UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES...
138
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CARRERA DE DERECHO TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE: MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA TEMA: LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO AUTOR: AB. MENDOZA MEDRANDA NÉSTOR ELVIS ESP. TUTOR: AB. HERRÁEZ QUEZADA RAÚL, MSc. QUEVEDO-ECUADOR 2016
Transcript of UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES...
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO
ACADÉMICO DE: MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y
CRIMINOLOGÍA
TEMA:
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO
AUTOR:
AB. MENDOZA MEDRANDA NÉSTOR ELVIS ESP.
TUTOR:
AB. HERRÁEZ QUEZADA RAÚL, MSc.
QUEVEDO-ECUADOR
2016
II
III
IV
DEDICATORIA
La Familia es el mejor regocijo que pueda tener el ser humano.
Los hijos el mejor regalo de Dios.
Los Padres, los delegados del cielo en la tierra.
Quiero dedicar este trabajo de investigación,
a los seres más maravillosos que he conocido en la tierra,
a mis padres: Dídimo Fernando Mendoza (+),
mi madre Fresia Medranda Gutiérrez abnegada mujer,
virtuosa como lo dice Dios, la misma que cumplió con el mandato divino;
mi hija Yshaí que es el milagro de vida dado por el altísimo,
quien me ha inspirado para ser mejor padre y vivir para verla triunfar,
a mi esposa Verónica Reyes quien
ha sido mi sustento y fortaleza
Ab. Néstor Elvis Mendoza Medranda
V
AGRADECIMIENTO
A mis catedráticos y maestros,
gracias a sus sabias enseñanzas.
A la Universidad UNIANDES,
templo de sabiduría,
A mi Tutor por su apoyo profesional y
sus sabios consejos para la culminación en este proyecto.
Con mucho aprecio…
Ab. Néstor Elvis Mendoza Medranda
VI
ÍNDICE GENERAL
Temas Págs.
Certificación del tutor II
Declaración de autoría III
Dedicatoria IV
Agradecimiento V
Índice general VI
Resumen ejecutivo VIII
Introducción 10
INTRODUCCIÓN:
Antecedentes de la investigación 11
Planteamiento del problema 13
Formulación del problema 16
Delimitación del problema 16
Objeto de investigación y campo de acción 17
Identificación de la línea de investigación 17
Objetivos 17
Idea a defender 18
Justificación del tema 18
Breve explicación de la metodología investigativa a emplear 19
Resumen de la estructura de la tesis 21
Elementos de novedad, aporte teórico y significación práctica 24
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO:
Antecedentes investigativos 25
Origen y evolución del objeto de investigación 25
Análisis de las distintas posiciones teóricas 28
Derechos humanos 28
La tutela judicial efectiva 37
El debido proceso 45
Garantías constitucionales del debido proceso 61
VII
Principios constitucionales 66
Neo constitucionalismo 71
Valoración crítica de los conceptos principales 74
Conclusiones parciales del capítulo I 75
CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO Y
PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA:
Caracterización del sector 77
Población y muestra 78
Descripción del procedimiento metodológico 78
Interpretación de resultados 84
Propuesta del investigador 94
Conclusiones parciales del capítulo 108
CAPÍTULO III. VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN
DE LOS RESULTADOS DE SU APLICACIÓN:
Procedimiento de aplicación de los resultados 110
Análisis de los resultados finales de la investigación 111
Conclusiones parciales del capítulo 112
Conclusiones generales 113
Recomendaciones 113
VIII
RESUMEN EJECUTIVO
La Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso en Ecuador, surge toda vez que,
constantemente hemos venido observando la indebida aplicación de las garantías
básicas del debido proceso en materia penal, que han vulnerado los Derechos
Humanos, tanto del imputado o procesado antes o durante la preclusión de las
Etapas Procesales, tienen el derecho de exigir al Estado la repetición, del cual
fueron víctimas, que en su defecto violaron sus derechos restringiendo cada uno
de los principios consagrados en la Constitución; como norma jerárquica frente a
las leyes, que fueron inobservadas y que puede repeler a los órganos encargados
de la administración de justicia.
He aquí que la presente investigación es de gran importancia porque es un
camino a la búsqueda de soluciones en cuanto a la aplicación de estas garantías
para una defensa ágil y oportuna de los derechos de las personas y que la
Administración de Justicia debe garantizar sus Derechos de Tutela Judicial
Efectiva y un Debido Proceso consagrados en la Constitución de la República del
Ecuador.
La metodología aplicada en esta investigación es la de aplicación práctica,
bibliográfica, descriptiva, explicativa proyecto factible, y los métodos deductivo e
inductivo, cuya línea de investigación es la Administración de justicia.
En esta investigación se busca alcanzar resultados que favorecen el derecho de
toda persona a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante
los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales constituyendo uno de los pilares básicos propios de un
Estado de Derecho.
IX
EXECUTIVE SUMMARY
Effective Judicial protection and due process in Ecuador, every time that we have
constantly been observed the undue application of basic guarantees of due
process in criminal matters, which have violated human rights, both of the accused
arises or processed before or during the preclusion of the procedural stages, have
the right to require the State the repetition, which were that failing they violated
their rights by restricting each of the principles enshrined in the Constitution; as a
hierarchical rule against the laws, which were unobserved, and can repel the
bodies responsible for the administration of Justice.
Behold, this research is of great importance because it is a way to finding solutions
regarding the implementation of these guarantees for an agile and timely defence
of the rights of the people and the administration of justice must ensure effective
Judicial protection and due process rights enshrined in the Constitution of the
Republic of Ecuador.
The methodology applied in this study is the application practice, bibliographic,
descriptive, explanatory feasible project, and the deductive and inductive, methods
whose research line is the administration of Justice.
This research seeks to achieve results that favor the right of every person to a
simple, fast resource or any other effective remedy before judges or competent
tribunals that it protects it against acts that violate their fundamental rights
constituting one of the basic pillars of a rule of law.
10
INTRODUCCIÓN
En la Introducción, se enfoca el problema materia de la presente investigación
como es la vulneración de los Derechos Humanos, causando inseguridad jurídica,
restándole credibilidad a la administración de justicia incumpliéndose con el
Estado constitucional de derechos y justicia, en la que se plantea el problema, se
describe el campo de acción y el objeto de estudio, la línea de investigación,
luego se trata el objetivo general en el que consta nuestra posible propuesta de
solución al problema, los objetivos específicos que coloran el marco de la tesis,
juntamente con la idea a defender, se explica brevemente la metodología y un
resumen de la estructura de la tesis, para concluir con los elementos de novedad,
el aporte teórico y la significación práctica..
En el Capítulo I., se desarrolla el marco teórico con el origen y evolución sobre el
tema: Los Derechos Humanos, la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso en
la ciudad de Guayaquil, con definiciones sobre los derechos humanos, la tutela
judicial efectiva, el debido proceso y sus garantías, así como también principios
constitucionales enmarcados en nuestra norma suprema, concluyendo con las
conclusiones parciales del capítulo.
En el Capítulo II., Se desarrolla el marco metodológico realizado con métodos,
técnicas e instrumentos, los cuales a través de la técnica de cuestionarios se los
formuló a los abogados en el libre ejercicio profesional de la ciudad de Guayaquil,
operadores de justicia y usuarios, conduciéndonos a un resultado veraz
concluyendo con conclusiones parciales del capítulo y
En el Capítulo III: Interpretamos los resultados de la investigación validándolos y
evaluándolos sobre los resultados de la encuesta mostrando que el procedimiento
y análisis de la propuesta realizada es válida por cuanto el Estado y la
administración de justicia debe sensibilizarse para que se cumpla con un Estado
constitucional de derechos y justicia, concluyendo con las conclusiones parciales
del capítulo.
11
INTRODUCCIÓN
Antecedentes de la Investigación
La tutela judicial efectiva y el debido proceso tienen su origen en la vigencia de los
derechos que se refieren al tipo de sujeto, individual o colectivo, el ciudadano
miembro de un estado, persona natural o jurídica, una nación, una sociedad civil,
un colectivo, un pueblo, los trabajadores, los miembros de las organizaciones,
instituciones públicas o privadas, civiles o eclesiásticas, hombres, mujeres, niños,
grupos vulnerables, especies animales, la naturaleza.
A partir del enunciado anterior, en ellos se puede distinguir distintas categorías de
derechos, tales como: los derechos subjetivos, los derechos personales y
personalísimos, los derechos individuales, los derechos fundamentales o
derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los
derechos de los trabajadores, los denominados derechos de los animales, de la
naturaleza entre otros.
Si nos referimos a derechos, pues en el se encuentran los respectivos elementos
esenciales o elementales que hacen posible su vigencia:
Sujeto activo.- Es aquella persona o simplemente titular del derecho
Sujeto pasivo.- Es aquella persona que tiene que cumplir con la obligación
a favor del sujeto activo.
Objeto.- Llamada también prestación o causa, de ello se desprende que
siempre el sujeto pasivo tiene que cumplir con el sujeto activo una causa
lícita, el derecho prohíbe que se reclamen causas ilícitas.
Garantía.- La coacción o represión que garantiza el cumplimiento de la
obligación o prestación
La tutela judicial efectiva y el debido proceso son derechos que fue evolucionando
desde la antigüedad, por eso es necesario puntualizar que en la antigua Grecia no
existía una noción de derechos del individuo, al menos en el sentido moderno,
pues los conceptos de derechos y libertades se diluían en la polis y sólo eran de
algunos, como los ciudadanos, en la antigua Roma sucedió algo similar, pues su
12
organización se basaba en la distinción entre potestad pública y la potestad del
pater familias, de modo tal que los individuos sólo tenían los derechos que les
correspondían de acuerdo a su ubicación en un esquema típico del sistema
esclavista, con el apoyo del estado, unos mandan otros obedecen, unos trabajan,
otros disfrutan del trabajo ajeno.
En el feudalismo y los primeros tiempos del Estado moderno en donde se vive una
desigualdad total, que fue institucionalizada, así los derechos de los individuos
dependían de su posición y que vale citar las castas, los estamentos y las clases
sociales ponían a cada uno en un andarivel, así el estado, la iglesia, el gobierno
alcanzaron la categoría de élites, este sistema obligó a que se pensara en el
Estado de derechos, el maquinismo y el capitalismo aportaron con su
comportamiento explotador, para que fluyan las ideas socialistas, en reclamo de
los derechos de los trabajadores que eran explotados por la burguesía.
La revolución francesa, inspirados por los principales protagonistas Danton, Marat
y Robespierre, que sigue con la asamblea nacional, la toma de la bastilla y
concluye con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
inspirados en tres principios: “Liberté, Égalité, Fraternité" Libertad, Igualdad y
Fraternidad
Por otro lado Karl Marx y su socialismo científico que siguió al socialismo utópico
de Sain-Simon, Robert Owen, Joseph Proudhon y Charles Fourier, formado por el
materialismo histórico de su propia autoría en el que incluye las leyes de la
dialéctica de Friedrich Hegel y el materialismo dialéctico de Friedrich Engels, que
a través del Manifiesto Comunista “Proletarios del mundo uníos”, que dio origen a
la Primera Internacional obrera, luego la Segunda Internacional Socialista, la
Tercera Internacional Socialista Comunista y la Cuarta Internacional Comunista,
convocada por Lev Davidovich Bronstein, en español León Trotsky.
Entrado en el siglo XXI se cree que el neo constitucionalismo ha terminado con los
privilegios del pasado, de ese antiguo régimen y dar paso a los verdaderos
derechos universales expresados en el estado constitucional de derechos y
13
justicia y que están muy lejos de cumplirse, porque el Estado se encuentra
construyendo un poder totalitario y déspota, tal como lo hizo en el pasado,
hechando al traste los tan anhelados derechos humanos que han costado muchas
vidas a lo largo de la historia.
Planteamiento del problema
La Tutela Judicial Efectiva para analizar este derecho, es necesario remitirse
nuevamente al texto del artículo 167 de la Constitución de la República del
Ecuador en vigencia, pues si la potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por los órganos de la Función Judicial, son éstos los que en estricto
apego a la ley deben velar por la igualdad de oportunidades de los sujetos
procesales, entendiéndose por tanto que tal garantía no es solo para aquel que
presenta la denuncia de un acto prohibido por la ley
El sujeto activo, el imputado o acusado, tienen el derecho a la efectividad de la
tutela jurídica, que radica en que los órganos jurisdiccionales brinden garantías a
las partes, a través de acciones oportunas e imparciales, con la práctica y
cumplimiento de lo que en estricto derecho les corresponde.
El Proceso Penal formal seguido contra una persona bajo el amparo de las
garantías que establece tanto la constitución como las Leyes vigentes, dentro de
un plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas
por las Leyes procesales, reconociendo al imputado su condición humana y sus
derechos inherentes, se constituye en el conjunto de disposiciones materiales de
la aplicación de la justicia integradas en garantía fundamentales, sistematizadas
para la adecuada prestación o impartición de justicia exigida por la constitución y
cuya finalidad es permitir a los justiciables la tutela jurisdiccional efectiva y el
acceso a un Proceso Penal justo, equitativo, veraz, imparcial y definitivo
Las garantías del debido proceso tienen por objeto la protección de los derechos
humanos del imputado o acusado en el curso del proceso penal, de tal manera
que al intervenir este como sujeto procesal está investido de todos los derechos
que le reconoce la constitución.
14
Entonces el debido proceso determina que la persona acusada o imputada de un
delito no sea denigrada ni se le obstruyan sus derechos humanos mientras curse
el proceso penal.
Por la observancia del derecho al debido proceso se hace efectivo el derecho a la
seguridad jurídica del imputado o acusado mientras se tramita el proceso penal,
porque se impide toda forma de abuso de la Policía Judicial, del Fiscal, del Juez o
del Tribunal Penal.
Las garantías del debido proceso son todas aquellas que constan en los
convenios internacionales, las leyes de la república y la jurisprudencia, de
conformidad con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.
En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el conjunto de
"condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de
aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".
El Debido Proceso: “juicio justo”, implica publicidad en el Juzgamiento; notificación
de la acusación formulada; principio de oralidad; derecho al juez natural; igualdad
efectiva de las partes; oportunidad probatoria (ofrecimiento y actuación de
pruebas); providencias precautorias (derecho a solicitar medidas cautelares antes
o durante el proceso); fundamentación y motivación de resoluciones judiciales;
control constitucional del proceso; derecho a la tutela jurisdiccional efectiva;
derecho a la defensa (derecho del denunciante o enunciado a contar con un
abogado); observancia de la formalidad procesal; ausencia de dilaciones
indebidas (Justicia que tarde no es Justicia); presunción de inocencia; pluralidad
de instancias; prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo.
El debido proceso debe estar integrado por reglas de juego claras para que el
proceso y el juicio sean limpios. El debido proceso debe ser la aplicación del
derecho que posibilita que los procedimientos sean justos y equitativos; que
estén dirigidos a la protección integral de los derechos humanos, su vulneración
implica denegación misma de la justicia.
15
Los principios procesales que integra el debido proceso son reales factores de
cambio frente a unos institutos anacrónicos que han manipulado tradicionalmente
los procedimentalismos. Estos principios del debido proceso son pautas claras
para recuperar la dimensión de totalidad del ordenamiento jurídico procesal y
alejarlo de posiciones dogmáticas que le impidan el acceso adecuado a la
administración de justicia, que no se está cumpliendo
La indebida aplicación de las normas en la Constitución de la República del
Ecuador en materia penal, y la vulneración de los derechos humanos, causa
inseguridad jurídica en los procedimientos penales, siendo la Constitución y la
demás leyes de la República, inobservadas y violentadas por los órganos
jurisdiccionales encargados de la administración de justicia, que son los
responsables del cumplimiento y respecto de la tutela y garantías jurídicas a que
tienen derecho todas las personas que son sometidas a investigación para iniciar
un proceso judicial;
La continua violación de las normas constitucionales, que garantizan y protegen
los derechos de todas las personas, así como el respeto a los Derechos Humanos
que la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales consagran,
produciendo un quebrantamiento al ordenamiento jurídico y al Estado
Constitucional de Derechos y Justicia.
Para mejor explicación del problema se utiliza una herramienta práctica como es
el árbol de problemas, que a continuación se explica la relación causa-problema-
efectos:
La inadecuada legislación en relación al problema, ¿Existe una adecuada
instrucción para los organismos encargados de la administración de justicia, para
que se respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al
Estado Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto la violación de
los derechos.
16
El desconocimiento del legislador, en relación al problema, ¿Existe una adecuada
instrucción para los organismos encargados de la administración de justicia, para
que se respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al
Estado Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto normas vacías.
La inexperiencia de los operadores de justicia en relación al problema, ¿Existe
una adecuada instrucción para los organismos encargados de la administración
de justicia, para que se respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva
y el debido proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador,
respecto al Estado Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto que
se vulnera el principio de imparcialidad.
La injerencia estatal en relación al problema, ¿Existe una adecuada instrucción
para los organismos encargados de la administración de justicia, para que se
respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al Estado
Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto injusticia.
Formulación del problema
¿Existe una adecuada instrucción a los organismos encargados de la
administración de justicia, para que se respeten los derechos humanos
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador?
Delimitación del problema
Para tener una clara precisión de la magnitud del problema objeto de la
investigación, se lo enmarca en la legislación penal, dentro de ella se toman en
cuenta los principios y derechos constitucionales, aplicables al ejercicio de la
aplicación de la ley penal, destacando el interés del Estado en aplicar los
preceptos constitucionales y derechos humanos contemplados en la Constitución
de la República del Ecuador y los convenios y Tratados internacionales, como
claramente lo señala el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 3 de la
exposición de motivos.
17
Objeto de investigación y campo de acción
Objeto de investigación: Legislación Penal
Campo de acción: Principios y derechos constitucionales
Lugar: Juzgados y Tribunales Penales del cantón
Guayaquil
Tiempo: Año 2015
Identificación de la línea de investigación
Administración de Justicia
Objetivos:
Objetivo general
Elaborar un análisis jurídico crítico con respecto a la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, para
una efectiva administración de justicia.
Objetivos específicos
1. Fundamentar jurídica y doctrinariamente, la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, mediante la consulta a los diferentes autores nacionales y
extranjeros que tienen relación con el tema de investigación.
2. Diagnosticar las causas para la no aplicación de la tutela judicial efectiva,
por parte de los encargados de la administración de justicia.
3. Diseñar los componentes del el análisis jurídico crítico sobre la tutela
judicial efectiva y el debido proceso.
4. Validar la propuesta por la vía de los especialistas.
Idea a defender
Aplicando el análisis jurídico crítico con respecto a la tutela judicial efectiva y el
18
debido proceso, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, se
obtendrá una mejor y efectiva administración de justicia.
Justificación del tema:
La no aplicación de las disposiciones del artículo 75 de la Constitución de la
República del Ecuador, la tutela efectiva, imparcial y expedita con sujeción a los
principios de celeridad dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico de la
Función Judicial, inmediación constante en el numeral 17 del artículo 5 del Código
Orgánico de la Función Judicial.
A ello se suman los principios propios de la administración de justicia constantes
en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador como: la
independencia, autonomía administrativa, económica y financiera, la unidad
jurisdiccional, la gratuidad del servicio, la publicidad en concordancia con el
principio del numeral 16 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal con el
artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial y la oralidad constante
además en el numeral 11 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, de
acuerdo con los principios de: concentración dispuesto en el numeral 13 del
artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, contradicción y dispositivo.
En el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenio
internacional reconocido por el país, no se observan que tenga aplicación directa
dentro de nuestro territorio.
El debido proceso integra las reglas de juego para que el proceso y el juicio sean
limpios. Los diversos procesos jurisdiccionales y procedimientos afines dirigidos a
proteger o asegurar efectividad de los derechos, debe incorporarse con énfasis la
proclama humanista sobre los valores en el contexto del derecho, y en especial
en el del derecho procesal penal.
Los principios procesales que integra el debido proceso son reales factores de
cambio frente a unos institutos anacrónicos que han manipulado tradicionalmente
los procedimentalismos. Estos principios del debido proceso son pautas claras
19
para recuperar la dimensión de totalidad del ordenamiento jurídico procesal y
alejarlo de posiciones dogmáticas que le impidan el acceso adecuado a la
administración de justicia.
El Estado y la sociedad en general se beneficia a través del presente instructivo
de análisis crítico que a través de doctrina, jurisprudencia, se evidencia que
existen parámetros para garantizar estos principios pero que muchas veces son
inobservados, por lo que el Ecuador debe crear un mecanismo oficial de difusión
de las normas constitucionales sobre derechos humanos, tutela judicial efectiva y
debido proceso, y su aplicación en materia penal, con una correcta instrucción
para los órganos encargados de la administración de justicia, para evitar la
violación de los mencionados derechos consagrados en la Constitución.
Por lo manifestado se justifica la necesidad de realizar un análisis jurídico crítico
respecto a la tutela judicial efectiva y el debido proceso para una mejor
administración de justicia, en donde se notará la exageración de la legislación
penal, el desconocimiento de la realidad ecuatoriana y el incumplimiento de las
normas internacionales, como son la Declaración universal de los derechos
humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los derechos
del niño y la Convención de Belem do para
Breve explicación de la metodología investigativa a emplear.
Modalidad:
La presente investigación se circunscribe en la modalidad cuali-cuantitativa:
Cualitativa
Cuantitativa
Tipos de Investigación:
Por su diseño:
Teoría fundamentada
20
Investigación – acción
Por su alcance:
Exploratoria
Descriptiva
Explicativa
Métodos, técnicas e instrumentos
Métodos
Métodos empíricos
La observación científica
La mediación
El experimento
Análisis documental
Recolección de información
- La entrevista
- La encuesta
- El cuestionario
- Validación por la vía de especialistas.
Métodos Teóricos
Histórico – Lógico
Analítico – Sintético
Inductivo – Deductivo
Hipotético – Deductivo
Modelación
Enfoque sistémico
21
Métodos Matemáticos:
La Matemática
La Estadística
Otros métodos
Técnicas
La Entrevista
La Encuesta
El Fichaje
Instrumentos
Guías de la entrevista
Formularios de la encuesta
Fichas bibliográficas
Fichas nemotécnicas.
Población y muestra.
POBLACIÓN NO.
Operadores de justicia de la ciudad de Guayaquil 10
Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de
Guayaquil
30
Usuarios del sistema judicial 50
TOTAL 90
Resumen de la estructura de la tesis:
En la Introducción, constan los antecedentes del cual se desprenden los
derechos principios necesarios para el cumplimiento con el debido proceso, al
plantear el problema se le hace de tal forma que se demuestra cómo no se
cumple con la verdadera tutela efectiva y el debido proceso, expresado con
22
claridad el problema en la ciudad de Guayaquil, se plantea un objetivo de análisis
jurídico crítico, concomitante se plantean los objetivos específicos y la idea a
defender, la correspondiente justificación, la metodología investigativa, un breve
resumen de la tesis y los elementos de novedad, aporte teórico y aplicación
práctica que cierran el capítulo.
En el Capítulo I., se destaca el origen y evolución del objeto de investigación, la
parte más importante es el análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el
objeto de investigación, para tener la certeza de un buen marco teórico se le
aplica una valoración crítica de los principales conceptos, se exponen algunas
conclusiones del capítulo
En el Capítulo II., se caracteriza el sector con su respectiva población, se
enuncia y se aplica la metodología investigativa a emplear y la interpretación de
resultados , parte medular del capítulo es la presentación de la propuesta del
investigador y se exponen algunas conclusiones del capítulo.
