán satisfacerse obligaciones del mismo ejercicio. No

obstante, el ministro, o en quien éste delegue, y, en su caso, los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social podrán acordar que, con los fondos librados a justificar para gastos en el extranjero imputados a un presupuesto, sean atendidos gastos realizados en el ejercicio siguiente.

d) Las propuestas de pago efectuadas para satisfacer gastos a realizar en localidad donde no exista dependencia del ministerio, organismo, entidad gestora o servicio común de que se trate, tendrán el carácter de a justificar.

49. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un contrato formalizado el 1 de octubre de 2019, cuya ejecución comienza el 2 de octubre de 2019 y finaliza el 31 de mayo de 2020, estamos ante:

a) Un gasto plurianual, pues su ejecución material abarca dos ejercicios diferentes. b) Un gasto de tramitación anticipada, pues la formalización del contrato se produce en el año anterior a la

terminación del mismo. c) En la legislación contractual, no es posible formalizar un contrato un día e iniciar su ejecución el siguiente. d) Un gasto anual, pues la duración del contrato es inferior a doce meses.


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50. ¿A qué capítulo del Presupuesto de Gastos se imputan las ayudas y actividades de acción social recogidas en el Plan de Ayudas de Acción Social que responden a gastos de carácter subvencional, tales como educativas, formativas, culturales, deportivas o recreativos, guarderías, vivienda, transporte, etc., y ayudas para atenciones extraordinarias personales o familiares?

a) Capítulo 1 Gastos de personal. b) Capítulo 2 Gastos corrientes en bienes y servicios. c) Capítulo 3 Gastos financieros. d) Capítulo 4 Transferencias corrientes.

51. De conformidad con la clasificación establecida en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el organismo autónomo MUFACE forma parte de:

a) La Administración General del Estado. b) De las entidades gestoras de la Seguridad Social respecto de los funcionarios de carrera

incorporados a partir del 1 de enero de 2011. c) Del sector público institucional estatal. d) De las Entidades Públicas Empresariales.

52. El artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público, establece que las disposiciones de dicho Estatuto solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al personal de:

a) Las Universidades Públicas. b) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas. c) El Centro Nacional de Inteligencia. d) El Consejo de Seguridad Nuclear.

53. En relación a los procesos selectivos, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, señala:

a) Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

b) Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de quince días hábiles desde que se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado» las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

c) Comenzados los procesos selectivos, los anuncios de las pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección, con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

d) Comenzados los procesos selectivos, los anuncios de las pruebas deberán hacerse públicos por el órgano de selección, con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas, si se trata de uno nuevo.

54. El apartado 8.8 de la Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, regula el derecho de disponer de una bolsa de horas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con dicho derecho?


a) Las horas recuperadas no se volverán a incorporar en ningún caso al saldo de horas por utilizar de la

bolsa total de horas de que se dispone durante ese año natural. b) Podrá utilizarse para el cuidado de personas mayores y personas con discapacidad de segundo

grado de consanguinidad o afinidad. c) La utilización de las horas tendrá carácter recuperable en un plazo máximo de 2 meses a contar

desde el mes siguiente a aquel en que se haga uso de la bolsa de horas. d) Los empleados o empleadas públicos podrán disponer de una bolsa de horas de hasta un 3 por ciento de

la jornada anual.

55. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Queda excluido del ámbito de actuación el personal al servicio de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

b) El ejercicio de actividades mercantiles o industriales fuera de las Administraciones públicas no requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad.

c) Las actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal ordinaria de trabajo en las Administraciones públicas sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en esta Ley como de prestación a tiempo parcial.

d) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que con arreglo a la Ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro de los tres días siguientes a toma de posesión.

56. Según dispone el artículo 3 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo, quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del mutualismo administrativo:

a) Los funcionarios de la Administración Local. b) Los funcionarios de la Administración de Justicia. c) Los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado transferidos a las comunidades autónomas,

que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.

d) Los funcionarios procedentes del extinguido Servicio de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales a que se refiere el Real Decreto 2856/1978, de 1 de diciembre, y sus normas complementarias, desde el 1 de septiembre de 1979.

