Sin comentarios: Extracto de la Sección 2002 del American Service Members' Protection Act H.R. 4775 del 2 e agosto de 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I - El gobierno americano afirma temer las denuncias infundadas y con intención política dirigidas contra sus nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II - Un arsenal político-jurídico complejo que pretende la impunidad de los nacionales americanos . . . . . . . . . . . . . . . 6
III - Conclusión y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IV - Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Federación Internacional de los derechos humanos
InformeInforme de posición n°8
Corte Penal Internacional
NO A LA EXCEPCIÓN NORTE AMERICANACon el pretexto de la lucha contra el terrorismo, losEstados Unidos emprenden una ofensiva contra la
Corte Penal Internacional
n° 345/3Noviembre 2002
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Sin comentarios: Extracto de la Sección 2002 del American Service Members' Protection Act H.R. 4775 del 2 e agosto de 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I - El gobierno americano afirma temer las denuncias infundadas y con intención política dirigidas contra sus nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II - Un arsenal político-jurídico complejo que pretende la impunidad de los nacionales americanos . . . . . . . . . . . . . 6A - El American Service Members' Protection Act (ASPA) o la doctrina americana contra la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6B - La lucha de los Estados Unidos contra la CPI en el Consejo de Seguridad: la resolución 1422 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Historia y oposición a la resolución 1422 (2002) adoptada el 12 de julio de 2002 por el Consejo de Seguridad de la ONUReacciones institucionales ante la resolución 1422C - Los acuerdos de impunidad: la utilización del artículo 98 del Estatuto de Roma por parte de los Estados Unidos . 101. El mecanismo jurídico del artículo 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102. La utilización americana del artículo 98 del Estatuto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11i. Modelo de acuerdos bilaterales tipo "artículo 98" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ii. Reacciones de las instituciones europeas ante la instrumentalización del artículo 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
III - Conclusión y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
IV - Anexos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15A - Anexos relativos a la resolución 1422 del Consejo de Seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15A1. Carta del 3 de julio de 2002 del Secretario General de la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad (en inglés)A2. Tabla que ilustra el riesgo cero, para los ciudadanos americanos miembros de operacionesde mantenimiento de la paz, de ser sometidos a la competencia de la CPI (fuente: ONU) (en inglés)B - Anexo relativo a los acuerdos de impunidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Resumen de las informaciones disponibles sobre los acuerdos de impunidad (en inglés)C - Documento de la FIDH sobre los procedimientos de Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
NO A LA EXCEPCIÓN NORTE AMERICANACon el pretexto de la lucha contra el terrorismo, los Estados Unidos
emprenden una ofensiva contra la Corte Penal Internacional
Sumario
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(5) Las fuerzas de mantenimiento de la paz que operen en un país que haya ratificado el Tratado (de la Corte PenalInternacional) pueden ser sometidas a la competencia de la Corte aunque el país de nacionalidad del individuo quepertenezca a dicha fuerza no forme parte del Estatuto. Así, el Tratado crea una situación en la que las fuerzas armadasamericanas podrían ser perseguidas por la Corte Internacional, aunque los Estados Unidos no han aceptado la vinculación aeste tratado. No sólo ello es contrario a los principios más fundamentales del derecho de los tratados, sino que podría impedirque los Estados Unidos tuviesen recurso a la fuerza militar para cumplir con sus obligaciones de alianza, o que participasenen las operaciones multinacionales, incluyendo las intervenciones humanitarias con el fin de salvar vidas civiles. Otrascontribuciones a las operaciones de mantenimiento de la paz podrían verse de igual manera expuestas.
(8) Los miembros de las fuerzas armadas americanas deberían verse libres de todo riesgo de persecución por parte de laCorte Penal Internacional, en especial cuando se hallan destinados o desplegados en todo el mundo para proteger interesesvitales de los Estados Unidos. El gobierno americano tiene la obligación de proteger al máximo a los miembros de sus fuerzasarmadas contra cualquier persecución penal por parte de la Corte Penal Internacional.
(9) Además de exponer a los miembros de las fuerzas armadas americanas al riesgo de una persecución penal internacional,el Estatuto de Roma crea un riesgo de que el Presidente y otros oficiales de alto rango elegidos o nombrados por el gobiernode los Estados Unidos sean perseguidos por la Corte Penal Internacional. Si la Comisión preparatoria de pone de acuerdosobre una definición del crimen de agresión sin tener en cuenta las objeciones americanas, los oficiales americanos podríanser amenazados con persecuciones penales por las decisiones de seguridad nacional que implican cuestiones tales como larespuesta a los actos de terrorismo, la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva y la prevención delas agresiones. Como mínimo sería necesario que los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, los altosoficiales del gobierno americano, se vean libres de cualquier riesgo de persecución por parte de la Corte Penal Internacional,en especial en el ejercicio de sus funciones de protección de los intereses nacionales de los Estados Unidos.1
Extracto de la Sección 2002 del American Service Members' Protection ActH.R. 4775 del 2 de agosto de 2002
1. Traducción no oficial de la FIDH.
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Desde el 17 de julio de 1998, día en el que los Estados Unidos votaron contra el Estatuto de la primera Corte PenalInternacional (CPI) permanente, este país ha ido creando un arsenal jurídico y político complejo que pretendegarantizar que no solo sus ciudadanos, sino también cualquier persona, sea cual sea su nacionalidad, que trabaje bajomando americano, no sean nunca entregados, enjuiciados o juzgados por la CPI.
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1. ¿Es necesario recordar que la CPI no tiene competenciasretroactivas, y que por lo tanto sólo podrá tratar loscrímenes cometidos tras su entrada en vigor el 1 de julio de2002?
Es difícil no concebir las gestiones americanas como intentosde dar "carta blanca" a los dirigentes, militares y civilesamericanos implicados en el contraterrorismo y otrasoperaciones militares en el exterior, concediéndoles así lagarantía - en el futuro - de que todo "desbordamiento" o "dañocolateral" estará cubierto por una inmunidad absoluta queimpide todo enjuiciamiento penal fuera de los tribunalesamericanos.
2. ¿Es necesario recordar que la CPI estará guiada por elprincipio de complementariedad que otorga a lasjurisdicciones nacionales la prioridad de enjuiciamiento yjuicio de los crímenes competencia de la Corte, es decir elgenocidio, los crímenes contra la humanidad y loscrímenes de guerra?
El principio de complementariedad de la CPI con lasjurisdicciones nacionales concede a los Estados Unidos unrefugio frente al juicio de criminales americanos por parte dela CPI. La Corte es competente sólo cuando los EstadosUnidos se niegan o son incapaces de llevar a los criminalesante la justicia, cuando el orden judicial nacional no funciona.En efecto, en virtud del artículo 17, un caso se considerainadmisible por la CPI cuando "el asunto sea objeto de unainvestigación o enjuiciamiento en el Estado que tienejurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevara cabo la investigación o el enjuiciamiento o no puedarealmente hacerlo", o cuando "el asunto haya sido objeto deinvestigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él yéste haya decidido no incoar acción penal contra la personade que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a queno esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o nopueda realmente hacerlo".
