Acaip EXAMEN CUERPO DE AYUDANTES DE II.PP AÑO

2000

1.- El Tribunal Constitucional, con relación al derecho a la tutela judicial efectiva proclamado

en el articulo 24.1 de la Constitución española, ha ido perfilando qué debe entenderse por

tutela efectiva de Jueces y Tribunales. Dentro de tal doctrina, uno de los siguientes no puede

considerarse como motivo de indefensión:

a- El incumplimiento de las normas reguladoras de los actos de comunicación procesal.

b- La incongruencia procesal.

c- La atribución indebida de un asunto a una jurisdicción especial.

d- La imposibilidad de acceso al proceso y a los recursos.

2.- Con respecto al estado de excepción previsto en el artículo 55.1 de la Constitución

española, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a- La declaración del estado dc excepción y su finalización corresponde siempre al Congreso de

los Diputados.

b- La declaración del estado de excepción corresponde al Congreso de los Diputados y su

prórroga y finalización anticipada al Gobierno.

c- La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, debiendo autorizar su

prórroga, en caso necesario, el Congreso de los Diputados.

d- La declaración del estado de excepción corresponde al Gobierno, previa autorización del

Congreso de los Diputados, que también debe autorizar, en su caso, su finalización anticipada.

3.- ¿Podría ser suspendido el disfrute de una licencia por enfermedad de las contempladas en

el artículo 69 del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado por un órgano

administrativo distinto al que la concedió?

a- Sí, pero se requiere informe, preceptivo y vinculante, del órgano administrativo que la

concedió.

b- No, sólo podría revocaría el órgano que la concedió.

c- Sí, por causas justificadas.

d- Sí, pero sólo en el supuesto en que exista un informe médico que ampare la decisión.

4.- En el procedimiento que finalmente culmina con la publicación del Real Decreto

1449/2.000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del

Ministerio del Interior, tienen intervención diferentes titulares de Departamentos ministeriales

a nivel de iniciativa, conformidad y propuesta; indique cuáles:

a- Interior, Hacienda y Administraciones Públicas.

b- Interior, Economía y Presidencia.

c- Interior, Hacienda y Presidencia.

d- Interior, Defensa y Administraciones Públicas.

5.- El Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su artículo

123, establece que a los efectos de elaboración de los proyectos, se clasificarán las obras,

según su objeto y naturaleza, en determinados grupos. Uno de los siguientes no está

contemplado en el precepto indicado:

a- Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.

b- Obras de prospección y corrección del impacto medioambiental.

c- Obras de conservación y mantenimiento.

d- Obras de demolición.

6.- La Constitución española de 1978 garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los

poderes públicos en:

a- El Capítulo 1 del Título 1.

b- El artículo 10, correspondiente al Título 1.

c- El Título Preliminar.

d- El Preámbulo.

7.- Solo una de las siguientes funciones está contemplada y atribuida como tal a la Dirección

General de Instituciones Penitenciarias en el Real Decreto 1449/2.000, de 28 de julio, por el

que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior:

a- La administración y gestión del personal que preste servicios en los centros y servicios

dependientes de la Dirección General.

b- Diseñar, impulsar, coordinar, evaluar y efectuar el seguimiento de programas de prevención

de las drogodependencias y de asistencia y reinserción de los drogodependientes.

c- La vigilancia e investigación de las conductas de los funcionarios, contrarias a la ética

profesional.

d- La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito de la

seguridad.

8.- En materia de retribuciones de funcionarios públicos, ¿qué órgano administrativo debe

considerarse competente para efectuar una deducción proporcional de retribuciones a un

funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias destinado en un

Establecimiento Penitenciario cuando existe diferencia, en cómputo mensual, entre la jornada

reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada?

a- El Ministro del Interior.

b- El Subdirector General de Personal de Instituciones Penitenciarias.

c- El Subsecretario del Departamento.

d- El Administrador-Habilitado del Centro Penitenciario.

9.- Una de las siguientes no puede considerarse que constituya una nota característica del

derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española,

proclamado en el artículo 2 de la Constitución española:

a- La voluntariedad de su ejercicio.

b- La discrecionalidad en su otorgamiento.

c- La igualdad en su contenido.

d- La progresividad en su integración.

10.- Los funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en situación de

incapacidad temporal por accidente de trabajo, sin hijos a su cargo, desde el cuarto mes de

licencia, percibirán los siguientes derechos económicos:

a- Los previstos en el artículo 69 del testo articulado de la ley de Funcionarios Civiles del

Estado.

b- El ochenta por ciento de las retribuciones básicas y complementarias.

c- Las retribuciones complementarias totales y el 75% retribuciones básicas devengadas en el

primer mes de licencia.

d- Las retribuciones básicas y un subsidio por incapacidad temporal cuya cuantía debe ser

determinada en cada caso.

11.- El artículo 61.2 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, establece que

podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a

aquél en que se autorice siempre que se encuentren en alguno de los casos que en el propio

precepto sc enumeran. Uno de los siguientes no está contemplado entre éstos:

a- Cargas financieras de las Deudas del Estado y de sus Organismos autónomos.

b- Inversiones y transferencias de capital.

c- Pasivos financieros.

d- Transferencias corrientes derivadas de normas con rango de Ley.

12.- Para que un funcionario público pueda participar, por tiempo no superior a seis meses, en

programas o misiones de cooperación internacional al servicio de organizaciones

internacionales, entidades o Gobiernos extranjeros en los que conste el interés de la

Administración:

a- Deberá ser declarado en situación de servicios especiales.

b- Deberá acordarse su comisión de servicios.

c- Se le deberá declarar, previa solicitud del interesado, en excedencia voluntaria por servicios

en el sector público.

d- No puede participar de ningún modo en ese tipo de programas o misiones si el periodo no

es superior a seis meses.

13.- En los contratos administrativos de obras, ¿el proyecto deberá incluir siempre un estudio

geotécnico de los terrenos sobre los que la obra se va a ejecutar?

a- Si, en todo caso.

b- Sólo en los contratos de primer establecimiento, reforma o gran reparación.

c- Si, salvo que resulte incompatible con la naturaleza de la obra.

d- Sólo en los contratos de concesión de obra pública.

14.- El procedimiento de habeas corpus, recogido en el artículo 17.4 de la Constitución

española de 1978:

a- Trata de proteger la inviolabilidad del domicilio como derecho fundamental.

b- Regula la forma en que puede practicarse una detención por particulares.

c- Produce la inmediata puesta de disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

d- Establece mecanismos para señalar el plazo máximo de duración de las penas privativas de

libertad.

15.- Con relación a los documentos contables del Presupuesto de Gastos, para el registro de

los acuerdos de no disponibilidad se utilizará:

a- El Documento RC dc ejercicio corriente.

b- El Documento específico RC-102.

c- El Documento RC de ejercicios posteriores.

d- El Documento O.

16.- Es un deber del voluntario, según el artículo 7 de la Ley 6/1996, de 15 de enero:

a- Guardar, en todo momento, confidencialidad de la información recibida y conocida en el

desarrollo de su actividad voluntaria.

b- Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la información recibida y conocida en el

desarrollo de su actividad voluntaria.

c- Rechazar ser reembolsado por los gastos realizados en el desempeño de sus actividades.

d- Realizar otras actividades distintas a los compromisos adquiridos con la organización en la

que se integre, siempre que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos marcados.

17.- Según lo determinado en su Exposición de Motivos, el objeto de la Ley 4/1999, de 13 de

enero, se circunscribe a modificar los aspectos más problemáticos de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, según la opinión de la doctrina y de los aplicadores del derecho. Señale

cuál de los siguientes aspectos no ha sido objeto de reforma:

a- La regulación del silencio administrativo.

b- La incorporación de medios técnicos.

c- La responsabilidad patrimonial.

d- La regulación de la suspensión del acto administrativo.

18.- Los plazos establecidos en el Texto refundido de la Ley de Con tratos de las

Administraciones Públicas se entenderán:

a- Que son de días hábiles, si no se indica otra cosa.

b- No existen previsiones específicas sobre el cómputo de plazos.

c- Que son de días naturales, si no se indica otra cosa.

d- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19.- El plazo de rendición de cuentas para las cantidades libradas con el carácter de "pagos de

justificar" será de:

a- De un mes y, excepcionalmente, de tres meses, sin posibilidad de ampliacion.

b- De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en seis meses sin

otra posibilidad de ampliación.

c- De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en nueve meses, si

bien estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a seis y dieciocho meses .

d- De tres meses, con ciertas excepciones en las que se admite la rendición en seis meses, si

bien estos plazos podrán ser excepcionalmente ampliados a seis y doce meses.

20.- Si el Director de un Establecimiento Penitenciario, sin más trámite, nombra a un

funcionario del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias como Subdirector de Régimen

del mismo Establecimiento, estaríamos hablando de un acto administrativo:

a- Anulable, porque se ha incurrido en una infracción del ordenamiento jurídico.

b- Que, no obstante su obvia anulabilidad, puede ser convalidado por el órgano competente

para el nombramiento de puestos de libre designación.

c- Nulo de pleno derecho.

d- Anulable, porque se ha incurrido en desviación de poder.

21.- Los trabajadores de Instituciones Penitenciarías incluidos en el ámbito de aplicación del

Convenio Unico para el personal laboral de la Administración del Estado, no tendrán derecho a

la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo y cómputo del tiempo a efectos

de antigüedad en uno de los siguientes supuestos:

a- Por el cumplimiento de la prestación social.

b- Por el tiempo dc privación de libertad, mientras no exista sentencia condenatoria firme.

c- Por nombramiento para alto cargo de un Ayuntamiento.

d- Por estudios en el extranjero por tiempo no superior a tres meses.

22.- En las comisiones de servicios de carácter forzoso que implican cambio de residencia del

funcionario, el cese y la toma de posesión deberán producirse en el plazo de:

a- Tres días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

b- Un mes desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

c- Treinta días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

d- Quince días desde la notificación del acuerdo de comisión de servicios.

23.- Dentro de la estructura retributiva de los funcionarios, el complemento de productividad

está destinado a retribuir, entre otras circunstancias, sólo una de las siguientes:

a- El especial rendimiento.

b- La incompatibilidad.

c- Las condiciones particulares de dedicación.

d- La realización de servicios extraordinarios.

24.- Con relación a la Constitución española de 1978, indique cual de las siguientes

afirmaciones es falsa:

a- El Capítulo I del Titulo I trata "De los españoles y los extranjeros".

b- El Capítulo III del Título VIII trata "De las Comunidades Autónomas".

c- El Capítulo IV del Titulo III trata "De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales".

d- El Capítulo II del Titulo III trata "De la elaboración de las leyes".

25.- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en su articulo 42.4, establece como obligación de

aquéllas informar a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la

resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el

silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo

de iniciación de oficio o en comunicación que se les dirigirá al efecto dentro:

a- De los quince días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano

competente para resolver.

b- De los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente

para resolver.

c- De los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del órgano

competente para resolver.

d- Del plazo más breve posible.

26.- Sólo una de las siguientes funciones corresponde al Consejo de Ministros:

a- Establecer el programa político del Gobierno, determinar las directrices de la política

interior y exterior y velar por su cumplimiento.

b- Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación

provisional

c- Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

d- Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.

27.- El Tratado que instituye la Comunidad Económica Europea fue firmado por:

a- Francia, Alemania. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Italia e Inglaterra en Bruselas el 8 de abril

de 1965.

b- Francia, Alemania Holanda, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra en París el 18 de abril de 1951.

c- Francia, Alemania, Italia, Bélgica y Luxemburgo en Roma el 25 de marzo de 1957.

d- Los mismos países que habían firmado el Tratado constitutivo de la CECA.

