LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL MÉXICO
DEMOCRÁTICO DEL SIGLO XXI: UNA EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y LA INCLUSIÓN
SOCIAL DE LAS MUJERES MEXICANAS
DOCUMENTO METODOLÓGICO
ÍNDICE
Introducción
1
1. Justificación del tema 4
2. Objetivos de la investigación 7
3. Planteamiento y delimitación del problema 8
4. Preguntas de investigación 12
5. Marco teórico-conceptual de referencia 12
6. Formulación de hipótesis 52
7. Comprobación-falsación de las hipótesis (pruebas empíricas o
cualitativas)
53
Conclusiones y nueva agenda de investigación 66
Fuentes de información 80
INTRODUCCIÓN
La investigación titulada “La equidad de género en el México democrático
del siglo XXI: una evaluación de la participación política y la inclusión
social de las mujeres mexicanas” tiene como objetivo general evaluar la
política de promoción de equidad de género en nuestro país durante los
primeros años del presente siglo, en el marco del proceso de consolidación
democrática que ha vivido México desde la ruptura con la hegemonía
autoritaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El marco teórico-conceptual que fundamenta esta investigación se basa a
grandes rasgos en la denominada perspectiva de género, ya que
consideramos que dicho enfoque, por su naturaleza democrática- es el más
adecuado para abordar integralmente cualquier estudio o análisis social,
particularmente, aquellos referidos a la situación de las mujeres.
Considerando que la valoración del estado de la democracia en cualquier
país parte, tanto de la situación en la que se encuentran los aspectos
formales -como el tipo de sistema político, la fortaleza de las instituciones,
la promoción de valores democráticos, el respeto de los derechos humanos,
la robustez del Estado de Derecho, la existencia y el respeto de normas y
leyes, etc.- así como de las condiciones reales de vida de la población; esta
investigación incluye la evaluación de mecanismos jurídico-institucionales
que promueven el principio de la equidad de género en México y la
1
evaluación del nivel de participación política e inclusión social de las
mujeres mexicanas a partir de circunstancias concretas y cotidianas.
De esta manera, se toman en cuenta y se reconocen los avances formales
que ha habido en la construcción de una sociedad democrática que
debería incorporar y reproducir un principio tan fundamental como la
equidad de género, pero sin olvidar y, por lo tanto comprobar, que en
muchos casos la realidad discrepa mucho de lo que institucionalmente se
encuentra establecido.
En esta lógica la hipótesis central que guía esta investigación sostiene que
en el México democrático del siglo XXI, a pesar de los avances y
compromisos adquiridos por el gobierno en materia de equidad de género,
existe un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales
establecidos y los resultados concretos de la situación desfavorable que
viven las mujeres mexicanas.
Respecto a la identificación de los mecanismos jurídico-institucionales que
promueven la equidad de género en México se seleccionaron mecanismos
internacionales y nacionales, entre los que destacan, para el primer caso,
aquéllos que han derivado del sistema de las Naciones Unidas y, para el
segundo, desde la Constitución Política hasta leyes e instituciones más
concretas que han sido diseñadas para favorecer a las mujeres.
2
Por su parte, los apartados dedicados a la evaluación del nivel de
participación política e inclusión social de las mujeres en México se
basaron en datos empíricos, proporcionados por instituciones y
organismos nacionales e internacionales dedicados al tema, tales como el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Unión
Interparlamentaria (UIP).
Este documento de carácter metodológico, se presenta con el objetivo de
orientar al lector sobre la forma en que fue diseñada la investigación, los
fundamentos teóricos que la sustentan, la relevancia del tema de estudio,
los objetivos planteados, la delimitación y el planteamiento preciso del
problema a estudiar, las preguntas de investigación y las hipóteisis
desprendidas de éstas. Asimismo, se puntualiza la forma en que se
constataron y falsearon las hipótesis que guían este estudio y se presentan
las conclusiones del mismo.
3
1. Justificación del Tema
Conocer la situación de las mujeres mexicanas en el México democrático
de nuestros días es de suma importancia, ya que a partir del nivel de
participación política e inclusión de éstas en la sociedad, puede
establecerse en qué grado de democratización se encuentra realmente el
país. En este sentido, la equidad de género, entendida como el acceso de
todas las personas a la igualdad de oportunidades, se presenta como un
indicador y un referente que permite evaluar el tipo de democracia y/o el
nivel de democratización que se está desarrollando.
Si bien el proceso de transición democrática que ha sufrido México,
particularmente desde la alternancia en el poder del Partido Acción
Nacional (PAN) en los comicios del 2 de julio de 2000, ha ido acompañado
de ciertos avances políticos y sociales que han vislumbrado un camino
hacia la construcción de una sociedad democrática, existen todavía ciertos
resquicios como la falta de representación femenina en el proceso de toma
de decisiones y la situación desfavorable que viven muchas mujeres en el
marco de una cultura patriarcal, que muestran el atraso y la fragilidad de
nuestro sistema democrático.
En otras palabras, si se considera que el tipo de democracia que se desea
construir en México es una democracia de ciudadanía, definida ésta como
“una forma, sí, de elegir a las autoridades, pero además una forma de
organización que garantice los derechos de todos: los derechos civiles
4
(garantías contra la opresión), los derechos políticos (ser parte de las
decisiones públicas o colectivas) y los derechos sociales (acceso al
bienestar)”1; la equidad de género en la sociedad debe ser concebida como
un valor y una práctica fundamentales para lograr dicho objetivo.
Con base en lo anterior, la evaluación de la situación de las mujeres en
México, sobre todo lo referente a su incorporación a la esfera pública y al
ejercicio pleno de sus derechos humanos, es de gran relevancia,
atendiendo a las siguientes razones:
• La consolidación y el fortalecimiento de la democracia en
México depende en un grado importante de la plena
participación de las mujeres en la sociedad, lo cual a su vez
implicaría la promoción y la puesta en marcha de valores
democráticos como la equidad, la justicia, la libertad, la
tolerancia, la no discriminación y la no violencia.
• Más del cincuenta por ciento de la población en nuestro país
son mujeres2, por lo que su participación equitativa en el
1 En PNUD, La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Magna Terra Editores, Guatemala, 2004, p. 16. 2 53.0 millones de mujeres de 103 millones de personas, según los resultados definitivos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2005/default.asp?c=6224, 27 de julio de 2006.
5
proceso de toma de decisiones es indispensable para lograr
políticas públicas exitosas en beneficio de toda la población.
• A pesar del proceso de ciudadanización de la mujer en nuestro
país y de los avances en materia de democratización política,
el sector femenino sigue estando subrepresentado en el
ejercicio del poder.
• Fenómenos como la violencia contra la mujer y la feminización
de la pobreza son elementos de exclusión social que impiden la
plena participación e inclusión de las mujeres en el desarrollo
integral y el progreso de la sociedad.
Por lo tanto, conocer cuál es el trato y cuáles son las oportunidades que el
Estado y la sociedad en su conjunto proporcionan a las mujeres –sector de
la población que históricamente ha sufrido discriminaciones y opresiones-
para desarrollar una vida digna y plena, es una tarea de suma importancia
para Convergencia en aras de contribuir a la realización de diagnósticos
sociopolíticos adecuados que sirvan de base para el diseño de mejores
políticas que reditúen finalmente en la construcción de una verdadera
democracia.
6
2. Objetivos de la investigación
Objetivo general
Evaluar la política de promoción de equidad de género en el
México democrático del siglo XXI, a partir del nivel de
participación política e inclusión social de las mujeres mexicanas.
Objetivos específicos
Identificar los mecanismos jurídico- institucionales que ha
establecido el gobierno mexicano para promover la equidad de
género a partir del año 2000 en materia de participación política e
inclusión social de las mujeres.
Conocer los instrumentos internacionales a favor de la mujer que
han servido de respaldo al Estado mexicano para establecer
políticas encaminadas a promover la equidad de género en
materia de participación política e inclusión social de las mujeres.
Demostrar que, pese a los avances y garantías jurídico-
institucionales con relación a la participación política de las
mujeres en el proceso de toma de decisiones, este sector sigue
subrepresentado.
7
Exponer que la violencia contra la mujer y la feminización de la
pobreza son fenómenos que atentan contra los derechos
humanos de la mujer, impidiendo su plena participación e
inclusión en la sociedad en condiciones de igualdad.
3. Planteamiento y delimitación del problema
La irrupción de la mujer en la vida pública ha sido uno de los eventos más
trascendentales del siglo XX. Los movimientos feministas de mediados del
siglo XX lucharon por los derechos de la mujer hasta lograr que sus
demandas fueran incluidas en las agendas internacionales y nacionales. A
pesar de los grandes esfuerzos y las batallas ganadas a favor de las
mujeres, en la actualidad aún se presenta una realidad bastante
desfavorable y desigual para este sector de la población. Incluso se
evidencia que la mujer es, en pleno siglo XXI, un sujeto político en
construcción que goza de una ciudadanía incompleta.
A escala mundial el debate sobre la equidad de género y el respeto a los
derechos humanos de las mujeres comenzó a ocupar un lugar prioritario a
partir de la celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer,
celebrada en México en el año de 1975. A la celebración de ésta siguieron
otras tres Conferencias, siendo la cuarta (Beijing, 1995) la más importante.
Hoy en día, la imperiosa necesidad de atender este tema y solucionar los
graves problemas que todavía aquejan a las mujeres a nivel global queda
8
expresada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2002), entre los
cuales destaca justamente el objetivo de “promover la igualdad entre los
géneros y la autonomía de la mujer”.3
Concretamente, en el caso de la participación política de las mujeres en
nuestro país, la historia deja mucho que desear. Baste señalar que la
ciudadanización de éstas se logró hasta mediados del siglo XX, cuando en
1953 se les extendió el derecho al voto. Asimismo, es de destacar la
inclusión de la igualdad jurídica de la mujer en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos hasta el año de 1974.
Si bien en la actualidad, en términos formales, la mujer mexicana cuenta
con garantías legales para participar en las contiendas electorales con la
finalidad de ocupar puestos de elección popular, como es el caso del
sistema de cuotas establecido en 2003, la realidad muestra que aún en
pleno siglo XXI el número de mujeres en organismos gubernamentales es
muy limitado.
En este sentido, la promoción de la equidad de género en el ámbito político
es un factor elemental para la construcción de ciudadanía, ya que
introduce aspectos de participación social y la realización de los derechos
políticos, es decir, derechos a una ciudadanía integral. En este marco las
acciones afirmativas como el sistema de cuotas electorales son una medida
3 Organización de las Naciones Unidas (ONU), en http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/index.html, 9 de mayo de 2006.
9
formal e institucional para garantizar una inclusión social. Cabe destacar
que dichas medidas por sí solas tienen un efecto positivo relativo, no
obstante, su importancia también radica en los efectos colaterales que
estas medidas puedan tener. A saber, el fomento de una cultura más
democrática, la promoción de principios como la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres y la erradicación del machismo.
Ante esta situación es evidente que los esfuerzos que se han dado en favor
del desarrollo de la mujer a través de mecanismos institucionales no han
sido suficientes para modificar la condición de desigualdad de la mujer. No
obstante, no deja de reconocerse los avances que ha habido en la materia,
como es el caso de la creación en 2001 del Instituto Nacional de las
Mujeres, institución que tiene entre sus principales objetivos la promoción
y protección de los derechos de las mujeres.
En términos de inclusión social de las mujeres, dos terribles fenómenos
que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres mexicanas son la
violencia y la pobreza. Ambos fenómenos inhiben el desarrollo de las
mujeres, sumiéndolas en una posición de franca desigualdad y
discriminación. Así, se reconoce que la falta de condiciones favorables para
que las mujeres puedan desarrollarse de una manera plena, tanto en la
esfera privada como en la pública, es una forma de exclusión social. Estos
problemas y el gran reto que significa erradicarlos dan muestra de la
complejidad del asunto.
10
Tanto la falta de participación política de las mujeres como los obstáculos
a los que se enfrentan para revertir la exclusión social que viven, se
fundamentan en una cultura patriarcal, la cual se basa en una concepción
errónea de las mujeres al percibirlas como seres inferiores, vulnerables,
sin la capacidad de ejercer sus derechos.
El tratamiento correcto de estos temas debe inscribirse en una concepción
más amplia e integral de la democracia. Es decir, debe superarse la visión
meramente formal de este sistema político. Así, la democracia formal,
entendida como un sistema político caracterizado por el establecimiento de
reglas mínimas de participación electoral, se presenta como un requisito
básico, mas no suficiente para impulsar sociedades verdaderamente
justas y capaces de proveer todos los insumos para lograr un bienestar
social respetable entre todos sus ciudadanos: hombres y mujeres por
igual.
Considerando que con el arribo de Vicente Fox a la presidencia en el año
2000 se cumplió uno de los requisitos fundamentales de cualquier sistema
democrático: la alternancia en el poder en un marco de pluripartidismo, se
reconoce que, cuando menos en términos formales, se inició a partir de
esa fecha el proceso de consolidación democrática en México. En este
sentido, el presente trabajo se limita temporalmente a los años de la
administración foxista, para evaluar las políticas de promoción de equidad
de género en el marco de la formalización e institucionalización de la
democracia en nuestro país.