Por lo tanto no es necesario que el Estado que no quiere quesus ciudadanos comparezcan ante la CPI entre en acuerdosbilaterales sobre el fundamento del artículo 98 del Estatuto.Basta que, cada vez que uno de sus ciudadanos sea acusado,lo haga comparecer ante su propio sistema judicial, y la CPI,tras constatar que se cursa un procedimiento, o que tras el
procedimiento se ha tomado la decisión de no juzgar, o queya se ha juzgado, declarará, según el principio decomplementariedad, que no puede tratar el caso.
Por otra parte, el Estatuto incluye garantías eficaces contradenuncias abusivas. En especial:
- la Sala de Cuestiones Preliminares "asumirá desde la fasede instrucción el control de las actas del Fiscal". La Sala deCuestiones Preliminares debe, obligatoriamente, dar suautorización previa a la apertura de un procedimiento ainiciativa del fiscal. También controla la recopilación depruebas por parte del fiscal y controla el respeto de lasgarantías reconocidas en el Estatuto para las personasdetenidas.
- mecanismos de protección de las informaciones relativas ala seguridad nacional de los Estados.
- medidas generales de protección de los testigos quepermiten garantizar la confidencialidad de ciertostestimonios, y que se pueden aplicar a los testigosparticulares y a personal de las operaciones demantenimiento de la paz.
- garantías judiciales para los sospechosos y los acusados entodas las fases del procedimiento.
- procedimiento previsto para el examen por parte de la Cortede la denuncia.
En este contexto, ¿Cómo no poner en duda la voluntadamericana de enjuiciar a los nacionales americanos ante suspropios tribunales?
3. ¿Es necesario recordar que el Estatuto de Roma se dirigea todos equitativamente, sin distinción fundada sobre sucalidad oficial?
El artículo 27 del Estatuto prevé que no se reconoceráinmunidad alguna, incluso para los Jefes de Estado o deGobierno. Consiguientemente, una excepción en lacompetencia de la Corte parece una contradicción total con eltexto y el espíritu del Estatuto.
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4. Finalmente, ¿es necesario recordar que la competenciade un Estado para enjuiciar a una persona, sea cual sea sunacionalidad, por un crimen cometido sobre su territorio,es una competencia tradicional, reconocida por el conjuntode los sistemas jurídicos del mundo?
La Corte Penal Internacional tiene una competencia limitadaa los crímenes cometidos por el nacional o sobre el territoriode un Estado parte del Estatuto de la CPI. Así, como lo señalael gobierno americano, un ciudadano americano que cometeun crimen sobre el territorio de un Estado parte, escompetencia de la CPI, hayan o no aceptado los EstadosUnidos el Estatuto de Roma. En virtud del principio decomplementariedad, el Estado parte en cuestión puede,además, pedir que el ciudadano americano sea juzgado antesus tribunales internos. Como lo explicó la delegación suizaen su intervención del 14 de octubre de 2002 en la AsambleaGeneral de las Naciones Unidas, "la Corte no ataca losderechos de los Estados no parte. Por lo tanto, es erróneoreprocharle un poder extraterritorial. Cuando juzgue al autor,sea cual sea su nacionalidad, de un crimen cometido sobreel territorio de un Estado parte, ejercerá una competenciaterritorial ordinaria, clásica. Todos los códigos penalesnacionales contemporáneos registran este tipo decompetencia. Deseamos resaltar, por lo tanto, una vez más,que una proliferación de inmunidades y de cláusulas deexcepción pondría de nuevo en entredicho el buenfuncionamiento de la Corte".
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Analizado en su totalidad, el arsenal construido no sediferencia de los medios aplicados por los americanos paraluchar contra el terrorismo. Estas gestiones se efectúanparalelamente en el plano de la política interior, la diplomaciainternacional y las negociaciones bilaterales:- La Ley ASPA (American Service Protection Act), iniciada bajo laadministración Clinton por los conservadores del Senadoamericano, define lo principal de este objetivo, afirmando elrechazo de los Estados Unidos a cooperar con la CPI y criticandolas fundaciones jurídicas de la Corte. La Ley omite el derechointernacional y es prueba del unilateralismo americano en laescena internacional, ya que intenta imponer a otros países supunto de vista sobre la Corte, utilizando presiones resultado desu superioridad económica, política y militar. (A)- Al margen de su postura en el plano de la política interior, losEstados Unidos continúan intentando boicotear la competenciade la Corte en el marco de la diplomacia internacional.Habiendo fracasado en la negociación de una justicia penalinternacional "aceptable" en Roma y después en las sesionesde la Comisión preparatoria para la CPI, los Estados Unidos handecidido utilizar el Consejo de Seguridad para garantizar uncontrol político de la competencia y del ejercicio de lacompetencia de la Corte. A pesar de la fuerte movilización delos Estados, de las ONG y de la toma de posición del SecretarioGeneral de las Naciones Unidas contra las propuestasamericanas, la resolución 1422 ha pasado a la unanimidad,ofreciendo así una inmunidad total e ilimitada ante la CPI paralos responsables o el personal en actividad (o antiguosresponsables o personal) de un Estado contribuyente que noforma parte del Estatuto de Roma por actos u omisionesvinculadas a operaciones establecidas o autorizadas por laONU. (B)- La presión americana también se ejerce individualmentesobre otros países. Los Estados Unidos intentan maniobrar pormedio de acuerdos bilaterales fundados falaciosamente en elartículo 98 del Estatuto de Roma, para prevenir la entrega a lacorte de un nacional americano. (C)
A. El American Service Members' Protection Act(ASPA) o la doctrina americana contra la CPI
La ley HR 4775 "American Service Members' Protection Act"(ASPA), aprobada en el contexto legislativo de la ley definanzas, en respuesta a los ataques terroristas contra losEstados Unidos, constituye la doctrina pública de los EstadosUnidos con respecto a la CPI.
Recordando en el preámbulo las razones de su oposición a laCorte, insiste incorrectamente en el hecho que "un tratadointernacional no puede crear obligaciones hacia un Estadono parte" y por lo tanto, "los Estados Unidos rechazancualquier competencia de la Corte para con sus nacionales".
En sustancia, esta ley, presentada por primera vez el 8 demayo de 2001 ante la Cámara por el republicano M. Delay yfirmada por el Presidente Bush el 2 de agosto de 2002:
1. Prohíbe cualquier cooperación americana con la CPI(Sección 2004):
Esta prohibición general de cooperación con la Corte seaplica a los tribunales americanos, a los gobiernos locales yal gobierno federal. Incluye la prohibición de transferir ante laCorte a cualquier persona, ciudadano americano o extranjeroresidente en los Estados Unidos, presente en el territorio; laprohibición de cualquier investigación de la Corte en elterritorio de los Estados Unidos; la prohibición de asignarfondos del gobierno americano para las detenciones,arrestos, extradiciones o el enjuiciamiento de un ciudadanoamericano o un extranjero residente permanentemente enlos Estados Unidos por la Corte; la prohibición de aplicar enel territorio de los Estados Unidos cualquier medida deinstrucción relacionada con una denuncia preliminar, unainvestigación, un enjuiciamiento o cualquier otroprocedimiento de la Corte.
