El Estado de la Corrupcion en Panama, 2013
Fundacion para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capıtulo Panameno de Transparencia Internacional
Introduccion
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacio-‐
nal, presenta a la opinión pública, por cuarto año consecu vo, el “Informe sobre el Estado de la Corrupción
en Panamá”.
En el año 2013, se regularizaron en nuestro país los cursos de la Academia Regional An corrupción de la
Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito para fortalecer las capacidades de las personas
involucradas en la lucha contra la corrupción, principalmente la de los servidores públicos que laboran en
instancias de inves gación y persecución de este po de delitos. También fuimos la sede de la Sép ma
Conferencia de la Asociación Internacional de Autoridades An -Corrupción (IAACA) y de la V Conferencia
de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Estas ac vidades deberían u lizarse, más que con fines propagandís cos del Gobierno, como oportunida-‐
des para comprometerse realmente en la lucha contra la corrupción a través de una hoja de ruta, con me-‐
didas concretas y realizables, que a seis (6) meses de las elecciones dudamos que se vayan a adoptar.
Queda esperar el compromiso de los candidatos a la presidencia con el tema an corrupción.
El presente informe se prepara por temas, e incluye la mención de los principales escándalos de corrup-‐
ción publicados por los medios, ya inves gados o en etapa sumarial. También destacamos algunas accio-‐
nes emprendidas en el plano internacional para evitar que la corrupción avance.
Informe N°4, ano 2013
Administracion de Justicia La Corrupción, para Transparencia Interna-‐cional, es el “mal uso del poder encomenda-‐do para obtener bene-‐ficios privados”. De manera indirecta este concepto incluye a la empresa privada, cuan-‐do par cipa en la transacción que permi-‐te que el servidor pú-‐blico reciba un benefi-‐cio par cular.
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La impunidad de los casos de corrupción sigue siendo uno de los principales problemas a resolver en nuestro país. En el caso del enriquecimiento ilícito, ha resultado complicado probar la comisión de ese delito, y el proceso puede tomar hasta 8 años. Sin una reforma a la Ley 59 de 1999 que permita que las declaraciones patrimoniales de bienes sean objeto de un audito al inicio y al final de la ges ón, los funcionarios seguirán adquiriendo bienes que no pueden jus ficar, y se mantendrá la impunidad que tanto desalienta a la ciudadanía que observa en las cárceles a miles de personas por la supuesta comisión de delitos comunes, pero cuando se trata de funcionarios corruptos, allí la jus cia es lenta e inocua. Las estadís -‐cas no mienten: las inves gaciones que se inician son muchas, pero la mayoría terminan en sobreseimientos provisionales o defini vos por tecnicismos perfectamente salvables con voluntad polí ca y reformas de carácter administra vo. Para luchar contra la impunidad la administración de jus cia requiere de independencia y mayor presupuesto. Actualmente la Asamblea Nacional de Diputados man ene congelado un proyecto de Ley de Carrera Judicial consensuado entre los diferentes sectores y actores en materia judicial, y el presupuesto del Ministerio Público fue objeto de un fuerte recorte para el año 2014. De los 144 millones solicitados solamente le fueron otorgados 74 millones, lo que limita enormemente su capacidad de inves gación de los delitos, incluidos los de co-‐rrupción.
