“El gobierno en las democracias liberales ‘avanzadas’: del liberalismo al neoliberalismo”

NIKOLAS ROSE

Para comprender las innovaciones que presenta el modo de gobierno neoliberal es preciso analizarlo a partir del telón de fondo del liberalismo. Paso, pues, a caracterizar estas dos formas de gobierno.

Liberalismo

En el siglo XVIII europeo la ciencia de la “policía” soñaba con un tiempo en el que el territorio y sus habitantes serían transparentes para el conocimiento: todo podría ser conocido, anotado, enumerado y documentado1. La conducta de las personas en todos los ámbitos de la vida iba a ser definida y sometida a escrutinio hasta en sus más mínimos detalles mediante numerosas regulaciones de la vivienda, la vestimenta, los modales, etc. De este modo el desorden se vería neutralizado por la fijación de un orden de las personas y de las actividades2. El liberalismo, en tanto que programa de gobierno, abandona esta fantasía megalomaníaca y obsesiva de una sociedad totalmente administrada. A partir de ahora el gobierno se enfrenta con una serie de realidades íaca y obsesiva de una sociedad totalmente administrada. A partir de ahora el gobierno se enfrenta con una serie de realidades –mercado, sociedad civil, ciudadanos – que poseen una lógica interna y una densidad específicas, sus propios mecanismos intrínsecos de autorregulación.

El liberalismo, como ha señalado Grahan Burchell, rechazó así “la razón de Estado” en tanto que racionalidad específica de gobierno en la cual un soberano ejercita su voluntad totalizadora a

1 Véase M. Foucault, Résumés des cours, Collège de France, París, 1989, y “Governmentality”, en G. Burchell, C. Gordon y P. Miller (Eds.), The Foucault effect: studies in govermentality, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, Inglaterra, 1991 (traducido en VV AA, Espacios de poder, La Piqueta. Madrid, 1980). Véase, asimismo, P. Pasquino, “Theatrum Politicum: the genealogy of capital-police and the state of prosperity”, en G. Burchell y otros, The Foucault effect, op. cit., pp. 105-118.2 G. Oestreich, Neostoicism and the modern state, Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

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lo largo de todo el territorio nacional3. Los gobernantes tienen que hacer frente, por una parte, a sujetos dotados de derechos e intereses que no tienen que ser puestos en entredicho por la política y, por otra, a todo un ámbito de procesos que no se pueden gobernar mediante un ejercicio de voluntad soberana porque los gobernantes carecen de los conocimientos y capacidades suficientes para hacerlo. Los objetos, instrumentos y tareas de gobierno deben de ser, por tanto, reformulados en relación a estos ámbitos del mercado, la sociedad civil y la ciudadanía, con el fin de asegurar que funcionen para beneficio de la nación en su conjunto.

Los dos polos aparentemente no liberales de “poder sobre la vida” que identificó Foucault –las “disciplinas” del cuerpo y la “biopolítica” de la población– encuentran así un espacio en el interior de los programas liberales del gobierno, un gobierno que depende cada vez más de los medios para hacer inteligibles y practicables estas condiciones vitales para la producción y el gobierno de un Estado de ciudadanos libres. Estos mecanismos y dispositivos que operan siguiendo una lógica disciplinaria, desde la escuela a la prisión, pretenden crear las condiciones subjetivas, las formas de autodominio, de autorregulación y autocontrol, necesarias para gobernar una nación ahora concebida como una entidad formada por ciudadanos libres y civilizados. Al mismo tiempo, las estrategias de la biopolítica –encuestas, estadísticas, censos, programas para maximizar o reducir las tasas de reproducción, para minimizar la enfermedad y promover la salud– pretenden hacer inteligibles aquellos ámbitos cuyas leyes el gobierno liberal tiene que conocer y respetar: el gobierno legítimo no será por tanto un gobierno arbitrario, sino que estará basado en el conocimiento operativo de aquellos cuyo bienestar está llamado a promover4. A partir de este momento el gobierno tiene que ser ejercido con la ayuda de un conocimiento de lo que tiene que ser 3 G. Burchell, “Peculiar interests: civil society and governing the system of natural liberty”, en G. Burchell y otros, The Foucault effect, op. cit., pp. 119-150; y también del mismo autor, “Liberal government and techniques of the self”, en A. Barry, Th. Osborne y N. Rose (Eds.), Foucault andpolitical reason, op. cit., pp. 19-36.4 Véanse los siguientes trabajos de M. Foucault Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo XXI, México, 1977; la “Introducción” a The history of sexuality, Vol. 1, Penguin, Londres, 1979; y “La política de la salud en el siglo XVIII”, en Saber y verdad, La Piqueta, Madrid 1985, pp. 89-106.

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gobernado –la infancia, la familia, la economía, la comunidad–, de un conocimiento de sus leyes generales de funcionamiento –oferta y demanda, solidaridad social–, en una situación concreta y en un momento determinado (tasa de productividad, tasa de suicidios), y, a la vez, de un conocimiento de los medios a través de los que puede ser configurado y orientado a producir objetivos deseables al mismo tiempo que se respeta su autonomía.

Desde una perspectiva de gobierno se pueden destacar cuatro rasgos del liberalismo.

1. Una nueva relación entre gobierno y conocimiento. Aunque todas las fórmulas de gobierno dependen de un conocimiento de lo que tiene que ser gobernado y, por supuesto, constituyen ellas mismas una cierta forma de conocimiento de las artes de gobierno, las estrategias liberales vinculan el gobierno con conocimientos positivos sobre la conducta humana desarrollados por las ciencias humanas y sociales. La acción de gobierno se ve así ligada a todo tipo de hechos (Ian Hacking analizó la avalancha de estadísticas publicadas, así como otro tipo de informaciones)5, teorías (filosofías del progreso, conceptualización de las epidemias…), diagramas (reforma sanitaria, tratamiento infantil), técnicas (contabilidad de doble entrada, inspección médica obligatoria en las escuelas), y personas cualificadas que pueden hablar “en nombre de la sociedad” (sociólogos, estadísticos, epidemiólogos, trabajadores sociales). El conocimiento en este caso gira en torno a una diversidad de dispositivos destinados a la producción, circulación, acumulación, legitimación y realización de la verdad: el ámbito académico, los despachos gubernamentales, los informes de las comisiones, las encuestas y los grupos de presión. Es el “saber cómo” lo que promete convertir en dóciles aquellos ámbitos ingobernables sobre los que el gobierno debe de ser ejercido para hacer que dicho gobierno sea posible y más perfecto.