2. Restringe la participación americana en ciertasoperaciones de mantenimiento de la paz de la ONU(sección 2005):
Se espera que el Presidente utilice la voz y el voto americanodentro del Consejo de Seguridad para garantizar que todas lasresoluciones tomadas en el marco del capítulo VI o VII de laCarta de las Naciones Unidas que autorizan respectivamente lapuesta en marcha de operaciones de mantenimiento de la pazy de reestablecimiento de la paz consideren una exenciónpermanente, para los miembros del ejercito americano. Se tratade un enjuiciamiento penal ante la CPI de los nacionalesamericanos en lo que se refiere a las acciones desarrolladas enconexión con la operación. La participación del ejercitoamericano sólo sería posible si ocurriese en el territorio de unEstado no parte del Estatuto. El Presidente de los Estados Unidospuede permitir la participación de las tropas americanas en tales
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operaciones si se respeta una de las tres condiciones siguientes:el Consejo de Seguridad garantiza por resolución la inmunidadde las fuerzas armadas americanas; la CPI no puede ejercer suscompetencias en el campo de las operaciones militares o si hayun acuerdo del tipo "artículo 98" entre los Estados Unidos y elpaís en donde se desarrollen las operaciones militares o si elinterés nacional justifica tal operación.
3. Evita la transferencia ante la Corte de los documentosrelativos a la seguridad nacional (Sección 2006)
4. Prohíbe cualquier ayuda militar aunque la mayoría deEstados ratifiquen el Estatuto de Roma (Sección 2007)
El principio general de este artículo dispone que, un añodespués de la entrada en vigor de la Corte, no se proporcionaráninguna ayuda militar americana a un Estado parte de la CPI.Sin embargo la ley prevé que ciertos Estados se pueden eximirde acuerdo con el interés nacional americano. Así, la cláusulade la no-ayuda no es aplicable a los Estados miembros de laOTAN, los aliados esenciales, aunque no miembros, de la OTAN(incluyendo Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Argentina,República de Corea, Nueva Zelanda) y Taiwán. De la mismamanera, el Presidente puede reexaminar la prohibición si elEstado en cuestión tuviera un acuerdo con los Estados Unidosde conformidad con el artículo 98 del Estatuto, que prohibiríaexplícitamente la entrega de un americano a la CPI.
5. Presentación de informes ante el Congreso (Sección2009)
Prevé que el Presidente debe proporcionar al Congreso uninforme que detalle cada alianza militar en la que los EstadosUnidos participe, y especifica hasta qué punto podrían losmiembros de las fuerzas armadas americanas, en el contexto deuna operación militar dirigida por esta alianza, ser colocados bajoel control operacional de oficiales extranjeros sometidos a la CPI(por ser nacionales de un Estado parte de la Corte) y evaluar suriesgo para las fuerzas armadas americanas (Sección 2009).
6. ASPA o el "Hague Invasion Act" (Sección 2008)
Autoriza al Presidente a utilizar "todos los medios necesarios yadecuados" para liberar a un ciudadano americano retenidopor la CPI, de donde viene el apodo de "Hague Invasion Act"(Sección 2008).
El ASPA contiene igualmente toda una serie de mecanismosque permiten que el Presidente americano anule dichasprohibiciones.
Durante el verano de 2001 y hasta los acontecimientos del11 de septiembre, los miembros del parlamento queimpulsaron esta ley decidieron vincular la autorización delSenado sobre el pago de los atrasos que los EE.UU. debían ala ONU a la ley anti-CPI. El 13 de septiembre, dos díasdespués de los ataques terroristas contra Nueva York yWashington, el diputado Tom DeLay finalmente decidiórenunciar a oponerse al pago de los atrasos y los diputadosaceptaron así el pago sin ningún tipo de condicionamiento.
El 10 de septiembre, la ley anti-CPI estaba revisada paraincluir las prerrogativas presidenciales, que permiten eliminaralgunas de las prohibiciones consideradas por la ley ASPA.
El 25 de septiembre, una carta del Departamento del Estadoinformó a Jesse Helms sobre el apoyo del gobierno a la leyrevisada.
El 28 de noviembre el Senador republicano Henry Hyde haceaprobar en el último momento una enmienda a la ley de finanzaspara defensa de 2002, que prohíbe cualquier cooperación con laCPI. Después de muchas enmiendas, la versión final de la leyotorga al Presidente un amplio margen de maniobra paralevantar las prohibiciones previstas en el ASPA, e insiste en elhecho de que ninguna de sus disposiciones puede interferir conla autoridad constitucional del Presidente para decidir sobre lapolítica extranjera.
Finalmente, una enmienda a la ley ("Enmienda Dodd", Sección2015) hace posible que los Estados Unidos cooperen con losesfuerzos internacionales, incluyendo la CPI, para llevar ante lajusticia a nacionales extranjeros acusados de genocidio, decrímenes de la guerra o de crímenes contra humanidad, comoSadam Hussein, Slobodan Milosevic, Bin Laden u otrosmiembros de Al Queda o la Jihad islámica. Entre la inmunidadpara sus nacionales y la lucha antiterrorista, el "interés nacional"permite todas las contradicciones…
El 2 de agosto de 2002, George W. Bush firma el ASPA. Ladoctrina americana relativa a la Corte se inscribe así en elderecho interno. Pero los Estados Unidos deben tambiéncerciorarse de que ninguno de sus nacionales, civil,diplomático o militar, que esté fuera del territorio americano,podrá ser "molestado" por la Corte. Esta es la razón por laque se ha negociado una resolución del Consejo deSeguridad para limitar la competencia de la CPI y por la quese promueve el establecimiento de acuerdos bilateralespara evitar que se entregue a la Corte a nacionalesamericanos. De este modo, se materializa un ASPA en elámbito internacional.