57. Según el artículo 35 de la Constitución Española, cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA:

a) La ley regulará un estatuto de los trabajadores. b) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. c) Todos los ciudadanos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. d) Todos los españoles tienen el derecho a la libre elección de profesión u oficio.

58. De conformidad con el artículo 38 del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) Con carácter ordinario, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre dos trabajadores fijos en activo.

b) Con carácter ordinario, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre dos trabajadores fijos o temporales.


c) Con carácter excepcional, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre

dos trabajadores fijos en activo. d) Con carácter excepcional, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre

dos trabajadores fijos o temporales.

59. De las opciones siguientes, constituye una causa objetiva para la extinción del contrato de trabajo, de acuerdo con el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores:

a) La ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa.

b) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. c) La transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del

trabajo. d) La disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.

60. De acuerdo con el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, en el supuesto de los contratos temporales de duración determinada del artículo 15, concertados por tiempo no superior a seis meses, el periodo de prueba:

a) No podrá exceder de dos meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. b) No podrá exceder de cinco días, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo. c) No podrá exceder de quince días, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo. d) No podrá exceder de un mes, salvo que se disponga otra cosa en convenio colectivo.

61. La composición del comité de huelga, de conformidad con el artículo 5 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, no podrá exceder de:

a) Diez personas. b) Doce personas.

c) Quince personas. d) Veinte personas.

62. Durante el ejercicio del derecho de huelga, de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, el trabajador:

a) Permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de las obligaciones de cotizar del empresario y trabajador.

b) Percibirá la prestación por desempleo siempre que acredite el cumplimiento del periodo mínimo de cotización.

c) Extinguirá la relación laboral. d) Percibirá únicamente el salario base, excluyéndose los complementos salariales no consolidables.

63. ¿Qué recargo se devenga, de conformidad con el artículo 30.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, cuando el sujeto responsable de pago de las cuotas debidas a la Seguridad Social, habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29, efectúa su abono dentro del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso?:

a) 10 por ciento de la deuda. b) 20 por ciento de la deuda. c) 35 por ciento de la deuda.


d) No se genera recargo.

64. De acuerdo con el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ¿Cuál es el plazo de prescripción del derecho al reconocimiento de la pensión por jubilación en la modalidad contributiva del Régimen General de la Seguridad Social?

a) Un año, desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante. b) Tres años, desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante. c) Cinco años, desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante. d) Es imprescriptible.

65. Respecto del personal eventual, el artículo 12 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, recoge que:

a) Le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. b) El tiempo prestado como personal eventual será computable como mérito para el acceso a la Administración Pública. c) Su selección habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso el principio de publicidad. d) Cuando reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.

66. En relación con lo dispuesto en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuál de las siguientes opciones NO está contemplada en dicho artículo:

a) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. b) Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija una disposición reglamentaria. c) Deberán constar por escrito, en todo caso, los contratos de trabajo de prácticas y para la formación y el aprendizaje. d) Deberán constar por escrito los contratos de trabajo de los pescadores.

67. En materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se regirá por lo previsto en:

a) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. b) El Código Civil. c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. d) El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

68.De conformidad con lo previsto en los Tratados de la Unión Europea y de Funcionamiento de la Unión Europea, el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) está formado por:

a) El Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los bancos centrales nacionales de los países que hayan adoptado en el euro.


b) El Banco Central Europeo (BCE) y los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). c) Los bancos centrales nacionales de los países que han adoptado el euro como moneda. d) Los bancos centrales nacionales de los países de la Unión Europea así como los de Noruega, Suiza y Liechtenstein.

69. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la respuesta correcta en relación con la pérdida de la relación de servicios:

a) La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere. b) La rehabilitación en la condición de funcionario de carrera de quien la hubiese perdido por haber sido condenado por pena principal o accesoria de inhabilitación se entenderá concedida si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa. c) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración. No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. d) Tras haber renunciado voluntariamente a la condición de funcionario de carrera podrá solicitarse la rehabilitación en dicha condición siempre que no hayan transcurrido cinco años desde la aceptación de la renuncia por la Administración.