En el Capítulo III., se enuncian los procedimientos para la aplicación de los
resultados, un análisis sobre la validación, aplicación y evaluación de los
resultados, cierran el capítulo las conclusiones parciales.
Elementos de novedad, aporte teórico y significación práctica.
Elementos de novedad
Constituye elemento de novedad la preocupación del investigador que en la
administración de justicia no se está aplicando lo dispuesto en el artículo 75 de la
Constitución de la República del Ecuador, que es la tutela efectiva, imparcial y
expedita , atento a los principios de inmediación y celeridad, de tal manera que
nadie quede en indefensión.
Más relevancia adquiere la novedad científica, al sustentar el problema con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se eleva al hombre
como máximo protagonista del avance social, destruye los anhelos burgueses
23
explotadores y le da relevancia al pensamiento sociológico expresado en las
ideas socialistas que desembocan en el socialismo científico, buscando el hombre
como ser social un equilibrio entre el Estado y la sociedad, que desde su creación
se ha vuelto enemigo del hombre y siempre existirán pensadores, filosofía,
buscando la reivindicación ante el poder estatal, mientras no se respeten sus
derechos y garantías, se cumplan con los principios universales Libertad,
Igualdad y Fraternidad, expresados en la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano al término de la Revolución Francesa, y que el
hombre no descansará hasta no ver cumplidos sus anhelos.
Aporte Teórico
La investigación permitirá clasificar la información que se obtenga a través de la
normativa jurídica, la jurisprudencia y la doctrina, en miras de cumplir con el
objetivo general y los objetivos específicos, el aporte teórico permitirá visualizar la
importancia del análisis jurídico crítico en el que constan connotados juristas
estudiosos del derecho, especialmente la corriente neo constitucional que ha
dado como primogénito el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que a la
hora de su aplicación no deja de ser una utopía, el hombre desde la revolución
neolítica dejó el nomadismo y se volvió sedentario, dejando atrás el primitivismo
sin pensar que sería su más grande martirio el esclavismo, en donde con la
división de clases n medio surge el Estado y el derecho, contra quien se lucha
hasta la actualidad, hasta llegar al equilibrio de las fuerzas.
El análisis de ese desequilibrio de fuerzas ha dado lustre el pensamiento de
Tomás Hobbes, “El hombre es lobo del hombre” o como quien sentencia “Esto es
una guerra de todos contra todos” (Tomás Hobbes)
El trabajo de filósofos, sociólogos, historiadores, economistas, psicólogos, todos
basan su estudio en el ser humano y sobre él todos creen ser los salvadores,
hasta llegar al pro hómine o pro persona, corriente que trata de regular los
derechos humanos, que no se trata de una institución muerta que sea elevada
simbólicamente y en la praxis sea una utopía.
24
Significación Práctica
En la praxis el presente tema de investigación tiene mucha relevancia, porque el
análisis jurídico crítico nos permite confrontar los dogmas y la realidad, vista
desde diferentes ámbitos, porque una corriente capitalista no piensa igual que la
socialista, o que a la postre ambas tienden a sucumbir en su ambición por
permanecer en el poder, sin importar a cualquier costo, para eso se han prestado
los seudo dirigentes o a los que la sociedad inculta e ignorante los llamó o ellos
mismo se llamaron líderes.
Es indispensable buscar solución a la situación problémica, para evitar vulnerar
los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en la
administración de justicia, son importantes para que tenga vida plena el artículo 1
de la Constitución de la República del Ecuador, que señala que “El Ecuador es un
Estado Constitucional de Derechos y Justicia”.
Los administradores de justicia desconocen totalmente lo preceptuado en el
artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, referente al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita y el debido proceso
del artículo 76 de la Carta Magna, en donde se detallan las principales garantías
básicas
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 hace constar los principios
procesales del derecho penal, destacando el derecho de todo ser humano al
debido proceso, contemplados en la Constitución de la República del Ecuador y
los instrumentos internacionales de derechos humanos declarados por el
Ecuador, constantes en el artículo 425, orden jerárquico de las leyes.
25
CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
Antecedentes investigativos Una vez realizada una exhaustiva búsqueda en las diferentes bibliotecas de la
ciudad de Ambato y el CEDIC de UNIANDES, se puede afirmar que no existen
trabajos e investigaciones similares sobre el tema: “Los derechos humanos, la
tutela judicial efectiva y el debido proceso, por lo que es viable que se desarrolle
el tema que se está proponiendo, que consistirá en una herramienta útil para que
las personas encargadas de la administración de justicia, puedan cumplir con sus
objetivos y la sociedad sea la única beneficiada.
El término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor
dificultad en su definición. Sea porque puede ser observado desde una vertiente
estrictamente procesal; bien como un derecho de naturaleza compleja que se
desarrolla, a su vez, en varias vertientes tal como lo ha señalado por ejemplo
el Tribunal Constitucional español, o porque se lo considere como un derecho
fundamental y por consiguiente, con su propia jerarquía, lo que impone una
consideración distinta de la mera óptica de componente del debido proceso.
1.1. Origen y evolución del objeto de transformación
Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva
la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones
y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo
tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su organización debe prever
mecanismos que sean adecuados y otorgar al tutela que las personas requieren
para solucionar sus controversias.
Este derecho a la jurisdicción, que constituye un auténtico derecho subjetivo de
los ciudadanos, impone que el poder público se organice “de tal modo que los
imperativos de la justicia queden mínimamente garantizados”. La organización de
la administración de justicia juega entonces un rol decisivo en la estabilidad social
del Estado y su sistema político.
26
El derecho a la jurisdicción, afirman (Gimeno Sendra y Garberi Llobregat), no es
más que el derecho a la acción constitucionalizado. Esa importancia, de antigua
raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del derecho de
acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a comprender que
hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la existencia
ficción del derecho material controvertido.
De esta manera, toda persona, cumpliendo con los requisitos que el ordenamiento
jurídico prescribe, puede requerir del Estado la prestación del servicio público
administración de justicia; la intervención estatal que tiene su cauce a través de
un proceso, el cual debe reunir unas condiciones mínimas que aseguren a las
partes la defensa adecuada de sus derechos. La fórmula “juzgar y hacer ejecutar
lo juzgado”, como expresión de la potestad jurisdiccional, no es más que la
aplicación del derecho, por jueces y tribunales, con el propósito de dirimir
conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o constituido.
En consecuencia, el derecho a la acción tiene un carácter de permanencia y por
ende subjetivo y autónomo, en cuanto no se “ejerce” hasta que su titular requiera
proteger judicialmente un derecho que considera le ha sido vulnerado, lo cual,
desde luego, no significa que se supedite a la existencia del derecho material. Por
ello también puede decirse que hay una relación de acción reacción entre la
“pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y a la pretensión material
que se deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo del derecho
de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un pronunciamiento (o
momento “estático - constitucional” del derecho a la tutela judicial) sino, de
concretizar, dinamizar ese derecho mediante la pretensión procesal.
La concepción abstracta del derecho se complementa, pues, con la de pretensión
procesal, y el deber prestacional del Estado se manifiesta en su plenitud cuando
el proceso concluye con una resolución, que para ser tal debe cumplir con ciertas
características. Se observa entonces la conjunción entre la acción, al jurisdicción
y el proceso, elementos que constituyen, como gráficamente lo señala Véscovi, la
“trilogía estructural” del derecho procesal.
27
Más allá de la dificultad que ha supuesto la elaboración de una doctrina unitaria
sobre el derecho a la acción, puede afirmarse que su derivación inmediata es el
derecho a la tutela judicial efectiva, como finalidad propia del ejercicio de la
función jurisdiccional, y derecho con una configuración y características propias.
Además, hoy es posible sostener que la constitucionalización del derecho de
acción es el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido ya como el derecho a
la jurisdicción, alivia bastante la carga para quien intente definir un término tan
complejo como éste y sus aplicaciones. De esa nota, asignada como se dijo por
(Gimeno Sendra y Garberí Llobregat), se desprenden a su vez y sin dificultad
otras tres que pueden identificarse como principales:
1) el derecho de acción tiene un carácter marcadamente público, en cuanto
se solicita del Estado (y más concretamente de los órganos
jurisdiccionales, titulares de la potestad) una protección o tutela que ha de
manifestarse en una respuesta sustentada en derecho sobre el fondo de la
controversia;
2) no se identifica, por tanto, con el derecho subjetivo en discusión, el cual
puede existir o no, lo cual será decidido por el órgano jurisdiccional; y,
3) su “desarrollo” se sustenta en un debido proceso, condición indispensable
para que esta tutela jurisdiccional sea adecuada.
El derecho a la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al órgano
jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue una respuesta fundada en
derecho a una pretensión determinada que se dirige a través de una demanda,
sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión. Queda
claro, en consecuencia, que es un derecho de carácter autónomo, independiente,
del derecho sustancial, que se manifiesta en la facultad de una persona para
requerir del Estado la prestación del servicio de administración de justicia, y
obtener una sentencia, independientemente de que goce o no de derecho
material.
28
1.2. Análisis de las distintas posiciones teóricas sobre el objeto de
investigación
1.2.1. Derechos Humanos
El hombre desde su sedentarización, dejando atrás su estado primitivo ha sido
protagonista de las más grandes gestas por reclamar sus derechos, la civilización
le dio poco a poco las herramientas para desarrollarse , física, intelectual, moral,
económica, cívica, todas en afán de que se respetan los derechos, le permitan su
desarrollo como persona.
1.2.1.1. Concepto
Los derechos humanos son garantías esenciales para que podamos vivir como
seres humanos. Sin ellos no podemos cultivar ni ejercer plenamente nuestras
cualidades, nuestra inteligencia, talento y espiritualidad.
1.2.1.2. Declaración
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la piedra angular en la
historia de estos derechos. Fue redactada por representantes de procedencias
legales y culturales de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948, en
París, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse. Mediante esta Declaración, los Estados se comprometieron a
asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres
y mujeres, de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria.
Establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
que tienen derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona, a la libertad
de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a la igualdad ante la ley.
También a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio y
fundar una familia así como a un trabajo y a un salario igualitario.
Desde su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha
traducido a más de 360 idiomas (es el documento más traducido del mundo) y ha
29
sido fuente de inspiración para las constituciones de muchos Estados que se han
independizado recientemente y para muchas democracias nuevas.
Aunque no forma parte del derecho internacional vinculante (es decir, de
aplicación obligatoria), gracias a su aceptación por países de todo el mundo ha
adquirido un gran peso moral.
Las Naciones Unidas también han aprobado muchos tratados que obligan
jurídicamente a los Estados a garantizar los derechos fundamentales de sus
ciudadanos. Los más importantes son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos (sobre el procedimiento de quejas
individuales y la pena de muerte) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo .
La Declaración, junto con esos dos Pactos y sus Protocolos, constituyen la Carta
Internacional de Derechos Humanos.
1.2.1.3. Definiciones
Dentro de las diferentes definiciones que se le da al término que nos ocupa,
encontramos el de Ángelo Papacchini, en su libro La Filosofía y Derechos
Humanos de 1945 define a los Derechos Humanos como reivindicaciones de
unos bienes primarios considerados de vital importancia para todo ser humano,
que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y dignidad
humanas. Agrega, estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al
Estado, y están legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el
reconocimiento de la Comunidad Internacional. (Papacchini, 1945)
Para Héctor Morales Gil de la Torre en su obra «Introducción: notas sobre la
transición en México y los derechos humanos», Derechos humanos: dignidad y
conflicto.
Los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear
una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos
30
ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros. (Arias, 2010)
Jesús Antonio de la Torre Rangel en su libro- El Derecho como arma de liberación
en América Latina manifiesta que según la concepción iusnaturalista tradicional,
los derechos humanos son además a temporales e independientes de los
contextos sociales e históricos. (De la Torre, 1984)
Antonio Enrique Pérez Luño manifiesta que los derechos humanos, herederos
de la noción de derechos naturales, son una idea de gran fuerza moral y con un
respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de
numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos, además, la
doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma
una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico
contemporáneo. (Pérez, 2004)
Miembros de la escuela de salamanca definieron el derecho como un poder moral
sobre lo propio. John Locke los derechos naturales, no dependían de la
ciudadanía ni las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un
grupo étnico, cultural o religioso en particular. La teoría del contrato social, de
acuerdo con sus tres principales formuladores, Locke, Thomas Hobbes y Jean-
Jacques Rousseau, se basa en que los derechos del individuo son naturales y
que, en el estado de naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los
derechos.
Juan Antonio Carrillo Salcedo indica que tras la Segunda Guerra Mundial, los
derechos humanos podían considerarse un principio constitucional del Derecho
internacional contemporáneo.
Ésta definición y punto de vista la respalda Pedro Nikken en su ensayo titulado El
Concepto de Derechos Humanos, al afirmar que históricamente la noción de los
Derechos Humanos responde a la afirmación de la dignidad humana ante el
Estado, y que no se puede ejercer el poder público en detrimento de la misma.
(Nikken, 1994) Y continúa diciendo que el Estado es el responsable de que los
31
Derechos inherentes a las personas se cumplan a cabalidad, dando el
reconocimiento, por lo tanto, de un sistema normativo que es lo que Ángelo
Papannichi afirma, que no es más que ir en primera instancia al reclamo de sus
Derechos al Estado en que pertenecen y desarrollan su vida, el Estado.
Desde el punto de vista iusnaturalista racionalista encontramos la definición de
Antonio Truyol y Serra que afirma que decir que hay Derechos Humanos en el
contexto histórico-espiritual, que es el nuestro, equivale a afirmar que existen
derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su
propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de
nacer de una concesión política, han de ser por ésta consagrados y
garantizados.(Serra, 1991).
Es iusnaturalista porque el Derecho radica en la concepción del hombre, el
hombre es el centro de la formulación del Derecho, el Derecho es para el hombre
no el hombre para el Derecho, y es racionalista porque tiene filosofía de los
racionalistas del Siglo XVII. (Sagastume, 1991)
Hallamos otra definición el libro de Sagastume, una de Gregorio Peces-Barba,
que afirma que los Derechos Humanos son una facultad que la norma atribuye de
protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su
participación política y social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a
su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres,
exigiendo el respeto de los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado,
y con posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en caso de
infracción. (Peces-Barba, 1991)
Vemos una vez más la necesidad de una organización humana superior que
respalde el cumplimiento de los Derechos Humanos que tiene cada ser humano
por el simple hecho de nacer como ser humano, valga la redundancia, que
además de tener la visión iusnaturalista cuenta con la visión positivista, al afirmar
que son una facultad que la norma atribuye al ser humano, es decir, que tiene que
32
estar estipulada en algún instrumento nacional o internacional para hacer valer el
Derecho.
Además encontramos otras definiciones de derechos Humanos, dependiendo de
la religión, de la época, del lugar, de la filosofía que use, lo antropológico, entre
otros elementos. Por ejemplo, Héctor Faúndez define los Derechos Humanos
como prerrogativas, que conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo
frente a los órganos del Poder, para preservar su dignidad como ser humano, y
cuya función es excluir la interferencia del Estado es áreas específicas de la vida
individual, o asegurar la prestación de ciertos servicios por parte del Estado para
satisfacer sus necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales
que cada ser humano puede formular a la sociedad a la que forma parte.
(Faúndez, 2008)
Vemos que son definiciones diferentes pero se centran en la actividad del Estado
como responsable de proteger, y en esta última, de proporcionarle a los seres
humanos lo que sea necesario para alzar la calidad de la vida humana, y evitar
que el desarrollo del Estado vaya en detrimento de la dignidad humana. Explícita
o implícitamente, las definiciones que hemos expuesto tratan de que la dignidad
humana no se vea deteriorada por el acciones del Estado, las normas entonces
no van a ser válidas cuando vayan en contra de la dignidad humana.
Pero, ¿qué es la dignidad humana? Según el diccionario de la Real Academia
Española, dignidad es excelencia, realce. Entonces, ¿qué es la dignidad humana?
Según esta definición es la excelencia que la vida humana, en teoría, debe
llevarse, con la aplicación de todos los derechos constituidos en la Declaración de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que nadie viva en pobreza por lo
tanto que nadie sufra necesidades porque el Estado es ineficiente para mantener
a toda su población en una situación digna de un ser humano.
Ya lo decía Rousseau con sus ideas del Pacto Social, delegar el poder que cada
ciudadano tiene y parte de su libertad a un ente superior que cubra las
necesidades básicas de los habitantes de un lugar. No se puede desligar los
33
Derechos Humanos del accionar del Estado, ya lo dice en el preámbulo de la
Declaración de los Derechos Humanos Considerando esencial que los derechos
humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no
se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.
(Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1948)
El Estado debe ser el ente que garantiza la protección y el cumplimiento de los
Derechos Humanos, porque si no el Estado, o al menos el que está en el poder
entra en ilegitimidad dentro de la esfera del poder y el pueblo, a parte que no lo
quiere, los demás países en el mundo puede que no quiere que esté en el poder,
como podemos ver con Mubarak y las revueltas en Egipto. El pueblo no lo quería
ya más en el poder, y hasta Obama dijo que tenía que retirarse del poder, todo
esto hace que Mubarak haya perdido la legitimidad de gobernar. Además que su
forma de gobierno no ensalzaba la condición humana al tener a todo el pueblo
egipcio en descontento.
Los Derechos Humanos son naturales, inalienables, obligatorios, inviolables y
universales. (Torres, 2008) Los Derechos Humanos se aplican a todo ser
considerado humano y que nace con una serie de Derechos que tienen las
características mencionadas, nadie puede coartar los Derechos de las personas.
Se han mostrado diferentes puntos de vista de los Derechos Humanos y las
varias definiciones recogidas de autores que abundan en el tema, podemos crear
una definición en base a la mostrada anteriormente; los Derechos Humanos son
una facultad que la norma atribuye de protección a la persona en múltiples
aspectos de la vida que afecte su desarrollo integral para preservar su dignidad
como ser humano, al reivindicar los bienes primarios reclamados en primera
instancia al Estado, para satisfacer sus necesidades básicas; cuyas facultades y
reivindicaciones son inherentes, inalienables, obligatorios, inviolables y
universales, todo ser humano goza, por reconocimiento de la Comunidad
Internacional de Derechos, los cuales elevan la condición de todo ser humano.
34
1.2.1.4. Comentario
El paso por el siglo XX se caracterizó por la incorporación de los derechos
humanos al Derecho internacional, la idea del derecho subjetivo, básica para
concebir los derechos humanos, fue anticipada en la baja Edad Media por
Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de ius fori o potestad humana de
reivindicar una cosa como propia en juicio.
Los derechos humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o
reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una
vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo,
etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del
ordenamiento jurídico vigente.
Los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear
una relación integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos
ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.
Los derechos humanos se definen como inherentes a la persona, irrevocables,
inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de
derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así
como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta,
raza, pueblo, grupo o clase social determinados.
Según la concepción iusnaturalista tradicional, los derechos humanos son
además atemporales e independientes de los contextos sociales e históricos.
Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una
idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen
en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para
muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del
Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación
del orden geopolítico contemporáneo.
35
JOHN LOCKE decía: que los derechos naturales, no dependían de la ciudadanía
ni las leyes de un Estado, ni estaban necesariamente limitadas a un grupo étnico,
cultural o religioso en particular. La teoría del contrato social, de acuerdo con sus
tres principales formuladores, Locke, Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau,
se basa en que los derechos del individuo son naturales y que, en el estado de
naturaleza, todos los hombres son titulares de todos los derechos.
JUAN ANTONIO CARRILLO SALCEDO, dice que tras la Segunda Guerra
Mundial, según, los derechos humanos podían considerarse un principio
constitucional del Derecho internacional contemporáneo.
1.2.1.5. Garantismo, igualdad y tutela de los derechos humanos
Garantismo
El Estado Constitucional de Derechos y Justicia engloba en toda su extensión la
garantía que tienen los seres humanos para que se respeten sus derechos, el pro
homini, el hombre nuevo, el hombre del futuro, se supone es un ser que respeta
sus derechos y exige se respeten los suyos, un derecho termina cuando inicia el
del otro, corriente dedicada a garantizar el respeto del otro, llamada otroredad.
Se supone que de acuerdo a lo dispuesto en los cuatro incisos del numeral 9 del
artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, señala al Estado, sus
delegatarios, y toda persona quye actúe en ejercicio de una potestad pública
serán obligados a reparar las violaciones de los derechos de los particulares.
En el caso que se analiza en la propuesta, cómo puede ser posible que un juez
que es garante del proceso y de los derechos de los sujetos procesales, diga en
audiencia que no existe en la legislación el artículo 528.7, da fecha de publicación
del registro oficial y con ello evita que el acusado se haga acreedor a una prisión
preventiva y que hasta la presente no se haya resuelto, porque la última
resolución de la sala del Cotopaxi fue diferente a lo pedido y que está en casación
por segunda vez, porque en la primera la Corte nacional debió sancionar a todos
los operadores de justicia por mala aplicación de la administración de justicia.
36
El estado está llamado a reparar los daños; según el teórico neo marxista LOUIS
ALTHUSSER, en su tratamiento del poder del Estado y los aparatos del Estado
destaca los AIE (aparatos ideológicos del Estado) y los ARE (aparatos represivos
del Estado), entonces tenemos un estado dominante, basado en la lucha de
clases que utiliza los instrumentos de poder en los que basa su estabilidad,
basado en las fuerzas represivas, fuerzas armadas, policía nacional y fuerzas
ocultas que ejercen violencia contra los ciudadanos, mediante instituciones
burocráticas que forman el institucionalismo, entonces el Estado es una institución
compleja que lucha por su bienestar,
Igualdad
La igualdad de los derechos, de las personas, a ser tratadas sin distingo de
religión, sexo, nacionalidad, economía o social, ya fueron declarados desde Ciro,
Juan Sin Tierra, La Constitución de Estados Unidos de América, la Declaración de
los derechos del hombre y del ciudadano después de la Revolución Francesa,
cuyos principios fueron de LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD.
Todos aspiramos a ser iguales, el hombre no ha perdido las esperanzas, pero
bajo la proclama de igualdad se cometen muchas desigualdades, ahí surge la
UTOPÍA del ejercicio de la igualdad, nadie está dispuesto a perder el espacio que
le costó una vida ganarlo.
La igualdad en el socialismo invocada por Marx, que antes de despedirse dio la
respuesta que solo será posible si se destruye la propiedad privada y a ello, no
está dispuesto ni yo, tu, el, nosotros, vosotros y ellos ni aquellos, por lo tanto la
igualdad siempre será un mito.
Tutela de los derechos humanos
Si los abogados nos detenemos y no criticamos la estructura jurídica, creo que
vale recordar la histórica frase de Juan Montalvo “Desgraciado del pueblo
donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no
hacen temblar al mundo”, o debemos volvernos como aquella frase “Somos
como la hierba del páramo, se arranca y vuelve a crecer, o como Oswaldo
37
Guayasamín “Siempre voy a volver. Mantengan encendida una luz”, o como dice
aquel proverbio “Oh democracia, cuántos crímenes se cometen en tu nombre”
Como quiera que sea nuestro país está obligado al cumplimiento de los derechos
humanos, porque es firmante de la Declaración Universal de Los Derechos
Humanos, documento puesto de manifiesto al mundo después de la finalización
de la II Guerra Mundial.