28.- No está incluido en el ámbito de aplicación de Convenio Colectivo Unico para el personal

laboral de la Administración del Estado, una de las siguientes categorías laborales que prestan

servicio en la Administración Penitenciaria:

a- Técnico Especialista en Jardín de Infancia.

b- Peón Especialista.

c- Farmaceutico.

d- Fisioterapeuta.

29.- No podrán presentar quejas al Defensor del Pueblo:

a- Los internos penados en los Establecimientos Penitenciarios en asuntos que sean

competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

b- Los internos extranjeros pendientes de expulsión.

c- Las autoridades administrativas en asuntos de su competencia.

d- Los funcionarios de carrera de las Administraciones autonómicas.

30.- Conforme al Real Decreto 1449/2.000, de 28 de julio, por el que se modifica y desarrolla la

estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, de la Secretaria de Estado de Seguridad

dependerán los siguientes órganos directivos:

a- Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de

Instituciones Penitenciarias y Dirección General de Administración de la Seguridad.

b- Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de

Instituciones Penitenciarias.

c- Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil, Dirección General de la

Administración de la Seguridad y la Subsecretaria de Interior.

d- Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Dirección General de

Infraestructuras y Material de la Seguridad.

31.- Los conflictos que surjan entre los voluntarios y las organizaciones. a las que pertenezcan

en el ejercicio de las actividades propias del voluntariado se dirimirán:

a- Siempre por el órgano de la jurisdicción social que resulte competente, de acuerdo con el

procedimiento especial establecido en la legislación laboral.

b- Siempre en un acto de conciliación, sin ulterior trámite.

c- Por la jurisdicción competente, de conformidad con lo establecido por las normas

procesales.

d- No están previstas normas para la resolución de conflictos entre los voluntarios y las

organizaciones en que se integran.

32.- Con relación a la incorporación de medios técnicos, según lo establecido en el artículo

45.4 de la ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los programas y aplicaciones electrónicos,

informáticos y telemáticos que vayan a ser utilizados por las Administraciones Públicas para el

ejercicio de sus potestades:

a- Pueden ser empleados sin más.

b- No pueden ser aplicados si no está previsto expresamente en la regulación concreta del

procedimiento en que vayan a ser empleados.

c- habrán de ser previamente aprobados por el órgano competente, quien deberá difundir

públicamente sus características.

d- Deben ser previamente homologados por la Unión Europea.

33.- Con relación a los actos administrativos, se hace referencia a la "transmisibilidad" cuando:

a- La nulidad o anulabilidad de un acto no implica que produzca los efectos de otro distinto

siempre que contenga los elementos constitutivos de éste.

b- La nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que

sean independientes de aquél.

c- Se produce la convalidación del acto.

d- Se conservan aquéllos actos y trámites del procedimiento cuyo contenido se hubiese

mantenido igual de no haberse cometido la infracción.

34.- En el procedimiento de contratación administrativa, los expedientes de contratación

podrán ser en cuanto a su tramitación:

a- Ordinarios o urgentes.

b- Ordinarios, preferentes o urgentes.

c- Ordinarios, urgentes y de emergencia.

d- Ordinarios y de emergencia.

35.- Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 124 de la Constitución, uno de los

siguientes no constituye un principio básico en el ejercicio de las funciones del Ministerio

Fiscal:

a- Dependencia jerárquica.

b- Discrecionalidad en el ejercicio de la función.

c- Unidad de actuación.

d- Imparcialidad.

36.- Las convocatorias de los concursos para la provisión dc puestos de trabajo en la

Administración general del Estado las autorizará:

a- La Secretaría de Estado para la Administración Pública.

b- El Ministerio al que estén adscritos los puestos a cubrir

c- La Subsecretaría del Departamento ministerial al que estén adscritos los puestos a cubrir.

d- La Subdirección General u Órgano encargado de la gestión de personal de la Dirección

General al que estén adscritos los puestos a cubrir.

37.- Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que ostente la condición de

Delegado sindical, Delegado de personal o cargo electivo a nivel provincial, autonómico o

estatal en las Organizaciones Sindicales más representativas, deberá notificarse dicha

incoación a la correspondiente Sección Sindical, Junta de Personal o Central Sindical:

a- En todo caso, a fin de que asuman formalmente la defensa del funcionario.

b- En todo caso, a fin de que gestionen la baja provisional como Delegado sindical, Delegado

de personal o cargo electivo.

c- En todo caso, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del procedimiento.

d- Sólo si el funcionario lo solicita expresamente al Instructor del expediente.

38.- Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 120.1 de la Constitución, las actuaciones

judiciales, ¿deben ser públicas?:

a- Siempre, en todo caso y circunstancia.

b- Deben serlo, con las excepciones previstas en las leyes de procedimiento.

c- Nunca.

d- No, excepcionalmente sólo serán públicas cuando lo autorice el Presidente del Tribunal o el

Juez correspondiente.

39.- Conforme a lo establecido en el Texto refundido de la Ley General Presupuestaria y con

relación a los Organismos cuyas operaciones son preponderantemente de carácter comercial,

industrial, financiero o análogo, el ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin

perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a realizar por el Organismo

autónomo estén vinculadas a un ciclo productivo distinto, que no podrá ser superior a:

a- Dieciocho meses.

b- Veinticuatro meses

c- Doce meses.

d- Nueve meses.

40.- El actual Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración

del Estado fue aprobado por:

a- Real Decreto 30/1986, de 2 de agosto.

b- Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

c- Real Decreto 33/1986, de l0 de enero.

d- Real Decreto 97/1986, de 10 de enero.

41.- Las sanciones impuestas a funcionarios públicos por la comisión de una falta muy grave

prescribirán a:

a- A los tres años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que

se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.

b- A los dos años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que

se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.

c- A los cuatro años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción por la que

se impuso la sanción o desde que se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera

comenzado.

d- A los seis años de adquirir firmeza la resolución por la que se impuso la sanción o desde que

se quebrantase el cumplimiento de la sanción si hubiera comenzado.

42.- El Fiscal General del Estado es nombrado:

a- Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el Consejo General

del Poder Judicial.

b- A propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.

c- Por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Gobierno, oído el

informe de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.

d- A propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo Fiscal.

43.- La facultad de proveer todos los puestos de libre designación en el ámbito de la Dirección

General de Instituciones penitenciarias, corresponde:

a- Al Subsecretario del Ministerio del Interior.

b- Al Director General de Instituciones Penitenciarias.

c- Al Ministro del Interior.

d- A la Subdirección General de Personal e Inspección del Ministerio del Interior

44.- Sólo uno de los siguientes se encuentra entre los requisitos que deben reunir las

actividades del voluntariado. Indíquelo.

a- Que, además de solidarias, se lleven a cabo sin recibir contraprestación económica de

ningún tipo por los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.

b- Que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico.

c- Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso

de los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.

d- Que se traten de actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de

organizaciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de

amistad o buena vecindad.

45.- Con respecto a la eficacia de los actos administrativos, según lo dispuesto en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

el órgano a quien competa resolver el recurso interpuesto contra un acto administrativo podrá

suspender a solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran

determinadas circunstancias. El silencio administrativo sobre tal solicitud, ¿cuándo se

producirá?, ¿qué efecto tendrá?:

a- Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y

tendrá efecto positivo o favorable.

b- Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano

competente y tendrá efecto negativo o desfavorable.

c- Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente y

tendrá efecto negativo o desfavorable.

d- Transcurridos treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano

competente y tendrá efecto positivo o favorable.

46.- Con relación al artículo 2 de la Constitución española, uno de los siguientes no es un

principio fundamental esstablecido en el mismo:

a- La unidad de la nación española.

b- El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

c- La diferenciación entre regiones.

d- La solidaridad entre todas las nacionalidades y regiones.

47.- Cuál de las siguiente acciones realizadas por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos

se considera falta grave.

a- El abandono de servicio.

b- La falta de asistencia injustificada de un día.

c- La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses, cuando las dos

anteriores hubieren sido objeto de sanción por falta leve.

d- La tercera falta injustificada de asistencia en un periodo de tres meses, siempre que entre

las tres faltas se haya acumulado un incumplimiento de jornada de 10 horas.

48.- ¿Cuántas reformas ha sufrido la Constitución española de 1978 desde su entrada en vigor

de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del propio texto?:

a- Ninguna en base al artículo indicado pero una de conformidad con lo establecido en el

artículo 168.

b- Tres.

c- Una.

d- Dos.

49.- Según el artículo 36.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 364/1.995, de 10 de

marzo, los puestos de trabajo adscritos a funcionarios se proveerán de acuerdo con los

siguientes procedimientos:

a- Concurso, oposición y libre designación.

b- Concurso, oposición y concurso-oposición libre.

c- Concurso y adscripción provisional.

d- Concurso y libre designación.

50.- Según el vigente Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la

Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción

Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, los Planes de Empleo se

aprobarán por:

a- El Ministerio de Economía y Hacienda, oída la Dirección General de la Función Pública

b- El Ministerio u Organismo afectado o, conjuntamente, por los Ministerios para las

Administraciones Públicas y Economía y Hacienda.

c- El Ministerio de Economía y Hacienda, con informe favorable del Secretario de Estado para

la Administración Pública, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos

establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación, determinación

de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones

públicas.

d- El Secretario de Estado para la Administración Pública con informe favorable del Ministerio

de Economía y Hacienda, previa negociación con las Organizaciones Sindicales en los términos

establecidos en la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de representación, determinación

de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones

públicas.

51.- Dentro del Titulo XIX del Código Penal, dedicado a los Delitos contra la Administración

Pública, el tráfico de influencias:

a- Está contemplado en el Capítulo-VI.

b- No está contemplado en el Título indicado, sino en el posterior que trata de los Delitos

contra la Administración de Justicia.

c- Ha dejado de estar penado recientemente.

d- Está contemplado en el Capítulo-IV.

52.- En el desarrollo histórico de la pena privativa de libertad los nombres de Walter Crofton y

Alexander Maconochie están vinculados al sistema de cumplimiento de la pena privativa de

libertad denominado:

a- Sistema filadélfico

b- Sistema de Elmira.

c- Sistema progresivo.

d- Sistema de individualización científica.

53.- El que solicitare favores de naturaleza sexual, para si o para un tercero, en el ámbito de

una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal

comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria,

hostil o humillante, comete un delito de:

a- Coacción sexual.

b- Abuso sexual.

c- Agresión sexual.

d- Acoso sexual.

54.- Según el artículo 406 del Código Penal, a la persona que acepte la propuesta,

nombramiento o toma de posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a

cualquier persona sabiendo que carece de los requisitos legales exigibles, se le impondrá una

pena de:

a- Multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis

meses a dos años.

b- Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

c- Multa de tres a ocho meses.

d- Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años y multa de ocho

meses a tres años.

55.- La pena contemplada para un funcionario de Instituciones Penitenciarias por la comisión

de un delito de tortura respecto de detenidos, internos o presos que se encuentren bajo su

custodia es la siguiente:

a- Prisión de dos a cuatro años si el atentado no fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a

doce años

b- Prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce

años

c- Prisión de uno a tres años si el atentado fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a doce

años

d- Prisión de dos a seis años si el atentado no fuera grave e inhabilitación absoluta de ocho a

doce años.

56.- Los que, con animo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro,

induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, cometen delito de:

a- Defraudación.

b- Extorsión.

c- Estafa.

d- Apropiación indebida.

57.- A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de

impedir y perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV

del Código Penal:

a- Se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por

tiempo de uno a tres años

b- Se la castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para

empleo o cargo público por tiempo de seis a dieciocho meses.

c- No se le puede imponer pena alguna.

d- Se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de

uno a tres años y multa de ocho a doce meses.

58.- Contra las resoluciones de los jueces de instrucción podrán ejercitarse los recursos de:

a- Súplica y queja.

b- Reforma y queja.

c- Casación, reforma y apelación.

d- Reforma, apelación y queja.