Publicidad O icial En el año 2013 seguimos observando descontrol en el gasto de publicidad oficial. No hay ninguna norma que regule ni su contenido, ni sus límites, salvo en período electoral, lo cual es bastante manipulable. No hay cifras oficiales claras sobre cuanto ha gastado este Gobierno en publicidad, pero si se toma en cuenta lo divulgado en diferentes medios, entre julio de 2009 y junio de 2013, solo el Ministerio de la Presi-‐dencia gastó $22.7 millones en publicidad. Esta cifra se obtuvo de un informe de dicho Ministerio revelado luego de que el diario La Pren-‐sa solicitara la información sobre la base de la Ley 6 de Transparencia y Acceso a la Información. De acuerdo a este informe, las empresas de televisión local Corporación Medcom y Televisora Nacional S.A. han recibido $2.8 millones y $2.6 millones, respec vamente. La Compañía Digital de Televisión S.A. –Nextv–, ligada al presidente, Ricardo Mar nelli, ha obtenido $1.7 millón; el 77% de estos lo recibió entre 2012 y 2013. Hasta junio de este año, por ejemplo, había hecho transacciones con la Presidencia por $696 mil, suma superior a la que han recibido, en 2013, Medcom ($630 mil) y Televisora Nacional S.A. ($540 mil). Todo el lo sin some-‐terse a una medición cien fica de audiencia (ra ng) que garan ce que dichos recursos se des nan a un medio en donde se observará la información por un mayor número de personas para op mizar el gasto en publicidad. En Colombia en el año 2011, el gobierno dio muestras de autocontrol poniendo tope al gasto en publicidad estatal, en respuesta al clamor de la opinión pública. La Ley 1474 de 2011, aprobada en Colombia instauró alrededor de 140 medidas an corrupción. El tema del gasto en publicidad oficial se reguló de la siguiente manera: ARTÍCULO 10. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD. ...En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en cuanto a con-‐tenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos… Se prohíbe el uso de publicidad oficial, o de cualquier otro mecanismo de divulgación de programas y polí cas oficiales, para la promoción de servidores públicos, par dos polí cos o candidatos, o que hagan uso de su voz, imagen, nombre, símbolo, logo o cual-‐quier otro elemento iden ficable que pudiese inducir a confusión…. Parágrafo 1. Las en dades del orden nacional y territorial que tengan autorizados en sus presupuestos rubros para publicidad o difusión de campañas ins tucionales, deberán reducirlos en un treinta por ciento (30%) en el presente año, tomando como base para la reducción el monto inicial del presupuesto o apropiación presupuestal para publicidad o campaña. Una vez sur da la reducción anterior, en los años siguientes el rubro correspondiente sólo se podrá incrementar con base en el índice de precios al consumidor. En Panamá, a inicia va de uno de los diputados de oposición, en el 2013, se presentó un proyecto de Ley que limita el gasto de publicidad, el cual debería formar parte de los debates a la presidencia de la República, ya que la regulación del tema es necesaria para evitar despilfa-‐rro, corrupción y descontrol del gasto público.
Administracion de Justicia
De acuerdo a publicación realizada por el diario La Estrella de Panamá, sustentada en cifras oficiales de la Contraloría General de la República en los primeros cuarenta y nueve (49) meses del gobierno actual, la planilla pública se incrementó en 33.258 nuevos funcionarios, lo cual ene algún grado de relación con la creación de nuevas ins tuciones y el aumento de la inversión social del Gobierno, como algunos ministros sustentaron. Las ins tuciones de mayor aumento en la planilla fueron la Fuerza Pública, el Mi-‐nisterio de Educación (MEDUCA), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud (MINSA). En junio de 2009, a inicios de la actual administración, habían 170.040 funcionarios registrados en la planilla estatal. Más tarde, en julio de 2013, laboraban 203.298 empleados. Esto representó un incremento del 20% durante este período. Tanto la Convención de la ONU contra la Corrupción, como la Convención de la OEA, reconocen la falta de mérito en la contratación de servidores públicos y la ausencia de un régimen de estabilidad, como uno de los principales obstáculos para reducir los niveles de corrupción. En Panamá, el actual gobierno, suspendió la aplicación de la Ley de Carrera Administra va hasta el mes de julio de 2012, con la finalidad de seguir realizando nombramientos con fines clientelistas. Hasta la fecha no se conoce de concursos realizados.
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De acuerdo a información suministrada por el Tribunal Electoral, el subsidio estatal que se otorgará a los par dos polí cos en las elecciones del 2014 asciende a la suma de 69.8 millones. De este monto, el 40% (27,9 millones) se entrega antes de las elecciones, y el 60% restante (41.9 millones) luego de las mismas para el sostenimiento de los par dos durante periodo no electoral. Si anali-‐zamos la información reportada por los par dos poli cos luego de las elecciones de 2009, estos recibieron en donaciones pr ivadas, la suma de 25,6 millones de dólares y tuvieron gastos por la suma de 27,3 millones de dólares.
Sobre este dinero, el cual puede que se duplique en la presente elección al ritmo de gastos en publicidad que estamos observando, no hay mayores controles, ya que no hay tope en el gasto ni obligación de hacer transparente el origen de las donaciones. Lo anteri-‐or además de generar desigualdad es la base de la corrupción polí ca. Esperemos que los candidatos se comprometan públicamen-‐te a impulsar este cambio dentro de sus propuestas.