Para la tutela de los derechos el Estado ha dispuesto el derecho de repetición,
constante en el artículo 76 de la Constitución, como en el caso que se ha
analizado no existe ninguna protección del Estado a través de sus organismos.
1.2.2. Tutela Judicial Efectiva
Es uno de los derechos reconocidos con el rango de fundamental en todo el
mundo, pero que presenta rasgos netamente procesales y también de carácter
constitucional, de todas maneras es un componente significativo del debido
proceso, así consta en nuestra normativa junto a los principios de inmediación y
celeridad, de tal forma que el ser humano no quede en indefensión.
1.2.2.1. Como derecho constitucional
En la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo VIII, denominado
derechos de protección, en el artículo 75 señala: que toda persona tiene derecho
al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita, con
sujeción a los principios de inmediación y celeridad.
1.2.2.2. Como derecho fundamental
Como derecho fundamental, la tutela judicial efectiva puede ser observada desde
una vertiente doble: como derecho fundamental cualificado y como derecho
fundamental no cualificado. (Chamorro Bernal, 1994) En la primera, la jurisdicción
constitucional analizará, por el recurso o acción que quepa según cada
ordenamiento, si la justicia ordinaria ha observado los contenidos básicos del
derecho así como los múltiples derechos y garantías que, a su vez, constituyen su
38
derivación.
El término “derecho fundamental” ha sido frecuentemente confundido con un
“derecho humano”. La distinción entre uno y otro término consiste en que el
derecho humano ya ha sido positivado, normalmente a nivel constitucional y que,
por lo tanto, goza de una tutela reforzada frente a otros derechos.
La conveniencia de la constitucionalización del derecho la tutela judicial efectiva
resalta desde todo punto de vista. No solo porque de esta manera sus múltiples
manifestaciones adquieren la relevancia necesaria y se contagian, si cabe el
término, de esta característica, sino también porque en el ámbito del proceso, las
“promesas de certidumbre y coerción propias de las normas jurídicas” adquieren
eficacia.
No se trata, en consecuencia, de realizar un control sobre el aspecto de fondo de
la resolución, pero sí de las circunstancias que, en relación con el derecho
fundamental, pudieron dar pie en algún momento a que se lo irrespete. Esto
motivará a que la resolución en sí carezca de validez; mas, para llegar a tal
conclusión (que implica la “vuelta” a una nueva sustanciación del proceso, a partir
del momento en que la garantía o el derecho fueron conculcados), la jurisdicción
constitucional deberá cuidar de no emitir ningún pronunciamiento o juicio de valor
sobre el aspecto material de la decisión, lo cual, desde luego, no está exento de
complicación. (Serra C. R., 1999)
Si el derecho a la tutela judicial efectiva protege el respeto de los derechos y
garantías procesales que de él se derivan, también debería avalar la justicia de
las resoluciones expedidas por los tribunales ordinarios. Sin embargo, al ser un
derecho de naturaleza instrumental, su correcto análisis impone considerar sus
contenidos esenciales, en cuanto a su falta o inobservancia, lo que se dirige en lo
esencial a las incorrecciones procesales que han sido cometidas por los jueces y
tribunales.
Con el derecho a la tutela judicial efectiva hay que insistir en ello que debe
tenerse especial cuidado para evitar que se convierta en el cajón de sastre de
39
todas las posibles faltas que podría cometer un juez o tribunal. (Díez-Picazo,
1995)
El derecho a la Tutela Judicial Efectiva se refiere al derecho al proceso y el
derecho en el proceso. El derecho a la Tutela Efectiva supone esencialmente la
existencia de la norma procesal adecuada, aunque en caso de ausencia de la
norma aplicable, corresponde al Juez interpretar la ley tomando en cuenta que el
Derecho a la Tutela Judicial Efectiva es en sí mismo un Derecho Fundamental, de
suerte que está obligado a extraer un procedimiento capaz de viabilizar la
intervención del justiciable al fin de garantizar a la defensa y otorgar la propia
propuesta jurisdiccional.
Por derecho a la tutela judicial efectiva se entiende aquel derecho fundamental,
de configuración legal, contenido complejo y constitucionalmente reconocido a
todas las personas, consistente en el derecho de estas a tener libre acceso a los
tribunales para solicitar de éstos la tutela de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo y obtener una resolución de fondo fundada en Derecho.
Así, resulta fácil de comprender, que pocos derechos fundamentales tienen una
fuerza expansiva o normatividad inmanente como el de tutela efectiva, a pesar del
modo tan simple y breve con que se encuentra constitucionalmente formulado
(fuerza y significación del derecho a la tutela judicial efectiva que se destaca en
sentencias. Como tampoco existe duda de que los principios constitucionales que
tienen una especial fuerza normativa son tres: el de igualdad, el de presunción de
inocencia y el de la nombrada tutela judicial efectiva.
1.2.2.3. Opinión del autor
Entendiendo, dicho lo anterior, los principios constitucionales no son
compartimentos estancos, sino que al contrario, cada uno de ellos cobra valor en
función de los demás y en tanto sirve a promover los valores superiores del
ordenamiento jurídico.
40
Y entendiendo también, que la tutela judicial efectiva no es tan sólo un principio,
sino un derecho fundamental de toda persona porque es fundamento, junto con
otros, del orden político y de la paz social.
Un derecho, el de la tutela judicial efectiva, cuyo contenido comprende tres
facultades esenciales: la facultad de acceder al proceso o a la jurisdicción, la
facultad del derecho a la defensa contradictoria, y la facultad del derecho a la
efectividad de la sentencia.
Y un derecho fundamental, un principio el de la tutela judicial efectiva según el
cual cualquier persona puede y debe ser amparada en el ejercicio pacífico de sus
pretensiones ante la justicia.
Es evidente y resulta de destacar sobre el derecho a la tutela judicial efectiva que
la doctrina constitucional ha ido definiendo y perfilando una serie de conceptos o
principios que derivan del de tutela efectiva y forman parte del contenido de ese
derecho fundamental.
Un análisis de algunas de las facetas mencionadas del derecho a la tutela judicial
efectiva permite establecer la conclusión de que en todas ellas subyace una razón
común: la imposición de un canon de razonabilidad y proporcionalidad en la
interpretación de las normas procesales para el ejercicio activo del derecho a la
tutela judicial efectiva.
Ahora bien, el problema consiste en que ese canon puede ser formulado con
distintos grados diversos de intensidad o exigencia. Y es en esa formulación,
donde en la práctica se pone de manifiesto y adquiere trascendencia física y
pública la complejidad, ya no tanto del ejercicio, sino diría, del escrupuloso
respeto y cumplimiento por parte de los órganos judiciales de ese ejercicio activo
del derecho a la tutela judicial efectiva.
41
Y es el grado de intensidad en la imposición de ese canon, donde se determina ya
no el contenido del derecho fundamental, sino el contenido de aquella práctica y
acción que violará o no el contenido que enmarca dicho derecho.
En este sentido, siguiendo la jurisprudencia constitucional, se puede distinguir lo
que cabe denominar un grado máximo y un grado mínimo de canon de
razonabilidad y proporcionalidad.
El grado máximo es el que se condensa en la expresión principio pro actione o, en
otro términos, principio de interpretación más favorable a la efectividad del
derecho a la tutela judicial efectiva: las normas procesales deben ser elaboradas y
ulteriormente interpretadas tendiendo a conseguir en todo caso el fin que cada
faceta del derecho a la tutela judicial impone.
El grado mínimo por el contrario, es el que se condensa en la mera razonabilidad
y no arbitrariedad: el respeto a la tutela judicial efectiva impondría solamente que
tanto la norma procesal como la interpretación que de la misma se hagan sean
razonables y no arbitrarias.
1.2.2.4. Definiciones
SAEZ LARA indica que: si el derecho al proceso se integra en el contenido
Constitucional, los órganos judiciales deberán realizar una interpretación de la
normativa aplicable favorable a la efectividad del mismo y el Tribunal
Constitucional exigir una actuación judicial favorable a la actividad del derecho
fundamental. (Sáez, 2004)
De destacar es, que también como se ha mencionado ello afecta a todos los
órdenes, pero (con el permiso) de los demás, resulta en muchas ocasiones
especialmente dramático en el orden penal, dada la gravedad de los casos que se
tratan y de las consecuencias jurídicas, pero sobre todo personales y humanas
que se toman. Por ello garantizar un derecho a la tutela judicial efectiva en todos
los órdenes resulta una necesidad imperativa e ineludible, pues además partimos
como se ha visto de la necesidad de un factor que no es un mero precepto, sino
42
que es un derecho fundamental, pero además que el ejercicio de la tutela judicial
efectiva se produzca en su máxima y nítida expresión en el orden penal podemos
catalogarlo prácticamente de vital.
El término “tutela judicial efectiva” plantea uno de los conceptos de mayor
dificultad en su definición. Sea porque puede ser observado desde una vertiente
estrictamente procesal; bien como un derecho de naturaleza compleja que se
desarrolla, a su vez, en varias vertientes –tal como lo ha señalado por ejemplo el
Tribunal Constitucional español-, o porque se lo considere como un derecho
fundamental –y por consiguiente, con su propia jerarquía, lo que impone una
consideración distinta de la mera óptica de componente” del debido proceso-, se
está ante un desafío.
Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva
la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones
y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo
tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su organización debe prever
mecanismos que sean adecuados y otorgar al tutela que las personas requieren
para solucionar sus controversias.
El derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, no es
más que el derecho a la acción constitucionalizado. Esa importancia, de antigua
raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del derecho de
acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a comprender que
hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la existencia
ficción del derecho material controvertido.
En consecuencia, el derecho a la acción tiene un carácter de permanencia y por
ende subjetivo y autónomo, en cuanto no se “ejerce” hasta que su titular requiera
proteger judicialmente un derecho que considera le ha sido vulnerado, lo cual,
desde luego, no significa que se supedite a la existencia del derecho material. Por
ello también puede decirse que hay una relación de acción- reacción entre la
“pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y a la pretensión material
43
que se deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo del derecho
de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un pronunciamiento (o
momento “estático- constitucional” del derecho a la tutela judicial) sino, de
concretizar, dinamizar ese derecho mediante la pretensión procesal.
La concepción abstracta del derecho se complementa, pues, con la de pretensión
procesal, y el deber prestacional del Estado se manifiesta en su plenitud cuando
el proceso concluye con una resolución, que para ser tal debe cumplir con ciertas
características. Se observa entonces la conjunción entre la acción, al jurisdicción
y el proceso, elementos que constituyen, como gráficamente lo señala Véscovi, la
“trilogía estructural” del derecho procesal.
Más allá de la dificultad que ha supuesto la elaboración de una doctrina unitaria
sobre el derecho a la acción, puede afirmarse que su derivación inmediata es el
derecho a la tutela judicial efectiva, como finalidad propia del ejercicio de la
función jurisdiccional, y derecho con una configuración y características propias.
Además, hoy es posible sostener que la constitucionalización del derecho de
acción es el derecho a la tutela judicial efectiva, entendido ya como el derecho a
la jurisdicción, alivia bastante la carga para quien intente definir un término tan
complejo como éste y sus aplicaciones.
De esa nota, asignada como se dijo por Gimeno Sendra y Garberí Llobregat, se
desprenden a su vez y sin dificultad- otras tres que pueden identificarse como
principales (y que, sin embargo, no agitan el tema):
1. el derecho de acción tiene un carácter marcadamente público, en cuanto
se solicita del Estado (y más concretamente de los órganos
jurisdiccionales, titulares de la potestad) una protección o tutela que ha de
manifestarse en una respuesta sustentada en derecho sobre el fondo de la
controversia;
2. no se identifica, por tanto, con el derecho subjetivo en discusión, el cual
puede existir o no, lo cual será decidido por el órgano jurisdiccional; y,
44
3. su “desarrollo” se sustenta en un debido proceso, condición indispensable
para que esta tutela jurisdiccional sea adecuada.
1.2.2.5. Conceptualización
El derecho a la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al órgano
jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue una respuesta fundada en
derecho a una pretensión determinada que se dirige a través de una demanda,
sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión. Queda
claro, en consecuencia, que es un derecho de carácter autónomo, independiente,
del derecho sustancial, que se manifiesta en la facultad de una persona para
requerir del Estado la prestación del servicio de administración de justicia, y
obtener una sentencia, independientemente de que goce o no de derecho
material.
1.2.2.6. Antecedentes constitucionales
El concepto tutela judicial efectiva, como tal asegura Hurtado Reyes, aparece por
primera vez en la Constitución española de 1978, artículo 24, aun cuando la
propia doctrina europea afirmó que desde hace tiempo que toda persona tiene el
derecho de acudir al órgano jurisdiccional respectivo para “conseguir” una
“respuesta”.
Chamorro Bernal comenta que a partir del artículo 24.1 de la Constitución
española, el concepto de tutela judicial efectiva supuso una auténtica revolución
en el ámbito jurídico y en especial en el derecho procesal, todo ello a lo largo de
un paciente desarrollo jurisprudencial que ha determinado el ámbito de las
garantías constitucionales derivadas de este derecho, haciendo “chirriar” muchas
veces las estructuras mismas de la administración de justicia.
El criterio para definir lo que debe entenderse por tutela judicial efectiva debería
partir entonces por lo más sencillo: según su significado común “tutela”, implica
alcanzar una respuesta. Ciertamente, ello pasa necesariamente por la entrada del
proceso; pero no sería correcto concluir a priori que el derecho a la tutela judicial
efectiva queda satisfecho con el mero acceso a la jurisdicción; es preciso
45
entonces que tal apertura sea correspondida con una decisión sobre el fondo del
asunto, que reúna los requisitos constitucionales y legales del caso; o, como
expresa Morello con el apoyo de algunas sentencias del Tribunal Constitucional
español, la garantía para los justiciables de que sus pretensiones serán resueltas
con criterio jurídicos razonables.
1.2.2.7. Naturaleza jurídica
La tutela judicial efectiva, como derecho de configuración compleja, tiene
múltiples contenidos. Ya se dijo que la dificultad en la formulación de un concepto
habida cuenta de que, para llegar a él, la doctrina ha partido del derecho de
acción, cuya noción es difícil, obliga a definirlo a través de sus manifestaciones,
puesto que se materializa, precisamente, en varios derechos y garantías
procesales.
Aun así, el derecho tiene dos características que pueden considerarse centrales.
No se tratarán los variados aspectos que surgen de su carácter complejo, pues
ello implicaría analizar cada una de las vertientes que de él se desprenden, lo que
desborda el ámbito mismo de esta investigación; como se había señalado, el
estudio se centrará en la efectividad de las resoluciones judiciales como de uno
de esos contenidos básicos.
1.2.3. Debido Proceso
Es un principio por el cual se debe respetar todos los derechos que según la ley
posee una persona y que se considera un límite entre el Estado que lo regula
todo, respecto a los particulares.
1.2.3.1. Origen constitucional
El artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que en todo
proceso en el que se discutan derechos y obligaciones se asegurará el debido
proceso en el que se incluyen ciertas garantías básicas.
46
1.2.3.2. Origen histórico
El nacimiento de la exigencia representada por el derecho al debido proceso de
ley encuentra su ubicación en el mundo anglosajón. El precedente directo de la
cláusula del "DUE PROCESS OF LAW" de la Constitución Americana del 1215
que obtuvieron los barones al Rey Juan sin tierra, la cual es considerada como el
primer paso en la historia de los derechos humanos, y constituyó un límite al
poder del Estado con respecto a los particulares.
En nuestro país el primer documento que reclama derechos humanos
fundamentales es el Sermón de Montesinos, fechado en 1511, en donde con voz
inmortal increpó a los españoles la privación de derechos y prerrogativas
concebidas a todos los seres humanos.
Pero ya una vez implantado el principio en la constitución americana del 1787, ha
sido transferido a muchos otros textos homólogos en diferentes países, siendo
redactado en la constitución dominicana de la siguiente manera: "Nadie podrá ser
juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin la observancia de los
principios que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del
derecho de defensa"
En el Ecuador el Debido Proceso en un Derecho Constitucional fundamental,
pues se encuentra contemplado en el artículo. 76 de la Constitución en vigencia,
instituido para proteger a las personas contra los abusos y desviaciones de las
autoridades, sea por acción u omisión. El debido proceso es un conjunto de
normas derechos y garantías con las que debe contar toda persona que es
sometida a un juzgamiento, debiendo ser por lo tanto justo, legal, oportuno y
equitativo.
“El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo, según el cual
toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un
resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitir tener oportunidad de
ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez”
47
El Dr. Luís Cueva Carrión. “El debido proceso es un derecho constitucional, por
tanto, es de rango superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país; en
consecuencia nada ni nadie puede sustraerse de él. Todos los actos y
procedimientos de los funcionarios de los órganos de poder público deben ceñirse
a él, de lo contrario, atentarían contra el estado de derecho”. (Carrion, 2010)
Consecuentemente el debido proceso es uno de los pilares fundamentales del
sistema jurídico normativo moderno, el tratadista Couture define al debido proceso
como una “Garantía constitucional que consiste en asegurar a los individuos la
necesidad de ser escuchados en el proceso en el que juzga su conducta, con
razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus derechos”.
El debido proceso tiene una equivalencia de garantía establecida para proteger a
los justiciables podemos decir que la función del debido proceso, es proteger a los
ciudadanos del abuso de las ilegalidades que pudiere cometer un funcionario o un
órgano estatal que mal o bien actúan en nombre de una función pública, haciendo
mal uso del poder y de su autoridad.
Nuestra legislación determina las conductas que deben ser consideradas como
delitos, al mismo tiempo que determina las penas y sanciones que se aplicarán en
las personas implicadas en este tipo de conducta. El derecho fundamental de la
persona en relación con el proceso penal, garantiza la intangibilidad de la
dignidad de la persona, pues el ser humano es la referencia imperativa de todos
los valores sustentados.
Nuestra Constitución, reconoce principios, derechos y garantías básicas del
debido proceso, que deben aplicarse desde la fase pre procesal o de la
indagación previa y en todas las etapas del proceso penal, y aún en la fase de
ejecución de la sentencia, ya que de esta manera se tutela los derechos del
sospechoso, del “procesado”, del encausado y finalmente del sentenciado; al
respecto, el Dr. Jorge Zavala Baquerizo manifiesta: “Esas garantías básicas
deben hacerse efectivas a lo largo de toda la actividad represiva penal, desde la
investigación (policial y judicial) hasta la ejecución de la pena’’. (Zavala, 2002)
48
La incorporación de una lista de derechos fundamentales en los textos
constitucionales, con efectos normativos, tuvo una decisiva influencia en el diseño
del actual proceso penal. Para el doctor Orlando Alfonso Rodríguez de origen
colombiano, en su obra Presunción de Inocencia”, define así el debido proceso:
“Es un conjunto de principios y garantías judiciales de contenido filosófico y
político, de carácter irrenunciable, aplicable a toda actuación estatal que dirime un
conflicto de intereses, protege a la sociedad en general como del procesado en
particular, en aplicación a los tratados y convenios internacionales, la constitución
de la república y la Ley.
Los principios y garantías, entre otras razones impone otras necesidades,
recogidas y desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina e incorporados al
derecho positivo, Tiene por medio una receta, justa y cumplida administración de
la justicia, es una malla de contención contra la que choca la arbitrariedad y el
abuso estatal en desarrollo de las actuaciones punitivas, No es un fin en sí
mismo, sino el compendió mínimo de las garantías que se deben observar para el
desarrollo de una actuación oficial y de los sujetos procesales, para desembocar
en el estadio procesal y así proferir el fallo definitivo”. (Rodríguez, 2000)
El tratadista italiano Luigi Ferrajoli, sostiene: “que los distintos principios
garantistas se configuran, antes que nada, como un esquema epistemológico de
identificación de la desviación penal encaminado a asegurar, respeto de otros
modelos de derecho penal históricamente concebidos y realizados, el máximo
grado de racionalidad y de fiabilidad del juicio y, por tanto, de limitación de la
potestad punitiva y de tutela de la persona contra la arbitrariedad”. (Ferrajoli,
1995)
El Dr. Jorge Zavala Baquerizo dice al respecto: “Entendemos por debido proceso
el que se inicia, se desarrolla, y concluye respetando y haciendo efectivos los
presupuestos, principios y las normas constitucionales, legales e internacionales
aprobadas previamente, así como los principios generales que informan el
derecho procesal penal, con la finalidad de alcanzar una justa administración de la
49
justicia; que le asegure la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la
fundamental de las resoluciones judiciales conforme a Derecho”
“El debido proceso es un conjunto de derechos propios de las personas y
anteriores al Estado, de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la
constitución, que buscan precautelar la libertad y procurar que quienes sean
sometidos a juicio gocen de las garantías para ejercer su derecho de defensa y
obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso justo, pronto y
transparente”
El debido proceso es un principio legal por el cual el gobierno debe respetar todos
los derechos legales que posee una persona según la ley. El debido proceso es
un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas
garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro
del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus
pretensiones legítimas frente al juez..
1.2.3.3. El Debido Proceso Formal y Material
El proceso penal hoy en día con el nuevo código se permite la protección de los
Derechos Humanos, o sea se garantiza al ciudadano de la tutela de sus derechos
fundamentales, para que el proceso seguido en su contra concluya con el dictado
de una sentencia fundada y en el fiel cumplimiento de los principios supremos que
así lo exige un Estado de Derechos.
Debemos recordar que si el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y
Justicia, debe el Estado orientarse hacia el garantismo penal y esto es justamente
lo que debe hacer nuestro Código Orgánico Integral Penal, cumplir con lo
declarado en el artículo 3 de su exposición de motivos, sobre la
constitucionalización del derecho penal.
La garantía del Sistema Procesal se encuentra regulada en la Constitución, esto
es aquellas que se refieren al Debido Proceso con todas las garantías; y, esta es
50
la piedra angular del proceso en general o sea no puede existir Garantía más
importante que la de un Justo proceso.
El Código Orgánico Integral Penal, trata de conseguir de este modo que en la
tramitación de los procesos se respeten las garantías constitucionales de orden
procesal, pues solo el respeto de todas esas garantías son las que permiten
calificar de Justo o Debido a un determinado Procedimiento.
1.2.3.4. Contenido
EL artículo. 76 de la vigente Constitución señala: "Para asegurar el debido
proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de
otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes
o la Jurisprudencia..." y nos da 20 reglas que gobiernan el Debido Proceso, esto
es, 7 numerales y 13 literales.
Del artículo 76, puedo señalar que el "Debido Proceso", es perfecto y sofisticado
instrumento de resolución de disputas o conflictos de contenido o relevancia
jurídica, pues el proceso tiene reglas que nos permiten llegar a una resolución
justa debida.
Es decir, para que el Estado pueda castigar penalmente se exige siempre la
existencia del proceso, Pero no de cualquier proceso, sino de uno en el que se
respete las garantías constitucionales, esto es lo que permite calificar a un
proceso como justo o debido.
La libertad del ciudadano por medio de las garantías constitucionales y su respeto
renace como instrumento de protección de la Libertad del ciudadano; y, como
principio limitativo del Poder del Estado; desde este punto de vista los Derechos y
Garantías Constitucionales que se proclaman hoy se los conoce con el nombre de
Principios Constitucionales, porque ellos emanan de la Ley Suprema que otorga
fundamentos de validez al Orden Jurídico y conforman la base política que regula
el Derecho Penal del Estado.
