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C:\local\personal\gdeladehesa\La España Posible.doc gdeladehesa 11 Dec 2006 18:35 1/18

LA ECONOMIA ESPAÑOLA POSIBLE EN EL SIGLO XXI

Guillermo de la Dehesa

Presidente del CEPR, Centre for Economic Policy Research, londres

Decía el político británico Lord Butler que “la política es el arte de lo posible”, pero los economistas tienden a ser menos ambiciosos como J.K. Galbraith que ha dicho: “la política no es el arte de lo posible, sino que es elegir entre lo desastroso y lo insufrible”. La economía es más modesta ya que sólo intenta ser el arte de lo probable. En economía, lo deseable puede no tener nada que ver con lo posible, ni tampoco lo posible con lo probable. Sin embargo, alguna vez en la historia se da la coincidencia de que durante un determinado período, lo deseable es posible y lo posible es probable. España, por ejemplo, ha podido convertir en posible y en probable, en estos pocos años de democracia, lo que eran sólo unas aspiraciones legítimas y deseables de prosperidad de todos los españoles.

Este indudable éxito económico de la democracia se ha definido como, “el milagro español”. Término este que define claramente la afición (muy católica por otra parte) de los españoles en general a pensar que todo éxito es más una cuestión de suerte y de destino que de austeridad, de trabajo y de ahorro (como pensaba Max Weber al explicar cómo la religión protestante era más propicia que la católica para el desarrollo económico). Sin embargo, esta circunstancia única histórica tan positiva que ha vivido España puede que no vuelva a repetirse en lo que resta de siglo. Por ello, los economistas sabemos que extrapolar el pasado reciente hacia el futuro suele ser un procedimiento equivocado, lo que hace mucho más difícil hacer un pronóstico con un mínimo de fiabilidad de lo que puede acontecer a la economía española a lo largo del siglo XXI. Tampoco es correcto dar una visión de un futuro posible, basado en la ficción, que se debe de dejar a los literatos. De ahí que para hablar del futuro económico sea preferible reducir el análisis a aquello posible que pueda ser más probable y olvidarse, por razones prácticas, de lo deseable.

Los resultados económicos de la joven democracia

El enorme avance que ha experimentado la economía desde la consolidación de la democracia y la instauración de una nueva Constitución en 1978, a lo largo de los últimos 27 años (1979-2005) tan decisivos en la historia de España ha


hecho posible, no sólo culminar un proceso de normalización democrática, sino también y gracias a este, desarrollar un proceso de integración económica en la Unión Europea (UE) que ha resultado enormemente positivo para nuestra economía. El gran éxito colectivo de los españoles, en estos últimos 27 años, ha sido lograr, en un espacio de tiempo relativamente muy corto, afrontar y superar con éxito dos difíciles retos, como son el de alcanzar una normalización política y social homologable con la de otros países europeos de elevada y larga raigambre democrática y el de conseguir, al mismo tiempo, una economía estable y abierta.

Tarea esta enormemente difícil, especialmente después de experimentar previamente cuarenta años de ausencia de democracia y de libertades civiles, tras una guerra civil cruel y sangrienta y una post-guerra de autarquía económica que dejaron el país empobrecido y aislado del resto del mundo, al menos hasta el comienzo del auge económico mundial al principio de los años sesenta, del que España también se aprovechó gracias a su forzada apertura en 1960 con el Plan de Estabilización (en contra de la voluntad de Franco, que sólo cedió ante la amenaza de que España se declarara insolvente) que permitió un aumento del comercio exterior y una entrada masiva de turistas del extranjero.

No se le pueden pedir más logros políticos, sociales y económicos en tan poco tiempo a una democracia tan joven. El PIB por habitante de España (medido en paridades de poder de compra) es ya tan sólo 14 puntos porcentuales inferior que el de la media de la Unión Europea (UE) a 15 países cuando en 1978 la diferencia era de 33 puntos porcentuales y tan sólo 2 puntos porcentuales menor que el de la UE a 25 países. Esta llamada “convergencia real” ha sido posible en buena parte a dos hechos fundamentales. Por un lado, por la entrada de España en la UE en 1986 y por otro, por la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria (UEM) en 1997. La primera permitió que España se beneficiase de una mayor credibilidad internacional y que recibiese flujos masivos de inversión extranjera que dieron un fuerte empujón a la actividad económica y al empleo. La segunda, permitió que su credibilidad fuese total al desaparecer la peseta (que había sufrido cuatro devaluaciones entre 1992 y 1994) y desaparecer el riesgo de cambio, en beneficio de los inversores extranjeros y de los importadores y exportadores nacionales, y al caer la tasa de inflación y los tipos de interés de forma dramática, en beneficio de los inversores y consumidores españoles. Si ha esto se añade que España ha recibido más de 105 mil millones de euros de fondos estructurales y de cohesión, procedentes del presupuesto comunitario, desde 1986 hasta 2005, con los que ha podido mejorar sus infraestructuras físicas y de capital humano, el resultado de su integración en la UE ha sido decisivo para el éxito económico español.

Durante este período, se ha estabilizado el ciclo de crecimiento y se han reducido la inflación, los costes laborales y los tipos de interés. La apertura de la economía española ha sido mayor que la media de la UE y su comercio de bienes y servicios representa en proporción a su PIB un porcentaje mayor que el de Francia y tan elevado como el de Alemania. Las empresas españolas han invertido masivamente en la UE y en Latinoamérica tomando posiciones fundamentales en los servicios públicos de esta última región. El déficit crónico presupuestario se ha equilibrado y la


deuda pública se ha reducido considerablemente. No se puede pedir más en tan corto espacio de tiempo.

La economía española en la actualidad

La economía española se encuentra en su momento más dulce de las dos últimas décadas. La política monetaria única del Banco Central Europeo (BCE) para toda la Zona Euro (ZE) es demasiado expansiva para un país como España que lleva creciendo más de diez años al 3,3 por ciento, es decir, a su potencial y quizá demasiado restrictiva para países como Alemania, Francia e Italia que están creciendo lentamente por debajo de su potencial, en parte porque son países más maduros y más ricos. La razón de esta aparente paradoja es que no existe una política monetaria única que sirva para todos los países miembros de la ZE y que el BCE fija su política prioritariamente sobre la evolución del IPC armonizado ponderado por el peso relativo de cada economía en la ZE, y subsidiariamente por la marcha de la economía en su conjunto de la ZE, con lo que más está determinada por la evolución económica de los tres grandes países citados que representan más del 60 por ciento de la economía de la ZE que por la marcha de la economía española que sólo representa el 10 por ciento aproximadamente.