En el año 2013, la Ley de Contratación Pública sorprendentemente no fue objeto de nuevas modificaciones, no obstante, lo ocurrido en la Defensoría del Pueblo con el tema de las consultorías sí se debió generar un cambio en la legislación ante el mu smo de la Con-‐traloría General de la República que es la llamada a ejercer un control previo sobre todos los actos de manejo de fondos públ icos, lo que incluye los contratos estatales. En el año 2008 se introdujo una modificación al ar culo 92 de la Ley 22 de 2006. Se incluyó un párrafo que flexibilizó la contratación de consultorías por parte de las ins tuciones del Estado hasta por la suma de 300,000.00 balbo-‐as. La norma exonera a las ins tuciones de solicitar autorizaciones superiores (MEF, CENA o Consejo de Gabinete). Solamente se re-‐quire obtener el refrendo de la Contraloría General, lo que ha permi do que se realicen contrataciones directas irregulares con pocos controles superiores. Esta norma debe ser derogada, para evitar que se sigan come endo abusos y actos de corrupción con el dinero de los contribuyentes. En cuanto a las contrataciones a través de procedimiento excepcional (contrataciones directas) la estadís ca está bastante dispersa. En la memoria ins tucional de la Dirección de Contratación Pública correspondiente a los años 2011-2012 se puede observar que del año 2006 al 2012, se han llevado a cabo 18,131 contrataciones directas lo que representa 1,437 millones de dólares. Solamente en el año 2012 se efectuaron 2,426 contrataciones directas por la suma de 162 millones de dólares, una gran parte de estas, para obras que pudieron haber sido objeto de procesos de licitación pública.
n, entre otros, en Financiamiento Electoral
Carrera Administrativa
Contratacion Publica
Transparencia y Acceso a la Informacion
De acuerdo con publicaciones periodís cas, existen actualmente en la Corte Suprema una gran can dad de Recursos de Habeas Data pendientes de decisión final cuyas resoluciones han demorado más del empo razonable. Gran parte de ellos producto de solic itudes de medios de comunicación. Por otro lado a través de la Ley 33 de 2013 mediante un proceso opaco y sin ninguna par cipación de la Socie-‐dad Civil organizada, se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, con la excusa de contar con un ente inde-‐pendiente que se encargara de estos temas y del cumplimiento de las Convenciones An corrupción suscritas por nuestros país. Esta tarea era desempeñada por la Secretaría del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción adscrito a la Presidencia de la Re-‐pública, la cual fue reemplazada por el nuevo ente antes mencionado designándose a la misma persona que estaba al frente de la Secre-‐taría. Cabe resaltar que la creación de este ente se realizó al margen del mandato de la Ley de Acceso a la Información de la OEA, que recomendaba un ente colegiado, que los designados no hubiesen sido parte del Gobierno durante los dos años anteriores a sus nombra-‐mientos, así como espacios de par cipación ciudadana en la creación del mismo. En relación con la par cipación de Panamá en la Alianza de Gobiernos Abiertos (OGP) entre los requisitos para ser parte de la misma, se exigía el envío de un Plan de Acción de País diseñado con la par cipación de las organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan los dis-‐ntos temas de la Agenda, sin embargo la propuesta enviada por Panamá no fue consultada con las dis ntas organizaciones, por lo que la
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información encargada del tema, ene pendiente reparar esta omisión.
Conclusiones de la V Confe-rencia de los Estados Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y Balance de la Coalición de la Sociedad Civil (UNCAC Coalition)
La V Conferencia de los Estados
Partes de la Convención de las Nacio-‐
nes Unidas contra la Corrupción se
celebró en Panamá del 25 al 29 de
noviembre de 2013. Entre sus obje -‐
vos tenía adoptar resoluciones para
avanzar en materia de prevención de
la corrupción, en polí cas comunes
de criminalización y cooperación
internacional en caso de este po de
delitos, en mejorar los mecanismos
de recuperación de ac vos producto
de la corrupción, y fortalecer el me-‐
canismo de cumplimiento de los
acuerdos adoptados por los países al
suscribir la Convención. La Coalición
de la Sociedad Civil de la Convención
conformada por más de 350 organi-‐
zaciones de más de 100 países reco-‐
noce que el aporte de las decisiones y
discusiones de los países pueden
mejorar las polí cas an corrupción,
pero que se podrían obtener resulta-‐
dos más sostenibles si se incluye y se
toma en cuenta las contribuciones y
aportes de las organizaciones de la
sociedad civil, la cual solicita que
haya más inclusión en las discusiones
de las diferentes propuestas de
resolución.
