Voces de La Memoria - Semanario de Los Juicios en Jujuy (13)

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2 | Voces de la Memoria. Semanario de los Juicios. Más información, menos impunidad.

LOS JUICIOS SON DE TODOS

Editorial

Sólo seis meses bastaron para que este joven juez tucumano diera vuelta sin re-torno una causa emblemática e histórica-como la Noche del Apagón-, paralizada durante años por el ex Juez Olivera Pas-tor. El procesamiento a los cómplices civi-les de dictadura, abre en Jujuy un nuevo panorama jurídico y político y, por cierto, una serie de interrogantes y nuevas ex-pectativas en torno a la histórica decisión judicial. Cuando iniciamos los procesos penales –que tanto esfuerzo costó- no nos ima-ginábamos que los responsables civiles y empresariales de la feroz dictadura hoy estén procesados. Este acontecimiento histórico, representa un jalón más para los organismos de derechos humanos, para el equipo de abogados querellan-tes, para los fiscales, para las organizacio-

nes sociales y el pueblo jujeño. Esto nos alienta a seguir en la lucha para conquis-tar la CONDENA. Por la decisión histórica del juez Fernan-do Poviña, ya tenemos algo concreto –la justicia como una necesidad social- que responde al anhelo profundo sostenido durante tantos años de lucha contra la impunidad. Estamos aprendiendo que la democracia es lo mejor que nos pudo ocurrir pero que ella no es de por sí un receta mágica, hay que construirla y que muchos que la dañaron ahora deben ren-dir cuentas. Analizando la historia de nuestro país, el poder siempre respondió a los reclamos populares con prisión, muerte, desapari-ción. A principios de la década del 70 este poder buscó destruir el llamado Estado de Bienestar y los avances del movimien-to popular, para lo cual era imprescindi-ble diezmar las organizaciones popula-res. Este modelo neoliberal –a través de la transformación del Estado y cambios en el sistema de producción– impuso un modelo de país para pocos. Era menester, entonces, diezmar a esos grupos comba-tivos y organizados de los trabajadores y sindicatos porque consideraban un obs-táculo para la aplicación de medidas eco-nómicas dirigidas a garantizar la transfe-

rencia de recursos desde el Estado hacia grandes grupos económicos nacionales y extranjeros. Este análisis del contexto represivo refle-ja palmariamente el fundamento del fallo del juez Poviña, específicamente desarro-llado en el Marco Referencial de Imputa-ción del Expediente Burgos, Luis y otros. En el mismo, el juez investigó los delitos cometidos imputando al empresario Car-los Pedro Blaquier y al administrador ge-neral Alberto Lemos, como cómplices en primer grado y segundo grado respec-tivamente, fundamentado en el extenso fallo “la cooperación de la empresa en el marco de una persecución política y sin-dical”. Sabemos bien que el Terrorismo de Es-tado estuvo íntimamente ligado a la im-plantación de un modelo económico que se impuso a sangre y fuego, y que hoy la actual gestión de la Presidenta Cristina Fernández está tratando de desarticular. Señalando alguna referencia histórica, desde la óptica de la economista Victo-ria Basualdo, paralelamente al “plan eco-nómico” se organiza un “plan represivo”, puesto en práctica con toda crudeza en la resistencia de las organizaciones sindica-les jujeñas que se oponían a la dictadura del azúcar, comandada por la Empresa Ledesma S.A, en este norte del país.” El proceso de crecimiento industrial ‘64-’74 es acompañado por un auge de masas. Una movilización social que va a cuestionar al poder. Movilización que sin duda está afectada por la irrupción, el retorno de Perón y su propuesta econó-mica y social que excluye las propuestas de los sectores revolucionarios dentro y fuera del peronismo. En ese contexto el golpe de marzo del ‘76 lo que va a hacer es interrumpir el proceso de industriali-zación sustitutiva, no hay agotamiento, hay una interrupción. Es importante por-que habla del comienzo de un proyecto alternativo que reconocía a la industria como su eje prioritario en la producción y distribución del ingreso”. Distinguiendo dos etapas que recorre la dictadura mili-tar hasta el año 1979 señala ...”La dicta-dura militar se va a encaminar a instau-rar un proceso de valorización financiera que en última instancia es excluyente

de la industrialización. Me refiero a la obtención de renta financiera, incluso y prioritariamente por las empresas indus-triales. Cambia la naturaleza del capita-lismo argentino. En un primer momento la dictadura va a replantear la relación capital-trabajo. Esto ocurre desde marzo de 1976 en adelante. Desde el punto de vista económico lo que vamos tener es la mayor caída del salario real …” a partir del segundo trimestre del año ‘76 vamos a tener un proceso de expulsión de mano de obra industrial ininterrumpido duran-te 27 trimestres, hasta el cuarto trimestre del año 1982. Record también histórico que no se refleja en las cifras de desocu-pación porque lo que va a ocurrir es que hay transferencia a otras actividades de servicios de esa mano de obra expulsada de la industria. La clase obrera tuvo un papel central en las luchas populares y puso en crisis el modelo económico. Rodolfo Walsh de-cía: “No se trata de un simple reemplazo de hombres ya entregados “sino …de la transformación radical del sindicalismo en instrumento de la liberación nacional, aunque ello exigiera la destrucción for-mal de los sindicatos que la encaraban”, en alusión al sindicalismo combativo que se oponía al orden económico social y que exigía un cambio. Violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, torturas, son los cargos por los cuales se imputa a estos procesa-dos, seguramente la imputación por ho-micidio y serán solicitadas por nuestras querellas. Allí estaremos para impulsar-las. Con el convencimiento de que nadie tiene coronita…la justicia llego para que-darse. Estamos concretando aquella utopía de sentar en el banquillo a aquellos capita-nes de la industria azucarera que daña-ron esta democracia que hasta ahora se sentían impunes e intocables. Nos espera una etapa muy importante, hasta alcan-zar la condena. Esto obliga a los organis-mos de DD HH mayor compromiso y res-ponsabilidad en la lucha por la vigencia de los derechos humanos.

Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos de Jujuy.

21.11.12 | Voces de la Memoria. Semanario de los Juicios. Más información, menos impunidad. | 3

Lo dispuso el juez Fernando Poviña, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, el escrito dice por :“La cooperación tuvo lugar en el marco de una persecución po-lítico-sindical llevada a cabo por la em-presa Ledesma”. Carlos Pedro Blaquier, presidente del directorio de la Empresa Ledesma SAAI, está imputado como par-tícipe primario por el delito de privación ilegal de la libertad, en 29 casos; también a Alberto Lemos, gerente de Administra-ción de la Empresa Ledesma SAAI, como partícipe secundario.El magistrado, dictó el jueves 15 de no-viembre de 2012, el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier acusado como par-tícipe primario por el delito de privación ilegítima de la libertad en 29 casos, ocu-rridos durante el último gobierno militar.Se trata de dos causas “Luis Burgos y otros” y “Luis Arédez y otros,” que se encuentran en el marco de los hechos conocidos como “La Noche del Apagón”.En las mismas investigaciones también resultó procesado Alberto Lemos, a quién se le imputaron los mismos delitos pero en calidad de partícipe secundario.El juez además ordenó trabar embargo sobre los bienes de Blaquier por la suma de 11 millones de pesos. En tanto que si-milar medida le impuso a Lemos, por un monto de 5 millones y medio.En las resoluciones, el magistrado tam-bién mantuvo la libertad provisional de los acusados y les prohibió la salida del país.Otro de los cargos contra Blaquier y Le-mos es haber puesto a disposición de grupos de tareas integrados por milita-res, gendarmes y policías, vehículos de la empresa en los cuales se trasladó a los detenidos a distintas comisarías de Ledesma. Posteriormente, los detenidos fueron llevados al centro clandestino de detención en el paraje de Guerrero, a po-cos kilómetros de San Salvador de Jujuy.Esta histórica resolución es el resultado de la lucha persistente de los organismos de Derechos Humanos, sobrevivientes del terrorismo de estado en Jujuy, de los querellantes en estas causas por delitos de lesa humanidad y un gran camino que marca la justicia procesando a directivos de la empresa Ledesma comprobando su complicidad con la dictadura militar para que se cometieran los delitos de lesa hu-manidad.Los fundamentos del fallo contextualizan lo que sucedía en esos años de terror en Jujuy, el juzgamiento de los crímenes co-metidos durante el Terrorismo de Estado fue demostrando que hubo capellanes cómplices e incluso jueces partícipes de tales delitos de lesa humanidad. A par-tir del fallo del juez federal Poviña por los secuestros en Jujuy de Luis Arédez y otras 29 personas durante la Noche del

Apagón, se abrió el capítulo de la com-plicidad empresaria con la dictadura. Más allá de la valoración de gran cantidad de pruebas –documentos, testimonios, pelí-culas– y de una sustanciada descripción del contexto histórico. La resolución tie-ne un eje importante como el rol de los industriales que acompañaron el golpe de estado y la empresa Ledesma entre ellos. Además la articulación entre polí-ticas económicas, golpes y persecución gremial desde 1960.El magistrado, hace referencia en el ex-tenso fallo, los ya conocidos anteceden-tes de los juicios a empresarios deriva-dos de las sentencias de Nuremberg el desarrollo de casos en los que se afianzó una doctrina referida a la “complicidad corporativa como forma de responsabi-lidad penal”. Y concluye que “en el plano internacional, la responsabilidad penal de los ejecutivos de las empresas como cómplices de graves violaciones a los derechos humanos ha sido largamente reconocida”.En otra apartado de la resolución, el juez Poviña dio por probados los hechos y desarrolló el marco jurídico en el que ubicó la imputación contra el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su administrador, Alberto Lemos. La si-tuó entre los delitos de lesa humanidad contemplados en el Derecho penal in-ternacional, para dejar sentado que son imprescriptibles, y mencionó la inconsti-tucionalidad de las leyes de impunidad y la anulación de los indultos.Por otro lado, se encuentra corroborado que a la fecha de los hechosinvestigados el imputado Blaquier se desempeñaba como Presidente del

