Uruguay - OECD Reviews of...4 – RESUMEN EJECUTIVO OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY -...
Transcript of Uruguay - OECD Reviews of...4 – RESUMEN EJECUTIVO OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY -...
OCDE Revisión de Recursos Educativos
Uruguay
RESUMEN OCDE Revisión de Recursos Educativos
RESUMEN
UruguayPaulo Santiago, Beatrice Ávalos, Tracey Burns,Alejandro Morduchowicz y Thomas Radinger
La efectividad en el uso de los recursos educativos es una prioridad política en todos los países de la OCDE. La Revisión de recursos educativos explora cómo se pueden regular, distribuir, utilizar y gestionar los recursos educativos con el fin de mejorar la calidad, equidad y eficacia de la educación.
El informe considera cuatro tipos de recursos: recursos financieros, como ser el presupuesto educativo de los centros; recursos humanos, como son los docentes y directores de los centros educativos; recursos físicos, como la infraestructura de los centros educativos, edificios y equipamiento; y otros recursos, como horas de clase.
Este informe ofrece recomendaciones de política tanto para el gobierno como para la comunidad educativa. Se tomaron en cuenta tanto informes nacionales como estudios temáticos.
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS:
URUGUAY
RESUMEN
Paulo Santiago, Beatrice Ávalos, Tracey Burns,
Alejandro Morduchowicz y Thomas Radinger
La calidad de la traducción y su coherencia con el texto original son responsabilidad exclusiva de los
autores de la traducción. En caso de discrepancia entre el texto original y la traducción, prevalecerá el
texto original.
Esta obra se publica bajo la responsabilidad del Secretario General de la OCDE. Las opiniones e
interpretaciones que figuran en ella no reflejan necesariamente el parecer oficial de los gobiernos de
los países miembros de la OCDE.
Los textos y los mapas incluidos en la obra no prejuzgan el estatus o la soberanía de cualquier
territorio, ni los límites o fronteras internacionales, ni el nombre de cualquier territorio, ciudad o área.
Traducción parcial de un documento originalmente publicado por la OCDE en inglés bajo el título:
Santiago P. et al. (2016), OECD Reviews of School Resources: Uruguay 2016, OECD Reviews of
School Resources, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264265530-en.
Puede encontrar más información en el sitio web del proyecto:
www.oecd.org/education/schoolresourcesreview.htm
Estos capítulos fueron publicados originalmente por la OCDE en inglés bajo los títulos:
Executive Summary
Assessment and Recommendations
© OCDE 2016
© 2016 Instituto Nacional de Evaluación Educativa para esta edición en español
Créditos fotográficos: Portada © VLADGRIN/Shutterstock.com.
Puede copiar, descargar o imprimir contenidos de la OCDE para su propio uso, y puede incluir
extractos de publicaciones de la OCDE, bases de datos y productos multimedia en sus propios
documentos, presentaciones, blogs, sitios web y materiales didácticos, siempre que se reconozca
adecuadamente la fuente y los derechos de autor.
Todas las solicitudes de uso público o comercial y los derechos de traducción deben ser enviados a
[email protected]. Las solicitudes de permiso para fotocopiar partes de este material para uso público o
comercial se dirigirán directamente al Centro de Liquidación de Derechos de Autor (CCC) en
[email protected] o al Centre francais d'exploitation du droit de copie (CFC) en
RESUMEN EJECUTIVO – 3
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
RESUMEN EJECUTIVO
En educación primaria se logró la universalización. Además, el acceso a la educación inicial es
bueno entre niños de 4 y 5 años, con tasas de cobertura considerablemente superiores al promedio de
Latinoamérica. No obstante, las tasas de culminación de primer ciclo y segundo ciclo de educación
media siguen siendo insatisfactorias y aumentaron lentamente durante las últimas décadas en
comparación con otros países de la región. Uruguay presenta también tasas de repetición muy elevadas
en comparación con la región y a nivel internacional, lo que se traduce en una gran cantidad de alumnos
con extraedad. Además, el nivel de los logros de los alumnos en las evaluaciones internacionales
disminuyó, pero se mantiene por encima del promedio regional. Una de las principales preocupaciones es
la significativa proporción de alumnos con bajo rendimiento en educación media.
El reconocimiento de los problemas de equidad en la educación llevó a Uruguay a invertir
considerablemente en programas que apuntaban a mejorar esta dimensión. No obstante, siguen existiendo
notorias inequidades a nivel educativo en función del nivel socioeconómico de los alumnos. Uruguay
ocupó el lugar número cinco como país con una fuerte relación entre el nivel socioeconómico y el
rendimiento de los estudiantes entre todos los países participantes de las pruebas PISA 2012. Existen
grandes diferencias en los logros de los alumnos, según el tipo de centro, su ubicación y sus recursos
educativos. Estas inequidades se reflejan en los logros de los estudiantes. En 2010, solo el 25% de los
jóvenes de 15 a 17 años del quintil de menores ingresos había completado el primer ciclo de educación
media y el 7% de los de 18 a 20 años había completado el segundo ciclo de educación media, en
comparación con el 85% y 57% de los del quintil de mayores ingresos, respectivamente.
Se identificaron las siguientes prioridades de la política con el fin de mejorar la efectividad del uso
de los recursos en el sistema educativo uruguayo.
Repensar la gobernanza de la educación para facilitar la implementación de las reformas y mejorar el
uso de los recursos educativos
Uno de los principales desafíos de la educación en Uruguay tiene que ver con la estructura de su
gobernanza institucional y la distribución de responsabilidades para desarrollar e implementar la política
educativa. No está claro quién es responsable de definir la política educativa y quién es, en definitiva,
responsable de su implementación y los resultados de aprendizaje dentro del sistema educativo. Esto se
produce por la ambigüedad de roles entre el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP) y sus consejos desconcentrados. Las líneas de responsabilidad
no están claras, existe falta de liderazgo en el sistema educativo en su conjunto y competencia entre los
consejos de educación por los recursos. Además, la estructura de gobernanza está altamente fragmentada
ya que, en la práctica, cada consejo educativo hace funcionar su subsistema de una forma bastante
independiente. Conforme a los acuerdos de gobernanza actuales, solo resulta viable realizar cambios
pequeños y graduales. La gobernanza educativa está, además, excesivamente centralizada en Uruguay, lo
que permite muy poca autonomía tanto a nivel de los centros educativos como de los departamentos.
Otra de las principales características de la gobernanza de la educación en Uruguay es la administración
conjunta institucionalizada con los docentes, lo que plantea preocupaciones ya que, inevitablemente,
actúan intereses creados.
4 – RESUMEN EJECUTIVO
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
En consecuencia, existe la necesidad de aclarar las competencias dentro del sector educativo. El
primer paso que se debería tomar es concentrar la responsabilidad principal y la rendición de cuentas en
un solo órgano que dirigiera el desarrollo de la política educativa. El órgano que naturalmente parece ser
más adecuado en Uruguay es el CODICEN, que debería tener sus responsabilidades fortalecidas en
comparación con los consejos desconcentrados. El objetivo consiste en definir la entidad que se hará
responsable del estado de la educación en Uruguay; reducir las duplicación innecesaria de esfuerzos;
ofrecer la posibilidad de una mejor coordinación en los diferentes niveles y tipos de educación;
establecer vínculos más estrechos entre los sectores de financiamiento, asignación de recursos y
rendición de cuentas; facilitar la congruencia entre los objetivos educativos estratégicos y la
administración de los centros educativos; y ayudar en la planificación a mediano y largo plazo en
educación. Otra de las prioridades es revisar la pertinencia de la administración conjunta
institucionalizada con los docentes. Un sistema educativo debería estar centrado en los alumnos, y la
administración conjunta con los docentes plantea el riesgo de que, por el contrario, pase a estar centrado
en los docentes. Incluso, Uruguay podría buscar formas para gradualmente dotar de mayor autonomía a
los centros educativos y a los niveles inferiores de gobierno (departamentos) a efectos de permitirles
promover mejoras en la educación. Existen determinadas decisiones que es mejor que las tomen las
autoridades locales y directores de los centros educativos, que conocen mejor sus necesidades, para
garantizar una asignación de recursos mejor.
Aumentar el gasto público general en educación y, a su vez, abordar las ineficiencias claves
El financiamiento público de la educación aumentó significativamente durante los últimos años. En
términos reales, el gasto público en educación aumentó a una tasa anual promedio del 10% entre 2004 y
2013. Esto refleja la creciente importancia de la educación como área de inversión pública y un claro
compromiso de las autoridades nacionales para aumentar los recursos. No obstante, a pesar de las
medidas recientes, el gasto público en educación sigue estando considerablemente por debajo del
promedio de la OCDE y debajo del gasto equivalente en otros países de Latinoamérica. Además, si bien
el proceso presupuestario multianual permite planificar a mediano plazo, la preparación del presupuesto
no es estratégica.
El gobierno uruguayo debería continuar realizando esfuerzos para aumentar la cantidad invertida en
educación, en términos reales y como porcentaje del producto interno bruto (PIB), tanto como se pueda
en el marco de la situación económica general y la política fiscal del gobierno. Las prioridades
relacionadas con el incremento de financiamiento incluyen el aumento de las horas de clase en enseñanza
primaria, la expansión de la educación media, el crecimiento de la educación en la primera infancia y
educación inicial, y el incremento de los salarios de los docentes y directores de los centros. Dadas las
limitaciones en el aumento del gasto público en educación, resulta importante garantizar la eficiencia
dentro del presupuesto existente. Esto podría traducirse en disminuir las tasas de abandono en educación
media, reducir las tasas de repetición, rever la existencia de muchos centros educativos pequeños,
mejorar la designación de docentes para los centros y aumentar las tasas de culminación de formación
docente inicial. Además, existe la necesidad de desarrollar un enfoque estratégico para la planificación
presupuestaria. Una estrategia educativa que aporta información a la planificación presupuestaria
necesita objetivos claros, metas definidas a las que apuntar, un marco de indicadores, y estructuras claras
para informar sobre los progresos y el desempeño.
RESUMEN EJECUTIVO – 5
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
Mejorar la transparencia de los mecanismos de financiamiento educativo y el monitoreo del uso de los
recursos públicos
La distribución de los recursos en los centros educativos carece de transparencia. Si bien cada
consejo parece contar con un algoritmo establecido para distribuir los recursos públicos a cada centro, los
parámetros que definen el fundamento de la distribución no se hacen públicos. Además, el personal
adicional designado a los centros educativos depende del asesoramiento subjetivo de los inspectores. La
falta de transparencia incluye el hecho de que no existe información disponible a nivel público sobre los
recursos que se asignan a cada centro. También surgen problemas en el monitoreo del uso de los recursos
financieros: no es habitual que se realicen análisis del impacto de estos recursos en los logros
académicos; no se destinan suficientes recursos para los procedimientos de auditoría; no existe
información sobre el uso de los presupuestos a nivel de los centros educativos; y, en general, se carece de
análisis de costo-beneficio de las diferentes políticas y programas educativos.
