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ESPECIALIZACION EN GESTIÓN Y CONTROL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS CATEDRA: ESTADO, ECONOMIA Y PARTICIPACION CIUDADANA
Ing. Julia Quintero
22 de Noviembre de 2014
Resumen. El estado y los mercados: Un análisis a comienzos del siglo XXI.
En las últimas décadas, las relaciones de poder dentro del sector público han
experimentado cambios de magnitud, sobre todo a partir de la introducción de
mecanismos de mercado dentro del Estado. La opción Estado versus mercado impregnó
buena parte de las discusiones en los distintos países, con marcadas oscilaciones en las
preferencias a lo largo de la pasada centuria, el siglo XX fue, sin duda, el siglo del
apogeo del Estado en el ámbito económico.
La necesidad de movilizar los recursos nacionales en época de guerra puso al Estado
al comando de las economías de los países involucrados en la Primera Guerra Mundial.
La crisis de 1930 y la posterior Segunda Guerra Mundial dieron un nuevo impulso al rol
del aparato estatal en las economías desarrolladas, mas sin embargo dos hechos
trascendentales en el siglo pasado como la caída del Muro de Berlín (1989) y el fracaso
del neoliberalismo en América latina, han permitido plantearse la necesidad de un
enfoque renovado sobre el rol del estado y los mercados que permitan superar esquemas
obsoletos del siglo pasado.
El mercado, las organizaciones y el Estado
La intervención del Estado ha sido propugnada, en general, como un medio de
atenuar los efectos que sobre la distribución del ingreso tendría un orden económico
librado exclusivamente a las fuerzas del mercado. El Estado, mediante su política
económica o acción persigue el principio de darle al sistema estabilidad, esto es que los
patrones de variable no cambien, al menos en el mediano plazo.
La política económica definida como un conjunto de acciones (inversión pública) y
orientaciones (instituciones) que coadyudan en el crecimiento económico para que lo
sostenido sea sustentable, estable y autónomo, en pocas palabras procurar propiciar el
crecimiento con estabilidad.
El mercado es la institución económica en la cual se produce el punto de encuentro
entre las dos partes que intercambian un bien o servicio. El intercambio es un modo de
aumentar la dotación de bienes y servicios a disposición de las personas, que se
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distingue de otros modos de hacerlo, como la apropiación por medio del fraude o de la
violencia y la donación altruista.
El modelo económico es dictaminado por el Estado, y debe asegurar la mejor
relación posible entre las empresas y las economías domésticas, los principales
participantes de la actividad económica. Sus criterios principales son la homogeneidad,
que las normas sean parejas para todos, y la transparencia, que las normas sean
conocidas y respetadas por todos. Sin embargo surge la pregunta en el sentido
económico para el estado
a.- ¿Hasta dónde es sustentable lo sostenido? Esto es, hasta donde se justifica lo social,
en lo cultural, en lo económico, y en lo ecológico al estilo de vida que se tiene.
b.- ¿Hasta dónde es sostenible el sustento? O lo que es lo mismo, hasta llegar con el
estilo de vida vigente.
Para ello el estado delinea sus acciones y el marco institucional en que desenvuelve
las iniciativas o empresas.
En primer lugar se ha sostenido que el Estado debe intervenir para corregir aquellas
circunstancias no elegidas por las personas (raza, sexo, talento, condición social, pautas
culturales, riqueza heredada, nacionalidad) y que pueden resultar en situaciones de
desventaja en el mercado. De aquí ha emergido el rol del Estado en materia de educación,
salud pública, legislación laboral, entre otros. Se ha planteado que la existencia de
competencia imperfecta, externalidades o información imperfecta son fallas –
apartamientos del modelo de mercado perfectamente competitivo- que requieren algún
tipo de corrección por parte del Estado. En este rubro se incluye como falla del mercado
de trabajo el desempleo.
El pensamiento socialista ha sostenido que estos objetivos sólo podrían alcanzarse
mediante la asunción parcial o total de la producción por parte del Estado. Pero incluso
en este último caso, la motivación última radica en la búsqueda de una mayor equidad
distributiva. Los partidarios del libre mercado han mantenido que éste garantiza una
eficiente asignación de recursos –salvo en casos muy puntuales- y que cualquier
intervención estatal genera, en principio, ineficiencias y es, por lo tanto, indeseable.
Mercado vs. Estado: ¿una falsa dicotomía?
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Toda economía contemporánea incluye por lo menos mercados, agentes económicos
individuales (consumidores) y organizaciones (incluyendo al Estado entre éstas). El
Estado, desde el punto de vista económico, es una forma de organización. Como tal, se
rige por directivas. La antinomia Estado versus mercado implica elegir entre precios o
directivas como mecanismo de asignación de recursos. Pero esta alternativa se plantea
en cualquier economía, aún en una en que el Estado no exista; basta con que existan
empresas. ¿Por qué razón, entonces, los límites de actuación del Estado despiertan
muchas más polémicas que la frontera entre el mercado y el resto de las organizaciones?