59.- El denominado Procedimiento Abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos

castigados con pena privativa de libertad no superior a:

a- 6 años.

b- 9 años.

c- 6 años y 1 día.

d- 4 años, 2 meses y 1 día.

60.- Dentro del desarrollo histórico de la pena privativa de libertad encontramos, como

sistema de cumplimiento de las penas privativas de libertad, el denominado auburniano

(1821); una de los siguientes no es una característica del mismo:

a- Aislamiento nocturno.

b- Regla del silencio.

c- Sentencia indeterminada.

d- Trabajo en común durante el día.

61.- Independientemente del delito cometido por el sujeto activo, autoridad o funcionario, la

información obtenida bajo tortura, ¿surtirá efecto como prueba de la comisión de un delito de

asesinato del que, a su vez, se acusa como autor al sujeto pasivo?.

a- Sí, al tratarse de un delito grave contra las personas.

b- No, de ningún modo.

c- Depende de lo que decida, en la libre valoración de la prueba, el Juez o Tribunal, ya que

nada dice al respecto el ordenamiento jurídico.

d- Con los elementos de juicio ofrecidos en la pregunta no puede darse una respuesta

terminante.

62.- La ley penal es retroactiva:

a- En todos los casos.

b- En ningún caso.

c- Cuando favorezca al reo salvo que al entrar en vigor hubiere recaído sentencia firme y el

sujeto estuviese cumpliendo condena.

d- Siempre que favorezca al reo.

63.- El Juez competente para conocer del recurso de reforma es:

a- El juez que hubiere dictado la resolución impugnada.

b- El juez que fije el juzgado decano, que es siempre ante quien se interponen este tipo de

recursos.

c- El Tribunal Superior competente.

d- El recurso de reforma es un recurso administrativo y, en consecuencia, no lo conoce ningún

juez, sino la autoridad administrativa competente.

64.- De las siguientes afirmaciones sólo una es verdadera, señale cual:

a- Los delitos de agresión sexual pueden cometerse en comisión por omisión, sólo cuando lo

prevea expresamente la ley.

b- Nunca pueden cometerse los delitos de agresión sexual por comisión por omisión porque

faltaría el concepto mismo de acción.

c- Si existe una persona garante, los delitos de agresión sexual pueden cometerse por comisión

por omisión.

d- En los delitos de agresión sexual siempre es necesaria la presencia de dolo.

65.- En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo (artículo 71 de la Constitución española), contra las sentencias de ésta,

¿podrá interponerse recurso de casación?:

a- Sí, excepcionalmente, pues se trata de una sentencia dictada en única instancia.

b- No, únicamente puede interponerse recurso de apelación.

c- No, puesto que no procede respecto de las sentencias pronunciadas por el Tribunal

Supremo.

d- Si, toda vez que, cuando se ha llegado a esta fase del proceso, ya se ha obtenido

autorización ante el Congreso o el Senado, según se trate de un diputado o un senador.

66.- El Título XVIII del Código Penal vigente lleva la siguiente rúbrica:

a- De los delitos contra la seguridad colectiva.

b- De los delitos contra la Administración Pública.

c- De los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

d- De las falsedades.

67.- En el artículo 255 del Código Penal, la pena contemplada para el delito de defraudación es

la siguiente:

a- Prisión de seis meses a dos años.

b- Multa de seis a doce meses.

c- Multa de tres a doce meses.

d- Prisión de seis meses a cuatro años.

68.- A tenor de lo establecido en el artículo 17 del Código Penal, cuando dos o mas personas se

conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo estamos ante:

a- La proposición para delinquir.

b- La provocación para delinquir.

c- Actos preparatorios para la ejecución del delito, punibles en todo caso.

d- La conspiración para delinquir

69.- La persona que al tiempo de cometer el delito se encuentra en estado de intoxicación

plena como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas:

a- Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre.

b- Se encuentra exento de responsabilidad criminal siempre que hubiere buscado esa situación

para cometer el delito.

c- Será responsable criminal de su acción siempre que hubiere buscado esa situación para

cometer la infracción penal.

d- Será responsable criminal de su acción siempre que no hubiere buscado esa situación para

cometer la infracción penal.

70.- Según la teoría del carácter secundario del Derecho Penal:

a- Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Administrativo.

b- Al mismo sólo le corresponde una función valorativa.

c- Esta rama del Derecho no es autónoma con respecto al Derecho Procesal.

d- Al mismo sólo le corresponde una función sancionadora.

71.- El principio de no entrega del nacional forma parte de las limitaciones a la extradicción:

a- Por razón del principio de territorialidad.

b- Por razón de la índole de los delitos.

c- Por razón de las penas.

d- Por razón de la índole del delincuente.

72.- Será Tribunal competente para conocer del recurso de apelación, contra un auto de un

Juez de Instrucción:

a- La Sala Segunda del Tribunal Supremo.

b- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre

el Juzgado que dictó la resolución recurrida.

c- El tribunal a quién correspondiere el conocimiento de la causa en juicio oral.

d- El Tribunal que designe la Sala de Gobierno de la Audiencia Provincial donde se encuentra

ubicado el Juzgado.

73.- Según lo establecido en el articulo 410.1 del Código penal, al funcionario público que se

negase abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden de la autoridad superior

porque, desde su particular punto de vista, piensa que constituye una infracción manifiesta,

clara y terminante de una resolución judicial:

a- No se le podría imponer pena alguna porque no incurre en responsabilidad criminal, según

lo establecido en el articulo 410.2 del Código Penal.

b- Se le impondría la pena de multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial

para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

c- Se le impondría la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo

o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

d- Se le impondría la pena de multa de tres a veinticuatro meses e inhabilitación especial para

empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

74.- Por su naturaleza las penas se clasifican en;

a- Graves, menos graves y leves.

b- Muy graves, graves y leves.

c- Graves y menos graves.

d- Muy graves, graves, menos graves y leves.

75.- El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir

un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, comete un delito

de:

a- Extorsión.

b- Robo con violencia o intimidación.

c- Usurpación.

d- Hurto con violencia.

76.- El tiempo máximo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión en el actual Código

Penal es de :

a- 15 años.

b- 30 años.

c- 25 años.

d- 20 años.

77.- El sistema progresivo diseñado por el Coronel Montesinos en el presidio correccional de

San Agustín de Valencia se dividía en tres períodos: de hierros, de trabajo y

a- de libertad intermediaria.

b- de libertad condicional.

c- de libertad restringida.

d- de circulación libre.

78.- En los supuestos de violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo

constitucional, cometidos a través de actos jurídicos o simple vía de hecho por las autoridades

o funcionarios, una vez agotada la vía judicial procedente, ¿quiénes están legitimados para

interponer el recurso de amparo constitucional?:

a- Unicamente el Defensor del Pueblo.

b- Los que hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el Defensor del Pueblo y el

Ministerio fiscal

c- De oficio por los Jueces o Tribunales que hayan dictado las resoluciones procedentes, una

vez agotada la vía judicial, siempre que las partes o el Ministerio Fiscal, lo soliciten.

d- La persona o personas afectadas, previo dictamen favorable del Defensor del Pueblo.

79.- La pena prevista para el delito de homicidio es de:

a- Prisión de quince a veinte años.

b- Prisión de diez a quince años.

c- Prisión de cinco a diez años.

d- Prisión de diez a veinte años.

80.- El denominado "principio de celeridad" en los procedimientos ante los jueces y tribunales

sc recoge en el

a- Artículo 120.2 de la Constitución.

b- Artículo 120.3 de la Constitución.

c- Articulo 24.2 de la Constitución.

d- Artículo 17.2 de la Constitución.

81.- El sobreseimiento, acordado en un procedimiento penal, puede ser:

a- Total o parcial y libre.

b- Libre o provisional y parcial.

c- Total o provisional.

d- Libertad o provisional, total o parcial.

82.- Una vez recaída sentencia definitiva y recurrida ésta, el límite máximo de la prisión

provisional se prolongará:

a- Hasta el límite de la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida.

b- En ningún caso se prolongará la situación de prisión provisional más allá de dos años desde

que se dicte sentencia, sea cual fuere la cuantía de la pena impuesta.

c- No se establecen nuevos límites por el hecho de haber recurrido sentencia definitiva, ya que

prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que habrá de estarse a la cuantía de

la pena que corresponda al presunto delito.

d- En ningún caso podrán superarse los cuatro años.

83.- En el Código Penal vigente una de las siguientes no es circunstancia que cualifique el

asesinato:

a- Alevosía.

b- Precio, recompensa o promesa.

c- Premeditación conocida.

d- Ensañamiento.

84.- Una de las siguientes competencias no aparece atribuida a la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo, ¿cuál es?.

a- Conocer de los recursos de casación y revisión.

b- Conocer de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno.

c- Del enjuiciamiento de los delitos contra el titular de la Corona.

d- De la instrucción y enjuiciamiento de causas contra los Magistrados de la Audiencia

Nacional.

85.- En el delito de detención ilegal cometido por particulares, el consentimiento prestado con

anterioridad o simultaneidad al encierro o detención, excluye:

a- La acción

b- La tipicidad.

c- La antijuricidad.

d- La punibilidad.

86.- Un interno que extinga una condena inferior a 10 años de privación de libertad, en

condena impuesta conforme al Código Penal de 1973, ¿podrá ejercer el derecho de sufragio

activo en un eventual proceso electoral con carácter nacional que se lleve a cabo durante cl

tiempo de cumplimiento de la condena?.

a- No, toda vez que conforme al Código Penal por el que aparece condenado, la pena impuesta

conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo y pasivo.

b- No, los penados internados en Centros Penitenciarios no pueden votar en elecciones, ni

presentarse a candidatos.

c- Sí, los internos conforme el artículo 3.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria podrán

ejercer su derecho al sufragio en todos los casos.

d- Sí, toda vez que al haber desaparecido en el Código Penal vigente (1995) la pena accesoria

de inhabilitación para el derecho de sufragio activo habría que aplicar la ley más favorable, y

en consecuencia, tendría derecho a votar.

87.- Una persona se dirige por escrito al responsable de un Centro Penitenciario, y, después de

identificarse convenientemente, requiere de éste que le suministre, por la misma vía,

información sobre la ubicación de un interno en el Centro Penitenciario que dirige, los datos

de filiación del mismo, el número de causa, el juzgado y el motivo del ingreso, y ello sin aclarar

en qué funda su pretensión, ¿debe el responsable del Centro facilitar estos datos al

requeriente?

a- Sí, pues el requirente se identifica correctamente, y en tanto que administrado tiene

derecho a obtener la información que solicita.

b- Sí, pero sólo los datos de filiación.

c- No, uno de los derechos que tienen los internos es que su condición sea reservada frente a

terceros.

d- No, porque los internos a estos efectos no dependen de la Administración Penitenciaria,

ingresan por mandamiento judicial, y, en consecuencia, esta persona debería dirigirse para

obtener esa información a la Administración de Justicia.

88.- Un interno que extingue condena conforme a los preceptos del Código Penal actual (1995)

y que, en consecuencia, no redime pena por el trabajo ¿tiene obligación de limpiar, si es

requerido para ello por los Funcionarios, el comedor del Departamento donde se encuentra?.

a- No, puesto que no redime.

b- Sí, siempre que a cambio de ello obtenga alguna recompensa.

c- No, sólo tiene obligación de limpiar su celda.

d- Sí, tiene que colaborar obligatoriamente en las tareas de limpieza del Establecimiento,

establecidas al efecto por la Administración Penitenciaria.