Con el fin de ofrecer una mayor transparencia a la distribución de los recursos públicos en los
centros educativos, se recomienda incorporar una fórmula de financiamiento. La distribución a través de
una fórmula es más probable que lleve a una asignación más eficiente y equitativa en comparación con
otros métodos, lo que incluye modelos de financiamiento discrecionales y graduales. Un esquema de
financiamiento por alumno implica que los recursos se calculen por cada estudiante y que se plantee una
formulación específica. En Uruguay se pueden desarrollar al menos dos fórmulas de financiamiento
diferentes: una para determinar los recursos del personal de cada centro (docentes y personal de apoyo) y
otra para determinar el presupuesto operativo de cada centro. Las fórmulas que se incorporen deberán
tener en cuenta el contexto socioeconómico de los centros educativos. Además, existe la necesidad de
fortalecer el monitoreo del uso de los recursos públicos en educación. El sistema de monitoreo debería
consistir, en forma más amplia, en una evaluación periódica del estado de la educación en Uruguay,
basarse en un marco de indicadores educativos, incluir un análisis profundo de los datos recopilados e
implicar la evaluación de políticas y programas educativos específicos. Asimismo, Uruguay debe mejorar
la difusión de información de las actividades a nivel escolar, lo que incluye información sobre el
presupuesto educativo.
Aumentar el profesionalismo de los docentes
A pesar de los recientes esfuerzos del gobierno uruguayo por mejorar el estatus de la docencia a
través del aumento de los salarios docentes, existe una serie de factores que limita su profesionalismo. El
sistema educativo uruguayo carece de un marco nacional de competencias docentes. La formación inicial
de los educadores se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos tasas de culminación muy bajas. La
concepción de la labor docente en Uruguay, a través de la cual una compensación básica se asocia
fundamentalmente con la carga de horas de docencia directa, es también una fuente de preocupación, ya
que no reconoce otras actividades que no sean la de enseñar. La contratación y la distribución de
educadores son muy ineficientes y la compensación de los docentes carece de una estructura. Si bien se
llevan a cabo evaluaciones docentes, es limitada su capacidad de aportarles comentarios útiles para su
desarrollo. Incluso, la participación en actividades de desarrollo profesional parece ser baja. En
consecuencia, existe la necesidad de aumentar el profesionalismo de los docentes. Esto debería implicar
desarrollar un marco de competencias para la profesión, volver a conceptualizar la labor de los docentes
para que se tengan en cuenta todas las actividades que realizan, crear una estructura de la carrera
relacionada con un proceso de certificación, repensar el sistema de contratación y distribución de
docentes, mejorar la formación inicial de los educadores y su estatus, fortalecer las evaluaciones
realizadas en los centros educativos con fines formativos y mejorar la oferta de oportunidades de
desarrollo profesional.
6 – RESUMEN EJECUTIVO
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
Concebir la evaluación de los centros educativos y el liderazgo escolar como promotores del
mejoramiento continuo en los centros
Si consideramos el alto nivel de centralización de la toma de decisiones en Uruguay, las
inspecciones educativas constituyen un vínculo fundamental entre los consejos centrales y los centros
educativos y directores de todo el país. No obstante, el modelo uruguayo de inspección educativa está
limitado en cuanto al grado en que apoya al desarrollo educativo. Los inspectores tienden a concentrarse
más en el control y el cumplimiento, y las evaluaciones se realizan a nivel individual, en lugar de cubrir
el centro en su conjunto. Una prioridad para el desarrollo de la política es, por tanto, fortalecer la
capacidad de la inspección educativa para contribuir al mejoramiento de los centros. A largo plazo,
Uruguay debería tener en cuenta la incorporación de un proceso integral de evaluación de los centros.
Estas evaluaciones deberían contribuir a su mejoramiento y no ser simplemente un ejercicio de
cumplimiento. También existe la necesidad de fomentar y apoyar a los centros para llevar a cabo el
desarrollo de planes de mejora y procesos de autoevaluación. Un posible enfoque radica en establecer
requisitos para los centros que promuevan una planificación estratégica. Además, si bien los directores
sacan provecho de un marco laboral establecido, su potencial de liderazgo pedagógico no está lo
suficientemente reconocido. Como parte de su estrategia de desarrollo de la dirección de los centros
educativos, Uruguay debería consolidar un marco de competencias para los directores, reevaluar sus
niveles actuales de remuneración, mejorar la calidad de su formación, ofrecer más oportunidades de
desarrollo profesional y ampliar los criterios de selección.
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 7
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
Contexto del sistema educativo
Hubo buenos progresos en la educación primaria, pero los logros en educación media aumentaron
lentamente
El sistema educativo en Uruguay logró buenos progresos en educación inicial y primaria. En
educación primaria se logró la universalización. Además, el acceso a la educación inicial es bueno
entre niños de 4 y 5 años, con tasas de cobertura considerablemente superiores al promedio de la
región. No obstante, las tasas de culminación del primer ciclo y segundo ciclo de educación media
siguen siendo insatisfactorias. La proporción de alumnos de 15 a 24 años que finalizaron la educación
media es una de las más bajas de la Latinoamérica y logró muy pocos avances durante las últimas
décadas en comparación con otros países de la región (un 29,7% en 2010 comparado con un 22,4% en
1990). Uruguay presenta también tasas de repetición muy elevadas en comparación con la región y a
nivel internacional, lo que produce una gran cantidad de alumnos con extraedad. No obstante, la tasa
de repetición de las escuelas públicas de educación primaria disminuyó desde 2002 y se redujo casi a
la mitad para 2013. Por su parte, los logros de los estudiantes en las evaluaciones internacionales
disminuyeron, pero se mantienen por encima del promedio regional. Una de las principales
preocupaciones es la significativa proporción de alumnos con bajo rendimiento en educación media.
En la prueba PISA 2012, el 55,8% de los estudiantes obtuvo bajos niveles de rendimiento en
matemáticas en comparación con el promedio de 23,0% de la OCDE.
A pesar de la aplicación de importantes esfuerzos de política, todavía existen preocupaciones en el
sistema educativo en materia de equidad
El reconocimiento de los problemas de equidad en la educación llevó a Uruguay a invertir
considerablemente en programas que apuntaban a mejorar la situación. El principal enfoque consiste
en diseñar programas compensatorios que ofrezcan mayor cantidad de recursos a los alumnos y
centros con más necesidades. No obstante, siguen existiendo notorias inequidades educativas en
función del nivel socioeconómico de los estudiantes. Uruguay ocupó el lugar número cinco como país
con una fuerte relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento de los alumnos entre todos los
países participantes de las pruebas PISA 2012. Existen grandes diferencias en los logros de los
estudiantes según el tipo de centro educativo, su ubicación y sus recursos. Estas inequidades se
reflejan en los niveles de culminación de ciclos. En 2010, solo el 25% de los alumnos de 15 a 17 años
del quintil de menores ingresos había completado el primer ciclo de educación media y el 7% de los de
18 a 20 años había completado el segundo ciclo de educación media, en comparación con el 85% y
57% de los del quintil de mayores ingresos, respectivamente.
Este informe analiza el uso de los recursos en el sistema educativo uruguayo, con particular
atención en la gobernanza del uso de los recursos educativos, el financiamiento de la educación, la
organización y el funcionamiento de los centros, y el personal docente. El documento identifica las
áreas de la política con logros posibles en materia de eficacia o que requieren de mayor inversión
8 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
pública. Con el fin de mejorar la efectividad del uso de los recursos en el sistema educativo uruguayo
se identificaron las siguientes prioridades de la política.
Fortalezas y desafíos
La educación enfrenta una estructura de gobernanza fragmentada con una distribución de
responsabilidades ambigua
Uno de los principales desafíos de la educación en Uruguay tiene que ver con la estructura de su
gobernanza institucional y la distribución de responsabilidades para desarrollar e implementar la
política educativa. Primero, no está claro quién es responsable de definir la política educativa y quién
es, en definitiva, responsable de su implementación y los resultados de aprendizaje dentro del sistema
educativo. Esto surge de la ambigüedad de roles entre el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la
Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y los consejos de educación de la ANEP
(Consejo de Educación Inicial y Primaria [CEIP], Consejo de Educación Secundaria [CES], Consejo
de Educación Técnico Profesional [CETP], Consejo de Formación en Educación [CFE]). Si bien el
CODICEN coordina el trabajo de los cuatro consejos desconcentrados y es superior jerárquicamente,
estos se consideran autónomos para tomar sus decisiones. En la práctica, cada consejo de educación
funciona con bastante autonomía frente al CODICEN y los demás consejos; y el CODICEN mantiene
un enfoque colegiado para coordinar con ellos. Esto plantea una serie de desafíos asociados: líneas de
responsabilidad no claras, falta de liderazgo respecto a la política educativa en su conjunto y, a veces,
competencia entre los órganos por los recursos. En segundo lugar, la estructura de gobernanza está
altamente fragmentada ya que, en la práctica, cada consejo educativo hace funcionar su subsistema de
una forma bastante independiente. En consecuencia, la educación no se rige como un sistema, sino
como una serie de subsistemas bastante aislados. El riesgo que esto conlleva es el desarrollo de
políticas que no sean congruentes en todo el sistema educativo, duplicación innecesaria de esfuerzos y
recursos asignados en forma ineficiente. La fragmentación de la gobernanza de la educación hace
difícil que los subsistemas compartan recursos y también impide mover los recursos de un sistema a
otro cuando es necesario sin que se generen problemas. Conforme a un sistema de gobernanza de este
tipo, es difícil implementar un cambio holístico de “todo el sistema”. La ambigüedad en el liderazgo
educativo y la rendición de cuentas por los resultados educativos no bien orientada evitan cualquier
reforma fundamental en el sistema educativo uruguayo. Conforme a los acuerdos de gobernanza
actuales, solo resulta viable realizar cambios pequeños y graduales.
La gobernanza de la educación está excesivamente centralizada
Los centros educativos y los departamentos tienen muy poca autonomía en Uruguay en
comparación con los países de la OCDE. Tanto el CODICEN como los consejos de educación
centralizan fuertemente la gestión de los recursos. Las autoridades centrales no solo gestionan el
presupuesto educativo, la contratación de docentes y la asignación de infraestructura y equipos, sino
que también conservan el poder de la toma de decisiones respecto a aspectos menos fundamentales del
funcionamiento de los centros educativos, tales como la adquisición de materiales didácticos,
reparaciones necesarias en los centros y la aprobación de las actividades especiales que se realizan. La
reducida autonomía local y de los centros entorpece la efectividad en el uso de los recursos, ya que las
autoridades locales y los centros no pueden hacer coincidir los recursos con sus necesidades
específicas, ni en función de las condiciones y contexto específicos. Además, las respuestas de las
autoridades educativas centrales a las necesidades que surgen en los centros educativos pueden resultar
muy lentas. Asimismo, la limitada autonomía quita poder a los centros y a los actores locales y hace
que sea más difícil que estos últimos se responsabilicen, en particular los directores de los centros, ya
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 9
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
que no son responsables de tomar la mayoría de las decisiones. Como los directores cuentan con
limitada flexibilidad respecto al funcionamiento de los centros, tienen pocas oportunidades de
construir su capacidad para guiar y dirigir el desarrollo del centro. En este contexto, merecen apoyo las
pocas iniciativas como los campus regionales de educación técnico profesional, que ofrecen cierta
flexibilidad a nivel local.
La administración conjunta institucionalizada del sistema educativo con los docentes plantea
preocupaciones
Una característica particular de la gobernanza de la educación en Uruguay es la administración
conjunta institucionalizada del sistema educativo con los docentes. De hecho, los educadores eligen
representantes para el CODICEN y para cada consejo desconcentrado. Por lo tanto, en la práctica,
participan directamente del desarrollo de la política educativa, lo que incluye las decisiones que
conciernen directamente a sus intereses. Esta participación directa de los docentes en la administración
del sistema educativo es debatible ya que, inevitablemente, existen intereses creados. Esta práctica
permite que los intereses corporativos incidan en el desarrollo de la política educativa. El riesgo que se
corre es que algunas políticas educativas puedan verse sesgadas para favorecer los intereses de los
docentes. En consecuencia, el sistema educativo corre el riesgo de estar más centrado en ellos que en
los alumnos.