11
4. Preguntas de investigación
• ¿Qué mecanismos jurídico-institucionales existen en México para
promover la equidad de género en materia de participación política e
inclusión social de las mujeres?
• ¿Cuáles son los instrumentos internacionales a favor de la mujer
que han servido de respaldo al Estado mexicano para establecer
políticas encaminadas a promover la equidad de género en materia
de participación política e inclusión social de las mujeres?
• ¿En qué medida un mecanismo jurídico como el sistema electoral de
cuotas tiene efecto en la promoción de la equidad de género en
México?
• ¿Cuáles son los efectos de la violencia y la feminización de la
pobreza en el desarrollo de las mujeres mexicanas?
5. Marco teórico y conceptual de referencia
5.1. Los estudios de género. Estado del arte de la temática
Para Rosa Entel los estudios de género se refieren al “segmento de la
producción del conocimiento que se ha ocupado de este ámbito de la
experiencia humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser varón o
12
mujer en cada cultura y en cada sujeto”.4 O bien como señala “podría
aceptarse que son reflexiones sobre género todas aquellas que se han
hecho a lo largo de la historia del pensamiento humano acerca de los
sentimientos y las consecuencias sociales y subjetivas que tiene pertenecer
a uno u otro sexo”.5
Los estudios de género, los cuales incluyen desde la concepción más
general de la teoría de género y la perspectiva de género hasta problemas
más específicos como la situación política, económica y social de la mujer6,
han sido abordados en su mayoría por académicas provenientes del
movimiento feminista y/o especialistas en temas de derechos humanos,
democracia y desarrollo. Asimismo, diversas organizaciones
internacionales han contribuido amplia y sistemáticamente a la
investigación y el análisis del enfoque de género, destacando la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), en cuyo seno además de
haberse suscrito documentos a favor de los derechos humanos, en general,
y de los derechos de la mujer, en particular, como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) y la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
4 Rosa Entel, Mujeres en situación de violencia familiar, Espacio Editorial, Buenos Aires, 2002, p. 51. 5 Íbidem. 6 Si bien los estudios de género se basan en el análisis de las relaciones entre ambos géneros –femenino y masculino-, la mayoría de los estudios se centran en la situación de las mujeres, ya que este sector es el que ha sufrido desventajas a partir, justamente, de la concepción que históricamente se ha tenido de las relaciones entre hombres y mujeres.
13
(1979); también se han convocado las Conferencias Mundiales sobre la
Mujer (1975, 1980, 1985, 1995).
En el caso particular de la promoción y defensa de los derechos de la
mujer, se encuentran también a escala mundial organismos como el
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la
Promoción de la Mujer (INSTRAW) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM).
En América Latina, dos de las instituciones que más han contribuido y
difundido la aplicación de la perspectiva de género para lograr un
desarrollo más integral en los países latinoamericanos han sido: la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL).
Así, a partir de los instrumentos internacionales y de los estudios
derivados de estas organizaciones se ha creado un cuerpo de conceptos,
propuestas, ideas y argumentos que han llegado a formar un marco teórico
y conceptual sobre el tema de género.
En México, la institución que ha trabajado este tema y que, mediante sus
programas e investigaciones, ha alimentado el desarrollo de los estudios de
género es el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Por su parte,
en el ámbito académico han destacado la Universidad Nacional Autónoma
de México a través su Programa Universitario de Estudios de Género
14
(PUEG) y el Colegio de México con su Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer (PIEM).
5.2. Elementos teórico-conceptuales para el desarrollo de la
investigación
5.2.1. La teoría de género
Los estudios de género, ya sea desde la perspectiva institucional o a partir
de las diversas visiones académicas, tienen como base y núcleo de su
análisis el concepto de género. Este concepto, a grandes rasgos, se refiere
al conjunto de valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad
asigna a hombres y mujeres.
En palabras de Marcela Lagarde –antropóloga feminista-, hablar de
géneros es hablar de:
…grupos biosocioculturales, construidos históricamente a partir de
la identificación de características sexuales que clasifican a los seres
humanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna de manera
diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones
sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de un
complejo de determinaciones y características económicas, sociales,
jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo
15
que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos
de ser hombre y ser mujer.7
Otra definición de género bastante amplia y generalizada es la
proporcionada por el INSTRAW, la cual versa de la siguiente manera:
Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la
personalidad, actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e
influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos
sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico está
determinado por características genéticas y anatómicas, el género es
una identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e
interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere
exclusivamente a las mujeres o a los hombres, si no a las relaciones
entre ambos.8
Con frecuencia la idea de género es erróneamente interpretada como
sinónimo de feminidad, haciendo referencia únicamente a los asuntos de
la mujer. No obstante, como se señala en la definición anterior, el género
7 Marcela Lagarde, “Identidad genérica y feminismo”, Ponencia en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993, citado en María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 32. 8 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http://www.uninstraw.org/es/index.php?option=content&task=view&id=37&Itemid=76, 29 de mayo de 2006.
16
incluye tanto al género femenino como del masculino. Justamente, lo
valioso de emplear este concepto en el estudio de la realidad social radica
en la concepción de las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones
entre los dos sexos.
Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento de fondo que hace del enfoque de
género un enfoque democrático e innovador en el estudio de las relaciones
humanas? A esta pregunta la feminista Marta Lamas sostiene que la
diferencia sexual entre hombres y mujeres ha implicado históricamente
una desigualdad social. En este sentido, “lo que el concepto de género
ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos que
son atributos ‘naturales’ de los hombres o de las mujeres, en realidad son
características construidas socialmente, que no tienen relación con la
biología. [Así], a partir de poder distinguir entre el sexo biológico y lo
construido socialmente es que se empezó a generalizar el uso de género
para hacer referencia a muchas situaciones de discriminación de las
mujeres, que han sido justificadas por la supuesta anatomía diferente,
cuando en realidad tienen un origen social”.9
A partir de esta concepción del género, se articula la denominada
perspectiva de género, la cual es definida por el INMUJERES como “la
metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
9 Marta Lamas, “La perspectiva de género”, en La Tarea, Revista de Educación y Cultura, México, en http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm, 24 de mayo de 2006.
17
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan
avanzar en la construcción de la equidad de género”.10
En esta misma lógica, el INSTRAW promueve el análisis de género, el cual
se concibe como:
…una forma sistemática de observar el impacto diferenciado de
programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre los
hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de
datos desagregados según sexo y de información sensible al género
sobre la población involucrada. El análisis de género también puede
incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las
mujeres, como actores sociales, se involucran en el proceso de
transformación de roles, relaciones y procesos socialmente
establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos.11
En el ámbito académico, el análisis de género también es concebido como
un nuevo enfoque que permite reinterpretar las relaciones sociales de una
forma más democrática al incluir las experiencias, las necesidades y los
10 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial, México, 12 de enero de 2001. 11 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http://www.uninstraw.org/es/index.php?option=content&task=view&id=37&Itemid=76, 29 de mayo de 2006.
18
intereses tanto de hombres como de mujeres. Así, en palabras de María
Cecilia Alfaro el análisis de género se refiere a:
… el proceso teórico-práctico que permite analizar diferencialmente
los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el
acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas o las
necesidades, propiedades y oportunidades, con el propósito de
planificar el desarrollo con eficiencia y equidad para superar las
discriminaciones imperantes, que limitan las posibilidades de que la
mujer exprese sus necesidades y preferencias.12
En suma, la utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio
de fenómenos sociales o en el diseño de políticas públicas a favor del
bienestar de la sociedad, muestra los siguientes puntos:
1. Cómo las diferencias biológicas se convierten en desigualdades
sociales.
2. Cómo estas desigualdades colocan a las mujeres en desventaja
con respecto a los hombres.
3. Cómo [estas desigualdades] se construyen desde el nacimiento y
no necesariamente son “naturales”.
12 María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 27.
19
4. Cómo [estas desigualdades] se sostienen y reproducen por medio
de una serie de estructuras sociales y mecanismos culturales.13
5.2.2. El principio de equidad de género
La idea de género y su aplicación como una nueva categoría de análisis
social -la teoría de género- tiene sus orígenes en el movimiento feminista
de mediados del siglo XX. Como corriente política y filosófica, el feminismo
ha buscado promover y defender los derechos de la mujer frente a una
estructura tradicionalmente machista que ha impedido históricamente el
desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.
De esta manera, desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como
valor fundamental la equidad entre mujeres y hombres, entendido éste
como “el acceso de las personas a la igualdad de oportunidades y al
desarrollo de [las capacidades básicas]; esto significa que se deben
eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y
políticas, así como el acceso a la educación y los servicios básicos, de tal
manera que las personas (hombres y mujeres de todas las edades,
condiciones y posiciones) puedan disfrutar de dichas oportunidades y
13 Mónica Patricia Corona Godínez, et. al., Cultura institucional y equidad de género en la Administración Pública, INMUJERES, México, 2002, p. 10.
20
beneficiarse de ellas. Implica la participación de todas y todos en los
procesos de desarrollo…”.14
Para el INMUJERES la equidad de género es un concepto que se refiere al:
…principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia
e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la
sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades
y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa
de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la
vida social, económica, política, cultural y familiar.15
Con base en todo lo anterior queda claro que el enfoque de género se trata
de una visión democrática que pretende eliminar toda discriminación entre
hombres y mujeres, así como garantizar la igualdad de oportunidades para
todos. Asimismo, la aplicación de este enfoque intenta construir
sociedades más justas y solidarias que promuevan la participación e
integración de todos sus miembros, eliminando aquellas percepciones
culturales que tradicionalmente han sometido a las mujeres a situaciones
de vulnerabilidad y desventaja.
En el ámbito de la administración pública, el principio de equidad de
género ha sido utilizado como concepto central para diseñar políticas
14 María Cecilia Alfaro, op. cit., pp. 31 y 32. 15 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Diario Oficial, México, 12 de enero de 2001.
21
públicas sensibles al género. Tal es el caso de las denominadas políticas de
equidad, planteadas por el INMUJERES, las cuales son definidas como “la
acción afirmativa que pone remedio a injusticias previas o sesgos
excluyentes”.16 Sus características son las siguientes:
• Identifican las diferencias de origen que existen entre hombres y
mujeres, tanto en materia de oportunidades como en cuento a
resultados, para ir hacia la búsqueda de formas, mecanismos y
pautas institucionalizadas y compartidas por la población, que
favorezcan un equilibrio más equitativo y armonioso entre los
esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unos y otras.
• Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuento a las
relaciones y las oportunidades de desarrollo, se dan entre las
personas en razón de su pertenencia a uno u otro sexo, en las
familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las
organizaciones del ámbito económico y político.
• Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos
y condiciones de oportunidad para todas y todos.17
El valor que sustenta las políticas de equidad es la justicia. Para el
INMUJERES, ello implica, por lo tanto:
16 INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006), Instituto Nacional de las Mujeres, en http://cedoc.inmujeres.gob.mx, 25 de mayo de 2006. 17 Íbidem.
22
- Reconocer que la diversidad se traduce en criterios
distributivos inequitativos de los bienes sociales que se
ofrecen a los individuos, tales como: la educación; la
seguridad; el bienestar; las capacidades de generar ingresos
y gozar de tiempo libre, tener una buena calidad de vida,
acceder a oportunidades profesionales; las posibilidades de
tomar decisiones propias y participar de las decisiones
fundamentales de una familia, una comunidad política, etc.
- Evitar la acumulación, en cada esfera de bienes, de los
sesgos discriminatorios que generan exclusión, derivados
de las restricciones primarias que pesan sobre algunas
personas en razón de sus diferencias raciales, étnicas,
sexuales, de edad o derivadas de su condición física.
- Aceptar que la igualdad de las personas en cada una de las
esferas de los bienes sociales, debe estar por encima de sus
diferencias.
- Prescribir una intervención pública que fortalezca los
derechos y las oportunidades de aquellas personas que
sufren desventajas diversas, para que puedan remover los
obstáculos que impiden su desarrollo.18
Cabe destacar que el éxito y el buen desempeño de este tipo de políticas
están estrechamente vinculados con la instauración de una ciudadanía
integral, que garantice el acceso de todos los ciudadanos a los bienes
18 Íbidem.
23
materiales y a las oportunidades en las diferentes esferas del desarrollo
humano.
