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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Posterior a la recolección de la información y aplicación del
correspondiente análisis de contenido, se da inicio a la presentación y
discusión de los resultados pertinentes a la variable en estudio, así como las
dimensiones e indicadores, para seguidamente interpretarlas tomando en
cuenta los aportes de los distintos autores consultados, cuyos
planteamientos se encuentran plasmados en el marco teórico, así como la
experiencia y opinión del investigador.
1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados los cuales darán respuesta
al objetivo general del estudio: Analizar las emisiones de bonos públicos del
Estado venezolano, para finalmente construir las conclusiones y
recomendaciones de la investigación.
Después de confrontar y discutir las diferentes fuentes que se
expusieron en el capítulo II del marco teórico, se desarrolló el análisis de
contenido de la información documental consultada para dar respuesta a
cada uno de los objetivos propuestos.
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De allí que para alcanzar el primer objetivo específico, dirigido a
describir el marco legal que sustenta la emisión de bonos públicos en
Venezuela.
Se procedió primeramente a mirar de forma retrospectivamente la
Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que a partir del
proceso de la Constituyente experimentado durante 1999, se instituyó el
ordenamiento jurídico venezolano base fundamental donde se erigió el nuevo
marco regulatorio de la administración financiera del sector público.
Puesto, que la Constitución constituye la norma suprema y el
fundamento del ordenamiento jurídico. Dentro de ese marco, tanto las
personas como los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la
misma. En ella, se encuentran establecidos todos los principios
fundamentales sobre los cuales deben regirse las políticas públicas a seguir.
Pues la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
específicamente en el Capítulo II del régimen fiscal y monetario, el Artículo
318 estable:
Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República. El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco central de Venezuela
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ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley.
Del articulo antes citado puede inferirse que todas las actuaciones que
pretendan llevarse a cabo en el contexto monetario deberá estar regido por
la carta magna, pues ella establece todos los lineamientos que deben ser
respetados tanto por los ciudadanos como por las instituciones asentadas en
el territorio venezolano, por lo tanto se considera positivo el impacto surgido
del cumplimiento de la constitución.
Asimismo, la Ley del Banco Central de Venezuela se encuentra
orientada a servir como refuerzo a la actuación coordinada con los Poderes
Públicos con la finalidad de alcanzar los objetivos superiores del Estado y la
Nación, particularmente con el Ejecutivo Nacional, al ser responsable de la
política fiscal, por ello se asume como altamente positivo concretar su
compromiso con la sociedad al fomentar la solidaridad, la participación
ciudadana así como la corresponsabilidad social; al desarrollar con precisión
las competencias constitucionales.
Al mismo tiempo, se logra una reforma a la Ley del Banco Central con
la finalidad de reforzar la actuación del Banco Central de Venezuela en
coordinación con los Poderes Públicos a fin de alcanzar los objetivos
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superiores del Estado y la Nación, para ello se facilito la apertura para la
fabricación de billetes que solventen problemas de caja en empresas
públicas, lo cual quedó señalado en el artículo 49 que reza que el instituto
emisor puede otorgar créditos con garantía de títulos de crédito emitidos por
la República o por sus entes descentralizados.
De los anteriores planteamientos, puede inferirse que actualmente el
ente monetario puede adquirir bonos y papeles de PDVSA, otras empresas y
entes financieros del Estado. Lo cual fue cumplido durante el año 2009,
inmediatamente, cuando la Tesorería Nacional recogió pagarés de Petróleos
de Venezuela por más de cuatro mil millones de dólares, considerando que
esta no poseía los recursos financieros disponibles para pagar las
obligaciones de impuestos y regalías.
Estas inferencias conducen a entender que el impacto de la Ley del
Banco Central de Venezuela debe ser positivo al regir todas las acciones
relativas a la emisión de bonos públicos ya que estas quedan sustentadas a
través de la misma ley, de acuerdo al Artículo 58 el cual reza: con el fin de
cumplir las directrices de la política monetaria, el BCV podrá comprar y
vender en mercado abierto los títulos valores y otros instrumentos financieros
emitidos en masa que determine a este propósito el directorio (…). Los títulos
serán ofrecidos por terceros, distintos del emisor, salvo los que haya emitido
el BCV y PDVSA. En tal sentido, la oferta para la adquisición de títulos
valores emitidos por PDVSA o el ente creado para el manejo de la industria
petrolera, deberá ser autorizado por el Ejecutivo Nacional y la operación se
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celebrará en condiciones especiales, con sujeción a los objetivos previstos
en la coordinación interinstitucional.