2. Una nueva definición de los sujetos de gobierno, en cuanto sujetos activos que participan en su propio gobierno. Los 5 I. Hacking, The taming of chance, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

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programas liberales de gobierno se caracterizan por la esperanza de que van a ser una inversión rentable para los propios sujetos de gobierno. Las proclamas en el campo político, jurídico y moral, así como en otros ámbitos, de que los sujetos son individuos cuya libertad y derechos deben de ser respetados mediante el establecimiento de límites a la esfera legítima de la regulación política y legal, son inseparables del surgimiento de toda una —individualidad de forma especial. Las estrategias liberales de gobierno se hacen, por tanto, dependientes de toda una serie de dispositivos (escuela, familia domesticada, manicomio, reformatorios) que prometen crear individuos que no necesitan ser gobernados por otros, sino que se gobernarán y se controlarán por sí mismos, y se cuidarán solos. Y, aunque el sujeto abstracto de derechos se define utilizando un lenguaje universal, las nuevas tecnologías de gobierno producen, a lo largo del siglo XIX, nuevas exigencias y posibilidades de conocimientos positivos sobre sujetos concretos. El siglo XIX es, por tanto, un período de extensión de las disciplinas que, al mismo tiempo que definen a los sujetos en términos de funciones específicas de civilización, provocan una división entre los miembros civilizados de la sociedad y aquellos otros que carecen de capacidades para ejercer una ciudadanía responsable: la mujer infanticida o el monomaníaco regicida en los tribunales de justicia, los niños y niñas delincuentes en los reformatorios, las prostitutas o mujeres caídas, los hombres y mujeres considerados locos. Se puede comprobar de este modo el inicio de una transición dolorosa –acompañada de resistencias– que va desde los derechos de la verdad sobre los humanos, la teología o la jurisprudencia, a las disciplinas que deben sus verdaderas condiciones de disciplinarización a estas nuevas tecnologías de gobierno. A partir de este momento las gubernamenalidades liberales soñarán que el proyecto nacional para el buen sujeto de gobierno se fusionará con obligaciones voluntariamente asumidas por individuos libres para sacar el mayor provecho de su propia existencia, mediante la gestión responsable de su vida. Al mismo tiempo los propios sujetos tendrán que adoptar toda una serie de decisiones acerca de su autoconducta asediados por una red de nuevos lenguajes, normas, promesas, serias advertencias, y amenazas de

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intervención, organizadas cada vez más en torno a una proliferación de normas y normatividades.

3. Una relación intrínseca con la autoridad de los expertos. Las artes liberales de gobierno, desde mediados del siglo XIX, intentaron modelar acontecimientos, decisiones y acciones en el campo de la economía, la familia y la empresa privada, y modelar la conducta de los individuos, a la vez que mantener y promover su autonomía y autorresponsabilidad. Estos modos de intervención no respondían a una lógica simple, ni formaban parte de un programa coherente de la “intervención del Estado”, sino que más bien una serie de conflictos y perturbaciones –epidemias y enfermedades, delitos y criminalidad, pauperismo e indigencia, enfermedad mental e imbecilidad, ruptura de relaciones matrimoniales– se vieron recodificados como problemas “sociales”, hecho que tuvo consecuencias para el bienestar nacional y que exigió, por tanto, nuevas formas legitimadas de atención para remediar estos problemas6. Las relaciones que surgieron entre las autoridades políticas, las medidas legales y las autoridades independientes, diferían en función de si se intentaban regular los intercambios económicos mediante contrato, mitigar los efectos del trabajo industrial sobre la salud, reducir los peligros sociales de las epidemias mediante reformas sanitarias, moralizar a los niños de las clases trabajadoras mediante escuelas de fábrica, etc. En cada uno de estos casos los expertos, al exigir que los arreglos económicos, familiares y sociales se rigiesen por los programas que ellos diseñaban, trataban de movilizar recursos políticos tales como la legislación, los fondos o la capacidad organizativa para lograr sus propios fines. Las fuerzas políticas intentaron hacer efectivas sus estrategias no solo mediante la utilización de leyes, burocracias y creando agencias y agentes legitimados del Estado, sino también instrumentalizando formas de autoridad distintas de las “del Estado” con el fin de gobernar –espacial y constitucionalmente– “a distancia”. Se confirió, de este modo, autoridad a autoridades expertas formalmente autónomas, al mismo tiempo que el ejercicio de esta autonomía se configuró, a través de variadas formas de legitimación, a través de 6 M. Foucault, “La política de la salud en el siglo XVIII”, op. cit.

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la profesionalización y la burocratización. A partir de este momento el ámbito de la “política” se diferenciará de otras esferas de gobierno legitimado, ya inexorablemente vinculado a la autoridad de los expertos.

4. Un cuestionamiento continuo de la acción de gobierno. Las sociologías de nuestra condición posmoderna subrayan la “reflexividad” considerándola una característica de nuestro tiempo7, pero la “reflexividad” que impulsa todos los intentos de ejercer el gobierno en el presente no es una característica distintiva de una etapa terminal de modernidad, ya que caracteriza a las racionalidades políticas liberales desde sus comienzos. El liberalismo se enfrenta asimismo a la cuestión de “¿Gobernar, para qué?”, una pregunta que exige un constante escrutinio crítico sobre las actividades de los que gobiernan realizado por otros y por las propias autoridades de gobierno. Pero, si los objetivos de gobierno están gobernados por sus propias leyes, “las leyes de lo natural”, ¿bajo qué condiciones se puede someterlos legítimamente a las leyes del gobierno político?