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B - La lucha de los Estados Unidos contra la CPI en el Consejo de Seguridad: la resolución 1422
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1. Resolución 1422 (2002) adoptada por el Consejo de Seguridad a su 457ª reunión, el 12 de julio de 2002"El Consejo de Seguridad,Tomando nota de la entrada en vigor, el 1° de julio de 2002, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Romael 17 de julio de 1998 (el Estatuto de Roma),Destacando la importancia que tienen para la paz y la seguridad internacionales las operaciones de las Naciones Unidas,Observando que no todos los Estados son partes en el Estatuto de Roma,Observando que los Estados Partes en el Estatuto de Roma han optado por aceptar su competencia de conformidad conel Estatuto y, en particular, con el principio de la complementariedad,Observando que los Estados que no son partes en el Estatuto de Roma continuarán desempeñando sus responsabilidadesen el ámbito de sus jurisdicciones nacionales en relación con crímenes internacionales,Determinando que las operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sedespliegan para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales,Determinando también que redunda en interés de la paz y la seguridad internacionales dar facilidades a los EstadosMiembros para que puedan contribuir a las operaciones establecidas o autorizadas por el Consejo de Seguridad de lasNaciones Unidas,
Actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas,
1. Pide, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Estatuto de Roma, que la Corte Penal Internacional, si surgeun caso en relación con acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por las NacionesUnidas y que entrañe la participación de funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estadoque no sea parte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga, durante un período de doce meses apartir del 1° de julio de 2002, investigaciones o enjuiciamiento de ningún caso de esa índole salvo que el Consejo deSeguridad adopte una decisión en contrario;2. Expresa la intención de renovar en las mismas condiciones, el 1° de julio de cada año, la petición que se indica en elpárrafo 1 para períodos sucesivos de doce meses durante el tiempo que sea necesario;3. Decide que los Estados Miembros no tomarán ninguna medida que no esté en consonancia con el párrafo 1 y con susobligaciones de carácter internacional.4. Decide seguir ocupándose del asunto."
Como se ha indicado arriba, la ley americana ASPA prevé que"a partir de la fecha en la que el Estatuto de Roma entre envigor de conformidad con el artículo 126 del Estatuto deRoma, el Presidente deberá utilizar su voz y su voto en elConsejo de Seguridad para garantizar que toda resolución delConsejo de Seguridad que autorice operaciones demantenimiento de la paz en virtud del Capítulo VII de la Cartade las Naciones Unidas excluya, como mínimo, a losmiembros de las fuerzas armadas americanas que participenen dichas operaciones, de cualquier persecución penal porparte de la Corte Penal Internacional por sus accionesemprendidas en conexión con la operación"1
El Estatuto fue ratificado por más de 60 Estados el 11 de abrily entró en vigor el 1 de julio de 2002. Como era de esperar, apartir de mediados de junio de 2002, Washington intentóintroducir ante el Consejo de Seguridad diversasdisposiciones con el objetivo de excluir de la competencia de
la CPI a toda persona, ciudadano de un Estado no parte delEstatuto, contratado para operaciones de mantenimiento dela paz de las Naciones Unidas y, en primer lugar, a losnacionales americanos.
Para hacer frente a la opacidad de los procedimientos delConsejo de Seguridad, Canadá solicitó tres veces que seorganizase una reunión abierta. Después de haber recibidodos rechazos, esta sesión finalmente fue llevada a cabo elpasado 10 de julio.
Aunque la mayoría de los Estados se había pronunciadoantes, en sesión plenaria, contra la propuesta americana ycontra la posibilidad de que el Consejo de Seguridad abriesede nuevo el Estatuto de la CPI, los Estados votaron el 12 dejulio de 2002 una resolución que pretende ser uncompromiso. Llamado "compromiso histórico" o "victoria" poralgunos, esta resolución equivale realmente a normalizar una
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justicia a la carta y a conceder la inmunidad absoluta por unperíodo de un año, a partir del 1 de julio de 2002, a losnacionales de Estados no parte del Estatuto, en el marco deoperaciones del mantenimiento de la paz. Por otra parte, estadecisión es renovable cada año el 1 de julio, aniversario de lafecha de la creación de la CPI.
Así, la resolución 1422 altera la competencia de la Corte yviola el artículo 16 del Estatuto de Roma, que permite alConsejo de Seguridad posponer una investigación o elenjuiciamiento de una persona, pero sólo individualmente yde manera limitada.
El artículo 16 del Estatuto de Roma prevé, efectivamente, que"En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad conuna resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en elCapítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corteque suspenda por un plazo de doce meses la investigación o elenjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esasuspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo deSeguridad en las mismas condiciones". De conformidad condicho artículo, la Corte sólo podrá suspender la investigación sininguno de los cinco miembros permanentes del Consejo deSeguridad opone un veto a la petición.
La resolución 1422 viola el artículo 16 porque sistematiza lasuspensión por parte de la CPI de la investigación de
cualquier caso que implique a responsables o antiguosresponsables, a personal o antiguo personal de un Estadocontribuyente que no forme parte del Estatuto de Roma poractos u omisiones vinculados a operaciones establecidas oautorizadas por la ONU.
La inmunidad consagrada implica a la vez a ciudadanos deEstados no parte y a los de Estados parte del Estatuto deRoma. Basta que el Estado contribuyente en una operaciónde la ONU sea un Estado no parte - aunque las personas bajosu mando sean nacionales de Estados parte - para que elconjunto de su personal pasado y presente sea inmune a lacompetencia de la CPI. Así, por ejemplo, si un ciudadanobritánico (Estado parte) es enviado por los Estados Unidos(Estado no parte) en el marco de una operación demantenimiento de la paz de la ONU a la RepúblicaDemocrática del Congo (Estado parte) y comete un crimen dela competencia de la CPI, esta persona tendrá una inmunidadautomática.
Finalmente, ningún mecanismo de la resolución prevé queestas personas sean juzgadas en jurisdicciones nacionales delEstado contribuyente, es decir en este caso, Estados Unidos.
Por otra parte, esta resolución abre peligrosamente la puertaa otras modificaciones de convenciones internacionales pordecisión política del Consejo de Seguridad.
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Riesgo cero de persecuciones ante la CPI para americanos que participen en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU
Sobre la base de informaciones recientes de la ONU, se ha elaborado una tabla que demuestra que los cascos azulesamericanos no estaban, en ningún caso, expuestos a la competencia de la CPI según los conciertos existentes. Los cascosazules americanos sólo se verían expuestos a una investigación de la CPI en caso de que (condiciones acumulativas):1. los Estados Unidos tienen personal que participe en una misión de mantenimiento de la paz2. el personal americano que participa en una misión de la ONU es enviado a un país que haya ratificado la CPI3. y ningún otro tribunal, como el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, tiene prioridad.
Ahora bien, en todas las misiones de la ONU de mantenimiento de la paz, o bien los Estados Unidos no tienen personal en lamisión, o bien el Estado anfitrión no es parte de la CPI, o bien el TPIY tiene prioridad de jurisdicción. Por lo tanto, el riesgo totalde exposición de los Estados Unidos es nulo en todos los casos.Además, existen numerosos parapetos en el Estatuto de Roma, como el principio de complementariedad, que garantiza quelos Estados Unidos tendrán siempre la prioridad de jurisdicción frente a sus ciudadanos.Considerando este análisis, es evidente que la intención de los Estados Unidos no es proteger a sus propios cascos azules, sinosocavar la Corte.
Ver Anexo A2: Tabla ilustrativa del riesgo cero para los ciudadanos americanos, miembros de operaciones demantenimiento de la paz, de ser sometidos a la jurisdicción de la CPI. (El original de las informaciones se encuentra en:http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/30062002.pdf).
