UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO

UTESA Área de Ciencias y Humanidades

Carrera de Derecho

EVALUACIÓN DEL ROL DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA APLICACIÓN DE

LA LEY EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO PLATA

Monografía para optar por el título

de Licenciadas en Derecho

PRESENTADA POR:

MELISSA MENDOZA VALERIO

DERMALINA PEÑALÓ GÓMEZ

ASESORES:

ARELYS ROMÁN, MA

DR. MÁXIMO SANTANA

San Felipe de Puerto Plata

República Dominicana

Abril, 2014

INDICE GENERAL

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

1.1 Definición de la Ley Orgánica del Ministerio Público

1.2 Autonomía del Ministerio Público

1.3 Política Criminal del Estado

1.4 Principios rectores del Ministerio Público

1.5 Atribuciones del Ministerio Público

1.6 Prohibiciones generales para los miembros del Ministerio Público

1.7 Faltas y sanciones disciplinarias

CAPÍTULO II. LA JURISDICCIÓN PENAL Y LOS SUJETOS

PROCESALES EN VIRTUD DEL CÓDIGO PROCESAL

PENAL

2.1 Jurisdicción y competencia

2.2 Tribunales competentes

2.3 Víctima y querellante

2.4 Ministerio Público y Órganos auxiliares

2.5 El imputado

2.6 Las partes civiles

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO

PÚBLICO

3.1 Procurador General de la República Dominicana

3.2 Procuradores Adjuntos

3.3 Procurador General de la Corte de Apelación

3.4 Fiscalías

3.5 Escuela Nacional del Ministerio Público

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 Matriz de las variables e indicadores del estudio

4.2 Instrumento aplicado a los funcionarios del Ministerio Público del

Distrito Judicial de Puerto Plata

HALLAZGOS

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

APÉNDICE

BIBLIOGRAFÍA

RESUMEN

Uno de los papeles más importantes en el proceso penal dominicano lo lleva

a cabo el Ministerio Público, sobre él recae la responsabilidad de acusar a

quienes han atentado contra la paz y la seguridad nacional, pero también depende

de ser justo y son las pruebas, las que condenan. El Ministerio Público tiene la

responsabilidad de realizar la investigación, a modo de presentar las pruebas ante

el Juez competente garantizando la idoneidad del proceso, por medio de los

principios de ética que rigen sus actuaciones.

Sin embargo, surge la inquietud de qué tanto cumple el Ministerio Público

con su rol y, sobre todo, en el Distrito Judicial de Puerto Plata; el cual en los

últimos meses ha sido fuertemente cuestionado por los conflictos internos que

han surgido entre sus funcionarios, los cuales trajeron como consecuencias,

cancelaciones, remociones, suspensiones y traslados.

Esta investigación reviste importancia porque el Ministerio Público es uno

de los actores principales del proceso penal, donde la etapa de la investigación

hasta la ejecución de la sentencia, tiene una responsabilidad de primer orden en

este proceso, lo que demanda su fortalecimiento institucional, para que le sea

posible asumir, mediante una organización sólida y funcional, las delicadas

tareas de dirigir la investigación de los hechos punibles, formular la acusación o

requerir la absolución, ejercer la acción pública, defender los intereses sociales,

ofrecer adecuada asistencia a la víctima y testigos, garantizar la paz pública y

promover la protección de los derechos humanos.

También es importante esta investigación porque en septiembre del presente

año 2013, el Consejo Disciplinario del Ministerio Público ordenó la destitución

de un fiscal de Puerto Plata y la suspensión de dos, por alegadas faltas graves en

el ejercicio de sus funciones, como la insubordinación y desobedecer las

directrices en los procesos penales seguidos en contra de imputados en la

comisión de crímenes. Todos los hechos acontecidos en los últimos años hacen

que esta investigación se torne importante y necesaria, en vista del rol

protagónico que tiene al Ministerio Público en la sana aplicación de la justicia y

en el equilibrio en la búsqueda de la verdad.

La Oficina del Ministerio Público en Puerto Plata está ubicada en el Palacio

de Justicia de esta ciudad en la Avenida Luis Ginebra esquina Avenida

Hermanas Mirabal en el primer nivel. Cuenta con un Procurador de la Corte de

Apelación, el Sr. Félix Álvarez Rivera y la Licda. Alba Núñez Pichardo como

Procurador Fiscal.

El objetivo general de esta investigación es evaluar el rol del Ministerio

Público en la aplicación de la ley en materia penal en el Distrito Judicial de

Puerto Plata en el año 2013.

Esta investigación utilizó el tipo de estudio descriptivo, porque las

variables, tales como Ministerio Público, legalidad, garantía, confiabilidad,

trabajo, funcionarios, medidas, incidencia, entre otras, fueron analizadas de

forma individual y luego relacionadas entre sí para poder obtener los resultados

planteados en esta investigación.

Por otro lado, esta evaluación se sustentó en fuentes bibliográficas, siendo

la Principal la Constitución de la República Dominicana, la Ley del Ministerio

Público, el Código Procesal Penal, así como también, libros de derecho, artículos

y análisis realizados sobre este tema. Así mismo se consultaron tesis, tesinas y

monográficos que han abordado el rol del Ministerio Público.

Es de campo también porque se recolectó información de las fuentes

primarias, que son los funcionarios del Ministerio Público en Puerto Plata.

De acuerdo al tiempo en el cual ocurrieron los hechos, esta investigación es

retrospectiva porque se indagó sobre situaciones que se presentaron en el pasado;

y es transversal porque se estudio esta problemática en un determinado

momento.

Atendiendo al instrumento aplicado, el 57.1% de los fiscales adjuntos

expresa que una condición para ejercer la acción penal es que el hecho ocurrido

esté dentro de la jurisdicción, incluyendo los elementos de la investigación,

como son la ocurrencia de un hecho, la formulación de la acusación, la escena

del crimen, la identificación del imputado y la custodia de los elementos de

pruebas. Otro hallazgo importante es que el 57.0% de los fiscales adjuntos en

Puerto Plata consideran que la acción penal se persigue de oficio en menos del

40%.

También se reveló que una de las medidas disciplinarias tomadas por esta

oficina es el traslado y el 86.0% de los entrevistados considera que con estas

sanciones se espera lograr un cambio de actitud en los amonestados.

El estudio, además, arrojó que el 57.1% de los entrevistados manifiesta que

pocas veces a los casos llevados por el Ministerio Público en Puerto Plata se les

da publicidad.

Como conclusión de esta investigación se resalta el hecho de que el

Ministerio Público de Puerto Plata está ejerciendo un buen papel como ente

encargado del proceso investigativo desde la presentación de la acusación hasta

la ejecución de la pena. Esta institución trabaja apegada a los principios

generales del Estatuto del Ministerio Público lo que se evidencia en el manejo de

las pruebas, en la preparación de los expedientes y en la responsabilidad de

llevar a cabo la investigación para cumplir con la acción penal.

INTRODUCCION

A lo largo del tiempo, la legislación dominicana había dejado la definición

del término de Ministerio Público a la doctrina, la Constitución de la República y

la Ley 821 de Organización Judicial. No fue hasta el año 2003 con la

promulgación de la Ley 78-03 o Estatuto del Ministerio Público que se tuvo de

manera formal en la legislación dominicana.

El artículo 6 de la Ley 78-03 define lo que es el Ministerio Público,

señalando que: "Es un órgano del sistema de justicia, garante del estado de

derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de

dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la

sociedad; de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública;

proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y

ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes".

Se justifica esta investigación porque los representantes del Ministerio

Público son sujetos de responsabilidad penal, civil y disciplinaria de

conformidad con las normas legales correspondientes; en este sentido, es

necesario y vital que la ciudadanía pueda evaluar el trabajo que han

desempeñado en el Distrito Judicial de Puerto Plata en el año 2013.

La relevancia teórica de esta investigación es porque recientemente no se ha

realizado ninguna evaluación sobre el trabajo que ha desarrollado el Ministerio

Público en esta ciudad de Puerto Plata, por lo que se conocerá la cantidad de

casos procesados, las solicitudes planteadas por este departamento, las

decisiones, la fortaleza de los casos presentados; así como también la capacidad

profesional e investigativa de los miembros del Ministerio Público.

Con los resultados que se obtengan de esta investigación se beneficia la

población de Puerto Plata porque conocerá en detalle del trabajo que realiza el

Ministerio Público como el órgano representante de la sociedad, que debe velar

por la impartición de la justicia de acuerdo a la Constitución, de las leyes y a lo

establecido en los tratados internacionales ratificados por la República

Dominicana. También se benefician los funcionarios del Ministerio Público

porque identificarán sus fortalezas y debilidades para aprovechar las

oportunidades de mejora en el desempeño de sus funciones.

Esta investigación se ha planteado como objetivo general evaluar el rol del

Ministerio Público en la aplicación de la ley en materia penal en el Distrito

Judicial de Puerto Plata en el año 2013. Y para esto, también se ha

planteado tres (3) objetivos específicos:

1. Identificar las principales funciones del Ministerio Público como institución

responsable de dirigir la investigación.

2. Evaluar cuáles medidas está tomando el Ministerio Público para garantizar la

confiabilidad del proceso investigativo.

3. Determinar la incidencia que tiene el trabajo realizado por el Ministerio

Público en un Estado de Derecho.

Esta investigación está delimitada en contenido, geografía y tiempo. Con

respecto al contenido se delimitó a evaluar el papel que ha desempeñado la

Oficina del Ministerio Público en Puerto Plata en los casos penales;

geográficamente se delimitó a la dependencia del Ministerio Público en el

Distrito Judicial de Puerto Plata y el período en el año 2013.

La población son los siete (7) fiscales adjuntos a quienes se les aplicó un

cuestionario con veintidós (22) preguntas de selección múltiples, cuyos

resultados fueron presentados en tablas y gráficos.

No se tuvo ninguna limitación para realizar esta investigación, la cual se

desarrolló en cuatro (4) capítulos:

Capítulo I. Se presentó un análisis sobre la Ley Orgánica del Ministerio

Público, su definición, autonomía, política criminal del Estado, los principios

que rigen el Ministerio Público, las atribuciones, prohibiciones y las faltas y

sanciones que se les aplica.

Capítulo II. Se trató el tema de la jurisdicción penal y de los sujetos

procesales en virtud del Código Procesal Penal, tribunales competentes, víctima,

Ministerio Público, el imputado y las partes civiles.

Capítulo III. Se presentó la organización interna del Ministerio Público,

desde el Procurador General, procuradores adjuntos, procurador General de la

Corte de Apelación, fiscalías y la Escuela del Ministerio Público.

Capítulo IV. Se presentaron los resultados de la investigación, la matriz de

las variables e indicadores del estudio y la interpretación en tablas y gráficos del

instrumento aplicado a la población bajo estudio.

CAPÍTULO I. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO

La institución de las “leyes orgánicas” es una de las novedades que

incorpora al ordenamiento jurídico dominicano la Constitución aprobada el 26 de

enero de 2010, las cuales son requeridas por la Constitución para concretar y

completar materias que por su naturaleza transitan en una línea fronteriza entre la

carta magna y las leyes ordinarias. Dentro de éstas, se encuentra la Ley Orgánica

del Ministerio Público que se analiza en este capítulo.

