ANALISIS Uso de fuerza, política y fuerzas armadas en ... · en guerras regulares. La única...

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Fasoc, Año 17, N° 4, octubre-diciembre, 200246

Las fuerzas armadas dentro de lademocracia actual1

Durante la mayor parte del siglo XX las fuerzasarmadas de América Latina se dedicaron con máséxito a la administración política de sus paísesque a la defensa territorial o a la guerra conbeligerantes externos. Llama la atención quedurante todo el siglo pasado las institucionesarmadas latinoamericanas raramente se hantenido que enfrentar con otras fuerzas armadasen guerras regulares. La única excepción es laGuerra del Chaco que enfrentó desde 1932 a 1935a los pueblos de Bolivia y Paraguay en un conflictoarmado en el que se inmolaron alrededor de100.000 personas, 50.000 pertenecientes a cadauno de los bandos contendientes. En esta guerrase veía reflejada también un escenario deintereses de dos grandes transnacionales delpetróleo de entonces, la Standard Oil y la Shell,por controlar los yacimientos del territorio endisputa. La última guerra propiamente dicha teníalugar en los años ochenta, cuando Argentina yGran Bretaña tenían un conflicto sobre el dominiode unas islas casi despobladas. Las fuerzasarmadas de Argentina sufrieron una derrota anteuna fuerza expedicionaria británica, hecho quecontribuyó considerablemente al retiro de la juntamilitar que llevaba en estos momentos las riendasdel país. Guerras entre dos ejércitos regularescasi no hubo en el continente. Casi sin excepción,los enfrentamientos militares en el continente sehan reducido a conflictos limitados, choquesfronterizos o campañas de poca magnitud. Las

batallas de los soldados profesionales se hansustituido casi exclusivamente por de guerrasinternas de baja intensidad contra de adversarios‘subversivos’ o ‘terroristas’: guerrilleros ocampesinos insurgentes.

Durante los últimos doscientos años la carreramilitar ha constituido a menudo el camino másrápido y seguro para llegar a la jefatura máximade la nación en países tan diversos comoArgentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador,Honduras, Guatemala, México, Paraguay, Perú yVenezuela. En Perú por ejemplo, desde que ellibertador general José de San Martín proclamarala independencia de la nación, 73 presidentesasumieron el liderazgo del país. Los comandantesde tres ejércitos sucesivos de liberación fueroninvestidos con la dignidad presidencial. En nadamenos que 26 oportunidades un militar seapoderó de la presidencia mediante un golpe deestado. Pero también por la vía de las urnas, lapoblación mostró su preferencia por un líder militar.De los 73 presidentes, 51 fueron oficiales: 8mariscales, 34 generales, 6 coroneles y 2comandantes. La marina hizo una modestacontribución llevando un contralmirante al sillónpresidencial. Quien observa los relatos de lospresidentes de Guatemala desde su independen-cia hasta la fecha tiene dificultades de descubrirun rostro civil en medio del casi céntuplo de carasmarciales de presidentes de facto o de triunviratosde líderes militares que fraternalmente ejercieronel comando general sobre la sociedad civil ymilitar.

Uso de fuerza, política y fuerzasarmadas en América Latina y elCaribe en la post guerra fría:¿nuevos escenarios y tendencias?Dirk KruijtCentro de Estudios sobre América Latina y el CaribeUniversidad de Utrecht, Holanda

CEME - Centro de Estudios Miguel Enríquez - Archivo Chile

Fernando

Ceme-palida

Fernando

Archivo Chile palida

Uso de fuerza, política y fuerzas armadas en América Latina... Dirk Kruijt

Fasoc, Año 17, N° 4, octubre-diciembre, 2002 47

El imagen de América Latina gobernada porpolíticos militares se modificó en los años ochentacuando uno por otro los gobiernos dirigidos porlos estamentos militares transfirieron el poder apresidentes democráticamente elegidos ygabinetes civiles que expresaron la voluntadpopular. No fue un proceso repentino o de totalsorpresa. En contrario, la transferencia del poderse realizó habitualmente mediante estrategias desalida de largo plazo, debidamente negociadascon las élites económicas y políticas: en Argentina,Brasil, Chile, Honduras, Guatemala, Perú, hastaen el pequeño Surinam que, desde suindependencia en 1975 hasta la fecha, ha tenidoseis gabinetes civiles y nueve gabinetesmilitares.2 En Guatemala hubo un proceso detransición que implicó casi veinte años de tutelajesobre gobiernos civiles controlados,negociaciones de paz con la guerrilla en público yen secreto, y el control sobre reductos de poder:seguridad nacional, inteligencia y policía.3 En elpaís vecino El Salvador, al otro lado, la transiciónfue rápida y aparentemente definitiva, mientras lasfuerzas armadas, reformadas, se ajustaron a lasexigencias de la democracia. Las transicionesnegociadas han tomando generalmente períodosde diez hasta quince años, concediendo as vecesgarantías de impunidad, remuneraciones ypensiones y reajustes lentos en lasconfiguraciones de poder.4 A pesar de todas lasdiferencias entre los procesos de reacomodo ytransición hay un consenso entre analistas de queAmérica Latina y el Caribe van, en la época de lapost guerra fría, gradualmente hacia de laconsolidación democrática. Como Rojas (2001)ha podido concluir, la seguridad hemisférica einterna es ahora una competencia de losgobiernos civiles y democráticamente electos. Eneste sentido puede percibirse una serie decambios, talvez no espectaculares pero síapuntando a la misma dirección, implicando la‘recivilización’ de las fuerzas armadas,remodificando su óptica como actor de violencialegítima, controlada por la ley y el orden de laautoridad cívica. Entre 1984 y 994 el gasto militaren América Latina disminuyó con un ritmo anualde tres por ciento. Durante el mismo períododescendió la relación entre el personalperteneciendo a las fuerzas armadas frente lapoblación total nacional con un promedio anualde cinco por ciento. Esta reducción fue

acompañada por una declinación de la influenciamilitar en sectores económicos estratégicoscomo la minería, las telecomunicaciones y laenergía. Solamente las fuerzas armadas deColombia, Chile, Ecuador y Honduras podíanmantener acceso directo al tesoro público(Downes, 1998).5