70. El recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, debiéndose interponer dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. b) Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, pudiéndose interponer dentro del plazo de los cuatro años siguientes desde que la sentencia judicial quedó firme. c) Cabe contra las disposiciones administrativas de carácter general, pudiéndose interponer dentro del plazo de los cuatro años siguientes desde su publicación. d) Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme, pudiéndose interponer dentro del plazo de los tres meses siguientes desde que la sentencia judicial quedó firme.

71. El silencio administrativo positivo está considerado:

a) Como un acto de trámite que decide de forma estimatoria sobre el fondo del asunto. b) Como una ficción jurídica que permite entender provisionalmente concedida la solicitud. c) Como un verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento en sentido estimatorio. d) Como un acto firme y no revisable en el sentido estimatorio de la petición.

72. De acuerdo con lo previsto en el artículo 156 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los casos en que la función interventora fuese preceptiva y se hubiese omitido, indique cuál de estas afirmaciones le parece correcta:


a) Podrá reconocerse la obligación, tramitar el pago e intervenir favorablemente las actuaciones aunque no se subsane dicha omisión para no perjudicar al particular interesado. b) No será preceptivo la emisión de un informe por parte del órgano de la Intervención General de la Administración del Estado, que tenga conocimiento de dicha omisión, puesto que habría de remitirse a la Autoridad que hubiera iniciado las actuaciones y ello es innecesario. c) El titular del Departamento al que pertenezca el órgano responsable de la tramitación del expediente no podrá en ningún caso someter el asunto al Consejo de Ministros para que adopte la resolución de convalidación procedente. d) El posible acuerdo favorable a la convalidación por parte del Consejo de Ministros no eximirá de la exigencia de responsabilidades a que, en su caso, hubiere lugar.

73. La Oferta de Empleo Público es un instrumento global de planificación de los recursos humanos; en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.Tres de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se puede contratar por tiempo indefinido, en el sector público estatal:

a) Siempre que exista crédito adecuado y suficiente para hacer frente a la misma, sin requerir autorización de las Direcciones Generales de Costes de Personal y Pensiones Públicas y de la de Función Pública.

b) Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en ese apartado no generan derecho, desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad que viniera percibiendo en el Departamento Ministerial u Organismo Público de procedencia.

c) Entre personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el sector público estatal en el que esté incluida la entidad.

d) Entre personal funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter temporal o de interinidad en el sector público estatal en el que esté incluida la entidad.

74. Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán:

a) Las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso y las retribuciones complementarias del puesto de trabajo del nivel correspondiente a su grado personal.

b) Las retribuciones básicas, así como los trienios en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen y grupo o subgrupo de clasificación profesional que se adscribe al puesto.

c) Las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias que corresponden al puesto de trabajo que desempeñen y grupo de clasificación que se adscribe al puesto, percibiendo los trienios, en su caso, por el grupo o subgrupo de clasificación del funcionario.

d) Las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

75. El Recurso especial en materia de contratación:

a) Es necesario para interponer recurso contencioso administrativo en los actos y contratos referidos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

b) Es necesario para impugnar en vía administrativa los actos y contratos definidos en su ámbito de aplicación, salvo que se trate de un ente del sector público no poder adjudicador, en cuyo caso, se acude directamente al recurso de alzada impropio del artículo 321.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.


c) Es potestativo y sustituye, en caso de interponerse, a los recursos ordinarios de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) Es potestativo solo para los actos definidos en el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público, y obligatorio en los demás para poder acudir a la vía contencioso-administrativa.