Directorio de la Empresa Ledesma S.A.A.I. En dicho carácter el nombrado tenía a su cargo la facultad de administración y disposición de los vehículos de la razón social antes indicada, los que habrían sido aportados, por orden y autorización de éste, a las fuerzas armadas y de se-guridad para el traslado de los detenidos privados ilegalmente de libertad.En esta inteligencia, debe tenerse en cuenta que no se está aquí en presen-cia de un hecho común y corriente, sino frente a un suceso extraordinario por su gravedad y su naturaleza ilícita, por lo que se colige que la máxima autoridad de la Empresa tendría que haber dado la autorización para que se llevase a cabo el préstamo de los vehículos a los fines de cooperar en el transporte de las personas que habrían de ser privadas ilegalmente de su libertad.Por lo tanto, la facilitación de los vehícu-los para el traslado de los detenidos no habría podido realizarse sin la autoriza-ción de Blaquier, quien ejercía una fun-ción preponderante dentro del Directorio de la Empresa Ledesma. En otras pala-bras, Blaquier cumplió un rol clave en el injusto del autor, impartiendo la orden a Lemos para que éste proveyera de me-dios de transporte a las fuerzas armadas y de seguridad para hacer efectivo el traslado de los detenidos hasta los dis-tintos lugares de detención, donde fue-ron alojados (participación indirecta en el hecho del autor).Es decir, la función directiva que ejerció el imputado Blaquier dentro de la com-plicidad se da a conocer, en forma indi-recta, mediante la comprobación de he-

“La Noche del Apagón” no fue un mitoProcesaron a Carlos Blaquier y a Alberto Lemos

(continúa en página 4)

Carlos Pedro Blaquier.


chos positivos, tales como: la utilización de vehículos de la Empresa ―Ledesma S.A.A.I.por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad para el traslado de los de-tenidos.De ahí se advierte la necesidad del aporte de Blaquier en la causación de los hechos de privación ilegítima de la libertad agra-vada cometidos en perjuicio de Luis Ra-món Aredez (primera detención), Omar Claudio Gainza y Carlos Alberto Melián.En este orden de cosas, resulta necesa-rio destacar la firmeza y tenacidad de-mostrada por la Dra. Olga del Valle de Márquez Aredez, (esposa de Luis Aredez) cuya elevada figura constituye un ejem-plo paradigmático en la búsqueda por el descubrimiento de la verdad real de los hechos históricos acaecidos, coadyuvan-do al desarrollo de la investigación lleva-da a cabo en el presente proceso penal, a partir de los datos aportados en sus con-tundentes y fieles testimonios. En cuanto a la Causa Luis Burgos y otros, Blaquier y Lemos están imputados en los hechos de privación ilegítima de la li-bertad agravada cometidos en perjuicio de Delicia del Valle Álvarez de Narváez, Hipólito Álvarez, Casiano Bache, Raúl Ra-món Bartoletti, Norma Castillo, Alfonso Waldino Cordero, Eublogia Cordero de Garnica, Germán Tomás Córdoba, María

Cortez, Salvador Cruz, Luis Víctor Esca-lante, Hilda del Valle Figueroa, Domingo Horacio Garnica, Miguel Ángel Garnica, Rufino Lizárraga, Eduardo César Maldo-nado, Héctor Narváez, Enrique Núñez, Mario Martín Núñez, Ana María Pérez, Román Patricio Rivero, Isidro Salinas, Er-nesto Reynaldo Samán, Jhonny Vargas Orozco, Bernardino Oscar Alfaro Vasco y Luis Alfaro Vasco.

Fiscal Pelazzo: “El procesamien-to de Blaquier traza una línea, habrá un antes y un después”El procesamiento del empresario Carlos Blaquier por su participación en críme-nes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura “marca una línea muy importante en cuanto a la responsabilidad de civiles en el Terro-rismo de Estado: yo creo que habrá un antes y un después”, dijo el fiscal de la causa, Pablo Pelazzo, en declaraciones a los medios. “El procesamiento de ambos implica que se confirman los elementos presentados en la causa”, dijo el fiscal en referencia a las “declaraciones testimo-niales de sobrevivientes, familiares de las víctimas y documentación que acredita las relaciones de la empresa Ledesma con autoridades provinciales y naciona-

les de la dictadura”. Blaquier, presidente y principal accionista del ingenio Ledesma, y quien era el administrador de éste du-rante la dictadura, Alberto Lemos, fueron procesados por el juez federal Fernado Poviña en el marco de las causas “Aredez, Luis y otros” y “Burgos, Luis y otros”.Pelazzo consideró “muy importante que se haya evaluado que existen pruebas fuertes en relación a la comisión de esos delitos”.El presidente de Ledesma está acusa-do de secuestro masivo y de la desa-parición de personas en la “Noche del Apagón”, hecho ocurrido entre los días 20 y 27 de julio de 1976 en los pueblos de Calilegua, Libertador San Martín y El Talar.En aquellas redadas fueron detenidas unas 400 personas, de las cuales una treintena permanecen desparecidas.


El viernes 9 de noviembre, en el marco de la continuidad de la audiencia Nº 28 del primer juicio por delitos de lesa hu-manidad en Jujuy, el Tribunal Oral Fede-ral receptó los planteos efectuados por la defensa del imputado Antonio Orlando Vargas, respecto del pedido de amplia-ción de la acusación solicitado por las querellas y el Ministerio Público Fiscal para que se le adicione un cargo por el delito de tormento. También los magis-trados escucharon los planteos de la Fis-calía y la querella de Aredez, así como de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por otra parte, el TOF rechazó un pedido de la defensa de Mariano Rafael Braga, para que se le res-tituya la prisión domiciliaria hasta tanto dicte nueva resolución. Esto se produjo, tras la recepción favorable que tuvo un recurso interpuesto por la defensa de Braga ante la Cámara de Casación Penal, que remitió las actuaciones al TOF para que emita una nueva resolución al res-pecto. Quedó pendiente en esta audien-cia el pedido de sanción contra el Defen-sor de Braga, Ricardo Vitellini.El imputado Antonio Orlando Vargas si-guió las instancias del debate por video-conferencia desde el Hospital del Com-plejo Penitenciario de Ezeiza donde se encuentra detenido. Vargas fue Director interventor del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti, por donde pasaron la mayo-ría de las víctimas del terrorismo de es-tado en Jujuy, las que fueron sometidas además a diversas formas de tormentos, según se conoció en la instrucción y en los testimonios que se produjeron duran-te este juicio oral.Cabe recordar que en la audiencia que se concretó el 26 de octubre último, la que-rella de Arédez, el Dr. Oscar Rodríguez, así como los Fiscales Francisco Snopek, Pablo Pelazzo y los querellantes María José Castillo y Juan Manuel Sivila de la Secretaría de Derechos Humanos habían solicitado la ampliación de la acusación a Vargas y requirieron que se le añadiera un cargo por delito de tormentos en las causas Aredez y Bazán, donde se encuen-tra imputado.Al reanudarse este viernes el juicio, el De-fensor de Vargas, el abogado Matías Gu-tiérrez Perea, pidió la nulidad de la am-pliación y en caso de que no se hiciera lugar a la nulidad, anticipó su oposición

a la ampliación y ofreció prueba.Gutiérrez Perea fundamentó el pedido de nulidad de los planteos efectuados por el Ministerio Público Fiscal, integrado por los abogados Snopek y Pelazzo y pi-dió también que se dieran por nulos los planteos de las querellas. La nulidad se basó entre otros argumentos en supues-tas incongruencias o contradicciones en el Ministerio Público Fiscal, en la falta de elementos para fundamentar la petición y la supuesta apelación a generalidades que -desde su perspectiva- no permiten tener claridad respecto de la acusación. Consideró el Dr. Gutiérrez Perea que la ampliación vulneraría el derecho de de-fensa de su defendido y cuestionó la autonomía de la querella para pedir la ampliación de la acusación. Apelando a elementos técnicos jurídicos, el defensor de Vargas pidió la nulidad de lo requeri-do por la parte acusadora.El Fiscal Francisco Snopek requirió que se rechace el planteo de nulidad de la de-fensa, recordando que el Código Procesal Penal en su art. 381 habilita al Fiscal para requerir una ampliación de la acusación, destacó que no existen causales para que prospere la nulidad, a la que desestimó porque observó “se trata de una nulidad por la nulidad misma”. Refutó también que se haya afectado el derecho de de-

fensa de Vargas y consideró que con el pedido de ampliatoria de cargos, no se provoca ningún perjuicio al imputado, además de resaltar que el pedido de nulidad de la defensa de Vargas carece de fundamentos porque no precisa que tipo de nulidad se está solicitando y ade-más observó no se configura ninguna de las causales de nulidad previstas en las normas. Resaltó el Fiscal Snopek que en oportunidad de efectuar el pedido de ampliación de cargos, se precisaron los hechos que justificaban dicho requeri-miento, de manera que no se ha recurri-do a generalidades, sino a casos que han sido claramente precisados.En sentido similar se expresó el Fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, quien observó que en oportunidad del pedido de ampliación de la acusación, se hizo una exhausti-va enumeración de los testimonios que fundamentaron la petición. Desestimó el Dr. Pelazzo que existan fallas en los fun-damentos de la ampliación. Al mismo tiempo el Fiscal ad hoc explicó que no se ha pretendido agregar hechos nuevos. Señaló al respecto que desde la etapa de instrucción se conocen los hechos, en cambio –destacó- lo que se incorporó en los debates son elementos que pro-fundizan un conocimiento anterior. “Los hechos están en la base fáctica, ahora lo

Ampliación de la acusación a Vargas por tormentos:El TOF debe resolver el pedido denulidad impulsado por la defensa

28 ªjornada

continuaciónde la

Antonio Vargas al inicio del juicio.