Las nuevas agendas de seguridad, formuladasen los años noventa6 , la integralidad de estasagendas –en el sentido que no se limitan aasuntos básicamente castrenses sino quecomprenden un ambiente ampliado de seguridadciudadana y una visión de complementariedadentre las diferentes fuerzas y actores del orden yde la ley–, las reformas de las fuerzas armadas yde los cuerpos de la policía, la creación deprocuradurías de defensa del pueblo, laintroducción del sistema de ombutsman dentrode las fuerzas del orden, el rediseño de losministerios de defensa, generalmente bajomandatarios civiles, la incorporación del comandoconjunto unificado, los controles parlamentariossobre la actuación de las fuerzas del orden, lareducción de los presupuestos militares y lavigilancia presupuestal por comisionesparlamentarias, la redefinición del sistema deinteligencia nacional y los juicios contra algunosex-dictadores, todo eso indica una marchaadelante en la dirección de un nuevo balanceprofesional, donde las fuerzas armadas gozan deun correspondiente respeto profesional como elbrazo armado del Estado, ejecutando misioneslegítimas de defensa y de protección nacional. Sinembargo, la ’recivilización’ de las fuerzas armadasno ha sido en todos los países un procesouniforme y ha sido acompañado por subidas ybajadas.

Legados militares en el orden político

Durante la fase final de los gobiernos cívico-militares y su lento reemplazo por gobiernosdemocráticos en los años ochenta secomenzaron a gestar nuevos espacios de acciónde los militares políticos, pero esta vez no a la luzpública sino que tras las bambalinas. Lapresencia velada de los militares políticos se haido gestando en su función de ‘asesores’ y‘enlaces’entre las instituciones armadas con los


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servicios de inteligencia y de seguridad, con elsector público y con el propio gobierno. En la semi-oscuridad y detrás de las cortinas del escenariopolítico, ellos han podido mantener una influenciaclave en la actuación diaria del aparato del podercivil. En retrospectiva, gran parte de la ambiguapresencia de ‘asesores obligatorios’ y la vigilanciaactiva de los estamentos militares se puedeexplicar como el resultado de las mencionadasestrategias de retiro institucional negociado quese dieron en la región.7 Durante las décadas delos gobiernos autoritarios, el ejercicio del poderse basaba en cuatro segmentos de control (Kruijt,2001): control sobre el sistema nacional deinteligencia, control sobre las fuerzas policiales,control sobre el desarrollo regional y laadministración local en áreas remotas y controlsobre el aparato legal y el sistema jurídico queproporcionaba una cierta inmunidad e impunidada la cúpula militar Las guerras internas yantisubversivas no podían ser realizadas por losgobiernos militares sin el uso extenso de aquelloscuerpos y de otros servicios paralelos tales como

la inteligencia militar, la seguridad del Estado, losdiferentes cuerpos de la policía y los contingentesparamilitares.8 Los sistemas de inteligencia military de seguridad del Estado funcionaron comocerebro y espina dorsal de las operacionesantisubversivas y se expandieron de tal modo queen la mayoría de los casos era bastante difícil elpoder hacer una distinción entre los vínculosoficiales y extra-oficiales existentes con lasunidades paramilitares. La creación de sistemasextra-oficiales dentro de los estados de terror hasido facilitado por la existencia de dichos vínculos.9Como ejemplo presento un recuadro de fuerzasparamilitares existentes durante el conflictoarmado en Guatemala, formal e informalmentevinculadas a la institución armada, las fuerzaspoliciales o a organizaciones políticasdirectamente asociadas a los gobiernos militares.Cabe mencionar que (aunque en menor grado)también se desarrolló un sistema de fuerzasparalelas asociado a la URNG, organizaciónpolítico-militar que unificaba las fuerzas de laguerrilla desde 1982 (recuadro 1).

Recuadro 1: Instituciones y organizaciones armadas paralelasdurante el conflicto armado en Guatemala (1960 – 1996)

Dentro del Estado• Policía Militar Ambulante (vinculada a la inteligencia militar a través de la G – 2 de su Estado Mayor y creadoen 1958 como dependencia del Ministerio de la Defensa Nacional)• Guardia de Hacienda• Comisionados Militares (incorporados desde 1979 al Ejército de Guatemala como organización de apoyo a lalucha contrainsurgente)• Comités Voluntarios de Defensa Civil (Patrullas de Autodefensa Civil) (reclutamiento forzoso de unos 700.000a 1.000.000 pobladores indígenas en unidades que tenían funciones paramilitares, sujetas al ejército) (creadospor el Ejército de Guatemala en 1981)

Paralelo al Estado

• Movimiento de Acción Nacionalista Organizado (MANO, creado en 1966)• Comité de Resistencia Anticomunista de Guatemala (CRAG, creado a finales de los años sesenta)• Consejo Anticomunista de Guatemala (CADEG, creado a finales de los años sesenta)• Ejército Secreto Anticomunista (ESA, creado en 1977)• Fuerza de Acción Armada (FADA), Frente Anticomunista del Nororiente (FANO), Frente EstudiantilAnticomunista (FEA), Hermandad Blanca, Liga Nacional de Protección al Guatemalteco (escuadrones de lamuerte y entidades regionales de contrainsurgencia, operando en los años setenta y ochenta)• Mano Blanca (creada en 1979)• Guerrilla Acción Libertadora Guatemalteca Antisalvadoreña (GALGAS, surgido en los años setenta paraejecutar salvadoreños insurgentes residentes en Guatemala y operando en los años ochenta)

Paralelo a la URNG

· Resistencia Rebelde Secreta· Autodefensa Obrera· Resistencia Armada Urbana

Fuente: Táger y Mérida (2002: 4 - 8)