Como el BCE lleva más de dos años sin mover los tipos de intervención en el mercado monetario del 2 por ciento (aunque puede empezar a subirlos en los próximos meses) y la economía española lleva ese período con una tasa de inflación de más del 3 por ciento, los tipos reales de interés a corto plazo (descontada la inflación) son negativos, es decir, que los salarios de las personas que viven mayoritariamente de su trabajo y los dividendos y otras rentas del capital de los que viven mayoritariamente del capital crecen más rápido que el coste del capital. Como resultado lógico de esta situación, las familias aprovechan para endeudarse con el fin de invertir en una vivienda, comprar un coche, mejorar su educación y formación o consumir más y las empresas para invertir en bienes de equipo necesarios para ser competitivas o para renegociar su deuda a tipos más bajos.

Como consecuencia de todo ello, el consumo se mantiene elevado y la inversión se ha disparado lo que mantiene una tasa de crecimiento real muy cercana a la potencial. Sin embargo, por otro lado, se ha producido una burbuja de la vivienda, que se calcula en una sobre valoración real del stock de las viviendas de un 30 por ciento. El número de viviendas iniciadas es superior al de Francia e Italia juntas, existen más de dos millones de viviendas vacías, el 83 por ciento de las familias españolas ya posee vivienda propia, el nivel más elevado de toda la UE y uno de los más altos del mundo y a pesar de ello sus precios no caen. Por otro lado, la inversión total de la economía alcanza el 28 por ciento del PIB, niveles que sólo consiguen países emergentes con un nivel de desarrollo mucho más bajo que el español. Una parte de esa inversión es en bienes de equipo, en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en innovación y en capital humano, pero otra parte importante (la


mitad aproximadamente) es también en cemento y en ladrillos tanto para infraestructuras y edificación de viviendas, con lo que la construcción se ha convertido en un factor ya excesivamente importante del crecimiento español de estos últimos años. La inversión directa extranjera es cada vez menor en términos de PIB, ya que hay otros países más atractivos (como EEUU) o más rentables (como los nuevos países miembros de la UE o Asia) y además se concentra cada vez más en la vivienda, donde España tiene fuertes ventajas comparativas climáticas para los europeos del norte. En 2004 casi el 40 por ciento de la misma se dirigió al sector inmobiliario, especialmente a la compra de viviendas secundarias por parte de familias europeas que pasan largas temporadas en España o se retiran en ella.

Finalmente, el enorme crecimiento de la demanda interna de consumo y de inversión, que es la que permite este fuerte crecimiento, ya que la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB es negativa en más de dos puntos porcentuales del PIB (las exportaciones llevan ya varios años creciendo mucho menos que las importaciones) ha provocado, por un lado, un déficit comercial externo y de balanza por cuenta corriente de similar tamaño al de EEUU y, por otro, una inflación que se mantiene desde hace casi una década con tasas superiores en un 1 punto porcentual a las de la UE a donde se dirigen cerca del 70 por ciento de nuestras exportaciones, con lo que estamos perdiendo crecientemente competitividad dentro del mercado más accesible para los exportadores españoles, al no existir ninguna barrera, y que además está creciendo con la entrada de los diez nuevos países miembros. Todo este proceso expansivo podría convertirse en una restricción importante al crecimiento futuro de la economía española al tener que ajustarse.

En todo caso, la política económica española ha sido de nuevo inteligente en este período de “vacas gordas”. Por un lado, la política fiscal ha intentado compensar la laxitud monetaria manteniendo el presupuesto en equilibrio o en superávit, como se espera que ocurra en 2005, y, por otro, el Banco de España lleva varios años obligando a los bancos a que hagan enormes provisiones genéricas y “preventivas” para cuando haya una subida de tipos de interés por parte del BCE (en un futuro cada vez más cercano) y la morosidad y la insolvencia de los deudores aumente fuertemente ya que sobre todo las familias han reducido su capacidad de ahorro.

El futuro de la economía española

A pesar de este éxito económico de la economía española en sus años de democracia, la distancia entre lo deseable, lo posible y lo probable ha sido grande. Los políticos españoles predecían, al entrar en la UE, que España se iba a convertir en “la California” de Europa, pero hoy estarían contentos si sólo se consigue que sea “la Florida” de Europa, lo que todavía es posible. Naturalmente, conseguir ser la California de Europa suponía que España iba a ser uno de los países miembros más ricos de la UE, éxito que sólo ha conseguido Irlanda que es un país muy pequeño, lo que más


bien suponía confundir los deseos con las realidades, como suele ser habitual por parte de los políticos que, lógicamente, quieren dar grandes dosis de optimismo a sus ciudadanos. En el futuro, las expectativas no son tan elevadas como lo eran entonces y los políticos parecen conformarse con que España sea sólo “la Florida de Europa”, un país al que acuden a vivir y a consumir los turistas y los pensionistas europeos de los países del norte. Al final las expectativas van a depender de cómo se desarrolla la política económica española, independientemente de lo que ocurra de positivo o más bien de negativo en los mercados internacionales. Hay que volver a las realidades y pensar que todo va a depender del esfuerzo y de la cohesión de los ciudadanos españoles y sus instituciones para remar conjuntamente en la dirección correcta y enfrentar los problemas con ánimo cooperativo y realista.

Retos a medio plazo

A medio plazo, la economía española tiene que superar una serie de retos importantes:

En primer lugar, tiene que enfrentar el reto de la paulatina, pero creciente, desaparición de los 6.000 millones de euros al año que recibe de los fondos comunitarios, cerca del 0,8 por ciento del PIB español. Estas entradas de fondos han sido un “colchón” financiero importantísimo para la economía española que ahora se tiene que ir acostumbrando a que va a terminar siendo, en algún momento a partir de 2007, contribuyente neta al presupuesto comunitario en lugar de perceptora neta del mismo. El impacto negativo de este cambio de posición podría reducir el crecimiento español en cerca de un 1 por ciento anual, tan pronto como desaparezcan totalmente dichas transferencias, ya que va a ser enormemente difícil poder compensarlas con inversión extranjera directa, que por un lado, y a diferencia de las transferencias, hay que retribuirla, ya que no hay nada gratis que provenga del sector privado y, por otro, hay una fuerte competencia para atraerla, tanto por los nuevos países miembros de la UE como por Asia y Latino América.

