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Politloga.
Estudiante de
Maestra en Historia
Grupo
intersdisciplinario
de estudios polticos
y sociales
Universidad Nacional
de Colombia
Paola andreaSalazar Carreo
En los ltimos aos se ha incrementado enColombia el debate sobre las causas del despojo
de tierra a millones de campesinos debido al
conflicto armado y al nuevo modelo de desarrollo agrario que
acenta la inequidad y la injusticia social. Esto es lo que ha
sido denominado el avance de una contrarreforma agraria1
de enormes magnitudes, cuyos efectos ms visibles son, de
un lado, la consolidacin de un modelo de reconcentracin
de la propiedad a travs del despojo y apropiacin ilegalde tierras del campesinado por parte de nuevos actores
armados (grupos paramilitares, desmovilizados o bandas
emergentes), cuyas consecuencias son una nueva
reconfiguracin territorial y un proceso de vaciamiento del
campo producido por el xodo de cientos de miles familias
y la disminucin de por lo menos un milln de habitantes
rurales, al pasar de 10.3 a 9.3 millones en estos ltimos
cinco aos.2
De otro lado, se hace visible el drama del desplazamiento
forzado y la agudizacin de la crisis humanitaria y social de
miles de familias campesinas que arriban a la periferia de las
1 Moncayo, Hctor Len (2008) La transformacinindeseada En,La cuestin agraria hoy. Bogot, D.C: InstitutoLatinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA
2 Boletn informativo de la consultora para los derechos
humanos y el desplazamiento. Nmero 76; Bogot, 27 deEnero de 2010.
Sobre la cuestinde la tierra hoy
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Fragmento simbologa indgena(documento AICO)
N 5, Octubre de 2010 Bogot, Colombia
ciudades en situacin de indigencia o pobreza, aunque cerca del 50% de ellas
tena ingresos superiores a la lnea de pobreza antes del desplazamiento y el
23% registraba ndices de indigencia. Despus del desplazamiento, entre las
mismas familias se ha incrementado la pobreza hasta el 95% y la indigencia
al 82%; la mayora carece de un empleo formal, slo el 10% de los ocupados
tiene ingresos equivalentes al salario mnimo legal y el 5% cuenta con una
vivienda digna3.
Se calcula que al terminar el gobierno de la Seguridad Democrtica el
nmero de desplazados haba ascendido a un total de 4.915.5794
, aunque talgobierno se precie de haber aumentado en forma considerable los recursos
destinados a los programas de atencin a la poblacin desplazada, entre los
que se cuentan Familias en Accin, programas de retorno y reubicacin y
proyectos productivos, atendiendo el mandato de la Corte Constitucional en
sus sentencia T-025 de 20045. El impacto y resultado de dichos programas ha
sido mnimo, sobre todo de cara a la necesidad de generacin de ingresos y
restitucin de tierras, tal y como lo ha expresado la misma Corte6.
3 Op, Cit. p.20.4 Op, Cit. p.1.5 Ver resultados, Presidencia de la Repblica de Colombia. Informe Congreso
2010, lvaro Uribe Vlez. Bogot, D.C: Departamento Nacional de Planeacin,pp. 27-87.
6 Durante 2009 la Corte Constitucional dict 13 Autos que han tenido un fuerteimpacto en la reformulacin de las polticas pblicas y en el incremento de laspartidas presupuestales asignadas para la atencin de los desplazados. Boletn
informativo de la consultora para los derechos humanos y el desplazamiento.Nmero 76; Bogot, 27 de Enero de 2010, p.4.
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Los Embera son un pueblo amerindio del occidente deColombia, el oriente de Panam, el norte de Ecuador, y
el sur de Costa Rica. Son unas 60 mil personas.
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Sumadas a esto, las polticas dirigidas por
el gobierno hacia el campo no se han orientado a
atacar el problema de las profundas desigualdades
e inequidades. De hecho, el ex Ministro de
Agricultura Andrs Felipe Arias opt por favorecer
la gran propiedad; un ejemplo de ello, fue laasignacin de subsidios multimillonarios a algunas
familias regionales adineradas, reinas y empresarios
a travs del programa Agro Ingreso Seguro7,
asegurando que los dineros entregados irrigaban
automticamente a los pequeos productores y
generaban empleos8. Con el Ministro de Agricultura
del actual gobierno, Juan Camilo Restrepo, y su
asesor, Alejandro Reyes, se dilucida un cambio deacento en la poltica dirigida hacia el campo, aunque
no de las dimensiones reformistas que muchos le
han otorgado9.
7 Revista Cambio, Programa Agro Ingreso Seguroha benefciado a hijos de polticos y reinas debelleza. Edicin digital. Disponible en lnea: http://www.cambio.com.co/paiscambio/847/ARTICULO-
WEB-NOTA _ INTERIOR _ CAMBIO-6185730.htmlConsultado Agosto de 2010.8 Revista Semana Agro ingreso Seguro: caja para
ricos y reinas? Septiembre 29 de 2009. Edicindigital. Disponible en lnea: http://www.semana.com/noticias-revista-de-radio/agro-ingreso-seguro-caja-para-ricos-reinas/129411.aspx ConsultadoAgosto de 2010.
9 El Espectador, Seccin Judicial. Saldando lasdeudas del despojo. Agosto 15 de 2010. Disponibleen lnea: http://m.elespectador.com/noticias/
judicial/articulo-219348-saldando-deudas-del-despojo Consultado Agosto de 2010.
El sustento intelectual de esta
poltica se encuentra en buena medida
en algunas de las tesis del libro de
Reyes Guerreros y campesinos. El
despojo de la tierra en Colombia10.
Esta perspectiva asegura que elproblema consiste en la apropiacin
ilegal y armada de predios por parte
de narcotraficantes, paramilitares y
testaferros, olvidando que an antes
de ello, la estructura de la propiedad
se caracterizaba por una alta
concentracin. La propuesta concibe
la necesidad de redistribuir las tierrasarrebatadas por los grupos armados;
un ejemplo de ello es el proyecto de
ley de Restitucin de Tierras, el cual
no pretende afectar los derechos de
propiedad ni poner en cuestin los
derechos de los agentes no vinculados
con mafias. En sentido estricto
busca la legalizacin de propiedades
consideradas espurias para estimular
el mercado de tierras11.
10 Reyes Posada, Alejandro. Guerrerosy campesinos. El despojo de latierra en Colombia. Bogot, EditorialNorma, 2009.
11El Espectador, Seccin Judicial. Tres
mitos sobre la tierra. Agosto 15 de2010. Disponible en lnea: http://m.
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Al abordar el problema desde estos razonamientos, Reyes
hace caso omiso de las dimensiones polticas, histricas
y estructurales que explican la problemtica agraria en la
actualidad. El discurso y la propuesta actual no es reformista
ni revolucionario; por el contrario, retoma el legado del propio
Alfonso Lpez Michelsen y su poltica de desarrollo rural, elcual renunci a la posibilidad de reforma agraria y ms bien
opt por poner a disposicin de los campesinos programas de
apoyo de tipo tcnico y crediticio. Al da de hoy, los programas
sociales se vienen basando en este enfoque; un ejemplo de
ello, es el programa Banca de Oportunidades. Sin embargo, el
problema principal una vez ms reside en la concentracin de
la propiedad de la tierra en el campo, que es al mismo tiempo
causa y consecuencia del conflicto armado colombiano.En el libro Guerreros y Campesinos, donde acadmicamente se estructura este
tipo de anlisis, se dejan de lado cuestiones sustanciales para abordar el problema
de la tierra en Colombia. En primer lugar, se asume que los campesinos perdieron la
guerra por el avance de los grupos armados, ms no que existe una ofensiva contra los
campesinos y sus propiedades. Esta afirmacin tiene dos consecuencias: la primera
es que deja la sensacin de que todas las luchas por la tierra han sido un fracaso
para los actores sociales y en ninguna medida una ganancia; no ha existido ninguna
conquista. La segunda afirma que las luchas por la tierra tuvieron lugar hasta 1987,
ao en el cual, ascendi la lucha guerrillera, la cual termin subsumiendo las dems
luchas campesinas. Esto tiene como consecuencia no slo quitarle legitimidad sino
tambin legalidad a los conflictos agrarios que se han presentado desde entonces, lo
cual hace parte de una estrategia macabra para vincular las luchas de la tierra con las
luchas guerrilleras, en la poca actual de combate contra el terrorismo. El resultado
elespectador.com/noticias/judicial/articulo-219340-tres-mitos-sobre-tierra Consultado
Agosto de 2010.
El problema de la tierra
debe abordarse con miras
a realizar una reforma
agraria que vincule tanto
la expropiacin de la
propiedad mafiosa comode la gran propiedad, en
la cual no slo se sita
el latifundio ganadero
improductivo sino los
terrenos asignados
a los negocios de
biocombustibles
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de esto ya se vislumbra en los ltimos cinco aos en los cuales han sido asesinadas 33
personas vinculadas a las organizaciones de vctimas y ms de 300 han sido amenazadas por
tener relacin directa con programas de restitucin o recuperacin de tierras12.
En segundo lugar, el anlisis deja de lado los desplazamientos forzados y el despojo como
causa del nuevo modelo de desarrollo establecido en el campo. No se tiene en cuenta que
dentro de las actuales configuraciones del capitalismo y del conflicto armado se ha venidodando un proceso de compra de tierras y/o apropiacin ilegal de terrenos con coaccin por
parte de las mal llamadas bandas emergentes, grupos paramilitares y nuevos empresarios,
que han consolidado grandes extensiones de tierra en departamentos como Meta, Vichada13,
Casanare14 y Choc y regiones como Urab y el Magdalena Medio dedicadas a los cultivos
de palma u otros negocios de biocombustibles15. Estos negocios son una causa ms de la
expropiacin de los campesinos al obligarlos a vender su mano de obra y sus tierras, o a
abandonarlas.