El dominio militar sobre las fuerzas de la policíafue expresado por el nombramiento de (ex-)militares como directores de las diferentes ramasde la policía nacional o de oficiales retirados o enservicio activo como ministros de gobierno o delinterior.10 La policía nacional tenía que dependeren algunos casos casi exclusivamente de labuena voluntad de la inteligencia militar y no teníala capacidad de investigación en materia criminalo forense. Otro factor de permanencia en el poderes el hecho en muchos países de América Latinalas fuerzas armadas aun actúan como el únicorepresentante del sector público en áreas remotasy subdesarrolladas, aportando los valiososservicios de médicos, enfermeras, dentistas,veterinarios, ingenieros, abogados yadministradores, perteneciendo a las ramasmilitares pero sustituyendo de tal modo todas lasfunciones, hasta la legitimidad, del sector públicoregular. De esta manera se mantiene la tradición,hasta la sentida necesidad, de incorporar lascalidades administrativas y la preparación para elgobierno factual, como parte integral de laformación profesional en la carrera del oficial.Íntimamente relacionado con el problema de lasprerrogativas militares es la definición de lasmisiones militares y la formulación del papel delmilitar. La misión militar y el papel deseado deloficial mantienen en la mayoría de los casoselementos de guardián nacional. Estas incluyenlas intervenciones constitucionalmentelegitimadas, el rol de moderador político, devigilante del orden y estabilidad nacional, delpromotor de acción cívica en cuestiones dedesarrollo local y de la función dual del militar contareas castrenses pero también responsable deldesarrollo nacional (Fitch, 1998). En donde sí seobservan cambios es en el campo de la definicióndel enemigo. El enemigo típico durante los añosde la guerra fría era el ‘enemigo subversivomarxista’. Posteriormente el enemigo de la postguerra fría comenzó a ser otro. Sin embargo, elnuevo enemigo mantenía también el cuerpo yrostro de quien amenaza el orden y los valoresnacionales: el narcoterrorista (Colombia), elguerrillero-terrorista maoísta (Perú), el activistadentro de los movimientos de los pobres yexcluidos (los Sem Terra en Brasil11 ).

Otro problema crucial de las relaciones entreciviles y militares en la época posdictatorial es la

manera en que las violaciones de los derechoshumanos cometidas por las fuerzas regulares eirregulares de seguridad son tratados bajo lasreglas de juego democráticas. Los actos ilegítimoscometidos durante las ‘guerras sucias’ por losestamentos castrenses y por los oficiales derango intermedio era un tema complicado de tratardurante las negociaciones de transición. Aun enel poder, los militares trataron de institucionalizarun sistema de impunidad por medio de unalegislación de amnistía anticipada. Esteprocedimiento tuvo como resultado que durantemuchos años la legislación sobre violaciones delos derechos humanos estaba extremamenteinsatisfactoria. La existencia de esta legislaciónespecial y la transferencia fácil de juicios de altoperfil público a la justicia militar produjo en lapráctica de inmunidad de facto en Brasil,Colombia, El Salvador, Honduras y Perú, entreotros países. La costumbre de hacer uso de‘jueces sin rostro’ y la legislación especial anti-subversiva en Colombia y el Perú condujo a latranquilidad institucional del sistema castrensedurante la lucha contrainsurgente y antiterrorista.La facilidad con la cual se delegaba juiciospuramente civiles hacia la corte militar indicatambién el papel privilegiado de los militares entérminos de la posibilidad de exoneración legal.Un factor crucial en la estabilización a largo plazodel proceso de democratización es la desapariciónde la impunidad militar.

Democracia: ¿para quienes?

Durante las décadas de los años ochenta ynoventa, asuntos tales como la pobrezageneralizada, la informalización de la economía yla sociedad, y la exclusión social de vastossegmentos de la población han comenzado a servistos como uno de los problemas principales queafectan a la América Latina democrática.Ciertamente estos problemas no son nuevos. Yahabían sido identificados a partir de los añoscincuenta en términos de miseria rural y lamarginalidad urbana. Sin embargo, la informalidadurbana se ha hecho sentir en toda su fuerza comoresultado de la crisis económica y los años delreajuste estructural que han experimentado casitodos los países del continente. La presencia deenormes contingentes de pobres, principalmente


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en las grandes aglomeraciones urbanas,comenzó gradualmente ser identificado comoproblema sobre todo político. En la opinión deanalistas académicos y expertos de la OIT12, laeconomía y sociedad informal se hallan excluidasdel empleo estable, del ingreso regular, de lossindicatos laborales, de la legislación laboral y delacceso a las instituciones sociales que proveentales necesidades básicas como los servicios devivienda. Los ‘nuevos pobres’ procedentes de laclase media baja y de la clase obrera, han sidolas Principales víctimas de la crisis y de laspolíticas de ajuste. La pobreza masiva comenzóa ser sinónimo a conflictos sociales, disturbiosdel orden social y radicalización política. Además,durante los años ochenta y noventa seinmovilizaron o crecieron los niveles de la pobrezay del desempleo, indicando el hecho que lapobreza nacional y la pobreza urbana comenzó aser una estructura permanente, probablementetransgeneracional. En los cuadros 1 y 2 presentoalgunos indicadores básicos del desempleo y delsalario real que corroboran estas tendencias.Relacionada con la cultura de la pobreza y laorientación política de los informales existe unaprofunda desconfianza en las institucionesformales de la democracia tales como elparlamento, los partidos políticos, el sistema legaly las cortes, y los sindicatos obreros. En otraspalabras, una de las principales consecuenciassocial y política del proceso de pobreza,informalización y exclusión social es la erosiónde la legitimidad del orden civil, político y público.Los ‘antipolíticos’ de tendencia neopopulista queen los años ochenta y noventa llegaron al podercon los votos de las masas excluidas no podíanresistir la voz de descontento popular sobre elfuncionamiento de las instituciones de lademocracia y estuvieron inclinados de dejarlas allado y de establecer un estilo personalista degobierno basado en el contacto directo con lasmasas. En algunos casos este estilo plebiscitariofue apoyado por una alianza con las institucionesarmadas. El estilo de gobierno en la democracianeopopulista sufrió de rasgos particularistas,personalistas y patrimoniales. La cultura políticaasociada con este tipo de gobierno estácombinando neopopulismo con tecnocraciasexcluyentes y élites privilegiadas y conservadoras(O’Donnell, 2001: 605).

