TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf
-
Upload
federico-kulekdjian -
Category
Documents
-
view
10 -
download
2
Transcript of TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf
![Page 1: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Entre la respuesta institucional y el derecho a la ciudad y la vivienda: La situación
habitacional en la Ciudad de Buenos Aires.
Federico Manuel Kulekdjian
Introducción
Para caracterizar los periodos en torno a los temas paradigmáticos urbanos que signan los últimos
30 años en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, resulta fundamental considerar la situación
cada vez más acuciante de la realidad habitacional actual. En ese sentido hay que destacar que los
debates giran en torno a tres cuestiones: a) las ciudades de América Latina mantienen un paisaje de
desigualdad y fragmentación, b) las lógicas del Urbanismo Tradicional excluyen a los sectores
populares y refuerzan el círculo de la pobreza, y c) la tensión entre el derecho de propiedad y el
derecho a la vivienda se salda con el principio de la función social de la propiedad.
En el contexto latinoamericano, gran parte de la población vive en suburbios
desestructurados y sin equipamientos, dentro de muy cambiantes relaciones campo-ciudad. La
complejidad de la ciudad actual se caracteriza en torno al paradigma de la dualización y la
fragmentación (Ciccolella, 1999, 2007); lo legal e ilegal, lo formal e informal, la integración y
segregación, son términos que soslayan dicha complejidad. Por otro lado, las expulsiones y
desplazamientos de la ciudad de los grupos y sectores que tienen necesidades habitacionales, han
sido librados a la dinámica de los intereses económicos del mercado inmobiliario. Desde que se
decretó la “emergencia habitacional” hasta la actualidad, personas solas, parejas, familias enteras
han construido y desplegado una red de estrategias habitacionales en la calle, en edificios de
vivienda, o en cualquier tipo edilicio adaptado con este fin, siendo muy pocos los que han logrado
resolver la carencia habitacional de manera definitiva y con ayuda institucional.
En el último tercio del siglo XX, la Argentina ha sufrido cambios en los contextos
institucionales y sociopolíticos, pasando del Estado Benefactor1 al Estado Privatizador con su
denominado "modelo neoliberal", el cual pregonaba que el libre juego de la oferta y la demanda,
orientado por los agentes económicos de la producción y las finanzas, iba a ser más eficaz que el
Estado en la resolución de los problemas socioeconómicos. Fue creciendo la necesidad (demanda)
por parte de un sector de la población de acceder a una vivienda sin garantía, lo cual forzó a muchas
personas a la toma de tierras o alquilar una pieza en estos hoteles e inquilinatos (oferta),
generándose así un sector informal de vivienda.
La ciudad de los noventa priorizo la acción del fragmento urbano (Puerto Madero,
Nordelta) con la anuencia del estado poniendo a disposición del mercado tierras para su
revalorización. Este proceso se lo identificó como fragmentación social y espacial de la ciudad
global, en conjunto con las rupturas y continuidades determinan el mercado del suelo, las políticas
de intervención y control, traducidas como políticas públicas del neo-desarrollismo.
Fragmentación socio-espacial
Las dinámicas socioespaciales en las grandes ciudades se han calificado de distintas
maneras: diferenciación, polarización, segmentación, fragmentación o segregación. La organización
urbana, en la línea de lo que diversos autores denominan “ciudad multifragmentada”, mostró
rupturas a nivel territorial que definieron distintos sectores, altos, medios y bajos, cada vez más
marcados, donde los limites se hacen aún más visibles. A la clásica dualidad centro-periferia se
superpusieron nuevas formas de fragmentación urbana que no sólo reforzaron la fragmentación sino
que alimentaron la conflictividad por el uso del mismo territorio. Las categorías de aislamiento,
expoliación y fragmentación se articularon en nuevos marcos conceptuales de la investigación
intentando dar cuenta de la peculiaridad de los procesos de segregación urbana más recientes.