1.1 Definición de la Ley Orgánica del Ministerio Público

El artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público lo define como “el

organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e

implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la

investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la

sociedad. En el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público respeta la

Constitución y el ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantiza los

derechos fundamentales que asisten a las personas, defiende el interés público

tutelado por la ley, promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las

víctimas y testigos”.

Esta definición es clara y precisa además de abarcadora, porque señala que

el Ministerio Público es quien dirige la investigación y ejerce la acción pública.

1.2 Autonomía del Ministerio Público

El Ministerio Público goza de autonomía funcional, presupuestaria y

administrativa. Anualmente tendrá una asignación individualizada en el

Presupuesto General del Estado, cuyos recursos administrará con total

autonomía, sin perjuicio de los controles externos del gasto público establecidos

en la Constitución.

El Consejo Superior del Ministerio Público aprobará a más tardar el 16 de

agosto de cada año el presupuesto de gastos de la institución, el cual será

remitido por el Procurador General de la República al Poder Ejecutivo, para su

incorporación al correspondiente Proyecto de Ley de Presupuesto General del

Estado que someterá a la consideración del Congreso Nacional.

El Procurador General de la República, con la asistencia técnica de los

Directores Generales del Ministerio Público, elaborará anualmente las memorias

de gestión del Ministerio Público y las someterá a la aprobación del Consejo

Superior a principios de noviembre. Debe remitirlas al Poder Ejecutivo a más

tardar el 15 de diciembre. El Procurador General de la República rinde cuentas

en audiencia pública en el mes de marzo exponiendo los resultados obtenidos

durante la gestión del año anterior, incluyendo las estadísticas básicas que las

reflejaren, el uso de los recursos otorgados, las dificultades que se hubieren

presentado y, cuando lo estime conveniente, sugerirá modificaciones legales

destinadas a una más efectiva persecución de los delitos y protección de las

víctimas. Asimismo, dará a conocer las políticas de gestión y persecución penal

que hayan sido adoptadas por el Consejo Superior

1.3 Política Criminal del Estado

El Ministerio Público es el órgano responsable de la formulación e

implementación de la política del Estado contra la criminalidad, que está dirigida

a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles.

Núñez y Olivares (2004) señalan que para garantizar su eficacia y

vinculación, las políticas preventivas y de control serán articuladas bajo la

responsabilidad directa del Procurador General de la República en colaboración

con los otros órganos e instituciones que corresponda.

Estos autores lo que quieren decir es que las políticas de gestión y

persecución serán adoptadas exclusivamente por el Consejo Superior del

Ministerio Público para garantizar la autonomía funcional que dispone la

Constitución.

El Procurador General de la República puede emitir instrucciones generales

sobre la dirección de la investigación de los hechos punibles, el ejercicio de la

acción penal y su oportunidad o la protección de víctimas, testigos u otros

sujetos. El Director General de Persecución del Ministerio Público y los

procuradores generales de Cortes de Apelación podrán solicitarle su

reconsideración cuando colidan con las disposiciones de la Constitución de la

República, los tratados internacionales adoptados por el Estado, la legislación

nacional, los precedentes jurisdiccionales vinculantes y los reglamentos y

políticas adoptados por el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual podrá

ratificarlas, modificarlas o revocarlas según lo estime procedente. La solicitud de

reconsideración no exime al Ministerio Público del cumplimiento obligatorio de

las instrucciones generales.

1.4 Principios rectores del Ministerio Público

La Ley Orgánica del Ministerio Público en sus artículos 13 al 25 establece

los principios por los cuales se rige:

Principio de legalidad. El Ministerio Público debe someter sus actuaciones a las

disposiciones de la Constitución de la República, de los tratados internacionales

adoptados por el Estado, de la legislación nacional y de los precedentes

jurisdiccionales vinculantes, y, en caso de oscuridad o insuficiencia de las

normas jurídicas, tendrá en cuenta los principios fundamentales que inspiran el

ordenamiento jurídico dominicano en el sentido más favorable a la persona.

Principio de oportunidad. El Ministerio Público buscará, prioritariamente,

dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal mediante la

aplicación de medios alternos y mecanismos de simplificación procesal.

Asimismo, promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos

punibles que afecten el interés público. La aplicación del principio de

oportunidad estará regida por la unidad de actuaciones.

Principio de objetividad. Los miembros del Ministerio Público ejercen sus

funciones con un criterio objetivo para garantizar la correcta aplicación de las

normas jurídicas. Les corresponde investigar tanto los hechos y circunstancias

que fundamenten o agraven la responsabilidad penal del imputado, como los que

la eximan, extingan o atenúen. Los funcionarios del Ministerio Público están

sometidos a la observancia de las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas

por la ley.

Principio de respeto a las víctimas. La acción penal pública se ejerce tomando

en cuenta los intereses particulares de las víctimas, a quienes los miembros del

Ministerio Público brindarán amplia asistencia en el proceso y, en caso de riesgo

o peligro sobre su vida o integridad física, adoptarán medidas de protección

conforme a ley. En la aplicación de las medidas alternas de resolución de

disputas deberá garantizarse el respeto de los derechos de la víctima de delito. El

Ministerio Público está obligado a informar a la víctima el resultado de las

investigaciones y le notificará la resolución que pone fin al caso.

Principio de independencia. El Ministerio Público desarrollará sus atribuciones

con independencia funcional de los demás órganos del Estado, a los cuales no

estará subordinado; en consecuencia, no podrá ser impelido, coartado u

obstaculizado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Jueces y

Tribunales de Justicia en el ámbito exclusivo de su competencia. El Ministerio

Público podrá requerir la colaboración de cualquier funcionario o autoridad de la

República para el cumplimiento de sus funciones y deberá prestar su

colaboración al ejercicio de la facultad de investigar que corresponde a las

cámaras legislativas o sus comisiones, cuando le sea requerida.

Principio de inamovilidad. Los miembros del Ministerio Público son

inamovibles, en los términos reconocidos por la Constitución y la presente ley,

para garantizar su idoneidad personal, la independencia de sus actuaciones y la

calidad del servicio público que se les encomienda, y no podrán ser removidos,

salvo por causa justificada conforme a esta ley. Se garantiza la permanencia de

los integrantes de la carrera del Ministerio Público en sus funciones hasta los

setenta y cinco años de edad.

Principio de probidad. Los funcionarios del Ministerio Público sujetarán sus

actuaciones estrictamente a criterios de transparencia, eficiencia y eficacia, así

también respecto del uso de los recursos que administren. Sus actos

administrativos son públicos, así como los documentos que le sirven de sustento

o complemento directo y esencial, salvo que la información se refiera a una

investigación o afecte el interés público comprometido en la persecución, ponga

en peligro la seguridad de los sujetos protegidos, o afecte las reservas o secretos

establecidos en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. Sus actuaciones

deberán fundamentarse en razones de hecho y derecho y no en fórmulas

sacramentales, frases rutinarias o afirmaciones dogmáticas.

Principio de responsabilidad. Los integrantes del Ministerio Público serán

sujetos de responsabilidad penal, civil y disciplinaria, de conformidad con las

normas legales correspondientes. El Estado será responsable solidariamente por

las conductas antijurídicas o arbitrarias del Ministerio Público. La acción para

perseguir esta responsabilidad patrimonial en la jurisdicción contenciosa

administrativa prescribirá en un año, contados desde la ocurrencia de la

actuación dañina. Cuando haya mediado dolo o culpa grave del funcionario, el

Estado podrá repetir las sumas pagadas realizando el cobro respectivo a quien

causó el daño.

Principio de exclusividad. Los miembros del Ministerio Público no podrán

desempeñar ninguna otra función pública o privada, salvo la actividad docente y

la investigación académica. Cuando sea factible, el Ministerio Público

establecerá el régimen salarial u otros incentivos laborales que compensen esa

dedicación exclusiva de los funcionarios, así como los riesgos que entraña su

función.

Principio de indivisibilidad. El Ministerio Público es único e indivisible. Sus

miembros actúan como un solo cuerpo y adoptan sus decisiones en nombre y

representación del Ministerio Público. Único para todo el territorio nacional.

Cada miembro del Ministerio Público encargado de la investigación actúa ante

toda jurisdicción competente, impulsa la acusación o cualquier otro acto

conclusivo, sustenta los recursos que correspondan y lo representa íntegramente

en todo el territorio de la República. El Procurador General de la República

puede emitir instrucciones generales para homogeneizar las actuaciones del

Ministerio Público. Los miembros del Ministerio Público deben cumplir sus

cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la

duplicación o interferencia de funciones.

Principio de jerarquía. El Ministerio Público se organiza en forma vertical. Las

autoridades superiores supervisan y controlan las actuaciones de sus

subordinados. El Procurador General de la República, el Director General de

Persecución del Ministerio Público o el superior jerárquico inmediato pueden

emitir instrucciones particulares a sus subordinados conforme la presente ley.

Los miembros del Ministerio Público pueden impartir órdenes e instrucciones a

la policía u otros órganos de investigación, quienes deben cumplirlas sin poder

calificar su fundamento, oportunidad o legalidad.

Principio de apoliticidad. El Ministerio Público ejerce sus funciones sin

consideraciones de índole político partidaria. Ninguno de sus miembros puede

participar en actividad político partidista, aprovechar su investidura para realizar

propaganda a favor de ningún partido político, ni utilizar los recursos humanos o

materiales de la institución para tales fines. Los miembros del Ministerio Público

pueden objetar, conforme lo dispuesto en esta ley, las instrucciones particulares

que les dicten sus superiores, sin perjuicio de otros motivos, cuando se

fundamenten en consideraciones político partidarias.