En tercer lugar, el anlisis supone el xito de la Seguridad Democrtica con elfortalecimiento de la capacidad de coaccin del Estado, la derrota militar de las guerrillas,
la desmovilizacin de estructuras paramilitares, el fin de la guerra y el inicio de una nueva
etapa denominada posconflicto, en el cual las vctimas son efectivamente reparadas. Estas
afirmaciones olvidan lo asegurado por Christophe Beney, jefe de la delegacin en Colombia
del Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR) a propsito de la presentacin del Informe
anual de esa organizacin, segn el cual, no slo los desplazados siguen siendo invisibles
sino que las FARC se han adaptado de forma dinmica al conflicto y tienen de nuevo una
capacidad para continuar siendo un actor importante del conflicto armado16.
12 Boletn informativo de la consultora para los derechos humanos y el desplazamiento. Nmero76; Bogot, 27 de Enero de 2010, pp 3-4.
13 Op, Cit. p.12.14 Gonzlez, Jos Jairo. Los paramilitares y el colapso estatal en Meta y Casanare en, Romero,
Mauricio (edit.) (2007) Para- poltica: ruta de la expansin paramilitar y los acuerdos polticos.Bogot. Intermedio y Corporacin Nuevo Arco Iris, pp. 309- 340.
15 Dicesis de Choc y Human Rights Everywhere. (2004) El Cultivo de la Palma Africana en elChoc: legalidad ambiental, territorial y derechos humanos. Colombia, SUIPPCOL: ProgramaSuizo para la promocin de la Paz en Colombia.
16 El Tiempo, No se puede creer que las Farc tengan ms capacidad ahora que hace 8 aos:
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En suma, puede decirse que el problema de la tierra en
Colombia y el conflicto agrario han sido insuficientemente
abordados; se esperan cambios de acento en la poltica dirigida
hacia el campo, pero que estos cambios no son estructurales.
Sin duda, la dinmica de apropiacin de tierras por grupos
armados es un problema bastante importante; no obstante,
deben considerarse otros factores histricos, polticos y
econmicos que explican la persistencia de la concentracin
de la propiedad, la desigualdad y la inequidad en el campo. El
problema de la tierra debe abordarse con miras a realizar una
reforma agraria integral que vincule tanto la expropiacin de la
propiedad mafiosa como de la gran propiedad, en la cual no slo
se sita el latifundio ganadero improductivo sino los terrenos
asignados a los negocios de biocombustibles, entre otrosactores beneficiarios de la gran propiedad. La continuidad de la
poltica de Seguridad Democrtica implica la continuidad de la
guerra contra el campesinado y el fortalecimiento de un modelo
capitalista extractivo orientado a favorecer, legitimar y consolidar
el despojo, el desarraigo, la pobreza. Otra cosa es que la poltica
para el campo y los campesinos se pretenda presentar con un
discurso dereformismo neoliberal.
Frank Pearl. Abril 26 de 2010. Disponible en lnea: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/
ARTICULO-WEB-PLANTILLA _ NOTA _ INTERIOR-7668088.html Consultado: Agosto de 2010.
La continuidad de la
poltica de Seguridad
Democrtica implica
la continuidad de
la guerra contra el
campesinado y el
fortalecimiento de un
modelo capitalista
extractivo orientado a
favorecer, legitimar y
consolidar el despojo,
el desarraigo, la
pobreza
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Abogada especializada
en Derecho Penal
Sociloga
Universidad Nacional
de Colombia
Investigadora del Instituto
Latinoamericano
para una Sociedad
y un Derecho
Alternativos, ILSA
Carmen andrea
BeCerra BeCerra
El proyecto de restitucin de tierrasradicado ante el Congreso por el
Ministro de Agricultura, Juan Camilo
Restrepo, y por el Ministro del Interior, Germn
Vargas Lleras, durante la primera semana de
septiembre, adems de presentar difusamente
el procedimiento mediante el cual el gobierno
Santos pretende llevar a cabo la restitucin de dos
millones de hectreas a los desplazados, evidencia
el carcter limitado de la restitucin al desconocer
los estndares internacionales en materia de
los derechos de las vctimas del desplazamiento
forzado a la verdad, justicia, reparacin y garantas
de no repeticin.
La reparacin integral es un derecho que
supone para el Estado un conjunto de obligaciones
reconocidas en principios, tratados e instrumentos
Una restitucin detierras sin reparacinintegral para las vctimasdel desplazamiento
forzado y del despojode tierras y territorios
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internacionales de Derechos Humanos1
; frente a las vctimas del desplazamientoforzado y del despojo de tierras y territorios, estas disposiciones parten de la
identificacin de los diferentes tipos de daos, as como de la interrelacin de
los derechos que forman parte de la reparacin integral la verdad, la justicia,
la reparacin y las garantas de no repeticin. Cada uno de estos derechos
1 Convencin Interamericana de Derechos Humanos, Declaracin Universal deDerechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos; Naciones
Unidas: 1) Principios fundamentales de justicia para las vctimas de delitos y delabuso de poder, 1985; 2) Conjunto de principios para la proteccin y la promocinde los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (PrincipiosJoinet), 1998; 3) Principios y Directrices bsicos sobre el derecho de las vctimasde violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derechointernacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. ConsejoEconmico y Social, 2005; Restitucin de viviendas y de patrimonio con motivodel regreso de los refugiados y desplazados internos. Subcomisin de Promociny Proteccin de los Derechos Humanos, 57 perodo de sesiones, Sr. PauloSergio Pinheiro. E/CN.4/Sub.2/2005/17, junio 28 de 2005; Principios Rectoresdel Desplazamiento Forzado. Informe del Representante Especial del Secretario
General de Naciones Unidas para el tema de los Desplazamientos Internos dePersonas, Sr. Francis Deng, E/CN.4/1998/53/Add.2, febrero 11 de 1998.
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reviste dimensiones individuales y colectivas, componentes diferenciados y pueden ser
desarrollados a partir de la implementacin de medidas de tipo normativo y reformas
institucionales, as como mediante la adopcin de procedimientos especiales de tipo
administrativo, judicial o extrajudicial que posibiliten la participacin de las vctimas y
permitan la realizacin de sus expectativas de reparacin.
En este sentido la Comisin Interamericana de Derechos Humanos2, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos3 y varias sentencias de la Corte Constitucional4han destacado que la obligacin de respetar y aplicar las normas internacionales de
derechos humanos, en las que se reconocen estos derechos, supone para el Estado
el deber de:
Adoptar disposiciones legislativas administrativas y otras medidas apropiadas
para impedir las violaciones.
Investigar las violaciones de forma eficaz, rpida, completa e imparcial y, en su
caso, adoptar medidas contra los responsables.
Dar a las vctimas un acceso equitativo y efectivo a la justicia. Proporcionar a las vctimas recursos eficaces para garantizar su derecho a la
reparacin.
Las experiencias comparadas que dan cuenta de los procesos de reparacin a las
vctimas del desplazamiento forzado permiten identificar cmo una de las principales
dificultades que subyacen a los procesos tiene que ver con la definicin restringida
del universo de vctimas en los instrumentos normativos previstos para efectos de
acceder a alguna medida de reparacin. Otra de las dificultades hace referencia a la
falta de voluntad por parte del Estado, a la precariedad de recursos o a la falta de
capacidad institucional para garantizar los diferentes componentes de la reparacin,
tales como la restitucin, indemnizacin, la compensacin y rehabilitacin. Dentro del
conjunto de lecciones aprendidas de estas experiencias, vale la pena destacar tambin
que las medidas a ser adoptadas para el juzgamiento y sancin de los responsables
2 CIDH Lineamientos Principales para una Poltica Integral de Reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131 Doc. 1, 19 febrero 2008
3 Corte IDH. Caso Surez Rosero. Reparaciones. Sentencia 20- 01- 1999.4 Corte Constitucional. Sentencias C 370 de 2006, T 025 de 2004.
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Fragmento ilustracinsimbologa indgena
(documento AICO)
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de crmenes como el desplazamiento forzado, deben articularse
con medidas orientadas a la reparacin integral de los derechos
de las vctimas del despojo de tierras y territorios, dando especial
importancia a la restitucin y las garantas de no repeticin5.
En cuanto a los derechos a la tierra y al territorio de las
comunidades campesinas, de las mujeres y de los grupos
tnicos vctimas del desplazamiento forzado es preciso teneren cuenta que en el contexto del conflicto social y armado
stos han sido desconocidos y vulnerados con anterioridad al
desplazamiento, y que esta situacin de vulnerabilidad y exclusin
fue a la vez causa de desplazamiento forzado como estrategia
de desterritorializacin y del despojo o abandono forzado de
tierras y territorios. Adems, los derechos de estas comunidades
continan siendo vulnerados ante el desplazamiento forzado
que an no cesa, cobrando especial importancia el tema de lasgarantas de no repeticin y su articulacin con los derechos a la
verdad, a la justicia y a la reparacin.
A continuacin se mencionan algunos aspectos que, de
conformidad con los estndares internacionales, deben ser tenidos en cuenta al abordar una
propuesta de reparacin integral para las vctimas del desplazamiento forzado y del despojo
de tierras y territorios y que brillan por su ausencia en el proyecto de restitucin de tierras
del gobierno:
Se debe incluir como destinatarios de las medidas de reparacin a los grupos considerados
de especial proteccin. La Corte Constitucional6 identific as a las mujeres y los grupos
tnicos, pero, adems de estos grupos, debera reconocerse tambin a las comunidades
campesinas, teniendo en cuenta su relacin con la tierra y su aporte en la configuracin
del territorio a partir de actividades de tipo econmico, poltico, organizativo, social y
5 Para un anlisis sobre la inclusin del derecho a la restitucin en el marco de procesos de pazen Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Guatemala, entre otros, ver Scott, Nuevas tendencias en la
restitucin de vivienda y la propiedad, enRevista el Otro Derecho
No. 31-32, ILSA, (2004).6 Corte Constitucional. Sentencia T 025 de 2004
El proyecto de
restitucin de tierras
radicado ante el
Congreso evidencia
el carcter limitado
de la restitucin
al desconocerlos estndares
internacionales
en materia de
los derechos de
las vctimas del
desplazamiento
forzado a la verdad,
justicia, reparaciny garantas de no
repeticin
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cultural, tal como lo establecen los Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado7.