El juicio semana a semana


El juicio semana a semana.

que ocurrió es que se sumaron elemen-tos” explicó.Por otra parte, precisó que los tormentos no son delitos continuados en el sentido dogmático, sino fáctico, ya que se trata de una continuidad de otro delito como el de privación ilegal de la libertad. Pela-zzó al igual que su par Snopek le solicitó al Tribunal que se rechace el planteo de nulidad.La abogada querellante en la causa Are-dez, María José Castillo, por otra parte, adhirió a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal, consideró que carece de fundamentos el pedido de nulidad y con-sideró que no se provoca ningún agra-vio al imputado. Por otra parte, la Dra. Castillo rechazó el cuestionamiento de la defensa de Vargas a la autonomía de la querella y en tal sentido explicó que la ju-risprudencia ha querido garantizarle a la querella que representa a las víctimas, el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia y de tutela de justicia efectiva.Vale aclarar que la Defensa de Vargas sostuvo ayer que la querella no tendría facultades para ampliar la acusación. A propósito la Dra. Castillo precisó que si bien el Código no le reconoce específi-camente esa función, tampoco la limita, pero además –destacó- “la jurispruden-cia fue ampliando las facultades para que las querellas puedan tener una participa-ción mayor”.En este contexto, recordó que en los viejos códigos que sostenían el sistema inquisitorio, el juez tenía un rol central, pero con el cambio de paradigma al sis-tema acusatorio “se les da más facultades a las partes para que dispongan del pro-ceso”. De esta manera, se le fueron am-pliando las facultades a la querella para que realice actos como la ampliación de acusación.Por otra parte, la abogada aclaró que el rol de la querella es autónomo y no adhe-sivo, como pretende la defensa de Vargas y explicó la participación de la querella de Aredez y su intervención en el pedido de elevación a juicio, que la defensa pre-tendió cuestionar.Finalmente el querellante por la Secreta-ría de Derechos Humanos de la Nación, el Dr. Juan Manuel Sivilia, adhirió a los fundamentos expresados por la Fiscalía, coincidió en rechazar el pedido de nuli-dad, consideró que el planteo estuvo mal realizado y fue extemporáneo. Cuestionó también que no se provoca agravio algu-no, pero además indicó que la defensa no

explicitó el supuesto agravio que acarrea el pedido de ampliación de la acusación. Consideró que las querellas han invocado una institución que garantiza el derecho de defensa del imputado, sostuvo la au-tonomía de las querellas y brindó funda-mentos de la normativa supranacional y de jurisprudencia de órganos regionales. El Dr. Sivila, además recordó que en la au-diencia anterior se señaló puntualmente los casos por los cuales amerita que se le añada a la acusación contra Vargas el de-lito de tormentos, como las condiciones de detención.Después de escuchar a las partes y tras un cuarto intermedio, el Tribunal Oral Fe-deral dio a conocer una resolución firma-da por los jueces Casas y Juárez Alama-raz, por la cual denegaron un recurso de casación interpuesto por la defensa de Bulgheroni, el Dr. Rodríguez Vega, contra un miembro del cuerpo.Además, el TOF dio lectura a una reso-lución de la Cámara de Casación Penal que hizo lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Braga que cuestionó la suspensión de la prisión domiciliaria, tras el incidente que protagonizara el impu-tado en oportunidad de la testimonial de Adriana Aredez, hija de los míticos diri-gentes Luis Arédezx y Olga Márquez de Arédez. Vale recordar que cuando brindaba su testimonio ante el tribunal, Adriana Are-dez escuchó un agravio que le propinó Braga desde el banquillo de los acusa-dos. Ante esta situación que fue detec-tada también por asistentes al juicio, la querella de Arédez solicitó la suspensión de la prisión domiciliara, que fue otorga-da por el tribunal de manera que Braga desde entonces cumple con prisión co-mún en la penitenciaría federal. Esa decisión del tribunal fue cuestiona-da por su defensa ante Casación que le concedió el recurso y solicitó al TOF que dicte una nueva resolución. El Tribunal no pudo hacerlo durante esta jornada, debi-do a que no había recibido las actuacio-nes que debía remitir Casación. Ante esta situación, el defensor de Braga requirió que se le restituyera la prisión domicilia-ra, pero el tribunal desestimó el pedido, atendiendo que en un plazo breve debe-rá expedirse nuevamente sobre el tema.

Ninguna sociedad puede construirse con tantos crímenes silenciados ni sobre la base de la impunidad, porque quiebra el principio de igualdad ante la ley y

rompe la confianza en las instituciones públicas. Todos/as fuimos víctimas del terrorismo de Estado, los/as familiares y los/

as sobrevivientes, pero también el resto de la sociedad, porque la ausencia de democracia y las violaciones atroces a los derechos humanos ofendieron a la

humanidad en su conjunto. Por eso los juicios son de todos y la justicia será un logro que debemos capita-

lizar para todos, para el presente y para el futuro. Todos/as los/as ciudadanos/as pueden participar de las audiencias, que son

orales y públicas y se realizan en la Sala de la Secretaría Electoral, ubicada en la intersección de las calles Ramírez de Velazco y San Martín, de la ciudad de

San Salvador de Jujuy.

Las próximas audiencias serán los días 22 y 23 de no-viembre desde las 9:00 horas. Hasta tanto culmine el juicio, se realizarán los días jueves y vier-nes, a partir de las 9:00 horas, a excepción de la primera semana de cada mes.

Producción: María Inés Zigarán

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El jueves 15 de noviembre se realizó la 29ª audiencia, donde el Tribunal Oral Fe-deral (TOF) dio a conocer una nueva re-solución sobre el represor Mariano Rafael Braga -principal imputado por la desapa-rición de Julio Rolando Álvarez García-, en la cual se plantea que este continúe alojado en la Unidad Penitenciaria Fede-ral 8 de Jujuy.Es la segunda resolución en la que el TOF resuelve por unanimidad “revocar la prisión domiciliaria”, solicitada por la defensa de Braga, la cual había acudido al Tribunal de Casación, y éste le pidió al Tribunal un nuevo pronunciamiento so-bre el tema.Vale recordar que hasta el mes de agosto, Braga tenía prisión domiciliaria, pero lue-go fue enviado al Servicio Penitenciario Federal por haber insultado a la testigo víctima Adriana Aredez cuando declara-ba frente al Tribunal, en la causa por la desaparición de su padre, Luis Aredez, ex intendente de Libertador San Martín.El presidente del Tribunal, René Casas, informó también que “hemos avanzado en el estudio del pedido de nulidad de la ampliación de la requisitoria fiscal”, soli-citado por la defensa de Antonio Orlando Vargas, ex director del Servicio Peniten-ciario de Jujuy en los primeros meses de la dictadura militar.La Fiscalía y las querellas habían solicita-do la ampliación de la requisitoria fiscal en las causas “Luis Aredez” y “Avelino Bazán” en las que Vargas está imputado como “partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad cali-ficada”, solicitando que se amplíe a “tor-mentos” contra detenidos políticos.La ampliación fue pedida a raíz de las declaraciones de testigos víctimas, los que dijeron que habían sido sometidos a tormentos con aislamientos en celdas de castigo por 40 días, de haberlos hecho comer en el mismo lugar donde defeca-ban en una lata, entre otros cargos.En esta audiencia también prestaron de-claración siete testigos propuestos por el Ministerio Público Fiscal.

“No se meta y no pregunte nada”La primera en declarar ante el TOF fue Aida Luz de Bejarano, asistente social quien reconoció al represor José Eduar-do Bulgheroni, como quien le otorgó un permiso para la madre de Dante Robin-son Torres, vendedor de libros, quien es-taba detenido en el penal de Gorriti de Jujuy, lo pudiera visitar.La testigo dijo que ella fue sola al RIM 20, sede de la Jefatura del Área 323, porque la portera del Hospital Neurosiquiátrico, tía de Dante Robinson, se lo había pedi-do y en una segunda oportunidad que quiso hacerlo, Bulgheroni le dijo que “no se meta en esto y no preguntara nada”.Relató que Rosa, la madre del desapare-cido “enloqueció”, un hermano “desertó del servicio militar y se fue a Bolivia” y el padre “murió de un infarto”.

Declaró también que el propio Bulghe-roni le dijo que Dante Robinson estaba en la cárcel y posteriormente supo que la madre lo había visitado y “estaba triste”.La desaparición de Dante Robinson To-rres forma parte del expediente Aragón, Reynaldo y otros que son Patricio Vidal Lazarte y Narciso Santiesteban.