Dentro de ese marco, los cambios e innovaciones más reveladoras
impuestas a la Administración Financiera del Sector Público establecieron la
base legal y normativa para la emisión de bonos públicos, quedando
establecido que estos son emitidos por el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Finanzas, y garantizados por la República, con la finalidad de
atender sus compromisos de pago o bien de inversión en el sector público, al
mismo tiempo permiten la obtención del capital requerido a través del
ofrecimiento de un rendimiento competitivo para atraer posibles
inversionistas quienes deseen canalizar sus ahorros a través de este
mercado.
Ahora bien al abordar la Ley Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público (LOAFSP) la cual fue publicada en gaceta oficial de la
República Bolivariana de Venezuela No. 37.029 del 5 de Septiembre de
2000, quedando establecido en su Título III la regulación del sistema de
crédito público, tal como lo constituye la capacidad de los entes regidos por
esta Ley para endeudarse, sin requerir la aprobación de la Asamblea
Nacional, ni de la opinión del Banco Central de Venezuela.
Vale resaltar, cómo en la normativa se determina que el parlamento
puede aprobar oficialmente algunas de las siguientes operaciones: las que
tengan por objeto el refinanciamiento o reestructuración de deuda pública, la
Asamblea Nacional puede ofrecer al Poder Ejecutivo Nacional una
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autorización general para definir dentro de los límites, condiciones y plazos
determinados, programas generales de refinanciamiento . Al mismo tiempo, el
sector público podrá endeudarse por encima de lo convenido en el
presupuesto, para operaciones relacionadas a la soberanía alimentaria,
preservación de la inversión social, seguridad, y defensa integral.
Pero, a pesar del esfuerzo por alcanzar una óptima regulación del
sistema de crédito público esta Ley no regula los aspectos más
fundamentales relacionados con las operaciones de crédito público, cuando
estas tienen por objeto arbitrar recursos o fondos para ejecutar inversiones
reproductivas, además para solucionar aquellos casos de evidente necesidad
o bien de conveniencia nacional, e inclusive resguardar las necesidades
transitorias de tesorería, para lo cual el Ejecutivo debe proceder a celebrar
las operaciones de crédito público guiado por las mejores condiciones
financieras alcanzables, bajo los principios de responsabilidad fiscal,
equilibrio fiscal, eficacia, imparcialidad, solvencia, libre competencia,
transparencia y eficiencia.
Estos planteamientos, quedan sustentados por el Artículo 4 de la Ley
Orgánica de Crédito Público, la Deuda Pública puede originarse en: a.- La
emisión y colocación de títulos, incluyendo letras del tesoro, constitutivos de
unos empréstitos, externos o internos, o de operaciones de tesorería , este
articulo en su literal aclara lo positivo de su impacto en la emisión de los
bonos públicos, pues al detectar necesidades reales para el país y su
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economía es posible utilizar esta herramienta para resolver la situación
impulsora, sin caer en incumplimiento de la ley.
Como complemento, al marco legal que sustenta la emisión de bonos
públicos en Venezuela destaca la Ley de Mercado de Valores, norma
impulsada por la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea
Nacional siendo aprobada en primera discusión y promulgada por el Poder
Ejecutivo Nacional el 17 de Agosto de 2010, publicado en la Gaceta Oficial
N° 39.489, con la cual queda derogada la ley de mercado de capitales.
De igual manera, esta novedosa ley queda autodefinida como un ente
responsable de promover, regular, vigilar y supervisar el Mercado de
Capitales, por lo tanto, se propone hacer del mercado de capitales un
mecanismo confiable e idóneo para contribuir al desarrollo sustentable de la
economía, como un instrumento de política para la conformación de un
sistema alternativo que canalice e incentive en forma eficiente el ahorro
interno, con miras a elevar la competitividad del país.
Teniendo esta ley por objeto crear un instrumento jurídico que
reconozca la necesidad de propiciar el funcionamiento eficiente y
transparente del mercado de valores, dentro de una sana intermediación,
ahondando en una especial protección de los usuarios. A la vez, este
instrumento jurídico crea la Superintendencia Nacional de Valores la cual
actuará como nuevo ente de regulación, prohíbe la participación de los
corredores públicos y bolsas de valores en la intermediación de títulos de
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deuda pública nacional y restringe la participación de los entes del Estado en
el mercado de valores.