Es necesaria la adopcin de un enfoque diferencial y tnico
que d cuenta de las diferentes formas de relacin con la
tierra y del significado que tiene el territorio para las mujeres,
los grupos tnicos y las comunidades campesinas. Se deben identificar y tener en cuenta los diferentes tipos de
daos causados a las vctimas del desplazamiento forzado,
incluyendo aquellos de contenido patrimonial (tierras,
inmuebles, animales, cosechas, enseres, etc.), incorporando
en la valoracin de estos daos los conceptos de dao
emergente y lucro cesante; daos de tipo psicolgicos y psicosociales; el dao a los
proyectos de vida individuales y colectivos, entendiendo dentro de esta ltima categora
los procesos organizativos, tales como cooperativas, juntas de accin comunal overedal, organizaciones y comits campesinos, formas de organizacin tradicional de
los grupos tnicos, etc.
En cuanto al derecho a la verdad, es fundamental que las vctimas conozcan las
circunstancias, el contexto, el discurso, y las estructuras polticas, militares y econmicas
mediante las cuales fueron desplazados de sus territorios y despojados de sus tierras;
que la sociedad reconozca la existencia de todas las vctimas del desplazamiento forzado
y del despojo de tierras, y que el Estado reconozca su responsabilidad en estos hechos.
El derecho a la justicia representa para las vctimas la posibilidad de acceder a un
recurso o accin encaminado a la investigacin de los hechos que dieron lugar al
desplazamiento forzado y al despojo de tierras, al juzgamiento de los responsables
y beneficiarios del despojo, al establecimiento de los diferentes tipos de daos
7 Principios Rectores del Desplazamiento Forzado. (Principio 9). Informe del Representante
Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el tema de los DesplazamientosInternos de Personas, Sr. Francis Deng, E/CN.4/1998/53/Add.2, febrero 11 de 1998.
La reparacin integral
es un derecho que
supone para el
Estado un conjunto
de obligaciones
reconocidas enprincipios, tratados
e instrumentos
internacionales de
Derechos Humanos
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Los Guajiros (Way) son una tribu de pastores que habita larida Pennsula de la Guajira en el norte de Colombia
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ocasionados, a sancionar con penas adecuadas y proporcionales a los responsables y
a garantizar el derecho a la reparacin8.
La pertinencia de considerar adems del enfoque restitutivo el anlisis de las condiciones
estructurales de exclusin y la importancia de considerar el potencial transformador
de las reparaciones en sociedades como la colombiana son destacadas por algunos
autores9, quienes afirman que las reparaciones no se pueden reducir a enfrentar el daoocasionado a las vctimas, sino que deben tener en cuenta adems las condiciones de
exclusin en que ellas vivan y que permitieron o facilitaron su victimizacin.
Respecto a las medidas de no repeticin en el contexto actual, stas deben partir
del reconocimiento del conflicto social y armado y orientarse a la adopcin de reformas
institucionales y normativas que aborden los problemas estructurales en relacin
con la tierra (concentracin y cambios en el uso del suelo) y el correlativo despojo y
desplazamiento forzado de poblacin. Adems deberan dejar sin efecto las normas
del derecho interno cuya aplicacin favorezca la impunidad frente al desplazamientoforzado o que contribuyan a la legalizacin del despojo.
En el escenario actual de presentacin de propuestas y de iniciativas para la restitucin
de tierras a la poblacin desplazada, cobra vigencia la aplicacin de los estndares
internacionales en materia del derecho a la reparacin integral de las vctimas del
desplazamiento forzado y del despojo de tierras y territorios, siendo necesario el anlisis de
las propuestas actuales o en curso frente a las dimensiones y componentes del derecho a
la tierra y al territorio, revistiendo especial importancia la participacin de las vctimas en
la identificacin de los daos y en la formulacin de propuestas de reparacin integral con
enfoque diferencial y tnico, tomando como punto de partida las causas estructurales del
problema de la tierra en Colombia.
8 Principios fundamentales de justicia para las vctimas de delitos y del abuso de poder, 1985;Conjunto de principios para la proteccin y la promocin de los derechos humanos mediantela lucha contra la impunidad (Principios Joinet).
9 Saffon, M.P y Uprimny, RReparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundizacin
democrtica. En: Reparar en Colombia: Los dilemas en contextos de conicto, pobreza yexclusin. Bogot. ICTJ, DEJUSTICIA, 2009, p. 35.
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Profesor del
Departamento deCiencia Poltica
Universidad
Nacional de
Colombia
Jairo eStrada lvarez
Como parte del paquete de reformas que han de
impulsarse durante el actual cuatrienio presidencial se
encuentra el proyecto de acto legislativo mediante el cualse pretende constitucionalizar el derecho a la sostenibilidad
fscal1. Especficamente se busca modificar la Constitucin
Poltica en sus artculos 334, que consagra la direccin de
la economa a cargo del Estado; 339, que define el Plan
Nacional de Desarrollo, y 346 que ordena la formulacin
anual del Presupuesto General de la Nacin. En todos ellos se
trata de incorporar la sostenibilidad fscalcomo el referente
que debe guiar las actuaciones del Estado sobre la economa,
as como los procesos de planeacin y de presupuestacin.
De esa forma, se proveeran afirman sus gestores las
condiciones para garantizar los principios y fines del Estado
social y hacer efectivos los derechos econmicos, sociales y
culturales de la poblacin.
1 Vase, Proyecto de acto legislativo por el cual se estableceel derecho a lasostenibilidad fscalpara alcanzar los fnes delEstado social de derecho.
Constitucionalismo neoliberal:
Entre la razn cnica y laconfanza inversionista.
A propsito del derecho ala sostenibilidad fscal
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...El agua se pone muybrava cuando se leextrae su fuerza vital yes el arco iris el que msle hace perder calor,llevndose el agua ylos peces a las nubes;por ello los indgenasaseguran que cuando unapersona se baa en un roen el que se ha posadorecientemente un arcoris,sufre una prdida defuerza vi tal mortal...
N 5, Octubre de 2010 Bogot, Colombia
Neoliberalismo y sostenibilidad fscal
Una de las preocupaciones reiteradas del proceso de neoliberalizacin que
se ha impulsado en el pas durante las ltimas dos dcadas ha consistido enla pretensin de incorporar en el ordenamiento jurdico en forma sistemticalos principales diseos de ese proyecto poltico econmico. La emergencia deuna suerte de constitucionalismo neoliberales un hecho indiscutible. De ellodan cuenta, desde 1990, buena parte de los diseos constitucionales y delos desarrollos legales (incluso de algunas elaboraciones jurisprudenciales) enmateria econmica. La construccin del orden neoliberal tambin lo ha sido enel sentido positivo del derecho.
En ese contexto, la constitucionalizacin de la poltica econmica deestirpe neoclsica se ha convertido en un propsito muy preciado. Como bien loseala el proyecto de acto legislativo, no es suficiente que la poltica monetariaortodoxa est constitucionalizada a travs del rgimen de autonoma (relativa)del Banco de la Repblica. Se requiere que sta se acompae de la incorporacinen la Constitucin de un enfoque similar de poltica fiscal (p.7 de la exposicinde motivos), y ello se sintetiza muy bien en el concepto desostenibilidad fscal.sta busca ser erigida ahora en derecho con rango constitucional y, adems, de
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N 5, Octubre de 2010 Bogot, Colombia
suficientes para dar () una garanta homognea estable y exigible atodos los rganos del Estado de que se mantendrn las condicionesde sostenibilidad fscalnecesarias para asegurar la efectividad delos derechos econmicos y sociales (p.8). La constitucionalizacindel derecho a la sostenibilidad fscalsera justamente una condicinnecesaria.
Por otra parte, al comprometer a todos los rganos de los poderespblicos con lasostenibilidad fscalse busca ponerle freno a los efectosfiscales tanto de las acciones constitucionales, especialmente de laaccin de tutela, como del control de constitucionalidad que ejercela Corte Constitucional. Con el argumento de la cooperacin entre lospoderes del Estado (pp. 15-17), se busca en realidad que la Corte y losjueces en general se sometan a las definiciones de poltica econmicade los poderes ejecutivo y legislativo y tambin que el poder judicial se
vea constreido en su incidencia sobre la poltica pblica frente a unamanifiesta inaccin de los dems poderes pblicos, como sucedi, porejemplo, con el fallo que impuso el diseo de polticas especficas para
la poblacin desplazada (T-025 de 2004). Por esta va, se resolvera una controversia dems de una dcada de sectores de la tecnocracia (solamente) con aquellos fallos de laCorte Constitucional que a su juicio debilitan la poltica fiscal neoliberal.
A lo anterior se sumara el hecho de que los diseos constitucionales y legales enmateria de descentralizacin que comprometen gasto pblico ya estn sometidos al
concepto de sostenibilidad. Con ese propsito se emprendieron en su momento las dosreformas constitucionales al sistema general de participaciones (Actos legislativos 01 de2001 y 04 de 2007), y se expidieron las leyes del llamado ajuste territorial (Ley 617 de 2000).Asimismo se impuso el concepto de sostenibilidad financiera en materia pensional (Actolegislativo 01 de 2005) y actualmente se encuentran en curso las reformas al rgimen deseguridad social en salud y a la educacin superior. En igual sentido debe hacerse la lecturadel proyecto de acto legislativo que busca la creacin del sistema general de regalas. Esdecir, al rompecabezas slo le falta la pieza de lasostenibilidad fscal.