89.- ¿Qué artículo o artículos prevén la obligatoriedad por parte de la Administración de

informar por escrito a los internos de sus derechos y obligaciones?

a- El 49 de la ley Orgánica General Penitenciaria y 52 del Reglamento Penitenciario vigente.

b- Ninguno, puesto que se trata de una norma de funcionamiento interno regulada por

Instrucción del Director General de Instituciones Penitenciarias.

c- El 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

d- El 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 4 del Reglamento Penitenciario vigente.

90.- Dentro de la evolución histórica de la legislación penitenciaria en España, una de las

siguientes normas ha sido considerada por la doctrina como la primera ley penitenciaria

española:

a- El Reglamento General de los Presidios peninsulares de 1807.

b- La Ordenanza General de los Presidios civiles del Reino de 1834.

c- El Real Decreto de 3 de junio de 1901.

d- La Ordenanza de los Presidios navales de 20 de mayo de 1804.

91.- Según el Reglamento Penitenciario, la desinfección de las instalaciones de los

Establecimientos penitenciarios se realizará:

a- Cada tres meses.

b- Cuando determine el servicio sanitario del centro penitenciario.

c- Cuando lo establezcan los servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma de pertenencia.

d- Cada dos meses.

92.- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dispone de una base de datos de

todos los internos ingresados en los diferentes Establecimientos de ella dependientes. La

recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos en ella obrantes se efectúa de

acuerdo con la normativa vigente sobre la materia. ¿Puede el responsable de la base de datos

facilitar información obtenida de la misma, sobre las convicciones religiosas de un interno a su

letrado defensor?.

a- No, en ningún caso, estos datos no pueden ser cedidos o difundidos por tratarse de datos

especialmente protegidos.

b- Sí, si el letrado presenta poder general de representación otorgado por el recluso.

c- Si, si el letrado presenta poder especial y bastante donde conste expresamente el

consentimiento del interno para que éste pueda tener acceso de estos datos.

d- Sí, sin más requisitos que acreditar fehacientemente que es su letrado defensor.

93.- El Dr. Federico Olóriz Aguilera, creador del sistema dactiloscópico español, dividió los

dactilogramas en cuatro tipos fundamentales; como base de su sistema tomó la clasificación

establecida por el argentino Juan Vucetich. El tipo dextrodelto del sistema español, ¿a qué tipo

corresponde del sistema argentino de Vucetich?:

a- Arco.

b- Presilla interna.

c- Presilla externa.

d- Verticilo.

94.- Los internos pueden solicitar de la Administración Penitenciaria la rectificación de sus

datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios que resulten

inexactos o incompletos ¿cual es el plazo máximo para que la Administración informe al

interno de la rectificación efectuada?.

a- Tres meses.

b- No existe plazo establecido.

c- A los diez días de recibirse la solicitud.

d- Dos meses.

95.- Los internos pueden solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos

a Instituciones Penitenciarias, ¿quién aprueba esta solicitud y cuáles pueden ser las razones

que limiten el ejercicio de este derecho?.

a- Autoriza el Director del Centro, y no puede ser limitada, salvo resolución judicial.

b- El Centro Directivo es el que autoriza, y puede ser limitado por razones de seguridad.

c- El Director autoriza previo informe de los Servicios Médicos, que será el que fije o no la

conveniencia de la misma y limitar de la autorización desde el punto de vista médico-sanitario.

d- Sólo las puede autorizar el Centro Directivo, y el límite al ejercicio de este derecho vendrá

establecido por la posibilidad de atender al interno a través de los Servicios Sanitarios Públicos.

96.- Según dispone el artículo 3 del Convenio europeo de traslados de personas condenadas

(publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985), únicamente será posible la

transferencia de reclusos si se cumplen ciertas condiciones. Una de las siguientes no es una

condición de las indicadas en el convenio, señálela:

a- El condenado deberá ser nacional del Estado de cumplimiento.

b- La duración de la condena deberá ser de, al menos, un año de prisión.

c- La sentencia deberá ser firme.

d- Los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena deberán constituir una infracción

penal con arreglo a la ley del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometieran en su

territorio.

97.- Por regla general, según dispone el artículo 6. 2 del Convenio europeo de traslado de

personas condenadas (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 10 de junio de 1985), en

caso de solicitar un traslado, el Estado de condena deberá facilitar al Estado de cumplimiento

sólo uno de los siguientes documentos:

a- Documento que contenga la decisión por escrito de aceptar o denegar el traslado.

b- Documento que contenga una declaración sobre el procedimiento de cumplimiento de la

condena.

c- Documento que indique la condena ya cumplida.

d- Documento que certifique la nacionalidad del condenado.

98.- Un interno que llega de conducción a un Establecimiento Penitenciario, procedente de

otro, en el que estaba participando en una actividad programada de cría de canarios, al ser

registrado en el Departamento de ingresos se le encuentra un canario, ¿se le permitirá a éste

tener en su celda al pájaro?.

a- No, por razones higiénicas no se permite la presencia de animales en las celdas.

b- Sí, toda vez que el animal no crearía problemas de índole higiénico, y, es habitual que los

internos en primavera tengan consigo pájaros.

c- No, toda vez que no se tienen garantías de que el pájaro sea del interno, habiendo podido

ser sustraído de entre los canarios de la actividad programada en la que participaba en el otro

Centro Penitenciario.

d- No, por razones de defensa y protección de los animales.

99.- Para facilitar el cese de las medidas restrictivas a los internos que tienen aplicadas las

limitaciones regimentales contempladas en el artículo 75.2 del Reglamento Penitenciario, el

punto 3º del mismo articulo establece que debe solicitarse del Centro Directivo, mediante

acuerdo motivado, el traslado del recluso a otro Centro penitenciario de similares

características. Tratándose de un interno que se encuentra ingresado a disposición de dos

autoridades judiciales, en calidad de preso, en ambos casos ¿qué órgano de la Administración

debe interesar el traslado, y a quién debe comunicarse la realización del mismo?.

a- El Director, en tanto que autoridad que acuerda la aplicación del régimen del artículo 75,

dando cuenta a las autoridades judiciales de quién depende.

b- La Junta de Tratamiento que, según el artículo 31 del Reglamento Penitenciario, es la

encargada de formular las propuestas de traslado, siendo indiferente que se trate de penados

o preventivos y que estén a disposición de una o más autoridades judiciales.

c- El Consejo de Dirección, dando cuenta al Juez de Vigilancia del acuerdo de traslado, al ser

este el encargado de salvaguardar los derechos de los internos.

d- El Consejo de Dirección, dando cuenta del traslado a las autoridades judiciales a cuya

disposición se encuentra el interno.

100.- La Resolución de 3 de febrero de 1998 de la Dirección General de Instituciones

Penitenciarias dispone, a la vista del Fallo de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Tribunal Supremo (Sentencia de 18 de octubre de 1.997) la nulidad del

artículo 213.4 del Reglamento Penitenciario, ¿a qué se refería este artículo?

a- A la responsabilidad de la custodia de cierto tipo de medicamentos.

b- A la responsabilidad de la custodia de internos ingresados en hospitales públicos.

c- Al régimen y modo de visitas de los enfermos infectocontagiosos.

d- A las investigaciones médicas con internos.

101.- En el supuesto de un ingreso en un Centro penitenciario mediante orden de detención

procedente de la Policía Judicial, en la misma deberán constar expresamente los siguientes

extremos:

a- Datos identificativos del detenido, delito imputado, que se halla a disposición judicial, hora y

día de vencimiento del plazo máximo de detención.

b- Delito imputado y que se halla a disposición judicial.

c- Los antecedentes delictivos y fecha de comisión de los hechos.

d- Que se haya a disposición judicial y hora y día de vencimiento del plazo máximo de

detención.

102.- Las finalidades perseguidas con las denominadas actividades del régimen en los

Establecimientos Penitenciarios son:

a- El logro de una convivencia ordenada y pacífica.

b- La retención y custodia de los reclusos.

c- La retención y custodia de los reclusos y la consecución de una convivencia ordenada y

pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para la ejecución de los programas de

tratamiento e intervención.

d- Las actividades regimentales se orientan preferentemente a actividades dirigidas a

garantizar la retención v custodia de los internos y se coordinan con las actividades de

tratamiento.

103.- La estancia de preventivos o penados en el Departamento de ingresos será:

a- La necesaria hasta su traslado a otro Departamento.

b- Como máximo, 72 horas.

c- Como máximo, cinco días y solo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para

preservar su seguridad.

d- Como máximo, cinco días y no podrá prolongarse en ningún caso.

104.- Previa solicitud del interesado, se concederán visitas de convivencia a los internos con su

cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos que no superen:

a- Los once años de edad.

b- Los doce años de edad.

c- No figura el requisito de la edad.

d- Los diez años de edad.

105.- La separación interior de la población reclusa, conforme a los criterios establecidos en el

artículo 16 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de los internos con asignación de régimen

ordinario, se ajustará a:

a- A las necesidades o exigencias del tratamiento y los programas de intervención que se

hayan establecido.

b- A las condiciones generales del Centro o a las necesidades de tratamiento y los programas

de intervención diseñados.

c- A las condiciones generales del Centro, al número de internos que albergue y la dotación de

profesionales penitenciarios.

d- A los principios de seguridad, orden y disciplina.

106.- Un penado que se encuentra clasificado en segundo grado de tratamiento y disfruta

habitualmente de permisos de salida ordinarios, es requerido por una autoridad judicial al

Director del Centro Penitenciario donde se encuentra ingresado, para que asista como testigo

en un juicio oral. La sede del Tribunal se encuentra en diferente provincia, por lo que el

responsable del Establecimiento solicita del Centro Directivo el traslado del interno. ¿Podría el

penado, a la vista de las circunstancias apuntadas, ser autorizado para desplazarse a la sede

judicial por medios propios y sin custodia policial?.

a- En modo alguno, para garantizar su presencia en el juicio y que este no tenga que

suspenderse, la Administración Penitenciaria lo trasladará al Centro Penitenciario adecuado, y

desde este será excarcelado a la sede judicial.

b- No, esta posibilidad sólo se contempla en los supuestos de penados clasificados en tercer

grado.

c- Sí, previas autorizaciones del Juzgado o Tribunal requirente y del Centro Directivo.

d- Sí, siempre que durante la fecha del juicio se encuentre disfrutando de un permiso de salida

ordinaria previamente aprobado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

107.- El respeto a la alimentación, los ritos y días de fiesta de una determinada confesión

religiosa podrá verse limitado, de acuerdo con el artículo 230 del Reglamento Penitenciario,

por:

a- El espacio físico disponible.

b- Las necesidades productivas urgentes.

c- La disponibilidad presupuestaria.

d- La representatividad de creyentes dentro de la población del centro penitenciario.

108.- Un concejal se dirige por escrito al responsable de un Establecimiento Penitenciario

solicitando visitar a un interno vecino de su pueblo, con el que no le unen lazos familiares. Si se

presentara sin más al día siguiente en el Departamento de Comunicaciones del Centro, ¿se le

permitiría la comunicación solicitada?.

a- No, la comunicación la debería haber solicitado el interno, y, al tratarse de una persona que

no es familiar, previamente debe ser autorizado por el Director

b- No, debería haber solicitado la comunicación al Centro Directivo puesto que se trata de un

cargo electo.

c- Sí, siempre que acredite su condición de cargo electo (concejal) y que solicitó la

comunicación del Director.

d- Si, se le autorizará una comunicación con carácter extraordinario.