51
Podemos definir a las Garantías Constitucionales, como los mecanismos que la
Ley pone a disposición de la persona para que pueda defender sus derechos,
reclamar cuando corren peligro de ser conculcados o indebidamente restringidos;
y, por último obtener la reparación cuando son violados.
De este modo Garantías Constitucionales, son los procesos de Instituciones cuyo
objetivo principal es proteger los Derechos Constitucionales y velar por el respeto
del Principio de Supremacía de la Constitución Política.
Las Garantías de orden procesal en el Ecuador, han adquirido la mayor
importancia posible especialmente en el orden Procesal Penal, puesto que no
podrá existir condena válida si el camino seguido para su imposición el Estado no
ha respetado las Garantías Constitucionales; y, estas garantías constitucionales
deben ser respetadas desde el primer momento en que la persecución criminal
comienza hasta la ejecución completa de la sentencia que se dicte en dicho juicio.
Debo indicar, que las Garantías Constitucionales no constituyen un obstáculo
para una correcta aplicación de la Ley Penal, pues es un remedio para prevenir la
arbitrariedad y no como otras personas piensan que el Sistema Penal será más
eficiente, cuanto más duro y represivo sea y cuantos menos derechos y garantías
se reconozcan al acusado.
¿El Código Orgánico Integral Penal, es un Código garantista de los derechos de
la persona?, ¿señala los parámetros mínimos que deben observarse? Al señalar
que el nuevo régimen penal estimula la impunidad, se ha manifestado que no es
así, porque la verdad es que todo depende del trabajo eficiente de la policía y del
Ministerio Público en el primer momento, en la recopilación de los elementos que
permitan incriminar a una persona como autora del hecho delictivo.
1.2.3.5. Diferencias y Semejanzas entre Tutela Judicial Efectiva y el
Debido Proceso
La tutela jurisdiccional efectiva contiene:
52
a) Derecho de acción
b) Derecho de contradicción (o de defensa)
c) Derecho al debido proceso (imparcialidad y de otorgar el mínimo de
garantías en el proceso).
Entonces el debido proceso es un medio de la tutela jurisdiccional efectiva.
El debido proceso se sirve del proceso para la obtención de la tutela jurisdiccional
efectiva.
Es un derecho fundamental, que implica la facultad de exigir al Estado un
juzgamiento imparcial y justo, abarca también: un juez independiente,
emplazamiento válido, derecho a ser oído, oportunidad probatoria, motivación del
fallo, control constitucional, doble instancia.
Culminado el análisis tanto de la tutela jurisdiccional efectiva como del debido
proceso, nos corresponde exponer las posiciones de la doctrina y de nuestra
jurisprudencia nacional en cuanto a las diferencias que existen entre ambas
instituciones jurídicas.
Es válido concluir que tanto la tutela jurisdiccional efectiva como el debido
proceso son derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana y que
representan el valor supremo que justifica la existencia del Estado y sus objetivos,
constituyendo el fundamento esencial de todos los derechos que con calidad de
fundamentales habilita el ordenamiento, sin el cual el Estado adolecería de
legitimidad y los derechos carecerían de un adecuado soporte direccional.
1.2.3.6. La Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso
Cuando el Estado, a través del poder jurisdiccional, asume para sí y en exclusiva
la potestad de resolver los conflictos de relevancia jurídica, de imponer sanciones
y ejecutar las resoluciones que de dicho poder provengan, asume al mismo
tiempo un deber de carácter prestacional. Por tanto, su organización debe prever
53
mecanismos que sean adecuados y otorgar la tutela que las personas requieren
para solucionar sus controversias.
El derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, no es
más que el derecho a la acción constitucionalizado. Esa importancia, de antigua
raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del derecho de
acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a comprender que
hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la existencia
ficción del derecho material controvertido. De esta manera, toda persona,
cumpliendo con los requisitos que el ordenamiento jurídico prescribe, puede
requerir del Estado la prestación del servicio público administración de justicia; la
intervención estatal que tiene su cauce a través de un proceso, el cual debe reunir
unas condiciones mínimas que aseguren a las partes la defensa adecuada de sus
derechos.
La fórmula “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la potestad
jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y tribunales,
con el propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o
constituido.
En consecuencia, el derecho a la acción tiene un carácter de permanencia y por
ende subjetivo y autónomo, en cuanto no se “ejerce” hasta que su titular requiera
proteger judicialmente un derecho que considera le ha sido vulnerado, lo cual,
desde luego, no significa que se supedite a la existencia del derecho material.
Por ello también puede decirse que hay una relación de acción- reacción entre la
“pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y a la pretensión material
que se deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo del derecho
de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un pronunciamiento (o
momento “estático- constitucional” del derecho a la tutela judicial) sino, de
concretizar, dinamizar ese derecho mediante la pretensión procesal.
54
La concepción abstracta del derecho se complementa, pues, con la de pretensión
procesal, y el deber prestacional del Estado se manifiesta en su plenitud cuando
el proceso concluye con una resolución, que para ser tal debe cumplir con ciertas
características. Se observa entonces la conjunción entre la acción, la jurisdicción
y el proceso, elementos que constituyen, como gráficamente lo señala Véscovi, la
“trilogía estructural” del derecho procesal.
El derecho a la tutela judicial efectiva se conceptúa como el de acudir al órgano
jurisdiccional del Estado, para que éste otorgue una respuesta fundada en
derecho a una pretensión determinada que se dirige a través de una demanda,
sin que esta respuesta deba ser necesariamente positiva a la pretensión. Queda
claro, en consecuencia, que es un derecho de carácter autónomo, independiente
del derecho sustancial, que se manifiesta en la facultad de una persona para
requerir del Estado la prestación del servicio de administración de justicia, y
obtener una sentencia, independientemente de que goce o no de derecho
material.
1.2.3.7. Garantías Básicas del Debido Proceso
El debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado
Constitucional de Derechos y Justicia, que busca proteger al individuo frente a las
actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto
a las formas propias de cada juicio y para que esto se dé es necesario que exista
ciertos presupuestos indispensables, entendiendo por presupuesto aquellas
circunstancias anteriores al inicio de la actividad, sin las cuales el proceso no
podrá ser considerado como legítimo, careciendo de validez y eficacia jurídica lo
que se actuare sin existencia de los presupuestos. Estos son:
El órgano jurisdiccional. CRE. Arts. 167,168
La situación jurídica de inocencia del ciudadano. CRE. Art. 76 # 2
El derecho a la tutela jurídica CRE. Art.8; Art. 25 COFJ
Para llevar a cabo un proceso, justo, legal deben respetarse los principios
fundamentales de toda persona:
55
La presunción de inocencia
Inocencia del ciudadano
Principio de necesidad de la investigación integral
Principio de in dubio pro reo
lncoercibilidad del imputado:
Inviolabilidad de la vida y de la integridad personal
Inviolabilidad del domicilio
Inviolabilidad y secreto de la correspondencia
Prohibición de la detención ilegal
Prohibición de la imputación forzada.
Inviolabilidad de la defensa
1.2.3.8. El debido proceso penal
El Debido proceso penal es el conjunto de etapas formales secuenciadas e
imprescindibles realizadas dentro un proceso penal para garantizar los derechos
de los sujetos procesales(COIP. Art. 589), cumpliendo los requisitos prescritos en
la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte
denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada y que
no corran el riesgo de ser desconocidos; así también obtener de los órganos
judiciales un proceso justo, pronto y transparente.
Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su
conjunto:
Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones
dentro del proceso.
La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera
más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que
permitan mantener el orden social. (Enciclopedia jurídica, 2015)
1.2.3.9. Los Presupuestos del Debido Proceso
56
El ordenamiento jurídico penal se compone de dos presupuestos básicos
fundamentales:
1. El Sustantivo, que concentra los delitos y las penas; y,
2. El Adjetivo, que se circunscribe a las formas propias de cada proceso y a los
jueces y tribunales encargados de ejercer la potestad jurisdiccional, la que se
desarrolla en tres etapas:
1) "De conocimiento, instructiva o informativa en que se practica y estudia el
material probatorio, indispensable para fundar el fallo. En esta etapa la
actividad del juzgador se asemeja a la del historiador pues reconstruye, en
lo posible, en mérito las pruebas aportadas por las partes, los hechos sobre
los cuales versara su decisión;
2) Decisoria, en que el juzgador, una vez establecidos cuales son los hechos
verdaderos o existentes, busca la norma o normas de derecho, para
aplicarlas al caso concreto de su conocimiento. De este modo, en base de
la ley y la verdad procesal, "da a cada cual lo que es suyo"; y
3) De ejecución, en el que el Juez ejercita la potestad.", dentro de esta esfera
jurídica, constituyen elementos del proceso penal, las partes, el hecho
motivo del conflicto y el juez o tribunal competente para conocer y resolver
la controversia suscitada; competencia entendida como una parte de
jurisdicción atribuida a un juez por la ley.
La competencia funciona como requisito de validez del proceso, y puede ser
propuesta como excepción o recurso. (Terán, 2008)
La formación del debido proceso penal exige el cumplimiento de ciertos
presupuestos los cuales es imposible que exista un proceso que se considere
legítimo.
De manera general, los presupuestos son las circunstancias anteriores que deben
existir antes que la actividad se inicie y sin cuya existencia carece de eficacia
jurídica todo lo actuado. El proceso penal para que tenga legitimidad exige, previo
a su desarrollo, presencia de ciertos presupuestos que son: el órgano
57
jurisdiccional, 1a situación jurídica de inocencia del ciudadano y el derecho a la
tutela jurídica.
El Ecuador es un Estado que se administra a través del sistema de división de los
Poderes, uno de los cuales es el Poder o Función Judicial, el cual está destinado
a la administración de Justicia, esto es, la de juzgar. La Constitución de la
República del Ecuador 2008, manifiesta que: "El ejercicio de la potestad judicial
corresponderá a los órganos de la Función Judicial. Se establecerá la unidad
jurisdiccional". De esta manera se constitucionalizó el primer presupuesto del
debido proceso. Antes de la iniciación del proceso penal se debe haber
constituido el órgano jurisdiccional encargado de formar el indicado proceso
desde su inicio hasta su conclusión.
Como sabemos, la jurisdicción es el poder de administrar justicia, que es uno de
los fines del Estado y, a la vez, una manifestación objetiva de la soberanía estatal.
Pero el Estado, para cumplir la preindicada finalidad, necesita crear ciertos
órganos a los cuales debe capacitar para que ejerzan la función de administrar
Justicia en cada caso concreto. Estos organismos están integrados por personas
de diversos niveles administrativos, pero es sólo el titular del órgano el que tiene
la responsabilidad jurídica de hacer efectiva la función de administrar justicia.
1.2.3.10. Responsabilidad del Estado ante la violación de la tutela judicial
efectiva
La tutela judicial efectiva nace del artículo 7 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, instrumento aprobado en París en el año 1948, bajo la
responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas.
Concluida la II Guerra Mundial surgen nuevas corrientes del pensamiento político,
una de ellas es la forma de exigir el cumplimiento de la Declaración Universal de
Los Derechos Humanos, el neo constitucionalismo es el encargado de incluir en
las constituciones de los países todos los derechos de las personas.
58
En el Ecuador la Constitución de Montecristi, aprobada mediante referéndum y
publicado en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, en el artículo
1 consta “El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia”.
La violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, tal como consta en el
artículo 76, numeral 7, literal l), “Las resoluciones de los poderes públicos deberán
ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas
y principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o
fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados”
La consecuencia de la no aplicación de la disposición constitucional constante en
el artículo 75 y 76, numeral 7, literal l), el Código Orgánico de la Función Judicial
en el artículo 32 hace constar el juicio contra el Estado por inadecuada
administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria,
el artículo 33 del citado código faculta el derecho de repetición de lo pagado por el
Estado, por último en el artículo 34 consta el procedimiento para sustanciar las
causas por la responsabilidad personal de juezas y jueces, fiscales y defensoras y
defensores públicos.
La tutela judicial efectiva de los derechos es un principio que consta en el artículo
23 del Código Orgánico de la Función Judicial como principio rector para la
administración de justicia.
Tal como se ha citado la responsabilidad es del Estado, en el caso que se analiza
en la propuesta se ha hecho caso omiso en la administración de justicia, desde el
desconocimiento del juez de la norma que sanciona, un tribunal penal que no
diferencia entre el in dubio pro reo y el interés superior del niño.
1.2.3.11. Aplicación de los principios de ponderación y proporcionalidad
Primeramente el término ponderación proviene de la palabra latina ponderatio,
que es la relevancia sobre algo, atención, cuidado, con que se dice o se hace
59
cualquier actividad, en la actividad jurídica, los abogados estamos obligados a
ponderar sobre los argumentos y fundamentos de hecho y de derecho, la
ponderación en los procesos permitirá que los jueces puedan motivar.
Los jueces están obligados a motivar sus resoluciones, pero tal motivación no
será posible, si los defensores no han ponderado durante el debate jurídico,
porque a los jueces no les asiste la tarea de llenar los vacíos que dejan los
defensores.
La ponderación es un principio, pero que no consta como requisito sine qua non
en la ley, o sea es un vacío del neo constitucionalismo que los profesionales
hábiles ya han incorporado para sus alegatos, de todas maneras a la
administración de justicia le falta un brazo que es la ponderación, porque en
ninguna disposición se hace mención a la ponderación.
En cambio el principio de proporcionalidad incluido en la administración de
justicia, debemos saber que es una instancia matemática que busca la igualdad
de dos razones, sea con una de las partes o con el todo formalmente, resulta ser
la relación entre magnitudes medibles. Siendo un concepto matemático se
destaca por ser uno de los más extendidos, casi todo el mundo conoce y lo utiliza
en toda actividad.
Analizando la proporcionalidad elevada a categoría de principio por nuestros
legisladores e incluida en la administración de justicia considero un descalabro
para la justicia, porque resultaría en manejar una proporción entre los argumentos
del sujeto activo y del sujeto pasivo y eso no es administrar justicia, pues en ello
habrá siempre un sujeto activo dueño de un derecho y un sujeto pasivo que ha
lesionado ese derecho y debe pagar por aquello, recordemos el término justicia
“Es dar a cada quien lo que le corresponde”, si media la proporcionalidad no será
nunca justicia y eso es lo que está sucediendo en la actualidad, en todos los
procesos existiría mala administración de justicia, lo que el Estado debe
responder por ella.
60
La proporcionalidad para que sea considerada principio debe constar en los
principios del Código Orgánico de la Función Judicial y debe estar acorde con los
principios constitucionales, no se puede exigir lo que no consta en la Constitución.
Otras disposiciones que si constan en la Constitución de la República del Ecuador
como el numeral 14 del artículo 77 que señala que no se podrá empeorar la
situación de una persona, de igual forma se repite la prohibición de empeorar la
situación del procesado en el numeral 7 del artículo 3 del Código Orgánico
Integral Penal.
Por lo analizado la proporcionalidad no permite una correcta administración de
justicia, y si de reclamar se trata, para qué, si no se puede empeorar la situación
del procesado, con el que los derechos ciudadanos, declarados universalmente
irán directo al tacho
1.2.3.12. Sentencia de la Corte Nacional de Justicia por violación a la
tutela judicial efectiva.
En el caso que se analiza en la propuesta, la Corte Nacional se lavó las manos y
dio paso a la impunidad, de todas formas, se ha vuelto a transitar por el camino
fangoso y se verán los resultados, como ya se ve constitucionalmente no se
puede empeorar la situación del acusado, y el Tribunal Penal del Cotopaxi, ratificó
el estado de inocencia del procesado Lincoln Bolívar Hernández Rosales.
1.2.3.13. Pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el debido
proceso
En el caso que se analiza, no existe pronunciamiento de la Corte Nacional, pero
podemos analizar casos sonados como La Cocha, que ha existido
pronunciamiento
Analizo el caso de las foto multas, que está en boga y que perjudica a la mayoría
de conductores, ya que el Estado a través de su gobierno ante tantas infracciones
de tránsito, dispuso la instalación de foto radares en lugares estratégicos, lo que
ha ocasionado una serie de sancionados y por ende una serie de reclamos.
61
De los reclamos presentados a la Corte Nacional, los jueces se han pronunciado
por anular dichas sanciones, ya que si no fueron notificados dentro de los tres
días, no tuvieron el derecho constitucional de demostrar su inocencia, entonces la
corte declaró inconstitucional los foto radares por atentar al debido proceso.
Por otro lado conmina a las autoridades de tránsito a agotar todos los esfuerzos
para cumplir con el sagrado deber de citar debidamente al infractor para que
acuda a hacer valer sus derechos.
1.2.4. Garantías Constitucionales del Debido Proceso
Previo al desarrollo y análisis del rol e importancia de las garantías
constitucionales dentro del proceso penal expondremos, someramente, ideas, o
por mejor decirlo, nociones, respecto de las garantías estipuladas en nuestro
ordenamiento Constitucional. En este sentido el constitucionalismo y el derecho
constitucional nacen, entre otras metas esenciales, para reconocer ciertos
derechos personales básicos y para poner topes al estado.
Concretamente, la noción expresa que la GARANTIA CONSTITUCIONAL es nada
menos que la idea plasmada en texto constitucional del ámbito de libertad de los
contratantes y su consecuente imposibilidad de vulneración por parte de los
órganos vitales del estado. Frente a esta regla de oro del ordenamiento
constitucional, existe otra según la cual todo lo que no le está expresamente
permitido a los poderes públicos, o que no se encuentra implícito, como medio
necesario para llevarlo a cabo, debe considerarse que le está prohibido, es decir
sujeto a la inconstitucionalidad o nulidad, según los casos.
En nuestras palabras, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, al sujeto
le está permitido todo aquello que no se encuentre expresamente prohibido, en
tanto que al estado y sus órganos, por regla inversa, todo aquello que
expresamente no se le permita le es vedado, se encuentra prohibido, no puede
avanzar más allá de la autonomía conferida por el permiso y debe mantenerse
solo en ella.
62
Los derechos enunciados, en una constitución, como los incluidos en los
catálogos habituales de derechos humanos, están sostenidos por una o más
ideologías políticas. No existen derechos constitucionales neutros o asépticos
políticamente. La dimensión ideológica política de los derechos constitucionales y
humanos es de gran trascendencia porque definen la cantidad y cotización de las
garantías constitucionales.
1.2.4.1. El Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial
Quizá el mayor desarrollo del contenido de un derecho a un tribunal
independiente e imparcial proviene de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (en adelante TEDH). Particularmente, en relación al artículo
6.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales (en adelante el Convenio Europeo), esta corte ha
juzgado el requisito de la imparcialidad de los jueces, entendiendo que esta tiene
una vertiente subjetiva y otra objetiva.
Es decir, debe tratarse de conductas exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos
que permitan afirmar que el juez no es ajeno a la causa o que permitan temer
que, por cualquier relación con el caso concreto, no utilizará como criterio de juicio
el previsto por la ley sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico.
Corresponderá a la parte que se lamenta de la parcialidad del magistrado
demostrarla, probando en concreto que la disposición anímica o psicológica del
juez y su conducta exteriorizada son síntomas de falta de imparcialidad.
Por otra parte, la imparcialidad considerada objetivamente toma en consideración
la relevancia de aquellas condiciones exteriores que pueden comprometer o
perjudicar la administración imparcial de la justicia. En esta perspectiva importa
mucho la apariencia de imparcialidad de los jueces. La imparcialidad objetiva
apunta también a la necesaria confianza que los órganos judiciales deben dar a
los ciudadanos y, sobre todo, a los acusados por delito.
63
Sin embargo, no siempre es fácil distinguir entre imparcialidad subjetiva y objetiva,
la cuales no siempre pueden separarse netamente. Hay un sector de la doctrina
que sostiene que los problemas de imparcialidad siempre deben llevarse al plano
de la subjetividad. Se ha dicho así que "las tachas de parcialidad por mucho que
se objetiven conducen casi siempre a situar el problema en las circunstancias
subjetivas del juzgador". Una clara posición contra el criterio objetivo de la
imparcialidad es la que manifiestan Montero Aroca y Flors, quienes sostienen que
la imparcialidad es siempre subjetiva, pues dice relación siempre con la
equidistancia que debe tener todo juez respecto de las partes y el objeto del
proceso.
1.2.4.2. El derecho a no ser distraído del juez natural
Ninguna persona puede ser sometida a un juzgamiento sino por su juez ordinario
o natural, predeterminado por la ley con anterioridad a la iniciación del proceso.
Este juez es el competente para juzgar a las personas por infracciones cometidas
en los lugares sedes de los órganos jurisdiccionales respectivos.
Por lo tanto, el derecho que tiene toda persona al juez ordinario o competente
exige como presupuesto que, previamente exista el órgano jurisdiccional cuyo
titular se encuentre investido de la legal competencia para el juzgamiento del caso
particular, objeto del respectivo proceso. Es decir, el juez natural es el competente
del domicilio en donde reside el ciudadano, quien se encuentra amparado por la
garantía de que no podrá metido al juzgamiento por parte de un juez ad hoc, o por
un al de excepción creado especialmente con posterioridad a la comisión de la
infracción penal.
Esta garantía se enuncia diciendo: "Ninguna persona Podrá ser distraída de su
juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones
especiales que se creen perderá el efecto". Es el' derecho que tiene todo
habitante del país para que el proceso sea resuelto Por el juez competente, que
es su juez natural.
64
1.2.4.3. El Derecho a una tutela judicial efectiva
El término “derecho fundamental” ha sido frecuentemente confundido con un
“derecho humano”. La distinción entre uno y otro término consiste en que el
derecho humano ya ha sido positivado, normalmente a nivel constitucional y que,
por lo tanto, goza de una tutela reforzado frente a otros derechos.
La conveniencia de la constitucionalización del derecho la tutela judicial efectiva
resalta desde todo punto de vista. No solo porque de esta manera sus múltiples
manifestaciones adquieren al relevancia necesaria y se contagian, si cabe el
término, de esta característica, sino también porque en el ámbito del proceso, las
“promesas de certidumbre y coerción propias de las normas jurídicas” adquieren
eficacia.
De este modo la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela judicial
efectiva requiere algunos cambios, no solamente a nivel del sistema de
administración de justicia sino también en la conceptualización misma del proceso
como medio para proteger adecuadamente los derechos de las personas. Se
acude, de esta manera, a un fenómeno de ensanchamiento de la tutela judicial
efectiva, que requiere de una intervención más intensa del accionar estatal que la
requerida para otros derechos, como la concienciación del juez, quien debe
contemplarse como el primer llamado a hacer del derecho una realidad.
En la perspectiva del efecto irradiante que le incumbe como derecho fundamental,
la tutela judicial efectiva se proyecta también en la interpretación y aplicación de
las normas por los tribunales. Desde luego, aun con la consideración de que la
incidencia no serás la misma en todos los ámbitos del ordenamiento jurídico, no
cabe duda que una de sus manifestaciones, en este aspecto, tiene que ver con
las obligaciones de los jueces y tribunales de interpretar los derechos (al menos
los constitucionales) en el sentido que más favorezca su efectiva vigencia.