Existen trabajos de distintos autores han tratado los temas en torno a las dinámicas socio-
espaciales y que caracterizan sus estudios con el análisis de las diversas estrategias habitacionales y
1 que a partir de la intervención en los procesos socioeconómicos prometía una paulatina pero segura superación de los
problemas sociales, a través de la implantación y profundización del "modelo desarrollista de industrialización".
![Page 2: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/2.jpg)
2
otros que tratan las respuestas en materia de políticas públicas. Conceptos como “ciudad
multifragmentada” y “ciudad dual” forman parte del repertorio escrito. En ese sentido, los estudios
de Clichevsky (2000) en torno a la informalidad urbana y segregación espacial resultan
fundamentales. La situación de informalidad urbana se explica por: las condiciones
macroeconómicas, y las políticas del Estado y el funcionamiento de los mercados de tierra urbana y
vivienda. Ciccolella y Baer estudian el crecimiento económico y la estructuración metropolitana del
AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), detectando continuidades y rupturas en el desarrollo
territorial de Buenos Aires entre 1990 y 2007. De este modo enuncian que “la crisis económica,
institucional y de gobernabilidad que atravesó la Argentina entre los años 1999 y 2002 puso de
relieve el agotamiento de un modelo económico, social y territorial implementado en las últimas
décadas del siglo”, con lo cual fue necesario un cambio de modelo que “a partir de 2003, la
economía del país creció de manera sostenida y el funcionamiento de sus instituciones se fue
normalizando”. Estos procesos también tuvieron su correlato en el territorio, tanto las áreas rurales
como las urbanas que fueron afectadas por cambios profundos en la organización de la producción
y en la valorización y usos del suelo. Cabe resaltar que a pesar de los cambios del contexto político
y económico inaugurado luego de la crisis del 2001, algunas dinámicas de desarrollo territorial
conformadas en la década precedente continuaron vigentes. A principios de los noventa, Torres
trabaja la hipótesis de relación entre los fenómenos de transformación socioterritorial como
consecuencia del fenómeno “ciudad global” (1990). Su mirada se centra en lo que el denomina
“mapa social” metropolitano, una especie de diagnóstico social y territorial en la interrelación
ambiente y sociedad.
Hacia fines del setenta, la erradicación masiva de villas y la construcción de autopistas
contribuyeron directamente en el deterioro de las condiciones habitacionales de la ciudad, proceso
que fue acompañado también por la ocupación ilegal masiva de viviendas deshabitadas. En este
contexto, la situación en asentamientos informales, en conventillos e inquilinatos y en hoteles-
pensión se convirtieron en objeto privilegiado de estudios históricos que los abordaron en múltiples
facetas y que se remontan a las décadas del setenta y ochenta. Los primeros estudios sobre hoteles-
pensión se remontan a las décadas del setenta y ochenta. El trabajo de Rivas (1977) sobre el
arrendamiento de “piezas” fue pionero en la materia pues sentó las bases en la conceptualización de
este “submercado”, sus mecanismos de rentabilidad, las mutaciones históricas que ligaron
inquilinatos con hoteles y el papel del Estado a través de la legislación. En la década del noventa
Cuenya (1986) realizó un estudio detenido especialmente en los inquilinatos.