Al final, se aprobaron seis (6) resolu-‐
ciones relacionadas con la par cipa-‐
ción del sector privado en la lucha
contra la corrupción, el estableci-‐
miento de mayores controles inter-‐
nos, mayor par cipación de la juven-‐
tud y la niñez en la prevención de la
corrupción, y la promoción de una
cultura de integridad, transparencia y
obligación de rendir cuentas como
responsabilidades compar das. Sin
embargo, algunos países se resis e-‐
ron a discu r las posibilidad de ma-‐
yor par cipación de las organizacio-‐
nes de la sociedad civil como obser-‐
vadores.
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CASOS RELEVANTES (De supuestos actos de corrupción ven lados en los medios de comunica-‐ción y/o en proceso de inves gación)
1. IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE CONSULTORÍA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Con 49 votos a favor y 11 abstenciones, la Asamblea Nacional, el día 5 de agosto de 2013 des tuyó a la Defensora del Pueblo Patria Portugal, luego de que la Corte Suprema de Jus cia, por medio de la Sala Penal, decidiera separar a Portugal el 24 de julio, tras aceptar la acusación por peculado que le hizo el Ministerio Público por la firma, supuestamente irregular, de un contrato por $250 mil dólares con la empresa Imaginarium Studio, S.A. Los diputados, jus ficaron la remoción en supuesta negligencia al otorgar contratos onerosos para dis ntas consultorías. Tal como fue publicado en dis ntos medios de comunicación, la Defensora del Pueblo en un perio-‐do de cinco meses contrató en forma directa los servicios de dos empresas vinculadas a una mis-‐ma familia, vinculada al par do Cambio Democrá co, por un monto de 450,000.00 dólares para contratar los servicios de consultoría para diseño gráfico e imagen ins tucional (lo que incluía el rediseño de la página WEB) por 250,000.00 y un entrenamiento en servicio al cliente por otros 200,000.00. 2. CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA AMPYME En el mes de diciembre de 2013, la Procuraduría de la Nación remi ó la inves gación que se inició a la Administradora de la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) a las fiscalías An corrupción, en virtud de que Giselle Burillo ya no es funcionaria con mando y jurisdicción en el país. En sep embre de 2013, luego del clamor de la ciudadanía, la Autoridad Nacional de Trans-‐parencia y Acceso a la Información solicitó a la Procuraduría de la Nación inves gar si se come e-‐ron ilícitos en los contratos otorgados por la administradora de la AMPYME a una empresa dedica-‐da a brindar diferentes capacitaciones. Este informe hace referencia a los 21 contratos por más de $3.5 millones otorgados a Consultores Estratégicos de Panamá, S.A. De acuerdo a información difundida en los diferentes medios de comunicación, las fiscalías an co-‐rrupción deberán inves gar si hubo irregularidades en la concesión de cuatro licitaciones para pro-‐porcionar capacitación y equipos para oficios técnicos, que le fueron adjudicadas a la empresa Consultores Estratégicos de Panamá, S.A. Igualmente, deberá inves gar los contratos para asis-‐tencia técnica y capacitación empresarial y en la entrega de kits para carpintería, belleza, fumiga-‐ción, jardinería y capacitación en cultura. La información señala que en cada uno de estos actos la empresa consultada ofertó $175 mil, el mismo monto establecido como precio base de la licita-‐ción. 3. CONTRATACIÓN DIRECTA DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA AUTO-‐
RIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ. En agosto de 2013 producto de una inves gación periodís ca, se reveló a la opinión pública que la Autoridad de Turismo de Panamá en el año 2012 otorgó un contrato directo por $715,920,.00 en el que se incluyó el pago de $447,000.00 para lo referente al si o WEB y $268,000.00 por el traslado de periodistas extranjeros al país, y que en el año 2013, el Administrador de la Autoridad de Turismo volvió a contratar directamente a dicha compañía por un monto de $882,998.00 y le pagó $600,000.00 por la WEB y $282,000.00 para traer medios internacionales. Estas contrataciones fueron cues onada por el elevado monto de las mismas, ya que entendidos en el tema de diseño y mantenimiento de páginas WEB consideraron como excesivo el pago realizado por los servicios prestados, y también debido a que el Representante Legal de dicha compañía es el exsecretario de la dirección de Seguridad Informá ca del Ministerio de la Presidencia, y hermano de la secretaria de Asuntos Sociales de la Presidencia, Dayra Fábrega, lo que para muchos representa un conflicto de interés al haberse adjudicado de manera directa ambos contratos. Por estas contrataciones no hubo citaciones de la Asamblea Nacional ni se inició ningún po de inves-‐gación por parte de las autoridades competentes.