Aún más, el propio liberalismo se enfrenta a las siguientes cuestiones: ¿Quién puede gobernar?, ¿bajo qué condiciones es posible ejercer la autoridad sobre alguien?, ¿en qué se funda la legitimación de la autoridad? Esta cuestión de la autoridad debe de ser respondida no por vías trascendentales, ni apelando a la carismática persona del líder, sino a través de variados medios técnicos –de donde se deriva que la democracia y la intervención de los expertos se manifiestan como dos soluciones duraderas. El liberalismo inaugura una continua desafección respecto al gobierno, un perpetuo cuestionamiento acerca de si los efectos deseados se están produciendo, un cuestionamiento sobre los errores de las teorías y los programas que obstaculizan la eficacia del gobierno, un diagnóstico recurrente del fracaso unido a una exigencia, también recurrente, de gobernar mejor.

7 A. Giddens, Consequences of modernity, Polity Press, Cambridge, 1990 (trad. Consecuencias de la modernidad, Alianza, Madrid, 1994); y S. Lash-J. Urry, Economies of sings and spaces, Polity Press, Cambridge, 1994.

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Liberalismo avanzado

Las condiciones que dieron al traste con la aceptación de la que gozaba el gobierno social fueron heterogéneas. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando algunos estaban asumiendo la lección de que era posible que el conjunto de la organización económica y social de una nación fuese gobernada, de un modo u otro, por el Estado central, un grupo de intelectuales europeos llegaba justamente a la conclusión opuesta.Posiblemente la propuesta más famosa fue la sugestión de Friederich von Hayeck de que la lógica del Estado intervencionista, tal como se había manifestado en los tiempos de la guerra en la organización de la vida económica y social, no solo era ineficaz y había fracasado, sino que además conducía al conjunto de naciones por un camino directo hacia un Estado total, tal y como se había manifestado en la Alemania nazi y se podía percibir aún en la Unión Soviética de Stalin –ambos países subvertían las verdaderas libertades, la libertad y la democracia, que precisamente decían promover8. Los argumentos contenidos en The road serfdom de Hayeck fueron elaborados en diferentes textos posteriores: el principio de la libertad individual era a la vez el origen de nuestro progreso y la garantía del futuro desarrollo de la civilización; aunque debemos desprendernos de la perversa ilusión de que podemos deliberadamente crear, mediante decisiones y cálculos de autoridad, “el futuro de la humanidad”, tenemos que reconocer que la libertad es en sí misma un instrumento de civilización, que “la disciplina de la civilización […] es al mismo tiempo la disciplina de la libertad”9.

Apenas tres décadas más tarde, estas críticas del Estado social se fundieron dando lugar a un relevante asalto político a las

8 Véanse: F. A. Hayek, The road to serfdom, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1944 (trad. Camino de servidumbre, Alianza, Madrid, 1990); C. Gordon, “The soul of the citizen: Max Weber and Michel Foucault on rationality and government”, en S. Lash-S. Whimster (Eds.), Max Weber, ratioinality and modernity, Allen and Unwin, Londres, 1987, y, también del mismo autor, “Governmental rationality: an introduction”, en G. Burchell y otros, The Foucault effect, op. cit., pp. 1-52. Véase, igualmente, N. Rose, “Eriarvoisuus ja valta hyvinvointivaltion jalkeen” (traducción finlandesa de “Disadvantage and Power ‘after the Welfare State’ ”), Janus (Revista de la Finnish Society for Social Policy), 1, pp. 46-68.9 F. A. Hayek, The constitution of liberty, Routledge and Kegan Paul, Londres, 1979, p. 163.

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racionalidades, programas y tecnologías del Welfare en Inglaterra, Europa y los Estados Unidos. Una tesis económica, articulada de forma distinta por la izquierda y por la derecha, cobró en este contexto una particular significación: el argumento de que los crecientes niveles de impuestos y de gasto público requeridos para sostener los servicios sociales de salud, bienestar, educación y otros, ponían en peligro la salud del capitalismo ya que requerían tasas penalizadoras de impuestos sobre el beneficio privado. Esta contradicción fue formulada por la izquierda en términos de “la crisis fiscal del Estado”, y, por la derecha, en términos de las contradicciones entre el crecimiento de un sector de bienestar “improductivo” –que no creaba riqueza– y un sector privado “productivo” –que era el que creaba toda la riqueza nacional10. La auténtica socialización de la empresa capitalista privada y de las relaciones de mercado –que había sido percibida como la salvación, a la vez, frente a las amenazas del socialismo y frente a la desintegración moral y social– aparecía ahora como incompatible con la supervivencia de una sociedad basada en una economía capitalista.

Este argumento económico entraba así en confluencia, en este momento, con toda otra serie de críticas del gobierno social: la arrogancia de un gobierno que va demasiado lejos; los peligros de una sobrecarga de funciones del gobierno; lo absurdo de los políticos que juegan a adivinar por dónde van a ir el mercado eligiendo selectivamente a los triunfadores; los reproches de que las demandas keynesianas de gestión provocan expectativas inflacionarias y conducen a la depreciación de la moneda. Otros insistían en que estas medidas destinadas a hacer decrecer la pobreza condujeron, en realidad, a incrementar la desigualdad; que los intentos para asistir a los desfavorecidos empeoraron su situación de desventaja; que los controles de los salarios mínimos golpearon a los peor pagados al destruir puestos de trabajo. Y todavía más, las propias burocracias asistenciales, junto con los especialistas del Welfare y los expertos sociales asociados a ellas,

10 J. O’Connor, The fiscal crisis of state, St. Matin’s Press, Nueva York, 1972 (trad. La crisis fiscal del Estado, Ed. 62-Península, Barcelona, 1981); y R. Bacon y S. Eltis, Britain’s economic problems: two few producers?, Macmillan, Londres, 1976.