Se realizan esfuerzos importantes para ampliar la oferta de educación, pero la demanda no se
satisface en una serie de zonas
Durante la última década Uruguay se caracterizó por realizar esfuerzos importantes para extender
la cobertura del sistema educativo. En Uruguay funciona una amplia red de centros educativos que
puede garantizar un buen acceso a la educación, incluyendo un fuerte énfasis en proveer acceso a la
educación en la primera infancia en las zonas rurales. Además, también se lograron grandes progresos
en cuanto a la provisión de acceso a la educación inicial. La tasa de asistencia neta para niños de 5
años alcanzó el 98% en 2012 y se estabilizó en el 89% para niños de 4 años de edad. No obstante, la
matrícula en primera infancia (niños menores de 3 años) es baja y está relacionada con la capacidad de
los padres de pagarla. El aumento de las horas de clase de los alumnos en educación primaria también
fue una prioridad, a través de los programas de escuelas de tiempo completo y de escuelas de tiempo
extendido. No obstante, la escolarización primaria de tiempo completo en Uruguay sigue sin
desarrollarse lo suficiente, ya que cubría aproximadamente al 11% de los estudiantes de educación
primaria en 2013. La expansión fue considerablemente más lenta en educación media. En 2013, la tasa
de asistencia neta en primer ciclo de educación media fue de un 75%, mientras que solo alcanzó un
43% en su segundo ciclo. La expansión de la educación media enfrenta una serie de limitaciones, en
particular, los programas de educación técnico profesional. Esto incluye la carencia o insuficiencia de
infraestructura, equipos limitados y la falta de docentes con titulación. Una limitación adicional
importante es la insuficiente diversidad de ofertas en educación secundaria que se ajusten a los
intereses y características de los alumnos. Por su parte, la prestación de servicios para estudiantes con
necesidades especiales no está desarrollada lo suficiente en Uruguay. Estos servicios se prestan en
escuelas especiales, que existen solo a nivel de educación primaria. Posiblemente exista una gran
cantidad de alumnos discapacitados y con necesidades especiales que no asisten a ningún centro
educativo, ni especial ni convencional, y que reciben poca educación o una educación que no resulta
útil en sus propios hogares. En general, el sistema tiene muy poca capacidad para ofrecer una
educación inclusiva o integrada.
10 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
La política educativa da gran importancia a la equidad en la educación, pero la estrategia actual
debe repensarse
La política educativa en Uruguay está dando cada vez más importancia a la equidad en la
educación. Esto sucede porque se reconoce el impacto que tiene el contexto socioeconómico de los
alumnos en sus logros académicos. Una serie de iniciativas compensatorias, tales como el Programa de
Maestros Comunitarios, el Programa Maestro más Maestro, el Proyecto de Tutorías y el Programa
Compromiso Educativo, ofrecen a los centros más posibilidades de brindar el apoyo necesario a los
alumnos con mayores necesidades. No obstante, hay tres aspectos que requieren de una reflexión más
profunda. Primero, la mayoría de los recursos relacionados con la equidad se canalizan a través de
programas educativos focalizados, en especial en educación media, mientras que el financiamiento
regular de los centros educativos distribuye pocos recursos en función de las necesidades específicas
de los centros. Esto podría reducir la transparencia del financiamiento de los centros educativos y, a su
vez, aumentar la complejidad de la distribución de recursos. Segundo, otros problemas de la política
como la repetición de los alumnos y la distribución de docentes en determinadas escuelas no han
recibido la suficiente atención en cuanto a las inequidades que introducen al sistema. Tercero, existen
conocimientos limitados sobre las desventajas educativas en el sistema uruguayo.
Las bases de la rendición de cuentas a nivel del sistema se están fortaleciendo, pero todavía se
carece de una planificación estratégica
Un desarrollo muy relevante en la gobernanza de la educación en Uruguay fue la creación del
Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd). El INEEd aporta una voz con autoridad y
autonomía al análisis del sistema educativo uruguayo, altamente acreditada por su capacidad y
conocimientos técnicos. Esta entidad se transformó en una institución fundamental para mejorar los
pesos y contrapesos del sistema educativo. Asimismo, una serie de iniciativas están fortaleciendo las
bases para la evaluación del sistema educativo. En primer lugar, se están mejorando las referencias
para el monitoreo del sistema mediante el desarrollo de los perfiles de egreso esperados durante
determinadas etapas de la educación. En segundo lugar, se están desarrollando mejores instrumentos,
tales como las evaluaciones de los alumnos, para el monitoreo nacional del aprendizaje. En tercer
lugar, se lograron algunos progresos, aunque limitados, en el desarrollo de sistemas de análisis de
datos. No obstante, existe un déficit en la planificación estratégica en función de las pruebas y análisis
realizados y poca rendición de cuentas en el sistema. No se implementó una estrategia sistemática para
incorporar los resultados de las investigaciones sobre educación, ni uruguayos ni internacionales, en
los procesos de elaboración de políticas. Además, en Uruguay no hay una tradición de evaluar el
impacto de las políticas o programas específicos. Otro desafío importante es la poca rendición de
cuentas que existe a nivel del sistema con respecto a los resultados educativos. Por ejemplo, la
ejecución del gasto público en educación no se evalúa contra los resultados educativos. Esto reduce
significativamente la rendición de cuentas de los funcionarios a cargo de la educación. No obstante, el
trabajo del INEEd en el análisis del estado de la educación en Uruguay, reflejado en una publicación
bienal, significa un importante progreso en la introducción de la rendición de cuentas en el sistema.
Existe una serie de fuentes de ineficacia
Una gran fuente de ineficacia del sistema educativo uruguayo se relaciona con tasas de repetición
muy elevadas, que plantean una gran preocupación. Esto no es compatible con un sistema educativo
centrado en el alumno, ya que generalmente implica etiquetar a los estudiantes como un fracaso.
Además, se opone a la necesidad de que los docentes tengan las mayores expectativas posibles
respecto a qué pueden lograr los niños. Y los costos directos para los sistemas educativos son muy
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 11
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
elevados, ya que incluyen impartir un año adicional de educación y retardar el ingreso al mercado
laboral durante un año. Asimismo, las tasas de culminación educativa también son muy bajas y
aumentan lentamente. El monitoreo y la planificación de la red de centros educativos son limitados.
Existe una gran cantidad de centros educativos muy pequeños con aulas chicas que no ofrecen una
experiencia enriquecedora de aprendizaje a los alumnos. Esta situación surge porque no se realizó una
revisión de la red de centros educativos para evaluar la necesidad de reorganizar el suministro
educativo local y no se desarrollaron estrategias importantes de transporte para los centros. Además, la
transición entre los niveles educativos es ineficiente, y está vinculada a la poca coordinación de la
oferta de educación en los niveles y tipos de educación. Otras áreas que se deberían mejorar para
lograr una mayor eficiencia son la gestión de recursos humanos (que los centros educativos reciban
docentes que satisfagan sus necesidades y que haya una mayor equidad en la distribución de los
docentes), las tasas de culminación en formación inicial de docentes y el uso de los resultados de las
evaluaciones para realizar mejoras en la práctica en los centros.
Se realizan esfuerzos para mejorar los recursos destinados a la educación, pero el gasto sigue
siendo bajo
El financiamiento público de la educación aumentó significativamente durante los últimos años
como proporción del PIB y como proporción del total del gasto público. En términos reales, el gasto
público en educación aumentó a una tasa anual promedio del 10% entre 2004 y 2013. Esto refleja la
creciente importancia de la educación como área de inversión pública y un claro compromiso de las
autoridades nacionales para aumentarle los recursos. No obstante, a pesar de las medidas recientes, el
gasto público en educación sigue estando considerablemente por debajo del promedio de la OCDE y
debajo del gasto equivalente en otros países de Latinoamérica. Si comparamos a nivel internacional, el
gasto público resulta ser particularmente bajo en los programas generales de segundo ciclo de
enseñanza secundaria pública. Este nivel de gasto relativamente bajo se traduce en un gasto
insuficiente en los salarios de los docentes y de los directores de los centros educativos, así como en
materiales didácticos, y dificulta satisfacer la demanda de lugares para educación inicial. Si bien se
han realizado esfuerzos considerables para aumentar las remuneraciones de los docentes de educación
pública durante los últimos años, sus salarios relativos siguen siendo bajos. En Uruguay los bajos
sueldos de los docentes inciden adversamente en la calidad de las personas que ingresan a la docencia,
en la percepción del público sobre la profesión y en la motivación de los que ya la ejercen. El reducido
gasto actual en educación se encuentra en un contexto en el que existe una variedad de presiones para
aumentar el gasto público en esta área. La expansión de la cobertura, en particular en educación media
y en primera infancia e inicial, requerirá de mayor cantidad de recursos. Esto acompañará la expansión
de la educación terciaria. Además, todavía se pueden aumentar considerablemente las horas de clase
en los diferentes niveles de educación. Y, tal como se mencionó precedentemente, se espera que se
continúen los esfuerzos para aumentar los salarios de los docentes de educación pública.
El proceso de presupuesto multianual permite planificar a mediano plazo, pero la preparación del
presupuesto no es estratégica
El gasto público en educación se realiza según un presupuesto quinquenal acordado entre la
ANEP y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En teoría, esto ofrece la posibilidad de
planificar a mediano plazo, con lo cual el gasto público en educación se asocia con objetivos a
mediano plazo y a una serie de medidas de la política para alcanzarlos. La estabilidad del
financiamiento público, la claridad de los objetivos para la educación que trascienden el corto plazo y
vincular los objetivos de la política con las estrategias sobre los recursos (que se benefician de un
presupuesto establecido con un horizonte más lejano) son elementos clave para garantizar un uso
12 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
efectivo de los recursos educativos. Otra característica positiva es el hecho de que los presupuestos
quinquenales ofrecen suficiente flexibilidad como para realizar ajustes en los presupuestos educativos
anuales. No obstante, los documentos presupuestarios en general no incluyen objetivos educativos,
medidas, metas y resultados claramente definidos. Las solicitudes de presupuesto realizadas por la
ANEP al MEF en general no se presentan con una visión del sistema educativo en su conjunto y no
establecen claramente las prioridades del gasto público. Esto produce presupuestos educativos
quinquenales que apenas se vinculan con las estrategias a mediano y largo plazo del sector educativo.
No obstante, en un acontecimiento positivo posterior a la visita del equipo de revisión de la OCDE, la
ANEP creó presupuestos anuales para el período 2016-2020 en el Plan Presupuestario de 2015-2019
que cubren 61 indicadores en una serie de áreas.
Los mecanismos para financiar los centros educativos presentan algunas características positivas,
pero carecen de transparencia y no atienden las necesidades de los centros
Los mecanismos para asignar recursos a cada centro educativo están bien establecidos y, en
general, aceptados por las principales partes interesadas. Existe la percepción de que los consejos de
educación distribuyen los recursos de forma de garantizar cierta equidad horizontal en los centros
educativos (es decir, se destina una cantidad similar de recursos a los que ofrecen un tipo de educación
similar). El mecanismo de asignación procura garantizar que cada centro disponga del nivel básico de
recursos que permita a los alumnos, independientemente de su contexto socioeconómico, recibir una
experiencia de escolarización equivalente. Si bien los centros educativos no tienen autonomía para
gestionar los recursos financieros, reciben un pequeño importe mensual de dinero (“caja chica”) para
que puedan, al menos, atender las necesidades de mantenimiento más urgentes. No obstante, la
distribución de los recursos en los centros carece de transparencia. Si bien cada consejo de educación
parece contar con un algoritmo establecido para repartir los recursos públicos a los centros educativos,
los parámetros que definen el fundamento de la distribución no se hacen públicos. En consecuencia,
los centros no reciben información clara sobre los criterios para la distribución. La falta de
transparencia se podría explicar en parte por la carencia de fundamentos para los algoritmos utilizados
por cada consejo desconcentrado (y su probable base histórica), así como la posible ausencia de
articulación entre los algoritmos que elabora en forma independiente cada consejo. Además, el
personal adicional asignado a cada centro educativo depende del asesoramiento subjetivo de los
inspectores y a la discreción sobre si un centro específico es elegible o no para un programa educativo
determinado (por ejemplo, el Programa de Maestros Comunitarios). Aparentemente, estas decisiones
no siempre se toman en base a criterios objetivos. La falta de transparencia incluye el hecho de que no
existe información disponible a nivel público sobre los recursos que se asignan a cada centro. Esto
dificulta poder evaluar si se están asignando donde más se los necesita.