Robert Klitgaard define la corrupción a través de la siguiente fórmula:
C= M + A - T (C) es Corrupción, (M) Monopolio, (A) Arbitrariedad y (T) Transparencia.
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Relación entre Corrup-‐ción y Pobreza
“La corrupción es una de las mayores causas de la pobreza, a la vez que re-‐presenta una barrera para comba rla. Ambos flage-‐los se alimentan mutua-‐mente atrapando a las poblaciones en el círculo vicioso de la miseria. La corrupción debe ser abor-‐dada con fuerza si se bus-‐ca que la ayuda al desarro-‐llo tenga resultados para liberar a los pueblos de la pobreza”.
Peter Eigen
(Fundador de Transparen-‐cia Internacional)
4. CASO FINANCIAL PACIFIC
La Bolsa de Valores de Panamá y La nClear en una inspección ru naria en el año 2012, hallaron que el saldo en efec vo registrado en las cuentas de los clientes de inversión no coincidía con los saldos bancarios que debían tener estas cuentas. Se trataba de un descuadre, que para ese en-‐tonces ascendía a 7 millones de dólares. En otras palabras, había diferencias importantes entre los saldos consignados a favor de clientes, las inversiones realizadas y sus cuentas bancarias. El pronunciamiento de la Bolsa de Valores y de La nClear se registró el 10 de octubre de 2013, y así se abrió paso a una reorganización, ordenada el 16 de octubre por la Superintendencia del Mer-‐cado de Valores.
Producto de esta inves gación fue detenida, Mayte Pellegrini, empleada de confianza de la em-‐presa, acusada de mover de forma fraudulenta el dinero de los clientes, lo que dio origen a un desfalco que de acuerdo a las inves gaciones supera los 10 millones de dólares. Pellegrini se entregó a la Fiscalía Decimotercera de Circuito el 20 de noviembre de 2012, dos días más tarde hizo reveladores señalamientos. Detenida y en medio de un proceso indagatorio, Pellegrini dijo, entre muchas otras cosas, que las supuestas irregularidades en el manejo de la casa de valores incluían la existencia de una cuenta secreta llamada High Spirit, que fue abierta para manipular acciones. La acusada se refirió a los valores de Petaquilla Minerals. En su indagatoria del 22 de noviembre, Pellegrini señaló que los direc vos Iván Clare y West Val-‐dés habían dicho públicamente que una cuenta secreta llamada High Spirit se abrió para “manipular el mercado de valores con las acciones de Petaquilla. Y que era del presidente, Ricar-‐do Mar nelli”. Lo anterior fue públicamente desmen do por el Presidente de la República. Mientras con nua-‐ban las inves gaciones, el 16 de noviembre de 2012, se da la desaparición de Vernon Ramos, que era parte del equipo de analistas que como parte del proceso de reorganización de Financial Paci-‐fic, realizaba los informes de la situación administra va de la empresa. El primer informe de este equipo, fechado el 23 de octubre de 2012, reveló que exis an ciertas anomalías y que los esta-‐dos financieros fueron presentados oportunamente, pero con errores, discrepancias, omisiones e información falsa de cuentas y balances de la empresa. En abril de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó la compra de las acciones de Financial Pacific, por parte de un grupo inversor brasileño. De acuerdo a información publica-‐da en los medios, el grupo Mendo Sampaio llegó a un acuerdo de compraventa con los ejecu -‐vos de la empresa para iniciar un proceso formal de compra accionaria desde el mes de diciem-‐bre de 2012, en medio del escándalo que rodeaba la casa de valores que abarcaba un supuesto fraude y acusaciones del mercado de valores. El acuerdo de compraventa, según información publicada en los diferentes medios, de dio por la suma de $13.8 millones, monto al que asciende el faltante producto del supuesto desfalco. Hasta la fecha se man ene detenida a Mayte Pelle-‐grini, y con núan abiertas las inves gaciones por la extraña desaparición del analista Vernon Ra-‐mos.