Policías “sin memoria”El segundo testimonio fue del oficial de policía Ciro Lucas Goyechea, quien ad-mitió la existencia de un “área restringi-da” en la sede de la Jefatura de Policía, a la que accedían los represores Braga y Bulgheroni, cuando era jefe de la fuerza el mayor Donato Arenas.Agregó que el comisario Ernesto Jaig, en-lace de la fuerza con el Ejército y Gendar-mería, manejaba el área restringida por la que los militares se movían con “total libertad”.El testimonio que siguió fue el de Eleute-rio Jerez, oficial retirado de la Policía de la Provincia.Ante el interrogatorio del Fiscal Francisco Snopek , el testigo relato que su función era en el Comando Radio eléctrico, era operador en particular entre 1976/77.Recordó “haber escuchado el nombre Bulgheroni, circunstancialmente en el trabajo”.En el plano del edificio de la Policía de la Provincia reconoció oficinas, su lugar de trabajo. Dijo que “entraba personal mili-tar por calle Belgrano”.Señalo que Operaciones policiales com-prendía el comando Radioeléctrico y el comando Radio Patrulla.El cuarto testigo fue Francisco Peñalva, se desempeñaba en el Servicio de la Policia de la Provincia, había ingresado en 1964; pero en 1976/77 formaba parte del cuer-po de Radio Patrulla y en el Comando Ra-dio Eléctrico, y en meses fue custodio del Gobernador Urdapilleta, donde trabajaba 24 horas.Relato que pertenecía al móvil de cus-todia del gobernador y que tomaba el servicio y estacionaba detrás de Casa de Gobierno.Este testigo también se ubico ante el pla-no de la policía y señalo oficinas , opera-dores, donde entregaban los vales para el combustible. También dio que “no había detenidos”.Su superior era el comisario Ernesto Jaig, que en alguna oportunidad lo vio con militares.El fiscal ad hoc Pablo Pelazzo, lo interro-gó sobre la tare de custodio del gober-nador Urdapilleta, el testigo dijo que fue muy poco tiempo, porque pidió traslado porque la casa del gobernador era en La Ciénaga. “No recuerdo el tiempo pero después me salió un traslado a una sec-cional”.Relato que había una custodia perma-nente de 11 personas y 5 garitas a la vuelta y había un encargado de guardia. Ante otras consultas no pudo aportar da-

tos.Carlos Martín Tolaba, entre 1976/77 pres-taba funciones en la Policia de la Provin-cia en el Comando Radioeléctrico, era operador.Reconoció como su superior al comisario Ernesto Jaig. En cuanto a su tarea dijo que atendía teléfonos, patrulleros intervenían en accidentes, llamar ambulancias.Desconoció el traslado de detenidos. En el plano ubico oficinas, reconoció el “Area Restringida” y dijo “no nos dejaban pasar era una sala de operaciones.

El área 323 era oficina de los militares El penúltimo testigo de la jornada fue Hugo Alfredo Romero quien aporto más datos o hizo más esfuerzo para recordar hechos que ocurrieron hace 36 años.En el 76 era egresado como oficial y se incorporo al comando Radioeléctrico, cuando se produjo el Golpe de Estado.Al tiempo fue custodio del Gobernador Urdapilleta, y los relevo dijo que se reali-zaban fuera del edificio policial.En cuanto a la Zona Restringida, en la Central de Policía, al fondo a la derecha, el testigo recordó que habían dormito-rios. “Los detenidos no nos tenían que importar. El área 323, era una oficina de los militares y me mandaron de escri-biente”, relato.Trabajaba con el teniente Bulgheroni en el 77 en mayo “me pasan al Ejército de-pendía operativamente para los milita-res”.Relato que el coronel Bulacio tenia otra oficina. Y recordó que a Braga lo conocía antes que lo destinen al RIM 20, “él esta-ba en la oficina del área 323”. “Le entre-gue correspondencia de la policía, lo vi físicamente”También destacó que Vargas trabajaba con Bulgheroni; y recordó que Vargas le pidió escribir sobre el lanzamiento del Programa Evita.Sobre familiares que buscaban el parade-ro de sus detenidos desaparecidos, dijo que Bulgheroni confirmaba o firmaba la autorización en el RIM 20. “Tenia formu-larios de visita”.Relato que en Area restringida en la Po-licía Central tomaban declaraciones los oficiales designados. Recordó que “cuan-do ingreso al baño en ese sector escucho la máquina de escribir”. Además el tes-tigo trabajo como escribiente con Ortíz. En otra parte de su relato y consultas de querellantes recordó que a Jaig lo vio en el RIM 20.El último testigo de la jornada fue Angel Silvera, trabajaba como administrativo en 1976 en la Policía de la Provincia, en la División de coordinación y enlace dentro de las oficinas del Comando Radioléctri-co. “No reconoció el área 323 solo dijo que habían oficiales especiales que tra-bajaban de civiles”.

Producción: Mariana Mamaní

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Braga continuará en la Unidad Federal Nº8El TOF revocó la prisión domiciliaria

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La Comisión Especial de Derechos Huma-nos de la Legislatura de Jujuy se constituyó el pasado martes 13 de noviembre en el Concejo Deliberante de Libertador General San Martín, cabecera de una región emble-mática del terrorismo de estado, donde el impacto de los delitos cometidos duran-te la dictadura, es altamente significativo atendiendo su densidad poblacional. En ese marco la Comisión constituida por legisladores/as y miembros de organismos de derechos humanos, dio a conocer la la-bor de la Comisión y se refirió a la impor-tancia de que los cuerpos parlamentarios revaliden su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, en un contexto de avance de los procesos judiciales en Ju-juy referidos a delitos de lesa humanidad. También entonces la Comisión abordó la necesidad de acompañar el trabajo que efectúan sobrevivientes, ex presos y fami-liares de víctimas en dichos procesos y la necesidad de que los parlamentos trabajen para evitar situaciones de revictimización o estigmatización, así como situaciones de fractura social o enfrentamiento en la co-munidad.La reunión había sido solicitada por or-ganizaciones de derechos humanos que trabajan en Libertador General San Martín, las que observaron con preocupación un pronunciamiento del Concejo Deliberan-te, donde expresaron su preocupación por una ordenanza del Concejo Deliberante de Ituzaingó (Buenos Aires) y proyectos simi-lares en el Congreso de la Nación, por los cuales se promueve un boicot a productos de Ledesma. Los concejales interpretaron que esas acciones podían comprometer las fuentes de trabajo que genera el ingenio Ledesma. En tal sentido, la Comisión explicó que los avances de los juicios por delitos de lesa humanidad donde se encuentran involu-crados el Presidente del Directorio de la empresa Ledesma Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos, recientemente procesado en dos causas, no constituyen una ame-naza para Ledesma, en el sentido que no compromete ni su futuro productivo ni sus fuentes de trabajo. La persecución penal no está dirigida a la empresa, sino puntual-mente al propio Blaquier y a Lemos.Como consecuencia del encuentro, los concejales se comprometieron a crear una Comisión de Derechos Humanos similar a la que funciona en la Legislatura de Jujuy y aprobar un proyecto expresando su apoyo a los juicios por delitos de lesa humanidad. Además también los concejales advirtieron la necesidad de actuar como institución de mediación para evitar enfrentamientos y conflictos que pudieran significar a los sobrevivientes y víctimas una reedición de traumas o estigmatizaciones. El encuentro fue calificado por los presen-tes como un hito histórico y se aguarda

que signifique un avance hacia el compro-miso con la justicia como reaseguro demo-crático.Estuvieron presentes concejales de las dis-tintas fuerzas políticas que conforman ese Concejo Deliberante, entre ellos su Presi-dente, Juan Carlos Motta, los ediles Enrique Daolia, Marcela Zamar (FPV), Roque Rodrí-guez Ricardo Centeno (La Nva.Ciudad), Juan Baigorria (FPJ) y Oscar Jayat (UCR).En representación de la Comisión de DDHH participaron del encuentro su Pre-sidente Jorge David Casas, el Vicepresi-dente Pablo Baca, los legisladores Miguel Tito, Vicente Condorí, María Elina Domín-guez y Cristina Romano, los dirigentes de DDHH Inés Peña y Oscar Alfaro (Madres y Familiares de Detenidos Desaparcidos de Jujuy), Eva Arroyo (HIJOS Regional Jujuy), Guilermina y Virginia Díaz (Madres y Fami-liares de Detenidos Desaparecidos de Ca-lilegua). También estuvieron presentes la histórica dirigente Rita Eulogia Cordero de Garnica de Libertador, Hilda Figueroa Aso-ciación de Víctimas del Terrorismo de esta-do de Ledesma), Adriana Aredez (Madres y Familiares del Departamento Ledesma), Pablo Galeán (Familiares de ex detenidos desaparecidos de Tumbaya), Rubén Cari y Roberto Troncoso (ex presos de Mina El Aguilar), Mercedes Salazar (ex Presos de San Pedro), Mirta Mamaní (Familiares de ex detenidos desaparecidos de Purmamarca). También estuvieron presentes Alicia Carra-zana (Familiares de Libertador), Miguel Fa-rías y René Rodríguez (ex presos de Liber-tador), Angela Córdoba y Bettina Córdoba (familiares de Libertador), Julio Valdiviezo y Martina Montoya (CAPOMA) Nora Ferreira (Red por el Derecho a la Identidad) y Mar-tín Patiño (abogado de la causa Aredez).Al abrir el encuentro el titular de la Comi-sión de DDHH, el diputado Jorge Casas se refirió a los objetivos de la Comisión creada por Ley y de la cual forman parte legisladores y organismos de derechos hu-manos y explicó los objetivos de la reunión que fue peticionada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Estado Regional Ledesma.El presidente del CD de Libertador,Juan Carlos Motta, en primer término agrade-ció la presencia a la Comisión de DDHH de la Legislatura de Jujuy y expresó su deseo de que los juicios que se sustancian en el fuero federal avancen y se condene a los responsables, “sean quienes sean”. Motta abogó porque no se produzcan interferen-cias en la justicia y destacó la política de derechos humanos del ex Pte. Kirhcner.Hilda Figueroa (Víctimas del terrorismo de estado de Libertador) por su parte reseñó el trabajo de las organizaciones en estos 36 años de larga espera para obtener sa-tisfacción a la demanda de justicia. Puso de relieve la minuciosa labor de recolección de pruebas realizada por los organismos y