Con su constitucionalizacin, lo que sigue ser la imposicin de la regla fiscal por va
legal. sta permite comprender con mayor claridad que la estrategia neoliberal se encamina
Al comprometer a
todos los rganos
de los poderes
pblicos con la
sostenibilidad fiscal
se busca ponerle
freno a los efectos
fiscales tanto
de las acciones
constitucionales,
especialmente de
la accin de tutela,
como del control de
constitucionalidad
que ejerce la CorteConstitucional
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Chimila o Ette ennaka (gente propia). De la familia
lingstica Chibcha. Desde 1960 viven congregadosen el resguardo Issa Oristunna (Tierra de la Nueva
Esperanza) Departamento del Magdalena, Colombia.
_20
hacia la consolidacin de la disciplina y la austeridad
fiscal selectivas, presionando la generacin de
excedentes fiscales, es decir, supervits primarios3.
Pero, qu es lo que hace necesario en la
actualidad que tales supervits sean producidos,
ms all de la pretensin de darle un cierre a laconstitucionalizacin formal de la poltica fiscal del
neoliberalismo?
Techo fscal al gasto social
A mi juicio, adems de buscar la consolidacin
del modelo de la confianza inversionista, la
explicacin se encuentra en el destino que ha de
drsele a los recursos que se espera recibir durantela prxima dcada como fruto de los mayores
ingresos esperados por concepto de minera y
de hidrocarburos. Las estimaciones los sitan en
80.000 millones de dlares hasta el 2020. Dejando
de lado la cuestin fundamental sobre las leoninas
condiciones a favor de las multinacionales que
explotan nuestra riqueza natural y el proyecto
de acumulacin basado en tal explotacin, es
indiscutible que la disputa por las distribucin
de esos recursos (o migajas que le quedan al
pas) ocupar un lugar central en los debates de
poltica econmica y social y en las asignaciones
3 Vase, Comit tcnico interinstitucional. Regla fscalpara Colombia, Banco de la Repblica, Ministerio de
Hacienda y Crdito Pblico, Departamento Nacionalde Planeacin, Bogot, julio de 2010.
del plan nacional de desarrollo y de
los presupuestos pblicos de los
prximos aos.
La presin social por la mayor
disposicin de recursos por parte del
Estado para enfrentar las precariascondiciones de vida y de trabajo viene
creciendo teniendo en cuenta las altas
tasas de desempleo, la informalidad en
ascenso, y los persistentes niveles de
pobreza e indigencia. A ello se suman,
las exigencias de ms de cuatro
millones de desplazados, as como
los requerimientos de las vctimas dela guerra por una reparacin integral
(se estiman ms de 750.00 familias).
En sntesis, la cuestin sobre la
financiacin de los derechos humanos
se encuentra en primersima lnea.
Desde mi perspectiva, el gobierno de
Santos y su equipo de tecncratas
tienen el propsito de ponerle un
techo fiscal a todas esas demandas,
pues a su juicio una expansin del
gasto social afectara lasostenibilidad
fscal y pondra en duda la poltica
de la confianza inversionista. La
justiciabilidad de los derechos debe
tener los lmites fiscales propios
del entendimiento neoliberal de la
poltica fiscal.
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N 5, Octubre de 2010 Bogot, Colombia
Para qu la sostenibilidad fscal?
Al mismo tiempo, el colchn que se busca proveer con el
derecho a lasostenibilidad fscaltiene en realidad los siguientes
propsitos:
Tapar el hueco fiscal de la poltica de seguridad democrtica
que, al tiempo que expandi en forma inusitada el gasto enseguridad y defensa y destin en forma creciente recursos
para construir una base social con familias en accin,
desarroll una poltica tributaria regresiva de incentivos
extremos al gran capital.
Garantizar el pago de la creciente deuda pblica, que viene
comprometiendo importantes recursos de presupuesto
(27% en 2010).
Financiar la continuacin de estrategia de guerra, que muestraevidentes lmites fiscales, se sustenta en el cubrimiento de
gastos permanentes con ingresos transitorios y puede verse
abocada a una lenta desfinanciacin internacional, dado el
carcter no indefinido del Plan Colombia.
Proveer recursos para impulsar proyectos infraestructurales
pendientes, cuyo retraso durante los gobiernos de Uribe
se constituy en un cuello de botella para el proyecto
de acumulacin basado en minerales, hidrocarburos y
plataformas para la exportacin.
De la mano de la razn cnica y de la confianza inversionista,
con el proyecto de acto legislativo aqu examinado, se dara un
golpe certero a lo queda de la ya maltrecha Constitucin de 1991
a cerca de dos dcadas su promulgacin.
La justiciabilidad
de los derechos
debe tener los
lmites fiscales
propios delentendimiento
neoliberal de la
poltica fiscal
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Profesor
Asociado
Facultad de
Odontologa
Universidad
Nacional de
Colombia
John harold
eStradamontoya
Para ningn(a)o de los miles de colombiano(a)s que nos
movilizamos a lo largo de este ao en contra de los decretos
de la eufemsticamente llamada emergencia social es un
secreto que, una vez derrotada esta aberracin por la fuerza
de la indignacin y protesta ciudadana y con el respaldo de laCorte Constitucional al declararla inconstitucional, el gobierno de
turno, con o sin Uribe en el poder, intentara por todos los medios
retomar el contenido de los decretos y presentarlos a trmite en
el calendario de la legislacin ordinaria. Y esto es precisamente
lo que el actual gobierno, que para esta y otras materias en nada
se diferencia de su antecesor, present como proyecto de ley por
intermedio de la senadora Dilian Francisca Toro para estudio del
Senado, radicado con mensaje de urgencia. Se trata del proyectode Senado nmero 011 de 2010 con miras a Modificar el Sistema
de Seguridad Social en Salud.
El proyecto en mencin parte de aceptar, por la contundencia
de los hechos, que el sistema general de seguridad social en
salud (SGSSS) no ha producido los resultados en salud que se
prometieron con bombos y platillos al momento de su expedicin
y que, por el contrario, la inequidad dentro del sistema, la falta de
cobertura, las restricciones y barreras en el acceso efectivo de la
poblacin a los servicios de salud, el deterioro franco y probado
A propsito del proyectogubernamental dereforma a la salud
La febre no est
en las sbanas!
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La piedra de Nyl. Ro Piraparan, 1943. [El petroglifo] es sagrado para todos los indgenas de una vasta rea,cerca de la confluencia del Ro Apaporis, se encuentra casi en lnea ecuatorial. Los indgenas de hoy creen queseala el lugar exacto donde la primera gente lleg desde la Va Lctea en una canoa tirada por una anaconda, unhombre una mujer, y tres plantas: la yuca, la coca y el yag o caapi. Richard Evan Shultes, Vine of the soul
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de los indicadores de la Salud Pblica y un aumento de
prcticas aberrantes ligadas a la violencia estructural como
el paseo de la muerte, por mencionar slo una perla,
requieren una accin urgente de reforma. Se acepta en el
proyecto de ley que ha habido falta de regulacin y que lapresencia estatal ha sido dbil, por decir lo menos, que se
ha presentado un profundo desequilibrio financiero y que
el peso del desempleo que agobia a miles de compatriotas
reduce de forma notable los ingresos al sistema por concepto de cotizacin basada
en el salario. El desempleo, que los tecncratas denominan equivocadamente como
estructural, se convirti en arma de doble filo, toda vez que favorece la explotacin
laboral, la informalidad, el empleo precario y el ejrcito de reserva, pero al mismo
tiempo disminuye ostensiblemente los cotizantes al sistema (que no llegan al 40% de la
poblacin en el rgimen contributivo frente a 60% en el rgimen subsidiado).
Ante la contundencia de la evidencia presentada a lo largo de estos aos por parte
de acadmicos, investigadores, organizaciones no gubernamentales, asociaciones
de usuarios y de pacientes y ciudadanos en general, el proyecto incorpora en sus
artculos muchas de las reivindicaciones all presentadas, cooptando trminos como
participacin ciudadana, salud pblica, autonoma, democracia, entre otros, e
intenta en el mejor estilo de acrobacia desplegada por los tecncratas neoliberales
realizar un maquillaje extremo a un sistema de salud basado en la lgica de mercados,
que ha probado ser un desastre en todo el mundo con estruendosos fracasos incluso
La salud como derecho
humano fundamental
vinculado a la ciudadana
o a la residencia y no
a la capacidad de pagodiferenciada (cotizacin),
como ha sido hasta ahora
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en USA donde el gobierno se empea en
una reforma que democratice en algo
los servicios de salud. Y se trata no
de cualquier maquillaje, sino de una
intervencin cosmtica al mejor estilo
de los shows mediticos conocidoscomo realitys de cambio extremo, que
pretenden realizar cambios profundos,
mas al realizar un juicioso examen se
evidencia que sern cambios slo en
la fachada, sin tocar la esencia, que al
contrario pretende un remozamiento de
los preceptos neoliberales.
Y es que el espritu neoliberal queinspir la ley 100 de 1993 y tantas
otras en el sector del trabajo y la
educacin no queda slo intacto, sino
que con el proyecto de ley se profundiza
el favorecimiento al capital de las
grandes empresas que han encontrado
un lucrativo negocio en todas las ramas
del sector salud y que, con sus millones,
ejercen una presin indebida (conocida
como lobby) sobre los legisladores y
otros actores que tendrn a su cargo
el estudio y posible aprobacin del
proyecto.
No nos llamemos a engao,
el proyecto no es un acto aislado,
sino una vuelta de tuerca ms en la
reconfiguracin del Estado colombiano
al servicio del gran capital. El gobierno tiene
bien calculados los diferentes pasos que
debe dar para consolidar este modelo de
apropiacin voraz de los recursos de la salud
y terminar con la inconclusa ola de reformas
neoliberales, toda vez que se propone enuna ciruga en tres etapas extirpar lo que
queda del derecho a la salud en el sistema
colombiano.