1.5 Atribuciones del Ministerio Público

El Artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que

corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal

pública, sin perjuicio de la participación de la víctima o de los ciudadanos en el

proceso, conforme a lo que establece la ley. Para ello tendrá las siguientes

atribuciones:

1. Ejercer la dirección funcional de las investigaciones de los hechos punibles de

acción pública que realice la policía o cualquier otra agencia ejecutiva de

investigación o seguridad y supervisar la legalidad de sus actuaciones, sin

perjuicio de contar con órganos propios de investigación técnica que colaboren

en el cumplimiento de sus funciones;

2. Poner en movimiento y ejercer la acción pública en los casos que corresponda;

3. Custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los objetos e

instrumentos, armas de fuego o de cualquier naturaleza, equipos, bienes muebles

e inmuebles en general, dinero en moneda nacional o extranjera, documentos,

títulos de propiedad o de cualquier otra clase; en fin, todas las evidencias y

efectos materiales vinculados al hecho punible o que hayan sido incautados o

secuestrados como consecuencia de la investigación. Por excepción, la custodia,

análisis y disposición de las drogas y sustancias controladas quedará a cargo del

Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que sólo conservará las

muestras necesarias, emitirá la certificación correspondiente y dispondrá la

incineración de las drogas o sustancias;

4. Representar y defender el interés público y el interés de la víctima de delito

con respecto a todas las infracciones y asuntos que se requieran conforme a la

ley;

5. Velar porque todo imputado sea instruido de sus derechos para garantizar el

efectivo cumplimiento de las normas del debido proceso y el respeto de la

dignidad humana, sin discriminación alguna;

6. Administrar el registro de antecedentes penales y emitir las certificaciones

correspondientes;

7. Atender las solicitudes de las víctimas y procurar que sean informadas acerca

de sus derechos;

8. Disponer las medidas para proteger la vida e integridad física de las víctimas y

testigos, así como de sus familiares y demás intervinientes en el proceso penal,

cuando fuere necesario;

9. Representar los intereses del Estado ante cualquier jurisdicción de

conformidad con la Constitución y la ley;

10. Adoptar medidas para proteger los intereses de los menores, los incapaces y

los indigentes;

11. Investigar las detenciones arbitrarias y promover las actuaciones para

hacerlas cesar y garantizar el respeto de las libertades públicas;

12. Vigilar que en los cuarteles y destacamentos policiales, recintos militares de

cualquier otra agencia de investigación o seguridad destinados al arresto de

personas, en los centros penitenciarios y correccionales, los institutos de

reeducación para menores y cualesquiera otros recintos destinados a la detención

de personas, sean respetados los derechos fundamentales, y, de igual manera,

vigilar las condiciones en que éstos se encuentren recluidos; tomar las medidas

legales adecuadas para mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser

humano cuando se compruebe que han sido menoscabadas o violadas. En el

ejercicio de esta atribución, los funcionarios del Ministerio Público tendrán

acceso a todos los establecimientos mencionados. Quienes entorpezcan, en

alguna forma, este ejercicio, incurrirán en responsabilidad disciplinaria, sin

perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente;

13. Ejercer los recursos contra las decisiones judiciales, de conformidad con la

ley;

14. Canalizar la ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el

auxilio de la fuerza pública;

15. Ejercer la representación en justicia del Estado como mandatario ad litem

cuando esa representación no haya sido encomendada por la Constitución o la

ley a ningún funcionario público u organismo gubernamental ni exista un

mandatario con poder especial designado por las autoridades competentes;

16. Las demás atribuciones que establezcan las leyes.

1.6 Prohibiciones generales para los miembros del Ministerio Público

A cada miembro del Ministerio Público le está prohibido:

1. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, dinero,

gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas como pago o

promesa de pago por actos inherentes a sus funciones;

2. Practicar con habitualidad juegos de azar o frecuentar lugares donde se

realicen actividades que afecten la dignidad o el decoro propios de la función del

Ministerio Público;

3. Dedicarse, tanto en el servicio como en la vida privada, a actividades que

puedan afectar la confianza del público en su condición de integrante del

Ministerio Público;

4. Observar una conducta que pueda afectar la respetabilidad y dignidad que

conlleva su calidad de miembro del Ministerio Público;

5. Integrar asociaciones, fundaciones o entidades que le generen conflictos de

intereses o que tengan carácter político partidario;

6. Realizar actividades ajenas a sus funciones durante la jornada de trabajo;

7. Abandonar o suspender su jornada de trabajo sin aprobación de su superior

inmediato, salvo causa justificada;

8. Retardar o negar deliberada e injustificadamente el despacho de los asuntos a

su cargo por la prestación de los servicios que les corresponden;

9. Ofrecer noticias o informaciones sobre asuntos de la administración de justicia

cuando no estén facultados para hacerlo, sin que esto implique coartar su derecho

a críticas por canales institucionales;

10. Haber sido abogado de cualquiera de las partes interesadas en el caso que

maneje o ser cónyuge, hermano, hijo o pariente, hasta el tercer grado inclusive,

de sus abogados;

11. Recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto en los casos

previstos por la Constitución y las leyes;

12. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas

contra las cuales haya puesto en movimiento la acción pública mediante

cualesquiera de los mecanismos legales, o que sean o hayan sido objeto o sujeto

de denuncias o querellas que en el momento estén sometidas a su consideración

en ocasión del ejercicio de sus funciones;

13. Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez o bajo el influjo de drogas

o estupefacientes;

14. Dar consultas en asuntos jurídicos de carácter contencioso o que puedan

adquirir ese carácter, salvo para representar sus propios intereses, los de su

cónyuge o su pariente hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad;

15. Las que establezcan los reglamentos aprobados por el Consejo Superior del

Ministerio Público o las que se deduzcan lógicamente del cargo que desempeña.

1.7 Faltas y sanciones disciplinarias

El poder disciplinario consiste en el control sobre los miembros del

Ministerio Público, dirigido a asegurar el respeto de los principios que rigen sus

actuaciones, y la correspondiente aplicación de sanciones.

Faltas.

Se consideran faltas todas las conductas que contravenga el

comportamiento ético, la probidad, y el correcto desempeño de los miembros del

Ministerio Público o que afectan la buena imagen de la institución.

Tipos de faltas.

Esta ley establece faltas leves, graves y muy graves. Las faltas leves dan

lugar a amonestación verbal o escrita advirtiendo al funcionario que no incurra

nuevamente en la falta y exigiendo que repare los agravios morales o materiales

ocasionados. Las faltas graves dan a la suspensión sin disfrute de sueldo de hasta

noventa días. Las faltas muy graves dan lugar a la destitución.

No se considerarán sanciones los consejos, observaciones y advertencias

hechas en interés del servicio.

CAPÍTULO II. LA JURISDICCIÓN PENAL Y LOS SUJETOS

PROCESALES EN VIRTUD DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

El Código Procesal Penal no altera significativamente la organización

judicial penal. En efecto, en lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales en

materia penal, este código se adscribe plenamente a lo que dispone la

Constitución. En este sentido, el artículo 22 establece el principio de separación

de funciones, de manera que las actividades de investigación, persecución y

acusación son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.

2.1 Jurisdicción y competencia

La jurisdicción penal es ejercida por los jueces y tribunales que establece

este código, y se extiende sobre los dominicanos y sobre los extranjeros para los

efectos de conocer y juzgar los hechos punibles cometidos total o parcialmente

en el territorio nacional, o cuyos efectos se produzcan en él, salvo los casos

exceptuados en tratados o convenciones internacionales adoptados por los

órganos públicos o en los principios reconocidos por el derecho internacional

general y americano.

Es competencia de los tribunales nacionales, independientemente del lugar

de su comisión, el juzgamiento de los casos que constituyan genocidio, crímenes

de guerra o crímenes contra la humanidad, siempre que el imputado resida, aún

temporalmente, en el país o los hechos se hayan cometido en perjuicio de

nacionales.

2.2 Tribunales Competentes

Son órganos jurisdiccionales en los casos y forma que determinan la

Constitución y las leyes:

1. La Suprema Corte de Justicia;

2. Las Cortes de Apelación;

3. Los Jueces de Primera Instancia;

4. Los Jueces de la Instrucción;

5. Los Jueces de Ejecución Penal;

6. Los Jueces de Paz.

Suprema Corte de Justicia. Además de los casos que expresamente le

atribuyen la Constitución de la República y las leyes es competencia de la

Suprema Corte de Justicia conocer:

Del recurso de casación;

Del recurso de revisión;

Del procedimiento relativo a los conflictos de competencia entre Cortes de

Apelación o entre jueces o tribunales de distintos Departamentos

Judiciales;

De la recusación de los jueces de Corte de Apelación;

De las quejas por demora procesal o denegación de justicia contra las

Cortes de Apelación;

Del procedimiento de solicitud de extradición.

Cortes de Apelación. Las Cortes de Apelación son competentes para conocer:

De los recursos de apelación;

De los conflictos de competencia dentro de su jurisdicción, salvo los que

correspondan a la Suprema Corte de Justicia;

De las recusaciones de los jueces;

De las quejas por demora procesal o denegación de justicia;

De las causas penales seguidas a los jueces de primera instancia, jueces de

la instrucción, jueces de ejecución penal, jueces de jurisdicción original

del tribunal de tierras, procuradores fiscales y gobernadores provinciales.

Jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia conocen de

modo unipersonal del juicio por hechos punibles que conlleven penas

pecuniarias o pena privativa de libertad cuyo máximo previsto sea de dos años, o

ambas penas a la vez. Son igualmente competentes para conocer de modo

unipersonal de las acciones de hábeas corpus que le sean planteadas y de los

hechos punibles de acción privada. Para conocer de los casos cuya pena privativa

de libertad máxima prevista sea mayor de dos años el tribunal se integra con tres

jueces de primera instancia.

Jueces de la instrucción. Corresponde a los jueces de la instrucción resolver

todas las cuestiones en las que la ley requiera la intervención de un juez durante

el procedimiento preparatorio, dirigir la audiencia preliminar, dictar las

resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del

procedimiento abreviado.

Jueces de ejecución penal. Los jueces de ejecución penal tienen a su cargo el

control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del

procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se

planteen sobre la ejecución de la condena.

Jueces de Paz. Los jueces de paz, de acuerdo a lo que establece la Ley 108-05,

son competentes para conocer y fallar:

Del juicio por contravenciones;

Del juicio por infracciones relativas al tránsito de vehículos de motor;

Del juicio por infracciones relativas a asuntos municipales;

Del control de la investigación en los casos que no admitan demora y no

sea posible lograr la intervención inmediata del juez de la instrucción

competente;

De las solicitudes de medidas de coerción, en los casos que no admitan

demora y no sea posible lograr la intervención inmediata del juez de la

instrucción, o que resulte conveniente para facilitar la participación de

todos los intervinientes;

De los demás hechos punibles cuyo conocimiento y fallo le son atribuidos

por las leyes especiales.

Jurisdicción de atención permanente. Corresponde a la Suprema Corte de

Justicia dictar las normas prácticas que organicen y aseguren en cada Distrito

Judicial el funcionamiento permanente de oficinas judiciales habilitadas para

conocer a cualquier hora del día o de la noche de aquellos casos, procedimientos

y diligencias que no admitan demora.

2.3 Víctima y querellante

De acuerdo a lo que establece el Artículo 83 del Código Procesal Penal, se

considera víctima:

a) Al ofendido directamente por el hecho punible;

b) Al cónyuge, conviviente notorio, hijo o padre biológico o adoptivo,

parientes dentro de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad,

a los herederos, en los hechos punibles cuyo resultado sea la muerte del

directamente ofendido;

c) A los socios, asociados o miembros, respecto de los hechos punibles que

afectan a una persona jurídica, cometidos por quienes la dirigen,

administran o controlan;

Sin perjuicio de los que adquiere al constituirse como querellante, la

víctima tiene los derechos siguientes:

a. Recibir un trato digno y respetuoso;

b. Ser respetada en su intimidad;

c. Recibir la protección para su seguridad y la de sus familiares;

d. Intervenir en el procedimiento, conforme a lo establecido en este código;

e. Recurrir todos los actos que den por terminado el proceso;

f. Ser informada de los resultados del procedimiento;

g. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o

suspensión de la acción penal, siempre que ella lo solicite.