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se convirtieron en objeto de ataques provenientes de toda la gama del espectro político –desde los clásicos liberales y los libertarios, hasta los críticos izquierdistas del control social de la desviación, pasando por los activistas socialdemócratas preocupados por la falta de eficacia del gobierno social para aliviar la desigualdad y las desventajas. Se puso así de relieve que tras sus apasionadas demandas en aras de una mayor fundamentación para sus servicios subyacía la oculta estrategia de construir un imperio, así como el ascenso de intereses sectoriales, y se puso de manifiesto que fueron las clases medias quienes, más que los pobres, se beneficiaron tanto de las oportunidades de empleo como de los servicios del Welfare State, que estos servicios destruyeron, en realidad, otras formas de ayuda social tales como las de la iglesia, la comunidad y la familia, y que no favorecieron una responsabilidad social ni ciudadanía, sino más bien la dependencia y la mentalidad clientelística11.

Simultáneamente el imperio de los expertos sociales se fracturó dando lugar a diferentes especialidades en competencia: expertos en niños, viejos, incapacitados, alcohólicos, adictos a las drogas, madres solteras, enfermeras psiquiátricas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y muchos otros. Cada una de estas “especialidades” intentó organizarse profesionalmente para reclamar sus derechos y su propio campo de intervención: el mundo del bienestar se fragmentó a través de una división del trabajo cada vez más acusada y a través de lealtades prácticas y conceptuales divergentes.

Los clientes de los expertos se vieron obligados a comprenderse a sí mismos, a narrarse a sí mismos, y a pensar su bienestar a través de nuevas formas. En la mayor parte de los sectores los individuos lograron reconceptualizarse a sí mismos en términos

11Véanse: Ch. Murray, Losing ground: American social policy 1950-1980, Basic Books, Nueva York, 1980; M. Adler y S. Asquith (Eds.), Discretion and welfare, Heinemann, Londres, 1981; M. Friedman, Capitalism and freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1982 (trad. Capitalismo y libertad, Rialp, Madrid, 1966). Una versión más antigua: C. Reich, “Individual rights and social welfare”, Yale Law Journal, 74, 1964, p. 1245. Para la discusión de estas “retóricas de la intransigencia” véase Albert O. Hirschman, The rhetoric of reaction, Belknap Harvard, Cambridge, Mass., 1991 (trad. con el título Retóricas de la intransigencia, FCE, Madrid, 1991, reimp. 1994).

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de su propia voluntad de estar sanos, y de gozar de una normalidad maximizada.

Asediados por las imágenes de salud y felicidad producidas por los medios de comunicación, y por las estrategias de mercado desplegadas por la publicidad y los sistemas de consumo, pasaron a narrar sus problemas con el potente lenguaje de los derechos, se organizaron formando asociaciones propias, cuestionando los poderes de los expertos, protestando contra unas relaciones que ahora aparecían como tutelares, y degradantes para su autonomía, reclamando un aumento de recursos para sus condiciones particulares, y exigiendo poder decir algo respecto a las decisiones que afectaban a sus vidas. Frente a esta simultánea proliferación, fragmentación, contestación y deslegitimación del papel de los expertos en los dispositivos del gobierno social, se perfiló una nueva fórmula para la relación entre gobierno, expertos y subjetividad.

Se desarrollaron así determinadas estrategias. Los “libertarios civiles” trataron de asediar a los expertos sirviéndose de una parafernalia de restricciones legales, derechos y tribunales, que modulasen sus decisiones: esta táctica resultó incómoda, lenta y cara, y únicamente sirvió para redistribuir poderes sociales a nuevos expertos; en el Reino Unido tales estrategias únicamente lograron un limitado impacto sobre la vida social12. Críticos de izquierda se contentaron por largo tiempo con denunciar los poderes de los expertos como un encubierto control social del Estado, tratando de distinguir entre el uso del conocimiento y su abuso, o de separar el verdadero conocimiento emancipatorio de la ideología que disfraza y legitima el ejercicio del poder en “los aparatos ideológicos de Estado”. Una política radical respecto al papel de los expertos, en la línea del eslogan maoísta “Más vale rojo que experto”, trataba de eliminar cualquier tipo de intervención pericial (como ocurrió con la antipsiquiatría y algunas formas de feminismo): esta “oposición a los expertos” generó rápidamente su propia profesionalización, con sus propias organizaciones, pedagogías, etc. Otras políticas de izquierda 12 Véanse, C. Reich, op. cit.; y M. Adler y S. Asquito, op. cit.

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respecto a los expertos operaron bajo la rúbrica de “la generalización de competencias”, tal y como sucedió con algunos movimientos de cooperativas de trabajadores que trataron de reorganizar los lugares de trabajo controlados y gestionados jerárquicamente13. En el campo económico, al menos en Inglaterra, este intento se encontró con resistencias, provenientes no solo de los jefes, sino también de los representantes tradicionales de los trabajadores preocupados por la erosión de sus propios poderes y por la emergencia de nuevos corporativismos con intereses opuestos a los suyos. Parecido destino tuvieron algunos intentos para democratizar la intervención de los expertos en otros campos tales como la psiquiatría y la justicia.