Cuadro 1América Latina: Desempleo urbano abierto,

1985 – 2000(Promedio anual)

1985 1990 1995 2000

Argentina 6 8 18 15Bolivia 6 7 4 7Brasil 5 4 5 7Chile 17 7 7 9Colombia 14 11 9 17Costa Rica 7 5 6 5Rep. Dominicana ... ... 16 14Ecuador 10 6 8 14El Salvador ... 10 7 7Honduras 12 7 7 ...México 4 3 6 2Nicaragua 3 8 17 10Panamá 16 20 16 15Perú 10 8 8 7Uruguay 13 9 11 14Venezuela 14 11 10 14América Latina 10 8 9 11

Fuente: Datos de 2001 Labour Overview. Latin Americaand the Caribbean (2001: 55)

Otro asunto problemático con respecto a lademocracia está relacionado a la incapacidad deejercer el monopolio del uso legítimo de violenciapor parte de los gobiernos democráticos. Este noes la consecuencia, no solamente al legado delEstado autoritario y represivo de los regímenesdictatoriales sino también a la permanenteproliferación de la violencia armada por unavariedad de actores. La característica de esta‘democratización de la violencia’ es exactamentela ruptura del monopolio de la violencialegítimamente ejercida y la aparición de nuevosactores armados, como el proveniente de lasfuerzas de seguridad y las bandas juveniles, las‘maras’ o pandillas. Esta proliferación deactores armados es la contraportada del procesomismo de democratización. Bajo estedenominador se agrupan diferentes formas deviolencia y conflicto como, por ejemplo, violenciacriminal de la calle, motines y disturbios, limpiezasocial’ y ajusticiamientos, arbitrariedad de lapolicía, actividades paramilitares, actividadesguerrilleras de la época post-guerra fría, etc.Algunos de aquellos actores poseen un carácter




semi-institucionalizada, como es el caso de losactores armados en Colombia. Otros mantienenen la violencia cotidiana un estilo de vida asociadaal uso de armas como si fuese parte de una diariarutina laboral.

Cuadro 2América Latina: Salario urbano mínimo real,

1990 - 2000(index 1980 = 100)

1990 1992 1994 1996 1998 2000

Argentina 40 45 81 78 77 79 Bolivia 16 26 32 31 38 44 Brasil 55 57 61 70 76 79 Chile 73 83 91 98 108 122 Colombia 106 102 103 102 104 111 Costa Rica 127 125 137 130 139 142 R.Dominic. 65 90 91 92 97 102 Ecuador 40 33 41 52 47 40 El Salvador 34 29 37 34 33 33 Guatemala ... 83 72 82 79 86 Honduras 82 100 83 80 79 79 México 42 38 38 31 30 31 Panamá 98 96 106 111 113 122 Paraguay 132 115 113 104 105 106 Perú 21 16 14 15 30 32 Uruguay 69 60 46 42 43 42 Venezuela 55 70 53 46 43 45 A. Latina 68 67 68 70 73 74

Fuente: Datos de 2001 Labour Overview. Latin Americaand the Caribbean (2001: 70)

El contexto político-militar en los años de lapost guerra fría

A finales del siglo XX ocurrió un cambiosignificante en las relaciones de poder económico,militar y político de nivel mundial. Los anterioresregímenes de la seguridad nacional se nutrieronabundantemente de la bipolaridad mundial y lapresencia de dos superpotencias: EstadosUnidos y la Unión Soviética. Los enemigosinternos en los países latinoamericanos eranconsiderados sin excepción como ‘represen-tantes’ o ‘aliados’ de un supuesto bloquehomogéneo que conformaría el ‘comunismointernacional’. El mundo de hoy es diferente, demanera considerable.13 En el período después delaño 1989 se desintegró la Unión Soviética y se

redujo el poder económico y militar del estadosucesor, Rusia, de escala ampliada. Se estancabala economía japonesa, mientras el país semantenía al margen del desarrollo tecnológico einstitucional militar. Se consolidó la Unión Europeacomo bloque económico-político sin contar conun poder militar equivalente. Estados Unidos encambio atravesó por un período de augeeconómico y se quedó como única superpotenciamilitar que después del 11 de septiembre de 2001podía permitirse el lujo de incrementar elpresupuesto militar con unos 50 mil millones dedólares, monto igual a que las quince potenciasmilitares siguientes están presupuestando en suconjunto. No tiene par en cuanto al armamentonuclear, fuerza aérea, despliegue de flotas demarina y capacidad de transporte de tropasterrestres alrededor del mundo. El dominioeconómico y militar está entre otros basado en laposición de liderazgo de desarrollo tecnológico.Cualquier amenaza comunista ha desaparecidoen los años que siguieron la caída del la muro deBerlín.

Los acontecimientos del 11 de septiembre de2001 han significado una readecuación de lasfuerzas armadas, de la comunidad de inteligenciay de las otras fuerzas de seguridad de los EEUUpara una ‘guerra contra el terrorismo’. Si bien esclaro que esta guerra al menos en parte no seráuna guerra con otros instrumentos que losmilitares, también se hace predecible que estaguerra va a invitar como aliados regímenes quehace poco no tenían fama de ser seriosdefensores de los derechos humanos y de lademocracia. También puede suponerse que laspotencias militares, como China, Rusia, India,Pakistán e Israel puedan solicitar una mayorlibertad de deshacerse de ‘su’ terrorismo encambio por el apoyo a la causa norteamericana(Byfford, 2002: 42). Estados Unidos va a necesitarfrentes y alianzas de cambiante composición y elprecio de afiliación puede a ser tanto financierocomo político, en el sentido de la relativa libertadde ‘solucionar’ los problemas con enemigosinternos o minoridades étnico-religiosas queamenazarían la estabilidad nacional. Es alentadorespecular sobre la coincidencia de aquellosaliados con los anteriores regímenes de seguridadnacional que formaron el blueprint de las tantasdictaduras (cívico-) militares en las décadas