La víctima o su representante legal pueden constituirse como querellante,

promover la acción penal y acusar en los términos y las condiciones establecidas

en el Código Procesal Penal. En los hechos punibles que afectan intereses

colectivos o difusos pueden constituirse como querellante las asociaciones,

fundaciones y otros entes, siempre que el objeto de la agrupación se vincule

directamente con esos intereses y se hayan incorporado con anterioridad al

hecho.

En los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio

de su función o con ocasión de ella, y en las violaciones de derechos humanos,

cualquier persona puede constituirse como querellante.

Las entidades del sector público no pueden ser querellantes. Corresponde al

ministerio público la representación de los intereses del Estado en estos casos.

La intervención de la víctima como querellante no altera las facultades

atribuidas al ministerio público ni lo exime de sus responsabilidades.

2.4 Ministerio Público y Órganos Auxiliares

El ministerio público dirige la investigación y practica u ordena practicar

las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho

punible y su responsable. Los órganos de investigación y auxiliares

La policía, por iniciativa propia, en virtud de una denuncia o por orden del

ministerio público, debe investigar los hechos punibles de acción pública,

impedir que se lleven a cabo, completen o extiendan en sus efectos,

individualizar a los autores y cómplices, reunir los elementos de prueba útiles

para determinar la verdad sobre la ocurrencia de los hechos y ejercer las demás

tareas que le asignan la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código

Procesal Penal.

Los funcionarios y agentes de policía tienen las obligaciones de practicar

las diligencias orientadas a la individualización física e identificación de los

autores y cómplices del hecho punible y llevar a cabo las actuaciones que el

ministerio público les ordene, previa autorización judicial si es necesaria.

2.5 El imputado

“El imputado es, en Derecho Penal, aquella persona a la que se le atribuye

participación en un delito, siendo uno de los más relevantes sujetos del proceso

penal. El imputado es aquel interviniente contra quien se dirige la pretensión

punitiva del Estado”. (Horvi, 2002, P. 156).

Esta acepción presentada por Horvit lo que significa es que el imputado es

la persona a quien se le acusa de participar en un hecho delictivo y, por ende, es

una de las partes principales de todos los procesos penales.

De acuerdo a la Ley 76-02 (2002) se considera imputado a la persona en

contra de quien se lleva un proceso, por la presunta infracción a una norma de

tipo penal señalada en la ley, quien puede ejercer los derechos que le concede la

ley, desde que se realice la primera actuación del procedimiento en su contra y

hasta la completa ejecución de la sentencia. El término imputado, es un derivado

del vocablo imputabilidad, que es la posesión por el agente, de las facultades

intelectivas y volitivas, lo que la legislación italiana llama capacidad de entender.

Todos los derechos del imputado son tendientes a resguardar su persona y

su dignidad de tal, asegurándole su calidad de sujeto de la investigación y no de

objeto de la misma. Es importante señalar que se protege la calidad jurídica del

imputado respetando su derecho de "presunción de inocencia", esto es mientras

no se pruebe su culpabilidad, abarcando todas las etapas del procedimiento.

2.6 Las partes civiles

El artículo 118 del Código Procesal Penal (2002) establece que:

“quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe

constituirse en actor civil mediante demanda motivada”.

El código lo que viene a delimitar es a las personas que pueden involucrarse

en el proceso penal, señalando que si no han recibido un daño, no pueden

constituirse en parte civil. El actor civil interviene a través de un abogado y

puede hacerse representar, además, por mandatario con poder especial.

El escrito de constitución en actor civil debe contener:

1. El nombre y domicilio del titular de la acción y, en su caso su representante. Si

se trata de personas jurídicas o entes colectivos, la denominación social, el

domicilio social y el nombre de quienes la representan legalmente;

2. El nombre y el domicilio del demandado civil, si existe, y su vínculo jurídico

con el hecho atribuido al imputado;

3. La indicación del proceso a que se refiere;

4. Los motivos en que la acción se fundamenta, con indicación de la calidad que

se invoca y el daño cuyo resarcimiento se pretende, aunque no se precise el

monto.

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO

PÚBLICO

El Ministerio Público está integrado por el Procurador General de la

República, quien lo encabeza; los procuradores adjuntos, Secretaria General del

Ministerio Público; Procurador General de la Corte de Apelación y, las Fiscalías

y los fiscalizadores. Esta institución debe responder a las expectativas de la

sociedad en su rol de contribuir a la reducción de la impunidad, es necesario que

su actuación se realice por medio de una eficiente labor coordinada con los

estamentos investigativos de la policía y demás organismos afines del Estado, de

tal forma que asegure el ejercicio de la acción pública con criterios de

objetividad. El propósito es que permita una justa aplicación de la ley penal en

defensa del interés general.

3.1 Procurador General de la República Dominicana

El Procurador General de la República es designado libremente por el

Presidente de la República, de acuerdo con los requisitos establecidos en la

Constitución de la República y en el art. 41 del Estatuto del Ministerio Público.

La Ley 78-03 (2003) en su artículo 41 establece que para ser designado

Procurador General de la República deberá cumplirse con los siguientes

requisitos:

a) Ser dominicano por nacimiento u origen y tener más 35 años de edad;

b) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

c) Ser licenciado o doctor en derecho;

d) Haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, o

haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de la Suprema Corte

de Justicia, de Corte de Apelación, de Primera Instancia, del Tribunal de Tierras,

o representante del Ministerio Público ante dichos tribunales como titular o

adjunto, o ante aquellas jurisdicciones especiales equivalentes en igual calidad.

Los períodos en que se hayan ejercido la abogacía y las funciones judiciales

podrán acumularse;

e) No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades establecidas en la

presente ley.

El Procurador General de la República, un ente unitario, con jurisdicción

nacional, cuyo asiento estará en la capital de República, además de las funciones

que le fueron transmitidas por la ley No.485, del 10 de noviembre de 1964, y las

que ejerce en virtud de las demás disposiciones legales, tendrá las siguientes

atribuciones específicas:

Seleccionar entre sus Adjuntos quiénes fungirán como Primer y Segundo

Sustitutos;

Representar, por sí mismo o a través de sus Adjuntos, al Ministerio

Público;

ante la Suprema Corte de Justicia;

Asumir la dirección de las investigaciones y determinar la puesta en

movimiento y el ejercicio de la acción pública en todos aquellos casos en

que el inculpado tenga privilegio de jurisdicción ante la Suprema Corte de

Justicia, conforme a la Constitución de la República;

Coordinar el trabajo del Ministerio Público con los otros poderes del

Estado;

Dirigir la política del Estado contra la criminalidad, en coordinación con

los lineamientos trazados a tales fines por el Poder Ejecutivo;

Dictar las instrucciones generales sobre la dirección de la investigación de

los hechos punibles, en cuanto al ejercicio de la acción penal y su

oportunidad, y en cuanto a la protección de víctimas y testigos;

Crear unidades especializadas que asuman la investigación de los delitos

complejos;

Crear las unidades administrativas de apoyo que sean necesarias para el

buen funcionamiento administrativo de la institución;

Dictar las instrucciones generales y reglamentos para el buen

funcionamiento administrativo de la institución;

Presidir el Consejo General de Procuradores;

Presidir el Consejo Superior Disciplinario;

Fijar, conjuntamente con el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del

Ministerio Público, los criterios operativos para reclutar, capacitar y

evaluar el personal del Ministerio Público, así como los que se aplicarán

en materia de recursos humanos, remuneraciones, inversiones,

planificación del desarrollo y de la administración en general;

Someter al Director Nacional de Presupuesto la propuesta anual de gastos

de la institución;

Dictar el reglamento interno del Ministerio Público;

Remitir al Congreso Nacional, cuando lo juzgue conveniente, su opinión

sobre los proyectos de leyes que tengan relación con el Ministerio Público

y la Administración de Justicia y sugerir las reformas legislativas

tendentes a mejorarlos;

Intervenir personalmente, cuando lo juzgue conveniente al interés público,

en los procesos penales de la jurisdicción ordinaria o especial por ante

cualquier tribunal del territorio nacional, con el objeto de poner en

movimiento o ejercer la acción pública en el proceso de que se trate. Podrá

también designar, mediante poder especial a uno de sus Adjuntos o a uno

cualquiera de los demás funcionarios del Ministerio Público, con calidad

jerárquica para actuar ante el tribunal de que se trate, para ejercer aquella

atribución;

Dar instrucciones a cualquier miembro del Ministerio Público para que

coopere con otro de la misma o distinta circunscripción o lo reemplace en

los casos que estime de lugar;

Definir y ejecutar la política penitenciaria del Estado a través de la

Dirección General de Prisiones, de acuerdo con los lineamientos trazados

para el funcionamiento del régimen penitenciario, previsto o instaurado

por la ley 224, del 26 de junio de 1984 y cualesquiera otros instrumentos

afines;

Intervenir, por sí o por medio de cualquier otro representante del

Ministerio Público, en cualquier lugar del territorio nacional en los asuntos

propios de su ministerio;

Delegar en funcionarios del Ministerio Público de su despachado

determinadas atribuciones para el mejor funcionamiento del organismo.

También podrá delegar en algunos de esos funcionarios la firma de los

asuntos de su incumbencia;

Designar los empleados administrativos de la Procuraduría General de la

República, sus dependencias y los directores de los Departamentos y

Direcciones Generales que dependan de ella;

Nombrar los médicos legistas o forenses en los diferentes distritos

judiciales y recomendar a la institución que proceda la designación de los

médicos especialistas que prestarán servicio en el Instituto Nacional de

Patología Forense;

Conceder licencia a los miembros del Ministerio Público, funcionarios y

empleados subalternos, conforme a lo que establece el presente Estatuto,

cuando excedan de siete (7) días;

Rendir cuenta al Poder Ejecutivo de las actividades realizadas por el

Ministerio Público en el año anterior, a fin de que éste haga el depósito

correspondiente al presentar la memoria anual ante el Congreso Nacional,

según lo estipula la Constitución de la República;

Ordenar traslados y cambios de ubicación de los miembros del Ministerio

Público;

Presidir el Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio

Público;

Convocar a los Procuradores Generales de las Cortes de Apelación de los

distintos Departamentos Judiciales y a los de jurisdicciones equivalentes

para que elijan a su representante ante el Consejo Directivo de la Escuela

Nacional de Ministerio Público y para elegir a sus dos (2) representantes

ante el Consejo General de Procuradores;

Convocar al Consejo General de Procuradores para elegir al jurista que

formará parte del Consejo Directivo de la Escuela Nacional del Ministerio

Público y para elegir al Director y al Subdirector de la Escuela Nacional

del Ministerio Público;

Podrá suspender en funciones, con o sin disfrute de sueldo, a cualquier

miembro del Ministerio Público, durante el tiempo de la investigación de

la queja o querella presentada en su contra por la supuesta comisión de

falta disciplinaria y hasta que se decida sobre la misma;

Otorgar poder a funcionarios del Ministerio Público y abogados en

ejercicio para que asuman la presentación del Estado Dominicano ante la

justicia, como demandante o demandado, de conformidad con la ley

No.1486, del 20 de marzo de 1938;

Contratar el personal técnico, a los consultores y especialistas requeridos

para el funcionamiento de las diferentes unidades y dependencias previstas

en el presente estatuto;

Firmar los convenios internacionales relacionados con las actividades a

desarrollar por la Escuela Nacional del Ministerio Público.