Destaca entre los aspectos más novedosos de la ley, el hecho de
fortalecer y promover la participación ciudadana, considerando que los
inversores podrán ejercer la contraloría social en el mercado de valores con
la finalidad de contribuir a amparar sus intereses así como impulsar la
correcta prestación de los servicios del sector, lo cual puede considerarse
positivo ya que la ciudadanía puede servir como contralor de las decisiones
del sector público en el manejo de los recursos monetarios, entre ellos los
provenientes de la emisión de bonos.
En relación, con estos hallazgos, refiere García (2010), que la ley de
mercado de capitales, constituía el instrumento legal el cual aprobaba la
regulación de la oferta pública, emisión, colocación y distribución, oferta al
público además de la intermediación de los mercados tanto primarios como
secundarios de los instrumentos financieros autorizados por la Comisión
Nacional de Valores, siendo el organismo controlador y eva luador.
Además, es favorable recordar que un Bono es un compromiso que
contrae el emisor del bono para con el comprador, en el cual quien compra
se compromete a devolver el dinero a un plazo determinado, pagando
intereses sobre ese préstamo o no, dependiendo de la características de la
emisión, por ende resulta positivo el impacto proveniente de la ley de
mercado de capitales.
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Además, Morles (2006), en cuanto al significado del marco legal en
concordancia con le emisión de bonos públicos, refiere que desde el punto
de vista jurídico los papeles comerciales plantean algunas interrogantes,
derivadas de la ausencia en Venezuela de un régimen legal general sobre
títulos valores que resulte aplicable a estos instrumentos. Existen varios
regímenes particulares sobre títulos individuales, así como también hay
reglamentaciones separadas para grupos de títulos en series como el Código
de Comercio y la Ley de Mercado de Capitales, para los bonos y
obligaciones.
Causas que conllevan a la emisión de bonos en el Estado
venezolano.
Observando de manera retrospectiva, desde el año 2007 hasta el inicio
del 2011 se ha incrementado el nivel de escasez en Venezuela, siendo
motivado primordialmente por acontecimientos económicos, como el
incremento de la Demanda, generado por el aumento de los precios
petroleros, lo cual ha permitido al Gobierno Nacional alcanzar elevados
Ingresos que estimularon el crecimiento económico. De allí, que el impulso
exagerado de la demanda, por medio de una política fiscal fuertemente
expansiva y el financiamiento monetario del gasto corriente permitió apoyar y
financiar las diferentes misiones.
De igual manera, se genera una disminución de la oferta como
resultado del elevado incentivo de la demanda, la oferta contrariamente sufre
un profundo deterioro, debido a que la producción interna privada se ha visto
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profundamente aquejada de una serie de controles y regulaciones de
precios, con el fin de aglutinar un gran poder económico y político en el
Estado Central.
Dentro de ese marco, una de las características fundamentales de la
economía venezolana la constituye la resaltante influencia de los ingresos
petroleros en las finanzas públicas y la generalización de sus efectos a todos
los mercados. Ahora bien, al abordar el mercado monetario, destaca la
existencia de una elevada incidencia del gasto público en el comportamiento
de los agregados monetarios.
Dentro de ese contexto, destacan los ingresos en divisas procedentes
de las exportaciones petroleras que son vendidos por Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) al Banco Central. Así, el contravalor en bolívares
de este flujo de reservas internacionales del BCV recibido por PDVSA,
actualmente se utiliza en líneas generales para pagar sus impuestos al
Gobierno, además el otro gasto de PDVSA y el del Gobierno es inyectado
finalmente a la economía.
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GRÁFICO 1 NIVELES DE LIQUIDEZ MENSUAL REGISTRADOS
PERíODO 1996 A 2011
Fuente: Banco Central de Venezuela (2011).
Del gráfico 1, queda demostrado que en Venezuela la liquidez es 8
veces mayor que la cantidad de dinero emitida por el Banco Central,
pudiendo deducirse que este fenómeno resulta del efecto de multiplicador
monetario de la actividad crediticia, ya que cuando un ciudadano solicita un
préstamo a un banco, este es depositado en una cuenta en el mismo banco,
de modo que inmediatamente se registra un aumento en sus depósitos, de
manera que por cada crédito otorgado se registrará también un nuevo
depósito.
