Viva la guardia civil
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Viva la Guardia Civil
Hoy es un buen día. Abrir un correo en el que te trasladan la noticia de que han
condenado a un profesor, por calentar a un alumno autista de 11 años, consuela la
pesadumbre que me han producido sentencias que, ante hechos parecidos, han resuelto
absolviendo al denunciado. Sí, ya sé que es imposible sancionar si no se demuestra la
culpabilidad y ello es complicado cuando el agredido es una persona con diversidad
funcional mental o intelectual.
Lo jodido del asunto radica en que algunos padres de alumnos con necesidad de apoyos por
su diversidad intelectual o mental, tragan y callan; mientras giran la cabeza para otro lado
quienes conocen los hechos y no los denuncian o los justifican. Un corporativismo mal
entendido ha llevado con frecuencia a negar o justificar malos tratos, estigmatizando a
profesores que los han denunciado y testificado. No se puede educar a los alumnos en
valores que no se practican. El caso Placeat (2004) o Camposoto (2010) resuenan en
mi memoria …. y bolsillo.
En el caso de la noticia parece que, como casi siempre, fueron los
padres los que denunciaron los hechos (la sentencia da como
probado que:"cogió por las orejas" y "levantó del suelo,
pegándole después una torta") en el cuartelillo y lejos de
desincentivarles a presentar la denuncia, investigaron los hechos
que acabaron con una sentencia del juez de Instrucción Nº 1 de
León.
Luego, en el caso que nos ocupa, hay cuestiones menores que me llenan de alegría: el
hecho de que el condenado pague una multa de 60 euros y las costas, o que el agresor
fuera alcalde; afortunadamente el partido se ha apresurado a condenar los hechos y
expulsarlo. Por otro lado estoy seguro de que la administración educativa, una vez
dictada sentencia, actuará en el orden sancionador que le es propio. Máxime cuando la
agresión se perpetró delante de sus alumnos, que en ningún momento pueden deducir
que la agresión a un “discapacitado” sale gratis.
La sombra de preocupación que me queda la constituye el hecho de que el juez no haya
dictado orden de alejamiento, porque existe el riesgo de que los denunciantes acaben
sufriendo la presión del entorno docente y ello repercuta en el alumno. La inclusión
educativa conlleva el que se pongan los recursos necesarios para que los alumnos con
necesidad de apoyos los tengan allá donde se encuentren; no el que se pongan los
recursos donde se quiera y obligue, de esa manera, a que quien salga de su entorno
vital sea el alumno. Al tiempo que alivian la sensación de impotencia y frustración del
profesorado que se ve desbordado por la carencia de recursos y orientación.
Sobre los centros de exclusión ya me pronuncie en su día en un artículo, del que aquí
reproduzco una parte: “No entiendo porque siguen existiendo aulas y centros de
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exclusión. En 1994 en una conferencia mundial, celebrada en Salamanca, sobre
educación especial se estableció que la educación debía ser inclusiva, en el entorno
ordinario con los apoyos personales y materiales necesarios en cada caso. Que los
centros de educación especial existentes debían de derivar hacia centros de recursos y
formación del personal docente que tuviera que interactuar con personas con
necesidades singulares de apoyo. Es decir, que los centros de educación especial
debían ser centros para los profesores, no para los niños. Y todo eso se firmó, quizá
bajo los efectos de un Montilla o un buen fino. Diez años después se repitió la
conferencia para analizar la situación de la educación y se aprobaron las mismas
resoluciones.”
Ya sé que ahora saldrán expertos de todo pelaje y calidad diciendo que digo tonterías y
hablo de utopías, que: sesudos trabajos, informes, dictámenes,… dicen que “educación
especial” segregadita. Pero saben qué, pues que eso se lo expliquen a los italianos, que
desde hace muchos años mantienen a todos los alumnos en las aulas ordinarias,
poniendo los recursos y apoyos que precisan los “cascaos”. O al padre que no podía
escolarizar a uno de los mellizos porque tenía parálisis cerebral y en un informe
decía que precisaba una persona de apoyo continua; el caso es que lo ha escolarizado a
sus hijos en otro centro y no tiene persona de apoyo continuo.
Afortunadamente disfrutamos de un periodo de generación ética y moral, por lo que
procede que se denuncien todas las violaciones de derechos que se produzcan con las
personas en desventaja social. No solo es cuestión de números especiales (016), es
cuestión de que quien tenga conocimiento de una posible violación de derecho de una
persona en desventaja social (mayores, persona con diversidad funcional: física,
intelectual, sensorial, mental; marginado social,….) lo denuncie y, al margen de que los
poderes públicos (policía, fiscalía, administración competente,…) actúen, se cree una
cadena de protección hacia la víctima y de rechazo del agresor. Creo que el partido y la
administración educativa estarán a la altura que les corresponde.
Siendo conocedor de tantos y tantos casos en que hechos semejantes han sido tapados
por el entorno del agredido, el del agresor, fiscales, jueces….
Probablemente porque nunca tuvieron de compañero de clase a
un alumno “diferente” y no conocen su realidad, porque se les ha
imbuido el modelo medico-rehabilitador que secularmente a
segregado al diferente que precisa apoyos. Este caso me lleva a
gritar: ¡¡ VIVA LA GUARDIA CIVIL!!
Valencia, 24 de octubre de 2013
Vicente Valero Sanchis –
Velador por el cumplimiento de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.