Podría inducir a equívocos sugerir que los regímenes políticos neoconservadores, que fueron elegidos en Inglaterra y en los Estados Unidos a finales de los años setenta, estaban basados en una racionalidad política coherente y elaborada que tenían que desarrollar, e induciría a un error todavía mayor pensar que hacían del poder burocrático y profesional un problema clave. Inicialmente, sin duda, estos regímenes simplemente trataron de ocuparse de una multitud de diferentes problemas relativos al bienestar, de reducir costes, recortar el poder de los lobbies profesionales, etc. Pero, gradualmente, estas diversas escaramuzas fueron racionalizadas en el interior de un relativamente coherente programa de gobierno que se denominó neoliberalismo. El neoliberalismo se las arregló para reactivar una especie de vigilancia crítica sobre el gobierno político característica del liberalismo clásico, conectando diferentes elementos de la “retórica de la intransigencia” con una serie de técnicas –ninguna de ellas en sí misma particularmente nueva o destacable–, lo que permitió que estas críticas se incorporasen al gobierno. Por supuesto, un hecho que puede resultar paradójico en lo que se refiere al neoliberalismo es que, pese a presentarse a sí mismo como una crítica al gobierno político, mantiene el programático a priori, la presuposición, de que lo real es programable por las

13 M. Cooley, Architect or bee: the human/technology relationship, Langley Technical Services, Slough, Inglaterra, 1980.

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autoridades: los objetos de gobierno se hacen así pensables en la medida en que sus dificultades aparecen como susceptibles de diagnóstico, prescripción y cura14. El neoliberalismo no abandona la “voluntad de gobernar”, sino que mantiene la visión de que el fracaso del gobierno para alcanzar sus objetivos puede ser superado si se inventan nuevas estrategias de gobierno que triunfarán.

¿Qué significa “gobernar de modo liberal avanzado”? Las extremas alabanzas o condenas del thatcherismo se ha visto que eran una exageración. Pero ello no significa que no sea posible identificar una transformación más modesta y duradera en las racionalidades y tecnologías de gobierno. Estrategias “liberal avanzadas” pueden ser observadas en contextos nacionales distintos, desde Finlandia a Australia, reivindicadas por regímenes políticos de izquierdas y derechas, y en relación con campos problemáticos que van desde el control de los delitos a la salud. Estos regímenes se sirven de técnicas de gobierno que crean una distancia entre las decisiones de las instituciones políticas formales y otros actores sociales, conciben a esos actores de forma nueva como sujetos de responsabilidad, autonomía y elección, y tratan de actuar sobre ellos sirviéndose de su libertad. Paso a esbozar a continuación, de forma un tanto rápida, tres rasgos característicos del neoliberalismo.

1. Una nueva relación entre los expertos y la política. El Welfare debe ser considerado como una racionalidad “sustantiva” de gobierno: las expertas concepciones de los expertos sobre salud, niveles de ingresos, tipos de actividad económica, etc. fueron más o menos directamente transferidas a la maquinaria y a los objetivos del gobierno político. Al mismo tiempo, las tecnologías del Welfare proporcionaron a los expertos poderes que les permitieron establecer cotos cerrados en cuyo interior su autoridad no podía ser cuestionada, protegiéndoles así eficazmente de los intentos políticos exteriores para ejercer el control tanto sobre ellos como sobre sus decisiones y acciones. En

14 N. Rose y P. Millar, “Political power beyond the state: problematics of government”, British Journal of Sociology, 43 (2), 1992, pp. 172-205.

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contraste con esto, los modos de gobierno liberal avanzado tienen un cierto carácter “formal”. Los poderes conferidos previamente a los conocimientos positivistas sobre la conducta humana serán ahora transferidos a regímenes calculadores de contabilidad y de gestión financiera. Y los cotos cerrados de los expertos serán invadidos a través de toda una gama de nuevas técnicas destinadas a ejercer un control crítico sobre la autoridad –las técnicas presupuestarias, las técnicas de contabilidad y las auditorías son las tres más relevantes. Estos procesos de cambio sin duda están basados en una exigencia de verdad, pero de una verdad diferente a la verdad de las ciencias humanas y sociales: estas “ciencias grises”, estos “saber hacer” de la enumeración, el cálculo, la monitorización, la evaluación y la gestión, pueden aparecer al mismo tiempo como modestos y omniscientes, limitados y aparentemente sin límites, cuando se los aplica a problemas tan diversos como la conveniencia de un procedimiento médico, o la viabilidad de un departamento universitario.

La mercantilización, por ejemplo, establece variadas formas de distancia entre la maquinaria política y las maquinarias de los expertos: se produce así una aparente devolución de los poderes reguladores desde “arriba” –planificación y obligatoriedad– hacia “abajo” –las decisiones de los consumidores. Esta mercantilización, en su forma ideal, permite imaginar un “mercado libre” en el que las relaciones entre los ciudadanos y los expertos no estén organizadas ni reguladas a través de la obligatoriedad, sino basadas en actos de elección. La mercantilización trata de regular, por vías diferentes, la pluralidad de intervenciones de los expertos, no tanto entrando a dirimir las demandas rivales de los diferentes grupos de expertos, cuanto transformando a los agentes de bienestar –departamentos de servicios sociales, departamentos de vivienda, autoridades sanitarias– en “compradores” que pueden elegir “comprar” servicios dentro de una gama de opciones disponibles. De este modo, en “el comprador-proveedor”, escindido entre los servicios de salud, las técnicas de gestión de los servicios sociales, la autonomización de las escuelas del control de las autoridades

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locales que compiten por alumnos en el mercado, se puede ver una reconfiguración de importantes políticas de intervención, una nueva vía para “responsabilizar” a los expertos respecto a las exigencias que pesan sobre ellos, diferentes a las basadas en su propio criterio de verdad y competencia, que los vinculan a nuevas relaciones de poder.

De forma similar, la monetarización juega un papel clave rompiendo los cotos cerrados del Welfare existentes en el interior de redes del gobierno social. Transformar las actividades –interviniendo sobre los pacientes, educando a los estudiantes, proporcionando entrevistas de trabajo social para clientes– en términos de dinero contable da lugar a que se establezcan nuevas relaciones de poder. Obligar a la gente a que anote minuciosamente lo que le pasa, prescribir lo que tiene que ser escrito y cómo, es en sí mismo un tipo de gobierno de las conductas individuales que produce una imagen del gobierno acorde con normas particulares. La técnica presupuestaria transforma la actividad de quienes elaboran el presupuesto aumentando las opciones, al mismo tiempo que las regula y proporciona nuevas vías para asegurar la responsabilidad y la fidelidad de los agentes que formalmente continúan siendo autónomos. Y estos procesos no solo tienen lugar cuando se elabora el presupuesto, sino también en la “presupuestarización” de cualquier actividad, de tal forma que los términos de cálculo y decisión se desplazan, al mismo tiempo que se coagulan nuevos diagramas de fuerza y de libertad.