Asimismo, el financiamiento de los centros educativos ofrece poca flexibilidad para atender las
necesidades locales. Los algoritmos que se utilizan para distribuir la mayoría del personal a las
escuelas no toman en cuenta en forma sistemática los indicadores que reflejan las características
socioeconómicas de los centros educativos y su población (por ejemplo, nivel de educación de los
padres e ingresos de las familias). Esto se traduce en que el financiamiento de los centros educativos
no se relacione directamente con las características socioeconómicas de la población estudiantil de los
centros, lo que reduce la capacidad que tienen los mecanismos de financiamiento para atender sus
necesidades. Se aplica la misma conclusión respecto de los recursos destinados a los gastos operativos.
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 13
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
La multitud de programas educativos atiende importantes necesidades, pero reduce la transparencia
del financiamiento de los centros
Si bien no se comunican públicamente criterios de distribución claros, los centros educativos
reciben recursos adicionales para atender las necesidades de aprendizaje de sus alumnos. Esto se
realiza principalmente a través de tres formas: i) el tipo de escuela a la que se asiste (las escuelas
aprender, que atienden a poblaciones más desfavorecidas, reciben mayor cantidad de recursos),
ii) personal adicional (por ejemplo, maestros de apoyo, directores y trabajadores sociales) como parte
de la distribución regular de los recursos a los centros por parte de cada consejo de educación y
iii) recursos adicionales como parte de programas educativos específicos (por ejemplo, el Programa de
Maestros Comunitarios). Existen pruebas de que estos enfoques están ofreciendo mayor cantidad de
recursos a los centros educativos que atienden los contextos socioeconómicos más complicados. El
financiamiento dirigido a través de una amplia gama de programas de educación compensatoria
disponibles en Uruguay transmite objetivos de políticas claros y atiende a importantes necesidades del
sistema educativo.
No obstante, se plantea el riesgo de que la multitud de programas educativos reduzca la
transparencia del financiamiento de los centros. La proliferación de estas propuestas refleja, en gran
medida, la necesidad de eludir un marco de gobernanza institucional que no facilita la reforma
educativa y dificulta la implementación de las políticas educativas para abordar desafíos específicos.
En Uruguay, excepto por cierta designación discrecional de personal adicional (por ejemplo, docentes
de apoyo) por parte de los consejos de educación (motivada, en gran medida, por la visión subjetiva de
los inspectores), no existe distribución de recursos a centros que incluya una fórmula de
financiamiento objetiva con un grupo de variables basadas en las necesidades. Esto limita
considerablemente la capacidad del sistema educativo para destinar los recursos educativos según las
necesidades particulares objetivas de cada centro. Además, la multitud de programas educativos hace
que la distribución de los recursos a los centros sea considerablemente más compleja y posiblemente
genere cierta ineficacia en su uso. Confiar excesivamente en los programas educativos
complementarios puede producir superposiciones, dificultades en la coordinación de las asignaciones,
excesiva burocracia y falta de sostenibilidad a largo plazo en los centros educativos. La falta de
coordinación entre los programas plantea preocupaciones respecto a si los recursos basados en las
necesidades se distribuyen en forma eficaz entre los centros.
A pesar de algunas provisiones, existen limitaciones en el monitoreo del uso de los fondos públicos
para educación
Los mecanismos para monitorear el uso de los recursos públicos en educación se concentran en la
gestión de los recursos financieros a nivel central, es decir, la ejecución del presupuesto por parte del
CODICEN y los consejos de educación. Esto es entendible en virtud de que una parte muy pequeña
del financiamiento público se gestiona en los centros educativos y a nivel departamental. Además, se
implementan reglamentaciones en materia de auditoría. Tanto la auditoría interna de la ANEP como el
control externo del Tribunal de Cuentas poseen procedimientos estandarizados para evaluar
periódicamente el cumplimiento por parte de la ANEP de las leyes y reglamentaciones vigentes. No
obstante, surgen desafíos con respecto al monitoreo y a hacer que el uso de los recursos financieros sea
transparente. En primer lugar, el análisis del impacto de los recursos financieros en los logros
académicos (u objetivos educativos) no es común, ya que las auditorías se concentran principalmente
en el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes. Segundo, los procedimientos de
auditoría no cuentan con suficientes recursos. Además, los resultados de la supervisión y control
externos no siempre producen ajustes concretos y visibles en la gobernanza y funcionamiento de las
autoridades educativas. Tercero, la falta de informes sobre los presupuestos a nivel de los centros
14 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
educativos es preocupante. No se divulga información sobre el presupuesto a nivel de los centros ni se
informa cómo se gastó. Por último, en general se carece de análisis de costo-beneficio de las diferentes
políticas y programas educativos, lo que se traduce en que las autoridades educativas de Uruguay con
frecuencia tomen decisiones prestando mínima atención a la eficacia o efectividad de sus posibles
resultados educativos.
La inspección educativa vincula esencialmente la política central con la práctica local, pero ofrece
un apoyo limitado para el desarrollo de los centros educativos
Si consideramos el alto nivel de centralización de la toma de decisiones en Uruguay, las
inspecciones educativas constituyen un vínculo fundamental entre los consejos centrales y los centros
educativos y directores de todo el país. Aportan datos y conocimientos de su trabajo a nivel local para
brindar información a la toma de decisiones a nivel central. Por ejemplo, en educación inicial y
primaria las inspecciones aportan datos a las decisiones centrales sobre la distribución de los cargos
del personal en los centros educativos, y deciden la distribución de los programas dirigidos en escuelas
particulares. En educación secundaria la inspección ofrece asesoramiento sobre la organización de la
oferta de centros educativos. Además, los problemas en cuanto a las necesidades de infraestructura se
pueden comunicar desde los centros educativos a través de las inspecciones para llegar al nivel central.
Adicionalmente, las inspecciones juegan un papel importante en la implementación de las decisiones
que se toman a nivel central sobre la organización y funcionamiento de los centros. Por último, los
servicios de las inspecciones ofrecen una fuente invalorable de información y perspectivas externas a
través del proceso de evaluación individual y el contacto de las inspecciones con los centros
particulares.
No obstante, el modelo uruguayo de inspección no fomenta el desarrollo educativo. En primer
lugar, la evaluación individual de los docentes y directores no transmite que el desarrollo educativo
sea responsabilidad de la comunidad educativa en su conjunto. Segundo, las evaluaciones individuales
no hacen énfasis en el mejoramiento de las competencias y prácticas profesionales ya que, por el
contrario, los inspectores tienden a concentrarse más en aspectos de control y cumplimiento. Tercero,
los procedimientos de evaluación individual carecen de claridad, transparencia y objetividad, y no se
centran claramente en el liderazgo pedagógico. Cuarto, la planificación del desarrollo educativo y las
prácticas de autoevaluación son poco habituales y no aportan información a las evaluaciones. Por
último, las inspecciones están fragmentadas entre los niveles de la educación, la evaluación de
docentes y de directores, y entre especializaciones particulares.
Los directores de los centros educativos se benefician de un marco laboral establecido, pero
necesitan mayor reconocimiento
El marco laboral para los directores y subdirectores de los centros educativos incluye una serie de
elementos valiosos y ofrece una buena base para fortalecer su profesión. Los directores deben
participar en una formación inicial antes de presentarse al concurso y antes de asumir un rol de
dirección. Con respecto al empleo, resulta favorable que la distribución de directores y subdirectores
en los centros educativos responda a un elemento basado en el desempeño, ya que toma en cuenta la
calificación de la evaluación de las inspecciones. En términos de remuneración, ambos tienen una
escala salarial diferente que se separa de la escala docente, si bien hay problemas con respecto al nivel
de compensación. Además, existen algunas oportunidades de liderazgo docente y los docentes cuentan
con un canal para dar a conocer su opinión a la administración de los centros. No obstante, se plantea
una serie de problemas en la organización de la dirección de los centros educativos en Uruguay, lo que
incluye el limitado reconocimiento de la importante función que pueden cumplir los directores en la
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 15
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
docencia y el aprendizaje. Los directores de los centros están mal remunerados en comparación con las
responsabilidades que asumen y con los salarios docentes. Además, el proceso de contratación se basa
en un conjunto limitado de criterios, no ofrece casi ningún incentivo financiero para trabajar en
contextos desfavorecidos y puede crear inestabilidad en los centros educativos cuando la designación
es temporal. Adicionalmente, la formación inicial podría preparar mejor a los directores para su
función, y no existen posibilidades adicionales para su desarrollo. Conjuntamente, las
responsabilidades administrativas de los directores y la falta de un cuerpo docente estable pueden
hacer que les resulte difícil desarrollar comunidades de aprendizaje en sus centros. Por último, los
directores podrían necesitar mayor apoyo de los líderes docentes, y el alto grado de centralización
dificulta que los directores formen un equipo de liderazgo.
Las medidas para aumentar los salarios docentes son un claro símbolo de la importancia de la
docencia
Durante los últimos años se han tomado medidas por parte del gobierno uruguayo para aumentar
los salarios docentes en los centros educativos públicos. Desde 2003, el salario real de estos docentes
aumentó por encima de los demás salarios de la economía en general, lo que refleja un compromiso
por llevarlo a niveles más adecuados. No obstante, si bien se redujo la brecha durante los últimos años,
el salario relativo de los docentes públicos sigue siendo bajo. Las bajas remuneraciones tienen
evidentes efectos negativos en los niveles de motivación de los docentes y limitan considerablemente
la capacidad del sistema para atraer a nuevos docentes de alta calidad y más hombres a la profesión.
En Uruguay, esta situación produjo que los docentes acumularan una gran cantidad de horas de aula y
se desempeñaran en varios trabajos.
Actualmente no existe una idea compartida de qué es una docencia de buena calidad
El sistema educativo uruguayo carece de un marco nacional de competencias docentes. No existe
un planteo claro y conciso ni un perfil de qué se espera que sepan y puedan hacer los docentes. A nivel
nacional, no hay criterios de desempeño uniformes ni marcos de referencia que puedan aportar
información a los programas de formación docente o en función de los cuales se los pueda evaluar. Un
marco de competencias docentes es un mecanismo esencial para aclarar las expectativas de a qué
sistemas de formación docente y desarrollo profesional se debería apuntar, ofrecer una referencia
confiable para juzgar las competencias docentes, guiar el desarrollo profesional, seleccionarlos y
proporcionar la base para avanzar en la carrera.
Existen problemas con respecto a la calidad de los docentes
Existen graves problemas respecto a la falta de titulación de los docentes, en particular, en
educación media. En 2014, la proporción de profesores sin título era de aproximadamente un 42% y
31% en primer y segundo ciclo de secundaria, respectivamente, mientras que, en 2007, la proporción
de docentes sin título en los programas de educación media técnico profesional era de
aproximadamente un 55%. La falta de titulación de los docentes en educación media resulta ser más
grave en los centros educativos públicos, fuera de Montevideo y en centros muy desfavorecidos. Esto
probablemente afecta la calidad de los docentes.