En este tenor para Virginia Guzmán la “igualdad de género va mucho más
allá de la igualdad de oportunidades y exige la participación de las mujeres
en los procesos de transformación de las reglas básicas, jerarquías y
prácticas de las instituciones públicas. [En este sentido, si] las mujeres no
están en los espacios donde se debate y se construyen las bases de una
nueva gobernabilidad19, no es seguro que las instituciones públicas den
cabida a sus diferentes necesidades y valores, las incluyan en procesos de
capacitación de destrezas y habilidades, y se les reconozcan el mismo
grado de agencia que a los demás actores en el terreno público”.20
5.2.3. Género y democracia
La aplicación de la perspectiva de género para el análisis de la sociedad y
la promoción y respeto del principio de equidad están estrechamente
vinculados con la idea de construir una democracia más integral y
progresista, a saber, una democracia que se fundamente en los siguientes
preceptos:
19 Por gobernabilidad se entiende la estabilidad de las instituciones democráticas a pesar de la incertidumbre de los resultados del juego político, es decir, de las negociaciones y los acuerdos entre los actores políticos; y a las capacidades de las instituciones políticas y sociales para agregar y articular intereses, así como para regular y resolver los conflictos que se susciten entre ellos. 20 Virginia Guzmán, Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible, Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, núm. 48, Santiago de Chile, octubre de 2003, p. 15.
24
una idea del ser humano y de la construcción de la ciudadanía;
una forma de organización del poder que implica la existencia y
buen funcionamiento del Estado;
una ciudadanía integral, esto es, el pleno reconocimiento de la
ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social;
[un] régimen electoral [como] un elemento fundamental, pero no
se reduce a las elecciones.21
El concepto de democracia que abarca estos postulados y que, a partir de
ellos, da cabida a la promoción de la equidad de género con total
coherencia y legitimidad para el buen funcionamiento de las sociedades es
la idea de democracia de ciudadanía del PNUD. Como puede observarse
este tipo de democracia tiene como fundamento principal el de ciudadanía,
una ciudadanía integral conformada por tres dimensiones a su vez: la
ciudadanía política, la ciudadanía civil y la ciudadanía social. Sobre estas
tres dimensiones, el teórico T.H. Marshall, recuperado por el PNUD,
sostiene lo siguiente:
La ciudadanía política incluye el derecho a participar en el ejercicio
del poder político como miembro de un cuerpo investido de
autoridad política o como elector de sus miembros.
21 PNUD, La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Magna Terra Editores, Guatemala, 2004, p. 24.
25
La ciudadanía civil se compone de los derechos para la libertad
individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y
religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y
derechos a la justicia.
Finalmente, la ciudadanía social abarca todo el espectro, desde el
derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico al de
compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser
civilizado conforme los estándares predominantes en la sociedad.22
En este contexto, la idea de ciudadanía integral funge como garantía del
principio de equidad de género. Es decir, que a través del establecimiento y
fortalecimiento de una ciudadanía de este tipo es posible asegurar los
derechos humanos tanto de hombres y mujeres en igualdad de
condiciones.
Lamentablemente, este ideal de ciudadanía no corresponde con la realidad
que viven muchas mujeres. Para la feminista Anna M. Fernández Poncela:
“La democracia y la ciudadanía han tenido siempre género: el masculino.
El ciudadano abstracto por antonomasia es el hombre y la democracia se
ha aprehendido durante mucho tiempo en ese sentido. Es por ello preciso
reconceptuar y pensar la democracia como un sistema político de
22 En PNUD, Ideas y aportes. La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Panamericana Formas e Impresos, S.A., Colombia, 2004, p. 31.
26
gobierno que dé cabida también a la mitad de la población: las mujeres,
entre otros sectores hasta la fecha subalternos al sistema”.23
Históricamente, las mujeres han permanecido como ciudadanas de
segunda categoría, sin posibilidad de gozar y hacer valer sus derechos. Y si
bien ha habido grandes avances en la materia, como es el caso del proceso
de ciudadanización de la mujer a partir del reconocimiento de su derecho a
voto, el reto sigue siendo aún muy grande. Al respecto Fernández Poncela
señala que “la medición de la evolución de la democracia de una sociedad
pasa por la situación de las mujeres, la verdad es que la relación de mujer
y política; de mujer, ciudadanía y democracia es todavía difícil y
compleja”.24
Esta misma autora ofrece un breve recuento histórico de la situación de la
mujer respecto a su calidad de ciudadana y su proceso constitutivo como
sujeto político:
Se dice que la constitución de la mujer como sujeto político
comienza en la Revolución francesa como consecuencia de las
luchas burguesas que afirman la igualdad entre todos los seres
humanos. Sin embargo, es un sujeto en construcción que todavía
vive la discriminación política de forma directa a pesar de su
23 Anna M. Fernández Poncela, “Participación social y política de las mujeres en México: un estado de la cuestión”, en Anna M. Fernández Poncela (comp.), Participación política: las mujeres en México al final del Milenio, El Colegio de México, México, 1995, p. 26. 24 Íbidem., p. 71.
27
voluntad expresada en las luchas históricas del sufragismo o el
movimiento feminista de nuestros días. La historia de la política ha
sido una historia de exclusiones de la mujer en cuanto a la
concepción de la ciudadanía moderna. De hecho, la ciudadanía de la
mujer, tan comúnmente tachada de “segunda categoría”, es de tipo
formal y se encuentra dentro de un sistema de poder eminentemente
androcéntrico y masculinizante. Por otro lado, la supuesta igualdad
formal encubre una desigualdad manifiesta por el acceso diferencial
a los recursos”.25
Como puede observarse para el feminismo los conceptos de democracia,
ciudadanía e igualdad, por ejemplo, se encuentran “masculinizados”26, es
decir, que estos postulados han sido diseñados por y para los hombres sin
considerar a las mujeres como coparticipantes de las estructuras político-
sociales. En el caso concreto de la participación política de las mujeres, el
feminismo liberal sostiene que “la liberación de la mujer consiste en su
libertad de escoger sus vidas, poder competir con el hombre, en igualdad
de condiciones, en los aspectos políticos y profesionales. [Para esta
corriente la] racionalidad es un concepto clave, entendido como la
capacidad de identificar o decidir fines y objetivos y la capacidad de
organizar los medios para lograrlos”.27
25 Íbidem., p. 63. 26 Viviene Taylor, Gobernabilidad y mercado. Perspectivas feministas sobre el poder y el Estado, DAWN, Uruguay, 2001, p. 57. 27 Jo Beall, “La construcción social de género en el Tercer Mundo”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 61.
28
Todas estas interpretaciones tienen un gran valor político, ya que
finalmente continúan reconociendo que la batalla por el respeto y
cumplimiento de los derechos de la mujer debe darse a través de los
mecanismos institucionales. En todo caso, como lo menciona Fernández
Poncela se trata de reivindicar la política y sus corporizaciones, a partir de
un enfoque de género. Así, el Estado debería concebirse y desarrollarse en
la práctica como una “institución neutral, en el cual la mujer tiene el
derecho a participar y competir con los hombres en igualdad de
condiciones”.28
En el caso de la ciudadanía de las mujeres en México, Dalia Barrera
Bassols sostiene que ésta ha sido una ciudadanía “peculiar” por las
siguientes razones:
No solamente debido a su “tardía” inclusión en el derecho al voto
(recuérdese que en nuestro país el derecho a votar y ser votadas fue
reconocido a las mujeres en 1947 en el ámbito local, y hasta 1953 en
el estatal y el federal), lo cual significa que apenas tres o cuatro
generaciones de mujeres han ejercido ese derecho, no solamente
porque su presencia en las esferas del poder político es aún muy
marginal, sino porque los factores culturales que impregnan las
relaciones de género en los espacios “públicos” y “privados”, marcan
28 Jo Beall, “Implementación de la política con perspectiva de género”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 103.
29
las condiciones, las formas y los medios de acceso de las mujeres a
la vida política, su participación en los movimientos sociales, en las
organizaciones y partidos, etcétera.29
En este mismo orden de ideas, Magdalena Sam Bautista reconoce que, a
pesar de los avances en la apertura de espacios públicos para las mujeres,
en los cuales la participación política formal e informal femenina ha ido en
aumento; “ello no se ha reflejado en el acceso equitativo a los puestos
públicos donde, precisamente, se toman las decisiones”30. Por lo tanto,
para esta autora es clara la falta de igualdad y equidad en el quehacer
político de nuestro país, donde las mujeres permanecen como actores
secundarios. En este sentido, para Sam Bautista la superación de este
déficit constituye un gran reto para el proceso de democratización de
México.
En este sentido, considerando que la política es un espacio social donde se
organiza el poder y, por ende, se decide la distribución de los bienes entre
los miembros de la sociedad, la participación de la mujer en el sistema
político institucional es necesaria e indispensable. En palabras de Anna M.
Fernández Poncela:
29 Dalia Barrera Bassols, (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000, p. 12. 30 Magdalena Sam Bautista, “Mujeres gobernantes: los casos de Banderilla, Coatepec y Gutiérrez Zamora, Veracruz”, en Dalia Barrera Bassols, (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000, p. 161.
30
La participación es básica para la democracia; la democracia en sí
implica participación, y la participación de las mujeres de forma
efectiva en el poder y en la toma de decisiones es necesaria también
porque se puede hablar de democracia. Sin la participación de las
mujeres la democracia como régimen político no puede ser
democrática en el sentido estricto, y a la vez sólo en un sistema de
gobierno democrático las mujeres pueden participar de forma
extensa, activa y real.31
Tal como se señaló en el apartado anterior, entre las políticas de género
que se han diseñado y que, al tener como finalidad la eliminación
progresiva de la discriminación de la mujer, son de suma relevancia en la
construcción de sociedades democráticas, se encuentran las denominadas
acciones afirmativas. En términos políticos, las acciones afirmativas se
refieren a “una política pública que se expresa mediante una norma legal,
una decisión judicial o una decisión oficial que procura mejorar las
oportunidades para grupos segregados en la sociedad por su condición de
desventaja frente a los grupos dominantes”.32
En relación a la perspectiva de género, Araceli Sebastián Ramos comenta
sobre las acciones afirmativas lo siguiente:
31 Anna M. Fernández Poncela, op. cit., p. 25. 32 Cristina Torres- Parodi, Acciones afirmativas para lograr la equidad de salud para los grupos étnicos/raciales, Documento presentado en el Taller Regional para la Adopción e Implementación de Políticas de Acción Afirmativa para Afrodescendientes de América Latina y el Caribe, Política y Gobernanza, Organización Panamericana de la Salud, Washington, 2003, p. 2.
31
La llamada acción positiva, o discriminación positiva, surgió de unas
políticas de igualdad, con la finalidad de eliminar los obstáculos que
se oponen a la igualdad de oportunidades para las personas
pertenecientes a colectivos desfavorecidos (discapacitados, mujeres,
minorías étnicas, etc.). Para ello, se proporciona un tratamiento
desigual que, favoreciendo a quienes parten de una situación de
desventaja, asegura una auténtica igualdad de oportunidades a
todas las personas, bien sea ante el mundo laboral o, en general,
ante la vida. En el caso de la discriminación por género, la acción
positiva tiene un valor compensatorio de los efectos producidos por
la discriminación histórica de las mujeres; y contribuye a propiciar
su participación en ámbitos de los que hasta ahora ha sido
excluida.33
Para el caso electoral, las acciones afirmativas se refieren a las cuotas
electorales. Es decir, “la reserva que hace normalmente la ley electoral y
excepcionalmente la Constitución para que ningún género pueda tener
más de un determinado porcentaje de representantes en los órganos
legislativos”.34
33 Araceli Sebastián Ramos, et. al., Educar y orientar para la igualdad en razón del género, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p. 52. 34 Miguel Carbonell, “La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de cuotas electorales de género”, en http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/8/cl/cl8.htm, 6 de marzo de 2006.
32
Si bien la aplicación de la perspectiva de género al diseño de una nueva
forma de hacer política ha generado mecanismos para promover la mayor
participación de las mujeres en la esfera pública, todavía existen múltiples
obstáculos para el establecimiento de una sociedad verdaderamente
equitativa. Entre estos obstáculos se encuentran los siguientes, según los
estudios realizados por el INMUJERES para el caso de México:
- La existencia de una cultura discriminatoria en el aparato
público, los partidos políticos, los sindicatos y otras
organizaciones sociales, que impone resistencia al acceso y
a la participación de mujeres en los espacios de poder.
- La frecuente desvalorización de las capacidades y
aportaciones en las mujeres en el ejercicio del poder
político, en la dirección empresarial y en las diferentes
organizaciones sociales.
- La ausencia de mecanismos permanentes de promoción de
la participación de las mujeres y el desarrollo de una
cultura cívica que considere las realidades diferenciadas y
específicas de hombres y mujeres.
- La mayor responsabilidad que asumen las mujeres en la
comunidad y en el ámbito privado, sobre todo en la familia,
que restringe su participación en el ámbito público.35
35 INMUJERES, Las mujeres en la toma de decisiones. Participación femenina en los poderes del Estado, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2002, pp. 10 y 11.