1.2.4.4. El derecho al juicio previo
El juicio previo, “consiste en que el juez natural no puede imponer una condena
sin que haya realizado un proceso que culmine con una declaración fundada en
65
culpabilidad.” Se requiere mínima mente la fijación legal de un programa de
carácter general en que se establezcan las etapas fundamentales para concluir
con una sentencia válida. Lo que se pretende, es recalcar con estos conceptos la
necesidad e imposición constitucional de que en cualquier tipo de proceso, el que
inicie la acción, por ende su titular, debe ser un órgano ajeno a cualquier
dependencia del poder judicial, y por ende es al lí donde deben resolverse las
contravenciones.
Los elementos que tradicionalmente integran el juicio previo son:
a) acusación
b) defensa
c) prueba
d) sentencia.
En nuestra exposición vamos a pretender enunciar una posible vía de resolución
de conflictos, fuera de la competencia jurisdiccional, y la incidencia y adaptación
necesaria que debería formularse a la legislación para que no resulte vulnerante
de los derechos y garantías reconocidos en la actualidad por los estados
civilizados. (Palacios, 2003)
1.2.5. Principios Constitucionales
Son construcciones históricas incorporadas al Estado de derecho y al
funcionamiento, son principios generales del derecho que guían la conducta
humana atendiendo a las garantías de sus derechos.
1.2.5.1. Principio de Publicidad
La publicidad en el sentido procesal es hacer público (acceso y lugar) los actos
del proceso.
La publicidad en el proceso otorga la posibilidad a las partes y terceros a que
puedan tener acceso al desarrollo del litigio, logrando con su presencia una suerte
66
de control hacia la responsabilidad profesional de jueces En esta acepción la
publicidad del proceso puede existir o bien respecto de las partes o en relación
con terceros.
1.2.5.2. Principio de Legalidad
Las Cortes en materia penal, juegan un papel primordial el principio de estricta
legalidad, que constituye una norma meta legal dirigida al legislador, a quien
prescribe una técnica específica de calificación penal idónea para garantizar la
taxividad de los presupuestos de la pena, la decibilidad de la verdad de su
enunciación, ya que el principio de mera legalidad es una norma dirigida a los
jueces, a los que se ordena que consideren delito cualquier acto calificado por tal
por la ley”
1.2.5.3. Principio de irretroactividad de la Ley Penal
Uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley es su
irretroactividad, que significa que esta no debe tener efectos hacia atrás en el
tiempo; sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación.
Pedro Lombardo, se consideraba que, para que una ley fuese retroactiva, debía
tener unas razones muy especiales que ameritaran tal efecto extraordinario. Los
estudiosos del derecho canónico estimaban la irretroactividad como derecho
divino, al paso que la retroactividad era de derecho humano.
La irretroactividad nace en el derecho romano y se extiende luego por el mundo,
convirtiéndose en un principio de aplicación de la ley aceptado universalmente; es
decir, válido en todos los tiempos y en todos los lugares.
Hay que plantearse tres interrogantes acerca de la irretroactividad de la ley: en
primer lugar, cuál es su fundamento; en segundo lugar, cuál es su esencia y, en
tercer lugar, cuál es su finalidad. Así puede darse un concepto nítido sobre la
naturaleza jurídica del principio de irretroactividad.
1.2.5.4. Principio de Preclusión
67
El Principio de Preclusión, también denominado principio de Eventualidad se basa
en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal. El fundamento de la
preclusión se encuentra en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la
especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales.
El principio de preclusión permite entre otras cosas el pronto logro de la tutela
jurisdiccional y la correcta defensa procesal.
1.2.5.5. Principio de Igualdad
La igualdad ante la ley es principio jurídico que se deriva del reconocimiento de la
persona como criatura dotada de unas cualidades esenciales comunes a todo el
género humano que le confieren dignidad en sí misma, con independencia de
factores accidentales como aquellos que a título de ejemplo enuncia el artículo
transcrito, lo que implica proscripción de toda forma discriminatoria, sea ella
negativa o positiva, en las relaciones entre gobernantes y gobernados así como
en la creación, definición y aplicación de las normas que componen el
ordenamiento jurídico.
1.2.5.6. Principio de Oportunidad
Una vez que le llega la notitia criminis, iniciará obligatoriamente, siempre y en
todos los casos las investigaciones para encontrar elementos de convicción que le
permitan sustentar su resolución de abrir la etapa de la Instrucción fiscal,
continuar con el proceso en las distintas etapas hasta obtener sentencia
condenatoria en contra de quien le debe una respuesta a la sociedad.
el pensamiento de KANT, para quien la pena es la exacta correspondencia al
desvalor del comportamiento del autor del delito, el pensamiento de HEGEL, para
quien el delito es la afirmación de la voluntad que es por sí (individual y real)
frente a la voluntad en sí (universal y abstracta) contradicción sólo superable por
el castigo.
68
Los principios de legalidad y de oportunidad, sostiene Gimeno Sendra, nos
indican qué condiciones debe ejercitarse y extinguirse la acción penal o, lo que es
lo mismo, cuándo y cómo debe incoarse y finalizar el proceso penal.
El Principio de Oportunidad es un postulado rector que se contrapone
excepcionalmente al Principio de Legalidad Procesal, corrigiendo su exceso
disfuncional, con el objetivo de conseguir una mejor calidad de justicia, facultando
al Fiscal, Titular de la Acción Penal, promover bajo formas novedosas y premisas
propias del derecho conciliatorio que el derecho penal no sólo llegue a sus
destinatarios, sino que sea con mayor justicia para la víctima. (Torres Caro, 1998)
Julio Maier, lo define como "la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes
se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la
noticia de un hecho punible o, inclusive, de la prueba más o menos completa de
su perpetración, formal o informalmente, temporal o indefinidamente, condicional
o incondicionalmente por motivos de utilidad o razones político criminales".
Para Von Hippel "es aquel en atención a cual el Fiscal debe ejercer la acción
penal, con arreglo a su discrecional arreglo, en uno de los determinados
supuestos regulados legalmente".
Claus Roxín señala: "es la contraposición teórica del Principio de Legalidad,
mediante la cual se autoriza al Fiscal a optar entre elevar la acción o abstenerse
de hacerlo archivando el proceso cuando las investigaciones llevadas a cabo
conduzcan a la conclusión de que el acusado, con gran probabilidad, ha cometido
un delito". (Melgarejo Barreto, 2 006)
Por su parte Gimeno Sendra considera: "facultad que el titular de la acción penal
asiste, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio con
independencia que se haya acreditado la existencia de un hecho punible"
69
1.2.5.7. Principio “Non Bis In Idem”
Non bis in idem, también escrito en español non bis in ídem (en latín: No dos
veces por lo mismo), también conocido como autrefois acquit ("ya perdonado" en
francés) o double jeopardy ("doble riesgo" en inglés), es una defensa en
procedimientos legales.
En muchos países como los Estados Unidos, Argentina, Canadá, Perú, España,
Australia, República Dominicana e India es un derecho fundamental reconocido
por la Constitución que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un
mismo delito. En otro sentido implica que no pueda valorarse dos veces un mismo
hecho o fenómeno para calificar la tipicidad de un delito o evaluar la concurrencia
de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
1.2.5.8. Principio Dispositivo
El principio dispositivo, explica el poder que sobre las pretensiones debatidas en
el proceso tienen las partes que las ejercitan.
1) Poder de disposición sobre el derecho material.- Si los derechos e
intereses jurídicos que se pueden discutir en el proceso civil son del
dominio absoluto de los particulares, a nadie se le puede constreñir u
obligar a solicitar su tutela jurisdiccional o a ejercitar su defensa ante los
Tribunales.
2) Poder de disposición sobre la pretensión.- Las partes no son sólo
dueñas del ejercicio de la acción y de la incoación, por tanto, del proceso,
sino que lo son también de la pretensión y del proceso mismo, pudiendo
disponer de él a través de una serie de actos, que, con la fuerza de la cosa
juzgada (allanamiento renuncia, transacción), o sin ella (desistimiento,
caducidad) han de producir la terminación anormal del procedimiento, con
anterioridad a la sentencia definitiva.
3) Vinculación del órgano jurisdiccional a las pretensiones de las
partes.- El poder dispositivo de las partes conduce a la obligación de
70
congruencia del Juez con respecto a las pretensiones de las partes.
(Peyrano, 1978)
1.2.5.9. Principio de Concentración
La deliberación debe garantizar la disponibilidad absoluta de los jueces para
discutir los extremos ventilados en el debate, debe participar del principio de
concentración que se exige para las audiencias, de manera que exista certeza de
que los jueces que presenciaron el debate, discutan en pleno todas y cada una de
las cuestiones sometidas a su conocimiento, y valoren en conjunto la prueba
recibida, para que así finalmente emitan el fallo; este principio aproxima lo más
posible a los jueces a la prueba que se recibe en juicio, el principio de
concentración en materia procesal, aporta el razonamiento necesario para
dilucidar esta acción.
“El principio de la inmediación de la prueba invocado por el demandante también
ha sido analizado, el cual aproxima a los jueces a la prueba que se recibe en
juicio, que en conjunto con el principio de concentración en materia procesal,
aporta el razonamiento necesario para dilucidar esta acción.”
1.2.5.10. Principio de Inmediación
En razón del principio de inmediación se consagra la proximidad del juzgador con
las partes y con el material del proceso, facilitándose obviamente el dictado de la
resolución definitiva en su momento.
A su favor se alega que resulta imprescindible para poder resolver con acierto,
especialmente en lo relativo a la valoración de ciertos medios de prueba (por
ejemplo, el testigo y la declaración de parte); menos útil en otros medios, como la
documental.
De manera creciente se va implementando en el proceso civil y en el penal
(ambos, ampliamente entendido). En todo caso, en los órganos judiciales
71
colegiados, estimamos necesaria la presencia, sin exclusiones, de todos los
miembros del tribunal.
La vigencia del principio de inmediación se percibe claramente en el modelo
procesal de justicia oral, en el que las actuaciones se celebran en presencia
directa del juzgador. Por otro lado, no resulta difícil la imaginación de su
presencia, auténticamente pura, en las manifestaciones primitivas de
administración de justicia. (Ostos, 2012)
1.2.5.11. Principio de Celeridad
La celeridad obliga a las administraciones públicas a cumplir sus objetivos y fines
de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de
la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos.
Este principio le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a
todos los entes públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular.
Neoconstitucionalismo
Corriente que nace después de la segunda guerra mundial enfocada en el estudio
sociológico de las instituciones, es el espacio donde los diferentes actores
sociales desarrollan sus actividades, prácticamente es el constitucionalismo
moderno, que basa su accionar en el reconocimiento de los derechos
individuales.
Concepto
Es una corriente de pensamiento en construcción. Qué es, para qué, cómo está
estructurado, qué propone en relación a la teoría del derecho y del estado son
preguntas que tienen muchas respuestas desde el mismo constitucionalismo
contemporáneo y algunas de ellas son contradictorias. Mucho se ha escrito a nivel
internacional sobre el tema y más de un debate ha provocado sobre su naturaleza
y alcances. Afortunadamente, también ha habido algunos debates sobre la teoría
constitucional contemporánea a nivel nacional.
72
Detractores
Detrás de la panacea del neoconstitucionalismo, este ofrece el
hiperpresidencialismo, el caudillismo y la plurinacionalidad. El presidencialismo,
según Rafael Balda, se caracteriza por un presidente que concentra las funciones
de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno; el presidente es elegido por voto popular;
el mandato del presidente está sujeto a período fijo; el presidente designa y
destituye libremente a sus ministros.
Defensores
El constitucionalismo inicial aparece como la partida de defunción de un orden
caracterizado por el orden omnímodo, la estamentatizacion de la sociedad, y la
clasificación de la persona humana; en cambio se presenta como el receptáculo
normativo de la libertad, la igualdad ante la ley y la fraternidad como expresión de
virtud cívica.
Consiste en el ordenamiento de una sociedad política mediante una constitución
escrita cuya supremacía significa la subordinación a sus disposiciones de todos
los actos emanados de los poderes constituidos que forman el gobierno ordinario.
En la historia del derecho se conoce con la dominación de constitucionalismo
inicial aquel movimiento político-jurídico gestado desde el siglo XIII hasta parte del
siglo XIX. y finalmente logro consagrar para los estados el sancionamiento de una
ley fundamental llamada constitución.
Origen
Luigi Ferrajoli se sustenta en la división de los poderes y los derechos del hombre,
nacidos en los siglos XVII y XVIII, en las que sobresalen Inglaterra, Francia y
Estados Unidos de Norte América Raymundo Gil Rendón), distinguiendo los
siguientes modelos:
Estado legal de derecho.- El más antiguo, con la afirmación del principio de
legalidad como criterio exclusivo de identificación del derecho válido.
El Estado constitucional de derechos.- Nuevo modelo de formación teórico
práctica no consolidado, emprendido a partir de la segunda guerra Mundial.
73
Luigi Ferrajoli, detiene su pensar y explica la existencia de tres paradigmas:
El derecho pre moderno, nacimiento del estado moderno y el surgimiento
del principio de legalidad.
El Estado legislativo del derecho, subordinación del principio de legalidad,
garantizada por una específica jurisdicción de legitimidad, a constituciones
rígidas, en donde se produce la perpetuidad del poder.
El Estado constitucional del derechos,
El Estado de derecho
El estado de derecho puede ser estudiado desde la aspiración política, como una
visión ideológica, desde la perspectiva de la ciencia política o la ciencia del
derecho, ambas ideologías pretenden justificar y legitimar el Estado bajo un
sustento jurídico.
Controversias
Son numerosas las controversias que suscita la relación entre derecho y moral,
así como numerosos los teóricos que la han discutido, las perspectivas analizadas
y las posiciones asumidas por investigadores, juristas, jueces y abogados, así:
1) La moral es autónoma, porque se la impone el hombre, mientras el
derecho es heterónomo, porque lo dicta un órgano público que lo atribuye
aún contra su voluntad ;
2) la moral es incoercible, porque de su inobservancia no se sigue un castigo
institucional, mientras el derecho es coercible, porque se puede recurrir a la
fuerza para hacer cumplir su contenido2 ;
3) La moral es interna, Carlos Gaviria Díaz presenta este criterio de
diferenciación en los siguientes términos: “Para Kant, conducta heterónoma
es la que obedece a un precepto que no deriva de su albedrío, sino que le
es impuesto por una voluntad extraña. Autónomo es, por el contrario, aquel
proceder que obedece a normas que el sujeto se ha impuesto a sí propio,
74
convencido de su universal validez. Es éste un fenómeno de auto
legislación, como que son uno solo el creador de la norma y su
destinatario. Autonomía, entonces, vale tanto como autodeterminación
1.3. Valoración crítica de los conceptos principales de las distintas
posiciones teóricas sobre el objeto de investigación.
La opinión de Claus Roxin al destacar la posición del fiscal sobre el cual descansa
la decisión de dictar dictamen abstenido en unos casos y acusatorio en otros,
para lo cual hará prevalecer las garantías del debido proceso, porque así lo
establece el neo constitucionalismo y la actual constitución.
El Dr. Luis Cueva Carrión al referirse a la tutela efectiva, imparcial y expedita de
los derechos e intereses, como derechos de protección, deben estar sujetos y
supeditados a los principios de inmediación y celeridad, el no hacerlo significa
apartarse de la tutela, de la protección a los derechos de los sujetos procesos, por
eso existe un juez de garantías penales, que garantiza a los sujetos procesales y
del proceso, de acuerdo al artículo 75 de la Constitución de la República del
Ecuador.
En la Constitución de la República del Ecuador elaborada en Montecristi en el
2008 y aprobada mediante referéndum del pueblo ecuatoriano, publicado en el
Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008, en lo principal recoge el
debido proceso, derecho de protección a los sujetos procesales, derechos y
obligaciones, que se debe garantizar como a todas las garantías básicas.
A lo largo de los criterios de los doctrinarios, evocan el cumplimiento de los
derechos humanos, para que a la hora de iniciar un proceso se observen todas
las garantías establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
realizada por la ONU, al término de la II Guerra Mundial bajo el auspicio de los
cinco grandes del Mundo Estados Unidos de Norte América, Gran Bretaña,
Francia, la Unión Soviética y la China.
75
El tratadista italiano Luigi Ferrajoli se refiere a la potestad punitiva del Estado, que
los operadores de justicia son los garantes del proceso y de los procesados a la
hora de impartir justicia, que no se debe incumplir con el mandato de la mínima
intervención penal del artículo 3 del Código Orgánico Integral Penal.
El tratadista ecuatoriano Dr. Jorge Zabala Egas, manifiesta que Las garantías
básicas expresadas de la tutela judicial efectiva y el debido proceso constantes en
los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República del Ecuador, a la hora de
aplicarlas se convierten en una utopía.
1.4. Conclusiones parciales del capítulo
a) Autores como Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, en su comentario
señala que el poder del Estado a través del poder jurisdiccional administra
justicia y se la juega con la estabilidad social.
b) En el presente Capítulo se conceptualizó los temas más importantes de la
investigación como los derechos humanos, la tutela judicial efectiva, el
debido proceso y garantías del debido proceso, que se analiza a la luz de
la seguridad jurídica.
c) La investigación determina que el ordenamiento jurídico ecuatoriano
establece mecanismos ante los principios mencionados los cuales se
ven vulnerados por la administración de justicia y sus operadores.
d) El Estado debe difundir sobre los derechos humanos, la tutela judicial
efectiva y el debido proceso en materia penal, realizando a través de la
administración de justicia una capacitación que instruya sobre estos
derechos fundamentales con el fin de que se garantice un debido proceso.
e) Contamos con una pésima legislación penal, que en nada se cumple el
artículo 3 de la exposición de motivos del Código Orgánico Integral Penal
que se refiere a la constitucionalizarían del derecho penal.
f) La legislación debió cumplir y allanarse a la constitucionalización del
derecho penal constante en el artículo 3 de la exposición de motivos del
Código Orgánico Integral Penal.
g) La declaración No. 10 de los Derechos Humanos es ley para todos los
países del mundo firmantes de la Declaración de los Derechos Humanos,
que deben cumplirse bajo la protección de las legislaciones nacionales.
76
CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA
PROPUESTA
2.1. Caracterización del sector
En la presente investigación que se ha formulado a través del problema científico:
¿Existe una adecuada instrucción a los organismos encargados de la
administración de justicia, para que se respeten los derechos humanos
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador?, sobre la
aplicación de los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso
en la zona urbana de la ciudad de Guayaquil, para indagar sobre la incorrecta
aplicación de los principios mencionados en la administración de justicia.
La indebida aplicación de la normativa constitucional en materia penal, vulneran
los derechos humanos, lo que causa inseguridad jurídica, por lo que es necesario
investigar para sensibilizar al Estado, a la administración de justicia, para que se
cumpla con el Estado Constitucional de Derechos y Justicia.
Los organismos del Estado que representan la institucionalización del poder al
poder y para evitar aquello la tutela judicial efectiva en el artículo 3 del Código
orgánico Integral Penal a fin de garantizar a las personas y frenar los abusos del
poder del Estado el legislador hizo constar el principio de mínima intervención
estatal, para permitir que en materia penal puedan convenir en la solución de os
conflictos, pero eso no ha sucedido, más se ha acentuado el sistema inquisitivo,
volviéndose más agresivo e intolerante, para ello es necesario maximizar el
estudio del rol del Estado a través de la historia.
Los usuarios del sistema judicial de Guayaquil, dan cuenta de la realidad de la
administración de justicia, en donde la tutela judicial efectiva y el debido proceso
contemplados en la Constitución se convierten en una utopía, o sea un sueño
bonito que nunca será realidad.
77
2.2. Descripción del procedimiento metodológico para el desarrollo de la
investigación
2.2.1. Modalidad:
La presente investigación se circunscribe en la modalidad cuali-cuantitativa:
Cualitativa.- en cuanto a la utilización de la variada bibliografía que
constituyen los fundamentos teóricos, que son los aportes de los diferentes
autores que tratan el tema de investigación.
Cuantitativa.- en cuanto a la utilización de la matemática y la estadística,
para la interpretación de los resultados, base de la encuesta y que abalizan
mi propuesta de solución
2.2.2. Tipos de investigación
Los tipos de investigación conocidos en la investigación científica y que consta en
el Manual de Investigación de “UNIANDES”, son a saber:
Por su diseño:
Teoría fundamentada.- Son estudios predominantemente teóricos.
Su propósito es desarrollar la teoría en base a datos empíricos
obtenidos en la propia investigación, más que en estudios previos.
Investigación – acción.- Su finalidad es resolver problemas
cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Como
propósito fundamental está aportar información que guie la toma de
decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. La
investigación- acción construye el conocimiento por medio de la
práctica diaria en la que se desenvuelven los sujetos que son
analizados.
Por su alcance:
Exploratoria.- Tiene por objeto esencial la familiarización con un
fenómeno o concepto desconocido poco estudiado
78
Descriptiva.- Para analizar cómo es y cómo se manifiesta un
fenómeno y sus componentes.
Explicativa.- Dirigidas a encontrar las causas que provocan
determinado fenómenos o procesos.
2.2.3. Métodos, técnicas e instrumentos
Métodos
Métodos empíricos
La observación científica.- Este es un método universal que está
presente en todas las investigaciones del mundo y en todas las
etapas de la actividad investigativa, para la explicación de fenómeno
o fenómenos observados, la observación se divide en abierta o
encubierta.
La medición.- Este método permite medir y delimitar el interés que
tiene el investigador para establecer la magnitud del fenómeno. Esta
medición se lo realiza por medio de la recopilación, procesamiento,
descripción y lo fundamental saber interpretar los datos obtenidos
para establecer las posibles causas y acciones de los fenómenos
El experimento.- Este método sirve para determinar la causa y
efecto dentro de un ámbito investigativo natural o de laboratorio
para determinar la parte inicial, experimental y la constatación del
fenómeno observado
Análisis documental.- Consiste en el análisis de la documentación
existente para la investigación pudiendo ser a través de libros,
revistas, procesos, ingresos a direcciones electrónicas mediante
internet u otros medios.
Recolección de información:
- La entrevista.- Consiste en un amplio dialogo que realiza el
investigador y el sujeto o sujetos que constituyen la fuente de
información para lo cual la entrevista se puede realizar en grupos
o individualmente.
79
- La encuesta.- Tiene como propósito recoger en forma masiva la
información que le permitirá obtener la información que requiere
el investigador.
- El cuestionario.- Sencillamente es un pliego o banco de
preguntas previamente elaboradas para que responda el tenedor
de la información de interés para el investigador.
- Validación por la vía de expertos.- Conocido también como el
criterio de expertos está constituido por el criterio de los
especialistas que conocen ciertas áreas en donde se encuentra
el fenómeno, quienes podrán dar una idea de solución al
fenómeno presentado.
Métodos Teóricos
Histórico – Lógico.- El procedimiento histórico ayuda a descubrir
cronológicamente la trayectoria del fenómeno que se está
estudiando; el Método lógico explica el fondo del fenómeno con la
finalidad de profundizar en su estudio a través de la lógica. Estos
método son muy importantes dentro de la investigación.
Analítico – Sintético.- Proceso mental que realiza el investigador,
El analítico toma del todo a las partes del fenómeno, para
desintegrar los componentes del objeto de investigación, el sintético
relaciona los componentes del objeto para lograr su integración al
todo, esté método permitirá al investigador establecer las posibles
causas y efectos del fenómeno u objeto de investigación.