la decisión del Juez subrogante Fernando Poviña que agilizó las causas y desarrolla como juez de instrucción una titánica labor para instruir las acumulaciones que serán motivo de los próximos juicios orales y pú-blicos.Figueroa destacó el rol cumplido por los sobrevivientes y familiares que han sido testigos de los crímenes cometidos duran-te el terrorismo de estado y en esa línea solicitó que el CD no contribuya a la es-tigmatización que se ha producido de esas víctimas en Libertador General San Martín, a raíz de la falaz interpretación de que los juicios podrían amenazar a la empresa Le-desma que contribuyó a generar tensiones y enfrentamientos.“Injustamente se ha vuelto a estigmatizar a los protagonistas de una tragedia” obser-vó Hilda Figueroa y solicitó al Concejo que intermedie para reducir esas tensiones y reestablecer una convivencia armónica en la ciudad.El Presidente del CD, reconoció que la or-denanza por la cual ese cuerpo solicitó una actitud “prudente” a legisladores respecto de pronunciamientos vinculados a la em-presa Ledesma, no fue clara y abonó una confusión. Motta explicó que la intención del cuerpo fue defender los puestos de trabajo pero aclaró, no apuntó a promover la impunidad. “Apoyamos los juicios y el que tenga que ir preso que vaya” insistió. Refirió que el pronunciamiento del CD de Libertador fue efectuado por petición de ciudadanos de esa localidad. Por su parte Juan Baigorria, coincidió con

La Comision de DDHH de la Legislatura en el Concejo Deliberante de LibertadorUn encuentro histórico para producir avances en materia de memoria, en una zona emblemática del terrorismo de Estado


su antecesor y además precisó que otro de los argumentos que fundó la decisión del CD fue la interpretación de que el parla-mento de Ituzaingó con la ordenanza que promueve el boicot a productos de Ledes-ma, podría estar cometiendo un “prejuz-gamiento”. No obstante, indicó que no ha existido una voluntad de obstruir los pro-cesos judiciales y en cambio señaló que los responsables deben ser condenados por la justicia.La dirigente de HIJOS Eva Arroyo, a su tiempo recordó que si hasta ahora no hubo justicia fue porque hubo “un estado cómplice” y expresó la preocupación de los organismos por la polarización que se ha producido en Libertador entre familiares y ex presos, víctimas del terrorismo de esta-do y un sector de la comunidad que en-tiende que el avance judicial puede afectar el futuro de la empresa Ledesma. Arroyo consideró que el rol de una institución de la democracia es mediar frente a estas si-tuaciones, garantizar la integridad física y emocional de los sobrevivientes y familia-res y acompañar los procesos de memoria, verdad y justicia. Un sobreviviente de Ledesma, René Rodrí-guez, reclamó al cuerpo la falta de acom-pañamiento institucional a las acciones que expresaron la demanda por memoria, ver-dad y justicia. “Nos hemos sentido solos” arguyó y explicó “no estamos en contra de la empresa Ledesma, sino de Blaquier”.Inés Peña (Madres y Familiares de Jujuy re-cordó que Libertador General San Martín y Calilegua constituyeron el epicentro de los

operativos que dejaron mayor cantidad de víctima, en relación con los hechos ocurri-dos en otros lugares de Jujuy. “Acá la dicta-dura hizo los mayores estragos, se ensañó con obreros, estudiantes, jóvenes universi-tarios y profesionales” dijo y señaló la im-portancia que tiene la región en el mapa de delitos cometidos durante la dictadura. La dirigente después de referir la política de dhh del ex Pte Kirchner y observar la falta de correlato de esa decisión en la jurisdic-ción provincial, solicitó que se constituya en ese parlamento una Comisión de DDHH y que el CD adopte una actitud más proac-tiva para conocer como se desarrollan los juicios. “No queremos justicia, ni venganza por mano propia, queremos que se tome el tema con responsabilidad”, dijo y recor-dó que en Jujuy fueron 127 las víctimas de desaparición forzada durante el terrorismo de estado, más de 400 personas detenidas y posteriormente liberadas y hubieron 13 centros clandestinos de detención. Ade-más resaltó las complicidades civiles y em-presariales que registró la dictadura.El diputado Tito después de referir también a los avances producidos por el ex Pte. Kir-chner en materia de derechos humanos, expresó que existe una necesidad de que los dueños de la empresa Ledesma “abran las puertas” y colaboren con la investiga-ción.Julio Valdivieso (CAPOMA) señaló que además de las ordenanzas, los concejales deben tener cuidado en sus expresiones públicas y opinó que las manifestaciones mediáticas de algunos ediles reveló un cla-ro posicionamiento que abobó la fractura entre víctimas y el sector de la comunidad que cree que puede afectarse a la empresa Ledesma. “Defender la imagen de una em-presa privada no es función de un Concejo Deliberante” estimó Valdiviezo.Por su parte el ex preso de Mina El Aguilar, víctima en la causa Bazán, Avelino y otros, señaló el paralelismo que observa Liber-tador con Mina El Aguilar, donde también una empresa como la compañía minera colaboró activamente con la dictadura, in-volucrándose en la logística y aún más en el señalamiento de las víctimas, como se ha conocido en el actual juicio oral y público. “Hemos sido maltratados por la compañía El Aguilar, de la misma manera que lo han sido los compañeros de esta zona por la empresa Ledesma” definió Cari y explicó que esta ha sido la respuesta a las reivindi-caciones obreras que llevaron adelante los trabajadores. Recordó que a los trabajado-res mineros de El Aguilar sufrieron cárcel y torturas y sus familias fueron expulsadas de sus casas, “a algunas les dieron 24 o 48 horas para irse de la Mina, las echaron como a esclavos aunque algunas no te-nían ni a donde ir y las dejaron tiradas en la calle” recordó. Cari además dio lectura a una carta remitida por la sobrina de Bazan,

DINA Cardozo en solidaridad con los so-brevivientes de Libertador.Adriana Aridez comenzó su intervención rindiendo homenaje a los desaparecidos entre los cuales se encuentra su padre Luis Aredez, ex intendente de Libertador Gene-ral San Martín. “No se trata de odio sino de toma de conciencia” para explicar su pos-tura en relación con Blaquier, aunque fue más allá y consideró que “Ledesma tendrá que responder por tres genocidios: el pri-mero contra los pueblos originarios, el se-gundo durante la dictadura y el tercero por los delitos ambientales” sintetizó. Aredez instó a los concejales a “comprometerse con la justicia” y los invitó a presenciar las audiencias orales y públicas del primer jui-cio, para que conozcan de primera fuente como se han sucedido los hechos durante la dictadura y para que “no se repitan nun-ca más”.El Vicepresidente de la Comisión de DDHH Pablo Baca se refirió a la necesidad de ha-cer de los derechos humanos la base para el fortalecimiento democrático y consideró que “debe haber un compromiso explícito con la justicia y con los derechos huma-nos”. Observó que la lucha de la justicia comenzó antes de la dictadura, con las pri-meras desapariciones ocurridas en los años 74 y 75. En ese contexto, puso de relieve el rol protagónico que tuvieron los orga-nismos en el proceso de justicia, señaló que en esa búsqueda hubieron avances y retrocesos y destacó el rol cumplido por la Legislatura con la conformación en 1984 de una comisión investigadora que recep-tó denuncias de familiares. Esa Comisión posteriormente giró las actuaciones a di-ferentes juzgados para que se tramiten los procesos que quedaron pendientes y hoy fueron reactivados. También señaló la im-portancia de los juicios por la verdad que en el año 2001 abrieron nuevas esperanzas para los organismos y constituyeron la an-tesala de la justicia.Baca consideró que una institución de la democracia “no puede mantener indife-rente, ni objetiva frente a las violaciones a los derechos humanos” y observó que las expresiones vertidas en la reunión fueron esclarecedoras en el sentido de que “el re-clamo de justicia no implica poner en ries-go las fuentes de trabajo”.Precisó el legislador que la persecución penal “no es hacia las empresas sino hacia personas” y convocó al cuerpo a expresar-se respecto de la necesidad de que haya justicia, se esclarezcan los hechos y se cas-tigue a los culpables. Finalmente Baca alu-dió a la situación de familiares y ex presos políticos quienes con motivo del juicio oral y público han tenido que actualizar sus his-torias en lo que significa de alguna manera la reedición de un trauma. “Tienen que vol-ver a recordar esas experiencias trágicas y