76. La situación administrativa de servicios especiales y la pérdida de la condición a que da lugar el pase a dicha situación reconoce los siguientes derechos; señale la respuesta incorrecta:

a) El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado a efectos de consolidación del grado personal como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo o en el que posteriormente se hubiera obtenido por concurso.

b) Se les computará el tiempo que permanezcan en la situación de servicios especiales a efectos de trienios, teniendo derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios, siempre que sean abonados por el Departamento en el que el funcionario hubiera estado desempeñando su último puesto de trabajo en servicio activo.

c) A la situación de excedencia voluntaria por interés particular, si no se solicita el reingreso en el plazo de un mes, contado a partir del día en que perdió la condición que da lugar al pase a servicios especiales.

d) La solicitud de reingreso al servicio activo, desde que se perdió la condición que da lugar al pase a servicios especiales, tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de la solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva de puesto.

77. El Capítulo II del Título III del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 20, determina que los sistemas sobre la evaluación del desempeño se adecuarán a los siguientes criterios, sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos, de:

a) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. b) Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. c) Seguridad jurídica, celeridad y descentralización d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad y eficiencia.

78. Según dispone el artículo 7 del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, el grupo profesional:

a) Agrupa al conjunto de titulaciones, cualificaciones, profesiones, oficios y ocupaciones atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional.

b) Agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas.

c) Determina el contenido concreto de la prestación laboral y establece el perfil profesional de cada puesto.

d) Es el conjunto de tareas, funciones y actividades propias de un puesto y que constituyen las obligaciones concretas con las que debe cumplir el trabajador o trabajadora que lo desempeña.

79. Según el artículo 57 del IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, la parte de retribución del personal laboral fijada por unidad de tiempo que se percibe en doce mensualidades, según el grupo profesional, se denomina:

a) Salario base. b) Complemento singular de puesto.


c) Complemento de producción. d) Retribución de reunificación.

80. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno dispone que, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 2.1 del Código Civil, las disposiciones de entrada en vigor de los reglamentos, cuya aprobación

corresponda al Gobierno o a sus miembros, preverán, con carácter general, el comienzo de su vigencia:

a) El 1 de enero o el 1 de julio siguientes a su publicación, cuando impongan nuevas obligaciones a las

personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional.

b) El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación, en todo caso.

c) A los veinte días de su completa publicación, excepto que el cumplimiento del plazo de transposición

de directivas europeas u otras razones justificadas así lo aconsejen.

d) El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación, cuando impongan nuevas obligaciones a las

personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia

del ejercicio de esta.

81. De acuerdo con la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los miembros del Gobierno se reúnen

en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. No es una función de las Comisiones

Delegadas del Gobierno:

a) Resolver aquellos asuntos que, afectando a más de un Ministerio, no requieran ser elevados al

Consejo de Ministros.

b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una

propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros.

c) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios Departamentos

Ministeriales que integran la Comisión.

d) Analizar o discutir aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros, afecten a

varios Ministerios y sean sometidos a la Comisión por su presidente.

82. ¿Qué principio general de la organización territorial del Estado, de los recogidos en el Capítulo I del Título

VIII de la Constitución Española de 1978, ha sido fundamento de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de

garantía de la unidad de mercado?:

a) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de

circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes por todo el territorio

nacional.

b) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad.

c) Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas no podrán implicar, en

ningún caso, privilegios económicos o sociales.

d) El Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas

partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.


83. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Esquema Nacional de

Interoperabilidad:

a) Tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el

ámbito de las Administraciones Públicas, y está constituido por los principios básicos y requisitos

mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

b) Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y

normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en

cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la

interoperabilidad.

c) Recoge el conjunto de criterios y recomendaciones que han de tener en cuenta las Administraciones

Públicas para el desarrollo de aplicaciones propias, que garanticen la interoperabilidad y la

reutilización.

d) Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y

normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en

cuenta por las Administraciones Públicas y las empresas para la toma de decisiones tecnológicas de

forma conjunta.

84. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, cuando el número de solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un

incumplimiento del plazo máximo de resolución del procedimiento administrativo, el órgano competente para

resolver:

a) Acordará la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, siempre que no exceda de la

mitad del mismo.

b) Podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo.

c) Acordará, a petición de los interesados, la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no

pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

d) Deberá habilitar los medios personales y materiales necesarios para resolver el procedimiento dentro

del plazo máximo de seis meses.