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2. Reacciones institucionales a la resolución 1422
La resolución 1422 del Consejo de Seguridad fue comentaday condenada por varias instituciones, tanto a escala regionalcomo internacional.
Así, la sub-Comisión para la promoción y la protección de losderechos humanos del Consejo Económico y Social de la ONUadoptó la resolución 2002/4 el 13 de agosto de 2002, en laque deplora "la inmunidad de principio concedida en virtudde la resolución 1422 (2002) del 12 de julio de 2002 delConsejo de Seguridad a los nacionales de los Estados noparte del Estatuto que participen en las operacionesdecididas o autorizadas por el Consejo de Seguridad paramantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales".
Gualmente, la resolución 1422 fue condenada por elParlamento Europeo en una resolución del 26 de septiembrede 2002 (resolución (2002)0449):
"El Parlamento Europeo, [. ..] C. Lamentando que la Resolución 1422 del Consejo deSeguridad de las Naciones Unidas, de 12 de julio de 2002,sobre las operaciones establecidas o autorizadas por elConsejo de Seguridad, según la cual la CPI no debe iniciar niproseguir investigaciones o enjuiciamiento de casosrelacionados con acciones u omisiones de funcionarios, exfuncionarios, o personal de cualquier Estado que no seaparte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, duranteun período de doce meses a partir del 1 de julio de 2002, conposibilidad de renovación cada 1 de julio por un nuevoperiodo de doce meses [. ..] 1. Subraya que ningún acuerdode inmunidad debe permitir la posibilidad de impunidad deningún acusado de crímenes de guerra, crímenes contra laHumanidad o genocidio."
Sin embargo, los Estados Unidos todavía fueron más lejos enla destrucción de la CPI utilizando un artículo del Estatutode Roma para evitar la entrega de un ciudadanoamericano a la CPI.
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C. Utilización del artículo 98 del Estatuto de Roma por los Estados Unidos
1. El mecanismo legal del artículo 98.
Artículo 98 del Estatuto de Roma "1. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia en virtud de la cual el Estado requerido deba actuaren forma incompatible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con respecto a la inmunidad de unEstado o la inmunidad diplomática de una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga anteriormentela cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la inmunidad.2. La Corte no dará curso a una solicitud de entrega en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en formaincompatible con las obligaciones que le imponga un acuerdo internacional conforme al cual se requiera el consentimientodel Estado que envíe para entregar a la Corte a una persona sujeta a la jurisdicción de ese Estado, a menos que éstaobtenga primero la cooperación del Estado que envíe para que dé su consentimiento a la entrega."
El artículo 98 del Estatuto de Roma de la Corte PenalInternacional (CPI) está relacionado con los conflictos deobligación relativos al régimen de cooperación del Estatuto. Lastensiones pueden emerger, por ejemplo, cuando un Estado esobligado, a petición de la Corte, a detener a una persona, perono puede acatarlo sin violar otra obligación del derechointernacional, como, por ejemplo, el respeto de la inmunidad deesta persona. De hecho, cuando se establece que una normade derecho internacional existente hace ilegal el hecho de queun país acate la petición de cooperación de la Corte, estaúltima, a priori, no emitirá la petición.
Pero, si un Estado anula sus inmunidades, una petición decooperación por parte de la Corte ya no pondría más en unaposición de ilegalidad al Estado en cuestión, si este acata la
petición. El párrafo 1 del artículo 98 establece de hecho que laCorte puede entrar en negociaciones con un Estado terceropara obtener una renuncia de sus derechos. No corresponde alEstado decidir si su acatamiento de la petición de cooperaciónconstituye una violación de otra norma de derechointernacional, sino a la Corte. Sin embargo, de acuerdo con lanorma 195 (1) del Reglamento de procedimiento y prueba, unEstado puede informar a la Corte que observa un problema enel marco del artículo 98 y presentar las informacionesnecesarias. Cualquier Estado tercero implicado puede tambiénpresentar la información. Así, la Corte tendrá una base efectivaconveniente para decidir.
Cuando tropas extranjeras están presentes en un territorio conel consentimiento del Estado receptor, su Estatuto está
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regulado generalmente por SOFA; el ejemplo más conocido esel de los SOFA de la OTAN (SOFA tipo OTAN). Los SOFA tipo OTANno tienen inmunidad en un sentido estricto, sino queestablecen una competencia que otorga al Estado que envía oel receptor el primer derecho de ejercer su jurisdicción paraciertos crímenes. Es decir, mientras que un Estado parte podríatener la obligación de someter a la Corte a un nacionalamericano, este último, según estos acuerdos será transferidoante las jurisdicciones americanas. Estos acuerdos deterioranasí la competencia de la Corte.
El artículo 98 del Estatuto de Roma no debía evitar que la CPIrequiera la cooperación o la entrega en circunstancias raras ycircunscritas.
2. La utilización americana del artículo 98 del Estatuto
Desde finales de julio de 2002, los Estados Unidos seacercaron a prácticamente todos los países del mundo, en loscinco continentes, con la intención de firmar acuerdosbilaterales que garantizasen la no transferencia de losnacionales americanos ante la CPI, estimando que éstospodrían ser objeto de denuncias de motivación política,presentadas por países "hostiles". En conjunto, se han tomadoaproximadamente 180 medidas.
En este contexto, el Secretario de Estado americano ColinPowell escribió personalmente a los gobiernos europeos el 16
de agosto de 2002 para solicitarles que firmasen talesacuerdos "cuanto antes" sin esperar a que la Unión Europeaconcluyese su posición oficial.
Washington además lamentó que la Comisión Europea pidieraa los países candidatos a la UE que no firmasen acuerdos deimpunidad mientras que los quince no hubiesen concluido suposición.
A día 25 de noviembre de 2002, 15 Estados: -Uzbekistán, -la República Dominicana, -Mauritania, -Timor Oriental, -Israel, -las Islas Marshall, -Palau, -Rumania,-Tayikistán, -Honduras,-Gambia,-Afganistán-El Salvador-Sri Lanka
han firmado oficialmente acuerdos con los Estados Unidos enel marco del artículo 98. Es extremadamente difícil controlartales acuerdos, que se firman generalmente en silencio.
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i. Modelo de acuerdos bilaterales del tipo "artículo 98":
"2. Los nacionales de una parte del actual Tratado presentes en el territorio del otro Estado parte, no deben, en ausenciadel asentimiento expreso de la primera parte: a)ser transferidos a la CPI. b)ser transferidos a otra entidad o a un tercer país, con el objeto de la transferencia ante la CPI 3. Cuando Estados Unidos extraditen, entreguen o transfieran a una persona nacional de la otra parte del acuerdo haciaun tercer país, los Estados Unidos se comprometen a no aceptar la entrega o la transferencia de esta persona a la CortePenal Internacional por parte del tercer país, salvo en caso de asentimiento expreso del gobierno de X. 4. Cuando el gobierno de X extradite, entregue o transfiera a una persona nacional de los Estados Unidos de América haciaun tercer país, el gobierno de X se compromete a no aceptar la entrega o la transferencia de esta persona a la Corte PenalInternacional por parte del tercer país, salvo en caso de asentimiento expreso del gobierno de los Estados Unidos."