Una respuesta posible a la pregunta anterior es que el límite entre el mercado y las
organizaciones privadas se autorregula. Cuando los costos de transacción exceden los
costos de organización habrá alguna firma que lo advertirá y se hará cargo de esa
actividad. Del mismo modo, las firmas se desprenderán de aquellas actividades que
resulta menos costoso transferir al mercado. Esta garantía no existe respecto al Estado
que puede absorber actividades en las que el mercado es más eficiente. Dado que el
Estado no busca maximizar beneficios tampoco le interesa reducir costos. Bien puede
absorber actividades aún cuando el costo de organizarlas sea mayor que dejarlas al
mercado
Sin embargo, no parece ser esta la cuestión que está en el centro de las discusiones
respecto al rol del Estado. Dicho rol se plantea especialmente con relación a las
privatizaciones de empresas estatales y precisamente este ejemplo indica que lo que está
en cuestión no es el límite entre el mercado y la organización sino entre la organización
privada y la organización pública. En efecto, las privatizaciones consisten en la
transferencia de actividades desempeñadas por el Estado a empresas privadas sin que,
en general, se altere la frontera entre la actividad desarrollada dentro de la organización
y aquella dejada en manos del mercado. Es falso que las privatizaciones otorguen, en
general, un mayor rol al mercado en el sentido que los precios de venta dejan de ser
establecidos por actos administrativos y pasan a serlo por aquél. Los servicios públicos
privatizados están normalmente sujetos a precios regulados o administrados. El
argumento sólo sería válido en los pocos casos en que la privatización es seguida de una
apertura del sector a la competencia; pero estos son más la excepción que la regla. Por
tanto, resulta cuanto menos discutible afirmar que “la privatización es uno de los más
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importantes elementos del persistente fenómeno global del creciente uso del mercado
para asignar recursos”. Por tanto, no se trata de mercado versus Estado ni de precios
versus directivas. Las empresas privadas, al igual que las públicas, se manejan con
directivas. La dicotomía relevante es empresa privada versus empresa pública.
El mercado: ¿una institución en decadencia?
Los productos que consumimos y los servicios que utilizamos nos son provistos, en
su gran mayoría, por grandes empresas, muchas de ellas de alcance multinacional. Los
procesos de integración vertical y horizontal por parte de las firmas han ido limitando
cada vez más el rol de los mercados. Una buena parte de las transacciones que antes
pasaban por los mismos hoy son transferencias internas de grandes empresas que
incluso trasponen las fronteras nacionales.
El mercado como instrumento para la asignación de recursos por medio de los
precios es cada vez más una reliquia del pasado. En este sentido, en la realidad actual la
opción principal no es entre mercado y Estado sino entre tipos de organización. La
alternativa real a la organización estatal no es hoy el mercado sino otro tipo de
organización: la organización privada. La influencia de los demandantes sobre los
precios en uno u otro mercado no es significativamente distinta. Por tanto, lo que está
realmente en cuestión es la línea divisoria entre las actividades que deben estar a cargo
de la empresa privada y las que debe encarar el Estado.
Competencia y monopolio en el Estado
Cuando se compara una organización pública con una privada surge como un
elemento claramente diferenciador el hecho que, normalmente, la organización pública
brinda sus servicios con carácter exclusivo, esto es actúa como monopolista. El usuario
generalmente no tiene alternativa frente al Estado como proveedor como sí la tiene
usualmente en el caso de la empresa privada.
En realidad, muchas de las llamadas fallas del gobierno surgen de esta condición
monopolística en que aquél desarrolla sus actividades. La mayoría de las organizaciones
públicas no reciben sus ingresos del público al que se dirige su actividad sino del
presupuesto general. Aquél se encuentra cautivo y su opinión, por ende, puede ser
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ignorada. En todo caso la atención se centra en responder a las demandas del poder
político puesto que es ahí donde se decide la asignación de los fondos públicos.
Rol del Estado en la economía y reforma administrativa
La concentración del capital privado en grandes organizaciones sólo puede
balancearse por la presencia de un Estado ágil, dinámico y ejecutivo. El rol del Estado
se puede analizar desde dos puntos de vista absolutamente interdependientes e
interrelacionados: a) hacia afuera, es decir, su relación con la sociedad, b) hacia adentro,
lo que implica verificar las características que debe tener su funcionamiento para
viabilizar dicha relación.
Esta política de modernización se debe sustentar en tres pilares: a) definición de una
macro-organización del sector público con reglas que determinen claramente los
mecanismos de coordinación y articulación estratégica, tanto horizontal (entre distintas
áreas de gobierno) como vertical (nación, provincias y municipios), capaces de procesar
de manera efectiva información y recursos; b) cambio de paradigma en el
funcionamiento de las instituciones, que permita definir acciones y rendir cuentas no ya
del simple cumplimiento de normas formales sino de los resultados; y c)
reestructuración de los sistemas administrativos de apoyo (presupuesto, tesorería,
contabilidad, crédito público, recursos humanos, compras y contrataciones, control
interno y externo) que posibiliten lograr una asistencia efectiva a la producción de
regulaciones, bienes y prestación de servicios que la sociedad le demanda al sector
público.
Bibliografía.
Beker, V. A. (2001). El estado y los mercados: Un análisis a comienzos del siglo XXI.
Universidad de Belgrano , 22
Resico Marcelo. (2008). Rol del Estado en los mercados. Disponible en URL: www.
Eumed.net/libros- Biblioteca virtual de derecho, Economía y Ciencias Sociales
[consulta, 19 de Noviembre 2014]
Rionda R. Jorge I. (2009). Microeconomía. Mercado y Estado.- Disponible en URL:
www. Eumed.net/libros- Biblioteca virtual de derecho, Economía y Ciencias Sociales
[consulta, 19 de Noviembre 2014]