Inductivo – Deductivo.- Este método se logra conformar la relación
del objeto de investigación a partir de los hechos particulares y llegar
al conocimiento holístico del objeto, permitiéndose tener los primeros
resultados de forma teórica. Inductivo partiendo de lo particular a lo
general o de la parte a un todo; Deductivo nos lleva de lo general a
lo particular o de lo complejo a lo simple.
Hipotético – Deductivo.- Con este método hay la posibilidad de
encontrar un nuevo conocimiento dentro del conocimiento que ha
80
sido descubierto y de esta manera tener nuevas hipótesis para
poder obtener los principios y las leyes que configuran la teoría
científica.
Modelación.- Es la representación mental de la realidad mediante
un modelo que el ser humano crea para explicarse un concepto
general del mundo, mediante abstracciones, es portador de la
unidad del objetivo y subjetivo o lo concreto y lo abstracto.
Sistémico.- Permite que se estudie el objeto de la investigación
profundizando en sus componentes y las relaciones que hay entre
estos para poder explicar su movimiento y desarrollo, realizándose
de dos partes, la una como integrante de todo y la otra donde se
integran métodos teóricos, empíricos, procedimientos y técnicas
Métodos Matemáticos:
la matemática.- este método ayuda al investigador a utilizar la
escala numérica para obtener información fundamental y precisa y
permitir el análisis cuantitativo para el procesamiento de los datos.
la estadística.- este método que está relacionado con las ciencias
exactas, puede describir, visualizar y obtener datos originados a
partir de los fenómenos de estudio, la estadística como método
también se refiere a la aplicación de algoritmos estadísticos de un
conjunto de datos y representaciones necesarias para la
interpretación de resultados.
otros métodos.- dependiendo del tema de investigación el
investigador puede acudir a otros métodos de investigación.
Técnicas
La entrevista.- Consiste en un diálogo directo con el investigador
poseedor de la fuente de información
La Encuesta.- Es una forma de obtener información masiva de los
poseedores de la fuente de información.
81
El Fichaje.- Son formas de obtener información efectiva y relevante
de las fuentes bibliográficas y nemotécnicas.
Instrumentos:
Guías de la entrevista.- Son documentos que los elabora el
investigador dependiendo del tipo de información que requiera.
Formularios de la encuesta.- Está diseñado capaz de obtener
información rápida y relevante de diversas fuentes de información.
Fichas bibliográficas.- Son diseños especiales capaz de recoger
información completa sobre un determinado tema y autor.
Fichas nemotécnicas.- Son diseñadas para recoger información
específica de la fuente, amplia y detallada.
En la presente investigación se ha utilizado la siguiente metodología:
Modalidad:
Se ha utilizado la modalidad cuali-cuantitativa, cualitativa en cuanto a las
diferentes opiniones de los tratadistas y la legislación vigente en cuanto al tema y
cuantitativa en cuanto a la utilización de la matemática y la estadística en cuanto
al diagnóstico de la existencia de problema ¿Existe una adecuada instrucción a
los organismos encargados de la administración de justicia, para que se
respeten los derechos humanos consagrados en la Constitución de la
República del Ecuador? y la solución que se propone al mismo.
Tipos de investigación:
Por su diseño:
Teoría fundamentada.- Constituye el marco teórico construido con los
diferentes aportes de autores que analizan la tutela judicial efectiva y el
debido proceso en el mundo, orientada a una efectiva administración de
justicia.
Investigación – acción.- La investigación promete mejorar la
82
administración de justicia, a través del cambio de comportamiento de los
operadores de justicia.
Por su alcance.-
Explicativa.- Lo principal es encontrar las causas que provocan una pobre
administración de justicia.
Métodos, técnicas e instrumentos
La observación científica.- Siendo la observación científica un método
que está presente y no se escapa de toda investigación, porque nos
permite detectar el fenómeno que están afectando a la administración de
justicia.
La recolección de información.- Para el diagnóstico se ha requerido de la
selección de una población que en base a unos formularios mediante la
encuesta se ha recolectado la información requerida, luego es muy
interesante la validación por los expertos.
Histórico-lógico.- Al tratarse de la tutela judicial efectiva y el debido
proceso, son derechos que tiene el ciudadano que fueron estructurados por
la Organización de las Naciones Unidas una vez concluida la II Guerra
Mundial.
Analítico-sintético.- Toda la información macro que se encuentra en las
redes o en las TIC’S, se ha requerido de un profundo análisis en forma
sintética, para extraer la información que aporte a la fundamentación y
argumentación teórica sobre la existencia del problema.
Inductivo-deductivo.- Es necesario recurrir a la inducción y a la deducción
para tener una idea clara de la realidad en donde se maneja el objeto de la
investigación
Matemático.- En el diagnóstico se ha requerido el apoyo de la matemática,
para determinar cuantitativamente a los operadores de justicia de
83
Guayaquil, a los abogados en libre ejercicio profesional y los usuarios del
sistema judicial, con los que se elabora el diagnóstico sobre la existencia
de la violación de la tutela jurídica, así mismo determinar exactamente la
posibilidad de éxito al aplicar la propuesta.
Estadístico.- Nada más ni nada menos que es el complemento del método
anterior para poder representar estadísticamente los resultados.
2.2.4. Población y muestra
POBLACIÓN NO.
Operadores de justicia de la ciudad de Guayaquil 10
Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de
Guayaquil
30
Usuarios del sistema judicial 50
TOTAL 90
Por ser la población menor de cien la encuesta se aplica a la totalidad de la
población
84
2.2.5. Interpretación de resultados
2.2.5.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS OPERADORES DE JUSTICIA DE
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. (ANEXO # 3)
a) ¿En la administración de justicia se cumple con el Estado
Constitucional de derechos y justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 0 0%
NO 10 100%
TOTAL 10 100%
INTERPRETACIÓN
Diez operadores de justicia de la ciudad de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 100% de la población , respondieron que no a la pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de los operadores
de justicia de la ciudad de Guayaquil encuestados, respondieron que en la
administración de justicia no se respeta el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia, por lo tanto es viable mi propuesta.
¿En la administración de justicia se cumple con el Estado Constitucional de derechos y
justicia?
NO100%
85
b) Existe un análisis jurídico crítico para la aplicación de los derechos
humanos, la tutela judicial efectiva y debido proceso.
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 0 0%
NO 10 100%
TOTAL 10 100%
INTERPRETACIÓN
Diez operadores de justicia de la ciudad de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 100% de la población , respondieron que no a la pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de los operadores
de justicia de la ciudad de Guayaquil encuestados, respondieron que en la
administración de justicia no se respeta el Estado Constitucional de Derechos y
Justicia, por lo tanto es viable mi propuesta.
Existe un análisis jurídico crítico para la aplicación de los derechos humanos, la tutela
judicial efectiva y debido proceso
NO100%
86
c) ¿Cree usted que un análisis jurídico crítico de derechos humanos,
tutela judicial efectiva y debido proceso, ayudaría en la administración
de justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 2 20%
NO 8 80%
TOTAL 10 100%
INTERPRETACIÓN
Dos operadores de justicia de la ciudad de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 20% de la población, respondieron que si a la pregunta.
Ocho de los operadores de justicia de la ciudad de la ciudad de Guayaquil
encuestados, que representan al 80% de la población, respondieron que no a la
pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los operadores de
justicia de la ciudad de Guayaquil, respondieron que un análisis jurídico crítico de
derechos humanos, tutela judicial efectiva y debido proceso, si ayudaría a la
administración de Justicia, por lo tanto es viable mi propuesta.
¿Cree usted que un análisis jurídico crítico de derechos humanos, tutela judicial efectiva y
debido proceso, ayudaría en la administración de justicia?s
SI
NO
20%
80%
87
2.2.5.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE
EJERCICIO PROFESIONAL, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. (ANEXO
# 4)
a) ¿Considera usted que los operadores de justicia de la ciudad de
Guayaquil, aplican adecuadamente los derechos humanos, la tutela
judicial efectiva y el debido proceso en la administración de justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 10 33%
NO 20 67%
TOTAL 30 100%
INTERPRETACIÓN
Diez de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 33% de la población, respondieron que si a la pregunta.
Veinte de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 67% de la población, respondieron que no a la pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en
libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que los operadores de
justicia no aplican derechos humanos, tutela judicial efectiva y el debido proceso,
por lo tanto es viable mi propuesta.
¿Considera usted que los operadores de justicia de la ciudad de Guayaquil, aplican adecuadamente los derechos humanos, la
tutela judicial efectiva y el debido proceso …
SI
NO
33%
67%
88
b) ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales
por una inadecuada aplicación de los derechos humanos, tutela
judicial efectiva y debido proceso?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 5 17%
NO 25 83%
TOTAL 30 100%
INTERPRETACIÓN
Cinco de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 17% de la población, respondieron que si a la pregunta.
Veinticinco de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil
encuestados, que representan al 83% de la población, respondieron que no a la
pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los abogados en
libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que existe ineficacia
procesal por la inadecuada aplicación de derechos humanos, tutela judicial
efectiva y el debido proceso, por lo tanto es viable mi propuesta.
¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales por una inadecuada aplicación de los derechos humanos, tutela
judicial efectiva y debido proceso?
SI
NO
17%
83%
89
c) ¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para
una correcta aplicación de los derechos humanos, tutela judicial
efectiva y debido proceso en la administración de justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 30 100%
NO 0 0%
TOTAL 30 100%
INTERPRETACIÓN
Treinta de los abogados en libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 100% de la población, respondieron que si a la pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la totalidad de abogados en
libre ejercicio de la ciudad de Guayaquil, respondieron que un análisis jurídico
crítico si servirá de base para una correcta aplicación de los derechos humanos,
tutela judicial efectiva y debido proceso en la administración de justicia, por lo
tanto es viable mi propuesta.
¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para una correcta
aplicación de los derechos humanos, tutela judicial efectiva y debido proceso en la
administración de justicia?
SI100%
90
2.2.5.3. ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS DEL SISTEMA JUDICIAL
DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (ANEXO # 5)
a) ¿Considera usted que existe eficacia en la administración de justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 10 20%
NO 40 80%
TOTAL 50 100%
INTERPRETACIÓN
Diez de los usuarios del sistema judicial de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 20% de la población, respondieron que si a la pregunta.
Cuarenta de los usuarios del sistema judicial de la ciudad de Guayaquil
encuestados, que representan al 80% de la población, respondieron que no a la
pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los usuarios del
sistema judicial de la ciudad de Guayaquil, consideran que no existe eficacia en la
administración de justicia, por lo tanto es viable mi propuesta.
¿Considera usted que existe eficacia en la administración de justicia?
SI
NO
20%
80%
91
b) ¿Considera usted que el Estado garantiza al ciudadano el debido
proceso y la tutela efectiva, en la administración de justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 20 40%
NO 30 60%
TOTAL 50 100%
INTERPRETACIÓN
Veinte de los usuarios del sistema judicial de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 40% de la población, respondieron que si a la pregunta.
Treinta de los usuarios del sistema judicial de la ciudad de Guayaquil
encuestados, que representan al 60% de la población, respondieron que no a la
pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los usuarios del
sistema judicial de la ciudad de Guayaquil, consideran que el Estado no garantiza
el debido proceso y la tutela judicial efectiva en la administración de justicia, por lo
tanto es viable mi propuesta.
¿Considera usted que el Estado garantiza al ciudadano el debido proceso y la tutela efectiva, en la administración de justicia
SI
NO
40%
60%
92
c) ¿Considera usted, necesario un instructivo para la capacitación de los
operadores de justicia?
RESPUESTA POBLACIÓN %
SI 45 90%
NO 5 10%
TOTAL 50 100%
INTERPRETACIÓN
Cuarenta y cinco de los usuarios del sistema judicial de la ciudad de Guayaquil
encuestados, que representan al 90% de la población, respondieron que si a la
pregunta.
Cinco de los usuarios del sistema judicial de la ciudad de Guayaquil encuestados,
que representan al 10% de la población, respondieron que no a la pregunta.
De los resultados obtenidos se puede colegir que la mayoría de los usuarios del
sistema judicial de la ciudad de Guayaquil, consideran que es necesario un
instructivo para la capacitación de los operadores de justicia, por lo tanto es viable
mi propuesta.
2.4.- Propuesta del investigador
¿Considera usted, necesario un instructivo para la capacitación de los operadores de justicia?
SI
NO
10%
90%
93
2.4.1. TÍTULO
ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO
2.4.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
2.4.2.1. Caracterización de la propuesta
La presente propuesta: ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO, se ampara en los
instrumentos internacionales reconocidos por el Ecuador en segundo orden de
acuerdo a la escala jerárquica establecida en la Constitución de la República del
Ecuador elaborada en el cantón Montecristi, provincia de Manabí.
A los principios establecidos en el artículo 75 y 76 de la Constitución de la
República del Ecuador, se suman los principios generales del artículo 2 y los
principios procesales del Código Orgánico Integral Penal, que forman parte de la
constitucionalización del derecho penal establecido en el artículo 3 de la
exposición de motivos para la elaboración del Código Orgánico Integral Penal.
Adicionalmente el Código Orgánico de la Función Judicial expone unos principios
rectores y disposiciones fundamentales para la administración de justicia, que
constan desde el artículo 4 hasta el artículo 31 del citado Código.
En el marco de los instrumentos internacionales consta la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el artículo 8 se refiere al recurso efectivo que tiene
derecho el ciudadano y el artículo 10, el derecho a un tribunal independiente para
que se establezcan sus derechos y obligaciones
Estratificando se nota que existe desde los instrumentos internacionales de
derechos humanos, la Constitución de la República del Ecuador, el Código
Orgánico Integral Penal, y el Código Orgánico de la Función Judicial, la decisión
de que se respetan los derechos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, lo
que falta es la voluntad de los operadores de justicia, es justo entonces en donde
94
se hace necesario el análisis jurídico crítico para la aplicación de los derechos
humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, para una correcta
administración de justicia.
2.4.2.2. Incidencia de la propuesta en la solución del problema
El debido proceso constituye un postulado básico del Estado Constitucional de
Derechos y Justicia, traducido en la facultad del ciudadano de exigir tanto en la
actuación judicial como administrativa, el respeto irrestricto de las normas y ritos
propios de la actuación por parte del Estado en cada caso concreto de aplicación
de la ley sustancial, al proceso o juicio conforme a las leyes preexistentes al acto
imputado, ante juez o tribunal competente, y con observancia de las formas
propias de cada juicio.
El debido proceso constituye así la máxima expresión de las garantías
fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser alegadas por vía
de violación al debido proceso, irrespeto a los derechos humanos y renuncia a la
tutela efectiva en un sentido amplio, formando usualmente parte de este como
garantes: la preexistencia de la ley penal, el juez o tribunal competente, el acceso
a la administración de justicia en condiciones de libertad e igualdad.
La observancia y cumplimiento de las formas propias del juicio, entendido éste
último como todo el desarrollo del proceso, la aplicación de la ley penal favorable,
la presunción de inocencia y sus consecuencias, la defensa técnica y material, el
proceso público sin dilaciones injustificadas, el principio de contradicción, la
imparcialidad del juez, a la doble instancia, entre otros, son los condicionantes
que debe reflejarse al momento de impartir justicia, que será posible con la ayuda
del análisis jurídico crítico, que constituirá una útil herramienta de trabajo.
95
2.4.2.3. Presentación detallada de la propuesta
ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO.
“Sin pensamiento crítico no somos nadie” Pablo Pérez Paetow
El pensamiento crítico desarrolla el hombre ante los ofrecimientos del
reconocimiento de los derechos, pero de difícil cumplimiento, del pensamiento
crítico surge el pensamiento complejo de Edgar Morín que bien viene incorporar al
análisis jurídico crítico a la tutela judicial efectiva y al debido proceso
El presente análisis jurídico crítico se fundamenta jerárquicamente desde el
estudio a los tratados internacionales, reconocidos por nuestro país, la
Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal
Introducción
La constitución de la República del Ecuador, vigente desde el año 2008, ha
propiciado una serie de cambios en las leyes, unas acogiendo los principios del
derecho internacional, otros la costumbre y mala costumbre ciudadana, pero más
allá del respeto a los derechos humanos, la tutela judicial efectiva existe una seria
convicción de afanes políticos como la permanencia en el poder con viejas
tradiciones de los países del segundo mundo mal llamados socialistas.
En esta introducción es necesario destacar los condicionantes que hace
aproximadamente nueve años están afectando a la administración de justicia
producto de los cambios, cuando se debatía con un estado entre el capitalismo y
la democracia, que quedaron a tras para el debate actual el socialismo y la
democracia, en donde el principal protagonista de los cambios es nuevamente el
Estado, que ha sido cuestionado no por uno, sino por todos los pensadores de la
Historia.
El objetivo científico que mueve al Estado es la politología como sinónimo de
ejercicio del poder, pero sin un proyecto de gobierno, así pasó con Fidel, Chávez,
Lula, Bachalet, García, Correa, Uribe, y muchos gobiernos que entrañan fórmulas
nuevas, con un solo intento, permanecer en el poder.
96
En el presente análisis jurídico crítico, para que sea crítico y llegue al sentimiento
de las personas encargadas de la administración de justicia, de quienes tienen
que impulsar los procesos, cuál es la reacción social frente a la parsimonia
jurídica, las leyes nacionales están construidas conforme a los acuerdos
internacionales, la legislación nacional se cumple a cabalidad, cuáles son las
trabas o cadenas que aún no se rompen para poder tener una justicia
independiente, justa y solidaria, oportuna, que coopera al mantenimiento de la paz
social.
Análisis jurídico crítico a los instrumentos internacionales
Es bien sabido que el principio del Debido Proceso, es común en todo tipo de
derechos ya sea este de carácter civil, laboral o comercial; en materia procesal
penal el Debido Proceso se establece como el fundamento esencial de dicha
materia, así mismo, resulta necesario entrar en el campo estrictamente que
corresponde a los derechos humanos.
En la mayoría de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se
consagra el Debido Proceso.
Breve historia de los Derechos Humanos
Los derechos humanos se pusieron en peligro cuando el ser humano trascendió
del primitivismo a la esclavitud, así encontramos a Ciro el Grande rey de Persia
que liberó a los esclavos de Babilonia, dotándoles el derecho de escoger su
religión, el derecho a la igualdad racial y ser tratados como seres humanos, estos
derechos fueron grabados en un cilindro de barro, el lengua acadia y su escritura
cuneiforme, este cilindro contribuyó para que en Roma, Grecia, la India, surgiendo
así el concepto de “Ley Natural”, que se encuentra guardado en la Organización
de las Naciones Unidas y compone los 4 primeros artículo de la Declaración.
Posteriormente surgieron documentos que abalizaban los derechos, así
encontramos en: Inglaterra a Juan Sin Tierra, que en el año 1215 debió hacer
concesiones a los barones y por ende a todos los ciudadanos; la Petición del
Derecho de 1628; la Constitución de Estados Unidos de América del año 1787; la
97
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, después de la
Revolución Francesa, bajo los principios de igualdad, libertad y fraternidad,
inspirados por los principales ideólogos Danton, Marat, Robespierre; la Carta de
los Derechos de los Estados Unidos de América.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Declaración de los Derechos Humanos que consagra todos los principios
consta de 30 artículos, como ideal común para que todos los pueblos y naciones
del mundo deban esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las
instituciones, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a
estos derechos y libertades, y aseguren, la paz y la libertad de todos.
En el artículo 7 consta que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación
a tal discriminación
El artículo 8 dispone que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante
los tribunales, que amparen y no se violen sus derechos fundamentales.
El artículo 10 señala que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen
de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de
Costa Rica
Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, Reafirmando su
propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el
respeto de los derechos esenciales del hombre;
En el artículo 8, numeral 1. Consta que toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
98
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter.
El artículo 2 consta que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se
presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las
siguientes garantías mínimas:
De igual forma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su
artículo 14 apartado 1, reconoce: que Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída
públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de
cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
Análisis jurídico interno
Constitución de la República del Ecuador
En el artículo 75, consta que toda persona tiene el acceso gratuito de la justicia y
a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos y ejercicios.
En el artículo 76 consta que en todo proceso en el que se determinen derechos y
obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, en el
que se incluirán garantías básicas:
En el artículo 169, constan los principios del sistema procesal entre los cuales se
destaca el de eficacia y el debido proceso, no se sacrificará a la justicia por la sola
omisión de solemnidades
Código Orgánico de la Función Judicial:
En el artículo 3 se refiere que para garantizar el acceso a la justicia, el debido
proceso, la independencia judicial y los demás principios establecidos en la
Constitución, será a través de los principios rectores y disposiciones
fundamentales, entre los que se destacan:
99
Artículo 4 de la Supremacía constitucional, con el que las jueces y juezas
aplicarán las disposiciones constitucionales.
En el artículo 23 consta la Tutela judicial efectiva de los derechos, en la que los
jueces se remitirán a la Constitución y a los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos.
Código Orgánico Integral Penal
Solemnemente el Código Orgánico Integral Penal en la exposición de motivos se
refiere a la Constitucionalización del Derecho Penal.
En el artículo 2 constan los principios generales que emana de la Constitución, los
instrumentos internacionales y de Derechos Humanos.
En el artículo 3 se refiere a la mínima intervención penal, esta se legitima
estrictamente cuando es necesaria para la protección de las personas, cuando no
han sido suficientes los mecanismos extraprocesales.
En el artículo 5 constan los principios procesales, para la aplicación del debido
proceso en materia penal.
Análisis social
El análisis social es el examen que se practica a un determinado grupo social
sector o comunidad para establecer la situación o los elementos esenciales del
fenómeno o problema sometido a estudio.
Iniciamos con el análisis a los usuarios del sistema judicial, que en un
determinado momento acuden a la administración de justicia y en la medida que
se den sus procesos, dan su concepto sobre la imagen que tienen del sistema, en
este caso nos hemos referido al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y el
respeto a los derechos humanos.
Las respuestas han sido favorables a la práctica de un análisis jurídico crítico,
como prevención a los hechos que sobrevendrían como consecuencia de una
mala práctica en la administración de justicia, con el agravante que no se ha
100
cumplido con el viejo anhelo de administrar justicia, o con el concepto de justicia,
“Dar a cada quien lo que le corresponde”
Adentrándonos en la administración de justicia, podemos anotar los
complementos, para la administración de justicia son deplorables, no se respetan
los horarios, se trabaja los fines de semana, las unidades judiciales ya no cuentan
con los servicios básicos, los aires acondicionados están averiados, gran cantidad
de personal inexperto en las ventanillas de atención al usuario, los equipos de
comunicación no están funcionando en las salas de audiencias, se pretende dar
uso a la oralidad y no están preparados, personal administrativo apartado de la
línea del derecho.
Análisis científico
Parte del análisis jurídico crítico constituye un análisis al Estado, institución
responsable de todo lo que se haga o deje de hacer, si los organismos de justicia
no están funcionando, si en el país no hay salud, seguridad vialidad, educación,
trabajo, delincuencia juvenil, tráfico de droga, y todos los males sociales será
porque el Estado ha equivocado en sus políticas y se ha dedicado a perpetuarse
en el poder, como todo estado que aún no ha salido de la Edad Media, a
continuación un breve análisis crítico desde el pensamiento científico.
Hablar del Estado, es hablar de las relaciones de poder, José Javier Esparza,
señala que el Estado es un aparato, una burocracia, una organización que copa
todos los espacios disponibles, así fue desde sus inicios, cuando suplantó a la
comunidad primitiva, pero no es imposible de ponerle freno.