Entre estas nuevas estrategias de gobierno, la auditoría se convierte en uno de los mecanismos clave a la hora de responder a la pluralidad de las intervenciones periciales y a la inherente e inexpresable controversia de sus exigencias de verdad. Michael Power ha sugerido que la auditoría, en sus diferentes formas, ha reemplazado la confianza que la fórmula de gobierno había concedido a las credenciales profesionales15. Como señala Power, la auditoría responde al “fracaso” y a la inseguridad mediante una

15 M. Power, The audit society. Paper delivered to London History of the Present Research Network, 4 November, 1992; y también, del mismo autor, The audit society, Demos, Londres, 1994.

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nueva “gestión del riesgo”. El riesgo pasa a ser algo manejable mediante nuevas relaciones distanciadas de control entre los centros políticos de decisión y los procedimientos, dispositivos y aparatos “no políticos” –tales como escuelas, hospitales o empresas– sobre los que recae de nuevo la responsabilidad de la salud, la riqueza y la felicidad. En este proceso las entidades son transformadas, para ser “auditadas” tienen que convertirse en “auditables”, producir una nueva trama de visibilidades en relación con la conducta de las organizaciones y de aquellos que las componen. La auditoría puede poner en marcha demandas difíciles y duras, pero se mueve bien a través del espacio y del tiempo, es capaz de propagarse a multitud de enclaves, dirigiendo y organizando actividades, y conectando centros de cálculo con sedes de implementación de acuerdo con nuevos vectores. Pese al hecho de que su “perfil epistemológico” es, si es que tiene alguno, todavía de más bajo nivel que los conocimientos que desplaza, y pese a que no existe nada nuevo en las técnicas de auditoría en sí mismas, sin embargo el modo en que operan –en términos de procedimientos más que en términos sustantivos, según criterios al mismo tiempo aparentemente estables y muy flexibles tales como eficiencia, conveniencia, efectividad– las convierte en una tecnología versátil y altamente transferible para gobernar a distancia.

2. Una nueva pluralización de las tecnologías “sociales”. Las estrategias de pluralización y de autonomización, que caracterizan a muchos programas contemporáneos destinados a reconfigurar las tecnologías sociales desde distintas partes del espectro político, muestran una tendencia hacia una “des-gubernamentalización” del Estado y hacia una “des-estatalización del gobierno”, un fenómeno que está relacionado con una mutación en el concepto de “lo social”, concepto que surgió a finales del siglo XIX y en cuya invención participaron la sociología y el gobierno del Welfare para quienes lo social era a la vez objeto y blanco de intervención. La relación entre el individuo responsable y su comunidad autogobernada sustituyó la relación que previamente existía entre el ciudadano social y su sociedad

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común16. A lo largo de esta mutación se comprueba la pérdida de centralidad de variadas tecnologías de regulación que, durante el siglo XX, se intentaron ensamblar en una red de funcionamiento único y, en contrapartida, se produce la implantación de una forma de gobierno que actúa a través de la conformación de poderes y voluntades de entidades autónomas: empresas, organizaciones, comunidades, profesionales, individuos. De aquí se deriva la implantación de modos particulares de cálculo en los agentes, y la suplantación de ciertas normas, como las de servicio y dedicación, por otras, tales como las de competitividad, calidad y demanda de los usuarios. Estos cambios implicaron también el establecimiento de diferentes redes de contabilidad y de responsabilidad.

El proceso posiblemente más significativo de todos éstos fue la desarticulación de una variedad de actividades de gobierno previamente ensambladas en el interior del aparato político: este fenómeno en Gran Bretaña suele conocerse con el nombre de quangoization of State. Proliferaron entonces organizaciones casi autónomas, no gubernamentales, que asumieron toda una serie de funciones reguladoras (como la regulación de seguridades e inversiones en el sector financiero), de planificación (como el surgimiento de nuevas entidades de gobierno y regeneración de las ciudades) y funciones educativas, tales como la constitución de organizaciones responsables para procurar una formación a aquellos que abandonaban la escuela, en fin, organizaciones que asumieron responsabilidades para la provisión de servicios “públicos” previamente existentes como el agua, el gas, y la electricidad, y para la “privatización” de servicios públicos como las prisiones y la policía. Todos estos procesos han estado relacionados con la invención y la utilización de otras medidas emergentes destinadas al gobierno de esas entidades, medidas que, al poner el énfasis en la aparente objetividad y neutralidad de los números, refuerzan la pretensión de esas entidades de que actúan de acuerdo con un programa apolítico17. Contratos,

16 N. Rose, “The death of the social? Refiguring the territory of government”, Economy and Society, 25, 3, 1996, pp. 327-356.17 C. Hood, “A public management for all seasons”, Public Administration, 69, (1), 1991, pp. 3-19.

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objetivos, indicadores, medidas de los resultados, monitorización y evaluación están así siendo usados para gobernar el comportamiento de esas entidades, al mismo tiempo que les conceden una cierta autonomía para tomar decisiones de poder y responsabilizarse de sus acciones. Se puede comprobar, de este modo, cómo se produce un desplazamiento desde los mecanismos electorales de control democrático en los que intervienen los ayuntamientos a nuevas técnicas de contabilidad, es decir, a la representación de “socios” de diferentes “comunidades” –negocios, residentes locales, organizaciones voluntarias y ayuntamientos– en los consejos de administración. La reconfiguración del poder político que este proceso supone no puede ser bien entendida, por tanto, en términos de oposición entre el Estado y el mercado: nuevos mecanismos modulados y programados por las autoridades políticas están siendo utilizados para vincular los cálculos y las acciones de un heterogéneo conjunto de organizaciones, gobernándolas “a distancia” a través de la instrumentalización de una autonomía regulada.