33
5.2.4. Género y pobreza
Abordar el fenómeno de la pobreza desde la perspectiva de género arroja
un análisis más integral y dinámico en comparación con los análisis
tradicionales. Para la CEPAL, este enfoque “se opone a una definición de la
pobreza basada exclusivamente en el ingreso y subraya el hecho de que
este fenómeno supone tanto aspectos materiales como no materiales,
simbólicos y culturales, y que en él inciden fundamentalmente las
relaciones de poder, es decir, las jerarquías sociales, que determinan un
mayor o menor acceso de las personas, según su género, a los recursos
materiales, sociales y culturales. En este sentido, el género de las personas
puede determinar el nivel de pobreza y el riesgo de padecerla”.36
Los estudios de género relacionados con la pobreza han demostrado que
este problema repercute de manera diferenciada en los sectores femenino y
masculino. De esta conclusión más la agudización del problema en
general, ha surgido el concepto de feminización de la pobreza, el cual en su
concepción más simple se refiere al crecimiento de los índices de pobreza
femenina por encima de la masculina. No obstante, la feminización de la
pobreza es un fenómeno más complejo que involucra diversos aspectos,
particularmente, las situaciones de desigualdad que viven las mujeres en
la sociedad.
36 CEPAL, Entender la pobreza desde la perspectiva de género, Unidad Mujer y Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2004, p. 15.
34
Por lo tanto, la feminización de la pobreza no significa solamente que entre
los pobres haya más mujeres que hombres, sino que se refiere a la
severidad con que la pobreza afecta directamente a algunas mujeres, y a
las mayores privaciones, respecto a los hombres, a que ellas y sus hijos
deben someterse en el esfuerzo por salir de la miseria.37
En este sentido, el fenómeno de la feminización de la pobreza debe
entenderse como la falta de oportunidades de desarrollo para las mujeres
para su sobrevivencia. Es decir, la falta de oportunidades para estudiar,
trabajar, recibir atención médica, participar en el proceso de toma de
decisiones, etc., lo cual se traduce en un severo estancamiento del
progreso socioeconómico de las mujeres.
Para Pedro José Cabrera las condiciones de pobreza que enfrentan las
mujeres están relacionadas con una situación de desigualdad frente a los
hombres, por lo tanto, la aplicación del enfoque de género es trascendental
para analizar y atender dicho problema. En sus palabras:
La situación de sometimiento de las mujeres a la cabeza de familia,
su dependencia respecto de la reproducción, así como su posición
marginal en el mercado de trabajo, han empobrecido históricamente
a las mujeres y aún hoy día siguen empobreciéndolas, al favorecer
su exclusión económica y social. En este sentido, el análisis de las
37 En Instituto Estatal de las Mujeres, Tabasco, en http://www.iemtab.gob.mx/glosario/index.htm, 28 de junio de 2006.
35
relaciones de género, resulta sencillamente imprescindible cuando se
pretenden estudiar los fenómenos sociales, especialmente aquellos
vinculados a la estructura de la desigualdad.38
En suma, los estudios de género enfocados a la pobreza han demostrado
que la pobreza femenina está vinculada con la inequidad en la distribución
de los recursos, así como con la desigualdad de oportunidades. Según lo
planteado por Miriam Núñez en su estudio titulado Charo: la feminización
de la pobreza, la pobreza “se presenta en la medida en que se da una
distribución desigual de la riqueza, porque no existe un reparto equitativo
en los procesos productivos y porque hay una negación a la integración
social. Pero este fenómeno es diferenciado para las mujeres, así
encontramos distintas formas de opresión femenina, esto es, se les niega el
acceso a los recursos económicos, como son el trabajo, la tierra, los
créditos y el poder político”.39
Esta misma autora establece que, para estudiar el fenómeno de la
feminización de la pobreza, deben considerarse las desigualdades de
género que se manifiestan en diversos aspectos, tales como:
38 Pedro José Cabrera Cabrera, “Pobreza y exclusión desde la perspectiva de género”, en García-Mina Freire, Ana y Carrasco Galán, María José (eds.), Género y desigualdad: la feminización de la pobreza, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2004, p. 11. 39 Miriam Núñez, Charo: la feminización de la pobreza, Universidad Autónoma Chapingo, México, 2000, p. 29.
36
a) la división sexual del trabajo, que mantiene a las mujeres en el
ámbito hogareño o las segrega a ocupaciones que trasladan el
modelo doméstico al espacio laboral;
b) la disponibilidad de menores oportunidades de educación y
empleo para ellas;
c) el acceso a trabajos inestables y mal remunerados;
d) la responsabilidad de la doble o triple jornada de trabajo;
e) la prevalencia de niveles inferiores de salud y bienestar;
f) la reducida participación de las mujeres en la toma de decisiones
en los ámbitos social y familiar; y
g) su limitada autonomía personal.40
Con base en lo anterior algunos indicadores para medir y evaluar la
feminización de la pobreza son: el número de hogares con jefatura
femenina, la participación femenina en el empleo y la producción, el acceso
de las mujeres a los recursos productivos, la diferencia salarial entre
salario masculino y salario femenino y el acceso diferencial al empleo.
De esta manera, queda claro que más que significar una proporción
creciente de las mujeres en condiciones de pobreza, la feminización de la
pobreza tiene que ver con la vulnerabilidad del sector femenino frente al
masculino en la sociedad. Clara Jusidman propone dos tipos de factores a
considerar que hacen que las mujeres efectivamente sean más indefensas
40 Íbidem., pp. 30 y 31.
37
a los riesgos de la pobreza, a saber, los factores estructurales y los factores
coyunturales.
Unos se relacionan con la forma en que las sociedades construyen
los roles de las mujeres y lo que ello significa en términos del
desarrollo de sus capacidades y su acceso a oportunidades y
recursos y los segundos, a las circunstancias del entorno económico,
social, político y cultural que en períodos recientes hacen que la
desventaja inicial agudice la vulnerabilidad de las mujeres.41
5.2.5. Género y violencia contra la mujer
La discriminación y exclusión que sufren las mujeres no sólo se presenta
en los ámbitos de la participación política –organizaciones sociales,
partidos políticos, órganos de representación popular u órganos de
gobierno- peor aun, estas prácticas se desarrollan en todos los niveles de
la sociedad. Ello, muestra que la sociedad se organiza y funciona con
esquemas machistas que ubican a las mujeres como seres inferiores e
incapaces de desarrollarse autónomamente.
La violencia contra la mujer es un fenómeno social que expresa esta
concepción. En términos de inclusión social, se trata de un factor que
inhabilita a las mujeres para gozar de una vida plena y para participar en
41 Clara Jusidman, “Mujeres y pobreza”, en Problemas del Desarrollo Revista Latinoamericana de Economía, vol. 27, núm. 106, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, julio-septiembre 1996, p. 117.
38
la sociedad en condiciones mínimas de bienestar. El consenso
internacional, expresado en la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer de 1993, define en su artículo 1 la violencia
contra mujer de la siguiente manera:
A efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer”
se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada.42
Desde un enfoque de género, la violencia contra la mujer es concebida
como una expresión de las relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres: relaciones asimétricas que perpetúan la desvalorización de la
mujer. Para autoras feministas lo “que diferencia a este tipo de violencia de
otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o de
vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer”.43
También entendida como violencia intrafamiliar, este fenómeno “ha
merecido especial atención por las organizaciones de mujeres, como por
42 Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 20 de diciembre de 1993. 43 Ver Nieves Rico, Violencia de género: un problema de derechos humanos, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, núm. 16, julio de 1996, 50pp.
39
investigadores (as), organismos de gobierno y agencias de desarrollo,
debido a las consecuencias que este tipo de violencia trae consigo,
afectando no sólo a las mujeres sino a todo el entorno familiar”.44
Los estudios sobre la violencia de género son relativamente nuevos, ya que
se consideraba un asunto privado que no competía a la sociedad. No
obstante, la complejidad de su naturaleza, así como los efectos sociales
colaterales que ella produce, han hecho de este fenómeno un problema
público que requiere la intervención del Estado y de la sociedad para
solucionarlo.
En términos de equidad, la violencia contra la mujer es concebida como un
mecanismo social que perpetúa la subordinación de las mujeres, puesto
que, debido a que el poder se considera patrimonio genérico de los
hombres, la hegemonía masculina se basa en el control social de lo
femenino. Por lo tanto, las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres se relacionan directamente con los valores culturales dominantes
(patriarcales).45
Una de las mayores aportaciones teóricas de organismos e instituciones
como la CEPAL, el INEGI o el propio INMUJERES, tiene que ver con la
44 Ana Paula Valencia Mexia, Una percepción de género: la violencia intrafamiliar en México frente a la perspectiva internacional, Tesis de Licenciatura, Facultad de Derecho, UNAM, México, 2001, p. 56. 45 Ver Celia Amorós, “Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales”, en Virginia Maquieira y Cristina Sánchez (comps.), Violencia y sociedad patriarcal, Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1992, citado en Nieves Rico, Violencia de género: un problema de derechos humanos, CEPAL, Serie Mujer y Desarrollo, núm. 16, julio de 1996, p. 7.
40
clasificación y tipificación de la violencia contra la mujer. Ello ha
contribuido enormemente a la creación de leyes y normas que pretenden
abordar y entender adecuadamente el tema. Así, según la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003
elaborada por el INEGI, existen cuatro tipos de violencia contra la mujer,
es decir, cuatro formas en que se manifiesta la agresión o la violencia
hacia las mujeres:
o Violencia económica: Se refiere al chantaje que el hombre
puede ejercer sobre la mujer mediante el control del flujo de
recursos monetarios que ingresan al hogar o bien de la forma
de que dicho ingreso se gasta.
o Violencia emocional: Se refiere a las agresiones que no inciden
directamente en el cuerpo de la mujer pero sí en su psique, se
trata de insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones,
omisiones, menosprecio y burlas, entre otras.
o Violencia física: Se trata de las agresiones dirigidas al cuerpo
de la mujer de parte del agresor, lo que se traduce en un daño
o en un intento de daño, permanente o temporal. Las
agresiones físicas comprenden empujones, jalones, golpes,
agresión con armas y algunas otras.
o Violencia sexual: Se entiende como toda forma de coerción que
se ejerce sobre la mujer con el fin de tener relaciones sexuales
41
con ella, con o sin voluntad. Estas formas de coerción van
desde exigir u obligar hasta el uso de la fuerza.46
46 INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, 2004, 326pp.
42
5.3. Elementos conceptuales complementarios
Acción positiva
“La llamada acción positiva, o discriminación positiva, surgió de unas
políticas de igualdad, con la finalidad de eliminar los obstáculos que se
oponen a la igualdad de oportunidades para las personas pertenecientes a
colectivos desfavorecidos (discapacitados, mujeres, minorías étnicas, etc.).
Para ello, se proporciona un tratamiento desigual que, favoreciendo a
quienes parten de una situación de desventaja, asegura una auténtica
igualdad de oportunidades a todas las personas, bien sea ante el mundo
laboral o, en general, ante la vida. En el caso de la discriminación por
género, la acción positiva tiene un valor compensatorio de los efectos
producidos por la discriminación histórica de las mujeres; y contribuye a
propiciar su participación en ámbitos de los que hasta ahora ha sido
excluida”.47
Análisis de género
Se trata de un “proceso teórico-práctico que permite analizar
diferencialmente los roles entre hombres y mujeres, así como las
responsabilidades, el acceso, uso y control sobre los recursos, los
problemas o las necesidades, propiedades y oportunidades, con el
propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad para superar
47 Araceli Sebastián Ramos, et. al, Educar y orientar para la igualdad en razón del género, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p. 52.
43
las discriminaciones imperantes, que limitan las posibilidades de que la
mujer exprese sus necesidades y preferencias”. 48
Ciudadanía integral
Este tipo de ciudadanía “abarca un espacio sustancialmente mayor que el
del mero régimen político y sus reglas institucionales. Hablar de
ciudadanía integral es considerar que el ciudadano de hoy debe acceder
armoniosamente a sus derechos cívicos, sociales, económicos y culturales,
y que todos ellos conforman un conjunto indivisible y articulado”.49
Ciudadanización
Es la asignación al ciudadano a una participación mucho mayor frente a la
esfera política sin embargo no se desconoce la función del Estado en tanto
capaz de localizar la participación y dar continuidad a ésta mediante la
representación, como tampoco se obvia la capacidad estatal de descargar
responsabilidades de decisión para los que se ocupan de los asuntos
públicos sino más bien se trata de pensar la política sin reducirla al
sistema político.50
48 María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 27. 49 En PNUD, La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Magna Terra Editores, Guatemala, 2004, p. 24. 50 En http://www.uff.br/mestcii/palacios1.htm.
44
Cultura patriarcal
Es aquella cultura que promueve una jerarquización entre los géneros,
otorgando un lugar privilegiado a los hombres y uno subordinado a las
mujeres; también promueve una desigual división sexual del trabajo.