Primero, mediante la ley ordinaria
(lase el proyecto 011 en mencin) propone
realizar ajustes a la ley 100 con una amaada
participacin ciudadana que le dara un
tinte de legitimidad ante la poblacin, puesargumentarn que se dispuso de mltiples
mesas de trabajo donde la ciudadana fue
escuchada; segundo, mediante ley estatutaria
pretenden superar el denominado problema
de costo/efectividad, acudiendo para ello a
los estudios sobre el perfil epidemiolgico
del pas y a la cuestionada medicina basada
en la evidencia, para justificar que slo se
atendern las patologas ms comunes y
con mnimo nivel de complejidad, es decir,
aquellas que representan menos gastos a las
EPS y con las mismas argucias condicionan
el derecho a la salud a la disponibilidad de
recursos para brindarla; es decir, el derecho
a la salud se le garantizar a todos y todas
siempre y cuando haya recursos fiscales
destinados explcitamente para su atencin.
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Tierradentro es el hbitat natural de los indgenas Pez.Es uno de los reductos de indianidad ms importantes delpas. Se calcula que el 70% de sus tierras se encuentra enzona de resguardo y que aproximadamente el 80% de su
poblacin puede ser considerado como indgena. Esta seasienta en los 21 resguardos de Tierradentro, ubicados enlos municipios de Pez e Inz.
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Como quien dice, s, pero no. De nuevo las acrobacias de
los tecncratas para afirmar que para los colombianos la
salud es un derecho, pero ajustado a la disciplina fiscal
y a recursos finitos que podrn agotarse en el primer
semestre del ao fiscal; tercero, mediante una reforma a
la Constitucin, leeremos en un futuro cercano, no que la
salud es un derecho, sino que el derecho a la atencin
mdica es un derecho prestacional de contenido explcito
y, para ello, se apoyarn en los mejores argumentos
cientficos jurdicos nacionales e internacionales de
los principales escuderos del neoliberalismo. Pasamos
con este malabar del derecho a la salud centrado en el
ciudadano a la prestacin de un servicio regulado por el
Estado.Con estas y otras argucias jurdicas pretenden de paso
afectar tambin el derecho a la accin de tutela, nico
mecanismo para acceder a la salud del que disponen miles
de compatriotas, falsamente sealado como el culpable
del desequilibrio financiero del sistema por los excesos de
pacientes, mdicos y jueces irresponsables. El proyecto
busca que en el futuro inmediato las tutelas tendrn que
presentarse a travs de un abogado y solamente una vez
se hayan agotado las instancias regulares o normales para
acceder al derecho, que para muchos pacientes significarn
meses o aos de batallar contra el sistema. No hay que
ser adivino para saber que esto no es ni ms ni menos
que la condena a mayor sufrimiento y muerte anticipada
para miles de personas que padecen enfermedades,
no slo de alto costo sino todas aquellas que las EPS
quieran desconocer a su antojo a pesar de estar en el plan
obligatorio de salud (POS). Miles de pacientes pueden
El Estado debe ser el
garante de la regulacin,
gestin y gobernabilidad del
sistema, reconociendo las
necesidades diferenciadas
por condiciones de vida,
regin geogrfica, edad,
gnero o estado de salud,
privilegiando en esta
regulacin a los ms
vulnerados
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sobrellevar apenas sus diagnsticos gracias a la rpida respuesta
a sus acciones de tutela que les permiten acceso a exmenes
diagnsticos y pruebas de laboratorio, medicamentos costosos,
intervenciones de alta complejidad, rehabilitacin, cuidados
domiciliarios, prtesis, traslados en ambulancia, entre otros. Con
el pretendido maquillaje para hacer ms eficiente el sistema,siempre en una lgica de mercado adornada con un discurso de
apariencia democrtico, todo esto estar prcticamente fuera
del alcance de la poblacin, y los recursos seguirn fluyendo a
manos llenas y concentrndose en las empresas intermediadoras
del sector salud que vern acrecentar sus ganancias da a da con
el lucrativo negocio de la enfermedad y la muerte.
Los acadmicos nos hemos pronunciado durante todos estos aos de vigencia de la
ley 100 de 1993 y, en particular desde la declaratoria de la emergencia social, frente a lanecesidad de una reforma estructural al sistema de salud no ajustes ni mera cosmtica
partiendo de principios que han ido ganando el consenso de los ms variados sectores. Entre
estos principios se destacan: 1. La salud como derecho humano fundamental vinculado
a la ciudadana o a la residencia y no a la capacidad de pago diferenciada (cotizacin),
como ha sido hasta ahora. 2. El Estado debe ser el garante de la regulacin, gestin y
gobernabilidad del sistema, reconociendo las necesidades diferenciadas por condiciones de
vida, regin geogrfica, edad, gnero o estado de salud, privilegiando en esta regulacin a
los ms vulnerados. 3. El concepto de salud debe ser entendido en su acepcin ms amplia,
de manera que estn contempladas la alimentacin saludable, el agua y el saneamiento
ambiental, la vivienda digna y un empleo de calidad para toda(o)s, como bien fue sealado
por la Corte Constitucional en la observacin No. 14 de 2001.
Reconocemos que el momento actual, con ste y otros proyectos en trmite que hablan
del continuismo del gobierno Santos con el de su antecesor, expresa una determinada
correlacin de fuerzas de los distintos actores o grupos de inters que intentan poner sus
necesidades por encima de las de los dems. Claramente los grupos de inters al servicio de
la acumulacin del capital tratarn de imponer sus propuestas, frente a las cuales debemos
desplegar toda nuestra imaginacin para informar a la ciudadana sobre las implicaciones
El concepto de salud
debe ser entendido
en su acepcin ms
amplia, de manera que
estn contempladas
la alimentacinsaludable, el agua
y el saneamiento
ambiental, la vivienda
digna y un empleo de
calidad para toda(o)s
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Baile ritual con bastones mgicos, ceremonia del desentierro.Indgenas Yuko, Sierra de Perij, 1944.Fotografa Gerardo Reichel-Dolmatoff. Archivo fotogrfico ICAN.
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de estas y otras reformas. Requerimos para ello de
una pedagoga ciudadana, ya no la del oprimido o la
de la esperanza como nos enseara Paulo Freire en
sus primeros escritos, sino de una pedagoga que
diga basta!, de una pedagoga de la indignacin
de nuevo retomando una de las ltimas obrasdel pedagogo brasileo que le hable con sentido
y claramente a todas las personas para aumentar
el nivel de conciencia frente a la desfachatez del
proyecto y garantizar la necesaria movilizacin
que derrotar, como lo ha hecho en ocasiones
anteriores, las pretensiones reaccionarias de una
oligarqua que se niega a reconocer que ya no nos
gobierna como en la poca del absolutismo.Movilizacin para demandar que la salud
integral no es una mercanca exclusiva de la que
pueden disfrutar unos pocos; que ante el fracaso
visible de la ley 100 hay que oponer una reforma
estructural consensuada con la mayor cantidad
de actores sociales. Movilizacin para exigir a los
legisladores que incluyan en su estudio toda la
evidencia que el movimiento social y la academia
han aportado durante estos aos y hacer pblicos
todos los debates y discusiones que afectarn uno
de los valores ms preciados por todos: el derecho
a la Salud.
Con este nimo, se han convocado distintas
reuniones en todo el pas que, hasta el momento,
han producido numerosos comunicados y
documentos que han sido enviados al gobierno que
ha hecho caso omiso de ellos. Se han producido ya
las rondas de discusin en Medelln,
Cali y Bucaramanga, y un sinnmero
de organizaciones de ciudadanos,
de pacientes, de los prestadores de
servicios y de la academia de Bogot
estn convocando a la ciudadanaa la ronda que se llevar a cabo el
viernes 8 de Octubre en el Teatro
Bogot de la Universidad Central
donde se deliberar durante todo el
da para sumar estas conclusiones a
las anteriores rondas y fijar posicin
frente a la salud como derecho
y su exigibilidad en el marco deplena garanta de los derechos
fundamentales.
Para terminar, hago eco de las
palabras de los asistentes a una
reunin convocada por la Facultad
Nacional de Salud Pblica de la
Universidad de Antioquia, quienes
al final de las deliberaciones nos
exhortan:
Por el derecho fundamental a la
salud: no ms paos de agua tibia,
movilizacin social por una reforma
estructural, ya!
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Profesor
AsociadoUniversidad
Nacional de
Colombia
CSar Giraldo
El proyecto de ley sobre formalizacin del trabajo y
primer empleo que present el gobierno hay que
verlo como resultado de un proceso. El teln de
fondo es la afirmacin, segn la cual para generar empleo y
formalidad se hace preciso flexibilizar el mercado laboral. All se
asevera que Las obligaciones econmicas impuestas por ley, talescomo los tributos, las cargas laborales no salariales y los costos
de transaccin de ciertos trmites, constituyen costos adicionales
para las empresas, cuya onerosidad o incremento puede llevar a
las nuevas empresas a decidir abandonar su actividad econmica
o desarrollarla en la informalidad1. Es lo que se deca en la
exposicin de motivos de las leyes 50 de 1990 y 789 del 2002
que flexibilizaron el cdigo laboral.
Con ese caballo de batalla se han venido desmontando
los derechos de los trabajadores, que ellos llaman privilegios e
inflexibilidades y acusan de ser los causantes de la informalidad
y el desempleo. Es exactamente al contrario: la causa del
1 Todas las citas del documento harn referencia al proyecto de leyN 57 del 2010, presentado por el Gobierno Nacional a la Cmara
de Representantes el 19 de agosto del presente ao, titulado Porla cual se expide la Ley de Formalizacin y Primer Empleo.
Acerca del proyectode ley sobreformalizacin y
primer empleo
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Costumes-Colombie, Paris 1837, Fermn Didot-Frres Editeurs, grabado en cobre iluminado, Col. Pilar Moreno
de ngel, Bogot. Tomado de: El regreso de Humboldt, exposicin en el Museo Nacional de Colombia, 2001
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desempleo y la informalidad ha sido la desregulacin (flexibilizacin) del mercado de
trabajo, no slo en Colombia sino en el mundo entero.