3.2 Procuradores Adjuntos

El Artículo 22 del Estatuto del Ministerio Público (203) establece que el

Procurador General de la República tendrá, por lo menos, nueve (9)

Procuradores Generales Adjuntos, con las calificaciones y jerarquías que se

establecen en su Estatuto, que serán designados por el Presidente de la

República, previa recomendación del titular de la Procuraduría General de la

República. Para esto se tiene en cuenta las evaluaciones de la Escuela Nacional

del Ministerio Público, a partir de su entrada en funcionamiento.

El número de los Fiscales Adjuntos, en todas las jurisdicciones, podrá ser

aumentado por el Presidente de la República, a solicitud del Procurador General

de la República, según las necesidades del servicio en un determinado momento.

Los Fiscales adjuntos, en cualesquiera jurisdicciones, tendrán las atribuciones

siguientes:

Sustituir interinamente, de pleno derecho, al titular cuando proceda;

Ejercer directamente las funciones del Ministerio Público en los casos que

les sean asignados;

Dirigir la investigación de los hechos punibles que les sea delegada;

Cumplir las instrucciones generales que, dentro del ámbito de sus

facultades legales, les impartan los titulares del Ministerio Público que

tengan la calidad de superiores jerárquicos;

Ejercer las demás atribuciones con arreglo a lo establecido en el presente

Estatuto, en las demás leyes y en los reglamentos.

3.3 Procurador General de la Corte de Apelación

Los Procuradores Generales de Cortes de Apelación, así como los que

ejercen esas funciones ante las jurisdicciones equivalentes a éstas, representan al

Ministerio Público ante dichos órganos y son responsables de su buen

funcionamiento en el Departamento Judicial bajo su incumbencia.

Art. 51.- Los Procuradores Generales de Cortes de Apelación tendrán por lo

menos dos adjuntos, quienes deberán reunir las mismas condiciones que el

titular, y lo sustituirán en caso de ausencia temporal. Serán designados en la

misma forma y por el mismo tiempo que el titular.

Art. 52.- En todos los casos, el Adjunto representará al titular ante el

tribunal en que ejerce sus funciones, cuantas veces este último lo crea necesario,

y lo asistirá en los diferentes asuntos y servicios administrativos de la oficina, lo

que realizará bajo la dirección inmediata del titular. Para ser nombrado

Procurador General de Cortes de Apelación o ante tribunales equivalentes, o

Adjuntos de éstos, se requiere cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser dominicano de nacimiento u origen;

b) Tener por lo menos treinta (30) años de edad;

c) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

d) Ser licenciado o doctor en derecho;

e) Haber ejercido durante cuatro años, por lo menos, la profesión de abogado o

haber desempeñado por igual tiempo las funciones de Juez de Corte de

Apelación, de Primera Instancia, del Tribunal de Tierras o de aquellas

jurisdicciones especiales equivalentes a las anteriores, o haberse desempeñado

como representante del Ministerio Público ante cualesquiera de las mismas por

igual período. Los períodos en que se hayan ejercido la abogacía y las funciones

judiciales podrán acumularse;

f) Haber sido evaluado por la Escuela Nacional del Ministerio Público de

acuerdo con las normas que se establecerán más adelante;

g) No encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades establecidas en el

presente Estatuto y en las demás leyes.

La Procuraduría General de cada Corte de Apelación, o su equivalente,

contarán con las unidades administrativas de apoyo que sean necesarias para el

desempeño de sus labores, previa aprobación del Procurador General de la

República.

El Procurador General de la Corte de Apelación, o su equivalente ante las

jurisdicciones especiales, será sustituido, en caso de ausencia temporal, por el

Adjunto que él designe. De lo contrario, será sustituido por el que designe el

Procurador General de la República. En estos casos, el Adjunto ejercerá las

mismas funciones y atribuciones que el titular.

Los Procuradores Generales ante las Cortes de Apelación y los que ejercen

dichas funciones ante las jurisdicciones especiales equivalentes, tendrán, dentro

del marco de sus respectivas competencias, las siguientes atribuciones:

a) Representar al Ministerio Público ante la Corte de Apelación por ante las

cuales están destacados y cumplir esa misma función en los tribunales especiales

equivalentes;

b) Colaborar y asesorar al Procurador General de la República, a través del

Consejo General de Procuradores, en la fijación de los criterios de política

criminal de la institución;

c) Hacer cumplir las instrucciones del Procurador General de la República en el

Departamento Judicial de su jurisdicción;

d) Conocer y resolver, en los casos previstos por el presente estatuto y las demás

leyes, las reclamaciones que cualquier parte interviniente en un procedimiento

penal formule por escrito respecto de un Adjunto que se desempeñe en el

Departamento Judicial bajo su incumbencia, las cuales deberán ser resueltas

dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles;

e) Supervisar y controlar el funcionamiento administrativo de los Procuradores

Fiscales que dependan de su Departamento Judicial;

f) Velar por el eficaz desempeño del personal a su cargo y de la adecuada

administración de los recursos materiales y económicos de la oficina y en lo

concerniente a los cuerpos de delitos;

g) Proponer al Procurador General de la República la distribución de los

Adjuntos y demás funcionarios del Departamento;

h) Rendir cuenta de las actividades desarrolladas por el Ministerio Público en el

Departamento bajo su jurisdicción, que deberá ser remitida al Procurador

General de la República, a más tardar el 15 de octubre de cada año;

i) Presidir el Consejo Disciplinario Departamental o designar a uno de sus

adjuntos para que lo presida;

j) Ejercer las atribuciones que, en sentido general, les acuerdan el presente

Estatuto y las demás leyes a los representantes del Ministerio Público.

3.4 Fiscalías

Los Fiscalizadores representan al Ministerio Público ante los Juzgados de

Paz. Dirigen e investigan las infracciones de su competencia; ponen en

movimiento la acción pública y ejercen la acción penal ante dichos tribunales.

Además, en el marco de su competencia, tienen las atribuciones establecidas en

el Estatuto del Ministerio Público en el Código Procesal Penal y en las demás

leyes. Para ser nombrado Fiscalizador se requieren las condiciones siguientes:

a) Ser dominicano por nacimiento u origen;

b) Tener por lo menos veintitrés (23) años de edad;

c) Estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

d) Ser licenciado o doctor en derecho;

e) No estar afectado por ninguna de las incapacidades o incompatibilidades

establecidas en el presente Estatuto y en las demás leyes;

f) Haber sido evaluado por la Escuela Nacional del Ministerio Público

3.5 Escuela Nacional del Ministerio Público

Se ha creado la Escuela Nacional del Ministerio Público, adscrita a la

Procuraduría General de la República, la cual tendrá a su cargo la capacitación

de los miembros del Ministerio Público en servicio y la formación de los

aspirantes a ingresar a la carrera. De acuerdo a la Ley Orgánica del Ministerio

Público (2011) esta escuela tiene los siguientes objetivos generales y específicos:

Objetivos Generales:

Establecer e institucionalizar un Plan Único Nacional de Formación para los

funcionarios y empleados del Ministerio Público, que permita su realización en

forma integral, sistemática y progresiva y al que se acogerían las instituciones

nacionales e internacionales que apoyen los esfuerzos de desarrollo del

Ministerio Público.

Objetivos Específicos:

a) Garantizar la calidad en el servicio que presta el Ministerio Público en todo el

país, a través de la formación permanente de sus funcionarios y empleados;

b) Garantizar la unidad de criterios y procedimientos en todos los Ministerios

Públicos del país;

c) Ejercer un control de calidad sobre los contenidos y materiales utilizados en

los cursos de formación;

d) Contar con un equipo de formadores internos y/o externos que permitan el

desarrollo del Plan Nacional de Formación del Ministerio Público;

e) Desarrollar un método pedagógico específico y práctico para la formación de

los servidores del Ministerio Público;

f) Contar con un instrumento de medición y evaluación de las calidades de los

funcionarios y empleados que laboran en el Ministerio Público, así como de los

optantes a estos cargos.

El plan de capacitación se desarrollará dentro de la Escuela Nacional del

Ministerio Público sobre la base de las cuatro fases siguientes:

1. La fase de inducción: Tendrá por objeto que el funcionario y empleado que

ingrese a la institución o que siendo antiguo no lo haya recibido, sea introducido

en el conocimiento de la institución para la cual trabajará.

2. Perfeccionamiento: Esta fase tendrá por objeto que el funcionario

perfeccione sus conocimientos, básicamente en materia constitucional y en

Derecho Penal y Procesal, especialmente en aquellos temas que tengan que ver

con el ejercicio del cargo.

3. Desarrollo de habilidades: Esta fase tendrá por objeto que el funcionario

desarrolle las habilidades y destrezas que requerirá para cumplir su papel de

acuerdo con el perfil del cargo.

4. Especialidades: Fase dirigida a aquellos funcionarios asignados a

dependencias del Ministerio Público de acuerdo con la naturaleza de su función

especial.

La Escuela Nacional del Ministerio Público tiene a su cargo las funciones y

responsabilidades siguientes:

Fortalecer el nivel de conocimiento jurídico de los miembros del

Ministerio Público, haciendo énfasis en su aspecto técnico y cultural;

Propiciar el adiestramiento del personal técnico y administrativo del

Ministerio público;

Desarrollar actividades orientadas a la ampliación de conocimientos, en

forma de talleres, disertaciones, seminarios, simposios y otros eventos

similares;

Fomentar el intercambio de experiencias con entidades similares del país y

del extranjero y el canje de publicaciones científicas que promuevan el

mejoramiento integral de la administración de justicia;

Cualesquiera otras tareas que le sean asignadas por la Procuraduría

General de la República y su organismo rector.

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Este capítulo presenta la matriz de las variables del estudio con sus

respectivos indicadores; así como también la interpretación del instrumento

aplicado a la población bajo estudio.

Esta investigación se ha planteado como objetivo general evaluar el rol del

Ministerio Público en la aplicación de la ley en materia penal en el Distrito

Judicial de Puerto Plata al año 2013.

El primer marco jurídico que tuvo el Ministerio Público en el país, fue la

Ley 41 de Organización Judicial y el artículo 131 de la Constitución de San

Cristóbal, de noviembre de 1844, durante el gobierno de Pedro Santana. En los

tribunales de Apelación, hoy Corte de Apelación, y en los Mayores de Provincia,

hoy primera Instancia, el Ministerio Público estaba representado por un

Procurador Fiscal, quien tenía como función actuar en todas las causas

criminales y civiles.