Desde la antigüedad encontramos El Estado Ideal de Platón y Aristóteles con su
estudio a las constituciones de las ciento cincuenta ciudades griegas, de la que
solo ha quedado la constitución de Atenas, en la que trataba de alcanzar el “justo
medio”, justo medio entre los pobre y los ricos, esa fue siempre la relación,
relación de poder en donde unos mandan y otros obedecen, Aristóteles ya previno
el interés público sobre el individual.
101
La ciencia de Ibn Jaldún, siguiendo la sociología de Aristóteles intenta anexar la
historia de las sociedades, observaciones y experiencias como medio para
describir al Estado.
En Nicolás Maquiavelo encontramos otra forma de pensar, tal vez lo que mas
adelante la historia llamaría los anárquicos, pues Maquiavelo en su obra El
Príncipe, con su aforismo “el fin justifica los medios”, hace a un lado la libertad, la
democracia y enseña como matar, envenenar, pues es mejor ser temido que
amado, hay que justificar como ganar el poder, como mantenerse y como
perderlo, buscando la unidad de una Italia fragmentada, tuvo muchos enemigos
que causaron mucho daño, pero más daño causaron quienes siguieron sus
consejos, como el cardenal Cisneros, Napoleón Bonaparte, Musollini y todos los
más malos de la historia.
Analizando el poder que adquirió el estado, encontramos al Barón de Secondat de
la Brede, Charles Louis de Secondat, Montesquieu, en su obra máxima El Espíritu
de las Leyes, sugiere la división de los poderes en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, que en el Ecuador estuvo vigente hasta la Constitución de 1998.
Alexis Toqueville, igual que Ibn Jaldun se centra en la historia y da inicio a la
investigación científica del Estado, describe solamente lo que observa, una
apasionado por la democracia y la igualdad social.
El surgimiento del capitalismo y la explotación de los burgueses en contra de los
proletarios surgen las ideas socialistas, que inicia con los socialistas utópicos:
Saint-Simon, Joseph Proudhon, Rober Owen y Charles Fourier, que preparan el
camino del socialismo científico abordado con Karl Marx con su materialismo
histórico y Friedrich Engels con el materialismo dialéctico, que se desarrolla
gracias a las leyes de la dialéctica del filósofo alemán Friedrich Hegel.
Augusto Comte, padre del positivismo, la nueva sociología es científica, pues la
sociedad que nace es científica y la que muere y la que muere es teológica, autor
de los tres estadios por los que tiene que transitar el hombre.
102
Herbert Spenser intenta darle la misión al Estado como un órgano completamente
subordinado al individuo y su actividad no debe ir más allá de la defensa y
protección de los individuos.
Emilie Durkheim, centra su estudio en los hechos por el mal accionar del Estado,
condenando que siempre “Un hecho social, causa otro hecho social”.
Ferdinand Tonnies, si bien es cierto que él introduce la estadística en la
sociología, distingue al Estado como una asociación, y la nación como una
comunidad, el desarrollo del estado está entre la Comunidad y Asociación.
Max Weber, analiza que los medios de dominación son tan importantes como los
medios de producción o sobre los medios de producción, a la que le reclama
legitimidad para poder funcionar, esa legitimidad se torna en autoridad y esta en
dominio.
Vilfredo Pareto, se refiere a la circulación de élites o grupos humanos que le dan
movimiento a la historia.
Gaetano Mosca, Las élites siempre son una minoría pero organizada, unida por
lazos, sociales, económicos y políticos contra una mayoría desorganizada.
Moisei Ostrogorki, los partidos políticos, son la expresión de las élites y por
supuesto muy organizados.
Robert Michels, cuando se forman las minorías organizadas, surgen las
estructuras oligárquicas del poder, una minoría muy activa, frente a una mayoría
silenciosa.
Antonio Gramsci, con Mosca, Pareto y Michels, comparten las ideas del neo
marxismo, en donde el consenso sirve de base para hegemonía,
El Estado moderno se debate entre el neo marxismo y el post marxismo, el
Estado de bienestar que causa el neocapitalismo con pensadores como:
103
Louis Althuser, analiza los aparatos del Estado, que utiliza para el dominio, pues
el poder del Estado se centra en los ARE (Apararos represivos del Estado) y los
AIE (Aparatos ideológicos del Estado), con el que se justifica la lucha de clases.
Nicos Paulantzas, propone un equlibrio entre los grupos antagónicos, surge el
socialismo democrático, pues hay que aceptar que hay un socialismo languidece
y un capitalismo que se fortalece en cada crisis.
Ralph Miliband, trata la crisis del marxismo, eleva el marxismo al post marxismo y
sentencia somos fieles a los pensadores o somos fieles a la verdad de la
dominación.
Ante la ingobernabilidad y desequilibrios del Estado de bienestar, surgen
pensadores como : Clauss Offe, Alan Wolfe y Norberto Bobbio, que refiere a una
restauración social, legitimidad capitalista y revalorización de la democracia.
La falta de un proyecto político que abre el paso al progresismo, pero antes la
formación de la politología o ciencia del estado ha formado sus bases entre:
Precursores.
Socialistas utópicos
Pensadores
Ideólogos revolucionarios
Investigadores.
Análisis práctico:
La sala especializada de lo penal, de lo penal militar, de lo penal policial y de
tránsito de la Corte Nacional de Justicia en la causa 051-2014, con fecha 13 de
marzo del 2015, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, resuelve: Declarar la nulidad
de la sentencia emitida por la sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia
del Cotopaxi, por considerar que la misma carece de motivación, violentándose
así la garantía de las personas a una decisión judicial motivada, contenida en el
104
artículo 76, numeral 7 (6), literal l) de la Constitución de la República del Ecuador.-
Firman Dra. Silvia Sánchez Insuasti, Jueza Nacional Ponente.- Dr. Vicente
Robalino Villafuerte, Juez Nacional.- Dr. Luis Enríquez Villacrés, Juez Nacional.-
Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator.
Antecedentes:
Elke Isolina Vélez Vélez, el 15 de diciembre del 2011, presenta denuncia ante los
miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos y Garantías de las
niñas, niños y adolescentes del cantón La Maná, en contra del señor LINCOLN
BOLÍVAR HERNÁNDEZ ROSALES, por haber subido una imagen de su hijo
SANTIAGO YOSIEL CASTILLO VÉLEZ, con los pantalones abajo y haber
comentarios morbosos en la página de Facebook Lamanenses por el mundo,
usuario que se desempeñaba como jefe político del cantón la Maná.
La Junta Cantonal de protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes
del cantón La maná, considera que no es competente, pues se trata de un delito,
pone en conocimiento de la Fiscalía del cantón la maná.
El Dr. Iván León Rodríguez, fiscal del cantón la Maná, al tener conocimiento del
hecho, bajo el presunto delito de EXPLOTACIÓN SEXUAL previsto en el artículo
528,7 del Código Penal, inicia la indagación previa, signada con el No. 631-2011 y
ordena que la policía técnica realice el reconocimiento del lugar e inicie una
investigación, se recepte la versión libre y sin juramento de la ofendida, hasta que
comparece Lincoln Bolívar Hernández Rosales comparece señalando casilla
judicial, ante el nuevo fiscal Dr. Jorge Rea Quilumba
Durante la indagación previa, comparecen a dar versión: Sampedro Loor Gisella,
Gallo Chipusi Diana, Guerrero Sánchez Soraida, el denunciado Lincoln Bolívar
Hernández Rosales, Marcalla Chiliquinga Jenny, Intriago Cedeño Celinda, Zapata
Esquivel Norma, Vélez Vélez Elke Isolina, Sonia Aracely Díaz Ramírez Jácome
Fernanda Vera Giler Ana, Angueta Reyes Maira.
En la etapa de instrucción actúa la perito Lic. Ureta Arreaga Laura Alexandra,
toma posesión y realiza pericias a los computadores de la jefatura política del
cantón La Maná, constatando que de la página 1000000049856782, pertenece al
105
usuario Lincoln Bolívar Hernández Rosales, que cuando se manipula la página se
evidencia en el peritaje, tal como lo explica en sus conclusiones.
Los peritos de la policía judicial Cabos primeros de Policía Tlgo. Juan Carlos
Peñafiel y Edwin Bolívar Gallardo Chiluisa, peritos criminalísticos, encuentran
imágenes que fueron borradas, muchas imágenes de contenido sexual.
El denunciado Lincoln Bolívar Hernández, introduce fuera de tiempo un listado de
una reunión de campesinos, con la que pretendía desvirtuar, que el no manipuló
el Facebook, porque se encontraba en otro lugar, pero no tenía validez, además
la página se puede manipular de cualquier lugar.
El fiscal del cantón la Maná, Dr. Jorge Rea Quilumba, por haber concluido el
tiempo de la indagación previa, dispone se oficie al señor Juez de garantías
penales del cantón La Maná, que señale fecha para la Audiencia de Formulación
de cargos.
El mismo fiscal, Dr. Jorge Rea Quilumba, envía el oficio al señor juez de garantías
penales, firma el oficio solicitando se señale fecha, día y hora para que se lleve a
efecto la audiencia de formulación de cargos por el delito de EJECUCIÓN DE
ACTOS ATENTATORIOS A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, señalados
en el artículo 213 del Código Penal.
El 3 de agosto del año 2013, a las o8h09, ante el Dr. Manuel Arguello Navarro,
juez de garantías penales del Cotopaxi, Dr. Jorge Rea Quilumba, fiscal del cantón
La Maná, Dr. Miguel Cañizares, defensor de Lincoln Bolívar Hernández y Dra.
Jacqueline Quezada García defensora de Elke Isolina Vélez Vélez, se celebra la
audiencia de formulación de cargos.
La audiencia de formulación de cargos concluyó por parte de fiscalía pidiendo el
inicio de la instrucción fiscal por el delito de EJECUCIÓN DE ACTOS
ATENTATORIOS A LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, estipulado en el
artículo 213 del Código Penal, pidiendo un plazo de 60 días, mientras que la
ofendida sostenía el delito de explotación sexual tipificado en el artículo 528,7 del
Código Penal, el señor juez, no acoge la sanción por estar derogada, que fue
106
publicado en el registro oficial 365 del 21 de julio del 98, no existe esta disposición
legal dentro del Código Penal ecuatoriano.
Transcurridos los sesenta días para la presentación del dictamen fiscal, el 7 de
diciembre del 2012, a las 16h10, ante el Ab. Pedro Zamora Cuzme, juez de
garantías penales del Cotopaxi, Dr. José Alfredo Corrales Bastidas, fiscal del
cantón La Maná, Elke Isolina Vélez y Lincoln Bolívar Hernández Rosales
acompañados de sus respectivos defensores, se dicta sobreseimiento provisional
del proceso y del procesado.
Ante la barbarie jurídica, se apeló ante la Corte Provincial del Cotopaxi, la sala de
lo penal en audiencia del día 15 de febrero del 2013, resuelve REVOCAR el auto
de sobreseimiento provisional del proceso y del procesado y dicta AUTO DE
LLAMIENTO A JUICIO, en contra de Lincoln Bolívar Hernández Rosales, por el
delito de explotación sexual tipificado en el artículo 528,7
El 10 de septiembre del 2013, el Tribunal de lo Penal del Cotopaxi, en Latacunga,
aplicando la institución jurídica del In dubio pro reo, contemplado en el artículo 4
del Código Penal, con la certeza que no se ha probado la existencia material de la
infracción como la responsabilidad penal del acusado, dicta sentencia absolutoria
y ratifica el estado de inocencia a favor de Lincoln Bolívar Hernández Rosales, por
lo que se presenta recurso de apelación.
La Sala de lo penal del Cotopaxi, como conoció y llamó a juicio a Lincoln Bolívar
Hernández Rosales, se excusaron y llamaron a los subrogantes, quienes
señalaron para el 17 de diciembre del 2013, a las 09h00, para que se fundamente
el recurso en audiencia oral reservada y contradictoria, resolviendo CONFIRMAR
la sentencia expedida por el Tribunal de Garantías Penales del Cotopaxi,
ratificando el estado de inocencia de Lincoln Bolívar Hernández Rosales.
De la RATIFICACIÓN del estado de inocencia emitido por los jueces subrogantes
de la Sala de lo Penal del Cotopaxi, se presenta recurso de CASACIÓN.
Cumplida la resolución de la Corte Nacional, se convoca a audiencia a los sujetos
procesales, quienes después de la audiencia oral y contradictoria se dicta
sentencia, aceptan parcialmente el recurso de apelación, sentenciando al
107
ciudadano Lincoln Bolívar Hernández a la multa de $ 500,00 y a la reparación
integral de la víctima, lo cual se encuentra en casación y se encuentra por
resolver.
Opinión:
En el presente proceso que lleva más de cinco años y aún no se ha resuelto, se
han dado variados criterios en el manejo de la ley; desde el desconocimiento del
juez del artículo 528,7, hasta la actuación de los subrogantes de la sala de lo
penal del Cotopaxi, todo en beneficio de una persona que pertenece al gobierno y
ostentó un cargo de primer orden cantonal, se desestimaron pruebas y se
validaron otras que no eran parte procesal, se ha aplicado un principio
constitucional el in dubio pro reo, pero dejaron afuera el interés superior del niño,
expresado en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo
44 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 11 del Código de la
Niñez y la Adolescencia.
Tan honorables magistrados se olvidaron que los derechos de los menores están
sobre cualquier derecho, y que sus derechos no pueden ser violentados al tomar
una foto deshonesta y subir al Facebook haciendo comentarios obscenos sin
consentimiento.
La Corte nacional de Justicia ha acogido como falta de motivación el no haber
observado el interés superior del niño.
Conclusiones Parciales del Capítulo
Breve descripción del sector de investigación en donde está
desarrollándose el problema.
El desarrollo del marco metodológico nos permite explicar la utilización de
la metodología, tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos,
para concluir con la interpretación de los resultados.
La propuesta del investigador, análisis jurídico crítico a los intervinientes en
la problemática, cuyo estudio significará mucho para que los operadores de
justicia cumplan con el respeto a los derechos humanos, la tutela judicial
efectiva y el debido proceso, que es materia de mi investigación.
108
CAPITULO III. VALIDACION Y/O EVALUACION DE RESULTADOS DE SU
APLICACIÓN
2.1. Procedimiento de la aplicación de los resultados de la investigación
Los resultados de la investigación nos demuestran:
1) Que la administración de justicia de la provincia del Guayas no cumple con
el Estado Constitucional de Derechos y Justicia estipulado en el artículo 1
de la Constitución de la República del Ecuador
2) Los operadores de justicia no cuentan con documentos de análisis jurídico
sobre aplicación de los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, por lo que se considera que este documento si ayudaría a
mejorar la administración de justicia.
3) El 67% de los abogados en libre ejercicio profesional encuestado, afirma
que los operadores de justicia no cumplen con los derechos humanos, la
tutela judicial efectiva y el debido proceso.
4) El 83% de los abogados opinan que no se cumple con la tutela judicial
efectiva y el debido proceso y recomiendan contar con un documento que
ayude a integrar los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el
debido proceso.
5) Los ciudadanos que utilizan el sistema judicial opinan que no existe
eficacia en la administración de justicia y que no se garantiza al ciudadano
una correcta administración de justicia y que es necesario un instructivo
para que se capaciten los operadores de justicia.
La aplicación de los resultados deberá darse dentro de los siguientes términos:
a) El presente ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO,
primeramente debe socializarse dentro de los operadores de justicia.
b) Los resultados dela investigación deben ser puestos a conocimiento
ante las autoridades provinciales para establecer correctivos en la
administración de justicia.
109
c) Una forma de aplicar los resultados es haciendo extensiva la presente
propuesto al organismo encargado de la legislación nacional, para que
con la autoridad procedan al análisis de la propuesta.
d) Una forma de aplicar los resultados es socializando, discutiendo con
los estudiantes de derecho, pues existen otros problemas derivados de
la mala redacción desde la Constitución y mala administración de
justicia.
2.2. Análisis de los resultados de la investigación
Validación
La presente propuesta “ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO”, ha sido puesta a
consideración de los especialistas (Anexo No. 6 y 7), quienes después de un
prolijo análisis concluyen que se trata de un documento que pone al descubierto,
las intenciones que movió a los legisladores constituyentes, que es distinta a los
legisladores encargados de adecuar las leyes a la constitución de Montecristi,
para tener una verdadera administración de justicia.
Aplicación
La aplicación debe ser inmediata, por cuanto estamos cayendo en las viejas
prácticas de administrar justicia, lo que no es posible en el Estado Constitucional
de Derechos y Justicia.
La presente propuesta en su aplicación contará con la necesidad de elaborar un
instructivo general investido de autoridad, para que los operadores de justicia
eviten apartarse de los derechos, humanos la tutela judicial efectiva y el debido
proceso.
Con este instructivo de base los operadores de justicia y abogados en el libre
ejercicio deberán realizar una revisión de la indebida aplicación de las garantías
básicas del debido proceso en materia penal, los Derechos Humanos, y que tanto
110
del imputado o procesado antes o durante la preclusión de las etapas procesales
tienen el derecho de exigir al Estado la repetición, del cual fueron víctimas, que en
su defecto violaron sus derechos cuartando cada uno de los principios
consagrados en la Constitución; como norma jerárquica frente a las leyes y que
fueron inobservadas, repeliendo a los órganos encargados de la administración
de justicia, ya sea por sus acciones u omisiones
Evaluación
La evaluación surge de la aplicación, cuando en las cárceles bajen los índices de
personas privadas de la libertad, consiste en una herramienta que permita que
operadores de justicias o sea fiscales y jueces de garantías penales respetemos
los derechos y garantías de los sujetos procesales.
La evaluación permanente y continua permitirá establecer los debidos correctivos
y a tiempo, para que la sociedad disfrute de calma, las controversias se
solucionen de la manera establecida, utilizando los mecanismos alternativos para
la solución de conflictos establecidos en el artículo 190 dela Constitución.
2.3. Conclusiones parciales del Capítulo
a) El presente capítulo se respalda en el esfuerzo que debemos tener los
ciudadanos, que de una u otra manera acudimos a la administración de
justicia.
b) Es necesario que la propuesta sea evaluada, para conocer su alcance en
la aplicación
c) Existe total aseveración de lo planteado esto es que de una u otra manera
las personas concuerdan en que la Administración de Justicia busque
mecanismos que evite vulnerar los derechos humanos, la tutela judicial
efectiva y el debido proceso.
111
CONCLUSIONES GENERALES
1. El presente estudio realizado a los derechos humanos, a la tutela efectiva y
al debido proceso nos ha permitido indagar la legislación nacional e
internacional, la que ayuda al incremento del conocimiento, haciendo
merecedor del título que se persigue, formando el perfil profesional para un
mejor desempeño.
2. El diagnostico que se ha practicado con la población participante en la
investigación hace notar primeramente que en la administración de justicia,
no se respetan los derechos humanos, no se cumple con la tutela judicial
efectiva, amén del debido proceso, lo que se convierte en inseguridad
jurídica.
3. La variada bibliografía de los diferentes autores y el diagnóstico practicado
para conocer exactamente la magnitud del problema nos permite contar
con los fundamentos esenciales para la elaboración de la propuesta
ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO.
RECOMENDACIONES
1. Se recomienda al Estado que actúe de manera directa con la
administración de justicia para disuadir a los órganos jurisdiccionales y
evitar que se violente los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el
debido proceso.
2. Que la presente propuesta sea socializada entre los estudiantes de
derecho para facilitarles el estudio del derecho, además se recomiende que
la propuesta ANÁLISIS JURÍDICO CRÍTICO CON RESPECTO A LA
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO, establecidos en
la constitución de la república del ecuador, para una efectiva
administración de justicia., sea puesta en conocimiento de la comisión
legislativa de la Asamblea Nacional para su estudio.
3. Se recomienda la difusión, de la presente propuesta utilizando todos los
medios disponibles, primero el órgano de difusión de la universidad la
112
revista EPISTEME, los medios locales hablados y escritos, se abran mesas
de debate colegios de abogados y usuarios del sistema judicial, para el
empoderamiento de la crítica jurídica con miras a mejorar la administración
de justicia.
4. Se recomienda investigar el rol del defensor del pueblo, porque se ha
convertido en un ente al servicio del Estado incapaz de impulsar las causas
en contra del Estado, en cumplimiento de su sagrada misión la defensa de
los derechos.
BIBLIOGRAFÍA
Arias, M. (2010). Definicion de Derechos Humanos desde diferentes
autores. Colombia.
Carrion, C. L. (2010). EL DEBIDO PROCESO,.- PAG 62. Quito.
Chamorro Bernal, F. (1994). La tutela judicial efectiva. Barcelona.
Convencion Americana sobre Derechos HUmanos. (1969). SUSCRITA EN
LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS. San José.
De la Torre, R. J. (1984). El Derecho como arma de liberación en América
Latina . México.
Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (1948).
Díez-Picazo, G. I. (1995). El Derecho a la Tutela Judicial y el Recurso de
Amparo. Madrid.
Enciclopedia jurídica. (2015). «Debido proceso legal».
Faúndez, H. (2008). Concepto y Características de los Derechos Humanos.
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón, Teoria del Galantismo Legal. Editorial
Trota s.a. sexta edición.
Melgarejo Barreto, P. (2 006). “El Principio de oportunidad en el Nuevo
Código Procesal Penal” . Editores Jurista.
Nikken, P. (1994). El Concepto de Derechos Humanos, pág. 23.
Ostos, J. M. (2012). Editorial Astigui.
Palacios, L. E. (2003). Manual de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires.
Papacchini, Á. (1945). Filosofía y Derechos Humanos, pág. 43.
Peces-Barba, G. (1991). Carta Internacional de Derechos Humanos.
Pérez, L. A. (2004). Los derechos fundamentales-RUTH ZIMMERLING,
«Los derechos humanos en un mundo globalizado y unipolar. Contra la
devaluación conceptual y el cinismo práctico-.
Peyrano, J. (1978). Buenos Aires: Editorial Astrea. pág. 36.
Rodríguez, O. A. (2000). Presuncion de Inocencia. Editorial Jurídica
Gustavo Ibañez.
Sáez, L. C. (2004). La tutela judicial efectiva y el proceso laboral . Madrid.
Sagastume, M. (1991).
Serra, A. T. (1991). La Carta Internacional de los Derechos Humanos.
Serra, C. R. (1999). La guerra de las cortes. Madrid.
Terán, L. M. (2008). Derecho al juez natural y legal. Quito.
Torres Caro, C. A. (1998). “El Principio de Oportunidad” .
Torres, E. (2008). Concepto y Características de los Derechos Humanos.
Zavala, B. J. (2002). El debido proceso penal.Pág.30. Quito.
ANEXOS
ANEXO NO. 1
ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS
PROBLEMA
CAUSAS
INADECUADA
LEGISLACIÓN
DESCONOCIMIEN
TO DEL
LEGISLADOR
INEXPERIENCIA
DE LOS
OPERADORES DE
JUSTICIA
INJERENCI
A ESTATAL
¿Existe una adecuada instrucción para los organismos encargados
de la administración de justicia, para que se respeten los derechos
humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador,
respecto al Estado Constitucional de Derechos y Justicia?