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acá en un clima social que ha producido mayor revictimización” enfatizó. En esa línea, consideró que “el Concejo Delibe-rante debe mediar para proteger a esas personas”.La concejal Marcela Zamar destacó el va-lor institucional del encuentro, puso de relieve la alta carga de sensibilidad de los relatos de los sobrevivientes y marcó un punto de inflexión en la reunión cuando pidió disculpas por los efectos provoca-dos por la actuación del CD y se com-prometió a promover la creación de la Comisión de Derechos Humanos.En el mismo sentido el concejal Ricardo Centeno también se dispensó por los problemas de interpretación que gene-ran desencuentros y afirmó que el cuerpo “está a la par de la lucha por los desa-parecidos”. Estimó que la creación de la Comisión de DDHH significará un avance institucional en línea con la memoria, la verdad y la justicia. El edil Roque Rodrí-guez consideró que fue “un día histórico para Libertador” y relató que la Comisión de DDHH que creará el Deliberante será la primera del interior provincial. “Si hubo una mala interpretación les pedimos dis-culpas a las víctimas, familiares y orga-nismos de derechos humanos. Entende-mos que la justicia es dar a cada uno lo suyo de acuerdo a su conducta, por eso esperamos que haya justicia” y señaló el acompañamiento para que los culpables de los delitos cometidos en la dictadura sean llevados al banquillo de los acusa-dos.El concejal Oscar Jayat (UCR) también se dispensó. “Si algo dije mal, no fue mi in-tención, pido un millón de disculpas por-que también tengo un familiar desapare-cido” expresó y se comprometió además a impulsar un proyecto de declaración para que el cuerpo se expida pidiendo memoria, verdad y justicia.Mercedes Salazar (ex presos San Pedro) por su parte relató la importancia de la memoria para el presente y señaló la pervivencia de prácticas del terrorismo de estado. Puntualmente se refirió a las torturas y vejámenes que sufren jóvenes en la ciudad de San Pedro, a manos de efectivos policiales en una trama donde podrían estar involucradas redes del nar-cotráfico. Oscar Alfaro (sobreviviente de la Noche del Apagón) recordó que tras los he-chos de la dictadura “muchos nos fuimos obligados de acá. Volver de golpe y ver que acá donde sufrimos, el trabajo de las organizaciones está dando frutos, es histórico”. Destacó Alfaro que “desde lo institucional se está aceptando una his-toria que estaba invisibilizada” e instó a “trabajar para salir hacia el futuro”. El desafío, afirmó Alfaro, es abrir “espa-cios de construcción” y en esa línea valo-ró la iniciativa de constituir una Comisión de Derechos Humanos. “De esto no hay marcha atrás” definió para marcar el valor fundacional que tiene ese organismo en los procesos institucionales de memoria. Convocó a los ediles a transitar un cami-no “que es para adelante. No flaqueen porque van a sufrir presiones, esperamos que el recuerdo de nuestros compañeros detenidos desaparecidos sea más fuerte” cerró.

Marina Montota (CAPOMA) valoró tam-bién la decisión de formar la Comisión de DDHH y el desafío de desarrollar procesos de aprendizaje sobre derechos humanos. Habló de la necesidad de tra-bajar pos “los derechos humanos de ayer y de hoy”. Dijo también que desde su organización se aguardaba un `pronun-ciamiento del Concejo Deliberante por los hechos que sucedían en Libertador, donde a propósito del inicio del primer juicio por delitos de lesa humanidad se instaló nuevamente el miedo. “Miedo por lo que te quitan, miedo porque te iden-tifican, miedo por que te señalan, etc”. Montoya además les requirió a los con-cejales que “no permitan que se agravie a las personas que han sido víctimas, que se encuentran en una situación de vul-nerabilidad, inclusive para defenderse” y abogó porque “a partir de ahora poda-mos trabajar en conjunto”.Guillermina Díaz (Familiares de Calilegua) celebró la decisión de crear la Comisión de Derechos Humanos y puso a dispo-sición del Concejo Deliberante el traba-jo que realizan en Calilegua. “Quiero en este día histórico recordar a las mujeres que han caminado antes y durante la dictadura” afirmó y destacó en particular la militancia de su madre fallecida Hilda Aramayo de Díaz que buscó incasable-mente a sus dos hijos Carlos Alberto y Guillermo Díaz, ambos detenidos desa-parecidos. También puso de relieve la mi-litancia de Rita Eulogia Cordero de Garni-ca víctima de La Noche del Apagón el 20 de julio de 1976. Rita tiene también dos hijos detenidos desaparecidos y fue una de las primeras mujeres que comenzó a enfrentar a la dictadura. “Ellas lo hicieron en absoluta soledad”, recordó Díaz aun-que destacó la inmensa solidaridad de Susana Pagliaro de Patrignani, esposa del asesor del sindicato, Carlos Patrigna-ni, también detenido desaparecido y de Crescencio Vargas. Que fue también víc-

tima después de la dictadura.También Guillermina Díaz calificó al en-cuentro como histórico y recordó el tra-bajo de la Comisión Investigadora de la Legislatura que en 1984 tomó declara-ciones.La diputada María Elina Domínguez, a su turno, destacó “el marco de acercamien-to” que generó el encuentro y reseñó avances en materia de derechos humanos como la incorporación de los ddhh en la currícula de la Escuela de Policía. Tam-bién coincidió en que “es importante el acompañamiento de todos para que las víctimas no sean revictimizadas” y convo-có al diálogo. Agradeció a los concejales de Libertador por su presencia y valoró la articulación lograda entre ese cuerpo y la Comisión de DDHH de la Legislatu-ra. “Hay que acompañar a las víctimas, modificar estructuras y contenidos para tener una democracia más fuerte y ple-na” y revindicó la “memoria, la verdad y la justicia” como reaseguro para la cons-trucción de una sociedad democrática.Al término del encuentro el Presidente del CD de Libertador, Juan Carlos Motta, expreso su agradecimiento por “este diá-logo” que consideró nutrió el proceso y que fue el resultado de la práctica de-mocrática de la deliberación. Calificó a la reunión y los acuerdos alcanzados como “un hito” y ratificó el acompañamiento de todo el cuerpo a los juicios por los delitos de lesa humanidad y el compromiso con la verdad y la justicia.

Producción: María Inés Zigarán



En la audiencia del viernes 16 de noviem-bre, el Tribunal Oral Federal tomó de-claración a tres testigos, dos de ellos ex policías que prestaron servicios durante la dictadura y el tercero, un asesor de la Comisión Investigadora que constituyó la Legislatura de Jujuy en el retorno de-mocrático y que funcionó desde enero de 1984 hasta 1985. La Comisión tuvo un importante rol ya que efectuó el primer esfuerzo de sistematización de los deli-tos cometidos durante el terrorismo de estado en Jujuy. Los testigos de las fuerzas de seguridad no aportaron datos relevantes, como vie-ne ocurriendo con sus pares que com-parecieron en audiencias anteriores. La nota de la jornada estuvo dada por el testimonio del asesor de la Investigado-ra, Javier de Bedia quien se refirió a la aparición del Cabo Raúl Vilariño, quien se presentó ante la Comisión para brindar información en extrañas circunstancias. Algunos aportes de Vilariño permitieron identificar luego lugares de detención y documentación, aunque por lo que se in-fiere de los dichos del testigo, su partici-pación generó un marco de dudas sobre sus intenciones y sobre la veracidad de los datos que proveía. Cabe recordar que Vilariño, apenas reini-ciada la democracia, efectuó en la Revista La Semana explosivas declaraciones don-de dio detalles de las atrocidades come-tidas en la ESMA.

Testigos sin recuerdosLa Audiencia Nº 30 se inició con el tes-timonio de Neire Bruno Goyechea quien durante la época de la dictadura cumplió servicios en la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia.Al ser interrogado por el Fiscal Francisco Snopek, Goyechea indicó que cumplía tareas que articulaban con jueces, vin-culadas a delitos comunes como robos, hurtos, estafas y defraudaciones, El Fiscal le consultó si había recibido en la Brigada a personas que preguntaban por otras desaparecidas, señaló que no porque ante esa eventualidad debían di-rigirse a la Jefatura de Policía. Dijo des-conocer que haya habido personas que hayan efectuado gestiones de ese tipo..El momento de mayor tensión en el tes-timonio del ex policía se produjo cuando el testigo dijo no recordar si había toma-do una denuncia a Secundino Alvarez, padre de la docente detenida desapare-cida Dominga Alvarez de Scurta. En este contexto el Fiscal Snopek le recordó las declaraciones que el testigo había brin-dado en la justicia federal en marzo de 2011, donde habría reconocido su firma en una denuncia radicada por Secundino Alvarez. Ante esto Goyechea digo recor-dar “algo”, pero no pudo precisar qué, La defensa de Bulgheroni, el abogado