Con la promulgación de la Ley 78-03 o Estatuto del Ministerio Público se

tuvo de manera formal en la legislación dominicana una definición del mismo

estableciendo en su artículo 6 lo que para sus fines es el Ministerio Público,

señalando que: "El Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia,

garante del estado de derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones.

Es el encargado de dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en

representación de la sociedad; de la puesta en movimiento y del ejercicio de la

acción pública; proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones

que realice y ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las

leyes".

El Ministerio Público en el Distrito Judicial de Puerto Plata está ubicado en

el Palacio de Justicia de esta ciudad en la Avenida Luis Ginebra esquina Avenida

Hermanas Mirabal en el primer nivel. Cuenta con un Procurador de la Corte, el

Sr. Félix Álvarez Rivera y Alba Núñez Pichardo como Procurador Fiscal y 7

fiscales adjuntos.

La población objeto de esta investigación son los siete (7) fiscales adjuntos,

a quienes se les aplicó un cuestionario con 22 preguntas de selección múltiples.

Los resultados son analizados y presentados mediante tablas y gráficos.

4.1 Matriz de las variables e indicadores del estudio

Objetivos

Específicos

Variables Definición de

variables

Indicadores

Objetivos de los indicadores

Fuentes

1. Identificar

las principales

funciones del

Ministerio

Público como

institución

responsable de

dirigir la

investigación.

1.1 Principales

funciones del

Ministerio Público

1.1.1 Se refiere al

desempeño que

tiene el Ministerio

Público de acuerdo

a las leyes y

resoluciones.

1.1.1.1 Elementos de

la Investigación.

1.1.1.2 Ejercicio de

la Acción Penal

1.1.1.3 Protección de

la víctima

1.1.1.1.1 Determinar cuáles son los

elementos son puestos en función para la

ejecución de la investigación.

1.1.1.1.2 Determinar de qué forma esta

institución ejerce la acción penal.

1.1.1.1.3 Determinar la responsabilidad

del Ministerio Público en la integridad y

seguridad de la víctima

1.1.1.1.1.1 Cuestionario aplicado a

los funcionarios del Ministerio

Público de Puerto Plata.

1.1.1.1.1.2 Cuestionario aplicado a

los funcionarios del Ministerio

Público de Puerto Plata.

1.1.1.1.1.3 Cuestionario aplicado a

los funcionarios del Ministerio

Público de Puerto Plata.

2. Evaluar

cuáles medidas

está tomando el

Ministerio

Público para

garantizar la

confiabilidad

del proceso

investigativo.

2.1 Medidas

tomadas por el

Ministerio Público

2.1.1 Son las

acciones que se

han implementado

para logra que el

proceso

investigativo sea

confiable.

2.1.1.1 Medidas

disciplinarias.

2.1.1.2 Publicidad en

los casos llevados

por la oficina.

2.1.1.3 Inclusión de

nuevos miembros

2.1.1.1.1 Identificar las medidas

disciplinarias que ha tomado la Alta

Dirección del Ministerio Público ante la

comisión de los actos dolosos de sus

funcionarios.

2.1.1.1.2 Analizar de qué forma se le está

dando publicidad a los casos llevados ante

los tribunales.

2.1.1.1.3 Determinar si el Ministerio

Público ha contemplado la inclusión de

nuevos miembros.

2.1.1.1.1. Cuestionario aplicado a los

funcionarios del Ministerio Público de

Puerto Plata.

2.1.1.1.1.2 Cuestionario aplicado a

los funcionarios del Ministerio

Público de Puerto Plata.

2.1.1.1.1.3 Cuestionario aplicado a los

funcionarios del Ministerio Público de

Puerto Plata.

3. Determinar

la incidencia

que tiene el

trabajo realizado

por el Ministerio

Público en un

Estado de

Derecho.

3.1 Incidencia 3.1.1 Son las

consecuencias que

reviste la función

que desempeña

esta oficina.

3.1.1.1 Principio de

Legalidad

3.1.1.2 Principio de

Libertad

3.1.1.3 Derechos

Fundamentales

2.1.1.1.1 Determinar de qué forma el

Ministerio Público garantiza la legalidad

del debido proceso.

2.1.1.1.2 Evaluar si se vulnera el principio

de libertad con las acciones dolosas de los

funcionarios del Ministerio Público.

2.1.1.1.3 Determinar la incidencia que

tiene la labor que realiza esta oficina en la

garantía de los derechos fundamentales

del individuo.

3.1.1.1.1.1 Cuestionario aplicado a

los funcionarios del Ministerio

Público de Puerto Plata.

3.1.1.1.1.2 Cuestionario aplicado a

los funcionarios del Ministerio

Público de Puerto Plata.

3.1.1.1.1.3 Cuestionario aplicado a los

funcionarios del Ministerio Público de

Puerto Plata.

4.2 Instrumento aplicado a los funcionarios del Ministerio Público del

Distrito Judicial de Puerto Plata

Gráfico No. 1

Elementos de investigación que utiliza el Ministerio Público

El 100% de los fiscales adjuntos señala que los elementos de la

investigación que más se utilizan son la confirmación de la ocurrencia de un

hecho, la formulación de la acusación, la escena del crimen, la identificación del

imputado y la custodia de los elementos de pruebas.

Gráfico No. 2

Grado de importancia en el manejo de estos elementos

El 100% de los entrevistados manifiesta que el manejo de los elementos de

la investigación tiene mucha importancia.

Tabla No. 1

Condiciones para ejercer la acción penal

Descripción Frecuencia Porcentaje

La existencia de una acusación 2 28.6%

Hecho ocurrido dentro de la

jurisdicción

4 57.1%

Individualizar a los autores y

cómplices

- -

Reunir los elementos de pruebas 1 14.3%

Todas las anteriores - -

Total 7 100%

El 57.1% de los fiscales adjuntos expresa que una condición para ejercer la

acción penal es que el hecho ocurrido esté dentro de la jurisdicción; el 28.6%

señala que la existencia de una acusación y el 14.3% opina que reunir los

elementos de prueba.

Tabla No. 2

Medidas que se pueden tomar

Descripción Frecuencia Porcentaje

Conciliación entre las partes 3 42.8%

Archivo del expediente 2 28.6%

Suspensión condicional del

procedimiento

2 28.6%

Otras. - -

Total 7 100%

El 42.8% de los entrevistados manifiesta que una de las medidas que se

pueden tomar con respecto a la persecución de la acción penal es la conciliación

entre las partes, el 28.6% señala que el archivo del expediente y el 28.6% opina

que la suspensión condicional del procedimiento.

Gráfico No. 3

Porcentaje de persecución de la acción penal de oficio

El 57.0% de los fiscales adjuntos considera que la acción penal se persigue

de oficio en menos del 40%; el 15% expresa que en un 100%, el 14% entre un 40

a 59% y el otro 14% entre un 80 a 99%.

Gráfico No. 4

Grado de responsabilidad del Ministerio Público

El 83.0% de los entrevistados señala que la responsabilidad del Ministerio

Público en la integridad y seguridad de la víctima es mucha, mientras que el

17.0% señala que no tiene ninguna responsabilidad.

Tabla No. 3

Medidas que se toman garantizar seguridad a las víctimas

Descripción Frecuencia Porcentaje

Anonimato de su identidad - -

Asignación de oficiales policiales

para cuidarla

1 14.3%

Reubicación Física 2 28.6%

Otras. Ninguna 4 57.1%

Total 7 100%

El 57.1% de los entrevistados manifiesta que no toma ninguna medida para

garantizar la seguridad de las víctimas, el 28.6% señala que se reubica

físicamente y el 14.3% opina que se asignan oficiales policiales para cuidar a la

víctima.

Tabla No. 4

Medidas disciplinarias que se han tomado

Descripción Frecuencia Porcentaje

Amonestación verbal 2 28.6%

Amonestación por escrito - -

Suspensión 2 28.6%

Traslado 3 42.8%

Destitución - -

Otras. - -

Total 7 100%

El 42.8% de los fiscales adjuntos en Puerto Plata manifiesta que una de las

medidas disciplinarias tomadas por esta oficina es el traslado, el 28.6% ha

recibido amonestación verbal y el 28.6% ha recibido una suspensión.

Gráfico No. 5

Expectativas del Ministerio Público cuando se aplican sanciones

El 86.0% de los entrevistados considera que con estas sanciones se espera

lograr un cambio de actitud en los amonestados; mientras que el 14.0%

manifiesta que es complacer a los involucrados.

Gráfico No. 6

Causas por las cuales se han impuestos sanciones

El 43.0% de los fiscales adjuntos manifiesta que una de las causas por la

imposición de sanciones disciplinarias es negligencia involuntaria, el 43.0%

señala que la mala presentación de los casos y el 14.0% opina que la falta de

seguimiento.

Tabla No. 5

Publicidad en los casos llevados por el Ministerio Público

Descripción Frecuencia Porcentaje

Siempre 1 14.3%

Casi siempre - -

Algunas veces 2 28.6%

Pocas veces 4 57.1%

Nunca - -

Total 7 100%

El 57.1% de los entrevistados manifiesta que pocas veces los casos

llevados por el Ministerio Público en Puerto Plata se les da publicidad, el 28.6%

señala que algunas veces y el 14.3% considera que siempre se hace.

Tabla No. 6

Forma en que se da la publicidad

Descripción Frecuencia Porcentaje

Presencia de la prensa en

audiencias

7 100.0%

Rueda de prensa para presentar

los casos

- -

Reporte frecuente sobre los casos

llevados por esta oficina

- -

Revista interna - -

Otras. - -

Total 7 100%

El 100% de los fiscales adjuntos en Puerto Plata manifiesta que se les da

publicidad a los casos permitiendo la presencia de la prensa en audiencias.

Gráfico No. 7

Efectos de la publicidad en el seguimiento y conclusión de los casos

El 57.0% de los entrevistados manifiesta que la publicidad afecta porque

hay mayor presión por parte de la sociedad, el 29.0% considera que más

responsabilidad en la presentación de las pruebas y el 14.0% lo hace más

vulnerable.

Gráfico No. 8

Cumplimiento de los procesos con la cantidad de fiscales

El 57.0% de los fiscales adjuntos señala que se cumplen los procesos

investigativos con la cantidad de fiscales actuales, mientras que el 43.0% señala

que no.

Tabla No. 7

Contemplado incluir más fiscales

Descripción Frecuencia Porcentaje

Sí 5 71.4%

No - -

No sabe 2 28.6%

Total 7 100%

El 71.4% de los entrevistados considera que se ha pensado incluir más

fiscales en esta oficina de Puerto Plata y el 28.6% señala que no sabe.

Tabla No. 8

Elementos que inciden para incluir nuevos miembros

Descripción Frecuencia Porcentaje

Cantidad de trabajo 5 71.4%

Lentitud en el conocimiento de

los casos

- -

Sustitución de funcionarios 2 28.6%

Todas las anteriores - -

Otras. - -

Total 7 100%

El 71.4% de los fiscales adjuntos de Puerto Plata señala que la cantidad de

trabajo es un elemento para incluir nuevos miembros; mientras que el 28.6%

considera que la sustitución de funcionarios.