Robert Klitgaard define la corrupción a través de la siguiente fórmula:
C= M + A - T (C) es Corrupción, (M) Monopolio, (A) Arbitrariedad y (T) Transparencia.
Panamá en el Índice de Percepción de Corrupción
El 3 diciembre de 2013 Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción que ahora permite hacer
mejores comparaciones sobre el avance de los países. Con la modificación de la metodología del Índice de Percepción de la
Corrupción ahora es de 0 a 100, donde 100 representa un bajo nivel de percepción de corrupción y 0 una alta percepción.
El índice asignado a Panamá para el año 2012 fue de 38 puntos. En el año 2013 se le asignaron a Panamá 35 puntos. El
descenso de tres puntos nos hizo bajar 21 posiciones. Del puesto número 83, pasamos a ocupar el lugar 102, lo cual debe
ser mo vo de preocupación para nuestro país y llevarnos a adoptar polí cas concretas y realizables a corto plazo que ayu-‐
den a reducir la alta percepción de corrupción que enen los ciudadanos panameños, y que se ve reflejada en diferentes
informes que sirven de base al Índice de Percepción de Transparencia Internacional.
Para elaborar el Índice de 2013 se u lizaron 13 fuentes de datos: 1. Calificaciones sobre Gobernabilidad 2011 del Banco
Africano de Desarrollo; 2. Indicadores sobre Gobernabilidad Sostenible 2011 de Bertelsmann Founda on; 3. Índice de
Transformación 2012 de Bertelsmann Founda on; 4. Calificaciones de Riesgo País de la Economist Intelligence Unit; 5. Na-‐
ciones en Transición 2012 de Freedom House; 6. Calificaciones de Riesgo País de Global Insight; 7. Anuario de Compe vi-‐
dad Mundial 2012 de IMD; 8. Poli cal and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2012; 9. Guía Internacional sobre
Riesgo País de Poli cal Risk Services; 10. Encuesta de Fuentes de Soborno 2011 de Transparency Interna onal; 11. Evalua-‐
ción Ins tucional y de las Polí cas Nacionales 2011 del Banco Mundial; 12. Encuesta de Opinión Ejecu va (EOE) 2012 del
Foro Económico Mundial; 13. Índice de Estado de Derecho 2012 de World Jus ce Project.
Algunas Reformas Legisla vas Pendientes 1. Legislación sobre Conflicto de Intereses. Salvo por lo que se menciona en el Código Uniforme de É ca de los Servidores Públicos sobre la prohibición de que los funcionarios incurran en dichos conflictos, nuestro país no posee un mecanismo de prevención, inves -‐gación y sanción real, no hay en Panamá, ni una Ley que evite que en la prác ca observemos con frecuencia que se den conflictos de intereses. Necesitamos aprobar estrictas normas para evitar conflictos de intereses que impidan que los funcionarios puedan pasar de los entes reguladores a las empresas reguladas, evitar que em-‐presas que hayan donado grandes sumas de dinero a la campaña polí ca del par do y los candidatos gobernan-‐tes, puedan ser objeto de contrataciones directas, entre otras medidas que podrían ayudar a disminuir estos conflictos que abren la puerta a la corrupción. 2. Normas que protejan a los denunciantes de Actos de Corrupción. Panamá, actualmente cuenta con la Ley 48 de 30 de agosto de 2004 y la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que implementa el Sistema Penal Acusatorio, el cual se aplicará progresivamente en los diferentes distritos judiciales hasta el año 2014 cuando entrará a regir a nivel nacional. En sep embre de 2011 entró a regir la norma que protege a los tes gos y denunciantes y obliga a crear un programa de protección para ambos. La protección de tes gos y denunciantes en Panamá, todavía es ineficiente, y lejos de proteger a los tes gos, lo exponen al vic -‐mario. 3. Reforma de la Ley 59 de 1999. Para que las inves gaciones sobre enriquecimiento ilícito sean más eficientes, hace falta reformar la Ley 59 de 1999 para permi r que la Contraloría General de la República pueda auditar las Declaraciones Patrimoniales de los funcionarios que están obligados a presentarla, ya que las mismas son archivadas y nadie las examina, salvo que surja una denuncia por presunto enriquecimiento injus ficado. Igualmente, hace falta ampliar la base de funcionarios obligados a presentarla, desarrollar un formato único, y realizar las reformas legales per nentes para que la misma pueda ser suministrada y actualizada de manera electrónica.
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