En la lnea de la flexibilizacin, los miembros del equipo econmico del actual gobierno
venan reclamando ya desde cuando fungan de consultores internacionales y tecncratas
criollos el desmonte de las cotizaciones al Sena, Icbf y Cajas de Compensacin, los mal
llamados parafiscales2
. Ya en el gobierno no se atrevieron a proponer su desmonte totalporque, como haban dicho en Fedesarrollo a comienzos del ao Domingo Cavallo (el
arquitecto del fracasado modelo econmico argentino) y Rodrigo Botero (ex ministro
de Hacienda de Lpez Michelsen), generaba muchas resistencias polticas, que no es
otra cosa que el temor frente a la movilizacin social que ha habido por la defensa de
los derechos que se financian con tales cotizaciones: la capacitacin laboral, la atencin
materno infantil y el subsidio familiar, derechos sociales que se quieren arrebatar con
este tipo de reformas. De manera que esta propuesta hay que verla en la direccin que
ellos han proclamado, y lo que ahora proponen no es ms que un paso ms que dan
dentro de los clculos polticos que realizan. Irn por ms. Por ejemplo, desde ya estn
anunciados recortes al sistema de pensiones.
El proyecto propone que para las micro y pequeas empresas que se creen en
los prximos tres aos habr una exencin en el pago de aportes al Sena, Cajas de
Compensacin en los tres primeros aos, lo mismo que en el pago de impuesto de la
2 Mauricio Santa Mara, actual Ministro de Proteccin Social, antes de tomar la
cartera vena promoviendo desde Fedesarrollo el desmonte de los parafscales,lo mismo Juan Carlos Echeverry desde la Universidad de los Andes.
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Europa sostenida por Africa y Amrica, grabado deWilliam Blake, 1792. Publicado por J. Johnson, St. PaulsChurch Yard, London, Stedman, John Gabriel, 1744-1797_30
renta. Todas las empresas, sin importar su
tamao, que contraten personas de menos
de 25 aos podrn descontar el pago de los
aportes del pago del impuesto de renta. Otro
aspecto que toca el proyecto de ley es el
relacionado con el contrato de aprendizaje,que es una forma de permitir la contratacin
de personas hasta por la mitad del salario
mnimo, y se propone no poner lmites a esta
modalidad.
Con los estmulos al primer empleo y el
contrato de aprendizaje se est ilusionando
a los jvenes con el argumento de que si se
les paga menos va aumentar la demanda porempleo y, por tanto, van a encontrar trabajo
ms fcilmente. Ojal fuera as de fcil. Si
siguiramos el argumento del gobierno, para
generar empleo se podra proponer eliminar
todos los impuestos y, de paso, habra que
eliminar el Estado; eliminar el salario mnimo
y reducirlo, por ejemplo a la dcima parte o,
de forma ms radical, no pagar el salario;
acabar con el cdigo laboral, que sea el libre
mercado el que determine la vida laboral de
las personas y, de paso, su vida material.
Absurdo. A quin le venderan
los empresarios si los trabajadores no
tienen ingresos? Si no hay Estado quin
garantizara los derechos de propiedad y los
contratos? De manera que la cosa no es tan
sencilla. Ese reduccionismo del anlisis de la
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propuesta se extiende al tema de la informalidad. En la exposicin de motivos sealan
que la propuesta busca romper el cuello de botella de la informalidad empresarial y
laboral en Colombia, y que la informalidad en Colombiaes informalidad de escape,
que consiste en que los agentes econmicos no pagan impuestos y no declaran
sus actividades porque eso les implica un costo y, por tanto, en su anlisis costo/
beneficio optan por no pagar. De lo cual se concluye que la nica forma de acabarcon informalidad es desregular la economa porque es el exceso de regulaciones el
origen de la informalidad. Como la informalidad es estar por fuera de la formalidad
(lo que de por s es una tautologa) hay que desinformalizar la economa. Afirman en
la exposicin que se trata de alterar la relacin costo/benecio entre informalidad/
formalidad en las etapas iniciales de la formalizacin, de tal manera que se aumenten
los benecios de ser formal, se disminuyan los costos de formalizarse. Lo que va a
pasar es que las micro y pequeas empresas al declarar los beneficios iniciales a la
autoridad tributaria quedan en la base de datos y, posteriormente, les caer la cuchillade los recaudadores de impuestos. Van a caer como corderitos.
En conclusin, este proyecto de ley no es la forma de crear empleo. No es
empobreciendo el ingreso de las personas (que ellos llaman costos laborales)
como se va generar ms empleo. El error est en extender los comportamientos
individuales, micro, a los comportamientos generales, macro. Se trata de un error
de agregacin: si todos los empresarios bajaran los salarios a quin le venderan la
produccin? Con esa lgica ni habr primer empleo, ni empleo juvenil, ni pequeas
empresas. Los economistas del gobierno olvidan que el salario, a su vez, es el ingreso
de las personas, el cual se utiliza para comprar los bienes y servicios de consumo. La
economa, como la contabilidad, es de partida doble.
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Doctor en HistoriaProfesor Universidad Nacional
RicaRdo Snchez ngel
Dura crtica aBoaventura de
Sousa Santos
o delgatopardismo
E
l profesor portugus es un destacado intelectual y
autor de una obra prolfica en sociologa jurdica. Goza
de un merecido reconocimiento en las universidades
de Nuestra Amrica y funge como uno de los intelectuales de lalite que acompaa alForo Social Mundial.
En El Espectadordel mircoles 8 de septiembre, el socilogo
Sousa Santos concedi un reportaje. Existen varios comentarios
que se comparten. Otros suscitan la diferencia y la distancia. Y
otro, la dura crtica.
Lo que me parece lamentable por su carcter ligero,
superficial, es su elogio al presidente Santos. Ante la pregunta Y
el gobierno de Juan Manuel Santos es una derecha inteligente?,
contesta: Llevo aos acompaando a Colombia y veo cosas que
no esperaba. Hay algunas propuestas de justicia social estructural,
sobre todo en trminos de la cuestin de la tierra, el agua, los
desplazados, las regalas y las indemnizaciones a las vctimas,
que me parecen nuevas. Hay un intento de reconciliacin nacional
que est tratando de abrirse a otras formas polticas para evitar
la agresividad del uribismo. El nuevo presidente rpidamente
ha aprendido con Barack Obama ha dado seales que quiz
los partidos polticos de oposicin no estn entendiendo. Es una
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Manuel Quintn Lame, uno delos primeros lderes indigenas,que luch por la recuperacinde la tierra indgena.
No hay que pagar terraje porque
nosotros no hemos venidocomo puercos sin horqueta ameternos en un sembrado ajeno.Esta tierra es de nosotros.
Manuel Quintn Lame, durante latoma pacfica de la poblacin dePaniquit a mediados de 1914
Quintn Lame en 1916. Detalle de la fotografa tomada cuando fueaprehendido en San Isidro, el 10 de junio del ao citado.
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oportunidad de crear un marco de conciliacin lejos de la frmula
de eliminar a los anacronismos violentos de los paramilitares y
las guerrillas de una manera directa y represiva, sino a travs
de transformaciones sociales, de la distribucin de las regalas,donde puedes ir minando las fuentes de renta de estos grupos. Es
muy inteligente y quiz sea posible.
Que un socilogo universitario haga un juicio de valor de
estas dimensiones slo por unos anuncios del gobierno, sin
que se conozca un plan de accin, no parece lo ms adecuado
y serio. Todo en una piata de reformas con sabor a promesa.
Una cosa es asumir, como lo hace el colega Boaventura, que hay
propuestas de justicia social estructural y otra muy distinta que
existan por parte del gobierno Santos.
En materia de tierra hay la expectativa de que alrededor
de 500.000 hectreas incautadas al narcotrfico en la ltima
dcada sean devueltas a los campesinos y jornaleros. Lo que
se requiere es que se haga en trminos justos con financiacin,
tcnica y, sobre todo, con los criterios que los propios campesinos
decidan. Vale decir, con poder social, y no como una labor de
asistencialismo estatal de reparto paternalista; con el prisma del
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derecho pleno. Y no como la feria mercantil de intercambios de tierra por pena,que es volver al plan original de lvaro Uribe.
El gran latifundio ganadero, que es el dominante, no ser afectado sinofortalecido. La poltica de aguas ya est subordinada al modelo de minera enpramos; bosques y ecosistemas, que el gobierno ha definido como motorprincipal de la economa. La reorientacin sobre las regalas se mueve ensentido contrario a la democracia regional y la descentralizacin. Busca colocaren la presidencia de la Repblica y en la tecnoburocracia central el manejo de
los recursos.Hay que reorientar al control ciudadano el uso de las regalas, democratizarlo
a otras regiones pobres, aplicar la planeacin participativa real, expulsar lapolitiquera de los partidos que eligieron y apoyaron al presidente Santos. Eluso del 10% de los recursos de las regalas para ciencia y tecnologa debe tenercomo pilar las universidades pblicas, fortalecindolas y no en la perspectivade privatizar esos dineros. La creacin de un fondo que maneje a largo plazolos rendimientos de las regalas y tener recursos disponibles debe hacersebajo estricto carcter pblico y control ciudadano atendiendo a la experiencia
internacional.Colombia necesita una reforma agraria, indgena, afrodescendiente y
campesina, de aguas y bosques integral y no marginal. Con movilizacin yorganizacin social.El gobierno de Santos est ejerciendo la vieja estratagemadel gatopardismo: que todo cambie para que todo siga igual, como en la novela
de Lampedusa. Una operacin de cosmetologa meditica para que el modelo
clasista y elitista del gran capital contine su hegemona. Si se revisa completo
el programa del gobierno Santos, sta es la conclusin sin exagerar un pice.
Con todo su cortejo y acompaado de sus Pachecos.
Este tipo de personajes vacuos que ejercen la simulacin existen en estosgobiernos jugando un papel protagnico en el ejercicio real del poder. Debemosa Jos Mara Eca de Queiroz la construccin universal de ese tipo de personajesque conforman la clase poltica. Es una delicia leerLas Cartas de Fradique delgran lusitano. Por muchas razones, los que ofician este papel entre nosotrosson el Presidente y su Vicepresidente.