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pasadas. Se podría esperar una revitalización deldiscurso y de las doctrinas ‘anticomunistas yantiterroristas’ y la correspondiente readecuaciónde los instrumentos usados en las guerrasinternas a la realidad de la nueva lucha globalcontra los nuevos enemigos internos. En algunoscasos solamente hay que desapolillarlosúnicamente para hacer uso de ellos contrapersonas e instituciones non gratas. Viejosslogans anticomunistas puedan ser fácilmentetraducidos en el ‘newspeak’ antiterrorista de hoy,esta vez investida con la legitimidad de laprotección de la democracia contra el terrorismode escala mundial. Al otro lado, es obvio que losanteriores regímenes que trataron a todos susopositores como ‘enemigos de la seguridadnacional’ han sufrido de la tendencia detransformarse en enemigos de la propiademocracia. La lección clave es que los gobiernosdemocráticos a largo tiempo tienen que adoptaruna posición firme y sólida frente a susinstituciones armadas, los cuerpos de inteligenciay de seguridad, las entidades policiales y, engeneral, frente el sector de seguridad. Eso requierede una mano firme de acuerdo a un diseñoracional a largo plazo, definiendo claramente quétipo de seguridad en base a cuales institucionescon qué espíritu de cuerpo específico se deseamantener. Eso requiere además de una posicióndefinida frente a los otros actores armados queoperan fuera del orden legítimo de la fuerzaestatal. Eso requiere también de un espacio deactuar para las instituciones públicas y privadas–dentro del circuito de las ONG– que vigilancríticamente la evolución de los derechoshumanos dentro del panorama político nacional(Rojas, 2002: 100, 103).

Nuevos escenarios y tendencias

Sería demasiado pesimista sugerir queAmérica Latina se encuentra en vísperas de unnuevo ciclo de rupturas de regímenesdemocráticos y una nueva fase de represión ymiedo generalizada. Hay que recordarse tambiénque en los últimos cinco años tres intentos veladosde golpe han fracasado en países como Ecuadory Paraguay. En el caso de Venezuela hubo ungolpe que fracasó y el día de redactar esteartículo14 los diarios mencionaron un nuevo intento

de golpe en dicho país. Pero sí se puede predeciruna implícita tensión entre la opción de consolidara largo plazo unas fuerzas armadas profesionales,con misiones claras y leales a la democracia y latentación de recurrir a los instrumentos tanfamiliares en el pasado, instrumentos de la manodura frente a sospechosos e enemigos odiososde la oposición.15 Esta tensión se presentará demanera diferente en los siguientes escenarios derelaciones cívico-militares en los varios países delcontinente:

Escenario I: continuidad de la consolidacióndemocrática en países y pequeños (Costa Rica,El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá,República Dominicana) y grandes (Brasil, Chile,México). La reducción más drástica de lainfluencia militar junto con el fortalecimiento de lademocratización ha ocurrido en tres paísescentroamericanos: Nicaragua, Panamá y CostaRica. Nicaragua, tras haber pasado por períodosconvulsivos de revolución y una guerra internaentre revolucionarios y contrarrevolucionarios,optó, después de la transferencia del poder políticodespués de las elecciones en 1990, por unareorganización fundamental del sector deseguridad. Panamá votó por la abolición de lainstitución armada mediante un plebiscito despuésde la instalación de un régimen democrático conla ayuda de tropas norteamericanas. Costa Ricano cuenta, desde 1948, con un ejército. Este paístenía desde tiempos inmemoriales una reducidafuerza militar.16 A partir de 1904, el legislativo fijóel número de efectivos del ejército estable en1.000 personas y desde esta fecha el presupuestomilitar nacional era muy inferior a los presupuestoscorrespondientes de los otros paísescentroamericanos. En 1923 se transformó elministerio de guerra en ministerio de seguridadpública. El combate durante la revolución de 1948tuvo lugar entre dos adversarios micro-militares:El ejército nacional de 300, aumentado en algunoscentenares de las milicias del Partido Comunista,fue vencido por las bandas paramilitares de unostantos centenarios de campesinos revolucio-narios. El régimen triunfante abolió el ejército,aumentando el número de la policía. Hondurascuenta con un pequeño ejército profesional, dondela asesoría norteamericana dejó huellas notorias.Misiones militares, ejercicios comunes, basesmilitares y programas de entrenamiento hacen la




presencia norteamericana visible (Rosenberg,1986). El ejército hondureño goza de unaautonomía considerable dentro del teje y manejedel país.17 Los militares adquirieron tambiénconsiderable poder económico por medio de suscajas de jubilación, sobre todo después de laintroducción el programa de privatización delsector estatal. En asuntos netamente políticos hay,al otro lado, una ingerencia decreciente. En ElSalvador hubo un cambio considerable en lasrelaciones cívico-militares después de losacuerdos de paz en 1992.18 Las fuerzas armadashan sido transformadas de manera cualitativa,tanto en cuanto a la composición del cuerpo deoficiales y de los soldados como en cuanto a ladoctrina y el entrenamiento. La creación de unnuevo cuerpo de policía, la desmilitarización y elcumplimiento de los acuerdos de paz de parte delos militares es un punto de análisis. Haití sedesmilitarizó radicalmente por la disolución delejército por un decreto presidencial de 1995. Lanueva policía nacional ha sido montada por lacomunidad internacional desde el momento de sucreación (Manigat y Moïse, 2001). También lainstitucionalidad política dominicana cuenta conotros actores políticos (Espinal, 2000).19