Por lo tanto, se considera importante estabilizar la liquidez monetaria
pues ello podría provocar una presión en los precios en el mercado interno
contribuyendo directamente con el incremento de la inflación y por otro lado
incrementa la demanda de moneda monetaria extranjera como el dólar, pues
ello le permite sentir que su dinero conserva su valor, efecto contrario sucede
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al mantenerlo en moneda nacional, pero en un mercado cambiario controlado
surge presión hacia el alza del mercado paralelo.
Para soportar estos juicios valorativos, plantea el Fondo Monetario
Internacional (2000), que el crecimiento de la liquidez monetaria a nivel
mundial actualmente se ha convertido en causa de preocupación para los
gobiernos así como para los Bancos Centrales. La liquidez monetaria
describe las condiciones de los mercados de crédito a corto plazo y con
frecuencia se mide en función de las tasas de interés o el volumen agregado
de dinero. Si se relaciona la liquidez monetaria y los precios de los activos de
acuerdo con la correlación positiva que existe entre dos variables.
En primer lugar, un aumento de la liquidez tiende a incrementar la
demanda ante una oferta fija de activos y conduce a una inflación de los
precios de los activos. En segundo lugar, un aumento de la liquidez
simplemente puede estar correlacionado con un incremento de los precios de
los activos en un entorno de perspectivas económicas más favorables, pero
sin ser la verdadera causa. En tercer lugar, un aumento de la liquidez pudiera
elevar el valor de los activos al reducir las tasas de interés, disminuyendo así
la tasa de descuento de los flujos futuros de efectivo de los activos.
En cuanto al dólar paralelo, en el gráfico 2 se presenta el tipo de cambio
anual, desde 1913 hasta 2010, observando que comienza la variación del
cambio durante el año 1990, y para el año 2008 se observa un alza del valor
de cambio cuando fue situado en Bsf. 2,15/USD el cual continuo en
crecimiento hasta alcanzar el valor de Bsf. 4,30/USD, actuando en el
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mercado interno como motor para impulsar los precios de los bienes y
servicios, debido a la necesidad de adquirir materias primas para la
producción interna y además satisfacer la demanda nacional de productos
terminados no producidos en el país.
GRÁFICO 2 TIPO DE CAMBIO (Bs/USD)
1913 A 2010
Fuente: Banco Central de Venezuela (2011).
El concepto, que parece no desaparecer en Venezuela y en el mundo,
refiriéndose a la palabra “paralelo”, haciendo relación a una cuestión que va
por al lado de algo, hace referencia a aquel comercializado fuera de los
parámetros de la ley, y es realmente de gran incidencia en la cotización del
dólar.
En consecuencia, a partir del año 2003 el gobierno venezolano implantó
un esquema cambiario fundamentado en un control oficial rígido a las
transacciones cambiarias corrientes y de capital, y un tipo de cambio cuasi
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fijo con ajustes anuales y totalmente fijo a partir de 2005. Sin embargo, a
partir de 2008 las autoridades han adoptado un fuerte racionamiento en la
asignación de divisas a través del mercado oficial, desviando tácitamente
una buena parte de la demanda de divisas para usos considerados menos
esenciales hacia el mercado paralelo, en el cual se mantiene un tipo de
cambio ubicado alrededor del 200% sobre el precio oficial.
Para soportar lo antes expresado, Maza Zavala (2010), comentó que
seguirá la insuficiencia de divisas, debido a que la demanda excede a la
oferta tanto en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) como en el
Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), el cual
va a sufrir de inmediato el problema de la insuficiencia de la oferta, y del
exceso de demanda.
Como resultado de las demandas insuficientes que se pueden
satisfacer a través de Cadivi, se considera que la actual escasez creciente de
divisas está afectando el funcionamiento del aparato productivo nacional. Por
lo tanto, el gobierno nacional pretende cubrir la demanda emitiendo nuevos
bonos de la deuda pública, sin descartar que Petróleos de Venezuela salga
con consecutivas ofertas al mercado.
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GRÁFICO 3 RESERVAS INTERNACIONALES
Fuente: Banco Central de Venezuela (2012).
Lo anteriormente expuesto, apunta hacia la importancia representada
por la cantidad de reservas acumuladas por un país, pues ello influye
evidentemente en el tipo de cambio de la moneda nacional, por tanto se
infiere cómo en la medida en que sean mayores las reservas de una nación
en esa misma medida se tenderá hacia el fortalecimiento de ésta, lo cual le
permitirá contar con un mayor respaldo, por ello se podrá lograr la
revalorización de la misma, teniendo en cuenta que cuando las reservas
disminuyen se genera una presión hacia la devaluación de la moneda
nacional.