En segundo lugar, uno de los puntales del éxito de crecimiento de la economía española, su capacidad de atracción turística, tiene también que concentrarse en hacer frente a una nueva realidad. Su infraestructura turística se había construido para atender a una masa de turistas de nivel de renta bajo o medio, atraídos por los bajos niveles de precios de hoteles, apartamentos y viviendas, el precio módico de los restaurantes y discotecas, los bajos impuestos sobre el consumo de tabaco y alcohol, un clima templado y unas playas razonables. Este tipo de turista, con la aparición de los vuelos de bajo coste, está ahora más interesado por otras zonas más distantes, más tropicales, menos aglomeradas y más salvajes y con precios mucho más bajos o por otros nuevos países miembros de la UE que disponen de las mismas características de los anteriores pero que están además en la Europa segura y estable.


La infraestructura turística española, salvo en contadas zonas de reciente construcción, necesita un cambio radical para atender a turistas mucho más sofisticados, con mayor nivel de renta, que necesitan también más cultura, mejor medio ambiente, mejores servicios públicos y menor aglomeración urbanística. Es decir, por un lado hay que atraerles hacia las zonas igualmente cálidas del interior, donde no se han perpetrado todavía tropelías urbanísticas como las realizadas en las costas españolas. Para ello, hay que desarrollar sus infraestructuras turísticas, sus servicios públicos y mantener e impulsar su acervo histórico y cultural. Por otro lado, hace falta utilizar la infraestructura existente para atraer a los turistas de las nuevas áreas emergentes de Asia, Latinoamérica y Europa que todavía están dispuestos a venir a pasar unas vacaciones a un país tranquilo, seguro y estable, en claro contraste con la situación en la que viven en sus ciudades de origen.

En tercer lugar, en estos últimos años, la economía española no sólo ha crecido más rápido que los países de la OCDE y ha experimentado un proceso de apertura enorme (las exportaciones de bienes y servicios superan el 25 por ciento del PIB y las importaciones el 29 por ciento del PIB), sino también ha crecido exclusivamente sobre la base de su demanda interna de inversión y consumo, ya que la aportación a su crecimiento por parte del sector exterior ha sido primero nula y luego crecientemente negativa (alcanzando casi el 3 por ciento del PIB en 2005), lo que le ha producido un grave desequilibrio externo tanto en su balanza comercial como en su balanza por cuenta corriente. Este último déficit puede llegar a ser en 2005 de cerca del 7 por ciento del PIB y pudiera alcanzar el 9 por ciento en 2006 si sigue a su ritmo actual, lo que le haría el más elevado de todos los países de la OCDE después del de Islandia y mayor que el de EEUU.

Sin embargo, un país como EEUU puede lograr sostener un déficit más elevado y durante más tiempo porque es la primera potencia mundial y su moneda es la divisa dominante en el mundo y por tanto, todos los inversores mundiales, privados o públicos (bancos centrales) van a seguir manteniendo siempre una parte de sus inversiones en instrumentos financieros en dólares emitidos por las empresas y el gobierno americano. Por otro lado, puede ajustarlo con mayor facilidad ya que puede utilizar su tipo de cambio para hacer menos dura la reducción de su demanda interna necesaria para reducirlo. Este no es el caso de España, que es una potencia mediana y que tiene una moneda fuerte, pero todavía no dominante, que además está compartida con otros países más fuertes, más competitivos y más atractivos para la inversión extranjera y además no dispone del tipo de cambio para ayudar a su ajuste con toda la Zona Euro que representa una parte importante de dicho desequilibrio. Es razonable pensar que este déficit puede mantenerse financiado sin problemas por el ahorro extranjero todavía durante algunos pocos años, ya que no cabe esperar una fuerte subida de tipos por parte del BCE y porque la clasificación española por parte de las agencias de “rating” no es probable que se deteriore a medio plazo, pero no es sostenible a medio plazo y tendrá que ajustarse paulatinamente para que este no sea traumático.

Existen otras causas, además del auge relativo de la demanda interna, para haber llegado a dicho déficit. Por un lado, este también obedece a la baja relación


entre ahorro e inversión nacionales. El ahorro privado nacional no ha sido capaz de financiar la inversión privada nacional (ya que el sector público ha mantenido el equilibrio entre ambas magnitudes). La inversión privada nacional ha crecido a un ritmo muy superior al de la UE a 15, especialmente por la fuerte inversión en la construcción. Por otro, responde a la excesiva concentración de las exportaciones de bienes y servicios en el mercado de la UE y especialmente en la ZE, que son los que menos han crecido en el total mundial y su escaso peso en los mercados asiáticos y de América del Norte que han crecido mucho más rápido. Los mercados a los que van dirigidas las exportaciones españolas han crecido, en los últimos tres años, al 4,5 por ciento mientras que los mercados mundiales lo han hecho al 7 por ciento. Los mercados que más han crecido, como los de América del Norte (un 21 por ciento) y los de Asia (un 23 por ciento) apenas representan cada uno un 5 por ciento de la exportación total.

Por otro, se debe a que los costes laborales unitarios españoles, dados los bajos crecimientos de la productividad española, han crecido a mayor ritmo que los de sus competidores, pasando de un índice 98 en 2000 a otro 110 en 2004 frente a los países de la OCDE, (12 puntos porcentuales más) y de un índice 100 a otro 109 frente a la UE a 15 miembros (9 puntos más). Y, finalmente, obedece a que las exportaciones españolas tienen un menor grado de sofisticación tecnológica que las sus principales socios comerciales. Por ejemplo, las exportaciones españolas de alta tecnología sólo representan el 8 por ciento del total (frente al 18 por ciento en la UE a 15) y las de media baja y baja tecnología representan casi el 50 por ciento (frente al 42 por ciento en la UE a 15).