16 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
La formación inicial de docentes presentó una serie de características positivas pero todavía se
enfrenta a desafíos considerables
En Uruguay, existe una larga tradición de formación inicial de docentes. Un avance positivo fue
la creación en 2008 del Sistema Único Nacional de Formación Docente, con la introducción de un
currículo común en el país. Esto aportó una mayor coherencia a los programas en las instituciones y
tuvo la ventaja de reducir significativamente la fragmentación de los diferentes currículos del sistema
(incluso en las mismas instituciones). Otra característica positiva es el hecho de que la formación para
educación inicial se empareja con la de educación primaria, lo que asegura que el sistema educativo
reconozca a ambos tipos de docentes en forma equitativa. Además, la formación de docentes de
educación media está diversificada y tiene en cuenta las necesidades de los programas técnico
profesionales: se ofrece formación específica a practicantes para enseñar en centros de educación
técnica media. Cabe destacar que, si bien la cobertura es limitada, es positivo que el gobierno ofrezca
becas para estimular la continuidad en el sistema de los estudiantes de los programas de formación
docente.
No obstante, en el ámbito de la formación docente existen algunos desafíos. Primero, las tasas de
culminación de formación inicial de docentes son muy bajas. Esto se puede relacionar, al menos en
parte, con el hecho de que las instituciones formación no organizaron sus programas, en cuanto a los
requisitos del currículo y estrategias docentes, de forma de facilitar el éxito del tipo de población de
alumnos al que atienden. Segundo, en Uruguay, no se cuenta con ninguna acreditación de programas
de educación terciaria en instituciones públicas. En consecuencia, no existe ninguna evaluación
externa formal de los programas de formación docente y estos no necesitan un proceso de acreditación
en función de la calidad para funcionar. El resultado es que no existe ningún estímulo externo para la
organización de los programas de formación inicial de docentes, ni incentivos para mejorar en forma
continua su calidad. Tercero, se debe repensar una serie de aspectos de la organización de los
programas. Los docentes reciben poca preparación para atender las necesidades especiales en los
centros educativos tradicionales, enseñar en grupos de multigrado (es decir, enseñar simultáneamente
a alumnos de diferentes grados escolares) y enseñar en los centros educativos rurales. Adicionalmente,
la organización de los estudios de formación para docentes de media está demasiado especializada. La
mayoría de los programas prepara a los estudiantes para enseñar una disciplina específica (por
ejemplo, Historia, Matemáticas) en lugar de prepararlos para dictar clases de disciplinas dentro de
áreas relacionadas (por ejemplo, Historia y Geografía; Matemáticas y Física). Por último, no se
imparten cursos o programas especiales para docentes sin título de educación media. Esto resulta
sorprendente en un contexto de gran proporción de docentes sin titulación de educación media.
Existe una concepción limitada de la labor del docente
La concepción de la labor docente en Uruguay, a través de la cual una compensación básica se
asocia fundamentalmente con la carga de horas de docencia directa, es una fuente de preocupación. En
combinación con el bajo salario básico (como es el caso de Uruguay) y pocas garantías de tener una
carga de horas docentes completa (en especial, en educación media), la remuneración en función de la
carga de horas docentes plantea la posibilidad de transformar la profesión docente en un empleo de
tiempo parcial que fomenta que los docentes tengan que trabajar en forma excesiva (en uno o más
centros), se desempeñen en un trabajo adicional, o busquen otras fuentes de ingresos dentro o fuera del
sector educativo. Esto lleva a que algunos docentes de Uruguay tengan gran cantidad de horas
docentes, con frecuencia en varios centros, y que otros tengan un segundo empleo fuera de la
educación. Una gran cantidad de horas docentes o un segundo trabajo aparte de la docencia no
permiten que los docentes participen en otras actividades de los centros, tales como colaboración con
los colegas, reflexión sobre sus propias prácticas, tutorías de docentes con menos experiencia,
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 17
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
comunicación con los padres y desarrollo profesional. Otra cuestión clave es el limitado tiempo que
pueden tener para la preparación de sus clases. Además, trabajar en varios centros educativos genera
altas tasas de ausentismo. No existe ningún motivo para que otras tareas que realizan los docentes —
tales como preparar clases, reunirse con los padres, marcar trabajos a los alumnos, trabajar en forma
colaborativa con los colegas y realizar trabajo administrativo— no se reconozcan formalmente en su
salario. Probablemente, esta sea una gran fuente de insatisfacción entre ellos.
La contratación y distribución de docentes son muy ineficientes
El sistema educativo uruguayo cuenta con un sistema de contratación y distribución de docentes
complejo y bastante ineficiente. En primer lugar, el enfoque completamente centralizado (sin
participación de los centros educativos) plantea problemas respecto a si los centros educativos cuentan
con docentes que se ajusten a sus necesidades particulares. Segundo, los procesos de selección podrían
estar basados en criterios limitados que podrían tener poca relación con las cualidades necesarias para
ser un docente efectivo. Tercero, la contratación y distribución de docentes plantea problemas de
equidad. Como resultado de los procesos establecidos, los docentes con mayor antigüedad y muy
buenos antecedentes de docencia de calidad estarán mejor posicionados tanto en el listado de docentes
interinos (que define acceso prioritario a los puestos/horas no efectivas) y los concursos para lograr la
efectividad. Como estos docentes expresan sus preferencias respecto a los centros en los que desean a
trabajar, es más probable que los más experimentados y de mayor calidad terminen enseñando en los
centros educativos urbanos, de contextos más favorecidos y de mayor prestigio. Cuarto, el sistema de
designación genera un alto nivel de inestabilidad tanto en los centros como entre los docentes,
principalmente en enseñanza media. Con respecto a los maestros, el sistema ofrece mayor estabilidad,
ya que una vez que se obtiene la efectividad del cargo en una escuela, el docente puede permanecer
allí hasta que lo desee. No obstante, para los docentes de educación media la situación es mucho más
complicada, ya que deben competir todos los años por las horas disponibles en el centro en que desean
trabajar. A su vez, cada año cada centro debe ofrecer las horas de clase para que sean elegidas a través
del sistema de reasignación, lo que exige que todos sus docentes efectivos deban volver a solicitarlas.
La oferta anual para la designación de todas las horas docentes de educación media causa inestabilidad
tanto para los centros educativos, ya que no pueden construir un cuerpo docente estable, como para los
docentes, que se ven en un estado continuo de incertidumbre. En quinto lugar, para el sistema implica
altos costos administrativos.
La compensación de los docentes no está estructurada y las condiciones de trabajo no son iguales
para todos
Actualmente, en Uruguay no existe una estructura de la carrera docente. Existe una única etapa
de la carrera con una sola escala salarial. Se logra una pequeña diferenciación en el pago a través de
una pequeña cantidad de compensaciones salariales. Dentro del rol docente no existen oportunidades
para ascender en los cargos, obtener mayores reconocimientos, ni ampliar las responsabilidades. No
existen etapas a cumplir en la carrera para el desarrollo docente (por ejemplo, principiante; docente de
aula; docente con experiencia), que permitan una mayor coincidencia entre las competencias y
habilidades del docente con las tareas a desempeñar en los centros (por ejemplo, docente tutor;
coordinador de desarrollo profesional). La falta de una estructura para hacer carrera también evita que
el sistema reconozca la experiencia y competencias docentes avanzadas a través de un cargo formal y
una compensación adicional. Además, con respecto a los incentivos docentes hay muy poca
flexibilidad. Todos los que poseen título y una misma antigüedad generalmente reciben el mismo
salario, independientemente de las condiciones de empleo, el nivel de carencias del área en cuestión o
la ubicación del centro educativo. La excepción a esta realidad es la compensación adicional que
18 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
reciben los que trabajan en escuelas especiales y escuelas rurales. Esto limita la capacidad de los
centros educativos y el sistema en su conjunto para abordar los problemas de personal (por ejemplo,
carencia de docentes con titulación en determinadas materias) u ofrecer incentivos a los docentes para
que trabajen en escuelas desfavorecidas.
La evaluación de los docentes está implementada, pero se limita a una serie de aspectos
Un aspecto positivo de la carrera docente en Uruguay es que existe la evaluación docente. El
enfoque de la evaluación docente tiene algunos aspectos valiosos. En primer lugar, tanto en los casos
de las evaluaciones realizadas por los inspectores como por los directores de los centros, los docentes
tienen una oportunidad de establecer un diálogo profesional sobre sus prácticas, lo que les brinda la
posibilidad de identificar en qué áreas deben mejorar. Segundo, si bien es limitado, el estatuto docente
ofrece algunas pautas sobre los aspectos que deben cubrirse en una evaluación. Tercero, una fortaleza
clave de la evaluación docente en Uruguay es que el proceso en general incluye evaluar las prácticas
reales en el aula. Cuarto, los procesos de evaluación docente se realizan en los centros educativos y,
por tanto, toman en cuenta el contexto al que se enfrenta cada educador. No obstante, la evaluación del
desempeño docente está limitada de varias formas. En primer lugar, de la evaluación que realizan los
inspectores, que es un proceso en el que hay mucho en juego para los docentes (por ejemplo, incide en
los concursos para lograr la efectividad), también se espera que sea formativa y que aporte
información para mejorar las prácticas. No obstante, resulta difícil lograr que las evaluaciones
docentes sean formativas a través de procesos donde hay tanto en juego. Segundo, aparentemente el
enfoque que siguen los inspectores en los procesos de evaluación con frecuencia es mecánico, se basa
en aspectos de cumplimiento y se centra en asignar una calificación a cada docente. Los criterios de
evaluación parecen centrarse en aspectos formales, tales como la puntualidad, en lugar de en las
competencias docentes reales. Los criterios de evaluación que se utilizan están bastante limitados a
pesar de la tradición de observación en el aula. Esto también se relaciona con la falta de un marco
nacional de competencias docentes. Tercero, la oferta de desarrollo profesional parece no estar
vinculada sistemáticamente a la evaluación docente.
Existen oportunidades de desarrollo profesional, pero su organización enfrenta una serie de
problemas
Existe una serie de actividades internas para el desarrollo profesional a las que los docentes
pueden acceder gratuitamente. A este respecto es particularmente importante la contribución del
Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, una institución dedicada al desarrollo
profesional docente, que también realiza investigaciones y actividades de extensión. Un avance
reciente que ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo profesional en los centros de estudio es la
creación de las “horas de coordinación” para que los docentes coordinen las actividades educativas.
Esto se lleva a cabo en las escuelas aprender, las de tiempo completo y los centros de educación
media. No obstante, la organización del desarrollo profesional enfrenta una serie de problemas. Si se
comparan a nivel internacional, las tasas de participación en desarrollo profesional de los docentes
uruguayos son muy bajas. Existen indicadores de que esto podría ser consecuencia de la combinación
de una cantidad de factores, tales como la poca relevancia de la oferta de programas de desarrollo
profesional, el derecho limitado a participar en ese tipo actividades en forma gratuita, el poco tiempo
del que disponen los docentes para dedicarse a su perfeccionamiento y la poca tradición de desarrollo
profesional de los centros educativos. Además, una brecha implantada en la organización de la carrera
docente en Uruguay es la falta de un proceso de introducción o tutoría sistemático regulado para
cuando los docentes ingresan al sistema educativo. Si bien se pueden estar implementando programas
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 19
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
de tutorías en algunos centros, no existen garantías de que los principiantes cuenten con el apoyo
suficiente cuando comienzan su carrera profesional.