3. Una nueva especificación del sujeto de gobierno. La entronización de los poderes del cliente en tanto que consumidor –consumidor de servicios de salud, de educación, de formación, de transportes– define a los sujetos de gobierno de una nueva forma: como individuos activos que buscan “realizarse a sí mismos”, maximizar su calidad de vida mediante actos de elección, confiriendo a sus vidas un sentido y un valor en la medida en que pueden ser racionalizadas como el resultado de elecciones hechas o de opciones por tomar. La razón política debe ahora justificarse y organizarse a sí misma argumentando mediante pactos que se adecuan a la existencia de personas definidas, en su esencia, como criaturas libres y autónomas. En el interior de este nuevo régimen que supone un yo activamente responsable, los individuos tienen que cumplir sus obligaciones ciudadanas no a través de mutuas relaciones de dependencia y obligación de unos para con otros, sino tratando de realizarse a sí mismos en el seno de una variedad de ámbito micro-morales o “comunidades”: familias, lugares de trabajo, escuelas, asociaciones de ocio, vecindades. El problema consiste, por tanto,

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en encontrar los medios a través de los cuales los individuos se hacen responsables mediante opciones individuales que adoptan para sí mismos y para aquellos a los que deben lealtad, formando un estilo de vida acorde con gramáticas de vida que han sido ampliamente diseminadas, que ya no dependen de cálculos ni de estrategias políticas para su lógica de funcionamiento ni para las técnicas que implican.

Poner en marcha esta noción de individuo activamente responsable fue posible gracias al desarrollo de un nuevo dispositivo que integra a los sujetos en un nexo moral de identificaciones y lealtades mediante los mismos procesos en los que parece representar sus opciones más personales. Las racionalidades políticas actuales se basan y utilizan una gama de tecnologías que instalan y apoyan el proyecto civilizador modelando y gobernando las capacidades, competencias y voluntades de los sujetos, que están ya fuera del control formal de los “poderes públicos”. A todas las cosas básicas que constituyen una nación tales como un lenguaje común, la escolarización y los medios de transporte, nuestro siglo ha añadido los medios de comunicación de masas, con sus pedagogías, que van desde el documental hasta los culebrones televisivos; las encuestas de opinión y otros mecanismos que proporcionan conexiones recíprocas entre las autoridades y los sujetos; la regulación de los estilos de vida a través de la publicidad, del marketing y del mundo de las mercancías, sin olvidarse de los expertos de la subjetividad. Estas tecnologías no tienen su origen o principio de inteligibilidad en “el Estado”; sin embargo, han hecho posible gobernar de un modo “liberal avanzado”, han proporcionado una plétora de mecanismos indirectos que han hecho posible introducir los objetivos de las autoridades políticas, sociales y económicas en el interior de las elecciones y compromisos de los individuos, situándolos en redes reales o virtuales de identificación a través de las cuales pueden ser gobernados18.

18 Sobre las cuestiones tratadas hasta aquí en este apartado véanse los siguientes trabajos de N. Rose: “Governing the enterprising self”, en P. Heelas y P. Morris (Eds.), The values of the enterprise cultura: the moral debate, Routledge, Londres, 1992, pp. 141-164; Inventing our selves: psychology, power and personhood, Cambridge University Press, Cambridge, 1996; “The death of the social?”, op. cit.; Gouverning the soul: the shaping of the private self, Routledge, Londres, 1990.

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La reconfiguración del sujeto de gobierno asigna obligaciones y deberes al mismo tiempo que abre nuevos espacios de decisión y acción. Cada una de las dos dimensiones del gobierno social, la seguridad social y el trabajo social, van a verse así ahora transformadas. La seguridad social, en tanto que principio de solidaridad social, cede el paso a una especie de privatización de la gestión del riesgo. En este nuevo prudencialismo, el seguro frente a posibilidades futuras de paro, enfermedad, vejez, etc., se convierte en una obligación privada. El ciudadano es estimulado a gestionar los riesgos, no solo en lo que afecta a formas socializadas previamente existentes, sino también respecto a una amplia gama de otro tipo de decisiones; es estimulado a integrar el futuro en el presente, es educado de tal forma que debe calcular las consecuencias futuras de acciones tan diversas como las que se refieren a la dieta o a la seguridad de la casa. El activo ciudadano tiene, por tanto, que añadir a sus obligaciones una nueva: la de adoptar una prudente y calculadora relación personal con el destino, considerado ahora en términos de peligros calculables y riesgos previsibles19. El trabajo social, por su parte, en tanto que instrumento de civilización tutelada, da paso al consejero privado, al manual de autoayuda, al teléfono de la esperanza, en suma, a prácticas que ligan a cada individuo con el consejo de los expertos al tiempo que adoptan la apariencia de ser el resultado de una elección individual libre20. La regulación de la conducta pasa a ser así un asunto ligado al deseo de cada individuo de dirigir su propia conducta libremente con el fin de lograr la maximización de una concepción de su felicidad y realización personal como si fuese obra suya, pero semejante maximización del estilo de vida implica una relación con la autoridad a partir del mismo momento en que se define como el resultado de una libre elección.

Se puede así constatar la “reversibilidad” de las relaciones de autoridad: lo que comienza siendo una norma que debe ser 19 O’Malley, “Risk, power and crime prevention”, Economy and crime prevention”, 21 (3), 1992, pp. 283-299; y también “Risk and responsability”, en A. Barry, Th. Osborne y N. Rose (Eds.), Foucault and political reason, op. cit., pp. 189-208.20 N. Rose, Gouverning the soul, op. cit.