Las dinámicas socio-espaciales de la población se entrelazan a través de diversas estrategias
y se articulan al complejo entramado del contexto político-cultural, intermediado por el marco
jurídico-institucional vigente, donde algunos, los que pueden acceder a la vivienda a través de
mercado formal, tienen derechos, y los que por no contar con garantía inmobiliaria y empleos
estables, se ven forzados a vivir en piezas con alquileres desregulados. Actualmente más del 50 %
de la población de la ciudad es inquilina, de ese porcentaje un 8 % reside en pieza de hotel, pensión,
inquilinato y casa tomada. Este complejo entramado es descrito por Kullock como el ambiente en su
conjunto, como locus de las ofertas, y la Sociedad en su conjunto, como fuente de las demandas
(2010: 258), dentro de un contexto político-cultural que reflejan las tendencias dominantes en el
manejo de las cuestiones públicas (ya sea por el Estado o por grupos de poder dominante), y el
marco jurídico-institucional a través del cual dicho contexto incide en las interacciones Sociedad –
Ambiente. Por otro lado, Souza menciona que “el espacio fragmentado es por excelencia el espacio
de la ciudad, el espacio de la heterogeneidad, de los valores diferenciales, de la segregación”
(Souza, 1996: 59). Como complemento, el trabajo de Oszlak (1991: 24) sobre el derecho a la
vivienda no solo determinado como el mero acceso a la unidad habitacional sino como “el derecho
al espacio” que “conlleva diversas externalidades estrechamente ligadas a la localización de la
vivienda, tales como la educación, la atención de la salud, las fuentes de trabajo, la recreación, el
transporte o los servicios públicos”. Es por eso que resulta importante señalar que las respuestas a
nivel institucional deban pensarse como un sistema dinámico complejo en el que interactúan formas
espaciales y procesos sociales. El espacio no sólo posee un significado como forma de cristalización
![Page 3: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/3.jpg)
3
de la sociedad sobre un territorio determinado, sino “como producción social, como relación
dialéctica entre sociedad-naturaleza, posee connotaciones sobre las formas en las cuales los grupos
sociales tienen pertenencia al mismo. No es, pues, una dimensión vacía a lo largo de la cual los
sectores sociales se estructuran sino que posee un papel en la constitución de los sistemas de
interacción. Existe un carácter interactivo entre la sociedad y el espacio, constituyendo un foco
central de investigación la interconexión entre relaciones sociales y estructuras espaciales”
(Clichevsky, 2000: 8).
La Ciudad de Buenos Aires no escapa a la problemática habitacional, la cual se plantea en
torno a dos fenómenos: la “precariedad” y los “desalojos” en un contexto que se concibe como de
“emergencia habitacional”2 (Sánchez, 2012). De los casi 3.000.000 de habitantes de la ciudad,
500.000 se encuentran en situaciones habitacionales deficitarias, residiendo en villas y
asentamientos precarios, inquilinatos y hoteles, casas tomadas o viviendo en la calle. Las personas
residiendo en inquilinatos rondan las 55.800, mientras que 37.601 viven en hoteles (Gazzoli, 2007).
Desde que comenzó la primera gestión de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (GCBA)3 en el 2007, su política habitacional se caracterizó por un retorno a los
desalojos masivos que llegan a alcanzar una cifra de tres por día.4. Más allá de resolver o afrontar la
grave situación referida a la necesidad de una vivienda, esta perspectiva de la problemática ha
invalidado otro tipo de abordaje del fenómeno y de estrategia política, la cual puede resumirse en
una constelación de cuestiones interrelacionadas: la ausencia de control y regulación institucional
de los alquileres formales e informales; y la falta de propuestas institucionales de vivienda por
parte del IVC, como consecuencia de los desplazamientos y desalojos, más allá de las tres
operatorias vigentes.
Algunos autores han abordado el análisis en torno a las respuestas institucionales, como la
ley 341 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en febrero de 2000, como producto emergente de
los procesos de organización “de los sectores populares por reafirmar su derecho a la vivienda”
destacando “las tensiones observables entre el ‘ideal de la ley’ propuesto por ciertas organizaciones
sociales y la aplicación práctica de la normativa” con las que según estas posiciones, se fue
desvirtuando el espíritu participativo inicial (Thomasz 2008: 127, 129). Desde el Movimiento de
Ocupantes e Inquilinos (MOI), en donde el funcionamiento autogestionario es concebido como
factor esencial de promoción de las políticas sociales, se ha afirmado que una de las cuestiones
centrales en los “fracasos” en la implementación de la ley 341 se debió a la falta de interés
institucional en estas políticas autogestivas. El trabajo de Sánchez (2013) hace un análisis en
perspectiva histórica sobre la trayectoria de la ley, su contexto, alcances y limitaciones.