Para que un déficit de ese tamaño pueda sostenerse indefinidamente, las entradas netas de inversión extranjera tendrían que compensarlo cada año, es decir, necesita que todo el déficit sea invertido en España, cosa que no ocurre en la actualidad ya que la inversión directa neta extranjera en 2004 (entradas netas de inversión extranjera directa menos salidas netas de inversión española al extranjero) era negativa en 26.345 millones de euros, ni es esperable que sea posible en el futuro. Es verdad que una parte importante de dicho déficit resulta de unas menores exportaciones que las importaciones anuales a y desde la ZE, lo que no conlleva un riesgo de cambio ya que es euro es también la moneda nacional, pero ya que no puede depreciarse la moneda única frente a ellos, por ser la misma, para ajustar dicho déficit tendría que haber finalmente una devaluación real de los precios y salarios españoles frente a los de la ZE, lo que podría ser traumático.

El hecho es que, a pesar de que las empresas exportadoras o competidoras con las importaciones han reducido sus márgenes para poder seguir compitiendo, desde 2001 la cuota de las exportaciones reales españolas en el total mundial ha ido cayendo desde el 2,0 por ciento en dicho año al 1,8 por ciento en 2004 y la cuota de las importaciones en la demanda final española han aumentado desde el 20 por ciento en 2000 al 22,5 por ciento en 2004, lo que muestra la pérdida de competitividad de la economía española, que obedece fundamentalmente al bajo crecimiento relativo de la productividad española en este período.


En cuarto lugar, la economía española muestra una burbuja de los precios reales de la vivienda, (que se estima en un 30 o 40 por ciento superior a su precio real de equilibrio). Esta burbuja está justificada por una serie de factores: Primero, deriva de la fuerte caída estructural de los tipos de interés y de sus bajos o negativos niveles reales actuales que han provocado una demanda masiva de compra de vivienda con endeudamiento hipotecario. Segundo, la mayor competencia financiera que ha mejorado las condiciones de financiación. Tercero, por el crecimiento de la renta por habitante y su convergencia con la media de la UE, que hace que la inversión en vivienda sea mayor. Cuarto, el impacto de los turistas y de los jubilados extranjeros, que hace que la demanda de vivienda sea mucho mayor. Existe una estrecha correlación entre el número de viviendas secundarias y el número de turistas, siendo Grecia, España y Portugal los países con mayor número de viviendas secundarias en la UE. Quinto, por el enorme auge de la inmigración, que ha pasado en cinco años del 2 por ciento al 7 por ciento de la población total española, lo que ha añadido más demanda de vivienda. Finalmente, el elevado precio del suelo es un factor fundamental, ya que ha aumentado un 50 por ciento más que el de la vivienda, debido a que se mantiene artificialmente escaso cuando España es un país con una baja tasa de intensidad demográfica.

Como resultado de estos factores, el parque total de viviendas es de 23 millones para 15 millones de hogares y se están iniciando más de 700.000 viviendas al año y, a pesar de ello, los precios han aumentado fuertemente pasando, de un índice 100 en 1998, a 170 en 2004. El hecho es que el 23,5 por ciento de los españoles está pagando una hipoteca a la que dedica una cuarta parte de su renta disponible. El crédito hipotecario alcanza el 70 por ciento del PIB, con un importe medio por vivienda de 138 mil euros, además, el 97 por ciento de dichas hipotecas están contratadas a tipo de interés variable. Por lo tanto, una subida de tipos de interés por parte del BCE hará que no sólo la demanda de viviendas ceda, lo que ya está empezando a ocurrir, sólo con la expectativa de aumentarlos, sino también que para que las familias puedan hacer frente al pago de sus hipotecas, tengan que ahorrar más y reducir su demanda de consumo, lo que resultará en una menor tasa de crecimiento de la economía, aunque también un menor déficit por cuenta corriente.

Como consecuencia de esta fuerte demanda de vivienda y de la gran inversión en infraestructuras, financiadas en parte con fondos estructurales comunitarios que irán desapareciendo, el sector de la construcción, que ha sido uno de los puntales del crecimiento español en los últimos años, llegando a alcanzar casi el 10 por ciento del PIB, el 58 por ciento de la inversión fija total y el 13 por ciento del empleo, cuando tradicionalmente sólo representaba el 7 por ciento del PIB, el 35 por ciento de la inversión fija total y el 10 por ciento del empleo, tenderá a ceder en su empuje, lo que también va a reducir la tasa de crecimiento española por el lado de la oferta. En todo caso, existe la posibilidad de que la demanda de vivienda por parte del enorme flujo de inmigrantes que han entrado en España en los últimos cinco años, pueda hacer que una parte importante de dicha burbuja se pueda absorber sin demasiados traumatismos, a menos que hay una subida de tipos de interés, por parte del BCE muy elevada en los próximos tres años.


En quinto lugar, está el reto de superar la dependencia energética de la economía española. España ha reducido ligeramente su dependencia energética, entre 1975 y 2002, en términos del índice Toe/PIB (medido este en millones de dólares reales en paridad de poder de compra) pasando de 50,9 a 44,3 (siendo EEUU 100,0) Este comportamiento contrasta con el de la media de la UE (15) que ha pasado de un índice Toe/PIB de 63,6 en 1975 a otro de 36,0 en 2002 e incluso con el de EEUU que ha pasado de 100,0 en 1975 a 52,8 en 2002. Además, España la ha aumentado ligeramente su dependencia en términos de Toe/PIB por habitante. En 1975, España tenía una intensidad energética (medida en Toe/PIB per cápita real en paridades de poder de compra en miles de dólares) de 19,07 en 1975 y ha pasado a 22,09 en 2002, mientras que la media de la UE ha pasado de 38,66 a 23,80 en el mismo período y EEUU de 37,5 a 26,31. Este comportamiento tan dispar se explica en parte por el mayor crecimiento relativo de la economía española.

Es decir, España ha hecho un menor esfuerzo para reducir su dependencia que el que han hecho la UE y EEUU, con lo que ahora se encuentra en un nivel de vulnerabilidad más elevado que los anteriores ante este cuarto choque sucesivo de los precios del petróleo. En 2003, el peso de la factura petrolera en el PIB nominal, era en España del doble que en la UE (1,6 por ciento frente al 0,8 por ciento) e incluso mayor que en EEUU que era del 1 por ciento, lo que es muy preocupante, a pesar de que hay que reconocer que el peso de dicha factura era todavía mayor en España en 1980, donde llegó a alcanzar el 5,7 por ciento. Cuando se calcula la participación sectorial en la matriz energética del petróleo, destaca en elevado peso del transporte que en España ponderaba el 51,8 por ciento, frente al 48,1 por ciento en la UE o el 46,5 por ciento en Alemania. España sólo es superada por EEUU en el que el transporte pondera un 70,2 por ciento, pero con unos precios de las gasolinas y de los gasóleos que son casi la mitad que los de España, pero también es comprensible el mayor peso del transporte en España por los más de 30 millones de turistas que acuden con sus coches o los alquilan y que compran sus combustibles aquí. La única forma de conseguir que se reduzca la dependencia petrolera española es dejando que los aumentos de los precios del petróleo se repercutan íntegramente en el consumo y no se reduzcan los impuestos o se aumenten las subvenciones, ya que sólo ante los mayores precios reaccionarán los sectores económicos introduciendo nuevas tecnologías y procesos para reducir su consumo.