También los dos países más grandes del con-tinente veían su democracia consolidada mien-tras que el papel de las fuerzas del orden siguiósiendo profesional. Chile, único país del continenteque no atraviesa actualmente por una crisis eco-nómica, sigue un camino semejante. Tal vez Chi-le es el típico ejemplo de una estrategia de salidamilitar bien planificada y ejecutada, a la par conuna transferencia, aunque lenta, pacífica y orde-nada. El país ha mantenido, hasta durante los lar-gos años militares, una institucionalidad expresadapor un sector público que seguía funcionando conbastante autonomía. Dada la pactada influenciadel anterior gobierno militar hay que reconocer quelos sucesivos gobiernos democráticos hábilmentey con mucha concertación sabían abrir más es-pacio para los gobiernos elegidos y para la socie-dad civil reorganizándose.20 Siendo país partici-pante en el sistema de MERCOSUR subraya otravez la consolidación democrática, dado el hechoque los países miembros del MERCOSUR exclu-yen los gobiernos no democráticamente elegidos.Brasil constituye otro ejemplo de transición nego-ciada y redemocratización ordenada.21 El primer

gobierno posmilitar tenía que contentarse con untutelaje militar. Pero los siguientes y subsiguien-tes gobiernos han mantenido la iniciativa de am-pliar el espacio de la redemocratización y desmi-litarización. Al otro lado, también las institucionesmilitares se readecuaron a las relaciones demo-cráticas. Incluso durante momentos bastante crí-ticos, como el impeachment de Collor, la crea-ción del ministerio de defensa unificando los tresanteriores ministerios militares bajo mando civil,la actuación de la Comisão dos Desaparecidos,y los cambios y la reducción de los eventos mili-tares públicos, los estamentos militares sabíanmantenerse fuera del debate público.22 Brasil estambién el ejemplo de una nueva configuraciónde violencia localizada. Se trata de la violencia enbase de la droga, en gran parte ubicada en lasfavelas metropolitanas del país, donde bandasjuveniles asociadas a mafiosos combaten las fuer-zas de la policía por el control de sus pequeñosterritorios urbanos. Tanto el territorio geográficocomo el número y la especie de los actores ar-mados involucrados es limitado. Las fuerzas ar-madas no han tomado parte en la lucha, es lamisión de la policía mantener el orden en las áreasdisputadas. Sin embargo, la cantidad de muertoshasta la fecha de hoy es considerablemente másalto que las víctimas durante todo el período mili-tar.23 Una semejante localización de la violencia,esta vez de una guerrilla con carácter étnico en elestado de Chiapas, puede percibirse en México.24

Casi desde el inicio de la rebelión en 1996, tantoel gobierno federal como el liderazgo zapatita en-traron en negociaciones, hecho que con seguri-dad ha contribuido a la relativa limitación territo-rial del conflicto. A pesar de la existencia de unconflicto interno que pudiese haber llegado a unaguerra civil, las fuerzas armaron mexicanosdesempañaron un papel básicamente profesio-nal, mientras que el gobierno federal mantenía ladirección política.25 Esto refleja también la largatradición de la posición apolítica que predominadentro de los estamentos militares desde los añosde Lázaro Cárdenas (Zermeño, 1997). Al otro lado,cualquier presidente de la República tiene un res-peto a la institución castrense que ella, recípro-camente, respeta ‘a capa y espada a ese podercivil’en un pacto tácito (Benítez, 2000). La transi-ción más importante dentro de la escena políticamexicana no era, entonces, un cambio en las re-laciones cívico-militares, sino la transferencia del


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poder político del partido factualmente único, elPRI, a otro tipo de gobierno, y por medio de elec-ciones transparentes.

Escenario II: democracia con desborde deviolencia (Colombia y Guatemala). A pesar de serpaíses con gobiernos democráticamente electos,tanto Colombia como Guatemala representandemocracias con una marcada presencia de lasinstituciones militares y, sobre todo, de fuerzasparamilitares. En ambos casos hay una largatradición de desborde de la violencia y laconvivencia no pacífica de múltiples actoresarmados. Guatemala atravesó a partir de 1985por tres procesos relativamente paralelos, cadauno de ellos siendo complicado. Primero había latransferencia de un gobierno dictatorial hacia unademocracia, aunque vigilada estrechamente porla cúpula militar. Segundo había la transición deuna guerra de baja intensidad que duró 36 años,a un período de paz. Tercero había el procesoinconcluso de la integración de la población maya,hasta la fecha ciudadanos de segunda categoría.Un autogolpe fracasado en 1993 cambió elbalance cívico-militar y aceleró el proceso denegociaciones de la paz. Tras un proceso largo yen parte secreto de negociaciones paralelaspactaron los líderes guerrilleros con losestamentos militares, acompañados por unadelegación gubernamental y por una asamblea dela sociedad civil bajo liderazgo del obispadocatólico.26 A pesar del cumplimiento de losacuerdos sobre el sector de seguridad (desarmede la guerrilla, reducción del cuerpo de oficiales yreclutamiento no forzoso de los soldados, reformade la policía, cambios en el sistema nacional deinteligencia)27 sigue una violencia subterránea porel fenómeno de linchamientos en lascomunidades indígenas en el campo, la presenciade bandas juveniles (‘maras’) en el ambienteurbano, una presencia de la criminalidad armaday organizada en todo el país, y las actividades deun sector paralelo de fuerza ex-militar, operandoen la sombra pero haciendo uso de las fuerzasparamilitares del pasado. El contexto de posguerraes de violencia sentida.28 Un movimiento de ex-patrulleros de autodefensa civil, quienes durantelos últimos 13 años del conflicto armado actuaroncomo fuerzas paramilitares de la instituciónarmada (véase el recuadro 1) se hizo notorio enel último año (2002). El movimiento reclama

indemnizaciones en términos de recompensaciónfinanciera pero está buscando también unarelación más directa con AVEMILGUA, laasociación de veteranos militares de Guatemalaque tiene vocación de ser un actor político. Hayque tomar en cuanta que de parte del actualgobierno Portillo - Ríos Montt se estáreesforzándose el papel del ejército como fuerzaparalela al sector público. A pesar del énfasis enla profesionalización de la institución armada, elgobierno utiliza los militares también en tareasestrictamente administrativas: en la distribuciónde desayunos escolares, la construcción decarreteras rurales, en acción cívica. También enel campo de la seguridad civil operan los militares:A solicitud del gobierno hay ‘patrullas de fuerzascombinadas’ o sea, policías junto con militaresarmados, vigilando las calles en los centrosurbanos y rurales.