109.- Un interno perteneciente a una banda o grupo terrorista solicita del Director que le

autorice una comunicación con un letrado que no es su abogado defensor. Este letrado se

presenta en el Establecimiento Penitenciario correspondiente portando un documento que lo

acredita como abogado en ejercicio y un volante de su colegio donde consta que ha sido

designado como letrado de oficio en un recurso de apelación que se sigue ante la Audiencia

Provincial, ¿se le debería autorizar a comunicar con el interno?.

a- No, tratándose de internos pertenecientes a bandas armadas, deberá presentar un volante

de la autoridad judicial que conozca de las correspondientes causas.

b- No, pues no presenta autorización dc la autoridad judicial correspondiente, si el interno

fuera un preventivo o del Juez de Vigilancia, si se tratase de un penado.

c- Sí, en los locutorios especiales para letrados y procuradores, con sujeción a las normas

generales.

d- No, toda vez que no es su abogado defensor, ni acredita con el volante del Colegio que ha

sido expresamente llamado por el interno o sus familiares.

110.- La realización de los recuentos ordinarios se fijan a lo largo de la jornada regimental en

horario aprobado por el Consejo de Dirección. ¿Quién ordena la ejecución de los llamados

recuentos extraordinarios?.

a- El Jefe de Servicios, dando cuenta al Director.

b- El Funcionario encargado del Departamento donde este se lleva a cabo, dando cuenta al

Jefe de Servicios.

c- El Director, a propuesta del Jefe de Servicios, teniendo en cuenta la situación del Centro y el

comportamiento de los reclusos.

d- El Jefe de Servicios, previa comunicación del mismo a las Fuerzas de Seguridad encargadas

de la vigilancia exterior, pues estos recuentos, como su nombre indica, están previstos para

evitar evasiones.

111.- En situaciones especificas, mediando motivos de seguridad, existiendo razones

contrastadas de que un interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia

susceptible de causar daño a la salud o integridad física o alterar la normal convivencia, podrá

efectuarse cacheo con desnudo integral, ¿quién autoriza la realización del mismo?

a- El Director, previa solicitud del Jefe de Servicios y dando cuenta al Juez de Vigilancia.

b- El Director, valorando convenientemente la existencia de las circunstancias apuntadas, con

asesoramiento del Subdirector de Seguridad.

c- El Subdirector de Seguridad, como responsable directo de mantenimiento de la seguridad y

la normal convivencia en el interior del Centro.

d- El Jefe de Servicios.

112.- Según establece el artículo 246 del Reglamento Penitenciario, se entenderá caducado el

procedimiento disciplinario, excepción hecha dcl procedimiento para faltas leves, cuando

a- No se adopte resolución en un plazo máximo de dos meses desde la iniciación del

procedimiento disciplinario.

b- No se practiquen las pruebas propuestas en los tres días siguientes a la presentación de

alegaciones por el interno.

c- Haya transcurrido un año para las faltas muy graves, seis meses para las graves y un mes

para las leves.

d- No se adopte resolución en los treinta días siguientes transcurridos tres meses desde la

iniciación del procedimiento disciplinario.

113.- Según establece el Reglamento Penitenciario, las sanciones impuestas a internos en

procedimientos disciplinarios prescribirán:

a- Las impuestas por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por

faltas leves al año.

b- Las impuestas por faltas muy graves a los seis años, por graves a los dos años y por leves al

mes.

c- Cuando el interno abandone el Centro Penitenciario para ser trasladado a otro por razones

judiciales.

d- Las impuestas por faltas muy graves a los seis meses, por faltas graves a los tres meses y las

impuestas por faltas leves al mes.

114.- Las normas relativas a la gestión económico-administrativa de los Centros Penitenciarios,

contenidas en el Título XII del Reglamento Penitenciario, serán aplicables con carácter

supletorio en:

a- Las Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva en materia penitenciaria.

b- En todo el Estado, pues la competencia es del Ministerio de Hacienda.

c- Unicamente en las Comunidades Autónomas no peninsulares y en Ceuta y Melilla.

d- En las Comunidades Autónomas con competencias en ejecución de la legislación

penitenciaria estatal.

115.- El Servicio de Economato en un Centro Penitenciario no podrá ser gestionado por:

a- La Administración Penitenciaria.

b- El Organismo Autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias.

c- Empresas externas por contrato administrativo de servicio.

d- Por una comisión de internos.

116.- La comprobación del estado sanitario de los artículos suministrados en el racionado de

los internos, corresponde a:

a- A un ayudante técnico sanitario, con capacitación especial.

b- A una comisión formada por un médico y un ayudante técnico sanitario.

c- A un médico del Establecimiento.

d- A personal sanitario extrapenitenciario dependiente del Departamento correspondiente de

la Comunidad Autónoma donde se encuentre ubicado el Establecimiento.

117.- Las normas de organización y funcionamiento de los Establecimientos de régimen abierto

serán:

a- Elaborados por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Consejo de Dirección.

b- Elaborados por la Comisión Disciplinaria y aprobadas por el Consejo de Dirección.

c- Elaboradas por el Consejo de Dirección y aprobadas por el Centro Directivo.

d- Elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.

118.- Como norma general ¿qué horario indica el Reglamento Penitenciario vigente respecto a

las salidas fin de semana para internos en régimen abierto?

a- Como máximo, desde las 16 horas del viernes hasta las 8 horas del lunes.

b- No indica nada el Reglamento Penitenciario al respecto, ya que es el Centro Directivo,

mediante Resolución, quien debe regular el horario de las salidas.

c- Como máximo desde las 10 horas del sábado hasta las 8 horas del lunes.

d- Como máximo desde las 18 horas del viernes hasta las 18 horas del domingo.

119.- Los medios coercitivos contemplados en el artículo 72.1 del Reglamento Penitenciario a

los efectos del artículo 45.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, ¿podrán ser aplicados a

un interno que se encuentra ingresado en la Enfermería del Centro, convaleciente de una

enfermedad grave?.

a- Sí, si de la actuación de éste pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o

para la de otras personas.

b- Sí, siempre que se den las circunstancias previstas en el articulo 45.1 de la Ley Orgánica

General Penitenciaria, previa autorización del médico en todos los casos.

c- No, está expresamente prohibido en el párrafo 2º del artículo 72 del Reglamento

Penitenciario

d- No, habría que buscar otros medios diferentes, con asesoramiento de los servicios médicos.

120.- Durante el disfrute dé un permiso de salida, un interno penado clasificado en tercer

grado es detenido por la comisión de un presunto delito ingresando, más tarde, preso a

disposición de un Juzgado de Instrucción, en el Centro Penitenciario donde se encontraba

cumpliendo condena, ¿Cuál será el tipo de régimen que se le aplicará en el Centro?.

a- Continuará en régimen de semilibertad, pues debe prevalecer el principio constitucional de

presunción de inocencia.

b- Se le asignará, con carácter provisional y hasta tanto sea aprobado por el Centro Directivo,

el régimen cerrado, pues al cometer un nuevo delito ha denotado una manifiesta inadaptación

al régimen común.

c- Se pedirá al Tribunal Sentenciador que deje en suspenso la ejecución de la pena, por lo que

será considerado preventivo a todos los efectos, aplicándosele un régimen donde prime el

principio de presunción de inocencia.

d- Se le asignará el régimen ordinario.

121.- La impresión producida por las yemas de los dedos cuando se ponen en contacto con una

superficie lisa o pulimentada, es un dactilograma:

a- Natural.

b- Latente.

c- Artificial.

d- Digital.

122.- Los dactilogramas y cualesquiera otros dibujos formados por las crestas papilares que

aparece en las yemas de los dedos de las manos no se modifican a lo largo de la vida del

sujeto, ¿qué nombre recibe esta cualidad?

a- Perennabilidad.

b- Inmutabilidad.

c- Diversidad.

d- Durabilidad.

123.- A un interno penado, clasificado en 2º grado, ¿podrá el Director aplicarle las limitaciones

regimentales previstas en el artículo 75 dcl Reglamento Penitenciario, cuando aprecie una

evolución muy negativa en relación a la conducta de éste, que sc manifieste en la comisión

reiterada y sostenida en el tiempo de faltas muy graves?.

a- No, tratándose de un penado clasificado en 2º grado, lo que procedería es proponer la

regresión al Centro Directivo.

b- No, las circunstancias del articulo 75 del Reglamento Penitenciario sólo están previstas para

salvaguardar la vida o integridad física del recluso.

c- Si, mediante acuerdo motivado para garantizar la seguridad y el orden del Establecimiento,

dando cuenta al Juez de Vigilancia.

d- No, ante lo gravoso de la limitación, sólo cabe solicitar traslado a otro Establecimiento.

124.- La actividad penitenciaría en régimen abierto tiene por objeto, conforme establece el

articulo 83 del Reglamento Penitenciario.

a- Potenciar las capacidades de inserción social positiva de los penados clasificados en tercer

grado.

b- La atenuación de las medidas de control dentro y fuera del Establecimiento.

c- Facilitar su participación plena en la vida familiar, social y laboral, a través de la

normalización social e integración.

d- Ayudar y orientar a los internos para utilizar los servicios de organización e instituciones

para conseguir su integración social.

125.- Un interno clasificado en primer grado de tratamiento, es trasladado a otro

Establecimiento Penitenciario, dotado de dependencias para garantizar una adecuada

clasificación interior de los internos. Es ubicado, a pesar de su clasificación, en un

Departamento destinado a albergar internos en régimen de vida ordinario, donde se le asigna,

por no quedar celdas libres, una celda que compartirá con otro interno. Conforme a la

normativa vigente, ¿serían correctas estas actuaciones?.

a- Sí, la ley permite cuando hay insuficiencia de alojamientos recurrir a dependencias

colectivas.

b- Sí, si los profesionales que lo visitan y entrevistan en el Departamento de Ingresos, formulan

propuestas de inclusión en un grupo de internos en régimen ordinario, el destino es correcto.

c-No, debería haber sido destinado a un Departamento de régimen cerrado y debería

habérsele asignado una celda individual.

d- No, es correcto que pueda ser ubicado en un Departamento destinado a albergar internos

con asignación de régimen de vida ordinaria, pero debería ocupar celda individual.

126.- El Consejo de Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones

Penitenciarias deberá reunirse, como mínimo,

a- Una vez al semestre.

b- Una vez al año.

c- Tres veces al año

d- Dos veces al año.

127.- La relación laboral penitenciaria está incluida entre las relaciones laborales de carácter

especial, en virtud de lo dispuesto en:

a- La Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.

b- El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido del Estatuto de los Trabajadores.

c- El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

d- El Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 1.201/1981, de 8 de mayo.

128.- Las infracciones y sanciones laborales de los trabajadores penitenciarios encuadrados en

la relación laboral especial penitenciaria se regirán por lo dispuesto en:

a- El Titulo X del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de

febrero.

b- Los artículos 108 a 111 del Reglamento Penitenciario aprobado por Real Decreto

1.201/1981:

c- El artículo 58 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en lo que

resulte aplicable a dicha relación laboral especial.

d- El Real Decreto 326/1995, por el que se regula el Organismo Autónomo Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias.

129.- Los sujetos de la relación laboral especial penitenciaria son:

a- El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico

competente, de un lado, y el empresario exterior que suministra el trabajo, del otro.

b- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, dc

un lado, y el empresario exterior que suministra el trabajo, de otro.

c- La Dirección General de Instituciones Penitenciarias u órgano autonómico competente, dc

un lado, y los internos trabajadores, de otro.

d- El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico

competente, de un lado, y los internos trabajadores, de otro.

130.- La reasignación de modalidades de vida en el régimen cerrado se acuerda por:

a- La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con autorización del Centro

Directivo.

b- La Junta de Tratamiento, con información de los Jefes de Servicios y funcionarios que

desarrollan habitualmente sus tareas en el Departamento de régimen cerrado.

c- La Junta de Tratamiento, con autorización del Juez de Vigilancia que debe conocer de los

traslados e ingresos de los internos de régimen cerrado en los diferentes Centros

Penitenciarios.

d- Lo acuerda el Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.