Retos a largo plazo

A largo plazo, el éxito de la economía española va a depender de cómo se resuelven sus problemas estructurales, entre los que destacan su todavía bajo nivel de empleo, su bajo nivel relativo de productividad, su creciente tasa de envejecimiento de la población, y su escasez de agua. Y creciente desertización derivada del calentamiento global.


El empleo

En primer lugar, a pesar del éxito que ha tenido España en los últimos diez años en la creación de empleo, que ha crecido a una tasa anual del 3,2 por ciento, frente al 1,2 por ciento del conjunto de la UE, tasa sólo superada por Irlanda, con el 4,2 por ciento y de haber creado el 40 por ciento de todo el empleo de la UE, los niveles de empleo españoles siguen siendo todavía más bajos que el promedio de la UE (15). La tasa de empleo (calculada por el número de personas empleadas por cada 100 en edad de trabajar, es decir, entre 15 y 64 años) ha aumentado del 46,0 por ciento en 1995 al 61,1 por ciento en 2004, con un aumento de 17,7 puntos porcentuales en sólo 10 años. Sin embargo, está todavía a 3,6 puntos porcentuales de la media de la UE (15) y es 12,6 puntos porcentuales inferior a la de EEUU.

El mayor problema de la tasa de empleo sigue estando, por un lado en el empleo femenino, que ha pasado del 31,7 por ciento al 48,3 por ciento en estos últimos diez años, pero que todavía es 6 puntos porcentuales inferior a la de la UE (15) y 19,7 puntos porcentuales inferior a la de EEUU. Por otro lado, la tasa de empleo juvenil es todavía 15 puntos porcentuales inferior a la media de la UE (15). Estas dos tasas necesitan aumentar de forma importante para poder acercarse más al nivel de PIB por habitante de la UE. Para ello, hay que llevar a cabo reformas importantes del mercado laboral español que tiene unos niveles de temporalidad muy elevados (un 30,6 por ciento, compuesto por un 31,1 por ciento en las mujeres y un 29 por ciento en los hombres) que tienen un efecto muy negativo tanto sobre la productividad como sobre la equidad.

Para conseguirlo hay, primero, que continuar reduciendo las indemnizaciones por despido en los contratos indefinidos y aumentar el empleo indefinido mediante reducciones en las cotizaciones sociales, lo que ya se está haciendo desde hace algunos años. Segundo, hay que hacer más efectivo el principio de causalidad en los contratos temporales, aumentando y mejorando los recursos de la inspección laboral y la intervención judicial en caso de fraude. Tercero, hay que ampliar el período de prueba sin indemnización de despido, que ahora está limitado a dos meses y que en otros países de la UE llega a alcanzar los 12 meses. Cuarto, hay que aumentar las indemnizaciones de despido de los contratos temporales para reducir su precariedad y finalmente, hay que estimular los contratos indefinidos a tiempo parcial que son los más utilizados para aumentar en empleo femenino y juvenil y que en España son un porcentaje inferior al 9 por ciento frente al 18 por ciento de promedio en la UE.

Los costes de despido en los contratos indefinidos son de 45 días por año de servicio con un máximo de 42 mensualidades, correspondiente al despido improcedente que es el habitual, mientras que la mayoría de los contratos temporales tiene un despido de 8 días con un máximo de 12 mensualidades. Por ello habría que ampliar el coste de despido de 33 días con un máximo de 24 mensualidades ahora reservado a sólo ciertos colectivos de trabajadores, y aumentar los costes de despido de los contratos temporales según aumente el número de meses o años del contrato


temporal e ir transformando la contratación temporal en indefinida con ciertos incentivos como son las bonificaciones en las contribuciones sociales empresariales.

Finalmente, hay que intentar aumentar la tasa de empleo femenino que todavía es muy baja, reduciendo la enorme discriminación que sufre tanto por los sindicatos como por los empresarios, incrementando los permisos y períodos por maternidad, aumentando las ayudas a las mujeres trabajadoras con niños pequeños, incentivando la construcción de guarderías cercanas a sus puestos de trabajo, no discriminando fiscalmente a las mujeres casadas y aumentando los incentivos a los contratos a tiempo parcial. Todas estas medidas par aumentar las tasas de empleo de las mujeres y los jóvenes hay que tomarlas cuanto antes, ya que la generación del “baby boom” empezará a jubilarse dentro de unos años y la población en edad de trabajar empezará a reducirse dramáticamente, dada la baja tasa de fecundidad que ha seguido al auge anterior de nacimientos, con lo que, como veremos más adelante puede hacer infructuoso cualquier aumento de la tasa de empleo en menos de diez años. El gobierno se encuentra en estos momentos intentando un acuerdo de reforma laboral con los sindicatos y la patronal que pudiera mejorar la tasa de empleo.

La productividad

En segundo lugar, una economía sólo es capaz de crecer aumentando su competitividad y sin aumentar su tasa de inflación si es capaz de aumentar su productividad a mayor ritmo que sus competidores en un mercado internacional y nacional crecientemente globalizado. En la actualidad los niveles de productividad de la economía española son los siguientes: Según EUROSTAT, la productividad por persona empleada (calculada por el PIB en paridades de poder de compra (PPC) dividido por el número de personas empleadas) ha caído desde el 94,1 por ciento del promedio de la UE (15) en 1995 al 93,8 por ciento en 2004. Según la OCDE, el nivel de dicha productividad (calculada dividiendo el PIB en dólares corrientes por el número de personas empleadas) en 2004 era del 93,4 por ciento frente a la UE y del 73,4 por ciento frente a EEUU.