85. De acuerdo con el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la respuesta falsa:

a) Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito

competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del

ámbito correspondiente.

b) Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada

Administración Pública, y con el alcance que legalmente proceda, los criterios generales sobre la

planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de

trabajo de los empleados públicos.


c) Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación la determinación de las condiciones de trabajo

del personal directivo y, en todo caso, las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a

sus potestades de organización.

d) Los Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional,

territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.

86. De acuerdo con el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son causas de resolución del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica

de la sociedad contratista, en todo caso.

b) El incumplimiento de la obligación principal del contrato o de las restantes obligaciones esenciales,

siempre que estas últimas hayan sido calificadas como tales en los pliegos o en el correspondiente

documento descriptivo, aunque figuren en cláusulas de tipo general.

c) En todo caso, el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato,

en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato,

incluidas las posibles prórrogas.

d) El impago, una vez extinguido el contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores

que hubieran participado en la ejecución del mismo.

87. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria,

corresponde al Ministro de Hacienda y Función Pública, respecto del presupuesto de los organismos

autónomos:

a) Autorizar un suplemento de crédito destinado a atender obligaciones de ejercicios anteriores para las

que no se anulara crédito en el ejercicio de procedencia, cuando se financie con cargo al Fondo de

Contingencia.

b) Proponer al Consejo de Ministros la remisión de un proyecto de ley a las Cortes Generales, previo

informe de la Dirección General de Presupuestos y dictamen del Consejo de Estado, cuando se trate

de un crédito extraordinario para atender obligaciones del propio ejercicio, cuando se financie con baja

en otros créditos.

c) Remitir a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral de los

créditos extraordinarios y suplementos de crédito tramitados al amparo del artículo 56 de la Ley

General Presupuestaria.

d) Autorizar un crédito extraordinario en un capítulo que no exista en el presupuesto de gastos inicial del

organismo autónomo, por importe de un millón y medio de euros.

88. El Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos:

a) Se conoce también como Estrategia TIC 2015-2020.

b) Se aprobó por el Ministerio de Hacienda y Función Pública a iniciativa de la Secretaría de Estado de

Administración Digital.


c) Está previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

d) Está implantado en la Administración General del Estado y sus organismos públicos desde 2014.

89. Son funciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, según el Real Decreto 919/2014, de 31 de

octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

a) Instruir los expedientes disciplinarios en materia de transparencia, acceso a la información pública y

buen gobierno.

b) Promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo

de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

c) Inspeccionar la labor en materia de transparencia de la Administración General del Estado.

d) Imponer sanciones por vulneración de la Ley de Transparencia.

90. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la

protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre

circulación de estos datos, define en su artículo 4 como “consentimiento del interesado”:

a) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado

acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos

personales que le conciernen.

b) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado

acepta, tanto de manera expresa como tácita, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

c) Toda comunicación fehaciente, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya

sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le

conciernen.

d) Toda manifestación de voluntad por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o

una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

91. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece, en

relación con la ejecución de los contratos públicos que celebren las Administraciones Públicas:

a) Exigirán la paridad de hombres y mujeres en los consejos de administración de las entidades o

empresas adjudicatarias.

b) Podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres

en el mercado de trabajo.

c) Mantendrán la paridad de género en las mesas de contratación.

d) No se establecen previsiones específicas en materia de contratación pública.

92. Señale la respuesta verdadera en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y

de acuerdo con su Ley de creación:


a) Carece de potestad sancionadora, aunque sí de inspección y de propuesta de apertura de los

expedientes sancionadores que considere pertinentes en el ámbito de sus competencias.

b) Supervisará y controlará el correcto funcionamiento del sector ferroviario.

c) Podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución de las leyes, reales decretos y órdenes

ministeriales que se aprueben en relación con los sectores sometidos a su supervisión cuando le

habiliten expresamente para ellas. Estas disposiciones, que se adoptan bajo la forma de

comunicaciones, tendrán efecto vinculante para los sujetos afectados.

d) Atendiendo a su régimen de especial independencia y autonomía, los contratos que celebre están

excluidos de la aplicación de la legislación sobre contratación del sector público.