En los acuerdos para los países no parte o no signatarios del Estatuto de Roma se incluye un párrafo adicional: "Cada parte acepta, conforme a sus obligaciones legales internacionales, no facilitar deliberadamente, consentir ocooperar con los esfuerzos de toda parte o cualquier tercer Estado para extraditar, entregar o transferir a una personanacional de la otra parte del acuerdo a la Corte Penal Internacional."
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Todos los expertos jurídicos gubernamentales, académicos ono gubernamentales, consultados hasta la fecha por laCoalición Internacional de ONG por la CPI (www.iccnow.org)afirman que los acuerdos bilaterales requeridos, que eximenespecíficamente a los nacionales americanos de lacompetencia de la Corte sobre la base del artículo 98 párrafo2 del Estatuto de Roma, están prohibidos de conformidad coneste mismo artículo.
La ratificación de un acuerdo tal haría que los Estados violasenel derecho internacional y que los Estados parte infringiesensus obligaciones con respecto al Estatuto de Roma.
Según el artículo 32 de la Convención de Viena sobre elderecho de los tratados, se puede recurrir a medioscomplementarios para la interpretación, y en especial a lostrabajos preliminares y a las circunstancias en las cuales seconcluyó el Tratado, cuando una interpretación "conduzca a unresultado manifiestamente absurdo o irrazonable". Losacuerdos concluidos con la interpretación americana delartículo 98 (2) conducirían a tal resultado absurdo eirrazonable, permitiendo a Estados no parte violar el principiofundamental del Estatuto de Roma, según el cual cualquiera -sea cual fuere su nacionalidad - que cometa un crimen degenocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerraen el territorio de un Estado parte queda sujeto a lacompetencia de la CPI. El objetivo general y la razón de ser delEstatuto de Roma es conseguir que los responsables de loscrímenes más serios comparezcan ante la justicia en todos loscasos, inicialmente en los Estados, pero como último recursoante la CPI. Así, cualquier acuerdo que evite que la CPI ejerzasu función complementaria de actuar cuando un Estado notiene la capacidad o la voluntad de hacerlo, hace fracasar elobjetivo y la razón de ser del Estatuto. La Convención de Vienasobre el derecho de los tratados viene a reforzar la conclusiónde que el enfoque americano del artículo 98 no es razonable,estipulando que "Un tratado deberá interpretarse de buena feconforme al sentido corriente que haya de atribuirse a lostérminos del tratado en el contexto de estos y teniendo encuenta su objeto y fin." (Convención de Viena sobre el derechode los tratados, artículo 31 (1), subrayamos).
Por otra parte, las disposiciones del artículo 98 (2) no permitenel tipo de acuerdo por el que los Estados Unidos hacen presión.De hecho, los acuerdos "artículo 98" propuestos por losEstados Unidos intentan prevenir la entrega a la Corte, en vezde intentar permitir la vuelta de personas a los Estados Unidos.De hecho, estas ofertas intentan enmendar los términos delTratado, borrando el concepto clave de "Estado que envíe" delartículo 98 (2). Por otra parte, las propuestas americanas
tienden a negar al Estado originario de la entrega su capacidadde asentimiento.
Los Estados que se plantean un acuerdo en el marco delartículo 98 que sólo eximiría solamente a los nacionalesamericanos y no a sus propios nacionales, como en el caso deRumania, se encuentran igualmente en una situación deviolación de sus obligaciones internacionales.
Los acuerdos concluidos en el marco del artículo 98 tienen unefecto destructor del proceso de ratificación global del Estatutode Roma y del derecho internacional de manera general. Sontotalmente contradictorios.
ii. Reacciones de las instituciones europeas ante lautilización del artículo 98
La utilización del artículo 98 ha sido denunciada por las variasinstituciones a escala europea.
El 25 de septiembre de 2002, la Asamblea Parlamentaria delConsejo de Europa expresó sus preocupaciones en cuanto a losacuerdos americanos de inmunidad:
"9. Por otra parte, la Asamblea está profundamentepreocupada por los esfuerzos desarrollados por ciertosEstados para menoscabar la integridad del Tratado de la CPI yen especial para concluir acuerdos bilaterales que tienen comoobjetivo eximir a sus oficiales, su personal militar y susnacionales de la jurisdicción de la Corte ("acuerdos deinmunidad")
La Asamblea considera que estos "acuerdos de inmunidad" noson aceptables bajo los Tratados de derecho internacional, enespecial la Convención de Viena sobre el derecho de losTratados, que estipula que los Estados se deben abstener deacciones que privarían a un Tratado de su objetivo y fin.
10. La Asamblea recuerda que los Estados parte del EstatutoRoma tienen la obligación general de cooperar plenamentecon la Corte en las investigaciones y el enjuiciamiento decrímenes de su competencia (artículo 86) y que el Estatuto seaplica por igual a todos sin distinción alguna basada en elcargo oficial (artículo 27). Estima que los "acuerdos de lainmunidad" no son compatibles con estas disposiciones."
Condenando de esta manera los acuerdos de inmunidadconcluidos con los Estados Unidos, la Asamblea hace unllamamiento a los Estados miembros y observadores delConsejo de Europa a no ratificar los acuerdos bilaterales:
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"14. Por lo tanto, la Asamblea solicita: [...] iii. a todos losEstados miembros y observadores del Consejo de Europa: [...]c. no concluir ningún "acuerdo de inmunidad" bilateral quecomprometería o limitaría de cualquier manera su cooperacióncon la Corte en las investigaciones y los enjuiciamientos decrímenes de su competencia."
El 26 de septiembre de 2002, el Parlamento Europeo tambiéncondenó los acuerdos concluidos con los Estados Unidos:
"El Parlamento Europeo, [...]3. Cree firmemente que los Estados Partes y los EstadosSignatarios de la CPI están obligados por el Derechointernacional a no frustrar el objeto y el propósito del Estatutode Roma, en virtud del cual, según su preámbulo, 'los crímenesmás graves de trascendencia para la comunidad internacionalen su conjunto no deben quedar sin castigo' y que los EstadosPartes están obligados a cooperar plenamente con la Corte, deconformidad con el artículo 86 del Estatuto de Roma, lo que lesimpide celebrar acuerdos de inmunidad para sustraer adeterminados ciudadanos a las jurisdicciones de los Estados ode la Corte Penal Internacional, mermando la efectividad de laCPI y poniendo en peligro su función de jurisdiccióncomplementaria de las jurisdicciones estatales y de pieza de laseguridad colectiva mundial "
Sin embargo, el 30 de septiembre de 2002, el Consejo de laUnión Europea adoptó una posición común respecto a estacuestión y no rechazó tales acuerdos firmemente. El Consejoestableció, de hecho, los principios de guía referentes a losacuerdos entre un Estado parte en el Estatuto Roma de la CPIy los Estados Unidos, referentes a las condiciones de la entregade una persona a la Corte.