Colombia es el país de la ‘banalidad de laviolencia’ (Pécaut, 2001). Los múltiples conflictosinternos han transformado el país en un territoriode tantos diferentes actores armados que ya tieneque distinguirse en macro y micro-contextos dela violencia.29 No tiene par en el continentelatinoamericano por ser teatro de guerrassimultaneas, movimientos rebeldes y decontrarebeldía, alianzas fluctuantes e inverisímilesentre bandas y frentes regionales, apropiacionesde territorios, negociaciones y pactos,reinserciones de excombatientes en de lasociedad y la política, rebeldes y guerrilleros enretiro, fuerzas del orden y paramilitaresdisputándose el derecho de matar, guerrilleros ynarcotraficantes buscándose los insumosconfortables para mantener una lucha. En laactualidad operan de nivel nacional las fuerzasarmadas y las fuerzas del orden y antinarcotráficoejerciendo la violencia legítima, las FARC y el ELNcomo principales actores de la izquierda armaday las UAC, producto de iniciativas desarrolladaspor terratenientes, ganaderos y representantes dela economía clandestina para proteger sus interésutilizando las fuerzas paramilitares.30 El PlanColombia, implicando apoyo financiero y militarpor parte de los Estados Unidos, ha sido ampliadoconsiderablemente a partir del 11 de septiembrede 2001, cuando se inició la guerra contra elterrorismo. Cien años de soledad representa lahistoria del coronel Aureliano Buendía, héroe de




innumerables guerras civiles, y es el reflejo de losacontecimientos de la primera mitad del siglo XX.La segunda mitad, tristemente, fue testigo de unaexplosión de mucho más guerras, conflictos,matanzas, coaliciones de combate. Junto a losactores armados de nivel nacional hay las bandasde la criminalidad organizada, las columnasarmadas de los narcos, de los cartelesfragmentados, de los secuestradores, de lossicarios y bandas juveniles. Como también enGuatemala, es habitual que se amenaza y mataa los jueces y magistrados, pero en Colombiaocurre eso en escala ampliada. Detrás de tantas‘guerras de droga’ se han formado frentes yalianzas entre terratenientes y ganaderos y jefesregionales de las fuerzas del orden. Nadie tienela posibilidad de deshilachar completamente loslazos entre la oficialidad y la clandestinidad, entrefuerzas del orden y del desorden, entreparamilitares y escuadrones de la muerte. Detrásde tanta aparente desorganización se escondeuna semi-institucionalidad de actoresinvolucrados. Escobar (2002) presenta un análisisde las fuerzas regulares e irregulares de nivel localy demuestra como se articulan luchas y alianzasde fuerzas locales con fuerzas nacionales.(Avilés, 2001: 43 - 47) hace mención de más de100 agrupamientos paramilitares que se asociaronen conferencias nacionales a mediados de losaños noventa, de asociaciones como CONVIVIRque agrupa los vigilantes financiados por losganaderos, de los centenares de comités deautodefensa civil y de serenazgos locales. Laviolencia nacional se traduce en microterritoriosurbanos y rurales donde microactores armadosse disputan sus privilegios y monopolios deviolencia ilegítima. Es casi lúgubre seguir el análisisde Ceballos (2001: 115 - 124) sobre lafragmentación de la violencia en Medellín de losaños noventa: En esta microcosmos de laviolencia lucharon milicias urbanas, ofreciendo‘protección’ obligatoria a los pobladores de barriospopulares, ‘bandas de la pesada’ clandestinas decriminales quienes ofrecen sus servicios para eltrabajo sucio, ‘galladas’ o bandas juveniles queprotegen a los traficantes locales de droga,empresas clandestinas de guardaespaldas,‘oficinas’ de criminales para servicios de sombra,‘chichipatos’o bandillas de jóvenes quienes operanpor cuenta propia en asaltos armados, comandoshíbridos compuestos de ex-guerrilleros y pandillas

criminales, ‘vigilantes’ en servicio de empresarios,miembros de escuadrones para la limpieza social,‘milicias populares’ donde se hallan los integrantesde los movimientos guerrilleros en desintegraciónpero buscándose empleo alternativo por lasarmas, y por supuesto las bandas de la‘contrainsurgencia’ barrial y los adversarios de losmilicianos populares. La estrategia anuncia porel actual gobierno prevé la formación de muchomás agrupamientos de autodefensa civil en unesfuerzo de combatir una violencia incontrolable.

Escenario III: democracia anómica con FFAAdesprestigiadas (Argentina, Perú). Perú es, entretodos los países en América Latina, él que en lostres últimas décadas ha sufrido los cambios másdramáticos en la economía, la sociedad y el ordenpolítico. A finales de los años sesenta formaronlas instituciones militares, bajo el liderazgo delgeneral revolucionario Velasco y su equipo(básicamente procedente del servicio deinteligencia), el ‘Gobierno Revolucionario de lasFuerzas Armadas’. Por medio de un aluvión dedecretos-leyes y reformas nacionalistas trataronde transformar la economía y la sociedad en unaconvivencia con equidad, dignidad, ‘peruanidad’ ymodernidad (Kruijt 1994, Klarén, 2000: 336 – 358).El gobierno militar reformista era autoritario perorespetaba fielmente la constitución vigente y losderechos humanos. A mediados de los añossetenta Velasco y los suyos fueron sustituidos poruna nueva generación de militares de tintebastante más conservador que no sabía biencomo manejar una profunda crisis económicacuyas secuelas perdurarían sentirse durante lasdos siguientes décadas. Los años ochenta fueronde los gobiernos democráticos, del presidenteBelaúnde, anteriormente relevado por losVelasquistas quien en su segundo término tratóde regresar a los tiempos del antaño, y del jovenpresidente aprista García, bajo cuyo gobierno lainformalidad urbana llegaría a ser la más extensade toda América Latina y la hiperinflaciónalcanzaría porcentajes extremos, iniciando unagalopante pauperización nacional. Los añosochenta eran también la década de una guerrainterna donde primero en las comunidadesindígenas y luego en los barrios populares de lasciudades y de Lima Metropolitana llegó unaavalancha de violencia por las columnasguerrilleras de Sendero Luminoso31 y las fuerzas


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regulares e irregulares de la contrainsurgencia.32