Pues, las reservas internacionales constituyen el respaldo de la
moneda nacional, las cuales se acumulan fundamentalmente en oro y en
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dólares. Cuando las reservas internacionales están amenazadas se
establecen diversos mecanismos para evitarlo, entre ellos el más utilizado es
el aumento del tipo de cambio o también conocido como devaluación de la
moneda, y en casos extremos el control cambiario. Para reducir los
incentivos de los ciudadanos de cambiar el dinero a dólares, se debe
establecer un ritmo de devaluación que acompañe tanto a la inflación como a
las tasas de interés. Si esto no se respeta, la población tenderá con toda
razón a cambiar su dinero a dólares y eso afectará las reservas
internacionales.
Aportando a lo expuesto , García (2010), en Venezuela a partir del año
2003 se mantiene un sistema de control de cambios, puesto en marcha
debido a una intervención oficial a quien corresponde a fijación de valor de
cambio de la divisa, sin tomar en cuenta los mecanismos tradicionales de
mercado como lo es la oferta y demanda. Inicialmente, el objetivo para su
aplicación radicó en la protección de la paridad de la moneda y la salida
masiva de las reservas internacionales, producto de la crisis social y política
que contextualizaba al país.
Entre las desventajas resultantes de la puesta en marcha de este
mecanismo consistió en la aparición de un mercado paralelo de divisas,
comúnmente nombrado como mercado negro, cuya finalidad reside en suplir,
con un sobre precio o prima, el exceso de demanda de divisas no cubierto
con la oferta oficial.
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Los indicadores financieros, anteriormente expuestos se alcanzaron en
el contexto de un alza significativa de los precios del petróleo, cuando
pasaron de 57 dólares por barril en 2009 a 72 dólares el barril en 2010,
colocándose por encima de los 80 dólares. A pesar de esto, durante el mes
de Octubre de 2010 la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) anunció que Venezuela se mueve en la dirección
incorrecta en la lucha contra el hambre.
No obstante, el producto interno bruto (PIB), con el cual se mide el
crecimiento económico, y a la vez se encuentra asociado al índice de
desempleo, así la caída del PIB en 1,9% durante el año 2010 contrasta con
el crecimiento de la tasa de cesantía abierta que se ubicó en 8,7% al cierre
del mes de Noviembre, a pesar de la inamovilidad laboral, hallándose que la
economía perdió aproximadamente 30.000 puestos de trabajo .
Estos hallazgo, evidencian los graves problemas que presenta el país,
que aún en el siglo XXI se caracteriza por ser monoproductor, al concentrar
sus esfuerzos sólo alrededor de la industria petrolera sin hacer ningún
esfuerzo por crear buenas oportunidades en el resto de la economía, a pesar
de poseer una relativa facilidad para financiar otras actividades si así lo
deseara. Pero, al generar gran cantidad de dinero vía exportaciones
petroleras y los agentes económicos no percibir oportunidades para realizar
inversiones en el país, ese dinero es sacado del país hacia otras fronteras
donde es factible percibir un mejor cuadro para las inversiones.
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Como consecuencia, de todo lo antes planteado pudo visualizarse
como el año 2010 cerró para la economía venezolana por segundo año
sucesivo con una caída de la producción de bienes y servicios de 1,9%.
Observando este resultado negativo con respecto a la economía interna
también se reprodujo en el sector externo. En ese sentido al conocer el
mensaje de fin de año del presidente del Banco Central de Venezuela, la
salida de divisas durante el año 2010 alcanzó la cifra de 20.140 millones de
dólares según cifras preliminares, lo que representa un 10,6% del producto
interno bruto.
Pues muy a pesar, de todo los controles implantados continua
generando la fuga de capitales en Venezuela, la cifra antes mostrada
representa un incremento del 43,44% con respecto al año 2009, cuando la
cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos se registró una salida
de US$ 14.040 millones. De estos hallazgos, queda evidenciado que a pesar
del control de cambio, la devaluación de enero de 2009 y las restricciones
para la asignación de los dólares vía Cadivi, las divisas producidas por la
economía venezolana no dejan de salir del país.