Carlos Rodríguez Vega, objetó la pregun-ta del fiscal atendiendo que el caso de Scurta, observó, no pertenece a las acu-mulaciones que se tramitan en el juicio, observación que fue desestimada por el Tribunal. En este contexto tras la lectura que le efectuara el Fiscal de declaraciones efec-tuadas en el 2011, el testigo insistió en que no recordaba que había dicho lo que se le leyó, por lo cual el Fiscal requirió que ante la contradicción expresada, ac-túe conforme lo dispone el Código Penal.Por su parte el Fiscal ad hoc Pablo Pelaz-zo interrogó al testigo respecto del Area 323, sobre la presencia de detenidos y la existencia de una zona restringida en la central de Policía. El testigo dijo no tener conocimiento de ello y sólo recordó el nombre de Scurta al ser requerido sobre persona detenidas. Tampoco aportó da-tos respecto de la presencia del Ejército. Además el Fiscal ad hoc preguntó al tes-tigo si tuvo alguna relación con la aplica-ción de la Ley 2840 y si había participado en la detención de algún subversivo. “No nunca” concluyó.También el testigo fue interrogado por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sin aportar dato alguno. Al término de la declaración el Fiscal Snopek insistió al Tribunal que ac-túe en consecuencia, atendiendo la con-tradicción que inicialmente había señala-do en la declaración del testigo, solicitud que fue desestimada por los jueces.El segundo testigo fue Hugo César Villa-fañe quien durante los años 76 y 77 tra-bajó en el Departamento de Operaciones Policiales. Durante su relato, Villafañe indicó que sus tareas estaban vincula-das a la organización de operativo para eventos como fiestas religiosas o la lle-gada a la provincia de autoridades. Al ser consultado por el Fiscal Snopek sobre si coordinaba detenciones y si recordaba operativos importantes en julio o agosto de 1976, dijo que no. Villafañe identificó en un plano de la Po-licía dispuesto en la sala de audiencia, y por pedido del Fiscal, el lugar donde prestaba servicios y los sanitarios que utilizaba que estaban ubicados al fren-te de la Alcaidía, que estaba dentro de la zona restringida. Sin embargo dijo no haber visto detenidos. Al ser interrogado respecto de sus superiores mencionó a Donato Arenas, Basilio Flores y al Comi-sario Ernesto Jaig, Además también dijo haber visto militares en la policía, pero no pudo identificarlos y señaló no saber a qué iban. El Fiscal finalmente le preguntó si recordaba los nombres de Braga, Bulg-heroni o Vargas, el testigo respondió que no.

Vilariño en la investigadora El último testigo de la jornada fue Javier

De Bedia quien se desempeñó como asesor en la Comisión Investigadora que funcionó en la Legislatura desde enero de 1984. El testigo fue consultado por el Fiscal ad hoc respecto de los nombres de las personas que fueron mencionadas en los expedientes que tramitó la Comisión por haber participado en la detención de personas desaparecidas. El testigo señaló que se mencionaron a efectivos de la Po-licía de la Provincia, del servicio peniten-ciario, militares, aunque pudo recordar pocos nombres. Entre ellos mencionó a Ernesto Jaig de la Policía, al Capitán Jones Tamayo del Ejército; a Ortiz del Servicio Penitenciario; y a Braga a quien relacionó con dos casos, el de Julio Rolando Alvarez García y el de Dominga Alvarez Scurta. Al ser consultado sobre Bulgheroni dijo “no recuerdo mucho por el paso del tiempo pero si se lo nombraba”.También De Bedia recordó la intervención en la Comisión del Cabo Vilarino, quien había pertenecido a la Armada Argentina y brindó información a la Comisión y dio otros nombres.De Vedia –ante requerimientos del Fiscal ad hoc Pablo Pelazzo- precisó que tanto las actuaciones como la documentación recolectada por la Comisión fueron remi-tidas al Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Aguiar. Precisó que la documen-tación fue secuestrada de oficinas del Servicio de Inteligencia del Ejército ubi-cado en esta Capital, en Villa Lastenia, de un domiclio ubicado en Avda. Almirante Brown de alguien que pertenecía a los servicios y que fue señalado por Vilariño y de la Policía, donde se hallaron ficheros con datos de personas. El testigo al ser consultado sobre si conocía si se habían efectuado copias de esa información, precisó que tal vez de las actuaciones, no así de la documentación que se acompa-ñó.De Bedia precisó que la Comisión no elaboró un informe final y señaló que a medida que iban concluyendo las actua-ciones de cada caso, se las enviaba al juz-gado de instrucción.Ante consultas del Fiscal Francisco Sno-pek, el ex asesor de la Comisión Inves-tigadora precisó que el Cabo Vilarino se presentó en la Comisión, recién llegado de Salta desde donde había venido ca-minandoTambién De Bedia dijo haber efectuado algunas inspecciones oculares en un sitio ubicado al frente de la Posta de Hornillos donde había vestigios de un campamen-to que había sido indicado pro Vilariño. También recorrió las hosterías de Guerre-ro que funcionaron como centro clandes-tino de detención y que en ese momento se encontraban vacías, sin mobiliario al-guno.Respecto del Cabo Vilariño, el testigo

Un miembro de la Comisión Investigadora dela Legislatura de 1984 brindó detalles dela labor realizada y los datos obtenidos

30 ªjornada



dijo que “no se sabía cuándo decía la ver-dad y cuándo mentía” y recordó que co-mentó que Alvarez García habría estado en Tucumán, mencionó a Turk y a Alcira Fidalgo, de quien dijo que se encontraba fuera del país.Al ser interrogado por la defensa de Bra-ga, el abogado Ricardo Vitellini sobre qué dato de la investigación de Alvarez García recordaba, afirmó que Braga había ido a detenerlo”, y agregó que no recoda-ba más datos de las declaraciones, salvo que alguien –que después señaló como un hermano de Julio Alvarez García- dijo que lo habrían visto en Tucumán, auque no pudo precisar si fue durante su primer detención o después de su segundo se-cuestro.El Cabo Vilariño que se presentó espon-táneamente en la Comisión Investigado-ra, “no fue citado” afirmó el testigo y dijo que fue dudosa la forma en que se pre-sentó. “Había llegado caminando de Sal-ta, tenía hambre y sed, Y no tenía docu-mentos. Nunca tuvimos la certeza que se trataba de Vilariño. No mostró documen-tación porque la había perdido” afirmó.Al ser consultado por el abogado quere-llante Ariel Ruarte respecto de si Vilariño parecía una persona que estaba en sus cabales, De Bedia respondió que parecía normal, aunque insistió en que “no he-mos sabido si decía verdad o mentira o si quería llevar hacia algún lado la investi-gación que hacía la Comisión”.

Reprogramaron audiencias y la defensa Bulgheroni insiste con la domiciliaria Al término de las declaraciones de los testigos, el abogado defensor de Maria-no Rafael Braga, Ricardo Vitellini ejerció su derecho de defensa, en el marco del pedido de sanción que impulsaran el Ministerio Público Fiscal y las querellas. Vitellini consideró improcedente el pedi-do de sanción, fundamentó su posición y finalmente propuso al Tribunal que “cuando se tenga que resolver cuestiones como esta que sea con costas”. La situa-ción de Vitellini será resuelva por el cuer-po en próximas audiencias.El Tribunal anunció una reprogramación de audiencias para el mes de diciembre, de tal manera habrá audiencia el día 12 de diciembre, a partir de las 15 horas; el 13 sólo a la mañana; el 19 y 20 de di-ciembre todo el día y el 27 de diciembre también todo el día. De necesitar más au-diencias para concluir con las declaracio-nes de testigos, se habilitaría la feria judi-cial a partir del día 21 de enero de 2013.Sobre final de la audiencia el abogado defensor de Eduardo Bulgheroni, Carlos Rodríguez Vega, dio a conocer los últi-mos informes médicos sobre la salud de su defendido y requirió al Tribunal que dado el estado de Bulgheroni a quien se le habrían profundizado las afecciones psiquiátricas, se autorice la realización de interconsultas, se disponga la internación psiquiátrica de su defendido y posterior-mente se le conceda prisión domiciliaria o se lo restituya al estado anterior, cuan-do estaba detenido en la Unidad Penal 7 de Chaco. El pedido será resuelto por el Tribunal, una vez que tome conocimiento de los informes citados.

Producción: María Inés Zigarán José Eduardo Bulgheroni llegando al TOF escoltado por la policía federal.

Mariano Rafael Braga. Desde que le revocaron la prisión domiciliaria está detenido en la Unidad Penal Nº 8


El 6 de noviembre de 1973 daba inicio, tal como secretamente habían decidido el día anterior, una de las protestas obre-ras más icónicas y sin embargo, o qui-zás por ello, más ocultas por el poder. El aguilarazo tronó por los cielos de la puna jujeña embistiendo al tranquilo pueblo del Aguilar con la rabia de una tormenta de arena. Posteriormente, el mismo día que inició la última dictadura, sus artífi-ces fueron apresados y sus familias des-terradas, así como se intentó luego des-terrar de la conciencia colectiva la misma existencia de este hito de la lucha obrera jujeña.El martes 6 de noviembre, en un marco de camaradería y profundo respeto se realizó en la sede de la ATD (Asamblea de Trabajadores Desocupados) una nue-va conmemoración del aguilarazo, con el aditamento de constituir el primer ho-menaje a Adrián Sánchez, obrero minero asesinado durante el histórico levanta-miento.Magda Sánchez y Nilda Sánchez (hijas de Adrián Sánchez), Efrén Guzmán, Mariano Rodríguez, Venancio Cárdenas, Roberto Troncoso, Ernestina Caiguara, Angel Rozo y Rubén Cari, algunos de los y las artífices de aquella gesta obrera jujeña disertaron sobre las condiciones de vida y trabajo de los obreros del Aguilar que detonaron las protestas y sobre la virulencia de la reacción patronal cuando el golpe de Es-tado, a la vez que demostraron lo incólu-me de su espíritu combativo con su firme presencia y en sus valiosos consejos a la juventud que se congregó para homena-jearlos y aprender de sus experiencias.