Uno de los problemas centrales para materializar el derecho de la población a una vivienda
digna, que cumpla con los estándares internacionales, es la dificultad de acceder al suelo. Amplios
sectores de la población de escasos recursos, ante la imposibilidad de acceder a los esquemas y
mecanismos formales del mercado, resuelven “su necesidad de alojamiento -desde hace años-
mediante estrategias alternativas calificadas como informales”. La particularidad de este tipo de
hábitat, además de la precariedad, es la falta de seguridad que presenta la tenencia y la mayor
exposición o riesgo a situaciones de desalojos” (DP-GCBA, 2007:3). La problemática habitacional
así descripta, se plantea entre la necesidad por parte de un población, tanto en demandas sociales de
la misma, y las oportunidades y posibilidades que tienen estos de acceder al complejo entramado
2 Ley CABA 148/1999 Publicado en el B.O. CABA Nº 621 el 29-01-1999 “Declárase de atención prioritaria a la
problemática social y habitacional en las villas y núcleos habitacionales transitorios.” 3 Fue electo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el período 2007‐2011, y elegido nuevamente para el
período 2011‐2015. 4 Según la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Desarrollo Social y la Coordinadora de inquilinos de Buenos Aires
(CIBA), durante 2007 los desalojos crecieron entre 72 y 142 por ciento y están vinculados con el turismo. Según la
Justicia porteña, se sentenciaron 1976 desalojos efectivos. A un promedio de tres familias por desalojo, ya que muchas
causas se realizan contra viviendas colectivas, quedaron unas 24 mil personas en la calle. Desarrollo Social da un
número menor: 22 mil miembros de 5386 familias, dato que se obtiene del pago del polémico subsidio oficial (ver
aparte). En cambio, según CIBA, la cifra de desalojados llegaría a 30 mil, un 142 por ciento más que en 2006, cuando
se registraron oficialmente 12.438 desalojados.
![Page 4: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/4.jpg)
4
del mercado formal de viviendas, como en oferta ambiental para la instalación humana y su
desarrollo.
Para dar un marco complementario, Catenzzi y Reese afirman que durante los últimos años
se incrementó fuertemente la inversión en viviendas financiadas por el presupuesto nacional; sin
embargo, las ciudades mantienen –y las más grandes han agudizado– un paisaje de desigualdad y
fragmentación. La política de vivienda y ciudad son términos de un debate que recorre la historia
urbana de nuestro país y tiene su particular expresión en Latinoamérica (Catenazzi-Reese, 2010). El
estado en sus diversas formas ideológicas debaten el su rol en torno a la obra pública y la manera de
construir ciudad. Por otro lado, la cuestión del acceso al suelo urbano, su localización, a qué precio
y para quién, está en el foco de los procesos de segregación e informalidad de las ciudades, pero su
incidencia no ha sido considerada directamente en la agenda de la política habitacional.
Respuestas institucionales. La ley 341
Las respuestas a nivel institucional en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se focalizan en torno
a tres cuestiones: a) El subsidio habitacional a través del Programa de Atención a Familias en
Situación de Calle, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA. El objetivo de dicho
programa es el de asistir -con un subsidio- a aquellos hogares que se encuentren en inminente
situación de desamparo habitacional, o se hallen transitoriamente sin vivienda o refugio por causa
de desalojo. Dicho programa se encuentra legislado por el Decreto 690/06 (B.O.C.B.A. nº 2463),
que consiste en el pago en seis cuotas mensuales de $ 1.800 que suman en total un monto de
$10.800, o bien, en un solo pago, para los casos de salida definitiva; b) Los paradores nocturnos y c)
La ley 341 de subsidios para la construcción, rehabilitación o reforma de viviendas a personas
individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva que se sancionó en el año 2.000
pero que está prácticamente desfinanciada y desmantelada.5
El Programa de Autogestión de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, surgido de la ley
341, “constituye un emergente de tres fenómenos distintos pero íntimamente conectados: la reforma
del Estado, la profundización de la crisis habitacional producida en la ciudad de Buenos Aires en la
década del noventa, y el proceso de movilización y organización de los sectores populares en aras
de reafirmar su derecho a la ciudad en general y a la vivienda en particular” (Thomasz, 2008: 128).