Recomendaciones sobre la política
Aclarar las responsabilidades respecto a la educación e integrar la política en todos los niveles de la
educación
Existe la necesidad de aclarar las responsabilidades en el sector de la educación y definir quién es
en última instancia responsable de la implementación de la política y los resultados de aprendizaje. El
primer paso que se debería tomar es concentrar la responsabilidad principal y la rendición de cuentas
en un solo órgano que dirija el desarrollo de la política educativa. El órgano que naturalmente parece
ser más adecuado en Uruguay es el CODICEN, que debería tener sus responsabilidades fortalecidas en
comparación con los consejos desconcentrados. Esto implicaría hacer que cada consejo esté
subordinado al CODICEN. Cada uno podría transformarse en un departamento dependiente del
CODICEN o, en lugar de ello, los consejos desconcentrados podrían suspenderse e integrar sus
unidades en las unidades equivalentes del CODICEN (por ejemplo, presupuesto y planificación;
gestión de recursos humanos; infraestructura). Este enfoque definiría la entidad que se haría
responsable del estado de la educación en Uruguay; reduciría la duplicación innecesaria de esfuerzos;
ofrecería la posibilidad de una mejor coordinación en los diferentes niveles y tipos de educación;
establecería vínculos más estrechos entre los sectores de financiamiento, asignación de recursos y
rendición de cuentas; facilitaría la congruencia entre los objetivos educativos estratégicos y la
administración de los centros; reduciría las ambigüedades en la definición de quién es responsable de
qué; y ayudaría en la planificación a mediano y largo plazo en educación.
Otra de las prioridades para mejorar la gobernanza de la educación en Uruguay es revisar la
pertinencia de la administración conjunta institucionalizada con los docentes. Es conceptualmente
debatible que un sistema de gobernanza educativa tenga entre sus administradores a representantes de
un grupo que tenga evidentes intereses creados en el sistema. Dado el alto riesgo que implica este
enfoque para la neutralidad del desarrollo de la política educativa, el equipo de revisión de la OCDE
recomienda su suspensión. Los docentes cuentan con organizaciones respetadas que los representan
(sindicatos de docentes y asociaciones profesionales) y estas deberían ser parte de los procesos de
consulta mientras se desarrollen e implementen las políticas educativas. El aspecto clave que debe
respetarse es que las visiones y perspectivas de los docentes se tomen en cuenta en los procesos de
reforma educativa, un principio que es válido para otros grupos, tales como los alumnos, padres,
empleados o directores de los centros. Un sistema educativo debería estar centrado en los estudiantes,
y la administración conjunta con los docentes plantea el riesgo de que, por el contrario, pase a estar
centrado en ellos.
Otra tarea pendiente en la formulación de la gobernanza de la educación en Uruguay es definir la
complementariedad del rol del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Si bien no está claro por
qué el MEC debería conservar su rol reglamentario en la educación en la primera infancia e inicial
privada (funciones que podrían integrarse dentro de la ANEP para reforzar una política pública más
holística a estos niveles), podría reforzarse su rol de coordinación y consulta. Una posibilidad sería
que el MEC se convirtiera en la entidad principal de organización de las consultas entre los órganos
principales de educación y las partes interesadas relacionadas para debatir y acordar las estrategias a
largo plazo de la educación en Uruguay.
20 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
Fortalecer la planificación estratégica basada en pruebas y reforzar la rendición de cuentas en el
sistema
Uruguay debe desarrollar una cultura para usar las pruebas que recaba de las investigaciones,
evaluaciones de programas y auditorías de desempeño como base para las futuras iniciativas de
reforma, tanto en el diseño (para identificar qué políticas serían más rentables) como en la
implementación (para hacer realidad los cambios en los centros educativos). Esto implica abordar un
enfoque estratégico respecto a la investigación, análisis y evaluación, y realizar actividades de gestión
de la información para apoyar el desarrollo de políticas basadas en las evidencias. La creación del
INEEd es una oportunidad para sistematizar este proceso, pero requeriría ampliar su misión más allá
de la evaluación para lograr el éxito en forma completa. El INEEd podría actuar como agente de
conocimientos en el sistema educativo uruguayo y el MEC podría reunir a las partes interesadas
relacionadas para discutir las implicancias de las pruebas existentes para el desarrollo de una estrategia
educativa en Uruguay.
También es necesario mejorar los sistemas y prácticas de recopilación de datos. En particular,
existe la necesidad de integrar las bases de datos existentes, ampliar la información recopilada,
vincular mejor la asignación de recursos con los programas y resultados educativos, y ofrecer
herramientas y formación explícitas para crear capacidades que logren un mejor análisis de los datos.
Además, existe un amplio margen para mejorar los sistemas de monitoreo externos e independientes
del sistema educativo de Uruguay para que se refuerce la rendición de cuentas en el sistema. Una
medida que se tomó en la dirección correcta fue la reciente fijación de metas educativas por parte de la
ANEP para el período 2016-2020.
Asimismo, un ajuste clave necesario para mejorar el monitoreo de la educación nacional en
Uruguay es la considerable expansión de la autonomía del INEEd para que pueda asumir el liderazgo
en las actividades de evaluación y valoración en el país, y emitir un juicio independiente sobre el
estado de la educación uruguaya. Esto se llevaría a cabo en un contexto donde la ANEP conserve el
liderazgo en la creación de una estrategia educativa y el desarrollo de una política educativa y asuma
un rol en la implementación de todos los componentes del marco de evaluación y valoración (por
ejemplo, evaluación de los alumnos, escuelas, docentes). La independencia adicional del INEEd
implicaría independencia política y financiera de la ANEP y el gobierno, reforzar la presencia de los
expertos, investigadores y especialistas en evaluaciones en sus órganos de decisión y regirse a través
de una comisión directiva que no esté nominada por las autoridades educativas actuales. El objetivo
sería determinar que el INEEd fuera la única voz con autoridad en materia de evaluación y valoración
en Uruguay, altamente acreditada por su capacidad y conocimientos técnicos, para impartir
instrucciones para la implementación de procedimientos de evaluación y valoración en el país, y
ofrecer análisis sobre el sistema educativo que alimenten el proceso de desarrollo de la política
educativa.
Aumentar gradualmente la autonomía local y de los centros educativos a medida que se fortalece la
capacidad para apoyar la implementación a nivel local
Uruguay podría analizar formas para gradualmente ofrecer más autonomía a los centros
educativos y los niveles inferiores de gobierno (departamentos) a efectos de permitirles promover
mejoras en la educación. Existen determinadas decisiones que es mejor que las tomen las autoridades
locales y directores de los centros educativos, que conocen mejor sus necesidades, para garantizar una
mejor asignación de recursos. Se podría permitir a los centros educativos, por ejemplo, manejar un
presupuesto para los gastos operativos de materiales, equipos, desarrollo profesional docente y
proyectos de desarrollo educativo. Además, la contratación y selección de docentes podría incluir la
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 21
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
información aportada por los directores de los centros (por ejemplo, formar parte de las comisiones
que realizan la selección definitiva de los candidatos). Del mismo modo, los gobiernos
departamentales podrían participar directamente en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura,
incluso con un presupuesto específico, y el apoyo logístico (por ejemplo, servicios de transporte,
dormitorios, comidas en los centros educativos). A medida que los directores de los centros educativos
y funcionarios departamentales aprendan a cumplir sus nuevas responsabilidades, y a medida que los
sistemas de monitoreo adquieran más experiencia, las autoridades centrales de educación podrán
proceder a realizar una desregularización más fuerte y aumentar la autonomía. En otras palabras, el
aumento de la autonomía debe relacionarse con el proceso de aprendizaje mutuo de los directores y
funcionarios departamentales y de los expertos en monitoreo. Una posibilidad para lograrlo podría ser
desarrollar un proceso de certificación, posiblemente dirigido por las inspecciones, para otorgar a
algunos centros la posibilidad de ejercer su autonomía en una serie de áreas. A medida que el sistema
educativo pase a ofrecer mayor autonomía a los actores locales, Uruguay se beneficiaría de un énfasis
explícito en la creación de capacidades en todos los niveles del sistema.
Mejorar la prestación de una serie de servicios de educación
Una prioridad debería ser satisfacer la demanda de servicios de educación en la primera infancia
para los niños más pequeños (menores de 3 años de edad), ya que existen indicadores de déficits en la
oferta para esta franja etaria. Una posibilidad es aumentar el alcance del financiamiento público para
prestaciones privadas, lo que incluye esquemas de cupones. Además, se deben continuar las medidas
para fortalecer la calidad de los servicios en todos los centros de educación inicial. Adicionalmente,
existe la necesidad de aumentar las horas de instrucción, en particular para los alumnos de educación
primaria. Tener jornadas escolares relativamente breves, en términos de horas de instrucción, puede
hacer que los niños, particularmente los que pertenecen a contextos desfavorecidos y con dificultades,
corran el riesgo de fracasar. Se ha visto que aumentar la jornada escolar beneficia a los alumnos.
Para poder aumentar el atractivo de la educación media y mantener en el sistema a los alumnos
de este nivel se necesita diversificarla más y hacer que sea más relevante. El objetivo es mejorar la
coincidencia de la oferta educativa en educación media tanto con los intereses de los estudiantes como
con las necesidades del mercado laboral y la sociedad. Parte de la solución consiste en hacer que los
programas técnico profesionales sean una opción más atractiva para los alumnos. Esto implica
asegurar la relevancia en el mercado laboral de estos programas, lo que requiere una estrecha
colaboración con los actores del mercado laboral; mayor respuesta de los centros educativos para
identificar las necesidades del mercado laboral; crear más oportunidades de aprendizaje y pasantías
laborales; mayor relación entre las ofertas de secundaria y los programas técnico profesionales; y
lineamientos sobre desarrollo profesional para los egresados de los programas técnico profesionales en
función de la información aportada por los resultados del mercado laboral. Adicionalmente, es
importante mantener la relevancia de los currículos de los programas generales para que se continúen
los estudios en los niveles superiores y, a su vez, aumentar la flexibilidad de su oferta para tomar en
cuenta la creciente diversidad del desempeño de los alumnos a medida que avanzan en el sistema
educativo.
Además, se plantea la necesidad urgente de crear una estrategia educativa integral para los
estudiantes con necesidades especiales, que pueda aumentar sus aspiraciones en todos los niveles del
sistema educativo. En tal sentido, se debe tener en cuenta una serie de aspectos. En primer lugar, debe
reflexionarse sobre el tipo de necesidades especiales que deben considerarse en toda la estrategia. Los
tipos de necesidades generalmente incluyen a alumnos con discapacidades, niños superdotados y
estudiantes con dificultades de aprendizaje graves. Segundo, se deben desarrollar enfoques y
estructuras para identificar y diagnosticar las necesidades especiales. Esta no es una tarea fácil y
22 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
requiere la colaboración de muchos especialistas (por ejemplo, docentes, médicos, psicólogos) y una
buena comunicación con los padres. Tercero, se debe reflexionar sobre los roles de los centros
educativos especiales y el grado en que los centros tradicionales pueden contribuir en la educación de
los alumnos con necesidades especiales. Cuarto, se deben elaborar estrategias en materia de provisión
de recursos con una evaluación adecuada de los recursos extraordinarios que se necesitan para ofrecer
educación a los alumnos con necesidades especiales. Una prioridad es la creación de centros especiales
para educación media. No existen motivos para suponer que los estudiantes con necesidades especiales
no puedan aspirar a formarse en ese nivel.