Cultura política
Es el “conjunto de actitudes, creencias, cogniciones y sentimientos que
ordenan y dan significado a un proceso político, y que proporcionan los
supuestos y normas fundamentales que gobiernan el comportamiento del
sistema político. Abarcan desde los niveles políticos hasta las reglas de
actuación; son, hasta cierto punto, manifestación de las dimensiones
psicológicas y subjetivas de la política. Son las maneras de expresión de
los individuos, de sus relaciones entre sí, con sus organizaciones o
instituciones, que dan forma al sistema político. Las creencias y los
comportamientos componen los elementos centrales de la cultura política
de un pueblo. Es, en definitiva, el imaginario colectivo en torno al poder, la
autoridad y el sentimiento, la obediencia y la rebelión; la percepción
subjetiva de una población respecto al poder”.51
Derechos democráticos
Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre
los derechos que distinguen a una agestión pública democrática se
encuentran los siguientes:
51 Anna M. Fernández Poncela (comp.), Participación política: Las mujeres en México al final del milenio, El Colegio de México, México, 1995, p. 65.
45
a. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, de
pensamiento, de conciencia y de religión, de asociación y de
reunión pacíficas.
b. El derecho a la libertad de investigar y de recibir y difundir
informaciones e ideas por cualquier medio de expresión.
c. El imperio de la ley, incluida la protección jurídica de los
derechos, intereses y seguridad personal de los ciudadanos y la
equidad en la administración de la justicia, así como la
independencia del Poder Judicial.
d. El derecho al sufragio universal e igual, así como a
procedimientos libres de votación y a elecciones periódicas libres.
e. El derecho a la participación política, incluida la igualdad de
oportunidades de todos los ciudadanos para presentarse como
candidatos.
f. Instituciones de gobierno transparentes y responsables.
g. El derecho de los ciudadanos a elegir su sistema de gobierno por
medios constitucionales u otros medios democráticos.
h. El derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a la función
pública en el propio país.52
52 Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, citado en PNUD, La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Magna Terra Editores, Guatemala, 2004, p. 44.
46
Derechos humanos
Son exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por
el hecho de serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a
unas necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que
puedan desarrollarse como seres humanos. Son unos derechos tan básicos
que sin ellos resulta difícil llevar una vida digna. Son universales,
prioritarios e innegociables.
Desarrollo humano
“Es un concepto dinámico referido a las libertades y las capacidades
humanas, definido en un sentido extenso, que entraña la ampliación de lo
que las personas pueden hacer y ser. Implica el progreso y bienestar
humanos vividos con libertades sustanciales, es decir, poder hacer las
cosas que se valoran y se desean hacer, teniendo las opciones para
hacerlo. Uno de los aspectos centrales del concepto de desarrollo humano
es el énfasis que pone en el objetivo básico anclado en la gente: crear las
condiciones propicias para que hombres y mujeres disfruten de una vida
prolongada, saludable y creativa. Además del objetivo básico de ampliación
de opciones de la gente está el de asegurar el uso cabal de las capacidades
alcanzadas; hacerlo requiere del empoderamiento de la gente, de manera
que pueda participar y beneficiarse de los procesos de desarrollo”.53
53 En PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2006, versión electrónica disponible en http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html, 26 de junio de 2006.
47
Discriminación
Acción y/o actitud que “supone la valoración o devaluación de grupos de
personas a partir de un rasgo común y supone un trato diferente,
consecuentemente, para el grupo discriminado”.54
Empoderamiento (empowerment)
“Por empoderamiento no se entiende el dominio de la mujer sobre el
hombre o viceversa; es la auto-confianza, independencia y autonomía, así
como también la capacidad de desarrollo sostenido”.55
Exclusión social
Puede “entenderse como un concepto multidimensional de pobreza que
introduce aspectos de participación social y de realización de derechos
como seguridad (física, de sustento y de protección ante contingencias,
protección, identidad y plena ciudadanía) en su conceptualización. Es
multidimensional, en cuanto se trata no sólo de la falta de acceso a bienes
y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas (pobreza) sino,
también, la exclusión de la seguridad de la justicia y de la ciudadanía. Es
decir, más allá de lo económico estamos hablando de lo social, lo político y
lo cultural, de la interconexión entre estas dimensiones, y en definitiva, de
la falta de participación en el intercambio social en general; es un proceso
dinámico asociado a la estructura económica y al cambio social (puede ser 54 Araceli Sebastián Ramos, et. al, Educar y orientar para la igualdad en razón del género, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p. 51. 55 Jo Beall, “Necesidades prácticas y estratégicas de género: enfoque de las políticas dirigidas a la mujer”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 97.
48
permanente e intermitente, pasando de la vulnerabilidad a la dependencia
y marginación); procede del funcionamiento de las instituciones y de las
políticas que actúan para incluir o excluir (no es una elección individual); y
es consecuencia de la actuación de una serie de agentes sociales que
excluyen: (Estado, empresas, militares, autoridades locales; organismos
religiosos y elites locales).56
Género
Condición determinada social, sicológica y culturalmente,
independientemente de la biología. “Las diferencias de género se aprenden
a través de un proceso de socialización que es peculiar a una sociedad en
particular o a un periodo histórico y varía con el tiempo y el espacio”.57
Igualdad de oportunidades
Es la situación en la que las mujeres y los hombres tienen iguales
oportunidades para realizarse intelectual, física y emocionalmente,
pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida desarrollando
sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad,
religión y etnia.58
56 G. Rodgers, “What is special about a “social exclusion” approach?”, en G. Rodgers, Gore y C. Figueredo, J. B., Social Exclusion: Rhetoric, Realty, Responses, ILO, Ginebra, pp. 43-55, 1995. Citado en José María Tortosa, (coord.), Pobreza y perspectiva de género. Ed. Icaria, Barcelona, 2001, p. 71. 57 Jo Beall, “Género y Desarrollo: una introducción”, en Ana Lucía Muñoz y Lucy Wartenberg (comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995, p. 45. 58 Gloria Bander, “La igualdad de oportunidades para mujeres y varones. Una meta educativa”, Programa Nacional de Promoción de la Mujer en el Área Educativa, UNICEF, Argentina, 1993, citado en María Cecilia Alfaro, Develando el género. Elementos
49
Inequidad
Desigualdad e inequidad hacen referencia a situaciones en donde se
comparan grupos, pero son grupos que establecen relaciones desiguales y
que se apropian de manera desigual de recursos y satisfactores. Cuando
se habla de inequidad, se hace referencia a diferencias que se consideran
injustas y evitables y de nuevo se entra al campo de las valoraciones éticas
y políticas. Cada sociedad y cada grupo social construyen históricamente
su concepto de lo inaceptable, lo injusto y lo evitable.
Instrumento internacional
El concepto de instrumento internacional remite a una gama muy variada
de textos internacionales, que van desde la simple recomendación hasta
los tratados internacionales con carácter obligatorio, pasando por las
resoluciones, declaraciones, decisiones, cartas y planes de acción. Su
característica común reside en su origen intergubernamental, lo cual
excluye, entre otros, los textos provenientes de organizaciones no
gubernamentales.
Participación política
La participación política puede definirse como toda actividad de los
ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes
o a influir en la formación de la política estatal. Comprende las
conceptuales básicos para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p. 33.
50
acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de
presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en
las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad,
en la manera cómo se dirige al Estado en dicho país, o en decisiones
específicas del gobierno que afectan a una comunidad o a sus
miembros individuales1.
Patriarcado
Para Pedro José Cabrera el patriarcado puede definirse como el “conjunto
de prácticas, usos tradicionales, e instituciones que favorecen y mantienen
el dominio masculino y las relaciones de dependencia de las mujeres
respecto de los varones”.59
Realidad social
Comprensión personal de la realidad y contextualización de las
experiencias, consecuentes de la interacción humana en los ámbitos socio
comunitario, psico-social y psicológico. La realidad social es de una
extrema complejidad, lo que exige no tomar como modelo para
aproximarse a ella el de las ciencias físico-naturales, sino una posición de
pluralismo cognitivo y metodológico.
59 Pedro José Cabrera Cabrera, “Pobreza y exclusión desde la perspectiva de género”, en García-Mina Freire, Ana y Carrasco Galán, María José (eds.), Género y desigualdad: la feminización de la pobreza, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2004, p. 12.
51
6. Formulación de Hipótesis
Hipótesis central
En el México democrático del siglo XXI, a pesar de los avances y
compromisos adquiridos por el gobierno en materia de equidad de género,
existe un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales
establecidos y los resultados concretos de la situación desfavorable que
viven las mujeres mexicanas.
Hipótesis secundarias
1) A pesar de los avances y garantías jurídico- institucionales con
relación a la participación política de las mujeres en el proceso de
toma de decisiones, este sector sigue subrepresentado.
2) La violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza son una
forma y expresión de exclusión social, que demuestran la inequidad
entre los géneros en la realidad social de México.
52
7. Comprobación-falsación de las hipótesis (pruebas empíricas o
cualitativas)
Hipótesis central
En el México democrático del siglo XXI, a pesar de los avances y
compromisos adquiridos por el gobierno en materia de equidad de
género, existe un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales
establecidos y los resultados concretos de la situación desfavorable
que viven las mujeres mexicanas.
Para comprobar la hipótesis central que guió esta investigación se
desarrolló en primer lugar (capítulo 1) un marco teórico y conceptual
basado en la teoría de género. Dicha teoría ha dado surgimiento a la
denominada perspectiva de género, la cual se ha erigido como un
paradigma democrático que permite abordar los problemas sociales de una
manera más integral y equitativa, ya que considera las experiencias,
necesidades e interese, tanto de hombres como de mujeres.
En este sentido, los planteamientos de este enfoque son para nosotros los
más adecuados para evaluar la situación de las mujeres mexicanas en
términos de equidad de género. Asimismo, al ser un enfoque democrático
por naturaleza encaja perfectamente con el periodo que se abarca: el
México democrático del siglo XXI (del año 2000 a la fecha).
53
En el capítulo 1 expusimos la relación que existe entre el concepto de
género y diversos ámbitos como la democracia, la pobreza y la violencia.
Ámbitos en los cuales se desarrollan políticas que tienen como finalidad
promover el principio de la equidad de género.
La hipótesis central quedó corroborada con la información presentada en
los capítulos 2 y 3. En el segundo capítulo, presentamos una selección de
mecanismos jurídico-institucionales, tanto a nivel internacional como
nacional, que promueven la equidad de género. Para el caso de los
mecanismos jurídico-institucionales a escala mundial, se presentaron doce
instrumentos internacionales, entre declaraciones, pactos, convenios,
convenciones y programas de acción. Asimismo, se desarrollaron las
cuatro Conferencias Mundiales sobre la Mujer.
En el ámbito nacional, hicimos una selección de seis documentos, desde la
Constitución Política hasta leyes y programas específicos. También se
abordaron diversas instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres y
la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de
Violencia contra las Mujeres.
El desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales establecidos y los
resultados concretos de la situación desfavorable que viven las mujeres
mexicanas al que hace referencia la hipótesis central quedó corroborada al
enfrentar estos datos sobre los mecanismos jurídico-institucionales, con
54
una serie de indicadores que fueron elegidos para evaluar los niveles de
participación política y de inclusión social de las mujeres mexicanas.
De esta manera presentamos información empírica sobre tres grandes
rubros:
1) La situación general de la mujer mexicana, como un primer
acercamiento a la situación de las mujeres en el país.
Los indicadores utilizados fueron: demográficos, educativos y laborales.
2) La participación política de las mujeres en México.
Desde un enfoque sensible al género, la participación de la mujer en los
asuntos públicos se sustenta en el ideal democrático, según el cual la
incorporación activa del sector femenino en el proceso de toma de
decisiones profundiza la democracia.
Los indicadores utilizados para evaluar la participación política de las
mujeres en México fueron: Índice de Potenciación de Género (IPG), la
participación de las mujeres mexicanas en puestos de elección popular
(número de diputadas, senadoras, presidentas municipales y
gobernadoras) y el número de altos cargos ocupados por mujeres en la
administración pública federal.
55
Indicadores que asimismo apoyan la comprobación de la primer
hipótesis secundaria.
3) La feminización de la pobreza y la violencia contra la mujer como
parámetros de exclusión social, utilizando los siguientes indicadores:
Feminización de la pobreza:
La feminización de la pobreza es un fenómeno que debe vincularse con
las condiciones de desigualdad que sufren las mujeres, ya sea en el
ámbito de las oportunidades o en la distribución de los recursos. Así,
no sólo se trata de que haya más mujeres pobres que hombres60, sino
de que las mujeres deben enfrentar un ambiente más adverso para
poder subsistir.
Los indicadores utilizados para medir la feminización de la pobreza
fueron: porcentaje de población femenina que vive en hogares pobres,
porcentaje de hogares pobres encabezados por mujeres, porcentaje de
mujeres sin ingresos propios y desigualdad de remuneración.
Violencia contra la mujer:
En nuestro país, la violencia contra la mujer se ha convertido en un
serio problema social que inhabilita el buen desarrollo socioeconómico
de la población y que representa un ejemplo de violación de los
60 Según información del INMUJERES, 60% de las personas que viven en pobreza extrema son mujeres.
56
derechos humanos. Asimismo, desde una perspectiva de género se trata
de una expresión más de la desigualdad entre hombres y mujeres.