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implantada en el interior de los ciudadanos puede ser reformulada como una demanda que los ciudadanos pueden hacer a las autoridades. Los individuos tienen que convertirse en “expertos de sí mismos”, pasar a establecer una relación de autocuidado, que se basa en la preparación y la información, con sus cuerpos, mentes, formas de conducta y con los miembros de sus propias familias. Por supuesto, esta nueva configuración tiene su propia complejidad, su propia lógica de integración y exclusión. Sin embargo, los “efectos de poder” que encierra no responden a la lógica simple de la dominación, ni tampoco a una concepción del poder definible en términos de “suma cero”. Si se considera, por ejemplo, la proliferación de las nuevas técnicas psicológicas y de los lenguajes de autorrealización en relación con los sujetos etiquetados ahora como “marginalizados” o “excluidos”, se puede observar que los regímenes políticos neoliberales ponen en marcha un conjunto de medidas para reducir los beneficios de aquellos que no tienen trabajo, para disciplinar a los delincuentes y a los que transgreden las leyes, para imponerles una responsabilidad personal, para desmantelar el archipiélago de instituciones en cuyo interior el gobierno del Welfare había circunscrito y gestionado sus problemas sociales. No conviene en absoluto minimizar la intensificación de la miseria y el empobrecimiento que surge de estas cambiantes especificaciones de la responsabilidad de los individuos respecto a su propio destino. Es difícil contemplar sin rechazo y repugnancia los cambios terminológicos que hacen que los parados pasen ahora a llamarse “buscadores de trabajo” y los que carecen de casa “personas sin techo”. Pero estos programas neoliberales, que responden a los que sufren como si ellos fuesen los autores de su propia desgracia, comparten ciertos rasgos con otras estrategias articuladas desde otras perspectivas políticas. Desde perspectivas diversas, los individuos desfavorecidos han llegado a ser considerados potencial e idealmente como agentes activos en la construcción de su propia existencia. Aquellos sujetos “excluidos” de los beneficios de una vida de elección y autorrealización ya no son ahora simplemente el soporte pasivo de un conjunto de determinaciones sociales, sino que son gentes cuyas aspiraciones de autorresponsabilidad y autorrealización han

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sido deformadas por la dependencia cultural, gentes cuyos esfuerzos de autoperfeccionamiento se han visto frustrados durante todo el tiempo que ha durado su “incapacidad aprendida”, son, en fin, gentes cuya autoestima ha sido destruida. De esto se deduce que todos estos sujetos deben ser asistidos no a través de la Administración y los solícitos expertos que les proporcionaban ayuda y subsidios, sino a través de su propio compromiso con un conjunto de programas destinados a su reconstrucción ética en cuanto activos ciudadanos –programas que tratan de equiparlos con las destrezas y aprendizajes de autopromoción, de aconsejarlos para que recuperen su sentido de autovalor y autoestima, programas destinados a capacitarlos para que puedan asumir su legítimo puesto en cuanto sujetos autoactualizados y exigentes de una democracia liberal “avanzada”21.

No se pretende, sin embargo, sugerir con lo expuesto hasta aquí que la construcción del ciudadano moderno, como agente activo de su propio destino, sea en cierto sentido una “invención” de los regímenes políticos recientes: las condiciones para que se haya producido esta mutación en la relación con nosotros mismos son complejas y no tienen un simple origen o causa. No obstante, el a priori ético del ciudadano activo en una sociedad activa, esta redefinición de la ética de la personalización es, posiblemente, la característica más fundamental y generalizable de estas nuevas racionalidades de gobierno, una característica, además, que justifica la afirmación de que lo que aquí estamos viendo no son simplemente las vicisitudes de una ideología política, la del conservadurismo neoliberal, sino algo mucho más relevante que subyace en los programas de gobierno de todo el espectro político y que justifica que se designen como “liberal avanzadas” todas estas nuevas tentativas para “reinventar el gobierno”22.

21 B. Cruikshank, “Evolutions within: self-government and self-esteem”, en A. Barry, Th. Osborne y N. Rose (Eds.), Foucault and political reason, op. cit., pp. 253-270.22 Véanse, de N. Rose, “Authority and the genealogy of subjectivity”, en P. Heelas, P. Morris y S. Lash (Eds.), De-traditionalization: authority and self in an age of cultural change, Brasil Blackwell, Oxford, 1995, así como “Identity, genealogy, history”, en S. Hall y P. du Gay, Questions of cultural identity, Sage, Londres, 1995. Y de I. Hacking, “Making up people”, en T. C. Heller y otros (Eds.), Reconstructing individualism. Stanford University Press, Palo Alto, California, 1986, pp. 222-236.

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El poder de gubernamentalización de la derecha en las pasadas dos décadas radica en el hecho de que fue más bien la derecha que la izquierda quien logró articular una racionalidad de gobierno acorde con este nuevo régimen del yo quien logró desarrollar programas que introducen este tipo de ética en el interior de estrategias encaminadas a la regulación de problemas y dificultades precisas tales como las del mercado de la vivienda, o las de la salud, e inventar fórmulas técnicas que prometen solucionar todos estos problemas. Fue también más bien la derecha que la izquierda quien abrió la vía a una política de las tecnologías humanas que no solamente cuestiona las relaciones de poder existentes entre los expertos y los sujetos de sus intervenciones, sino que además trata de dar a este cuestionamiento una forma técnica. Todas las críticas de la izquierda sobre el Estado y el control social, sobre los poderes de los expertos y las consecuencias no deseadas de las actuaciones burocráticas y de la profesionalización, no han sido percibidas aún como capaces de proponer modelos alternativos para regular estos dispositivos moduladores de la ciudadanía que responden a las necesidades de pluralismo. ¿Puede la izquierda proporcionar una racionalidad alternativa para articular estas tecnologías plurales y estas éticas autonomizantes sin perder los logros que ha conseguido y, al mismo tiempo, proporcionar seguridad a aquellos socialmente más expuestos? Esto exigiría que la izquierda articulase una alternativa ética y una pedagogía de la subjetividad diferentes a aquellas exigidas, e inherentes, a la racionalidad del mercado y la “valoración” de la libre elección.

Traducción del inglés de Julia Varela.

NOTA: El texto que publicamos ha sido cedido amablemente por Nicolás Rose a Archipiélago y forma parte del segundo capítulo del libro publicado por A. Barry, Th. Osborne y N. Rose (Eds.) Foucault and political reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government, University College London (UCL) Press, Londres, 1996.

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