Según EUROSTAT, la productividad del trabajo por hora trabajada (calculada por el PIB en PPC dividido por el número de horas trabajadas) respecto al promedio de la UE (15) ha caído del 89,0 por ciento en 1995 al 87,3 por ciento en 2004. Este empeoramiento se ha debido en parte a que en España, el número de horas trabajadas por persona empleada ha aumentado de 1732 horas en 1995 a 1744 horas en 2004, mientras que en la UE (15) ha caído desde 1650 horas en 1995 a 1600 en 2004. Según la OCDE, en España cada persona empleada trabaja 190 horas más al año que en la ZE y 144 horas más al año que en la UE. Parte de esta menor productividad del trabajo tiene que ver con la menor intensidad del capital físico utilizado por hora trabajada, que, en 2004 era en España, según la OCDE del 83,2 por ciento de la UE (15) y del 76 por ciento de EEUU.


Finalmente, la productividad total de los factores (PTF) que es aquella que se calcula de forma residual y que no es explicada por la utilización del factor trabajo y la intensidad del capital físico por hora trabajada, sino por la mejor organización de los factores productivos, por el mayor grado de utilización de las nuevas tecnologías, por localidad del capital humano etc. era en 2003, según la OCDE del 85 por ciento del promedio de la UE y del 76 por ciento del promedio de EEUU.

¿Cuales son los factores determinantes de la menor productividad española?

Primero, la utilización e intensidad del capital físico. En 2004, según el Banco de España, el stock de capital físico es el 91,2 por ciento del promedio de la UE (15) y el 90,9 por ciento del de EEUU. Ahora bien, mientras que el stock de capital productivo privado es casi igual que el promedio de la UE (99,9 por ciento), el stock de capital público es de sólo el 88,6 por ciento del de la UE, la dotación de infraestructuras de transporte viario es sólo del 78,1 por ciento de dicho promedio y los canales de comunicaciones (banda ancha) es sólo del 79 por ciento del promedio de la UE.

Segundo, el capital tecnológico, cuyo stock sólo representa el 5,3 del PIB español, es solamente un 45 por ciento del promedio de la UE. El gasto en I+D en porcentaje del PIB sólo representa el 1,1 por ciento, un 55 por ciento de la media de la UE y un 40 por ciento de la media de EEUU. El número de patentes solicitadas sólo alcanza 25,5 por millón de habitantes, solamente el 16,1 del promedio de la UE. El valor añadido bruto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) sólo representa el 4 por ciento del VAB total, el 71,1 por ciento del promedio de la UE. Finalmente, el gasto por habitante en TIC (en euros) sólo representa el 70,2 por ciento del promedio de la UE.

Finalmente, el stock de capital humano, que en proporción de la población en edad de trabajar (16 a 64) sólo representa el 55,7 por ciento, el 87,5 por ciento del promedio de la UE. El gasto en educación en porcentaje del PIB es del 4,4 por ciento, un 82 por ciento del promedio de la UE. El porcentaje de la población laboral (entre 25 y 64 años) que tiene al menos educación secundaria sólo alcanza el 42 por ciento, lo que sólo llega al 71,8 por ciento de la media de la UE. La población de 18 a 24 años con educación básica como máximo es demasiado elevada (29,8 por ciento) un 164 por ciento del promedio de la UE. Los años de escolarización media de la población en edad de trabajar son de 16 años, alcanzando el 95 por ciento del promedio de la UE. Finalmente, la formación (medida por el número de las personas entre 25 y 64 años que realizan algún curso de formación) alcanza sólo al 5,2 por ciento del total, representando sólo el 51,5 por ciento de la media de la UE.

Estos niveles relativamente bajos de los factores que mejoran la productividad necesitan un fuerte impulso para que la economía española pueda mantener en el futuro unas tasas de crecimiento sostenibles, como las que ha tenido en estos últimos años. Hay por tanto que aumentar, en los próximos años y de forma contundente, el esfuerzo inversor en educación superior, en formación en la empresa, en gasto en I+D y en la producción de patentes y en las nuevas tecnologías (TIC) que


son en las que la economía española está más retrasada. Dado que los recursos financieros son siempre escasos, “menos ladrillo, menos cemento (salvo en algunas infraestructuras de agua y transporte) menos subvenciones a un sector primario no competitivo y más y mejor educación, formación e investigación y desarrollo” podría ser el slogan de la economía española de cara al futuro para aumentar su productividad y competitividad y alcanzar un crecimiento potencial sostenible y sin inflación. El gobierno parece ser muy sensible ante este problema y está empezando a desarrollar una serie de programas de I+D+i y ha intentar aumentar la productividad.

El envejecimiento de la población

En tercer lugar, el problema más grave que enfrenta la economía española largo plazo es el del fuerte crecimiento del envejecimiento de su población, el mayor de toda la UE (15) junto con Italia y Grecia. De acuerdo con el último informe de las Naciones Unidas sobre las perspectivas de la población hasta 2050, la población española disminuirá en unas 500.000 personas entre 2004 y 2050. El porcentaje de la población mayor de 60 años, pasará del 21,4 por ciento en 2004 al 39,7 por ciento en 2050, y el de la población mayor de 80 años pasará del 4,1 por ciento actual al 12,3 por ciento, mientras que la población en edad de trabajar (entre 15 y 59 años) caerá del 64,3 por ciento actual al 46,1 por ciento y la población entre 0 y 14 años permanecerá constante en 14,3 por ciento. La edad mediana de la población pasará de 38,6 años hoy a 49,9 años en 2050 y ello a pesar de que la tasa de fecundidad va a aumentar desde 1,2 hijos por mujer en 2004 a 1,85 hijos por mujer en 2050. La esperanza de vida al nacimiento aumentará, pasando de 79,4 años en la actualidad a 84,8 años en 2050 y la mortalidad infantil caerá del 4,6 por mil al 3,3 por mil en 2050.