Para la evaluación de la violencia contra la mujer, se utilizaron los
datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares 2003: mujeres que han sufrido algún incidente de
violencia, edad, nivel educativo, tipo de violencia sufrida.
Estos indicadores apoyaron la comprobación de la segunda hipótesis
secundaria.
Cabe señalar que todos los indicadores utilizados provienen de fuentes
como el INEGI, la CEPAL, el INMUJERES, la ANUIES, se eligieron una
serie de indicadores.
Hipótesis secundaria 1
A pesar de los avances y garantías jurídico- institucionales con
relación a la participación política de las mujeres en el proceso de
toma de decisiones, este sector sigue subrepresentado.
Esta hipótesis se comprobó con la presentación de dos instrumentos
jurídicos específicos en materia de participación política a nivel nacional:
la Constitución Política y el Código Federal de Instituciones y
57
Procedimientos Electorales con sus respectivas reformas. Si bien dichos
instrumentos fueron diseñados y modificados para garantizar y promover
la participación política de todos los ciudadanos, en especial la
participación de las mujeres a través del sistema de cuotas de
representación; las cifras expuestas muestran que dichos documentos aún
no han tenido el efecto esperado.
Los indicadores utilizados para evaluar la participación política de las
mujeres en México fueron: Índice de Potenciación de Género (IPG), la
participación de las mujeres mexicanas en puestos de elección popular
(número de diputadas, senadoras, presidentas municipales y
gobernadoras) y el número de altos cargos ocupados por mujeres en la
administración pública federal.
Hipótesis secundaria 2
La violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza son una
forma y expresión de exclusión social, que demuestran la inequidad
entre los géneros en la realidad social de México.
Esta hipótesis se corroboró con la información expuesta en los apartados
del capítulo 1 sobre ambos fenómenos sociales y con los datos duros
expuestos en el capítulo 3, a partir de los cuales se demuestra que la
situación de las mujeres, sobre todo en términos de pobreza y violencia,
cuenta con características antidemocráticas. Los elevados índices de
58
desigualdad en las condiciones de ingresos, del acceso a ciertos campos de
educación y los niveles de violencia son prueba de que nuestro país se
encuentra aún muy alejado de cultura que ejerza el principio de equidad
de género.
En consecuencia, al inicio del capítulo 3 se presenta una radiografía de
las mujeres en México utilizando los indicadores de población, esperanza
de vida, población analfabeta, población matriculada, población
económicamente activa y tasa de participación en el trabajo doméstico.
Por su parte, la feminización de la pobreza y la violencia contra la mujer
como parámetros de exclusión social, se evaluaron utilizando los
siguientes indicadores:
Feminización de la pobreza: porcentaje de población femenina que vive en
hogares pobres, porcentaje de hogares pobres encabezados por mujeres,
porcentaje de mujeres sin ingresos propios y desigualdad de
remuneración.
Violencia contra la mujer: Datos de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003: mujeres que han sufrido
algún incidente de violencia, edad, nivel educativo, tipo de violencia
sufrida.
59
Objetivo General Objetivos específicos
Preguntas Hipótesis Desarrollo
Evaluar la política de promoción de equidad de género en el México democrático del siglo XXI, a partir del nivel de participación política e inclusión social de las mujeres mexicanas.
Identificar los mecanismos jurídico- institucionales que ha establecido el gobierno mexicano para promover la equidad de género a partir del año 2000 en materia de participación política e inclusión social de las mujeres.
¿Qué mecanismos jurídico-institucionales existen en México para promover la equidad de género en materia de participación política e inclusión social de las mujeres?
CENTRAL En el México democrático del siglo XXI, a pesar de los avances y compromisos adquiridos por el gobierno en materia de equidad de género, existe un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales establecidos y los resultados concretos de la situación desfavorable que viven las mujeres mexicanas.
Capítulo 2 Mecanismos jurídico-institucionales que promueven la equidad de género 2.2. Mecanismo jurídico-institucionales a escala nacional 2.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2.2.2. Instituto Nacional de las Mujeres 2.2.2.1. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2.2.2.2. Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género 2.2.3. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 2.2.4. Ley Federal para Prevenir y
60
Eliminar la Discriminación 2.2.5. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres 2.2.6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Objetivo General
Objetivos específicos
Preguntas Hipótesis Desarrollo
Evaluar la política de promoción de equidad de género en el México democrático del siglo XXI, a partir del nivel de participación política e inclusión social de las mujeres mexicanas.
Conocer los instrumentos internacionales a favor de la mujer que han servido de respaldo al Estado mexicano para establecer políticas encaminadas a promover la equidad de género en materia de participación política e inclusión social de las mujeres.
¿Cuáles son los instrumentos internacionales a favor de la mujer que han servido de respaldo al Estado mexicano para establecer políticas encaminadas a promover la equidad de género en materia de participación política e inclusión social de las mujeres?
CENTRAL En el México democrático del siglo XXI, a pesar de los avances y compromisos adquiridos por el gobierno en materia de equidad de género, existe un desfase entre los mecanismos jurídico-institucionales establecidos y los resultados concretos de la situación desfavorable que viven las mujeres mexicanas.
Capítulo 2 Mecanismos jurídico-institucionales que promueven la equidad de género
2.1. Mecanismos jurídico- institucionales a nivel internacional 2.1.1. Carta de las Naciones Unidas 2.1.2.Declaración Universal de Derechos Humanos 2.2.3.Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos
61
Civiles a la Mujer 2.1.4.Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer 2.1.5.Convenio sobre la Igualdad de Remuneración 2.1.6.Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer 2.1.7.Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 2.1.8.Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 2.1.9.Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 2.1.10.Declaración y Programa de Acción de Viena 2.1.11.Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
62
2.1.12.Las Conferencias Mundiales sobre la Mujer 2.1.12.1.Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Objetivo General Objetivos
específicos Preguntas Hipótesis Desarrollo
Evaluar la política de promoción de equidad de género en el México democrático del siglo XXI, a partir del nivel de participación política e inclusión social de las mujeres mexicanas.
Demostrar que, pese a los avances y garantías jurídico-institucionales con relación a la participación política de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, este sector sigue subrepresentado.
¿Qué mecanismos jurídico-institucionales existen en México para promover la equidad de género en materia de participación política e inclusión social de las mujeres? ¿En qué medida un mecanismo jurídico como el sistema electoral de cuotas tiene efecto en la promoción de la equidad de género en México?
SECUNDARIA 1 A pesar de los avances y garantías jurídico- institucionales con relación a la participación política de las mujeres en el proceso de toma de decisiones, este sector sigue subrepresentado.
Capítulo 2 Mecanismos jurídico-institucionales que promueven la equidad de género 2.2. Mecanismo jurídico-institucionales a escala nacional 2.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2.2.2. Instituto Nacional de las Mujeres 2.2.2.1. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres
63
2.2.2.2. Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género 2.2.3. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 2.2.4. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 2.2.5. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres 2.2.6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Capítulo 3 La participación política y la inclusión social de las mujeres mexicanas en el siglo XXI 3.2. La participación política de las mujeres mexicanas 3.2.1. Proceso de
64
ciudadanización de la mujer 3.2.2. Mujeres en puestos de elección popular 3.2.3. Mujeres en la Administración Pública
Objetivo General Objetivos
específicos Preguntas Hipótesis Desarrollo
Evaluar la política de promoción de equidad de género en el México democrático del siglo XXI, a partir del nivel de participación política e inclusión social de las mujeres mexicanas.
Exponer que la violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza son fenómenos que atentan contra los derechos humanos de la mujer, impidiendo su plena participación e inclusión en la sociedad en condiciones de igualdad.
¿Cuáles son los efectos de la violencia y la feminización de la pobreza en el desarrollo de las mujeres mexicanas?
SECUNDARIA 2 La violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza son una forma y expresión de exclusión social, que demuestran la inequidad entre los géneros en la realidad social de México.
Capítulo 1 Marco teórico conceptual 1.2. Elementos teórico-conceptuales para el desarrollo de la investigación 1.2.4. Género y pobreza 1.2.5. Género y violencia contra la mujer Capítulo 3 La participación política y la inclusión social de las mujeres mexicanas en el siglo XXI 3.3. La inclusión social de las
65
mujeres mexicanas 3.3.1. La feminización de la pobreza 3.3.2. La violencia contra la mujer
Conclusiones y nueva agenda de investigación
La aplicación de la perspectiva de género como una metodología
innovadora y progresista permite reinterpretar la realidad social, a partir
del entendimiento de que las diferencias biológicas (sexuales) entre
hombres y mujeres han creado desigualdades sociales, siendo el sector
femenino el más perjudicado históricamente. A través de los estudios de
género ha quedado en evidencia que las relaciones de género –las
relaciones entre hombres y mujeres- son relaciones de poder, en las cuales
las mujeres han padecido discriminación, subordinación y exclusión frente
al predominio de los hombres.
En este sentido, la utilización del enfoque de género como nueva
herramienta de análisis, así como la promoción del principio de equidad de
género en la sociedad, son dos elementos fundamentales en aras del
establecimiento y/o fortalecimiento de sistemas verdaderamente
democráticos. Un tipo de democracia acorde con la promoción y
66
salvaguarda del principio de equidad de género es la denominada
democracia de ciudadanía. Así, mediante el ejercicio de una ciudadanía
integral, todos los ciudadanos –hombres y mujeres- se encuentran
respaldados y capacitados para hacer valer sus derechos sin distinción
alguna y sin menoscabo de su integridad personal.
Si bien las mujeres han sido concebidas y tratadas como ciudadanas de
segunda categoría, la construcción de una ciudadanía integral, por un
lado, y el compromiso del Estado con el respeto y garantía de los derechos
humanos de todos los ciudadanos, por el otro, permitirían el
establecimiento real de un trato igualitario entre hombres y mujeres.
Asimismo, queda claro que la situación desfavorable de las mujeres puede
ser revertida a partir de la ejecución de políticas de género. Ello,
paralelamente, a la promoción de una cultura democrática basada en
esquemas sensibles al género que reconsideren las experiencias, las
necesidades y los intereses tanto de hombres como de mujeres.
En este sentido, en términos de participación política, es claro que las
mujeres no pueden permanecer ausentes de la práctica del poder. Como lo
señala Asunción Miura: “la participación de los hombres y de las mujeres
en un plano de igualdad es un elemento decisivo del desarrollo duradero y
un símbolo del grado de madurez política de las sociedades”.61
61 Asunción Miura, “Las políticas de igualdad de oportunidades en la práctica”, en Paloma de Villota (ed.), La política económica desde una perspectiva de género. La
67
Para revertir la situación desfavorable de las mujeres, se requiere un gran
compromiso tanto del Estado como de la propia sociedad civil. Ello,
considerando que el trasfondo de los esquemas de desigualdad y
discriminación de género es un asunto cultural que permea todas las
prácticas sociales. Por parte del Estado, el compromiso está en la
ejecución de políticas de género, así como en el fomento de un ambiente
adecuado para el desarrollo de éstas. Si bien la promulgación de leyes y la
institucionalización de políticas a favor de las mujeres son un elemento
fundamental para lograr sociedades integrales y justas, el reto no termina
ahí. Para Anna M. Fernández Poncela:
Los cambios jurídicos son elementales y fundamentales. Pero no
basta con reglamentar la igualdad social y cambiar los esquemas y
temáticas educativas, ya que en la realidad no hay igualdad de
oportunidades, y ésta se muestra más dura y va por detrás de las
legislaciones o las buenas intenciones.62
Así, un cambio real en la sociedad, que reivindique la condición de
desventaja de la mujer, necesita llevar aparejado la construcción de una
cultura democrática que permita entender la realidad desde una
perspectiva de género. Tal como lo concibe la CEPAL, “el acceso no es
suficiente por sí mismo…[éste] debe acompañarse de un aumento de las
individualización de los derechos sociales y fiscales en la Unión Europea, Alianza, Madrid, 2000, p. 21. 62 Anna M. Fernández Poncela, op. cit., p. 71.
68
capacidades de las mujeres y por políticas estatales que incorporen este
concepto de equilibrio entre los género tanto en las políticas focalizadas
como en las universales. Asimismo, se precisa una acción política que
incluya no sólo modificaciones en las estructuras, mecanismos e
instituciones, sino también en los estereotipos y pautas culturales
discriminatorias”.63
Como quedó demostrado en la presente investigación, en términos
formales existen en México diversos mecanismos jurídico-insittucionales
que promueven la equidad de género. En tanto que escala internacional
nuestro país ha ratificado más de un decena de instrumentos que
reconocen y promueven los derechos humanos de las mujeres. Dichos
instrumentos internacionales, a pesar de que abarcan diversos ámbitos,
tienen entre otros muchos objetivos, fomentar la equidad de género. Entre
los instrumentos internacionales que destacan se encuentran: la Carta de
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Convención Internacional sobre la Concesión de los Derechos Civiles de
la Mujer, el Convenio sobre la Igualdad de Remuneración, la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las
Mujeres, la Declaración y Programa de Acción de Viena, Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer y la Declaración y Programa de Acción de Beijing.