Gráfico No. 9

Forma en que se garantiza la legalidad del proceso

El 57.0% de los entrevistados manifiesta que se garantiza la legalidad del

proceso con la separación de funciones, el 29.0% considera que la

responsabilidad de la investigación y el 14% señala que la obligatoriedad de la

acción penal.

Gráfico No. 10

Grado de responsabilidad del Ministerio Público

El 100% de los entrevistados manifiesta que es mucho el grado de

responsabilidad del Ministerio Público en cuanto al principio de legalidad.

Tabla No. 9

Acciones dolosas de los funcionarios del Ministerio Público

Descripción Frecuencia Porcentaje

Siempre - -

Casi siempre - -

Algunas veces 2 28.6%

Pocas veces - -

Nunca 5 71.4%

Total 7 100%

El 71.4% de los entrevistados señala que las acciones dolosas de los

funcionarios del Ministerio Público nunca vulneran el principio de libertad, el

28.6% señala que algunas veces.

Tabla No. 10

Tipo de comportamiento y actitud

Descripción Frecuencia Porcentaje

Poca responsabilidad en la

preparación de los expedientes

2 28.6%

Ilegalidad de las pruebas

obtenidas

5 71.4%

Obviar las opciones que otorga el

Código Procesal Penal

- -

No separar las funciones - -

Total 7 100%

El 71.4% de los fiscales adjuntos en Puerto Plata considera que la ilegalidad

de las pruebas obtenidas es un comportamiento y actitud dolosa, mientras que el

28.6% manifiesta que la poca responsabilidad en la preparación de expedientes.

Gráfico No. 11

Derechos fundamentales que garantiza el Ministerio Público

El 71.0% de los fiscales adjuntos considera que la legalidad de las pruebas

es uno de los derechos fundamentales que garantiza el Ministerio Público y el

29.0% señala que la igualdad de las partes.

Gráfico No. 12

Grado de importancia del trabajo realizado por el Ministerio Público

El 100% de los entrevistados manifiesta que el trabajo realizado por el

Ministerio Público tiene mucha importancia.

HALLAZGOS

Luego de la interpretación del instrumento aplicado a los fiscales adjuntos,

se presentan los hallazgos de esta investigación:

En el primer objetivo “Identificar las principales funciones del

Ministerio Público como institución responsable de dirigir la investigación”.

El estudio reveló que el 100% de los fiscales adjuntos está de acuerdo en que los

elementos de la investigación que más se utilizan son la confirmación de la

ocurrencia de un hecho, la formulación de la acusación, la escena del crimen, la

identificación del imputado y la custodia de los elementos de pruebas, por lo que

el manejo de estos elementos tiene mucha importancia. Este hallazgo está de

acuerdo con el artículo 88 del Código Procesal Penal que establece las funciones

del Ministerio Público.

Otro hallazgo es que el 57.1% de los fiscales adjuntos expresa que una

condición para ejercer la acción penal es que el hecho ocurrido esté dentro de la

jurisdicción. Esta revelación se corresponde con lo que establece el Estatuto del

Ministerio Público (2003) de que los fiscales adjuntos tienen competencia para

conocer los casos que se presenten en su jurisdicción.

Así mismo, la investigación reveló que el 42.8% de los entrevistados

manifiesta que una de las medidas que se pueden tomar con respecto a la

persecución de la acción penal es la conciliación entre las partes, lo que está

contemplado en el artículo 361 del Código Procesal Penal, el cual señala que el

juez convoca una audiencia de conciliación entre la víctima y el imputado dentro

de los diez días luego de acusación formal.

De igual modo, el 57.0% de los fiscales adjuntos consideran que la acción

penal se persigue de oficio en menos del 40%. Esta realidad que presenta la

investigación no se corresponde con lo que establece el artículo 30 sobre la

obligatoriedad de la acción pública en la cual se indica que el ministerio público

debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento,

siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia.

Se reveló, además, que el 83.0% de los fiscales señala que la

responsabilidad del Ministerio Público en la integridad y seguridad de la víctima

es mucha, que se corresponde con el artículo 84 del Código Procesal Penal en

donde se establece que la víctima debe recibir un trato digno y respetuoso.

En este mismo sentido, la investigación reveló que el 57.1% de los

entrevistados manifiesta que el Ministerio Público no toma ninguna medidas

para garantizar la seguridad de las víctimas. Este hallazgo no está de acuerdo con

el mismo artículo 84, el cual expresa que la víctima tiene derecho a recibir la

protección para su seguridad y la de sus familiares.

En el segundo objetivo “Evaluar cuáles medidas está tomando el

Ministerio Público para garantizar la confiabilidad del proceso

investigativo”, el estudio determinó que el 42.8% de los fiscales adjuntos en

Puerto Plata manifiesta que una de las medidas disciplinarias tomadas por esta

oficina es el traslado. Por otro lado, el 86.0% de los entrevistados considera que

con estas sanciones se espera lograr un cambio de actitud en los amonestados. El

43.0% de los fiscales adjuntos manifiesta que una de las causas por la imposición

de sanciones disciplinarias es negligencia involuntaria.

Estos hallazgos se corresponden con un artículo del Período El Faro de

fecha 7 de octubre del año 2013, en donde señalaba que la Procuraduría Fiscal

de Puerto Plata había trasladado a varios de sus fiscales adjuntos como medida

disciplinaria.

El estudio reveló que el 57.1% de los entrevistados manifiesta que pocas

veces los casos llevados por el Ministerio Público en Puerto Plata se les da

publicidad. Esta revelación no está de acuerdo con lo que establece el artículo

308 de que el juicio es público, salvo que de oficio o a petición de parte, el

tribunal decida, mediante resolución motivada, que se realice total o

parcialmente a puertas cerradas.

En este mismo sentido, la investigación arrojó que el 100% de los fiscales

adjuntos en Puerto Plata manifiesta que se les da publicidad a los casos

permitiendo la presencia de la prensa en audiencias; y el 57.0% manifiesta que

esta publicidad afecta porque hay mayor presión por parte de la sociedad. Estos

hallazgos coinciden con el artículo 309 del Código Procesal Penal en lo que

respecta la participación de los medios de comunicación, los cuales se pueden

instalar en la sala de audiencias a los fines de informar al público sobre las

incidencias del juicio.

Se arrojó, además, de que el 57.0% de los fiscales adjuntos señalan que se

cumplen los procesos investigativos con la cantidad de fiscales actuales,

considerando el 71.4% que se ha pensado incluir más fiscales en esta oficina de

Puerto Plata por la cantidad de trabajo.

En el tercer objetivo “Determinar la incidencia que tiene el trabajo

realizado por el Ministerio Público en un Estado de Derecho”, se reveló que

el 57.0% de los entrevistados manifiesta que se garantiza la legalidad del proceso

con la separación de funciones, lo que está de acuerdo con el artículo 22 del

Código Procesal Penal, que establece que las funciones de investigación y de

persecución están separadas de la función jurisdiccional.

El 100% de los entrevistados manifiesta que es mucho el grado de

responsabilidad del Ministerio Público en cuanto al principio de legalidad; y por

su parte el 71.4% señala que las acciones dolosas de los funcionarios del

Ministerio Público nunca vulneran el principio de libertad. Esto no es totalmente

cierto porque cuando un miembro del Ministerio Público se obstina en presentar

acusación sobre un hecho del cual no tiene suficientes pruebas, lo que hace es

violar el principio de libertad contemplada en la Constitución Dominicana y en

el Código Procesal Penal.

El 71.4% de los fiscales adjuntos en Puerto Plata considera que la ilegalidad

de las pruebas obtenidas es un comportamiento y actitud dolosa y es uno de los

derechos fundamentales que garantiza esta institución, lo que está de acuerdo

con el primer principio establecido en el Estatuto del Ministerio Público sobre la

legalidad en el sentido de que se debe someter sus actuaciones conforme a los

dictados de la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales.

Por último, el estudio reveló que el 100% de los entrevistados manifiesta

que el trabajo realizado por el Ministerio Público tiene mucha importancia,

garantizando los derechos fundamentales de las partes involucradas. Este

hallazgo está de acuerdo con acápite d) del artículo 16 del Estatuto del Ministerio

Público que señala que el Ministerio Público garantiza el efectivo cumplimiento

de las normas del debido proceso legal, respetando y protegiendo la dignidad

humana, sin discriminación alguna.

CONCLUSIONES

Al finalizar esta investigación y luego de presentar los hallazgos, se procede

a concluir de la siguiente manera:

El Ministerio Público es uno de los actores principales del proceso penal,

desde la etapa de la investigación inicial hasta la ejecución de la sentencia, tiene

una responsabilidad de primer orden en este proceso, por lo que debe asumir,

mediante una organización sólida y funcional, las delicadas tareas de dirigir la

investigación de los hechos punibles, formular la acusación o requerir la

absolución, ejercer la acción pública, defender los intereses sociales, ofrecer

adecuada asistencia a la víctima y testigos, garantizar la paz pública y promover

la protección de los derechos humano.

Dentro de los elementos principales que conllevan las funciones del

Ministerio Público está, ante todo, la confirmación de la ocurrencia del hecho, es

decir, que realmente haya ocurrido un acontecimiento que merezca la

intromisión de este departamento. También, es importante que este hecho ocurra

dentro de la jurisdicción que le compete, en este caso, de Puerto Plata, para que

la entidad pueda ejercer sus funciones, ya sea de oficio o a solicitud de las partes

involucradas. Deben existir elementos de pruebas, legalmente obtenidas, para

que el Ministerio Público presente acusación formal y haga custodia de las

pruebas, tal y como lo establece el Estatuto del Ministerio Público.

Así mismo, el ejercicio de la acción penal pública es única y

exclusivamente una función del Ministerio Público, la puede ejercer de oficio o a

solicitud de la víctima, sin embargo, se concluye en esta investigación que esta

institución no persigue la acción penal de oficio, lo que es una violación a la

Constitución, las leyes y a los Tratados Internacionales. Si el Ministerio Público

tiene conocimiento de un hecho que amerita ser investigado, no debe esperar que

exista una denuncia formal; debe, de oficio, comenzar el proceso investigativo

como ente encargado del mismo.

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que, a pesar de que los

funcionarios del Ministerio Público reconocen el grado de responsabilidad que

tiene la institución en la integridad y seguridad de las víctimas, no toma las

medidas necesarias para que esto suceda. Esto se torna contradictorio. El

Ministerio Público tiene la obligación de proveerles a la víctima y a sus

familiares protección para su seguridad mediante los mecanismos previamente

establecidos para estos fines. En vista de que esto no se está llevando a cabo en

esta dependencia, se considera un atentado contra los derechos de las víctimas.

En cuanto a las medidas que está tomando el Ministerio Público para

garantizar la confiabilidad del proceso administrativo, es conveniente destacar

que, cuando un funcionario de esta entidad, comete actos dolosos, ya sea por

negligencia o voluntariamente, es susceptible de sanciones disciplinarias, que

van desde la amonestación verbal, hasta el traslado y suspensión de sus

funciones. Esto se ha podido comprobar en el último año, 2013; ya que en el

Ministerio Público de Puerto Plata se han tomado medidas drásticas con respecto

a sus funcionarios por hechos puntuales, desde el traslado hasta el sometimiento

a la justicia y la destitución.