131.- En un Centro Penitenciario se recibe a través del Servicio de Correos una carta dirigida a

un interno que tiene las comunicaciones escritas intervenidas. En el remite del sobre se hace

constar que éste procede del Adjunto del Sindic de Greuges de Catalunya. El funcionario

encargado de la Unidad del servicio de comunicaciones y visitas, al tener el interno

intervenidas las comunicaciones, procede a abrir el sobre y conocer el contenido del escrito,

¿es correcta esta forma de actuar?.

a- Sí, en los supuestos de intervención de comunicaciones escritas, las únicas que no pueden

ser objeto de esta medida son las que se mantengan con autoridades judiciales, miembros del

Ministerio Fiscal y sus abogados defensores.

b- No, la carta debería haberse abierto en presencia del interno destinatario.

c- No, está expresamente prohibida cualquier tipo de ntervención de las comunicaciones de

los reclusos con los Adjuntos de los Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas.

d- Sí, aunque teniendo en cuenta que el idioma utilizado en el sobre no es castellano y pudiera

plantear dudas, debería haberse remitido para su traducción al Centro Directivo.

132.- La Junta de Tratamiento de un Centro Penitenciario propone al Centro Directivo la

regresión de segundo grado a primer grado de un interno del Centro que quebrantó condena

al no reingresar de un permiso de salida ordinario de cuatro días, autorizado por el Juzgado de

Vigilancia, que ha ingresado nuevamente, sin que conste que haya cometido nuevos delitos. En

función de las variables y factores que deben tenerse en cuenta para clasificar a un interno en

primer grado, ¿podría ser atendida la propuesta de regresión por el Centro Directivo?.

a- Sí, quebrantar condena denota una evolución negativa en el pronóstico de integración

social, y ello debe ser suficiente para acordar la regresión.

b- Sí, ya que el quebrantamiento puede ser considerado una falta muy grave del artículo 108

del R.P. aprobado por Real Decreto 1201/81, vigente conforme a la Disposición Derogatoria del

actual Reglamento y, en consecuencia, procederá la regresión.

c- No, no reingresar de un permiso penitenciario puede constituir un delito de los

contemplados en el capítulo VIII del Titulo XX del Código Penal y, en consecuencia y teniendo

en cuenta el principio de presunción de inocencia, hasta que no recaiga sentencia no podrá

plantearse la regresión de grado.

d- No, ya que esta circunstancia no se contempla entre las variables a tener en cuenta para

determinar la peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave que han de ponderarse

para la clasificación en primer grado.

133.- La recomendación (87) 3 adoptada por el Comité de Ministros de los Estados miembros

del Consejo de Europa el 12 de febrero de 1987, se refiere a:

a- Prestaciones sanitarias a los reclusos.

b- Normas destinadas a reclusos extranjeros.

c- Las Reglas mínimas penitenciarias europeas.

d- Desarrollo de unidades destinadas a madres con hijos en los Establecimientos

Penitenciarios.

134.- El plazo máximo establecido en el Reglamento Penitenciario para que el Centro Directivo

se pronuncie sobre el mantenimiento o cambio de grado cuando la Junta de Tratamiento no lía

considerado oportuno proponer cambio alguno en la clasificación y el interno ha solicitado la

remisión del informe correspondiente es de:

a- Dos meses desde su recepción.

b- Hasta cuatro meses, si se acuerda ampliar el plazo para la mejor observación de la conducta.

c- El Reglamento no contempla la existencia de plazo en estos supuestos.

d- Dos meses desde que se notifica el acuerdo al interno.

135.- ¿Puede una Comunidad Autónoma con competencias ejecutivas en materia

penitenciaria, crear o suprimir órganos colegiados fuera de los contemplados en el artículo 265

del Reglamento Penitenciario?

a- No, este precepto tiene carácter imperativo.

b- No, sólo es posible en aquellas Comunidades Autónomas que tengan competencias

legislativas y ejecutivas en materia penitenciaria.

c- Sólo en relación con los órganos colegiados relacionados con la gestión económica.

d- En virtud de su potestad de autorganización está previsto que éstas puedan establecer los

órganos colegiados que consideren convenientes en los Centros Penitenciarios que dependan

de las mismas.

136.- Las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos fueron redactadas:

a- En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1950.

b- Por el Congreso de Naciones Unidas, en la Resolución 2076 (LXII) de 1977.

c- En el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del

Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.

d- Por el Consejo de Naciones Unidas, en su Resolución 663 CI (XXIV) de 1957.

137.- No es una función asignada al Consejo de Dirección:

a- Elaborar las normas de régimen interior de los Departamentos de Régimen Cerrado.

b- Fijar los horarios de los recuentos ordinarios.

c- Adoptar cuantas medidas resulten necesarias en los casos de alteración del orden del

Centro, dando cuenta inmediata al Centro Directivo.

d- Adoptar las medidas regimentales urgentes para resolver cualquier alteración individual o

colectiva del orden en el Centro.

138.- Adoptar con carácter provisional en relación con los servicios del área de vigilancia, las

medidas indispensables para mantener el orden en el Centro, corresponde a:

a- El Director.

b- El Jefe de Servicios.

c- El Subdirector de Seguridad.

d- El Consejo de Dirección.

139.- Los internos podrán ser autorizados a disponer de ordenador personal, cuando:

a- Lo hagan aconsejable o necesario razones de carácter educativo o cultural.

b- Cuando lo apruebe la Junta de Tratamiento a propuesta del profesor o tutor.

c- No está permitido a los internos, por razones de seguridad, poseer ordenadores personales,

sólo podrán acceder a éstos cuando ejecuten actividades formativas de este orden en el

Centro

d- Unicamente en aquellos Centros donde las normas de régimen interior así lo establezcan.

140.- La posición doctrinal dominante en nuestro país considera que el Derecho Penitenciario:

a- Se encuentra subordinado al Derecho Procesal Penal.

b- Debe considerarse como una rama subsidiaria del Derecho Administrativo.

c- Goza de un elevado grado de autonomía respecto a otras ramas del Derecho.

d- Es claramente dependiente de la Penología y la Criminología.

141.- El tratamiento penitenciario en el Reglamento Penitenciario de 1996, a diferencia del

Reglamento de 1981:

a- Se configura como un deber y un derecho del interno.

b- Adopta una concepción más amplia y omnicomprensiva.

c- Es entendido como el fin exclusivo de la actividad penitenciaria.

d- Se destina básicamente a los internos penados.

142.- Las Unidades Dependientes a las que hace referencia el artículo 165 del Reglamento

Penitenciario

a- Deben ubicarse lo más próximo que resulte posible al Centro Penitenciario del que

dependan.

b- Las normas de funcionamiento las aprueba la Junta de tratamiento del Centro Penitenciario

del que dependen.

c- Su funcionamiento es ajeno, administrativa y funcionalmente de cualquier Centro

Penitenciario.

d- En Administrativamente, dependen siempre de un Centro Penitenciario.

143.- El principio de flexibilidad introducido en el Reglamento Penitenciario de 1996 se refiere

a:

a- La combinación de aspectos característicos de los diferentes grados de clasificación dentro

del programa individualizado de tratamiento.

b- El desarrollo de departamentos mixtos que intenten paliar la desestructuración de grupos

familiares.

c- La redefinición del régimen cerrado estableciendo dos modalidades de vida.

d- La regulación de los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción

o revocación de sanciones impuestas.

144.- Los derechos de los internos podrán ser suspendidos parcial y temporalmente:

a- Nunca, tal y como ordena el art. 25.2 de la Constitución española.

b- Por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

c- En casos de alteraciones graves del orden en un centro que haya obligado a la autoridad

penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

d- Por un plazo no superior a 72 horas.

145.- ¿Cuántas horas diarias de salida al patio disfrutarán los internos destinados en un

Departamento Especial?

a- Como mínimo, cuatro horas diarias, que podrá aumentarse hasta tres horas más para la

realización de actividades programadas.

b- Como máximo, cuatro horas diarias.

c- Como mínimo, tres horas diarias, que podrá ampliarse hasta tres horas más para la

realización de actividades programadas.

d- Como mínimo, dos horas diarias.

146.- La Ley Orgánica General Penitenciaria dedica al tratamiento su Título III, definiéndolo

como: "el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y

reinserción social de los penados", en su artículo:

a- Artículo 62.

b- Artículo 72.

c- Artículo 59.

d- Artículo 69.

147.- Según la norma 5ª del art. 46 del Reglamento Penitenciario, cuando por razones de

seguridad, buen orden del Establecimiento o del interés del tratamiento, el Director acuerde la

intervención de las comunicaciones escritas, esta decisión se comunicará:

a- Al interno afectado.

b- Al Centro Directivo y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

c- Al interno afectado y a la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de un detenido o

preso, o al Juez de Vigilancia si se trata de un penado.

d- A la Autoridad Judicial de que dependa si se trata de detenidos o presos, o al Juez de

Vigilancia si se trata de penados, no siendo necesario comunicar la decisión a los internos

afectados porque se frutarían los objetivos de la intervención.

148.- La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por:

a- El Consejo de Dirección, salvo que razones de urgencia no lo permitan.

b- El Director, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su

conocimiento inmediatamente.

c- El Jefe de Servicios, dando cuenta inmediata al Subdirector de Seguridad.

d- La Comisión Disciplinaria, salvo que razones de urgencia no lo permitan.

149.- La creación de nuevas Unidades Dependientes se llevará a cabo:

a- Mediante firma de un Convenio de colaboración entre la Administración Penitenciaria y

asociaciones u organismos no penitenciarios.

b- Por Orden Ministerial o resolución autonómica equivalente.

c- Por acuerdo del Consejo de Dirección del Establecimiento del que vayan a depender, a

petición de la organización colaboradora, previo informe de la Junta de Tratamiento.

d- Mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros.

150.- La asistencia de un penado clasificado en tercer grado a un Centro de deshabituación de

consumo de drogas lo autorizará:

a- El Consejo de Dirección.

b- El Centro Directivo.

c- El Juez de Vigilancia.

d- La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.

EXAMEN CASOS PRÁCTICOS

CASO 1 –

M. P. H. ingresa en el Centro Penitenciario Madrid X el día 03-08-96 como preso preventivo en

virtud de unas diligencias previas.

En julio de 1997 se recibe testimonio de sentencia en el que constan como probados los

siguientes hechos: "... sobre las 13.00 horas del día 02-08-96, M.P.H., de nacionalidad

colombiana, mayor de edad y sin antecedentes penales, llegó al aeropuerto Madrid-Barajas,

procedente de Colombia, portando en el interior de su organismo un total de 963 gramos de

cocaína".

Resulta condenado por un delito contra la salud pública a la pena de nueve años y un día de

prisión con su accesoria legal y multa de cuatro millones ochocientas mil pesetas (4.800.00

pesetas).

El interno, que continúa cumpliendo condena el 10-10-99, formula solicitud de habeas corpus

que se pone en conocimiento del juez competente, quien mediante auto deniega la solicitud.

Con posterioridad, estando próximo el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena y

reuniendo los demás requisitos exigidos por el artículo 90 del Código Penal, la Junta de

Tratamiento acuerda elevar el expediente de libertad condicional.

PREGUNTAS:

1.1.- El delito contra la salud pública, tipificado en los artículos 359 y siguientes del Código

Penal, se halla ubicado sistemáticamente entre los delitos que atentan contra:

a- La comunidad internacional.

b- El patrimonio y el orden socioeconómico.

c- La seguridad colectiva.

d- La administración pública.

1.2.- En función de su duración, ¿a qué clase de pena privativa de libertad ha resultado

condenado el interno?

a- A pena menos grave.

b- A pena grave.

c- A pena de reclusión menor.

d- A pena muy grave.