Los principios establecidos por la UE, destinados a preservar laintegridad del Estatuto y garantizar el respeto de lasobligaciones de los Estados miembros, condenan los acuerdosen su redacción actual, pero asientan la posibilidad de negociarfuturos acuerdos con los americanos, bajo reserva de ciertasmodificaciones.
El Parlamento Europeo reaccionó a las directivas del Consejode la Unión Europea con una resolución el 24 de octubre de2002, en la que afirma lamentar las "vagas indicaciones"adoptadas por el Consejo de Ministros de la Unión Europea yque los quince no hayan "adoptado una clara posición comúnen respuesta a los esfuerzos del Gobierno de los EstadosUnidos para celebrar acuerdos bilaterales con Estadosmiembros".
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Los pasos dados por el gobierno americano para garantizar la impunidad de sus ciudadanos o de las personas que actúanpor cuenta suya, por los crímenes más graves, es decir los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y elgenocidio, adoptan varias formas.
La ofensiva diplomática en curso no está sólo destinada a la ratificación de acuerdos llamados de "impunidad" sobre la basedel artículo 98 del Estatuto de Roma, sino que también está encaminada a, entre otros, la renegociación de ciertos Conveniosbilaterales de extradición o de cooperación judicial, o a la reapertura de Convenios relativos a los privilegios y las inmunidadesde ciertas categorías de personas.
La ofensiva americana no está limitada a enfoques diplomáticos; a menudo se acompaña de promesas económicas oindustriales de gran envergadura y, en el caso de rechazar el Estado a llegar a un compromiso, aparecen serias amenazastotalmente inaceptables tanto en el ámbito militar como en el económico.
Por consiguiente, sólo las grandes potencias pueden hoy hacer frente a las presiones americanas sobre la CPI. Pero elequilibrio es delicado, y sólo tomas de posición públicas, firmes y sin ambigüedades, especialmente en los Estados de la UE,podrán garantizar quizás la independencia y la imparcialidad de la CPI.
La FIDH solicita urgentemente que los Estados
1. no concluyan acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, sea cual sea su forma, encaminados a eliminar de la jurisdicciónde la Corte a los ciudadanos americanos y a las personas que actúen por cuenta suya;
2. consoliden la independencia y la eficacia de la CPI ratificando el Estatuto de Roma y adoptando leyes nacionales deadaptación al Estatuto de la CPI;
3. se opongan públicamente a la "excepción americana" sobre la jurisdicción de la CPI y la lucha contra la impunidad de losautores de los crímenes más graves, y rechacen así una Corte "a la carta";
4. se nieguen a que la lucha contra el terrorismo sirva de pretexto para la conclusión de dichos acuerdos.
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III - Conclusión y recomendaciones
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A - ANEXOS RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN 1422 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
A1. Carta del día 3 de julio de 2002 del Secretario General de la ONU al Presidente del Consejo de Seguridad.
THE SECRETARY GENERALHis ExcellencyMr. Colin L. PowellSecretary of Stateof the United States of AmericaWashington, D.C.
3 July 2002
Excellency,
I am writing to you because I am seriously concerned at the development in the Security Council with respect to the extensionof the United Nations Mission in Bosnia Herzegovina (UNMIBH) and the issue that the United States has raised in thatconnection following the entxy into force on 1 July 2002 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC).
The United States has put forward a proposal invoking the procedure laid down in Article 16 of the Rome Statute of the ICC,This provision means that the Security Council can intervene to prevent the Prosecutor of the ICC to proceed with a particularcase. The article, which is meant for a completely different situation, is now proposed to be used by the Security Council for ablanket resolution, preventing the Prosecutor from pursuing cases against personnel in peacekeeping missions. Contrary tothe wording of Article 16, which prescribes that such resolutions by the Council can be adopted for a period of 12 months,which period is renewable, it is proposed that the resolution is automatically prolonged, unless the prohibition is lifted. Anydecision to this effect is subject to the necessary majority in the Council.
I think that 1 can state confidently that in the history of the United Nations, and certainly during the period that I have workedfor the Organization, no peacekeeper or any other mission personnel have been anywhere near the kind of crimes that fallunder the jurisdiction of the ICC. The issue that the United States is raising in the Council is therefore highly improbable withrespect to United Nations peacekeeping operations. At the same time, the whole system of United Nations peacekeepingoperations is being put at risk.
It is of course for the United States to decide what is in its interest. But let me offer the following thoughts.
First, the establishment of the ICC is considered by many, including your closest allies, as a major achievement in our etfortsto address the impunity that is also a major concern for the United States. The development of this matter is followed by manyand, in particular, the States that have ratified the Rome Statute and by non-governmental organizations. I fear that thereactions against any attempts at, as they perceive it, undermining the Rome Statute will be very strong.
Secondly, the method suggested in the proposal arid in particular its operative paragraph 2, flies in the face of treaty law sinceit would force States that have ratified the Rome Statute to accept a resolution that literally amends the treaty.
My concern is that the only real result that an adoption by the Council of the proposal would produce - since the substantiveissue is moot - is that the Council risks being discredited. The purpose of this letter is to ask you to consider this aspect. I am
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IV - Anexos
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confident that you share my view that it is not in our collective interest to see the Council's authority undermined.
The members of the Council do realize - as indeed I do - that the United States has a problem to which a satisfactory solutionmust be found. I am also aware that this may take some time. As a matter of fact, on 30 June, I pleaded with the members ofthe Council to give themselves sufficient time to find such a solution.
In order to create additional time to solve the overarching issue, may I suggest that the United States at the present juncturerelies on the fact that the jurisdiction of the ICC, as a matter of law, is overtaken by the jurisdiction of the International Tribunalfor the former Yugoslavia. In reality, the situation with respect to international criminal jurisdiction in the territory of the formerSocialist Federal Republic of Yugoslavia is the same after 1 July 2002, as before that date.
One solution may be for the Security Council to reconsider the extension of UNMIBH as proposed or 30 June, adding this timea preambular paragraph, in which the Council notes that the International Tribunal for the Pannier Yugoslavia, which isestablished under Chapter VI of the Charter of the United Nations as a subsidiary organ of the Security Council, has primacyto exercise, on behalf of the international community, international jurisdiction over genocide, war crimes and crimes againsthumanity committed in the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
However, there might also be other solutions to avoid that the Council is precipitated into adopting a resolution, the effects ofwhich may soon be deeply regretted by all.
Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Kofi A. Annan
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A2. Tabla que ilustra el riesgo cero de los ciudadanos americanos, miembros de operaciones de mantenimiento dela paz, de ser sometidos a la competencia de la CPI (fuente : ONU)
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Índice de las operaciones de mantenimiento de la paz
MINUGUA Misión de verificación de las Naciones Unidas en GuatemalaMINURSO Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sahara occidentalMONUC Misión de la ONU en la República Democrática del CongoUNAMSIL Misión de las Naciones Unidas en Sierra LeonaUNDOF Fuerza de la ONU encargada de observar el retiro (Golán)UNFICYP Fuerza de la ONU encargada del mantenimiento de la paz en ChipreUNIFIL Fuerza de la ONU en LíbanoUNIKOM Misión de observación de la ONU para Irak y KuwaitUNMEE Misión de la ONU en Etiopía y EritreaUNMIBH Misión de la ONU en Bosnia-HercegovinaUNMIK Misión de administración de la ONU en KosovoUNMOGIP Grupo de observadores militares de la ONU en India y PakistánUNMOP Misión de observación de la ONU en Prevlaka, CroaciaUNOMIG Misión de observación de la ONU en GeorgiaUNMISET Misión de apoyo de la ONU en Timor OrientalUNTSO Organismo de la ONU encargado de la vigilancia de la tregua en Palestina
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B - Anexo relativo a los acuerdos de impunidad
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NO A LA EXCEPCIÓN NORTE AMERICANACon el pretexto de la lucha contra el terrorismo, los Estados Unidos
emprenden una ofensiva contra la Corte Penal Internacional
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- 2 de octubre de 2002: Consejo de la Union Europea/CPI- Consagracion de una CPI "a la carta". http://www.fidh.org/communiq/2002/ij0210f.htm (en frances)
- 9 de septiembre de 2002: Primera Asamblea de Estados Partes - Intervencion del Sr. Sidiki Kaba, Presidente de la FIDHhttp://www.fidh.org/communiq/2002/ij00909f.htmp (en frances)
- 30 de agosto de 2002: Primera Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional - Un encuentro a grandesriesgoshttp://www.fidh.org/communiq/2002/ij3008f.htm (en frances)
- 17 de julio de 2002: La Corte Penal Internacional existe, el combate por su puesta en funcionamiento comienza!http://www.fidh.org/communiq/2002/ij1707f.htm (en frances)
- 9 de julio de 2002: Carta abierta a los Miembros del Consejo de Seguridad.http://www.fidh.org/communiq/2002/ij1007f.htm (en frances)
- 1ero de julio de 2002: Suspension de tres dias antes de una Corte Penal Internacional "a la carta"? - La FIDH hace unllamado a George W. Bushhttp://www.fidh.org/communiq/2002/ij0107f.htm (en frances)
- 3 de julio de 2002: Carta abierta al Sr.. Jacques Chirac - Corte Penal Internacional: Todas nuestras esperanzas estanvolcadas sobre Franciahttp://www.fidh.org/communiq/2002/fr0307f.htm (en frances)
- 6 de mayo de 2002: CPI/Estados-Unidos: Amenaza de retirar la firma del Estatuto de la CPI: A que juego juega George W.Bush?http://www.fidh.org/communiq/2002/ij0605f.htm (en frances)
- 10 de diciembre de 2001: los Estados Unidos en guerra con la CPI - El senado americano ha votado masivamente el proyectode ley del republicano Jesse Helms, prohibiendo a los Estados Unidos de cooperar con la Corte penal internacioanl.http://www.fidh.org/communiq/2001/ij1212f.htm (en frances)
- 3 de octubre de 2001: ¡El gobierno americano apoya una ley que prohíbe toda forma de cooperación militar con los Estadosque ratificaron el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI)!http://www.fidh.org/communiq/2001/ij0310e.htm
NO A LA EXCEPCIÓN NORTE AMERICANACon el pretexto de la lucha contra el terrorismo, los Estados Unidos
emprenden una ofensiva contra la Corte Penal Internacional
C - Documentos de la FIDH sobre la Corte Penal Internacional y los procedimientos Americanos
P A G E 2 8
La FIDHrepresenta 116 ligas u organizaciones
de derechos humanos
ALGERIA (LADDH)ALEMANIA (ILMR)ARGENTINA (LADH)AUSTRIA (OLFM)BAHREIN (CDHRB)BELGICA (LDH et LVM)BENIN (LDDH)BOLIVIA (APDHB)BRASIL (MNDH)BURKINA FASO (MBDHP)BURUNDI (ITEKA)CAMBOYA (ADHOC)CAMERUN (LCDH)CANADA (LDL)CENTROAFRICA (LCDH)CHAD (LTDH)CHILE (CODEPU)CHINA (HRIC)
COLOMBIA (CCA)CONGO BRAZZAVILLE (OCDH)COSTA DE MARFIL (LIDO)CROACIA (CCDH)EGIPTO (EOHR)EL SALVADOR (CDHES)ECUAOOR (INREDH)ESPAÑA (LEDH)FINLANDIA (FLHR)FRANCIA (LDH)GRECIA (LHDH)GUATEMALA (CDHG)GUINEA (OGDH)GUINEA BISSAU (LGDH)IRAN (LDDHI)IRLANDA (ICCL)ISRAEL (ACRI)ITALIA (LIDH)
KENYA (KHRC)KOSOVO (CDDHL)MALI (AMDH)MALTA (MAHR)MARRUECOS (OMDH)MARRUECOS (AMDH)MAURITANIA (AMDH)MEXICO (CMDPDH)MEXICO (LIMEDDH)MOZAMBIQUE (LMDDH)NICARAGUA (CENIDH)NIGER (ANDDH)NIGERIA (CLO)PAKISTAN (HRCP)PALESTINA (PCHR)PALESTINA (LAW)PANAMA (CCS)PAISES BAJOS (LVRM)
PERU (CEDAL)PERU (APRODEH)FILIPINAS (PAHRA)PORTUGAL (CIVITAS)RDC (ASADHO)REPUBLICA DE YUGOSLAVIA (CHR)RUMANIA (LADO)REINO UNIDO (LIBERTY)RUANDA (CLADHO)SUDAN (SHRO)SENEGAL (ONDH)SUISSA (LSDH)SIRIA (CDF)TOGO (LTDH)TUNEZ (LTDH)TURQUIA (IHD/A)VIETNAM (CVDDH)
La LetraFrancia : 45 Euros
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La Letra y los informes de las misionesFrancia : 90 Euros Miembro : 83 Euros Biblioteca : 83 Euros Estudiante - Sin empleo : 76 Euros
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Director de Publicación : Sidiki KabaJefe de redacción : Antoine Bernardcoordinación : Jeanne SulzerAsistente de publicacíon : Céline Ballereau-TetuTraductores : Rebeca ToroOriginal : FrancésDépôt légal noviembre 2002 - Commission paritaire N° 0904P11341ISSN en cours - Fichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978(Déclaration N° 330 675)
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) es una organización internacional no-gubernamentaldedicada a la defensa de los derechos humanos enunciados en la Declaración universal de 1948. Creada en 1922,reagrupa 116 afiliadas nacionales en todo el mundo. Hasta hoy en día, la FIDH ha mandatado más de un millar de misionesinternacionales de investigación, de observación judicial, de mediación o de formación en una centena de países.
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