Por todo lo antes expuesto, el gobierno venezolano a partir del año
2006 ha venido consecutivamente efectuando emisiones de bonos de deuda
pública con tres objetivos, bajar el dólar paralelo, drenar liquidez monetaria y
obtener recursos financieros para invertir, y en 2011 se anunció la emisión de
bonos por 2.394 millones de dólares con vencimiento para el año 2021, en
un operación privada con el BCV, en ese sentido queda declarada por parte
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de PDVSA que estas operaciones son parte de la continua estrategia de
administración de los vencimientos futuros y del perfil de su deuda.
En relación con lo antes expresado, Garcia-Duran (2005), refiere que
las causas que impulsan al Estado a la emisión de títulos públicos pueden
ser varias. Puede estar incurriendo en déficit fiscal (lo cual implica que lo
recaudado con los impuestos u otros ingresos no alcanza para cubrir los
gastos); puede tener como objetivo financiar proyectos de infraestructura que
no desea o no puede financiar de otro modo; y en el caso de que se están
creando presiones inflacionarias como resultado del exceso de oferta
monetaria, el Estado puede emitir títulos de deuda, con la finalidad de sacar
de circulación un monto determinado de dinero.
Efectos de la emisión de bonos públicos en la economía
venezolana.
En ese sentido, fue necesario entender cómo los desequilibrios
macroeconómicos han estado presentes en la economía a lo largo de la
década de los ochenta siendo necesaria la instrumentación de un programa
de ajuste, adoptado en 1989, año en el cual se promovió un cambio
significativo en el diseño y ejecución de la política monetaria en Venezuela.
Este nuevo enfoque quedó entrelazado con los lineamientos de política
económica de un programa enmarcado en un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, pero además se requirió de un desempeño más
activo por parte del Banco Central con la finalidad de lograr el equilibrio entre
los mercados monetario y cambiario.
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Puesto, que al producirse desequilibrios en el mercado de dinero, de
bienes y servicios y en el tipo de cambio real, se impacta de forma directa la
dinámica de las variables que influye en la demanda agregada, entre las
cuales se cuenta con las monetarias, fundamentos del tipo de cambio real de
equilibrio y las fiscales, entre otras.
GRÁFICO 4 INFLACIÓN 1831 - 2011
Fuente: Banco Central de Venezuela (2012).
El grafico 4, se muestran los históricos inflacionarios desde 1831 hasta
2011 los cuales revelan que la peor crisis económica desde la independencia
quedó registrada durante última década del siglo XX, como consecuencia
fundamentalmente a los conflictos políticos. De estos planteamientos, puede
entenderse que la brecha real afecta directamente a la inflación de bienes,
puesto que esta inflación es causada cuando la demanda agregada aumenta
más aceleradamente que la producción, esto puede tener diversos orígenes:
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incremento del consumo de las familias, incremento del gasto público, o del
gasto en inversión de las empresas.
Consultando las cifras ofrecidas por el Banco Central de Venezuela
acerca de la inflación, para el año 2008 alcanzó un valor de 30,9%, en 2009
fue de 25,1% mientras para 2010 se incrementó hasta 26,9%, lo cual
representa tasas elevadas para la sociedad venezolana pues afecta de
manera negativa tanto el presupuesto como el valor de los ahorros de los
ciudadanos y las empresas, y a la vez la economía se encontraba en el
comienzo de una recesión.
Partiendo de la premisa en la cual la inflación implica el crecimiento
simultáneo de los productos y los factores productivos y el aumento de unos
precios empuja a los demás en círculo vicioso, resulta realmente difícil
establecer sobre qué rama industrial o qué factor fue el origen de la
escalada. Pues, el aumento descontrolado de los precios tiene varias
implicaciones negativas para la economía.
Desde la perspectiva de la familia, seria muy difícil saber cuánto dinero
es necesarios para adquirir los bienes que necesita, o si el valor de su dinero
es el mismo para comprar lo acostumbrado, mientras para las empresas
imposibilita diseñar una estrategia de negocios al desconocer el monto en el
cual se incrementarán sus insumos, además se ven obligadas a realizar
frecuentes cambios de precios, generando costos. De igual manera sobre
las negociaciones salariales, los trabajadores tendrían que estar
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constantemente adivinando cuánto subirán los precios anualmente para
hacer sus peticiones.
A pesar del esfuerzo que pueda hacerse, mientras se presente una
mayor variabilidad en los precios relativos, son provocadas severas
distorsiones e ineficiencia en la asignación de los recursos, lo cual al mismo
tiempo se traduce invariablemente en una pérdida de competitividad y de
actividad económica.