1.3.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal, ¿podrá el tribunal sentenciador

acordar la expulsión del territorio nacional del interno extranjero no residente legalmente en

España?

a- No. Dado que está condenado a pena privativa de libertad superior a seis años.

b- No. Toda vez que se encuentra clasificado en segundo grado.

c- Sí. A instancia del Ministerio Fiscal, oído previamente el penado y siempre que éste haya

cumplido las dos terceras partes de la condena.

d- Sí. A instancia del Ministerio Fiscal, oído previamente el penado y siempre que éste haya

cumplido las tres cuartas partes de la condena.

1.4.- Si el interno no satisface la multa impuesta:

a- Quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos

cuotas diarias no satisfechas.

b- No se impondrá responsabilidad personal subsidiaria por haber sido condenado a pena

privativa de libertad superior a cuatro años

c- El juez o tribunal fijará el importe de las cuotas teniendo en cuenta la situación económica

del reo.

d- Quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un mes de prisión por cada

millón de pesetas impagado.

1.5.- Respecto a la petición de "habeas corpus" formulada por el interno, ¿quién es la

autoridad judicial competente para conocer este procedimiento? ¿Cabe recurso contra el auto

que deniega la solicitud?

a- La Audiencia Provincial. Cabe recurso de reforma.

b- El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. No cabe recurso.

c- El Juez de Instrucción. No cabe recurso alguno.

d- El Juez de Instrucción. Cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación.

1.6.- Tratándose de un interno extranjero. ¿A quién corresponde resolver la propuesta de

libertad condicional?

a- Al tribunal sentenciador en este caso.

b- Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

c- A la Audiencia Provincial.

d- A la autoridad gubernativa competente al tratarse de un interno extranjero.

CASO 2

B.M.M., interno del Centro Penitenciario X., ha sido condenado por la Sección 7ª de la

Audiencia Provincial de Sevilla, Ejecutoria 54/00, a la pena de cuatro años de prisión como

autor de un delito intentado de abuso sexual del artículo 182 en relación con los artículos

181.1, 16 y 62 del Código Penal en su redacción anterior a la Ley Orgánica 11/99 de 30 de abril.

Los hechos tuvieron lugar el 24/3/99 mientras la víctima dormía, siendo ésta sobrina del

interno nacida el 12/10/82.

El autor de los hechos había sido ejecutoriamente condenado por un delito de abusos sexuales

a la pena de 6 meses de prisión en sentencia dictada el 22 de junio de 1997, declarada firme el

10 de marzo de 1998, del Juzgado Penal nº 9 de Sevilla (Procedimiento Abreviado 145/97),

habiéndose acordado la suspensión de la ejecución el 6 de mayo de 1998.

B.M.M. fue detenido el 24 de marzo de 1999 y desde esa fecha permanece en prisión:

PREGUNTAS:

1.1.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/99 de 30 de abril ya mencionada, que modifica

el Título VIII del Libro II del Código Penal, la pena que correspondería al delito tipificado como

abuso sexual del artículo 182 en relación con las normas contenidas en el resto de artículos

que se mencionan en el texto es:

a- De 4 a 10 años de prisión con reducción de 1 o 2 grados al tratarse de tentativa.

b- De 1 a 6 años de prisión sin reducción por las circunstancias de comisión de los hechos.

c- De 2 a 4 años de prisión sin reducción atendiendo al tipo de delito.

d- De 6 a 10 años de prisión en su mitad superior por minoría de edad de la víctima.

2.2.- La representación de B.M.M. interpuso un recurso al considerar que la regulación legal

anterior a la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril aplicada por el tribunal era menos favorable

para su defendido a la hora de determinar a la hora de determinar la pena a cumplir. ¿Qué tipo

de recurso y ante quién debió interponerlo?

a- De revisión ante el mismo Tribunal.

b- De casación por quebrantamiento de forma ante el Tribunal Supremo.

c- De casación por infracción de ley ante el Tribunal Supremo.

d- De amparo ante el Tribunal Constitucional.

2.3.- La nueva condena tiene efectos sobre la suspensión de la condena previa. Señale cuales:

a- Ejecución de la pena impuesta e inscripción en el Registro Central de Penados y Rebeldes.

b- Ejecución de la pena y aplicación de agravante por reincidencia.

c- Sustitución de las condiciones impuestas por otras al ser una condena inferior a un año.

d- Ingreso en prisión e imposibilidad de ser clasificado inicialmente en régimen abierto.

2.4.- Si la víctima del delito durante el transcurso del juicio oral, apenada por su buena relación

anterior con el agresor, hubiere manifestado ante el Tribunal su deseo de perdonarlo, ¿qué

efecto habría tenido para éste?

a- Ninguno.

b- Extingue la acción penal.

c- Extingue la acción penal pero no exime del cumplimiento de la pena suspendida

anteriormente.

d- Pronunciamiento del veredicto de culpabilidad y omisión de condena.

2.5.- Con fecha 27-3-00 se recibe en el centro penitenciario orden del Tribunal Sentenciador

para que el interno permanezca a su disposición en calidad de penado. Posteriormente, se

recibe la liquidación de ambas condenas. Una vez refundidas, ¿en qué fechas se prevé el

cumplimiento de las dos terceras y tres cuartas partes?

a- 20 de noviembre de 2001 y 22 de marzo de 2002.

b- 21 de febrero de 2002 y 3 de julio de 2002.

c- 20 de marzo de 2002 y 4 de agosto de 2002.

d- 25 de abril de 2002 y 7 de julio de 2002.

2.6.- ¿A partir de qué fecha el interno pudo encontrarse en condiciones legales y

reglamentarias para que le fuera concedido un permiso de salida?

a- 22-3-00.

b- 6-5-00.

c- 22-5-00.

d- En cualquier momento desde su ingreso.

CASO 3 -

Pedro Z. J., funcionario en activo del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias que

ocupa plaza de jefe de Servicios en el establecimiento Penitenciario X, es elegido concejal en

las elecciones locales de una pequeña localidad. Dado el puesto de trabajo que desempeña y

su horario de especial dedicación, cobra complemento de productividad. Por el desempeño del

cargo electo no obtiene retribución alguna, ni se le exige dedicación exclusiva.

Además, Pedro, en sus horas libres, ejerce como letrado por cuenta propia para asuntos

civiles, en concreto matrimoniales.

PREGUNTAS.-

3.1.- ¿Está permitido en la normativa vigente que el personal al servicio de la Administración

del Estado en las condiciones de Pedro pueda ser miembro electo de una Corporación local?

a- En ningún caso, no es posible compatibilizar un segundo puesto de trabajo en el sector

público, y la legislación de incompatibilidades considera actividad en el sector público la

desarrollada por los miembros electos de las corporaciones locales.

b- No, porque no se puede percibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de

las Administraciones Públicas.

c- Sí, si previamente se les autoriza la compatibilidad.

d- Sí, ya que la ley reconoce como excepción esta compatibilidad, cuando el cargo no es

retribuido ni de dedicación exclusiva.

3.2.- Los servicios que preste este funcionario en su cargo como concejal, ¿se computarán a

efectos de trienios y derechos pasivos?

a- Naturalmente, toda vez que es una actividad no retribuida económicamente.

b- Los servicios prestados en el segundo puesto están excluidos de la posibilidad de

computarse a estos efectos.

c- No, sólo se computarán a efectos de trienios y para la percepción de las prestaciones de

carácter familiar.

d- Sí, al ser derechos reconocidos a todos los funcionarios.

3.3.- En el ejercicio del puesto de concejal, Pedro recibe cantidades dinerarias en concepto de

dietas y asistencias. ¿Es esto correcto?

a- Sí, la normativa vigente contempla esta posibilidad.

b- Al tratarse de un supuesto en el que no es necesario obtener la expresa autorización de

compatibilidad, no puede recibir cantidad alguna, ni aún por estos conceptos.

c- No, no puede recibir más de una remuneración con cargo a los Presupuestos de las

Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y empresas de ellas dependientes.

d- No, la legislación de incompatibilidades sólo permite en estos supuestos que por la segunda

actividad se perciban indemnizaciones.

3.4.- ¿Puede Pedro, que percibe los complementos correspondientes, en funcióln de la

dedicación, peligrosidad, penosidad,etc, que no ha solicitado compatibilizar las actividades

públicas y privadas, trabajar como profesional de la abogacía?

a- No, ni aún en el supuesto que solicite autorización de compatibilidad por estar

expresamente prohibido en la ley, al percibir retribuciones complementarias.

b- Sí, ya que realiza estas actividades en horas libres y, además, no en asuntos penales ni

penitenciarios que podrían comprometer su imparcialidad o independencia.

c- No, porque ya desempeñaría actividades de carácter público.

d- No, porque para ello sería imprescindible que se autorizase con carácter previo la

compatibilidad.

3.5.- Al realizar actividades públicas o privadas sin haber solicitado el reconocimiento previo de

compatibilidad, los funcionarios públicos incurrirían en una falta disciplinaria:

a- No cometerían falta alguna.

b- Grave.

c- Muy grave.

d- Leve.

3.6.- Si por el Director General de Instituciones Penitenciarias fuera nombrado este funcionario

para participar como miembro de un tribunal en las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo

de Ayudantes, ¿ tendría que solicitar, en base a su situación, que se le autorizase la

compatibilidad ?

a- Sí, toda vez que por participar en las diferentes actividades del tribunal se recibe la oportuna

retribución y él cobra complemento de productividad.

b- No, estas actividades están exceptuadas con carácter expreso del régimen de

incompatibilidades.

c- No, se podría entender concedida la autorización de compatibilidad con el nombramiento

del Director General y la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado.

d- No, toda vez que estaría cumpliendo la orden de un superior jerárquico.

CASO 4 –

En el Establecimiento Penitenciario de X, debido al gran número de drogodependientes

albergados en el mismo, se ha sentido la necesidad de abordar un programa especializado de

atención a este tipo de internos e internas. Para ello, en el seno de los equipos técnicos y de la

Junta de Tratamiento, se acuerda proponer a la Dirección del establecimiento la implantación

de un programa basado en el principio de comunidad terapéutica con objeto de ofrecer el

tratamiento que resulte más adecuado posible a los internos e internas toxicómanos.

La Dirección del Centro se muestra partidaria de acometer la ejecución del programa y

pretende destinar, como espacio físico para su desenvolvimiento, el Módulo A del

establecimiento, que, evidentemente, tendría carácter mixto, en tanto que estaría destinado

indistintamente para internos e internas. Para ello, propone al Consejo de Dirección la

adopción del acuerdo necesario para llevar a cabo el programa.

El Consejo de Dirección, estudiada la propuesta presentada por el Director y una vez aclarados

ciertos puntos por parte del subdirector de Tratamiento, acuerda llevar a cabo el programa y,

además, de conformidad con otra propuesta de la Dirección, trasladar a los internos del

Módulo A a los Módulos B, C y D del centro y, a su vez, previa su aceptación, el cambio de

los/as toxicómanos/as al A para comenzar el desarrollo del programa. Finalmente, acuerda

aprobar las normas de régimen interior que deben seguirse en la comunidad terapéutica.

Comunicada la constitución de la Comunidad a la Dirección General de Instituciones

Penitenciarias y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, son materializados los traslados de

internos e internas, y el Módulo A empieza a funcionar como comunidad terapéutica contando

con la ayuda de los colaboradores de la organización S, dedicada a la atención y ayuda a

toxicómanos y debidamente acreditada ante el Plan Nacional sobre Drogas.

El interno José Z.S., condenado a una pena de 9 años de prisión por un delito contra la salud

pública y a otra de 4 años de prisión por un delito de abuso sexual, con dos faltas graves sin

cancelar, clasificado en segundo grado de tratamiento, con la cuarta parte de la condena

cumplida y sin que conste el disfrute de permisos de salida ordinarios, está destinado en la

Comunidad Terapéutica desde el principio de su andadura merced a los largos periodos en los

que no había consumido ningún tipo de droga. José es sorprendido un buen día insultando a

otro interno de la comunidad. Por este hecho, se le siguió un expediente disciplinario

finalmente sobreseido por la Comisión Disciplinaria teniendo en cuenta todas las

circunstancias concurrentes en el hecho y su buena conducta desde que fue trasladado al

Módulo A.