Estas sanciones disciplinarias forman parte de la responsabilidad del

Ministerio Público en transparentar y dar confianza a las acciones procesales que

realiza, ya que este es un órgano del sistema de justicia garante del estado de

derecho, funcionalmente independiente en sus actuaciones. Es el encargado de

dirigir la investigación de los hechos de carácter penal en representación de la

sociedad; de la puesta en movimiento y del ejercicio de la acción pública;

proteger a las víctimas y testigos en el ámbito de las actuaciones que realice y

ejercer y cumplir todas las demás atribuciones que le confieren las leyes.

Otra forma que utiliza este departamento judicial para garantizar el debido

proceso es permitiendo que los casos que son públicos, se les de publicidad a

través de la presencia de los medios de comunicación en las audiencias, aunque

esta publicidad también les genera una mayor presión a los fiscales adjuntos de

parte de la sociedad que puede seguir todo el proceso investigativo.

Se concluye, además, que la cantidad de fiscales adjuntos que actualmente

tiene el Ministerio Público en Puerto Plata es suficiente para el conocimiento de

los casos que se procesan en esta ciudad, por lo que la entidad no ha

contemplado la inclusión de nuevos miembros.

Respecto al Estado de Derecho que garantiza el Ministerio Público con sus

actuaciones se evidencia que éste tiene muy claro y lo pone en práctica, el

principio de la separación de funciones. El Ministerio Público tiene la

obligatoriedad de ejercer la acción penal a través del proceso investigativo, por

ningún motivo puede realizar actos jurisdiccionales. Esto reviste mucha

importancia para la legalidad del proceso. Todas sus actuaciones están bajo el

marco de la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales.

Otra realidad sobre la cual se concluye en esta investigación es que los

miembros del Ministerio Público no consideran que los actos dolosos que

realizan vulneran el estatuto de libertad. En este sentido, existe una mala

interpretación porque hay un principio que señala que toda persona tiene derecho

a la libertad y a la seguridad personal. Esto significa, que si el Ministerio Público

prepara sus casos sin apego a los principios de legalidad, presunción de

inocencia, debido proceso y legalidad de la prueba, todo esto podría conducir a

que el tribunal competente tome una decisión restrictivas de la libertad personal,

lo que estaría en contra de la Constitución de la República.

Al finalizar esta investigación se concluye que la oficina del Ministerio

Público en Puerto Plata, con sus siete (7) fiscales adjuntos, el Procurador Fiscal y

el Procurador de la Corte de Apelación, está ejerciendo un rol preponderante

como representante de la Sociedad ante hechos ocurridos en esta jurisdicción. Al

mismo tiempo, garantiza un Estado de Derecho a través del apego a la

Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales, sin embargo, tiene la

debilidad de no ofrecerles seguridad a las víctimas, tal y como lo establece la ley

y no dándole importancia a los actos dolosos que se cometen en esta institución

al no considerarse que éstos, vulneran el debido proceso.

RECOMENDACIONES

Luego de presentados los hallazgos y las conclusiones y tomando en

consideración las oportunidades de mejora que tiene el Ministerio Público en

Puerto Plata, se recomienda lo siguiente:

Perseguir la acción penal de oficio, cuando se tenga conocimiento sobre un

hecho acontecido que afecta la sociedad.

Incentivar la conciliación entre las partes como una de las medidas

alternas para la solución de conflictos que están establecidas en el Código

Procesal Penal.

Tomar medidas para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas,

ya que es una de las atribuciones del Ministerio Público

Darle una mayor publicidad a los casos llevados por este departamento

como una forma de transparentar el proceso de la acción penal.

Mantener la medida de aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios

del Ministerio Público cuando comenten actos dolosos o por negligencia.

Crear consciencia entre los funcionarios de que los actos dolosos vulneran

el principio de libertad; por lo que se deben preparar los casos de forma

adecuada y con apego a la legalidad, a fin de garantizar el debido proceso

contemplado en la Constitución Dominicana.

APENDICE

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO

(UTESA)

Recinto Puerto Plata

INSTRUMENTO APLICADO A FISCALES ADJUNTOS DE PUERTO

PLATA

Somos Dermalina y Melissa, estudiantes de la Universidad Tecnológica de

Santiago (UTESA) Recinto Puerto Plata y estamos realizando una investigación

como exigencia parcial para optar por el título de Licenciadas en Derecho, por lo

que agradecemos que usted seleccione las respuestas correctas de este

cuestionario.

Elementos de la Investigación

1. De los siguientes elementos de la investigación, ¿cuál o cuáles son los que

utiliza el Ministerio Público?

a. Confirmación de la ocurrencia de un hecho

b. Formulación de la acusación

c. Escena del crimen

d. Identificación del imputado

e. Custodia de los elementos de pruebas

f. Todas las anteriores

2. ¿Qué grado de importancia tiene el manejo de estos elementos para la

investigación de los casos penales?

a. Mucha

b. Algo

c. Poca

d. Ninguna

Ejercicio de la Acción Penal

3. ¿Qué condiciones se deben dar para que el Ministerio Público ejerza la acción

penal?

a. La existencia de una acusación

b. Hecho ocurrido dentro de la jurisdicción

c. Individualizar a los autores y cómplices

d. Reunir los elementos de pruebas

e. Todas las anteriores

4. ¿Qué medidas puede tomar el Ministerio Público con respecto a la persecución

de la acción penal?

a. Conciliación entre las partes´

b. Archivo del expediente

c. Suspensión condicional del procedimiento

d. Otras. Especifique. ________________________________

5. ¿En qué porcentaje el Ministerio Público persigue la acción penal de oficio

cuando no existe una querella formalizada?

a. En un 100%

b. Entre un 80 a 99%

c. Entre un 60 a 79%

d. Entre un 40 a 59%

e. Menos del 40%

Protección a la víctima

6. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Ministerio Público en la integridad y

seguridad de la víctima?

a. Mucha

b. Algo

c. Poca

d. Ninguna

7. ¿Qué medidas toma el Ministerio Público para garantizar esta seguridad a las

víctimas?

a. Anonimato de su identidad

b. Asignación de oficiales policiales para cuidarla

c. Reubicación física

d. Otras. Especifique_______________

Medidas Disciplinarias

8. ¿Qué medidas disciplinarias se han tomado en esta Oficina del Ministerio

Público?

a. Amonestación Verbal

b. Amonestación por escrito

c. Suspensión

d. Traslado

e. Destitución

f. Otras. Especifique ________________

9. ¿Qué espera el Ministerio Público lograr cuando aplica estas sanciones?

a. Poner ejemplos

b. Reparación de los agravios

c. Complacer a los involucrados

d. Cambio de actitud en los amonestados

10. ¿Cuáles han sido las causas por las cuales se les ha impuesto estas sanciones?

a. Mala presentación de los casos

b. Negligencia involuntaria

c. Falta de seguimiento

d. Soborno

e. Otras. Especifique.___________________

Publicidad en los casos llevados por la Oficina

11. ¿Se les da publicidad a los casos llevados por el Ministerio Público en esta

ciudad de Puerto Plata?

a. Siempre

b. Casi siempre

d. Algunas veces

e. Pocas veces

f. Nunca

12. ¿De qué forma se le da publicidad?

a. Presencia de la prensa en las audiencias

b. Rueda de prensa para presentar los casos

c. Reporte frecuente sobre los casos llevados por esta oficina

d. Revista interna

e. Otras. Especifique. _________________

13. ¿En qué afecta esta publicidad al seguimiento y conclusión de los casos?

a. Mayor presión por parte de la sociedad

b. Más responsabilidad en la presentación de las pruebas

c. Más vulnerabilidad

d. Otras. Especifique. ___________________

Inclusión de nuevos miembros

14. ¿Se cumplen los procesos investigativos con la cantidad de fiscales adjuntos

en esta oficina?

a. Sí

b. No

15. ¿Se ha pensado en incluir nuevos miembros a esta oficina?

a. Sí

b. No

c. No sabe

16. ¿Qué elementos inciden en la decisión de incluir nuevos miembros?

a. Cantidad de trabajo

b. Lentitud en el conocimiento de los casos

c. Sustitución de los funcionarios

d. Todas las anteriores

f. Otras. Especifique. _______________

Principio de legalidad

17. ¿De qué forma se garantiza la legalidad del debido proceso?

a. Separación de funciones

b. Inhibición de los fiscales

c. Obligatoriedad de la acción penal

d. Responsabilidad de la investigación

18. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el Ministerio Público en cuanto al

principio de legalidad?

a. Mucha responsabilidad

b. Algo de responsabilidad

c. Poca responsabilidad

d. Ninguna responsabilidad

Principio de Libertad

19. ¿Con las acciones dolosas por parte de los funcionarios del Ministerio

Público se vulnera el principio de libertad?

a. Siempre

b. Casi siempre

c. Algunas veces

d. Pocas veces

e. Nunca

20. ¿Qué tipo de comportamiento y actitud son consideradas dolosas?

a. Poca responsabilidad en la preparación de los expedientes

b. Ilegalidad de las pruebas obtenidas

c. Obviar las opciones que otorga el Código Procesal Penal

d. No separar sus funciones

Derechos Fundamentales

21. ¿Qué derechos fundamentales debe garantizarle el Ministerio Público a las

partes involucradas?

a. Estatuto de libertad

b. Legalidad de las pruebas

c. Igualdad de las partes

d. Personalidad de la persecución

e. Derechos de la víctima

f. Todas las anteriores

g. Otras. Especifique. ___________________

22. ¿Qué grado de importancia reviste el trabajo realizado por el Ministerio

Público?

a. Mucha importancia

b. Importancia

c. Algo de Importancia

d. Poca importancia

e. Ninguna importancia

BIBLIOGRAFIA

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Dominicana.

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Ley 78-03 sobre el Estatuto del Ministerio Público (2003). Santo Domingo,

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Trajano Potentini.

Procuraduría General de la República (2004). Manual de inducción. Ministerio

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Procuraduría General de la República, Resolución No. 14786-2003 del 20 de

Noviembre del 2003, Nuevas medidas en beneficio del Imputado.

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Domingo, Procuraduría General de la República.

Safarroni, R. (2000). La Justicia penal hoy. Buenos Aires, Argentina: Editor

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Sosa, R. (2003). Los nuevos desafíos del Ministerio Público en la Justicia

Dominicana. Revista Gaceta Judicial. Santo Domingo.

Suprema Corte de Justicia, Resolución No. 1920-2003 de 13 de Noviembre del

2003. Principios Fundamentales del Debido Proceso de Ley.

Vásquez, L. (2013). El trabajo del Ministerio Público en Puerto Plata.

Periódico El Faro. Puerto Plata, República Dominicana.

www.procuraduría.gov.do. Fecha de acceso 15 de marzo del 2013.