Abordar las ineficiencias del sistema educativo
Entre las medidas que mejoran la efectividad del uso de recursos del sistema educativo uruguayo
está la disminución de las tasas de abandono en educación media y la reducción de las tasas de
repetición en todos los niveles de la educación. Esto exige una intervención temprana y estrategias
coordinadas para lograr la equidad. Reducir las diferencias socioculturales en los logros requiere de
programas estructurados en la atención y educación en la primera infancia, que se extiendan hasta la
educación primaria. Garantizar que los centros educativos ofrezcan a sus alumnos el apoyo adecuado y
oportuno es fundamental para permitir que los alumnos con mayores dificultades no solo permanezcan
en el contexto educativo, sino que también aprovechen al máximo los años de escolarización. Se
debería fomentar que los centros educativos utilicen sistemas de advertencia temprana para identificar
a los alumnos en riesgo y brindarles apoyo lo antes posible. Realizar un diagnóstico oportuno es
crucial porque las intervenciones tardías son menos rentables. Esto sugiere reforzar los programas
educativos que apuntan a las intervenciones tempranas, tales como el Programa de Maestros
Comunitarios, el Programa Maestro más Maestro y las escuelas aprender. A su vez, deberían recibir
más recursos las intervenciones dirigidas a nivel de educación media para evitar los casos de abandono
y aumentar la conciencia en cuanto a los beneficios de la educación. Los estudiantes de contextos
sociales desfavorecidos deberían recibir apoyo a través de un subsidio para manutención supeditado a
la asistencia regular a clase y avances satisfactorios. Mejorar las tasas de culminación del sistema
educativo uruguayo también requiere mejorar el suministro de los servicios de educación a nivel de
enseñanza media para hacerlos más relevantes para los intereses y características del alumnado. Esto
exige estrategias para mejorar la transición de los estudiantes en los niveles educativos, a saber, la
creación de un marco común de currículos para todos los niveles de enseñanza.
Otra área de ineficacia se relaciona con la existencia de muchos centros educativos pequeños. Se
requiere una visión estratégica a nivel nacional sobre cuál es la mejor forma de impartir la educación
en las zonas rurales y alejadas. Los centros pequeños con frecuencia tienen costos operativos más
altos, pero también pueden atender a comunidades más aisladas y alejadas, y su existencia y calidad
deben considerarse en un contexto de políticas de desarrollo regional más amplio. Es importante tener
en cuenta que la organización de la red de centros debe realizarse con el fin de garantizar la calidad de
la educación para todos los niños. El acceso de los alumnos a una educación de mayor calidad no
debería verse afectado negativamente por su lugar de residencia. En algunos casos, cerrar el centro
educativo podría no ser la mejor solución: la distancia de viaje puede simplemente no ser viable. No
obstante, en otros, consolidar la educación en menos cantidad de sitios ofrecerá más oportunidades
tanto para los estudiantes como para los docentes (por ejemplo, cerrar centros pequeños, compartir
recursos entre centros cercanos, agrupar centros subordinados a los mismos directores). Invertir en
soluciones de transporte eficaces, contar con instalaciones para actividades contraturno, el uso de
tecnologías de la información y comunicación, y la creación de redes de centros rurales pueden
también formar parte de una estrategia general para ofrecer educación en las zonas alejadas.
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 23
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
Aumentar el gasto público general en educación
El gobierno uruguayo debería continuar realizando esfuerzos para aumentar la cantidad invertida
en educación, en términos reales y como porcentaje del producto interno bruto (PIB), tanto como se
pueda en el marco de la situación económica general y la política fiscal del gobierno. Una inversión
insuficiente en una generación de alumnos puede tener efectos duraderos en las perspectivas
económicas y sociales del país. La expansión gradual del gasto público en educación debe estar
acompañada de una reflexión sobre las áreas específicas a las que debería darse prioridad para una
mayor inversión. Esta es una decisión compleja que requiere del análisis integral del sistema y una
amplia consulta entre los grupos de interés. La expansión de los servicios de educación es posible que
absorba una considerable proporción de nuevos recursos públicos para la educación. Esto incluye el
aumento de las horas de clase en educación primaria (ya que una mayor proporción de escuelas
ofrecerán enseñanza de tiempo completo), la expansión de educación media (ya que mejorarán las
tasas de culminación de este nivel) y el crecimiento de la educación en la primera infancia e inicial (ya
que aumentarán las tasas de cobertura). Otra prioridad para el uso de recursos públicos adicionales en
educación es aumentar los salarios de los docentes y directores. Por último, aumentar la inversión
pública en educación debe ir de la mano de la mejora en la eficacia del uso de los fondos públicos, tal
como se sugirió precedentemente.
Desarrollar un enfoque estratégico para la planificación presupuestaria
Un aspecto importante de alinear las estrategias de financiamiento con los objetivos de la política
es la integración de los procesos de presupuestación educativa en los marcos estratégicos de la
educación. En Uruguay existe la necesidad de fortalecer los vínculos entre el proceso presupuestario
quinquenal y los documentos estratégicos y marcos de los gastos a mediano plazo que relacionan las
decisiones sobre gasto con las prioridades educativas. Esto requiere elaborar estrategias a mediano y
largo plazo para el desarrollo del sistema educativo que incorporen las visiones y perspectivas de una
variedad de grupos de partes interesadas. Es necesario contar con una visión estratégica bien pensada e
inclusiva para el sector de la educación para diseñar cambios jurídicos e institucionales a largo plazo,
para planificar en forma efectiva los recursos humanos y financieros necesarios en las diferentes áreas
del sistema, y adoptar un camino claro de implementación. Una estrategia educativa que aporta
información a la planificación presupuestaria necesita objetivos claros, metas definidas a las que
apuntar, un marco de indicadores, y estructuras claras para informar sobre los progresos y el
desempeño. La reciente creación de metas anuales por parte de la ANEP para el período 2016-2020 en
su Plan Presupuestario 2015-2019 es un paso que se da en la dirección correcta. Además, un enfoque
estratégico para la planificación presupuestaria requiere considerar el sistema educativo en su conjunto
y no establecer procesos presupuestarios separados por cada institución que participa de la gobernanza
de la educación y por cada consejo de educación en el caso del proceso presupuestario de la ANEP.
Incorporar fórmulas de financiamiento para distribuir los recursos a centros educativos
individuales
Con el fin de ofrecer una mayor transparencia a la distribución de los recursos públicos en los
centros educativos, se recomienda incorporar una fórmula de financiamiento. La distribución a través
de una fórmula es más probable que genere una asignación más eficiente y equitativa que otros
métodos, lo que incluye modelos de financiamiento discrecionales y graduales. Un esquema de
financiamiento por alumno implica que los recursos se calculen por cada estudiante y que se plantee
una formulación específica, con frecuencia a través de una fórmula matemática. Una fórmula de
financiamiento bien expresada puede, en determinadas condiciones, ser el método de financiamiento
24 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
de los centros educativos más eficiente, equitativo, estable y transparente. En Uruguay se pueden
desarrollar al menos dos fórmulas de financiamiento diferentes: una para determinar los recursos
humanos para cada centro (docentes y personal de apoyo) y otra para determinar su presupuesto
operativo (lo que podría incluir las provisiones actuales por concepto de “caja chica”). Además de
incorporar transparencia y predictibilidad, las fórmulas de financiamiento eliminan el juicio subjetivo
actual en relación al personal extraordinario que se designa a cada centro educativo. Se pueden utilizar
las mismas fórmulas en todos los niveles y tipos de educación, ya que incluirían coeficientes
específicos para representar las diferencias de costos, por ejemplo, entre educación primaria y media, y
entre los programas generales y los técnico profesionales. Las fórmulas que se incorporen deberán
tener en cuenta el contexto socioeconómico de los centros educativos. Esto mejoraría la capacidad de
los mecanismos de distribución para dar respuesta a las circunstancias locales.
Revisar cómo se ofrecen y qué impacto tienen los programas educativos compensatorios para
consolidarlos
Las estrategias de financiamiento juegan un papel importante en el logro de los objetivos de
equidad dentro de los sistemas de educación. Un aspecto fundamental de la política es decidir cuáles
son los mejores mecanismos para canalizar los recursos extraordinarios a los grupos de alumnos que
tienen necesidades adicionales. Esto, en general, se puede lograr a través de una asignación ponderada
sistemática a grupos de alumnos particulares dentro de los centros educativos (mediante una fórmula
de financiamiento, tal como se sugirió precedentemente) o a través de financiar directamente a grupos
específicos (por ejemplo, becas para los alumnos desfavorecidos). En Uruguay, tal como se analizó
previamente, realizar un financiamiento dirigido a través de programas compensatorios fue el
mecanismo privilegiado para ofrecer recursos extraordinarios a los grupos de alumnos y centros
educativos desfavorecidos. No obstante, existe un gran número de programas educativos cuya
implementación no está lo suficientemente coordinada y es posible que se traduzca en una gran
cantidad de duplicaciones innecesarias de esfuerzo en términos de objetivos y recursos asignados.
Realizar la distribución de algunos de estos recursos relacionados con la equidad a través de fórmulas
de financiamiento en función de las necesidades, como se sugirió anteriormente, es una oportunidad
para revisar la implementación y el impacto de los programas educativos compensatorios para
consolidarlos.
Fortalecer el monitoreo del uso de los recursos públicos en educación
Existe un gran margen para mejorar el monitoreo del uso de los recursos públicos en educación
de Uruguay. Es necesario evaluar el uso de los recursos públicos en educación en función de su
impacto en los resultados educativos. El sistema de monitoreo financiero sigue concentrado en el
cumplimiento financiero, pero debe evolucionar para transformarse en un análisis del desempeño del
sistema, incluso en los ejercicios de auditoría (auditorías de desempeño). Esto podría mejorar con una
planificación presupuestaria más estratégica, tal como se sugirió anteriormente, a través de la cual se
determinen las metas educativas y el monitoreo del uso de los recursos evalúe si estas se logran o no.
En consecuencia, el informe anual de la ANEP al parlamento sobre la implementación del presupuesto
educativo debería incluir pruebas del desempeño del sistema educativo en función de las metas
educativas y los objetivos de la política establecidos. En términos más generales, el sistema de
monitoreo debería consistir, en forma más amplia, en una evaluación periódica del estado de la
educación en Uruguay, basarse en un marco de indicadores educativos, incluir un análisis profundo de
los datos recopilados e implicar la evaluación de políticas y programas específicos. Asimismo,
Uruguay debe mejorar la difusión de información sobre las actividades que se realizan en los centros,
lo que incluye información sobre el presupuesto educativo. Si bien la difusión de informes puede verse
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 25
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
como otra carga del proceso de presentación de información, los consejos de educación deberían
considerar usar un solo formato desarrollado a nivel nacional para garantizar que los padres y votantes
sepan cómo operan los centros educativos en su comunidad y cómo se utilizan los recursos educativos.
En particular, sería importante difundir públicamente los recursos públicos que recibe cada centro,
junto con su uso y los resultados educativos que se lograron.
Fortalecer la capacidad de la inspección educativa para contribuir a la mejora de los centros
educativos
A largo plazo, Uruguay debería tener en cuenta la incorporación de un proceso integral de
evaluación de los centros educativos. Confiar solamente en la evaluación del personal implica el riesgo
de centrarse únicamente en el desempeño de las personas y perder de vista las formas en que estas
podrían contribuir a mejorar los centros educativos en su conjunto. Esto exige una reflexión respecto a
cómo la evaluación de los centros se alineará con la de los docentes y, en particular, con la evaluación
de los directores de los centros educativos, para crear sinergias y evitar la duplicación innecesaria de
esfuerzos e ideas erróneas. Las evaluaciones de los centros educativos deben contribuir a su
mejoramiento y no ser simplemente un ejercicio de cumplimiento. El enfoque respecto a la evaluación
de los centros, los criterios y las cuestiones que rigen los juicios y los métodos empleados deberían,
por tanto, concentrarse directamente en la calidad de la educación y el aprendizaje. La introducción de
evaluaciones de los centros educativos también requerirá repensar la estructura actual de la inspección.