En ese sentido, refiere Friedman (1992) citado por Krugman (2007),
que la inflación suele conducir a graves distorsiones que terminan por afectar
de una forma u otra a todos los agentes que intervienen en el proceso
productivo, e incluso a todos los miembros de la sociedad. Las
consecuencias del fenómeno no se distribuyen en forma equitativa en la
colectividad. De hecho, mientras algunos pueden verse gravemente
perjudicados, otros pueden llegar a percibir beneficios de la misma, como los
que adquieren pasivos a tasas muy por debajo de la inflación.
Por lo tanto, lo más importante para el Banco Central de Venezuela
debería ser alcanzar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda
nacional, tarea que se logra con la estabilidad de precios, por ello una de las
estrategias para lograr el control de la inflación seria intervenir elevando las
tasas de interés, con la finalidad de encarecer el efectivo circulante y los
créditos, de forma que quienes lo utilizan se encarezca obligándolos a pagar
más rápido. Por otro lado, quienes actúan como inversionistas ven las
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oportunidades de acrecentar sus ganancias ya que si invierten ganarán
intereses, como los ofrecidos al colocar bonos públicos, poniéndole un freno
a la inflación.
En ese contexto, Toro (2012), refiere que PDVSA debido a la situación
grave que atraviesa no emitirían más bonos este año, sin embargo, la
empresa se está viendo obligada a emitir bonos en un momento inoportuno
endeudándose de manera severa, pues parte de la empresa está siendo
destinada a cumplir actividades no vinculadas con la empresa y las
inversiones no se realizan, por lo tanto pareciera que se transita hacia una
fuerte recesión.
De allí que se observe cómo en diciembre de 2008 el precio de la cesta
de petróleo crudo venezolano se ubicó en 31,55 dólares por barril, sin
embargo seis meses antes se ubicaba en 130 dólares, solo seis meses, el
precio del barril para Venezuela había caído 75%. En 2009 de acuerdo a
cifras emitidas por el Banco Central de Venezuela, el precio del petróleo
estaba ubicado alrededor de los 56-59 dólares por barril, con tendencia hacia
el alza, por lo cual es incomprensible que se deba recurrir a los impuestos
para cubrir el gasto público, y continúe en crecimiento tanto la deuda interna
como externa.
Tal como viene ocurriendo a partir del año 2009 cuando el paquete
económico implantado por el gobierno nacional incrementó los impuestos,
bajó el gasto, restringió la entrega de divisas y cortó la producción petrolera;
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se condujo directamente al país con la implantación de esas medidas hacia
una recesión.
Estos hallazgos, permitieron observar cómo se ha sumergido a la
economía venezolana en una recesión profunda, sin que la situación permita
distinguir una recuperación o bien una salida clara ni en el corto ni en el
mediano plazo. En este marco, la economía venezolana de acuerdo a cifras
del Banco Central de Venezuela mostró para el 2009 una caída del PIB de
3,3%, muy por encima de la caída promedio de la región latinoamericana.
Dentro de ese marco, una recesión presenta simultáneamente un
problema de caída de la demanda junto con caída de las utilidades. Por
ende, no mejorará la situación tratar de resolver un problema de demanda de
parte de los presuntos consumidores a expensas de las ganancias de los
otros. Necesitan ocurrir muchas cosas distintas y por separado antes de que
tome su curso una recesión.
Entre las acciones para controlar la recesión, podrían ser primeramente
liquidar el capital cuando la capacidad de producción en exceso va a
restringirse con capital devaluado siendo comprado barato por las empresas
que están mejor ubicadas para superar la crisis. Segundo, seria justo
deshacerse de las mercancías acumuladas, comprándolas a bajo precio,
pues la inversión no se reanudará si continúa la sobreproducción.
Tercero, después de que esto ha ocurrido debe incrementarse la tasa
de beneficio industrial favorecida por bajas del salario real y de las tasa de
interés, entendiendo que se reducirán naturalmente en la medida en que la
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demanda de dinero “fresco” aminore la recesión. Esto podría contribuir a que
se reanude la inversión y aumente la acumulación.
A estos acontecimientos, las autoridades económicas principalmente el
Banco Central de Venezuela como institución responsable del mercado
monetario, debería analizar e introducir las medidas necesaria para evitar
que la caída de los precios del petróleo tengan efectos negativos tanto en el
ámbito externo como el fiscal.