Como consecuencia de estas tendencias demográficas, la tasa de dependencia, es decir, el número de personas jubiladas (de más de 65 años) respecto al número de personas en edad de trabajar (15 a 64 años) pasará de 1,0 a 2,0. Si esta tasa de dependencia se calcula como hace la OCDE calculando la población de más de 60 años como jubilada en proporción de una población en edad de trabajar de 20 a 59, el resultado será que dicha tasa aumentaría del 38 por ciento actual al 70 por ciento en 2030. Si finalmente, se calcula, sobre la base de las tasas de empleo actuales, el porcentaje de jubilados respecto al de empleados, dicha tasa de dependencia pasaría del 49,6 por ciento actual al 82,3 por ciento en 2030. Estas dos últimas formas de medir las tasas de dependencia son mucho más cercanas a la realidad, dado que los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al trabajo (no antes de los 20 años) y los trabajadores se jubilan a los 60 aunque sólo tengan derecho a pensión a partir de los 64 o 65, aunque en algunos países como Bélgica, Francia y Japón ha caído a los 60 años. Prueba de ello es que la tasa de actividad (personas que todavía buscan activamente un empleo) de los mayores, es decir entre 60 a 64 años, ha caído en España del 88,1 por ciento en 1960 al 40 por ciento hoy.


El envejecimiento de la población tiene unos efectos negativos tanto sobre la tasa de crecimiento como sobre el gasto público en pensiones y en salud muy importantes. Por un lado, el crecimiento económico tiende a ser más bajo ya que son los jóvenes los que consumen, los que innovan y los que emprenden, mientras que los mayores ya han dejado de consumir (ya poseen una vivienda, un coche, una televisión y consumen menos alimentos) y sólo se dedican a gastar su pensión y otros ahorros que han acumulado en su período laboral. Por otro lado, si el número de contribuyentes a las pensiones y a la seguridad social es menor que el número de jubilados, el sistema de seguridad social tal como esta concebido hoy, deja de ser viable a corto plazo, a menos que se reduzcan las prestaciones o se financien con más deuda pública o más impuestos o contribuciones.

El sistema de pensiones actual en España es básicamente (salvo los sistemas de pensiones de capitalización individuales y de empresa) público y de reparto ya que esta basado en la solidaridad intergeneracional, es decir, los padres pagan la educación y manutención de sus hijos, hasta que encuentran un medio de vida y estos pagan la jubilación de sus padres. Este sistema funciona siempre que las cohortes de la generación de hijos sean mayores que las de los padres, de no ser así, devienen inviables. Además, independientemente del número relativo de empleados y jubilados, por un lado, como la esperanza de vida ha aumentado notablemente, ya que en España era de 73 años hace tres décadas y ahora es de79,4 años, los años que necesitan prestaciones de jubilación son más numerosos. Hace dos décadas, los españoles se jubilaban en promedio a los 67 años y se morían a los 73, es decir recibían pensiones durante 5 años en promedio, hoy se jubilan a los 65 o menos y se mueren en promedio a los 79,4 años luego reciben prestaciones durante 14,4 años, casi tres veces más años que hace tres décadas. Por otro lado, los jóvenes entran en el mercado de trabajo y consiguen un empleo mucho más tarde que hace dos décadas, entre 5 y 7 años más tarde con lo que el número de contribuyentes se reduce mientras que las prestaciones aumentan.

Hay varias formas de hacer frente a este problema. Por un lado, se puede intentar estimular la tasa de fecundidad, pero es muy caro y dura mucho tiempo antes de producir frutos, como ha sido el caso de Francia con sus “allocations familiales” durante más de 60 años y que ahora reciben solamente las familias inmigrantes, pero en todo caso hay que empezar a hacerlo ya. Por otro se puede intentar aumentar la población en edad de trabajar y el empleo aumentando el número de inmigrantes. Esto es lo que ha hecho España en estos últimos años, aunque de forma desordenada, sin ningún control y sin aceptar sólo aquellos inmigrantes que puedan ocupar las ofertas insatisfechas de empleo por parte de las empresas.

Los problemas de esta solución son varios: por un lado, sólo es una solución temporal ya que aunque los inmigrantes tienden a tener un mayor número de hijos (por eso EEUU tiene menos problemas de envejecimiento que la UE), con el tiempo, empiezan a adoptar las costumbres del país de destino (es decir, a tener menos hijos) y además también se jubilan al cabo de cierto tiempo de acuerdo con sus contribuciones. Por otro lado, conforme los inmigrantes alcanzan un nivel de la población total importante y más en países como España que todavía tiene una tasa de


desempleo relativamente elevada y que hasta hace menos de tres décadas su población estaba acostumbrada a emigrar, empiezan a desarrollarse actitudes xenófobas contra ellos. En España, en la actualidad los inmigrantes representan ya el 7 por ciento de la población total y la tendencia es a aumentar con cierta rapidez. Se ha calculado que para que España mantenga su fuerza laboral actual constante necesitaría más de 300.000 inmigrantes al año hasta 2050, con lo que la población inmigrante llegaría a representar el 37 por ciento de la población total en dicho año, es decir más de cinco veces el nivel actual. ¿Sería política y socialmente aceptable en España llegar a tal nivel de inmigración, que es el que hoy tiene Luxemburgo, en donde además la mayor parte son de procedencia europea? Es muy dudoso por no decir imposible.

Otra medida complementaria de las anteriores sería retrasar la edad de jubilación lo que parece una medida imprescindible ya que es lógico que la edad de jubilación tenga una clara relación con la esperanza de vida, que ha aumentado notablemente en las últimas décadas (desde 73,3 años en 1975 a 79,4 años en 2004). Se estima que habría que retrasar la edad de jubilación en 10 años, es decir de los actuales 65 años a los 75 para mantener la población en edad de trabajar constante en los próximos 45 años y además, aumentar la tasa actual de actividad de la población en edad de trabajar en 21 puntos porcentuales. Es decir, el problema del envejecimiento español es muy grave y puede ser muy costoso.

Finalmente, se ha calculado por distintas instituciones, Comisión Europea, OCDE, FMI etc. El aumento en el gasto público en pensiones y en salud que resultaría de este proceso creciente de envejecimiento, sino se toman medidas drásticas para reducirlo o se introducen reformas importantes en los sistemas de salud y de pensiones. La mayoría de dichos estudios estiman que el gasto público en pensiones español aumentará en 8 puntos de PIB, pasando del 9,4 por ciento del PIB en 2000 al 17,4 por ciento del PIB en 2050 y que el gasto público en sanidad aumentaría en cerca de 2,0 puntos porcentuales de PIB, pasando del 5,0 por ciento del PIB en 2000 al 7,0 por ciento del PIB en 2050. En total el gasto público aumentaría en 10 puntos porcentuales de PIB lo que supondría casi 20 puntos porcentuales más de gasto público presupuestario y de gasto de la seguridad social que habría que financiar bien aumentando los impuestos, reduciendo otros gastos o aumentando la deuda, lo que parece políticamente imposible. De ahí que haya que tomar importantes medidas para incentivar la fecundidad, de reforma del sistema de pensiones de pensiones actual y de incentivo a la ampliación de los existentes sistemas de capitalización o añadir otros nuevos y al mismo tiempo de retraso de la edad de jubilación, de incremento de la tasa de actividad y de empleo y de aumento de los flujos de inmigración. Lo más importante es que dichas reformas y medidas deberán tomarse cuanto antes ya que en España, a partir del 2025 los votantes mayores de 50 años representarán mas del 50,1 por ciento del total y harán imposible la toma de cualquier medida que pueda afectarles negativamente en sus servicios de salud o en sus pensiones.