63 CEPAL, Participación y liderazgo en América Latina y el Caribe: Indicadores de Género, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Serie Mujer y Desarrollo, Documento LC/L.1302/E, diciembre 1999, p. 17, versión electrónica disponible en http://www.eclac.cl/publicaciones/UnidadMujer/2/lcl1302/lcl1302e.pdf.
69
La ratificación de estos instrumentos evidencia el compromiso de nuestro
país con el mejoramiento de la situación de las mujeres, por lo tanto su
conocimiento es fundamental para hacer valer los derechos democráticos
de las mujeres mexicanas.
A escala nacional se cuenta con leyes como la propia Constitución, en la
cual se establecen derechos básicos como la igualdad jurídica entre
mujeres y hombres y la igualdad de oportunidades entre todos los
ciudadanos y leyes específicas como el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (COFIPE) que al ser modificado cuenta ya con
un sistema de cuotas y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
sin Violencia. Asimismo, existen instituciones y otras instancias
encargadas de velar por el bienestar de las mujeres como el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES) creado en 2001 y la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia
contra las Mujeres, por ejemplo.
Además de corroborar que las mujeres ocupan un lugar relevante en la
sociedad mexicana (al constituir más de la mitad de la población,
representar el 51% del padrón electoral y constituir casi el 40% de la
población económicamente activa) el primer acercamiento a las
estadísticas sobre esperanza de vida, educación y trabajo muestra avances
consdierables en la población femenina del país. Situación que, en
70
principio, podría servir para faslear nuestra hipótesis sobre la
preeminencia de exclusión social en el sector femenino de México.
Conforme a los datos recabados, en las últimas décadas las mujeres
mexicanas presentan un índice de esperanza de vida mayor que los
hombres. Para el año 2004 este índice fue de 77.63 para las mujeres y
72.71 para los hombres.
En materia de educación, los datos del INEGI rebelan que para el ño 2000,
el porcentaje población femenina analfabeta fue superior (11.3%) al
porcentaje de población masculina analfabeta (7.4%); no obsntante si se
comparan estos mismos porcentajes en el año de 1990, puede apreciarse
que la brecha entre mujeres analfabetas (15%) y hombres analfabetos
(9.6%) se ha reducido.
Asimismo, si se consideran los diferentes niveles educativos los datos
arrojan resultados positivos para las mujeres: si bien es cierto que en la
educación básica los porcentajes de hombres y mujeres matriculados son
bastante cercanos64 y que el número de hombres que termina la educación
básica es mayor que el de las mujeres, a nivel bachillerato y licenciatura,
las mujeres llegan a tener mayor presencia que los hombres. En el caso del
bachillerato, en el año 2003 las mujeres representaron un 51.2% frente a
64 Para el año 2003 en preescolar los hombres representaron el 50.4% y las mujeres 49.6%. En primaria ese mismo año los hombres constituyeron un 51.2% frente a un 48.8% del sector femenino. Finalmente, en el caso de la secundaria las cifras en el año de 2003 fueron: 50.5% para los hombres y 49.5% para las mujeres.
71
un 48.8% de hombres; en tanto que a nivel licenciatura el porcentaje de
mujeres alcanzó un 69.2% contra un 30.8% de población masculina en el
año 2003.
En materia laboral, las mujeres representan casi 40% de la población
económicamente activa (15,675,188 mujeres). Respecto al tipo de
actividades que desempeñan, es de destacar que las mujeres además de su
trabajo fuera de casa cubren en un porcentaje elevado las actividades
domésticas, lo cual da cuenta de la denominada doble jornada femenina
con un solo sueldo.
En el año de 2005, los quehaceres domésticos significaron un 46.7% de las
actividades de las mujeres frente a un 0.9% de trabajo extradoméstico. Por
el contrario, los hombres dedicaron 48.7% de sus actividades a trabajo
extradoméstico y otras actividades frente a un 6.1% de quehaceres
domésticos. Esta situación reafirma las condiciones de desigualdad que
viven las mujeres respecto a los hombres con relación a las
responsabilidades del hogar y la familia. Por lo tanto, es clara la dificultad
que enfrentan las mujeres para trabajar fuera del hogar.
Estos datos revelaron la existencia de avances significativos respecto al
mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, sobre todo en ámbitos
tan trascendentales como la educación y el mercado laboral, en los cuales
la presencia de la mujer ha ido en aumento. No obstante, dichos avances
no se han presentado de la misma manera en la esfera pública, mientras
72
que los datos de feminización de la pobreza y violencia contra las mujeres
como indicadores de la exclusión social dan cuenta de los atrasos que aún
persisten en el país. Estos últimos indicadores son los que nos ayudan a
corroborar ampliamente cada una de las hipótesis desarrolladas a lo largo
de la investigación y nos llevan a considerar comprobadas cada una de las
hipótesis que guiaron su desarrollo.
En el caso de la participación política de las mujeres mexicanas, tanto en
el ejercicio de poder como en la toma de decisiones tras la investigación
quedó de manifiesto que ésta aún no refleja el papel que las mujeres
juegan en el país a nivel poblacional, económico y electoral.
Concretamente en lo que respecta a la participación política de las mujeres
en México, puede concluirse que formalmente éstas pueden participar en
la política a través del sistema de partidos y las leyes que garantizan dicha
participación, no obstante, la participación política de la mujer sigue
siendo minoritaria con una escasa incidencia en el proceso de toma de
decisiones. Así, a pesar de contar con mecanismos jurídico-institucionales
como ya los mencionados, las mujeres siguen permaneciendo
subrepresentadas en la arena política. Tanto en la administración pública
como en puestos de elección popular, las mujeres siguen siendo una
minoría respecto a los hombres.
De esta forma, nuestra hipótesis secundaria que señala que : A pesar de
los avances y garantías jurídico- institucionales con relación a la
73
participación política de las mujeres en el proceso de toma de decisiones,
este sector sigue subrepresentado, se comprobó a partir de presentar dos
instrumentos jurídicos específicos en materia de participación política a
nivel nacional: la Constitución Política y el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales con sus respectivas reformas, a los que se
contrapusieron los datos que arrojaron los indicadores electos para
evaluar el fenómeno de la participación política de las mujeres: el Índice de
Potenciación de Género (IPG), la participación de las mujeres mexicanas en
puestos de elección popular (número de diputadas, senadoras, presidentas
municipales y gobernadoras) y el número de altos cargos ocupados por
mujeres en la administración pública federal.
En el caso del IPG, las cifras señalaron que en el año 2002, el IPG de
México fue de 0.5291, cifra similar a la de Hungría. No obstante, para el
año 2003, el IPG del país bajó para situarse en 0.516, por lo que el país se
situó en el número 42 en una lista de 55 países considerados por el PNUD
como de “desarrollo humano alto”, por debajo de países que podríamos
considerar menos desarrollados que el nuestro como Barbados (lugar 20)
o Trinidad y Tobago (lugar 22).
Asimismo, podemos afirmar que, a pesar de las reformas introducidas al
Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales (COFIPE) en el
año de 2002 para garantizar e impulsar una mayor participación de las
mujeres en los puestos de elección popular; los resultados siguen dejando
74
mucho que desear. Es evidente que las mujeres siguen estando
subrepresentadas en comparación con los hombres.
Así, lo expresan los siguientes datos obtenidos:
• En la LIX legislatura que corre de 2003 a 2006, 120 mujeres llegaron a
ser diputadas, mientras que los diputados hombres electos fueron 380.
Si se comparan estas cifras con la legislatura pasada –cuando aún no
se contaba con el sistema de cuotas-, los datos son más drásticos: 84
diputadas mujeres frente a 416 diputados hombres.
• En el caso de las senadurías la situación es peor. De 128 senadores
electos para la LIX legislatura, tan solo 28 fueron mujeres. Y durante
legislaturas pasadas la diferencia no es mucha: 23 en la LVIII
legislatura y 20 en la LVII legislatura.
• Si bien los datos reflejan ciertos avances, al comparar la situación de
las mujeres mexicanas con las de otros países latinoamericanos México
aparece aún rezagado. En una mejor situación se encuentran países
como Argentina con un 31% de mujeres diputadas y un 33% de
mujeres senadoras; Costa Rica con 35% de mujeres en la Cámara de
Diputados; Cuba con un 36% de mujeres diputados y Saint Lucia con
36% de mujeres en la Cámara Alta.
75
• Actualmente sólo existe una mujer gobernadora: Amalia García en
Zacatecas.
• En materia de gobierno municipal, para el año 2002 de los 2,438
municipios en el país, únicamente en 79 (3.24%) eran encabezados por
mujeres. Conforme a los datos del INEGI, para el año 2004, de los
2,451 municipios en el país, 2,336 eran encabezados por hombres,
mientras que únicamente 85 eran encabezados por mujeres. Situación
reflejaba un ligero avance respecto a años anteriores. No obstante, las
cifras parciales de 2005 reflejaron un importante retroceso, al señalar
que únicamente 9 municipios eran gobernados por mujeres, frente a
2,442 encabezados por hombres.
• Respecto a la participación de las mujeres en la administración pública.
Las cifras del INEGI señalan que, en el ámbito nacional, durante los
años 2001 y 2003, las mujeres funcionarias de la Administración
Pública fueron 22,556 y 12,999, respectivamente. Cifras desalentadoras
si se considera el número de hombres funcionarios en los mismos años:
50,780 y 49,174.
En la esfera social dos de las evidencias más dramáticas de la situación de
desigualdad y exclusión que viven las mujeres mexicanas respecto a los
hombres es la feminización de la pobreza y la violencia que se ejerce contra
ellas. Ambos fenómenos son un obstáculo para la inclusión plena de las
mujeres en la sociedad y, por lo tanto, una manifestación de falta de
76
equidad de género. Ello a pesar de ser el sector más numeroso en términos
de población y de ubicarse en situaciones cada vez más favorables en
ámbitos como la educación y el trabajo.
Los indicadores que elegimos para evaluar la exclusión social de las
mujeres en México referentes a feminización de la pobreza y violencia
contra la mujer, comprobaron nuestra segunda hipótesis secundaria que
señala que la violencia contra la mujer y la feminización de la pobreza son
una forma y expresión de exclusión social, que demuestran la inequidad
entre los géneros en la realidad social de México.
Al respecto, la investigación obtuvo los siguientes datos:
• De acuerdo a la CEPAL, el porcentaje de la población femenina que
vivía en hogares pobres en 2002 en la zona urbana fue de 32.7% y en la
zona rural de 51.1%. En el caso de la población masculina los
porcentajes en el mismo año en ambas zonas fueron: 31.6% y 51.1%,
respectivamente.
• El porcentaje de hogares pobres encabezados por mujeres, ascendió en
2002 a 21%, cifra que ha ido en aumento desde la década de los
noventa.
• Según, el INMUJERES las mujeres ganan entre 30 y 50% menos del
salario que los hombres.
77
• El porcentaje de mujeres que han sufrido al manos un incidente de
violencia es de 46.66%. El grupo de mujeres que más incidentes de
violencia ha recibido se refiere a aquellas mujeres entre 15 y 19 años, al
representar un 55.83% del porcentaje total. A este grupo le siguen las
mujeres entre 25 y 29 años (52.84%) y las mujeres entre 2º y 24 años
(50.79%).
• Durante 2003, el tipo de violencia que más se ejerció fue la violencia
emocional con un porcentaje de mujeres afectadas de 38.8%. A ésta le
siguió la violencia económica (29.32%), la violencia física (9.31%) y por
último la violencia sexual (7.84%).
Al respecto puede afirmarse que la sociedad funciona con base en patrones
y actitudes patriarcales, lo cual da muestra que aquellas garantías legales
y los mecanismos democráticos a favor de la mujer serán relativamente
efectivos mientras se mantenga esa cultura patriarcal. Por lo tanto, se
reconoce que el reto es bastante complejo y que se trata de una
transformación social mucho más profunda que implique un cambio en la
cultura.
En el marco del México democrático, los estudios de género deben estar
enfocados al impulso de la participación de la mujer en todos los ámbitos
de la vida social. Temas como el desarrollo de estrategias de
institucionalización de las políticas públicas de género; el análisis de la
78
política social desde una perspectiva de género; la participación de la
mujer en la vida rural de México y el desarrollo y cambio de los patrones
culturales de la sociedad mexicana, serán prioritarios dentro de la nueva
agenda de investigación sobre cuestiones de género en el país.
79
Fuentes de información
Acuerdo A/003/06 del Procurador General de la República, por el que se
crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con
Actos de Violencia contra las Mujeres en el país, Diario Oficial, 16 de
febrero de 2006.
Alberdi, Cristina, "Bases para la participación de las mujeres en la toma de
decisiones políticas", en Uriarte, Edurne y Elizondo, Arantxa (coords.),
Mujeres en política: análisis y práctica, Ariel, Barcelona, pp. 273-283.