Las políticas públicas, planes y programas oficiales son producto de procesos de lucha, disputa y
negociación entre las demandas y reivindicaciones de algunos sectores de la ciudadanía y el
accionar de los diversos agentes que se desempeñan en el marco del Estado, así como de su
complejo entrecruzamiento con la coyuntura histórico-política más amplia en que se desarrollan.
La ley 341 se presentó como un modelo estable de gestión inicial que se tornó inestable su
implementación, en cuanto a la adjudicación, regulación y gestión de los proyectos. Uno de los
principales problemas con los que debió enfrentarse fue la inexistencia de una estructuración
programática que absorbiera la amplia complejidad de demandas y situaciones que pretendía
resolver. Resultó entonces una ley muy variada en sus fundamentos, que si bien barría con las
dificultades iniciales de su puesta en funcionamiento, esto no fue acompañado por mecanismos más
claros y rigurosos de regulación, y un estricto y preciso marco de referencia institucional.
Una de las cuestiones cruciales fue que las cooperativas se han visto obligadas a buscar los
terrenos debiendo lidiar “con las reglas del mercado sin apoyo del Estado, las cuales no coinciden
en nada con los requerimientos necesarios de la operatoria, como ser plazos, porcentajes de
comisiones, etc.” y que conspiran contra la viabilización de los proyectos. Comenzó a surgir como
posibilidad alternativa, la de contar con inmuebles ociosos del GCBA susceptibles de ser afectados
por esta operatoria. Si bien esto es cierto, también desde algunos sectores cooperativistas, el registro
de inmuebles se concebía contrario al espíritu autogestionario de la ley.
5 En ese sentido “a comienzos del 2012, el IVC encaró una revisión entera del programa, a fin de cumplimentar los
plazos de reglamentación de la ley, y reforzar mecanismos de control que garanticen la equidad en el otorgamiento de
los créditos, y un uso justo de los recursos disponibles. Para ello fue necesario detener en forma momentánea la
adjudicación de créditos, a fin de garantizar una evaluación completa de todas las solicitudes presentadas.
(Fuente IVC: http://www.buenosaires.gob.ar/instituto-de-vivienda/programas-ivc/acceso-al-credito)
![Page 5: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/5.jpg)
5
En síntesis, se planteaba también la contemplación de alternativas: para la compra de
terrenos, para la creación de un fondo de microcéditos que acudiera en la solución de los problemas
anteriormente planteados, y para contemplar otras posibilidades de financiamiento de la ley 341.
Estas solicitudes derivaron a su vez en el pedido de creación de una nueva ley de autogestión para
vivienda, que fuera superadora y abarcativa de la ley 341/964 y aplicable a nivel nacional.
En este escenario, lo que quedó en evidencia fue la puesta en crisis de la institución
encargada de la ejecución de la ley 341 y el vaciamiento presupuestario del IVC. Con lo cual, según
estos reclamos, comenzaba a ser necesario un cambio en las concepciones acerca de la
administración de los recursos, y del diseño e implementación de los procedimientos.
Los resultados concretos de la ley en cifras son los siguientes: 519 Cooperativas, Mutuales y
Asociaciones Civiles inscriptas en el Programa6, 110 terrenos comprados, de los cuales, 13 han sido
escriturados a nombre del IVC, 43 obras en ejecución, 23 de las cuales se ejecutan con Fondos del
Plan Federal de Viviendas, 12 obras finalizadas7.