NORMAS
VACÍAS
INJUSTICIA
VIOLACIÓN
DE DERECHOS VULNERA
PRINCIPIO DE
IMPARCIALIDAD
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
“UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
TESIS DE GRADO, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
MAGÍSTER EN DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA
TEMA:
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y EL DEBIDO PROCESO
AUTOR:
AB. NÉSTOR ELVIS MENDOZA MEDRANDA, ESP.
TUTOR:
AB. RAÚL HERRÁEZ QUEZADA, MSc.
AMBATO-ECUADOR
AÑO 2015
DESARROLLO
Antecedentes de la Investigación
La tutela judicial efectiva y el debido proceso tienen su origen en la vigencia de los
derechos que se refieren al tipo de sujeto, individual o colectivo, el ciudadano
miembro de un estado, persona natural o jurídica, una nación, una sociedad civil,
un colectivo, un pueblo, los trabajadores, los miembros de las organizaciones,
instituciones públicas o privadas, civiles o eclesiásticas, hombres, mujeres, niños,
grupos vulnerables, especies animales, la naturaleza.
A partir del enunciado anterior, en ellos se puede distinguir distintas categorías de
derechos, tales como: los derechos subjetivos, los derechos personales y
personalísimos, los derechos individuales, los derechos fundamentales o
derechos humanos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, los
derechos de los trabajadores, los denominados derechos de los animales, de la
naturaleza entre otros.
Si nos referimos a derechos, pues en el se encuentran los respectivos elementos
esenciales o elementales que hacen posible su vigencia:
Sujeto activo.- Es aquella persona o simplemente titular del derecho
Sujeto pasivo.- Es aquella persona que tiene que cumplir con la obligación
a favor del sujeto activo.
Objeto.- Llamada también prestación o causa, de ello se desprende que
siempre el sujeto pasivo tiene que cumplir con el sujeto activo una causa
lícita, el derecho prohíbe que se reclamen causas ilícitas.
Garantía.- La coacción o represión que garantiza el cumplimiento de la
obligación o prestación
La tutela judicial efectiva y el debido proceso son derechos que fue evolucionando
desde la antigüedad, por eso es necesario puntualizar que en la antigua Grecia no
existía una noción de derechos del individuo, al menos en el sentido moderno,
pues los conceptos de derechos y libertades se diluían en la polis y sólo eran de
algunos, como los ciudadanos, en la antigua Roma sucedió algo similar, pues su
organización se basaba en la distinción entre potestad pública y la potestad del
pater familias, de modo tal que los individuos sólo tenían los derechos que les
correspondían de acuerdo a su ubicación en un esquema típico del sistema
esclavista, con el apoyo del estado, unos mandan otros obedecen, unos trabajan,
otros disfrutan del trabajo ajeno.
En el feudalismo y los primeros tiempos del Estado moderno en donde se vive una
desigualdad total, que fue institucionalizada, así los derechos de los individuos
dependían de su posición y que vale citar las castas, los estamentos y las clases
sociales ponían a cada uno en un andarivel, así el estado, la iglesia, el gobierno
alcanzaron la categoría de élites, este sistema obligó a que se pensara en el
Estado de derechos, el maquinismo y el capitalismo aportaron con su
comportamiento explotador, para que fluyan las ideas socialistas, en reclamo de
los derechos de los trabajadores que eran explotados por la burguesía.
La revolución francesa, inspirados por los principales protagonistas Danton, Marat
y Robespierre, que sigue con la asamblea nacional, la toma de la bastilla y
concluye con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano,
inspirados en tres principios: “Liberté, Égalité, Fraternité" Libertad, igualdad y
fraternidad
Por otro lado Karl Marx y su socialismo científico que siguió al socialismo utópico
de Sain-Simon, Robert Owen, Joseph Proudhon y Charles Fourier, formado por el
materialismo histórico de su propia autoría en el que incluye las leyes de la
dialéctica y el materialismo dialéctico de Friedrich Engels, que a través del
Manifiesto comunista proletarios del mundo uníos, se formó la primera
internacional obrera, luego la segunda internacional socialista, la tercera
internacional social comunistas y la cuarta internacional comunista.
Entrado en el siglo XXI se cree que el Neo constitucionalismo ha terminado con
los privilegios del pasado, de ese antiguo régimen y dar paso a los verdaderos
derechos universales expresados en el estado constitucional de derechos y
justicia y que están muy lejos de cumplirse, porque el Estado se encuentra
construyendo un poder totalitario y déspota, tal como lo hizo en el pasado,
echando al traste los tan anhelados derechos humanos que han costado muchas
vidas a lo largo de la historia.
Situación problémica
La Tutela Judicial Efectiva para analizar este derecho, es necesario remitirse
nuevamente al texto del artículo 167 de la Constitución de la República del
Ecuador en vigencia, pues si la potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por los órganos de la Función Judicial, son éstos los que en estricto
apego a la ley deben velar por la igualdad de oportunidades de los sujetos
procesales, entendiéndose por tanto que tal garantía no es solo para aquel que
presenta la denuncia de un acto prohibido por la ley
El sujeto activo, el imputado o acusado, tienen el derecho a la efectividad de la
tutela jurídica, que radica en que los órganos jurisdiccionales brinden garantías a
las partes, a través de acciones oportunas e imparciales, con la práctica y
cumplimiento de lo que en estricto derecho les corresponde.
El Proceso Penal formal seguido contra una persona bajo el amparo de las
garantías que establece tanto la constitución como las Leyes vigentes, dentro de
un plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas
por las Leyes procesales, reconociendo al imputado su condición humana y sus
derechos inherentes, se constituye en el conjunto de disposiciones materiales de
la aplicación de la justicia integradas en garantía fundamentales, sistematizadas
para la adecuada prestación o impartición de justicia exigida por la constitución y
cuya finalidad es permitir a los justiciables la tutela jurisdiccional efectiva y el
acceso a un Proceso Penal justo, equitativo, veraz, imparcial y definitivo
Las garantías del debido proceso tienen por objeto la protección de los derechos
humanos del imputado o acusado en el curso del proceso penal, de tal manera
que al intervenir este como sujeto procesal está investido de todos los derechos
que le reconoce la constitución.
Entonces el debido proceso determina que la persona acusada o imputada de un
delito no sea denigrada ni se le obstruyan sus derechos humanos mientras curse
el proceso penal.
Por la observancia del derecho al debido proceso se hace efectivo el derecho a la
seguridad jurídica del imputado o acusado mientras se tramita el proceso penal,
porque se impide toda forma de abuso de la Policía Judicial, del Fiscal, del Juez o
del Tribunal Penal.
Las garantías del debido proceso son todas aquellas que constan en los
convenios internacionales, las leyes de la república y la jurisprudencia, de
conformidad con el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.
En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el conjunto de
"condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de
aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial".
El Debido Proceso: “juicio justo”, implica publicidad en el Juzgamiento; notificación
de la acusación formulada; principio de oralidad; derecho al juez natural; igualdad
efectiva de las partes; oportunidad probatoria (ofrecimiento y actuación de
pruebas); providencias precautorias (derecho a solicitar medidas cautelares antes
o durante el proceso); fundamentación y motivación de resoluciones judiciales;
control constitucional del proceso; derecho a la tutela jurisdiccional efectiva;
derecho a la defensa (derecho del denunciante o enunciado a contar con un
abogado); observancia de la formalidad procesal; ausencia de dilaciones
indebidas (Justicia que tarde no es Justicia); presunción de inocencia; pluralidad
de instancias; prohibición de obligar al imputado a declarar contra sí mismo.
El debido proceso debe estar integrado por reglas de juego claras para que el
proceso y el juicio sean limpios. El debido proceso debe ser la aplicación del
derecho que posibilita que los procedimientos sean justos y equitativos; que
estén dirigidos a la protección integral de los derechos humanos, su vulneración
implica denegación misma de la justicia.
Los principios procesales que integra el debido proceso son reales factores de
cambio frente a unos institutos anacrónicos que han manipulado tradicionalmente
los procedimentalismos. Estos principios del debido proceso son pautas claras
para recuperar la dimensión de totalidad del ordenamiento jurídico procesal y
alejarlo de posiciones dogmáticas que le impidan el acceso adecuado a la
administración de justicia, que no se está cumpliendo
La indebida aplicación de las normas en la Constitución de la República del
Ecuador en materia penal, y la vulneración de los derechos humanos, causa
inseguridad jurídica en los procedimientos penales, siendo la Constitución y la
demás leyes de la República, inobservadas y violentadas por los órganos
jurisdiccionales encargados de la administración de justicia, que son los
responsables del cumplimiento y respecto de la tutela y garantías jurídicas a que
tienen derecho todas las personas que son sometidas a investigación para iniciar
un proceso judicial;
La continua violación de las normas constitucionales, que garantizan y protegen
los derechos de todas las personas, así como el respeto a los Derechos Humanos
que la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales consagran,
produciendo un quebrantamiento al ordenamiento jurídico y al Estado
Constitucional de Derechos y Justicia.
Para mejor explicación del problema se utiliza una herramienta práctica como es
el árbol de problemas, que a continuación se explica la relación causa-problema-
efectos:
.
La inadecuada legislación en relación al problema, ¿Existe una adecuada
instrucción para los organismos encargados de la administración de justicia, para
que se respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al
Estado Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto la violación de
los derechos.
El desconocimiento del legislador, en relación al problema, ¿Existe una adecuada
instrucción para los organismos encargados de la administración de justicia, para
que se respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido
proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al
Estado Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto normas vacías.
La inexperiencia de los operadores de justicia en relación al problema, ¿Existe
una adecuada instrucción para los organismos encargados de la administración
de justicia, para que se respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva
y el debido proceso consagrados en la Constitución de la República del Ecuador,
respecto al Estado Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto que
se vulnera el principio de imparcialidad.
La injerencia estatal en relación al problema, ¿Existe una adecuada instrucción
para los organismos encargados de la administración de justicia, para que se
respeten los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, respecto al Estado
Constitucional de Derechos y Justicia?, tiene como efecto injusticia.
Problema científico
¿Existe una adecuada instrucción a los organismos encargados de la
administración de justicia, para que se respeten los derechos humanos
consagrados en la Constitución de la República del Ecuador?
Objeto de investigación y campo de acción
Objeto de investigación: Legislación Penal
Campo de acción: Principios y derechos constitucionales
Lugar: Juzgados y Tribunales Penales del cantón
Guayaquil
Tiempo: Año 2015
Identificación de la línea de investigación
Administración de Justicia
Objetivos:
Objetivo general
Elaborar un análisis jurídico crítico con respecto a la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, para
una efectiva administración de justicia.
Objetivos específicos
Fundamentar jurídica y doctrinariamente, la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, mediante la consulta a los diferentes autores nacionales y
extranjeros que tienen relación con el tema de investigación.
Diagnosticar las causas para la no aplicación de la tutela judicial efectiva,
por parte de los encargados de la administración de justicia.
Diseñar las estrategias para el análisis jurídico crítico sobre la tutela judicial
efectiva y el debido proceso.
Validar la propuesta por la vía de los especialistas.
Idea a defender
Aplicando el análisis jurídico crítico con respecto a la tutela judicial efectiva y el
debido proceso, establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, se
obtendrá una mejor y efectiva administración de justicia.
Justificación del tema:
La no aplicación de las disposiciones del artículo 75 de la Constitución de la
República del Ecuador, la tutela efectiva, imparcial y expedita con sujeción a los
principios de celeridad dispuesto en el artículo 20 del Código Orgánico de la
Función Judicial, inmediación constante en el numeral 17 del artículo 5 del Código
Orgánico de la Función Judicial.
A ello se suman los principios propios de la administración de justicia constantes
en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador como: la
independencia, autonomía administrativa, económica y financiera, la unidad
jurisdiccional, la gratuidad del servicio, la publicidad en concordancia con el
principio del numeral 16 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal con el
artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial y la oralidad constante
además en el numeral 11 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, de
acuerdo con los principios de: concentración dispuesto en el numeral 13 del
artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, contradicción y dispositivo.
En el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, convenio
internacional, reconocido por el país, no se observan que tenga aplicación directa
dentro de la República.
,
El debido proceso integra las reglas de juego para que el proceso y el juicio sean
limpios. Los diversos procesos jurisdiccionales y procedimientos afines dirigidos a
proteger o asegurar efectividad de los derechos, debe incorporarse con énfasis la
proclama humanista sobre los valores en el contexto del derecho, y en especial
en el del derecho procesal penal.
Los principios procesales que integra el debido proceso son reales factores de
cambio frente a unos institutos anacrónicos que han manipulado tradicionalmente
los procedimentalismos. Estos principios del debido proceso son pautas claras
para recuperar la dimensión de totalidad del ordenamiento jurídico procesal y
alejarlo de posiciones dogmáticas que le impidan el acceso adecuado a la
administración de justicia.
El Estado y la sociedad en general se beneficia a través del presente instructivo
de análisis crítico que a través de doctrina, jurisprudencia, se evidencia que
existen parámetros para garantizar estos principios pero que muchas veces son
inobservados, por lo que el Ecuador debe crear un mecanismo oficial de difusión
de las normas constitucionales sobre derechos humanos, tutela judicial efectiva y
debido proceso, y su aplicación en materia penal, con una correcta instrucción
para los órganos encargados de la administración de justicia, para evitar la
violación de los mencionados derechos consagrados en la Constitución.
Por lo manifestado se justifica la necesidad de realizar un análisis jurídico crítico
respecto a la tutela judicial efectiva y el debido proceso para una mejor
administración de justicia, en donde se notará la exageración de la legislación
penal, el desconocimiento de la realidad ecuatoriana y el incumplimiento de las
normas internacionales, como son la Declaración universal de los derechos
humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre los derechos
del niño y la Convención de Belem do para
Breve explicación de la metodología investigativa a emplear.
Modalidad:
La presente investigación se circunscribe en la modalidad cuali-cuantitativa:
Cualitativa
Cuantitativa
Tipos de Investigación:
Por su diseño:
Teoría fundamentada
Investigación – acción
Por su alcance:
Exploratoria
Descriptiva
Explicativa
Métodos, técnicas e instrumentos
Métodos
Métodos empíricos
La observación científica
La mediación
El experimento
Análisis documental
Recolección de información
- La entrevista
- La encuesta
- El cuestionario
- Validación por la vía de especialistas.
Métodos Teóricos
Histórico – Lógico
Analítico – Sintético
Inductivo – Deductivo
Hipotético – Deductivo
Modelación
Enfoque sistémico
Métodos Matemáticos:
La Matemática
La Estadística
Otros métodos
Técnicas
La Entrevista
La Encuesta
El Fichaje
Instrumentos
Guías de la entrevista
Formularios de la encuesta
Fichas bibliográficas
Fichas nemotécnicas.
Población y muestra.
POBLACIÓN NO.
Operadores de justicia de la ciudad de Guayaquil 10
Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de
Guayaquil
30
Usuarios del sistema judicial 50
TOTAL 90
Descripción de la estructura o esquema de contenidos
DERECHOS HUMANOS
Concepto
Declaración
Definición
Comentario
Garantismo, igualdad y tutela de los derechos humanos
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
Como derecho Constitucional
Como derecho fundamental
Opinión del autor
Definiciones
Conceptualización
Antecedentes constitucionales
Naturaleza jurídica
EL DEBIDO PROCESO
Origen constitucional
Origen histórico
El debido proceso formal y material
Contenido
Diferencias y semejanzas entre tutela y debido proceso
Tutela judicial y debido proceso
Garantías básicas del debido proceso
El debido proceso penal
Los presupuestos del debido proceso
Responsabilidad del Estado ante la violación de la tutela judicial efectiva
Aplicación de los principios de ponderación y proporcionalidad
Sentencia de la Corte Nacional de Justicia por violación a la tutela judicial
efectiva.
Pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el debido proceso
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DE DEBIDO PROCESO
Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial
El derecho a no ser distraído del juez natural
El derecho a una tutela judicial efectiva
El derecho al juicio previo
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
Principio de publicidad
Principio de legalidad
Principio de irretroactividad de la ley penal
Principio de preclusión
Principio de igualdad
Principio de oportunidad
Principio de non bis in ídem
Principio dispositivo
Principio de concentración
Principio de inmediación
Principio de celeridad
NEOCONSTITUCIONALISMO
Concepto
Detractores
Defensores
Origen
El Estado de derecho
Controversias
Elementos de novedad, aporte teórico y significación práctica.
Elementos de novedad
Cumpliendo con el objetivo general, se aportará en el campo jurídico, el
mecanismo adecuado para evitar que sea vulnerado el debido proceso como
medio para proteger adecuadamente los derechos de las personas en la
administración de justicia.
El elemento de novedad científica, que se aporta al presente trabajo investigativo
está dado por la Declaración universal de los derechos humanos, en donde se
eleva al hombre como máximo protagonista del avance social, destruye los
anhelos burgueses explotadores y le da relevancia al pensamiento sociológico
expresado en las ideas socialistas que desembocan en el socialismo científico,
buscando el hombre como ser social un equilibrio entre el Estado, que desde su
creación se ha vuelto enemigo del hombre y siempre existirán pensadores,
filosofía, buscando la reivindicación al el poder estatal, mientras no se respeten
sus derechos, sus garantías y se cumplan con los principios universales Libertad,
igualdad y fraternidad.
Aporte Teórico
La investigación permitirá clasificar la información que se obtenga a través de la
normativa jurídica, la jurisprudencia y la doctrina, en miras de cumplir con el
objetivo general y los objetivos específicos, el aporte teórico permitirá visualizar la
importancia del análisis jurídico crítico en el que constan connotados juristas
estudiosos del derecho, especialmente la corriente neo constitucional que ha
dado como primogénito el Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que a la
hora de su aplicación no deja de ser una utopía, el hombre desde la revolución
neolítica dejó el nomadismo y se volvió sedentario, dejando atrás el primitivismo
sin pensar que sería su más grande martirio el esclavismo, en donde con la
división de clases surgió el Estado y el derecho, contra quien se lucha hasta la
actualidad, hasta llegar al equilibrio de las fuerzas.
El análisis de ese desequilibrio de fuerzas ha dado lustre el pensamiento de
Tomás Hobbes, “El hombre es lobo del hombre” o como quien sentencia “Esto es
una guerra de todos contra todos” (Tomás Hobbes)
Significación Práctica
Es indispensable buscar solución a la situación problémica, para evitar vulnerar
los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en la
administración de justicia.
Los administradores de justicia desconociendo totalmente lo preceptuado en el
artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, referente al acceso
gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita y el debido proceso
del artículo 76 de la Carta Magna que contempla las garantías básicas
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 hace constar los principios
procesales del derecho penal, destacando el derecho de todo ser humano al
debido proceso, contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, los
instrumentos internacionales de derechos humanos.
Bibliografía
1. ANTOLISEI, Francisco MANUAL DE DERECHO PENAL –Editorial Jurídica
Andina CAÑAR LOJANO, Luis COMENTARIO AL CÓDIGO PENAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR TOMOS I, II y III –2001, 2003 y 2005 Impresora
Rocafuerte Cuenca-Ecuador
2. CABANELLAS DE LA TORRE, GUILLERMO, “Diccionario Jurídico Elemental”,
Ediciones, actualizadas, Editorial Heliasta. Quito Ecuador.
3. CARRARA, Francesco PROGRAMA DE DERECHO CRIMINAL –El Delito
Tomo I –De Las Penas y del Juicio Criminal Editorial “CARRARA” -1990
UNIVERSIDAD DE LOJA.
4. CASTRO, Martín DERECHO PENAL Y DERECHOS HUMANOS –Tomo II-
Comisión Andina de Juristas Quito-Ecuador 2002.
5. DE LA TORRE, Javier ESTUDIO DEL DERECHO PENAL –Quito –Ecuador
1994
6. DR. EFRAÍN TORRES CHÁVEZ; Breves Comentarios Al Código De
Procedimiento Penal.
7. ETCHEBERRY, Alfredo DERECHO PENAL TOMO II y III Editora Nacional
Gabriela Mistral 19767.-Fondo de Cultura Ecuatoriana –1994
8. GUIA DE LIITIGIO CONSTITUCIONAL TOMO II- Impresión Abya Y.l. 001
Primer Edición 122
9. ÍNDICE ANALÍTICO Y EXPLICATIVO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
PENAL; CARPOL EDICIONES.
10. INRREDH- CEPAM EL DERECHO A LA REPARACION EN EL
PROCESAMIENTO PENAL 2000 Imprenta Cotopaxi
11. JIMENEZ DE ASUA, Luis PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL LA LEY Y EL
DELITO Abeledo Perrot Editorial Sudamericana
12. JIMENEZ DE ASUA, Luis PROBLEMAS DE DERECHO PENAL Librería
Editorial “LA FACULTAD” Imprenta Belmonte Buenos Aires 1944
13. MEMORIAS DE EVENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL 2000
Impresión Abya Yala 2001
14. MONROY CABRA, Marco y NAVARRO, Hermes Ediciones Librería del
Profesional-2001
15. MONTOYA, Ángel MANUAL DE CIENCIA PENAL Talleres Gráficos de la
U.T.P.L. -2001
16. PEREZ ALVAREZ, Fernando FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL
ECUATORIANO.
17. PEREZ, Luis Carlos TRATADO DE DERECHO PENAL TOMO II Segunda
Edición Editorial Temis-Bogotá Sociedad Anónima Editora – 2005
18. VACA ANDRADE RICARDO, Manual De Derecho Procesal Penal.
19. ZAFFARONI, Eugenio Raúl MANUAL DE DERECHO PENAL Parte General
20. ZAMBRANO, Alfonso MANUAL DE DERECHO PENAL Segunda Edición
Editorial EDINO -1998.
Fuentes Normativas
1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR del 2008.
2. CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (Vigente) Registro Oficial
Suplemento No. 180 del día lunes 10 de febrero de 2014.
3. DECLARACION DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)
ANEXO # 3
ENCUESTA REALIZADA A LOS OPERADORES DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
a) ¿En la administración de justicia se cumple con el Estado Constitucional de
derechos y justicia?
SI NO
b) Existe un análisis jurídico crítico para la aplicación de los derechos
humanos, la tutela judicial efectiva y debido proceso.
.
SI NO
c) ¿Cree usted que un análisis jurídico crítico de derechos humanos, tutela
judicial efectiva y debido proceso, ayudaría en la administración de justicia?
.
SI NO
ANEXO # 4
ENCUESTA REALIZADA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO
PROFESIONAL, DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
a) ¿Considera usted que los operadores de justicia de la ciudad de Guayaquil,
aplican adecuadamente los derechos humanos, la tutela judicial efectiva y
el debido proceso en la administración de justicia?
.
SI NO
d) ¿Considera usted que existe ineficacia en las actuaciones procesales por
una inadecuada aplicación de los derechos humanos, tutela judicial
efectiva y debido proceso?
.
SI NO
e) ¿Considera usted, que un análisis jurídico crítico servirá de base para una
correcta aplicación de los derechos humanos, tutela judicial efectiva y
debido proceso en la administración de justicia?
SI NO
ANEXO # 5
ENCUESTA REALIZADA A USUARIOS DEL SISTEMA JUDICIAL DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
a) ¿Considera usted que existe eficacia en la administración de justicia?
SI NO
b) ¿Considera usted que el Estado garantiza al ciudadano el debido proceso y
la tutela efectiva, en la administración de justicia?
SI NO
c) ¿Considera usted, necesario un instructivo para la capacitación de los
operadores de justicia?
SI NO