Alfaro, María Cecilia, Develando el género. Elementos conceptuales básicos
para entender la equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación
Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, 38pp.
Álvarez Conde, Enrique, "Las mujeres en el Gobierno y en los altos cargos
de la Administración", en Álvarez Conde, Enrique, et. al., Mujer y
Constitución en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid, 2000, pp. 235-256.
Arriagada, Irma y Flores, Carmen, (editoras), Género y Pobreza. Nuevas
Dimensiones, Ediciones de las Mujeres Nº 26, Santiago Chile, 1998.
Aza Blanc, Gonzalo, “Las mujeres en la pobreza: una perspectiva
psicológica”, en García-Mina Freire, Ana y Carrasco Galán, María José
80
(eds.), Género y desigualdad: la feminización de la pobreza, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 2004, pp. 173-190.
Bander, Gloria, “La igualdad de oportunidades para mujeres y varones.
Una meta educativa”, Programa Nacional de Promoción de la Mujer en el
Área Educativa, UNICEF, Argentina, 1993, citado en Alfaro, María Cecilia,
Develando el género. Elementos conceptuales básicos para entender la
equidad, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y
el Progreso Humano, Costa Rica, 1999.
Barrera Bassols, Dalia (comp.), Empresarias y ejecutivas. Mujeres con
poder, Centro de Estudios Sociológicos, Programa Interdisciplinario de
Estudios de la Mujer, El Colegio de México, México, 2001, 212pp.
Barrera Bassols, Dalia (comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, Centro de
Estudios Sociológicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer,
El Colegio de México, 2005, 481pp.
Beall, Jo, “Género y Desarrollo: una introducción”, en Muñoz, Ana Lucía y
Wartenberg, Lucy (comps.), Planeación con perspectiva de género,
Universidad Externado de Colombia, Colombia, 1995.
Beall, Jo, “Necesidades prácticas y estratégicas de género: enfoque de las
políticas dirigidas a la mujer”, en Muñoz, Ana Lucía y Wartenberg, Lucy
81
(comps.), Planeación con perspectiva de género, Universidad Externado de
Colombia, Colombia, 1995.
Benería, Lourdes y Roldán, Martha, Las encrucijadas de clase y género, El
Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.
Cabrera Cabrera, Pedro José, “Pobreza y exclusión desde la perspectiva de
género”, en García-Mina Freire, Ana y Carrasco Galán, María José (eds.),
Género y desigualdad: la feminización de la pobreza, Universidad Pontificia
Comillas, Madrid, 2004, pp. 11-49.
Campero, María del Carmen (coord.), Abriendo espacios: un proyecto
universitario desde la perspectiva de género, Universidad Pedagógica
Nacional, México, 1999, 382pp.
Carbonell, Miguel, “Una ley para el México del siglo XXI”, en Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, México, 2004.
Carta de las Naciones Unidas, San Francisco, 1945.
CEPAL, Entender la pobreza desde la perspectiva de género, Unidad Mujer
y Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
Santiago de Chile, 2004, 69pp.
82
CEPAL, Informe de México, XXXIX Reunión de la Mesa Directiva de la
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México, 2006, 30pp.
CEPAL, Participación y liderazgo en América Latina y el Caribe:
Indicadores de Género, Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, Serie Mujer y Desarrollo, Documento LC/L.1302/E, diciembre
1999, versión electrónica disponible en
http://www.eclac.cl/publicaciones/UnidadMujer/2/lcl1302/lcl1302e.pdf.
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4ª edición,
México, 2005.
Comité Nacional Coordinador de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
Informe de México, México, 1995.
CONAFE, Educación y perspectiva de género: experiencias escolares y
propuestas didácticas, Consejo Nacional de Fomento Educativo, México,
2004, 221pp.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 149ª edición,
Editorial Porrúa, México, 2005.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, Belém Do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994.
83
Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles a la
Mujer, Bogotá, 1948.
Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la
Mujer, Bogotá, 1948.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, 1979.
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 1952.
Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951.
De Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
suscrita por las Diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo, Marcela
Lagarde y De los Ríos y Angélica de la Peña Gómez, Presidentas de las
Comisiones de Equidad y Género, Especial de Feminicidios de la República
Mexicana, y Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias,
respectivamente, versión electrónica disponible en
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/02/asun_222
2067_20060202_1138917033.pdf, 26 de junio de 2006.
Declaración de Beijing, Beijing, 1995.
84
Declaración de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena,
25 de junio de 1993.
Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
Entel, Rosa, Mujeres en situación de violencia familiar, Espacio Editorial,
Buenos Aires, 2002.
Espinosa Calderón, María Cristina, (ed.), El enfoque de género: una
perspectiva necesaria en la reforma curricular de la educación inicial y
preescolar, Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2002, 75pp.
Fernández Christlieb, Paulina, “Participación política de la mujer en
México”, en Fernández Poncela, Anna M. (comp.), Participación política:
Las mujeres en México al final del milenio, El Colegio de México, México,
1995.
Fernández Poncela, Anna M., “Mujeres y política: Balance y perspectivas”,
en Mujeres y poder en México, Mujeres al Timón en la Función Pública
(Manual de Liderazgo Social), México, pp. 221-264.
Fernández Poncela, Anna M., “Participación social y política de las mujeres
en México: un estado de la cuestión” en Fernández Poncela, Anna M.
(comp.), Participación política: Las mujeres en México al final del milenio,
El Colegio de México, México, 1995.
85
Girón González, Alicia y González Marín, María Luisa, “Capital financiero,
crisis económica y trabajo femenino”, en Problemas del Desarrollo Revista
Latinoamericana de Economía, vol. 27, núm. 106, Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM, México, julio-septiembre 1996, pp.
21-33.
Godínez Corona, Mónica Patricia, et. al, Cultura institucional y equidad de
género en la Administración Pública, Instituto Nacional de las Mujeres,
México, 2002, 99pp.
González González, Marisa, “Mujer, fecundidad y trabajo”, en González
Marín, María Luisa (coordinadora), Mitos y realidades del mundo laboral y
familiar de las mujeres mexicanas, Siglo XXI, Instituto de Investigaciones
Económicas, UNAM, México, 1997, pp. 19-45.
Gutiérrez de Velasco, Luzelena (coord.), Género y cultura en América
Latina: arte, historia y estudios de género, Centro de Estudios
Sociológicos, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El
Colegio de México, UNESCO, México, 2003, 396pp.
Guzmán, Virginia, Gobernabilidad democrática y género, una articulación
posible, Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, núm. 48, Santiago de Chile,
octubre de 2003, 63pp.
86
INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2003, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
México, 2004, 326pp.
INMUJERES, Las mujeres en la toma de decisiones. Participación
femenina en los poderes del Estado, Instituto Nacional de las Mujeres,
México, 2002, 59pp.
INMUJERES, Modelo de Equidad de Género MEG: 2003, Instituto Nacional
de las Mujeres, México, 2003.
INMUJERES, Pasos hacia la equidad de género en México, Instituto
Nacional de las Mujeres, México, 2004, 16pp.
INMUJERES, Programa de Adopción del Modelo de Equidad de Género,
Instituto Nacional de las Mujeres, México, 2005.
INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación contra las Mujeres 2001-2006 (PROEQUIDAD), Instituto
Nacional de las Mujeres, México, 2001.
Jones, Mark P., “El sistema de cuotas y la elección de las mujeres en
América Latina: el papel fundamental del sistema electoral”, en CELEM,
Impacto de los sistemas electorales en la representación política de las
mujeres, Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, en
87
http://www.celem.org/prog_europeos/demo_paritaria2000/pdfs/capitula
do01.pdf, 10 de marzo de 2006.
Jusidman, Clara, “Mujeres y pobreza”, en Problemas del Desarrollo Revista
Latinoamericana de Economía, vol. 27, núm. 106, Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM, México, julio-septiembre 1996, pp.
115-127.
Lagarde, Marcela, Comunicaciones de ciudadanos legisladores, LIX
Legislatura, Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República
Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, Palacio Legislativo, 2
de mayo de 2006.
León, Magdalena, (comp.), Mujeres y participación política. Avances y
desafíos en América Latina, Tercer Mundo Editores, Colombia, 1994,
347pp.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, 12 de enero de 2001.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 11 de junio de
2003.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según
el proyecto de decreto de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
88
Libre de Violencia, en De Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, suscrita por las Diputadas Diva Hadamira Gastélum
Bajo, Marcela Lagarde y De los Ríos y Angélica de la Peña Gómez,
Presidentas de las Comisiones de Equidad y Género, Especial de
Feminicidios de la República Mexicana, y Especial de la Niñez,
Adolescencia y Familias, respectivamente, versión electrónica disponible
en
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/02/asun_222
2067_20060202_1138917033.pdf, 26 de junio de 2006.
Loría Saviñón, Cecilia, Mujeres y hombres en la escuela y la familia:
estereotipos y perspectiva de género, 2ª edición, Secretaria de Educación
Pública, México, 1998, 52pp.
Martínez Covarrubias, Sara G., Crónica de un proceso de investigación con
perspectiva de género, Universidad de Colima, México, 2003, 181pp.
Miura, Asunción, “Las políticas de igualdad de oportunidades en la
práctica”, en De Villota, Paloma (ed.), La política económica desde una
perspectiva de género. La individualización de los derechos sociales y
fiscales en la Unión Europea, Alianza, Madrid, 2000.
Muñoz, Ana Lucía y Wartenberg, Lucy, (comps.), Planeación con
perspectiva de género, Universidad Externado de Colombia, Colombia,
1995, 321pp.
89
Núñez, Miriam, Charo: la feminización de la pobreza, Universidad
Autónoma de Chapingo, México, 2000, 165pp.
ONU, Periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para examinar la Plataforma de Acción de Beijing,
Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, 5 a 9 de junio de 2000.
Pacheco, Edith y Parker, Susan, “Participación económicamente activa
femenina en el México urbano. Un breve recuento y algunos hallazgos
recientes”, en Problemas del Desarrollo Revista Latinoamericana de
Economía, vol. 27, núm. 106, Instituto de Investigaciones Económicas,
UNAM, México, julio-septiembre 1996, pp. 21-33.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966.
Plataforma de Acción de Beijing, Beijing, 1995.
PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2006, versión
electrónica disponible en http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html,
26 de junio de 2006.
90
PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano México 2004, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2005, versión electrónica
disponible en http://saul.nueve.com.mx/informes/index.html, 27 de junio
de 2006.
PNUD, La democracia en América Latina: Hacia una democracia de
ciudadanas y ciudadanos, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, Magna Terra Editores, Guatemala, 2004, 255pp.
Portos Irma, “La crisis y la política económica: ¿telón de fondo de la
ocupación femenina en México?, en Problemas del Desarrollo Revista
Latinoamericana de Economía, vol. 27, núm. 106, Instituto de
Investigaciones Económicas, UNAM, México, julio-septiembre 1996, pp. 7-
20.
Rico, Nieves, Violencia de género: un problema de derechos humanos,
Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL, núm. 16, julio 1996, 50pp.
Rosales Pichardo, Lucila, La violencia doméstica hacia las mujeres desde
la perspectiva de género, Tesis de Licenciatura, UNAM, México, 1998.
Salas Valenzuela, Monserrat, (coord.), Calidad de la atención con
perspectiva de género: aportes desde la sociedad civil, Salud Integral para
la Mujer, Plaza y Valdés, México, 2001, 143pp.
91
Sam Bautista, Magdalena, “Mujeres gobernantes: los casos de Banderilla,
Coatepec y Gutiérrez Zamora, Veracruz” en Barrera Bassols, Dalia,
(comp.), Mujeres, ciudadanía y poder, El Colegio de México, México, 2000,
pp. 161-294.
Sebastián Ramos, Araceli, Educar y orientar para la igualdad en razón del
género, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid 2001,
226pp.
Taylor, Viviene, Gobernabilidad y mercado. Perspectivas feministas sobre
el poder y el Estado, DAWN, Uruguay, 2001, 207pp.
Torres Falcón, Marta (comp.), Violencia contra las mujeres en contextos
urbanos y rurales, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El
Colegio de México, México, 2004, 447pp.
Tortosa, José María (coord.), Pobreza y perspectiva de género,
Icaria, Deposito Legal Barcelona, 2001.
Urrutia, Elena (coord.), Estudios sobre las mujeres y las relaciones de
género en México: aportes desde diversas disciplinas, Programa
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El Colegio de México, México
2005, 457pp.
92
Valdés, Teresa y Olavaria, José (eds.), Masculinidades y equidad de género
en América Latina, FLACSO-Chile/UNFPA, Santiago de Chile, 1998,
284pp.
Valencia Mexia, Ana Paula, Una percepción de género: la violencia
intrafamiliar en México frente a la perspectiva internacional, Tesis de
Licenciatura, UNAM, México, 2001.
Zepadúa, Verónica y Pérez, Mariana, Género, pobreza y presupuestos:
Conceptos iniciales y experiencias internacionales, INDESOL, FUNDAR,
México, 2002, 39pp.
93
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