Las modulaciones del gobierno Santos constituyen una decisin desuperar problemas acuciantes para la burguesa. Pero son eso, modulaciones
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Quintn Lame en 1922 enBogot. Fotografa tomada deElEspectador(Enero 23, 1922)
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y no virajes sustanciales. En poltica exterior, las relaciones de
servidumbre voluntaria con los Estados Unidos se mantienen.
Colombia es el pas ms desigual del continente, el de mayortasa de desempleo, con Mxico, el ms violento, el ms sumiso
a los Estados Unidos, el de mayor consolidacin de las derechas.
El pas de la mayor contrarreforma agraria del mundo, a sangre y
fuego, el de la Seguridad Democrtica y del Estado polica.
La reforma a la justicia limita de entrada antidemocrticamente
el derecho a la tutela y restringe la intervencin de la Procuradura
en los procesos judiciales y crea, adems, la doble instancia para
los parlamentarios, que en los actuales momentos es propiciar la
impunidad a la parapoltica y los corruptos.
El no confiar en nada de este gobierno no es sectarismo,
es sentido comn, porque Juan Manuel Santos es cogestor de
todas estas realizaciones.
No hay que ser ilusos en estas materias, y el profesor Sousa
Santos no debera, como en las Stiras de Horacio, dejarse llevar
por manos ajenas, como mueco de trapo: Ducimur ut nervis
alienis mobile lignum.
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Profesor del Departamentode Ciencia Poltica
Universidad Nacionalde Colombia
Daniel libreros
Los intentos delgobierno de Santos porcooptar la izquierda yel movimiento social
a) Las transformaciones rurales
El compromiso pblico de la corriente delPDA liderada por Gustavo Petro con laley de tierras que el gobierno ha presentado ante el
Congreso de la Repblica signica un xito de la polticagubernamental que persigue legitimar un rgimen
autoritario, un modelo econmico en crisis, adems de
la cooptacin de la izquierda y del movimiento social.
La justicacin de ese compromiso en palabras
del propio Petro debe encontrarse en el supuesto
de que Este gobierno est dando un giro histrico
sobre estos temas, similar al que dieron dos personajes
que intentaron una reforma de tierras (Alfonso LpezPumarejo y Carlos Lleras Restrepo). Pero ambos
reformadores fracasaron hay una expectativa rural
que se puede volver movimiento campesino y que
representara a quince millones de personas que por el
miedo y el terror impuesto en los ltimos aos no se ha
podido manifestar1.
1 Entrevista de Roco Londoo a Gustavo Petro en RaznPblica, Internet, 13 de Septiembre del 2020.
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Estas frases reejan una incomprensin del pasado histrico y del momento
poltico actual. Lpez Pumarejo y Lleras Restrepo intentaron en su momento
una poltica agraria residual que en nada afect la hacienda tradicional. En el
segundo caso, las promesas de reformismo agrario, que terminaron en una
reducida entrega de tierras, fueron autorizadas por el imperio norteamericanocomo parte de una poltica de contencin a una eventual internacionalizacin de
la revolucin cubana.
Debe recordarse que tales promesas se hicieron despus de que en las
dcadas anteriores, durante la llamada violencia, los terratenientes haban
consolidado un gran despojo de tierras. Entonces, los anuncios de reformas
fueron acompaados del intento de corporativizar al movimiento campesino
creando una organizacin apndice del Estado, la ANUC. Pero, la apuesta fracas,
los campesinos desbordaron los lmites institucionales y las elites clausuraron elintento con el llamado Acuerdo de Chicoral. Luego, la guerra posibilit una
concentracin ignominiosa de la tierra. En la actualidad, y segn las propias
estadsticas ociales, 2.428 familias controlan el 53.5% aproximado de la tierra
apta para cultivar mientras 2.2 millones de familias campesinas viven en el rea
restante2, el indicadorginide concentracin agraria ms alto de la regin
2 Ricardo Bonilla, Propuestas de Polticas Pblicas No 6, Fescol, Bogot, Marzo del2006
Fotografa posiblemente tomada el 10 de mayo de 1917, con motivo de laaprehensin de que fue objeto Quintn Lame en el sito de El Cofre (Popayn).
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Tampoco Santos va a hacer un giro histrico en el campo. Intenta integrar
el hacendismo interno a la globalizacin neoliberal3. Ello pasa por restituir
tierra a una franja de los desplazados, entregndoles ttulos de propiedad para
articularlos como pequeos empresarios cooperativizados a las cadenas de
produccin agroexportadoras. Esta apuesta rural la acompaa de una propuesta
de reorganizacin territorial funcional a las inversiones en los megaproyectosdel IIRSA y a un incremento de las concesiones en hidrocarburos y minera 4. Los
proyectos de ley orgnica territorial y el de regalas completan esta estrategia
aumentando los controles tecnocrticos nacionales sobre los recursos scales
locales y centralizando las regalas en el poder presidencial. Se trata de una
reforma institucional que pretende disciplinar a las elites regionales en funcin de
las necesidades del gran capital.
b) Hacia la cooptacin del movimiento socialEsta apuesta no es tan solo econmica. Pretende legitimarse socialmente.
Sobre la base del criterio de que el movimiento campesino se encuentra
derrotado despus de haber soportado durante dcadas los implacables
embates de la guerra, el gobierno llama a la concertacin de propsitos.
Anuncia la conformacin de mesas regionales para tal efecto, aclarando que tan
slo participarn organizaciones campesinas verdaderamente representativas.
Cules? Obviamente las que acepten las pautas gubernamentales. Tambin las
que est creando el gobierno a su imagen y semejanza. En septiembre del
3 Las propias instituciones nancieras internacionales IFIS vienen insistiendo en eldesperdicio de tierras que hay en el pas ante las posibilidades de demanda dealimentos que existe en el comercio internacional. El pas cuenta con 21,5 millonesde hectreas de vocacin agrcola y tan slo utiliza 3,7 millones. La ganadera por elcontrario se desarrolla en 38,7 millones de hectreas.
4 Estos son los principales rubros de inversin del capital transnacional en la nuevafase de acumulacin que abri la globalizacin neoliberal en el contexto del modelode reprimarizacin econmica. El dimensionamiento del tema territorial obedece a
esta forma de acumulacin por espacio descrita por David Harvey como una de lasactuales particularidades del imperialismo.
Manuel Quintn Lame y lossindicalistas Ismael Gmez
lvarez, Ignacio Torres Giraldo,Juan de Dios Romero , ErasmoValencia y Luis A. Bolvar. 1927
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ao anterior, el Centro de Pensamiento Primero
Colombia, del que hace parte el ex asesor
presidencial Jos Obdulio Gaviria, empez a
trabajar en esa perspectiva reuniendo en Melgar
a 60 lderes agrarios de 10 departamentos y
dos sindicatos agrcolas de Antioquia y el Vallecon el objetivo de conformar una organizacin
agraria que busca edicar una alianza entre
empresarios, industriales y el Estado para
orientar a las comunidades campesinas.
Propusieron el nombre de Federacin
Nuevo Liderazgo Campesino y en la resolucin
de conclusiones incluyeron entre otros, los
siguientes propsitos: insertar la organizacin alos proyectos y polticas del Estado, fortalecer la concertacin
con los gremios, impulsar la gura del contrato sindical en las
empresas agroindustriales, desarrollar las cooperativas slo para
la comercializacin y el manejo tcnico y promover estrategias
de integracin con los tratados de libre comercio5. Estamos
pues en presencia de una poltica que pretende corporativizar al
movimiento campesino.
La misma poltica se viene implementando con elmovimiento indgena. La OPIC creada por el gobierno anterior
viene intentando sobornar de manera sistemtica a lderes de
los resguardos para articularlos a las polticas ociales.
5 Se abre polmica por una federacin y un proyecto de ley Unnuevo Pacto de Chicoral? Redaccin poltica de El Espectador,
25 de Octubre del 2009.
La estrategia de
concertacin del actual
gobierno exige un
debate franco en el
seno de la izquierda y
del movimiento socialque delimite fronteras
ideolgicas y polticas
frente a los retos que
se avecinan en medio
de la agudizacin
de la crisis de la
globalizacin neoliberal
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Situacin similar ocurre en las
ciudades. El papel que le han asignado
al vicepresidente Angelino Garzn
es el de lograr que las direcciones
de las centrales sindicales avalen una
supuesta concertacin en medio dela profundizacin ya programada del
modelo neoliberal. Para ello le ha ofrecido
el Ministerio del Trabajo a la CGT y, en
una primera reunin con los presidentes
de las tres centrales, lleg a aceptar la
posibilidad de entregar recursos fscales
a ttulo de ayuda. Desafortunadamente
tal posibilidad surgi como respuestaa un planteamiento del Presidente de
la CUT, Tarcisio Mora. Y por ltimo
propusimos que se apropie una partida
del presupuesto nacional para fortalecer
el movimiento sindical, propuesta con la
cual el Gobierno se mostr de acuerdo.
En Europa, por ejemplo, los gobiernos
aportan recursos del erario para garantizarla actividad sindical, porque si sacan
partidas para entidades y fundaciones
sociales, por qu no se le da un apoyo
econmico al sindicalismo que es parte
de la institucionalidad democrtica del
pas6.
6 Como positiva califcaron las centralessindicales primera reunin con el Gobierno
Joven indgena participando
de las movilizaciones porlos derechos indgenas
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El hecho de que los sindicatos acepten ayudas de los
gobiernos les coarta su independencia y merma su capacidad
de lucha. Esta es una de las razones del por qu, contrario a
lo que el actual Presidente de la CUT presenta como virtuoso,
las direcciones de las confederaciones de trabajadores en
Europa, en la actualidad, frenan las movilizaciones popularesen contra de los planes de ajuste.
Una cuestin diferente es la exigencia que la direccin
nacional de la propia CUT ha hecho a las comisiones terceras
de Senado y Cmara para que, como reconocimiento a su
actividad reivindicativa, le incluyan un monto pequeo
del presupuesto del ao entrante. Esta es una exigencia
acorde con las deniciones de un Estado de Derecho que
el neoliberalismo est extinguiendo y que, en caso deconcretarse, no obliga a retribuciones polticas.