Entre las medidas a tomar para evitar la recesión, sin embargo, se
aplicaron algunas medidas tales como los racionamientos de los montos
autorizados al sector productivo y a los importadores en el último trimestre de
2008 por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), órgano
encargado de administrar el control de cambio y las divisas para
importaciones. Pero posteriormente, a partir de marzo de 2009, casi nueve
meses después de haber comenzado el derrumbe de los precios del
petróleo, el Ejecutivo nacional anunció públicamente un conjunto de medidas
fiscales y de ingresos para enfrentar la crisis.
En ese sentido, Hernández, Moraleda y Sánchez (2011), manifiestan
que a las autoridades económicas, al detectar la crisis, pueden distinguir
entre distintas soluciones: la inyección de liquidez desde los bancos
centrales, la intervención y la nacionalización de bancos, la ampliación de la
garantía de los depósitos, la creación de fondos millonarios para la compra
de activos dañados o la garantía de la deuda bancaria.
98
A este respecto, Venezuela al cierre del año 2008 ha observado una
reducción de los ingresos externos, pero con un nivel de reservas nunca
antes alcanzado de 42.299 millones de dólares. Continuar con un control
administrado de divisas parecía entonces una mezcla bastante convincente
al considerar un ajuste contractivo en las asignaciones de divisas hacia el
resto de la economía.
A pesar del esfuerzo de la política pública implantada no se encontraron
los mecanismos adecuados para controlar la inflación, lo cual fue
contraproducente por estar directamente concatenada con la recesión. No
obstante, la decisión de continuar en una paridad cambiaria oficial fija,
contrariamente a no lograr controlar la inflación, continuó socavando un
patrón prolongado de sobrevaluación de la moneda y alimentando
expectativas de ajustes cambiarios muy cercanos y con secuelas
inflacionarias. Paradójicamente, el amarre cambiario acabó actuando como
un mecanismo de impulso hacia la inflación.
GRÁFICO 5 DÓLAR PARALELO 2006 - 2010
Fuente: Solorzano (2010).
99
Resulta todavía más sorprendente que este sesgo recesivo en la
política económica no haya cambiado en lo sustancial durante el curso de
2010, incluso en un escenario de franca recuperación en los precios del
petróleo, 68 dólares por barril, 25 dólares por encima del valor promedio
registrado entre enero y mayo de 2009. Siendo de acuerdo a Ortiz (2005), el
objetivo fundamental del control del mercado cambiario es la imposición de
restricciones y condicionamientos a la compra de divisas, con el fin de
racionar y optimizar su utilización, fomentar las importaciones prioritarias a
bajo costo, así como evitar especulación contra el tipo de cambio y la fuga de
capitales. Ahora bien, el problema consiste en que la restricción a la compra
de divisas da lugar a que los agentes económicos, quienes generan divisas,
pierdan incentivos para participar en el mercado lo cual da lugar a su
contracción.
Contrariamente fue modificada la política cambiaria, al ajustar la
paridad en 2010, además de implementar un régimen de cambios múltiples,
dejando atrás el sistema de cambio único el cual se había mantenido
inalterado durante casi cinco años. Así surge el Convenio Cambiario No 14,
donde el Ministerio de Economía y Finanzas establece oficialmente dos
paridades cambiarias de acuerdo al tipo de bienes: una a 2,6 Bs/USD y otra
a 4,3 Bs/USD, lo cual pude ser visualizado en la gráfica 5, donde se plasma
la evolución a partir del ano 2006 hasta 2010.
Esta medida corrige, de manera parcial la progresiva desalineación del
tipo de cambio real con respecto a la paridad real de equilibrio. No obstante ,
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la motivación más significativa parecía ser la multiplicación de los recursos
en bolívares que tanto PDVSA como el fisco nacional tendrían disponibles
para su plan de gastos del año.
De esto puede trasmitirse, que cuando las devaluaciones se realizan
tardíamente suelen producirse masivas pérdidas de ingreso y de riqueza, por
lo ende, impulsan agudas contracciones en la demanda y la producción,
afectando el PIB así como el crecimiento económico.
En relación directa con estos hallazgos, refiere afirma Giordani (2010),
desde el Ministerio de Finanzas que la emisión de los bonos públicos deben
tender a favorecer el crecimiento económico a través del financiamiento de
proyectos de inversión, permitiendo hacer frente a los compromisos y al
mismo tiempo alcanzar un manejo óptimo de sus pasivos. Con el fin de de
actuar en concordancia, son brindados al sistema financiero una diversidad
de instrumentos de deuda tanto a corto como a largo plazo a tasas fijas y
variables.
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