PREGUNTAS:

4.1.- ¿Es correcta la decisión del Consejo de Dirección al autorizar la organización del programa

y al acordar el traslado de los internos entre módulos?

a- No, ya que no es competente, ni para la autorización del programa ni para decidir la

separación interior de los internos e internas.

b- No en cuanto a la autorización de la comunidad terapéutica, ya que es necesario que este

tipo de programas sean autorizados

por el Centro Directivo, pero si en cuanto a lo acordado sobre el traslado de los internos entre

módulos.

c- Es correcta su actuación en cuanto a la autorización del programa, pero incorrecta en cuanto

a la decisión sobre clasificación interior, ya que las decisiones sobre ésta son competencia del

director.

d- Es correcta su actuación en cuanto es su competencia supervisar e impulsar la actividad

general del establecimiento.

4.2.- ¿Sería factible la organización de programas basados en el principio de comunidad

terapéutica, utilizando un departamento del centro con carácter mixto para internos e internas

destinado al tratamiento de drogodependientes?

a- Es posible, siempre que sea necesario para la ejecución del programa y el tratamiento de

los/as internos/as lo requiera.

b- Es posible, siempre que se cuente con la autorización previa del Juzgado de Vigilancia

correspondiente, dadas las implicaciones que puede tener para los internos e internas.

c- No es posible si para ello hay que trasladar a otros internos de Módulo.

d- Es posible la organización de programas basados en el principio de comunidad terapéutica

siempre que no se utilice para ello un departamento de carácter mixto.

4.3.- ¿Estaría el interno José Z.S. adecuadamente destinado en el Módulo A, teniendo en

cuenta todas las variables y circunstancias concurrentes?

a- No es adecuado su destino a la Comunidad Terapéutica dado su grado de clasificación y la

existencia de sanciones sin cancelar.

b- Sí, aunque no haya disfrutado de permisos de salida, ya que tiene cumplida la cuarta parte

de la condena.

c- No, por la índole del delito cometido contra la libertad sexual.

d- Sí, teniendo especialmente en cuenta, sobre otros factores, su condición de toxicómano en

proceso de rehabilitación demostrado por los largos periodos de abstinencia.

4.4.- ¿Sería posible la participación de los voluntarios de la organización "S" en la ejecución del

Programa?

a- Sí, previa autorización del Centro Directivo.

b- No, al tratarse de un Programa novedoso en su ejecución en el que, al principio, deben

participar sólo funcionarios o personal dependiente de la Administración Penitenciaria.

c- Sólo si lo autoriza expresamente el Consejo de Dirección al acordar la ejecución del

programa.

d- Sí, siempre que realicen sólo actividades auxiliares que no tengan el carácter de

terapéuticas.

4.5.- ¿Es correcta la actuación del Consejo de Dirección al aprobar las normas de régimen

interior de la Comunidad Terapéutica?

a- Es correcta porque está ejecutando una competencia propia.

b- Hubiese sido correcta, de haber contado con el informe del Equipo Técnico y de la Junta de

Tratamiento.

c- No es correcta porque, necesariamente, el Módulo dedicado a Comunidad Terapéutica debe

tener las mismas normas que el resto del establecimiento para no vulnerar el principio de

igualdad entre internos.

d- No es correcta porque las normas debiera haberlas haberlas elaborado la Junta de

Tratamiento para haber sido posteriormente aprobadas por el Centro Directivo.

4.6.- ¿Es correcta la actuación de la Comisión Disciplinaria al acordar el sobreseimiento de

expediente disciplinario incoado al interno?

a- Sí, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y la poca importancia del

hecho.

b- No, ya que en ningún caso debió dejar de sancionar al interno sobreseyendo el expediente.

c- No, ya que la resolución del expediente hubiese sido competencia de la Junta de

Tratamiento.

d- No, ya que al tratarse de un interno destinado en la Comunidad Terapéutica, con carácter

preceptivo, debería haber contado con un informe previo de la Junta de Tratamiento sobre la

conveniencia de sancionar o no a José Z.S.

CASO 5 -

Antonio G.H. es profesor de Filosofía en la Universidad y miembro de la Organización No

Gubernamental C.R. de su localidad que, entre otras tareas sociales, realiza programas de

reinserción con colectivos marginados. Antonio conoce al subdirector de Tratamiento del

Centro Penitenciario XXX y, siendo una persona solidaria y preocupada por la reinserción de los

reclusos, le presenta un proyecto, suscrito y avalado convenientemente por C.R. para realizar

en el establecimiento Penitenciario un curso sobre Etica y Filosofía de la Vida para un grupo de

15-20 internos.

El subdirector de Tratamiento le comenta al Director del Centro Penitenciario la disponibilidad

de Antonio y la necesidad que hay en el Centro Penitenciario de ofrecer actividades que

permitan a los internos ocupar de formar activa y positiva su tiempo.

El Director y el subdirector de Tratamiento, después de estudiar el proyecto, proponen al

Consejo de Dirección del Centro Penitenciario la realización por parte de Antonio de un curso

sobre Etica y Filosofía de la vida que impartiría el mismo Antonio dos tardes por semana, en

sesiones de dos horas. El Consejo de Dirección aprueba por unanimidad la propuesta

valorando positivamente tanto la valía y autoridad académica del profesor como la pertinencia

del tema; al mismo tiempo acuerdan que su duración no sea superior a seis meses, plazo que

consideran suficiente al ser la primera vez que se imparte un curso de tales características.

El subdirector de Tratamiento se pone en contacto con el jefe de Servicios y le encarga que

forme un grupo de internos para participar en el curso. Siguiendo sus instrucciones, el jefe de

Servicios con la ayuda del funcionario encargado del módulo cuatro (donde, según la

clasificación interior, se encuentran los internos con mejor conducta) entrega al subdirector

una relación de los internos que, a su modo de ver, podrían aprovechar mejor

esa actividad y que, además, por su conducta, ofrecen mayor garantía de que la actividad se

desarrolle de forma adecuada.

Iniciado el curso, la asistencia es muy irregular y llega un momento que, entre los internos

asistentes y el propio Antonio, acuerdan cambiar la actividad e iniciar unas clases de Yoga,

disciplina de la que Antonio también es profesor y que se llevan a la práctiva con notable éxito.

Del cambio de actividad fue informado el educador adscrito al Módulo cuatro.

PREGUNTAS:

5.1.- ¿Ha sido correcta la actuación del Consejo de Dirección al aprobar la propuesta?

a- Sí, dadas las garantías ofrecidas por el profesor y su curriculum.

b- No. Debería haberlo aprobado la Junta de Tratamiento.

c- Sí, pero debería exigido haber exigido una propuesta más elaborada.

d- No. Es el centro Directivo el que debería haberla aprobado.

5.2.- ¿Es adecuado el sistema seguido para determinar qué internos deben participar en el

curso?

a- Sí, ya que el programa sólo puede atender a un número limitado de reclusos y los

seleccionados ofrecen las mejores garantías.

b- Sí, porque el jefe de Servicios y el Encargado de Departamento son los que mejor conocen

los reclusos y sus necesidades.

c- No, ya que debería haber sido el propio colaborador, en su programa, el que debería haber

señalado el colectivo de reclusos objeto de intervención.

d- No, porque para una actividad como la programada debería haberse ofrecido la

participación a todos los reclusos del módulo y seleccionar, entre los interesados, un grupo de

15 o 20; de esta forma, la asistencia hubiera mejorado.

5.3.- Una vez observados los malos resultados del curso Etica y Filosofía se cambia por unas

clases de Yoga que resultan un éxito. ¿Es adecuada la decisión?

a- Sí, porque lo han decidido de común acuerdo los internos y el colaborador, informándose al

educador del módulo que, a su vez, trasladará la decisión a la Junta de Tratamiento.

b- No porque, en todo caso, debería continuarse con la actividad inicial hasta completar

totalmente el programa propuesto.

c- No, ya que los interno, en principio, deben estar al margen de este tipo de decisiones, sin

perjuicio de que se hubiesen tenido en cuenta sus preferencias.

d- No, debería haberse realizado un informe con la evaluación del curso y una propuesta de

nueva actividad para su aprobación.

5.4.- De los siguientes, ¿qué precepto o preceptos contienen la normativa que debe tenerse en

cuenta al valorar una propuesta de colaboración voluntaria en un centro penitenciario?

a- El artículo 62 del Reglamento Penitenciario.

b- El artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el 92 del Reglamento Penitenciario.

c- El artículo 136 del Reglamento Penitenciario y las Ordenes Circulares del Centro Directivo

que lo desarrollan.

d- El artículo 56 del Reglamento Penitenciario.

5.5.- ¿Es correcta la decisión del Consejo de Dirección de que, dados los contenidos del

programa propuesto, su duración no exceda de seis meses?

a- Sí, pero debería ser consultado el Equipo de Tratamiento.

b- Sí, porque es competencia del Consejo de Dirección decidir los horarios de las actividades-

c-No, porque es el proyecto de colaboración el que debe delimitar su duración.

d- No, porque es competencia de la Junta de Tratamiento.

5.6.- Durante el desarrollo de la actividad un interno le pide a Antonio que le traiga libros

relacionados con el Yoga para que, cuando concluyan las clases, pueda continuar con los

ejercicios. Antonio, sin saber muy bien que hacer, junto con el interno interesado, le pregunta

al encargado del módulo. ¿Cuál sería la actuación correcta por parte de éste?

a- Debe autorizar él mismo la solicitud dada su escasa trascendencia y el interés del interno.

b- Debe tramitar la solicitud ante los responsables del Establecimiento.

c- Debe informar a Antonio que no se trata de un tema de su competencia y que nada puede

hacer al respecto.

d- Debe autorizarlo él mismo pero adoptando las medidas necesarias para que los libros sean

cachedos antes de su entrega al interno.

Plantilla Correctora Oficial 1º Ejercicio

1 C 31 C 61 B 91 B 121 B

2 C 32 C 62 D 92 C 122 B

3 C 33 B 63 A 93 B 123 C

4 D 34 C 64 - 94 D 124 A

5 B 35 B 65 C 95 B 125 C

6 C 36 A 66 D 96 B 126 D

7 A 37 C 67 C 97 C 127 B

8 A 38 B 68 D 98 A 128 C

9 B 39 C 69 C 99 D 129 D

10 D 40 C 70 D 100 A 130 A

11 C 41 D 71 D 101 A 131 C

12 B 42 B 72 C 102 C 132 D

13 C 43 C 73 C 103 C 133 C

14 C 44 C 74 A 104 D 134 C

15 B 45 D 75 A 105 - 135 D

16 B 46 C 76 D 106 C 136 C

17 B 47 C 77 A 107 C 137 D

18 C 48 C 78 B 108 A 138 B

19 D 49 D 79 B 109 C 139 A

20 C 50 D 80 C 110 A 140 C

21 D 51 A 81 D 111 D 141 B

22 C 52 C 82 A 112 D 142 D

23 A 53 D 83 C 113 A 143 A

24 C 54 C 84 C 114 D 144 C

25 B 55 B 85 B 115 D 145 C

26 B 56 C 86 D 116 C 146 C

27 D 57 C 87 C 117 D 147 C

28 C 58 D 88 D 118 A 148 B

29 C 59 B 89 A 119 A 149 B

30 D 60 C 90 D 120 D 150 B

PLANTILLA CORRECTORA CASOS PRÁCTICOS

AÑO 2000 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5

1 C A D A D

2 B C B A C

3 D A A C D

4 B A D A A

5 C C C D C

6 B D B C B