La estrategia de concertacin del actual gobierno exige
un debate franco en el seno de la izquierda y del movimiento
social que delimite fronteras ideolgicas y polticas frente a
los retos que se avecinan en medio de la agudizacin de la
crisis de la globalizacin neoliberal.
El compromiso pblico de la corriente del PDA liderada
por Gustavo Petro con la ley de tierras que el gobierno hapresentado ante el Congreso de la Repblica signica un
xito de la poltica gubernamental que persigue legitimar un
rgimen autoritario, un modelo econmico en crisis, adems
de la cooptacin de la izquierda y del movimiento social.
de Santos, Agencia de Informacin Laboral-Escuela nacionalSindical, Internet, Agosto 31 del 2010.
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ProfesorUniversidad
Pedaggica Nacional
renn Vega Cantor
Lumpemburguesa ycapitalismo gangsterilen Colombia
1
En la dcada de 1970 se consolida el sector fnancierocomo la fraccin dominante del capitalismo criolloy surge el narcotrfco como expresin de un nuevo tipo de
capitalismo, que marc el fn de la industrializacin sustitutiva.Este proceso estuvo ligado a la emergencia del empresariadode la cocana, un sector econmico y social, en teora ilegal,pero necesario en el nuevo proceso de acumulacin decapital1. Con los narcos se confgura una estrecha alianzaen la que participan los empresarios tradicionales, el capitalfnanciero, los terratenientes, los ganaderos y los militares. Los
narcos han sido imprescindibles porque han inyectado dineropara propiciar la acumulacin de capital, no ya en el mbito dela produccin sino en la banca y las fnanzas.
En concordancia, en las ltimas dcadas se ha consolidado
en Colombia un capitalismo de tintes gangsteriles, conrasgos criminales y mafosos, que no son ni mucho menos
episdicos ni estn relacionados con ste o aquel individuo
1 Jairo Estrada lvarez, Colombia: Capitalismo criminal y
organizacin mafosa de la sociedad, en CEPA, No. 3, abril de2007, p. 36.
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que haya ocupado la presidencia de laRepblica o algn alto cargo de la estructuraadministrativa del Estado, sino que soncomponentes estructurales de la actual fasede acumulacin capitalista. Esto se explica
si recordamos, que la mafa es siempreuna empresa capitalista, con un fuertefactor adicional: la fuerza intimidatoria dela violencia. Pero su esencia es y ser la deser una empresa criminal encaminada a laacumulacin de capital2. Como quien dice,la terrible violencia que se ha desencadenadoen Colombia contra campesinos, indgenas,
poblacin afrodescendiente, trabajadoresorganizadores, dirigentes sindicales,
2 Francesco Forgione, Organizacionescriminales y capitalismo globalizador.Reexiones a partir de la experiencia italiana,en Jairo Estrada lvarez (compilador),Sujetos polticos y alternativas en el actualcapitalismo, Bogot, Universidad Nacional
de Colombia, Facultad de Derecho, CienciasPolticas y Sociales, 2003, p. 102.
defensores de derechos humanos,maestros, estudiantes, mujerespobres, no es algo aleatorio odescoordinado, sino que, por elcontrario, es la expresin estructural de
un nuevo rgimen de acumulacin decapital, del cual se ha desprendido laconsolidacin de una empresa criminalque busca generar ganancias para elnuevo bloque de poder.
En esa perspectiva, no resultasorprendente que los paramilitaresy los narcos profesen una abierta
ideologa anticomunista y enarbolenlas banderas de defensa de lapropiedad privada y del libre mercado.De seguro, Milton Friedman y FrederickHayek se sentiran honrados alescuchar las declaraciones de los jefesparamilitares, que sin recato algunoalaban las fortunas de los empresariosprivados, as stas se hayan conseguido
en negocios untados de sangre de la
Marcha del movimiento Lamista
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cabeza a los pies, porque al n y al cabo
hacen parte de la iniciativa privada quecrea riqueza, segn rezan los manualesneoliberales. Y, adems, esa es la formaclsica de acumulacin primitiva de capital
y de conformacin de los capitanes deindustria en todos los lugares dondeha existido el capitalismo. Como lo
haba dicho el capo Pablo Escobar: Lasfortunas grandes o pequeas, siempretienen un comienzo. La mayora de losgrandes millonarios de Colombia y delmundo han comenzado de la nada. Pero
es precisamente esto lo que los convierteen leyendas, en mitos, en un ejemplo parala gente. El hacer dinero en una sociedadcapitalista no es un crimen sino una
virtud3.
2
Esta nueva forma de acumular capital
explica en gran medida la pretendidaestabilidad macroeconmica de Colombia,que se sustenta en la existencia, desde
la dcada de 1970 hasta la fecha, de un
gran cmulo de capitales ilegales que
3 Citado en Guido Piccoli, El sistema delpjaro. Colombia, paramilitarismo y
conicto social, ILSA, Bogot, 2005, p. 75(nfasis nuestro).
han irrigado a toda la economalegal: construccin de viviendas,turismo, hotelera, bancos, casas decambio, industria, comercio, salud,ganadera, actividades deportivas,
farndula, universidades ymucho ms. Esa articulacin entrelas formas legales e ilegales decapital se materializ hacia nales
de la dcada de 1980 y dio pie a la
conguracin de un nuevo bloque
de poder, en el cual sobresalenlos grandes grupos econmicos y
el capital nanciero, junto con losempresarios de la cocana. Desdeese momento, las actividadescriminales propias de las nuevasformas de acumulacin inuyen en
todos los mbitos de la sociedad,incluyendo a las Fuerzas Armadas,a los partidos tradicionales y a las
jerarquas eclesisticas. En estascondiciones se congura lo que yaalgunos investigadores empezarona denominar hace ms de 20 aosel paraestado, el cual, junto conlos empresarios de la cocana,incluye una poderosa fraccincapitalista; un aparato represivomilitar; gastos en bienestar social;
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control territorial regional y un restringido pero
ecaz apoyo popular4.
El paraestado ha cumplido varias funciones,
centrales en el nuevo proceso de acumulacin
capitalista, pero vale la pena destacar las ms
importantes: en primer lugar, ha sido un agenteactivo en la reconguracin de las relaciones de
propiedad, tanto en el campo como en la ciudad,
mediante su respaldo incondicional al proceso
de concentracin de la tierra en manos de los
viejos y nuevos terratenientes, un resultado
de la acumulacin por desposesin como
la denomina el gegrafo David Harvey que
supone la expulsin violenta de los campesinos,indgenas y afrodescendientes de sus tierras,
de sus riquezas hdricas y de la biodiversidad,
en curso de mercantilizacin; en segundo lugar,
ha impulsado los cultivos permanentes de
plantacin, ha fomentado nuevas exportaciones
primarias (palma, caucho, y agrocombustibles) y
respaldado los megaproyectos, que favorecen
al capital transnacional; en tercer lugar, es elprincipal impulsor en el plano institucional de la
exibilizacin laboral en todo el pas, mediante la
4 Germn Palacio y Fernando Rojas, Empresariosde la cocana, parainstitucionalidad y exibilidaddel rgimen poltico colombiano: Narcotrcoy contrainsurgencia en Colombia, en GermnPalacio, La irrupcin del paraestado. Ensayos
sobre la crisis colombiana, Ediciones ILSA,CEREC, Bogot, 1989, p. 97.
Marcha indgena 2008
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Varas de autoridades indgenas
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persecucin violenta y sistemtica de los
sindicatos y de los trabajadores organizados,
la imposicin de regresivas reformas
laborales, la eliminacin de las pocas
conquistas histricas de los trabajadores
colombianos, la generalizacin de laprecarizacin, el desempleo, el subempleo
y la informalizacin, en pocas palabras, la
implementacin a vasta escala del terror
laboral; en cuarto lugar, y como derivacin
de los tres elementos anteriores, se ha
reglamentado la apertura incondicional al
capital extranjero, claramente favorable a
las multinacionales, muchas de las cualeshan fomentado el proyecto paramilitar
con el objetivo de garantizar la buena
marcha de los negocios para el capital
transnacional y sus sbditos locales.
3
Dado el alto grado de compenetracin
entre el capital legal e ilegal, entremultinacionales y narcoparamilitares,
entre bancos y lavadores de dinero,
entre terratenientes y militares, entre el
Estado y los crculos gangsteriles, entre
ganaderos y comerciantes, y considerando
que el control territorial de las nuevas
elites dominantes se extendi a escala
nacional y las nuevas alianzas del capital
plantearon el control del Estado, entonces
el paraestado se deba institucionalizar
y haba darle una cara de legalidad y
legitimidad social y poltica. No otra cosa
es lo que hemos visto en los ltimos 8 aos
en Colombia, donde se ha presentado un
proceso de legalizacin poltica, ideolgicay cultural de traquetos, maosos, narcos y
paramilitares. Eso se aprecia en todos los
niveles del Estado, del sistema poltico
colombiano y de la sociedad: en el
Parlamento (que bien puede ser llamado
Paramento), en muchas gobernaciones
y alcaldas, en las Fuerzas Armadas y la
Polica, en la Procuradura y la Fiscala, enlas Embajadas, en las Universidades, en la
dirigencia deportiva, y en cuanta actividad
nos podamos imaginar. La incorporacin
de la nueva clase emergente como
se le llamaba en la poca de uno de
sus mentores, Julio Cesar Turbay Ayala,
Presidente de la Repblica entre 1978
y 1982 ha adquirido tales ribetes deimpunidad que ahora para ser elegido a
los altos cargos del Estado no se necesita
presentar una intachable hoja de vida, sino
tener un interminable prontuario criminal.
Hemos asistido, en consecuencia, a la
conguracin de una lumpemburguesa
que hoy domina en todos los mbitos de
la sociedad colombia