La desertización


El proceso de calentamiento creciente de la atmósfera es un hecho contrastado e irrefutable. Las últimas tres décadas han sido las más calientes no sólo de los últimos 150 años en los que se tiene mediciones fiables desde que se han utilizado los termómetros, con un aumento de 0,7 grados, sino de acuerdo con los paleo-climatólogos, los más cálidos de los últimos 2.000 años. En el caso de España el aumento de la temperatura en las últimas tres décadas ha sido más del doble del mundial, 1,53 grados. Está asimismo consistentemente demostrado que estas alteraciones climáticas se deben básicamente al aumento de la concentración de en la atmósfera de dióxido de carbono (CO2) proveniente del uso excesivo de combustibles fósiles así como de la utilización de productos químicos, conocidos como cloro-fluoro-carburos (CFC) que dañan la capa de ozono responsable de absorber la radiación ultravioleta del sol y que provocan un incremento del llamado “efecto invernadero” que es el fenómeno natural que mantiene la temperatura en el planeta.

Dado que no se está atajando este problema, ya que algunos países no están dispuestos a reducir sus emisiones de CO2 y de CFC, el calentamiento futuro puede ser superior, lo que puede traer consigo dos efectos opuestos, por un lado una mayor desertización de ciertas áreas del mundo (las templadas y subtropicales) y una mayor congelación de otras (las frías) así como una subida del nivel del mar (hasta un máximo de 90 centímetros en 100 años) provocada por el deshielo de las zonas árticas, antárticas (los polos están perdiendo 37.000 Km2 cada año) y las nieves perpetuas en las montañas. Además, al aumentar la temperatura de la atmósfera se multiplican los incendios forestales (que provocan una mayor emisión de CO2) y también aumenta la temperatura de la superficie de mar, lo que incrementa la intensidad de tormentas, huracanes y ciclones tropicales.

Las implicaciones que este proceso puede tener para el futuro de la economía española son graves ya que se espera que la temperatura media en España subirá, a mediados de siglo, entre 2,55 y 3,50 grados. Este calentamiento adicional aumentará el proceso de desertificación de las zonas mediterráneas y del centro sur español y reducirá todavía más las precipitaciones lluviosas y los recursos hídricos de los ríos de los embalses y de las aguas subterráneas, ya bastante mermados en las últimas décadas. Estos efectos supondrán, por un lado, una fuerte reducción de los cultivos de vegetales y frutas en todo el sur y el mediterráneo que tendrán que trasladarse a zonas más septentrionales, por otro lado, reducirá el número de especies que actualmente viven en dichas zonas que también emigrarán hacia zonas más templadas y finalmente, la industria turística en el sur se verá fuertemente mermada ya que los turistas provenientes del norte de Europa, cada vez más frío por la probable desviación de la Corriente del Golfo, acudirán a dichas zonas solamente en los meses de invierno y se desplazarán en verano a zonas más templadas españolas o extranjeras. Finalmente, la subida del nivel del mar podrá inundar muchas playas y zonas bajas adyacentes, como el delta del Ebro, la Manga o Doñana. Por lo tanto, dicho calentamiento va a afectar a dos industrias importantes como es la del turismo y la de la producción de frutas y verduras en las zonas sur y mediterránea y también en Canarias y Baleares.


Es decir, el proceso de desertificación de la mitad sur y mediterránea española va a ser importante ya que se estima que en dichas zonas semiáridas, las aportaciones de agua van a reducirse, a final de siglo, en casi un 50 por ciento. Habrá que tomar medidas urgentes para reducirlo. En primer lugar, tendrán que multiplicarse las plantas desalinizadoras (con las nuevas tecnologías que se están desarrollando, para mantener el consumo de las poblaciones de dichas zonas. En segundo lugar tendrá que hacerse un esfuerzo masivo de reforestación de todo el sur y el mediterráneo para aumentar la pluviosidad y mantener la humedad en dichas áreas, para compensar el abandono de los cultivos.

Conclusión

La “España Posible” del futuro tiene más retos difíciles que afrontar que expectativas favorables que esperar. Para llegar a ser la “Florida de Europa” hay que superar todavía importantes retos, alguno de ellos, como el climático, que no dependen sólo de España. El lector de este artículo puede pensar que soy pesimista y puede que así sea, pero sólo puedo intentar explicar las tendencias a largo plazo que son cuantificables y que considero muy probables y no dar una visión voluntarista del futuro basada en los deseos más que en las realidades, lo que sería un falso diagnóstico, un engaño para las futuras generaciones y una excusa para no hacer nada. Es posible que, como siempre ha ocurrido en el pasado, la tecnología aporte soluciones a algunos de estos retos a largo plazo, como el de la falta de agua y quizá parte del calentamiento atmosférico si hay incentivos suficientes, ya que como ha dicho Bernard Levin “Hay cientos de capitalistas cavilando sobre cómo taponar el agujero de ozono y empresarios con ideas y con ganas de hacer dinero, que lo harán posible”. Sin embargo, hay algunos de ellos que no dependen de la tecnología sino de medidas preventivas, audaces y difíciles de política micro-económica, como son los de la todavía baja la productividad y el envejecimiento creciente de la población españoles, que requieren un consenso amplio y una solidaridad intergeneracional. Estos retos sólo se pueden superar con el esfuerzo conjunto de todos los españoles y no con formulas mágicas ni atajos. En todo caso, todo puede ocurrir, incluido lo improbable, como establece la famosa “regla de Clarke”, del genial escritor de ciencia ficción Arthur Clarke: “Cuando un distinguido científico dice que algo es posible, casi seguro que está en lo cierto. Cuando dice que algo es falso, casi seguro que se equivoca”.

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