En conclusión por los resultados a la vista se puede decir que la trayectoria del programa y
sus tiempos de ejecución no son acordes con una situación de emergencia habitacional. Tampoco
todas las cooperativas resultaron igualmente eficaces. Cada etapa de gestión, desde la conformación
de la cooperativa hasta la búsqueda de terreno resultó en la mayoría de los casos una carga difícil de
sobrellevar para los cooperativistas, en su mayoría trabajadores de tiempo completo. Esta situación
fue resuelta a veces con la mediación de gestores contratados, o bien por medio de arreglos más o
menos consensuados que deslindaban la responsabilidad en el cooperativista más hábil, idóneo o
preparado (y en algún caso contratado por los mismos compañeros cooperativistas). En otros casos
se fueron habilitando espontáneamente ciertos canales de liderazgo entre las cooperativas, de tal
manera de usufructuar y sacar el mejor provecho de su capital cultural o político.
El abanico de organizaciones que nuclea la ley 341 es de lo más variado y heterogéneo y la
siguiente caracterización no lo agota ni pretende. En líneas generales y teniendo en cuenta a la
totalidad de organizaciones que alcanzaron a inscribirse en el programa (519), gran parte de ellas no
tienen una adscripción explícita a marcos de referencia mayores.
Algunas obras realizadas con la ley 341
6 En el año 2008 llegó a haber 200 (doscientas) cooperativas que tenían los terrenos señados, que habían cumplido los
requisitos pero que nunca accedieron al crédito. 7 Alto Corrienes; Caminito; CAS; Centro de Estudios Jauretche; Copitos; Emetele; Los Pibes I, Los Pibes II; Luz y
Progreso; Nuestro Hogar (IX) y Uspallata.
![Page 6: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Conclusiones
Para concluir sería conveniente dejar en claro que la situación de informalidad urbana se manifiesta
por un lado en las condiciones macroeconómicas de la población (falta de empleo, baja salarial y el
empobrecimiento) y por otro, en las políticas de Estado y el funcionamiento de los mercados de
suelo urbano y vivienda. Es por ello que la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana no ha
logrado superar su paisaje de desigualdad habitacional, aun con índices macroeconómicos de los
más altos de la Argentina y Latinoamérica. Como mencionamos anteriormente, las políticas
públicas, planes y programas oficiales son producto de procesos de lucha, disputa y negociación
entre las demandas y reivindicaciones de sectores de la ciudadanía y el accionar de los diversos
agentes que se desempeñan en el marco del Estado, así como de su complejo entrecruzamiento con
la coyuntura histórico-política más amplia en que se desarrollan. A pesar de los cambios del
contexto político y económico inaugurado luego de la crisis, algunas dinámicas de desarrollo
territorial conformadas en la década precedente continúan vigentes. Las organizaciones territoriales,
establecen una suerte de revolución urbana reivindicando los conceptos del “Derecho a la Ciudad”
manifestados décadas atrás. Las mismas representan actores fundamentales para materializar, a
través de distintos instrumentos de gestión institucional, las transformaciones territoriales que
contrarresten las leyes del libre juego del mercado (oferta y demanda) para garantizar el derecho a
la vivienda digna.
La ciudad, como producto social (Carrión, 2001:) es un fenómeno de múltiples dimensiones
que no se agotan en las condiciones de habitabilidad de las unidades de vivienda. En ese sentido, las
formas tradicionales de medir el déficit habitacional son limitadas, porque sólo registran la unidad
vivienda y no consideran el barrio ni la ciudad, en particular aquellos aspectos relacionados con la
localización, la accesibilidad al transporte, a los equipamientos sociales y a los servicios urbanos
básicos.