93. En el artículo 40 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las personas en situación de dependencia se hace referencia al Comité Consultivo del Sistema

para la Autonomía y Atención a la Dependencia. De acuerdo con el apartado 4 del citado artículo, ¿qué

administraciones tendrán representación en el mismo?:

a) Solamente Administraciones de las Comunidades Autónomas.

b) Solamente Administraciones de las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado.

c) Solamente Administración de la Administración General del Estado.

d) Administraciones de las Comunidades Autónomas, de la Administración General del Estado y de las Entidades Locales.

94. Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, carecen de

personalidad jurídica propia y diferenciada:

a) Las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las Delegaciones del Gobierno.

c) Los consorcios.

d) Los organismos públicos estatales.

95. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

los organismos autónomos estatales se definen como:

a) Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su

gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de

potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de

producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

b) Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y

autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto

actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de

interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales

diferenciadas y dependientes de esta.


c) Entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad

jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores

económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una

especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una

norma con rango de Ley.

d) Entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias

Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con

participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas

dentro del ámbito de sus competencias.

96. De acuerdo con el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis

de Impacto Normativo, en relación con la memoria abreviada, señale la afirmación falsa:

a) Será preceptiva su presentación en los supuestos de la tramitación de proyectos de reales decretos

leyes.

b) La memoria abreviada deberá incluir, entre otros apartados, una descripción de la forma en la que se

analizarán, en su caso, los resultados de la aplicación de la norma.

c) Se realizará una memoria abreviada cuando se estime que de la propuesta normativa no se derivan

impactos apreciables en ninguno de los ámbitos enunciados, o estos no son significativos.

d) No será necesario justificar en la propia memoria los motivos de su elaboración abreviada.

97. En relación con el vicio de la desviación de poder, señale la afirmación falsa:

a) El artículo 70.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa la define como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados

por el ordenamiento jurídico.

b) Según la jurisprudencia, puede existir desviación de poder aun cuando los fines desviados sean de

interés público, pues basta con que se distorsione el fin concreto de interés general que la norma marca

a la Administración actuante.

c) Los actos de la Administración que incurran en desviación de poder podrán ser siempre convalidados,

subsanando los vicios de los que adolezcan.

d) La desviación de poder puede dar lugar a la nulidad del acto, cuando sea de tal gravedad que permita

considerar concurrente la existencia de un hecho tipificado como infracción penal.

98. De acuerdo con el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento

y notificar la resolución se podrá suspender:

a) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un

procedimiento, desde que esta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del

recusado.

b) Durante un plazo máximo de dos meses, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la

misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe.


c) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por

el tiempo que medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la Administración

instructora.

d) Durante un plazo máximo de tres meses, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis

contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados.

99. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación verdadera:

a) La declaración de nulidad de una disposición revisada de oficio conllevará la de los actos firmes que se

hubieran dictado en aplicación de la misma.

b) Las Administraciones Públicas podrán revocar, en cualquier momento, sus actos de gravamen o

desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes,

ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

c) Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera

declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

d) La declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a

los meros efectos informativos.

100. ¿Qué es una mutación demanial en el ámbito de la Administración General del Estado?:

a) Es el acto en virtud del cual se efectúa la vinculación de bienes o derechos de derecho privado a un uso

general o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público que pertenecerá a la

Administración General del Estado.

b) Es el acto en virtud del cual se efectúa, por atribución de la ley, a título oneroso, con ejercicio o no de la

potestad de expropiación, o por herencia, legado, donación, prescripción u ocupación, la adquisición de

bienes o derechos y su transformación en bienes patrimoniales de la Administración General del

Estado.

c) Es el acto en virtud del cual se efectúa la afectación de un bien patrimonial para un uso público como

bien demanial de la Administración General del Estado.

d) Es el acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado,

con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del

Estado.

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