Los orígenes de la gesta del AguilarazoEfrén Guzmán y Rubén Cari realizaron un pormenorizado relato sobre las condicio-nes de vida y trabajo que dieron origen a la protesta y sobre cómo se desarrolló la huelga activa tanto en el pueblo (el moli-no) como en la veta-mina. Guzmán situó el detonante del aguilarazo en la “nega-tiva e intransigencia de la empresa de dar respuesta a los pedidos del sindicato por aumento salarial, construcción de ca-sas, la contratación de un médico y una partera para la veta mina fue lo que em-pujó a los trabajadores hacia la huelga”. De las condiciones de vivienda comentó Cari que “las casas eran tan escasas que se dividía una casa para dos familias. A veces eran tan magras las viviendas que una vivienda se separaba con un tabique de madera”, lo que impedía la intimidad familiar y que “en cada corrida (serie de casas agrupadas a la manera de barracas) había un baño al final, y los chicos no podían de noche salir en tremendo frío y viento dar la vuelta a toda la corrida para poder llegar al baño”. Sobre las condiciones de trabajo men-

cionó que “no había seguridad, el minero que se accidentaba, se accidentaba y salía muerto”, “el minero que salía del interior mina, tenía una enfermedad profesional que era incurable, la silicosis”.Tras las infructuosas negociaciones con la minera, destacaron la soberbia patronal que espetó “quieren hacer una huelga háganla porque nosotros no les tenemos miedo, era una provocación a la clase tra-bajadora”.Guzmán profundizó en el momento de la huelga, iniciada con el abandono de los puestos de trabajo y seguida de un corte de luz dado por el apagado de la usina una vez salidos todos los trabajadores de la mina y del molino. Mencionó la bron-ca, de a ratos indomable, de los mineros, que destrozaron “el comedor de primera donde comían los jefes” (uno de los sím-bolos del apartheid que reinaba en el po-blado y que también se manifestaba en las casas separadas, tanto en geografía

como en calidad, en los clubes y hasta en aspectos raciales) de cómo al ocultarse los jefes fueron, casa por casa, buscando al jefe de personal, a quien encontraron oculto en la sala de maternidad y que lle-varon caminando hasta la mina para que observara las condiciones de trabajo del obrero y discutir las reivindicaciones pos-tergadas.

El recuerdo del compañero caídoProsiguió Efrén Guzmán comentando el momento en que los gendarmes, que contaban con un destacamento dentro de los predios de la empresa, intercep-taron a los mineros llegando a las casas de los gerentes y cómo un alférez dispa-ró a 7 mineros, hiriendo mortalmente a Adrián Sánchez para luego huír dejando a los otros uniformados, que también se retiraron. Contó cómo sus compañeros llevaron al herido al hospital y la impa-

Emotivo homenaje al Aguilarazo y a Adrián Sánchez, minero caído durante la represión

Adrián Sánchez.



ciente búsqueda de nuevos tarros de gas, que habían sido vaciados, para volver a prender la usina para así poder operarlo, mientras la desesperada noticia recorría el poblado hasta llegar a sus familiares “el compañero Adrián Sánchez fue ope-rado y al otro día, mientras era traslada-do a Jujuy murió en el camino”.Cari agregó que “las luchas traen apare-jadas cosas que no quisiéramos recordar, pero lo más triste es la muerte de algún compañero que porque se pliega tam-bién a esa lucha, busca su reivindicación, su dignidad”.Posteriormente las hijas de Adrián Sán-chez relataron cómo a su tierna infancia les llegó la noticia de la caída de su pa-dre, las dubitaciones de sus mayores para asegurarle que él era el herido y el terri-ble momento de la franqueza.La llegada de distintas autoridades alre-dedor de las 2 de la tarde pareció dar un respiro al conflicto, entre ellas se encon-traba Avelino Bazán, quien podría garan-tizar el acuerdo. Más tarde los militares endilgaron a Bazán ser el ideólogo del levantamiento, acusación que le costó la vida, pero los mineros niegan tal argu-mento: la decisión de la huelga fue toma-da unánimemente por los trabajadores en dos reuniones, realizadas en el molino y la veta-mina. Uno de los mineros, Ve-nancio Cárdenas, identificó claramente a los artífices de la protesta “los trabajado-res (de la mina) nunca han hecho huelga, quienes llevaron a los trabajadores a ha-cerla fueron los patrones”Tras las negociaciones y el temeroso reti-ro de todos los gerentes de la mina, que dejaron las instalaciones en manos de los obreros, Bazán indicó a los capataces las secciones que debían seguir trabajando, y así se hizo durante una semana, pero luego la compañía logró con su poder quitar el acuerdo de la órbita del Minis-terio de Trabajo provincial, y por tanto de la esfera de influencia de Avelino, para llevarlo al Ministerio de Trabajo de la Na-ción, donde impugnó el acuerdo argu-mentando que había sido firmado bajo presión.El resto de la historia es conocido, el go-bierno nacional traicionando el esfuerzo obrero y renegociando un tratado que en algunos casos disminuía sensiblemente y en otros echaba por tierra las reivindica-ciones por las que se había luchado.

Las mujeres del AguilarazoUna mención especial recibieron duran-te la jornada las mujeres, muchas veces ocultas en la historia. De ellas los mineros recordaron cómo durante la primer pro-testa, de 1965 y que incluyó una “bajada” hacia Jujuy caminando, debieron mante-nerse durante 33 días con sus hijos en la mina sin luz y sin nuevos suministros.Luego se recordó la participación acti-va de las mujeres durante el aguilarazo, donde lucharon a la par de sus esposos, e incluso participaron en la gestión sin-dical. Al respecto Mariano Rodríguez re-cordó cómo a su hermana, 3 meses luego de haber sido designada como delegada por el sector de mercado de la mina un “el alférez le dice: señora, tiene 24 hs para salir a Tres Cruces, y ya me firma la ‘re-nuncia voluntaria’, caso contrario la voy

a meter de nuevo presa”, “se dan cuenta ustedes que Gendarmería estaba a las ór-denes de la empresa, que digitaba quien iba preso y quien no”Para luego del aguilarazo, Rubén Cari dio nuevamente cuenta de la actuación clave de las mujeres: “Pero no solamente la lucha ha sido nuestra, ha sido de mu-jeres también, que nos ha seguido hasta el último rincón del país, por eso yo rei-vindico la lucha de las mujeres; porque ellas han sido las que nos han demostra-do que mientras hay vida y hay fuerza se puede luchar y seguir y nos han seguido hasta Buenos Aires, nos han encontrado y nos han dado quizás por ellas nuestra libertad”, porque “les han dicho a los militares no señores nuestros maridos se encuentran en tal parte, porque no figurábamos ni en los libros”. Rodríguez remarcó “lograron ubicarnos y gracias a ellas dejamos de ser NN”.Ernestina Caiguara, esposa de Roberto Troncoso, relató de primera mano sus ex-periencias, transformando la historia de su lucha en uno de los momentos más sentidos de la jornada: “si bien a ellos los llevaron detenidos, las que sufrimos fuimos nosotras, las esposas, los hijos, toda la familia. Han querido desintegrar-nos, pero a dios gracias no lo lograron porque en nosotros existía mucho amor y creíamos en dios”, luego, comentó los duros tiempos de la dictadura “yo tuve 3 hijos, tuvieron que abandonar el colegio. Yo trabajaba en el Aguilar y nos echaron como a los peores delincuentes, mucha gente no tenía donde ir, pero así nos sa-caron”. “Después mis hijos no pudieron seguir estudiando porque lo que yo po-día hacer no alcanzaba, mi esposo (es-taba) preso y cuando vino no conseguía trabajo”Terminó su relato con una muestra del tesón que le cabe y de la terca coherencia que aún sostiene, pues, pese a las enor-mes dificultades vitales derivadas del Aguilarazo, aquí estaba para reivindicar ese levantamiento contra la opresión y con la frente ajada pero en alto senten-ciar, que a pesar de todo “sean ciudada-

nos libres, honestos y trabajadores”.

39 años sin cejar ni doblegarseAl final de la mañana no había más que reconocimientos a la persistencia de es-tos obreros que, 39 años después, man-tienen el orgullo de la lucha e instan a no claudicar, al respecto Roberto Troncoso observó “ustedes están en el momen-to en que tienen que seguir luchando, porque el camino está abierto, ya no es aquel tiempo en el cual nosotros empe-zamos la lucha, para nosotros era más difícil. Insto a ustedes a que no dejen de luchar por su bienestar, por su familia, por los compañeros que han caído en estas luchas, porque en todas las luchas siempre tenemos la desgracia de perder nosotros a nuestros seres queridos. Uste-des tienen que estudiar, aprender y estar al pie de la lucha”.Este tipo de palabras vivificantes de “los abuelos de la lucha” se insertaban y re-corrían cada célula del cuerpo, que llegó al paroxismo con el viva y los ¡presentes! al compañero Adrián Sánchez con que se cerraba el homenaje.Un poema y un recordatorio no fueron regalos de despedida suficientes como para equiparar el enorme valor del ob-sequio recibido, la fotocopia del último arqueo de caja del gremio con que los dirigentes mineros volvieron al Aguilar hace poco, luego del largo destierro, para instar al actual sindicato que siga la lucha por las cosas que entonces, hace 39 años, quedaron pendientes.

Colectivo Radio Pueblo

Ex mineros de Mina el Aguilar durante el homenaje.



Tapa: Marcha por el Apagón, Julio de 2012.

Contratapa: -Ilustración: Carbonilla del artista Pablo Guerra. -Texto: Zamba de Pachi Alderete

Voces de La Memoria - Semanario de Los Juicios en Jujuy (13)

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