![Page 7: TP FINAL PARADIGMAS URBANOS-KULEKDJAIN-2014.pdf](https://reader036.fdocumento.com/reader036/viewer/2022073103/55cf916f550346f57b8d96c6/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Bibliografía consultada CATENAZZI, Andrea y Eduardo Reese. 2010. Derecho a la ciudad. Voces del Fenix N° 1. Junio de 2010
CARRIÓN, Fernando. 2001. “Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina” en La ciudad
construida. Urbanismo en América Latina. Fernando Carrión Editor, FLACSO, Ecuador, Pp. 7-
24
CLICHEVSKY, Nora. 2000. Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación,
Serie Medio Ambiente y Desarrollo, nª 28, Santiago de Chile, CEPAL–CELADE.
CUENYA, Beatriz. 1988. Inquilinatos en la Ciudad de Buenos Aires. Referentes teóricos e histórico y un
estudio de caso en el barrio de Almagro, Cuadernos del CEUR 24.
_____, B. 1991; “El submercado de alquiler de piezas en Buenos Aires: peculiar expresión de la penuria de
vivienda”, en Gazzoli, Rubén: Inquilinatos y hoteles, Serie Biblioteca Política Argentina Nº 328,
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. (2007)'Los desalojos y la
Emergencia Habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. En
http:/www.defensoria.org.ar/institucional/doc/desalojo.doc. Consultado 10/05/2014
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS. 2009. Encuesta Anual de Hogares 2009.
Tabulados Básicos (Buenos Aires: GCABA).
GAZZOLI, Rubén. 2007 Vivienda social. Investigaciones, ensayos y entrevistas. Buenos Aires. Ed. Nobuko.
INDEC. 2010. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
KULLOCK, David. 2010. ‘‘Planificación Urbana y Gestión Social. Reconstruyendo paradigmas para la
actuación profesional’’, en Cuaderno urbano, (Buenos Aires: Nobuko/EUDENE).
MARCÚS, Juliana. 2007 “¿Integración o vulnerabilidad?: el caso de las familias que viven en hoteles-
pensión de la ciudad de Buenos Aires”. Revista Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad,
Nº6, septiembre 2007, Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, Resistencia, Chaco, Argentina. Pp. 55-70.
MAZZEO, Victoria y otros. 2008. “Hábitat y población: el caso de la población que vive en inquilinatos,
hoteles, pensiones y casas tomadas de la ciudad de Buenos Aires”, en: Población de Buenos
Aires, abril 5 (007), 31‐44.
OZSLAK, Oscar. 1991. Merecer la Ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, Buenos Aires,
CEDES.
SÁNCHEZ, Sandra Inés. 2013. “Salir adelante” y “venir bien”. Estrategias habitacionales y medios de vida
en los hoteles, inquilinatos, pensiones y conventillos de la Ciudad de Buenos Aires en perspectiva
histórica (Buenos Aires: ISU, FADU- UBA; CONCENTRA).
_______, Sandra Inés. 2012. Las políticas habitacionales en la ciudad de buenos aires, el rol de las
organizaciones sociales y el ejercicio de los “derechos a una vivienda digna” en X Seminario
Investigación Urbana y Regional. Políticas de vivienda y derechos habitacionales. Reflexiones
sobre la Justicia Espacial en la Ciudad Latinoamericana. Lugar: Bogotá; Año: 2012
SOUZA, M. A. 1996. “Reflexiones sobre la metrópoli global”, en Universidad Complutense, Anales de
Geografía, nª 16, Madrid, Universidad Complutense.
THOMASZ, Ana Gretel. 2008. “Historia y etnografía de una normativa polémica: la Ley 341 y el Programa
de Autogestión para la Vivienda”, en Cuadernos de Antropología Social 28, Buenos Aires:
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 127–149.
TORRES, Horacio, “Cambios Socioterritoriales en Buenos Aires durante la Década de 1990”, en EURE,
Revista latinoamericana de estudios urbano-regionales, Santiago, V. 26, N° 80 pp. 33-57, 2001.