También existe la necesidad de fomentar y apoyar a los centros para llevar a cabo el desarrollo de
planes de mejora y procesos de autoevaluación. Un posible enfoque radica en establecer requisitos
para los centros que promuevan una planificación estratégica, por ejemplo, la elaboración de un plan
estratégico de cuatro a cinco años y la realización de actualizaciones regulares de los progresos de los
centros respecto al plan, o la redacción de informes anuales sobre sus logros, desafíos y estrategias de
mejoramiento. La inspección educativa también puede tener incidencia para promover la planificación
del desarrollo y la autoevaluación de los centros, a través de una evaluación integral en el futuro. Una
necesidad adicional es elaborar un marco coherente para evaluar individualmente a los directores con
el fin de que la evaluación contribuya a mejorar sus prácticas. Esto implica aportar información
efectiva y útil.
Desarrollar la profesionalización de los directores de los centros educativos para que puedan
brindar liderazgo pedagógico
Como base de su estrategia de desarrollo de los directores de los centros educativos, Uruguay
debería configurar un entendimiento compartido de su profesión. Esto podría incluir una revisión de la
reglamentación sobre las responsabilidades de los directores y subdirectores y la elaboración de un
conjunto relacionado de estándares de conducción de centros a nivel profesional. Dichos estándares
ofrecerían un concepto claro y conciso de los elementos fundamentales de un liderazgo exitoso a
través del mapeo de lo que se espera que los directores sepan, puedan hacer y cómo deberían hacerlo.
Además, Uruguay necesita reevaluar los niveles actuales de remuneración de los directores y
subdirectores para garantizar que el liderazgo escolar sea sostenible en el futuro y no disuadir a los
docentes calificados e interesados que deseen asumir más responsabilidades de dar ese paso. Los
directores y subdirectores deberían obtener un salario más alto que el de los docentes, que compense
en forma suficiente la carga de trabajo, exposición y responsabilidades adicionales.
La calidad de la preparación de los directores de los centros educativos puede mejorarse y
hacerse más sistemática. El desarrollo de un curso de formación que no se oriente únicamente a
26 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
aprobar el examen de directores, sino a la función que cumplirán en el futuro, sería un paso para
mejorar su actual formación. Además, se deberían ofrecer oportunidades de desarrollo profesional en
forma periódica para que puedan desarrollar nuevas competencias y aprender sobre prácticas y
enfoques innovadores. Otra prioridad es ampliar los criterios utilizados para su contratación.
Desarrollar un marco de competencias para la profesión docente
Uruguay necesita tener una referencia básica sobre qué significa una buena docencia. Esto
implica crear un marco claro de competencias para la profesión que indique a los docentes y a la
sociedad en su conjunto los conocimientos, habilidades y valores fundamentales relacionados con una
enseñanza efectiva en diferentes etapas de la carrera profesional del educador. Un marco de
competencias claro, bien estructurado y ampliamente apoyado para los docentes puede ser un
excelente mecanismo para alinear los diferentes elementos que actúan en el desarrollo de las
competencias de los docentes.
Reconceptualizar la labor docente para que refleje todas las actividades que realizan
Para lograr que el trabajo de los docentes sea más efectivo en los centros educativos uruguayos se
necesita un concepto completamente nuevo de la labor docente. Uruguay debe pasar a considerar el
trabajo según un sistema que contemple la carga laboral, mediante el cual los docentes trabajen una
cantidad de horas determinada por semana (por ejemplo, 40 horas), parte de las cuales se dedican a la
enseñanza de aula. Esta concepción de la labor docente reconoce que se necesita tiempo para realizar
una serie de tareas adicionales, que incluyen la adecuada preparación de las clases. Eso probablemente
haga que la profesión resulte más atractiva y reduzca la cantidad de docentes con cargas de trabajo
irracionalmente elevadas. Esta reforma necesitará de una cantidad considerable de recursos, pero
debería ser una prioridad para la aplicación de recursos extraordinarios destinados a la educación.
Crear una estructura de la carrera laboral docente que esté relacionada con un proceso de
certificación docente
Los centros educativos y los docentes podrían beneficiarse de una estructura de la carrera laboral
docente que incluya tres caminos: docente, docente reconocido y docente consumado/experto. Las
diferentes vías de la carrera deberían asociarse con diferentes roles y responsabilidades en los centros
educativos en relación con determinados niveles de experiencia docente. Por ejemplo, un docente
reconocido podría asumir la responsabilidad de instruir en calidad de tutor a los principiantes y un
docente experto podría responsabilizarse de la coordinación del desarrollo profesional en los centros
educativos. El acceso voluntario a las vías de la carrera laboral más elevadas debería estar asociado
con procesos formales de evaluación a través de un sistema de certificación. Asimismo, cada una de
las vías debería estar organizada conforme a etapas que indiquen un claro aumento salarial. La función
de rendición de cuentas de la evaluación de docentes que actualmente se logra a través de la instancia
formal que realizan los inspectores podría transformarse en un proceso para avanzar en la carrera
profesional a través de una certificación relacionada con la estructura de la carrera docente sugerida
precedentemente (con avances dentro de las vías de la carrera profesional y acceso a las diferentes
vías).
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES – 27
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
Repensar el sistema para la contratación y distribución de docentes
El sistema actual de contratación y distribución de docentes en los centros funciona en detrimento
de que exista un equipo estable comprometido con el proyecto educativo del lugar, no se creó para
optimizar las coincidencias entre las competencias de los docentes con las necesidades de los centros y
produce una distribución no equitativa de los recursos entre los centros. Estos efectos no deseados
exigen una reforma del enfoque actual de selección, contratación y distribución de los docentes. Por
tanto, el nuevo modelo debe ofrecer mayor estabilidad al cuerpo docente de los centros educativos,
atender mejor las necesidades de cada uno de los centros y garantizar que los docentes con más
experiencia y de alta calidad estén dispuestos a trabajar en los lugares que atienden alumnos más
desfavorecidos. Se recomienda que el nuevo modelo se cimiente sobre una serie de principios. En
primer lugar, se debe ofrecer mayor estabilidad tanto a los docentes como a los centros educativos.
Segundo, los métodos de contratación y criterios de selección deben tomar más en cuenta las
necesidades específicas de cada uno de los centros. Tercero, los criterios para clasificar a los docentes
en el registro deben fomentar una mayor equidad en la distribución de docentes en los centros.
Mejorar la formación inicial de docentes y su estatus
Existe la necesidad de aumentar el estatus de la formación inicial de docentes. La
implementación de los planes para crear una Universidad de la Educación podría ayudar en este
sentido, ya que ofrecería una estructura más amplia para la formación inicial de docentes y aumentaría
su estatus para que alcance el nivel universitario. Una prioridad debería ser mejorar la calidad de los
programas de formación. Esto requiere de procedimientos de acreditación que garanticen que las
instituciones de formación docente se evalúen en forma permanente y que el sector de la formación
docente en su conjunto se someta a revisiones y debates periódicos. En el contexto uruguayo, un
criterio particularmente importante de la relevancia de los programas de formación docente tiene que
ver con sus tasas de culminación. Los programas deben garantizar su adecuación a las poblaciones de
alumnos que reciben (es decir, estudiantes de mayor edad, muchos de los cuales son trabajadores de
tiempo completo). Las instituciones de formación docente también deben asumir más
responsabilidades en la reducción de la cantidad de docentes sin titulación que actualmente tiene el
sistema, a través de programas de estudio específicos para ellos, que reconozcan su experiencia en los
centros educativos, se ofrezcan en un formato de tiempo parcial y se complementen con actividades en
línea. Además, se debe mejorar la organización de los estudios de formación inicial de docentes. Por
ejemplo, un aumento en los componentes comunes de los programas para los diferentes niveles de la
educación y especializaciones incrementaría las oportunidades para trabajar en diferentes niveles
educativos y especializaciones a medida que cambien la demanda de docentes y los intereses en la
carrera laboral. Los programas de formación docente para enseñanza en educación media, en
particular, deberían ser menos especializados y permitir a los egresados enseñar en una gama más
amplia de disciplinas. Por último, existe una evidente necesidad de fortalecer la formación de todos los
docentes para atender las diferentes necesidades de sus alumnos.
Fortalecer la evaluación de los docentes en los centros educativos con fines formativos
Se debe poner mayor énfasis en la evaluación docente con fines formativos. Dado que existe el
riesgo de que la función formativa se obstaculice a través del proceso de evaluación docente anual que
realizan los inspectores, en la que hay tanto en juego, se propone que se formalice un componente
dedicado específicamente a la evaluación formativa, completamente interno al centro educativo. Esta
evaluación del desarrollo tendría como principal objetivo la mejora continua de las prácticas docentes
en los centros educativos. Sería un proceso interno realizado por los colegas de mayor jerarquía y la
28 – EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
OCDE REVISIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS: URUGUAY - RESUMEN
administración del centro. El estándar de referencia sería el marco de competencias sugerido para los
docentes, pero con indicadores y criterios en función del centro educativo. Esta evaluación debería
también tener en cuenta los objetivos y contexto del centro. El resultado principal sería la información
obtenida sobre el desempeño docente, que llevaría a un plan individual para el desarrollo profesional
de cada docente del centro educativo.
Fortalecer la oferta de oportunidades de desarrollo profesional
Existe una clara necesidad de que el desarrollo profesional se convierta en una práctica más
regular entre los docentes en Uruguay, con una habilitación de tiempo adecuada, mayor diversidad de
actividades, guiado por planes de desarrollo educativo y con una oferta que refleje las necesidades de
desarrollo de los docentes. Deben existir expectativas explícitas de que todos los docentes se
embarquen en la búsqueda de una mejor práctica a lo largo de su carrera, a través de actividades de
desarrollo profesional. Esto posiblemente requiera ofrecerles tiempo libre dentro de la jornada laboral
y apoyos financieros específicos para el desarrollo profesional, en lugar de lo que sucede actualmente.
Es importante que el sistema de desarrollo profesional beneficie a todos los docentes del sistema
educativo. En tal sentido, es necesario mejorar la oferta de actividades fuera de Montevideo. Para
lograrlo, se podría aprovechar la capacidad de los proveedores de formación docente que están fuera
de la capital.
OCDE Revisión de Recursos Educativos
Uruguay
RESUMEN OCDE Revisión de Recursos Educativos
RESUMEN
UruguayPaulo Santiago, Beatrice Ávalos, Tracey Burns,Alejandro Morduchowicz y Thomas Radinger
La efectividad en el uso de los recursos educativos es una prioridad política en todos los países de la OCDE. La Revisión de recursos educativos explora cómo se pueden regular, distribuir, utilizar y gestionar los recursos educativos con el fin de mejorar la calidad, equidad y eficacia de la educación.
El informe considera cuatro tipos de recursos: recursos financieros, como ser el presupuesto educativo de los centros; recursos humanos, como son los docentes y directores de los centros educativos; recursos físicos, como la infraestructura de los centros educativos, edificios y equipamiento; y otros recursos, como horas de clase.
Este informe ofrece recomendaciones de política tanto para el gobierno como para la comunidad educativa. Se tomaron en cuenta tanto informes nacionales como estudios temáticos.