El régimen presidencial de Fujimori de los añosnoventa comenzó con una política económicaheterodoxa que acabó con la hiperinflación yreglamentó la economía en un molde neoliberalsin llegar a una precompostura esperada del tipochileno. En contrario, en los últimos años de ladécada fujimorista resultaron las condicioneslaborales dentro de la economía formal casi igualesa las condiciones de la informalidad precaria(Verdera, 2000). Utilizando una legislaciónespecial de emergencia podían formarse rondascampesinas o agrupaciones voluntarios deautodefensa cuyas fuerzas, sobre todo cuandose había arrestado al líder Senderista Guzmán en1992, resultaron ser el factor decisivo en eldesmantelamiento de la guerrilla hasta 1999(Fumerton, 2002). El régimen de Fujimori setransformó, manteniendo durante mucho tiempouna considerable popularidad, en un tipo dedictadura civil a partir del autogolpe de Fujimoricon apoyo de los estamentos militares en 1992.33

Durante los años restantes de la décadafujimorista había un triunvirato (Fujimori,presidente, Montesinos, jefe de inteligencia, yHermoza, comandante del ejército) que gobernabael país. El firme control sobre las fuerzas armadasy las fuerzas del orden público (por medio dedespidos de oficiales institucionalitas y decoopción y corrupción de la cúpula militarpromovida por el presidente), el uso del sistemanacional de inteligencia (en hecho existiendo dedos organizaciones: inteligencia contrasubversivaque seguía trabajando como habitual y un sistemaparalela montada por Montesinos para ejecutartareas clandestinas y servir como escuadronesde la muerte) para fines políticos de carácterprivado, el control lentamente adquirida sobre elsistema jurídico (por intimidación, militarizaciónde la justicia y nombramientos de juecescooptados), el control sobre los medios decomunicación (por intimidación, expropiación,compra ilegítima de acciones, corrupción ycoimas) y una variedad de programas estatalesde distribución de alimentos y bonos para lospobres era el sostén del régimen durante cuatroelecciones entre 1990 y 2000, hasta que se hundióa finales del año 2001. A raíz de la fuga de Fujimorial Japón se realizó una transición pacífica y ungobierno interino honesto organizó nuevaselecciones. A pesar de que el actual gobierno de

Toledo goza de un mandato democrático, hastael momento no ha dado muestras de ofrecerrespuestas efectivas ante la gravísima situacióneconómica, social y política que atraviesa a supaís, mientras la pauperización de la poblaciónha alcanzado índices alarmantes. Ladesconfianza de la población en el funcionamientode la democracia es baja (Tanaka y Zárate, 2002)y la población de Lima Metropolitana sobrevive endesesperación y anomia. También las institucionesdel orden y seguridad salieron fuertementeafectadas por la corrupción general quecaracterizó al Perú en los años noventa. En laactualidad más de 50 generales del ejército y dela fuerza aérea, junto a otros tantos almirantes,se encuentran en la cárcel, quienes se acusanmutualmente por su participación en actos ilícitosy de corrupción durante el Fujimorato. En unperíodo de doce meses después de la caída deFujimori, toda la cúpula castrense ha sidototalmente renovada en dos turnos consecutivos.El desprestigio de las instituciones militares estal que los altos mandos no han tenido otra casaque aceptar en silencio esta degradanteintervención en su estructura orgánica por partedel poder político y judicial.

Una situación semejante se presenta enArgentina. Las fuerzas armadas salierondesprestigiadas después de la derrota en la guerrade las Malvinas, que significaba al mismo tiempoel fracaso del gobierno militar.34 El gobierno civilde Alfonsín encargó el ministerio de defensa,anteriormente interlocutor salarial entre el estadoy las fuerzas armadas, con la conducción políticade la seguridad nacional, reesforzó el estadomayor e impuso un nuevo código de justicia militar.El arresto de los miembros integrantes de lasjuntas militares llegó a protestas por unidadesregionales pero desprestigió a la vez las anterioresingerencias militares dentro de la política nacional.El gobierno de Menem trató a los estamentosmilitares con ‘palo y zanahoria’. Los generales yalmirantes argentinos se acomodaron al régimendemocrático. A raíz de la evidente crisiseconómica a finales del año 2001 habíaenfrentamientos fuertes de parte de la poblacióncivil Sin embargo, se chocaron con fuerzas de lapolicía. Protestas sociales por la aguda situaciónde desempleo, subempleo y pobreza expresaronla desesperación de vastos segmentos de la




población En un período de quince días había cincopresidentes, desembocando en la elección deDuhalde para completar el mandato presidencialhasta finales del año 2003 (Camou, 2002: 26 –27). Pero, en medio de estos grandes disturbiosno intervinieron las fuerzas militares. En lasituación actual de intensa crisis económica y unorden social anómico, tampoco hay mucho porganar con esfuerzos de apoderarse del gobiernosin explícito mandato electoral.

Escenario IV: democracia popular con militarismomesiánico. Venezuela, país cuya democracia yriqueza durante décadas parecía firmementeestablecida en base de los ingresos sin límitesdel petróleo inagotable, se quitó el disfraz deestabilidad política en la segunda mitad de los añosnoventa del siglo XX.35 Dos intentos de golpesdentro de los cuales el entonces coronel Chávezhabía participado tenían, sin embargo,antecedentes en un descontento gradualmentecreciente con el orden político del país que estabadesequilibrándose por ‘falta de seguridadpersonal, robos armados, un deficiente sistemaeducativo, un sistema jurídico injusto, una policíaincompetente’ (Derham, 2002a: 196). Previo a lallegada al poder por las urnas del carismáticoChávez había un largo período de casi continuasprotestas, culminando por un primer momento enel Caracazo (1989) pero rápidamente seguido poruna nueva cadena de protestas, disturbios,marchas, ocupaciones de tierras y edificios cadavez más violentas (López-Maya, 2002). Esta‘democracia de la calle’ fue una larga pero continuaintroducción a la “Revolución Bolivariana’ (1998 -2000). Chávez ganó las elecciones presidencialesen el año 1998 con 56 por ciento de los votos. En1999 obtuvo tres veces una mayoría por ocasióndel referendo para una nueva Constituyente,elecciones para aquella Constituyente y laConstitución propia. En el año 2000 ganó laselecciones presidenciales bajo la nuevaconstitución con 60 por ciento de los votos, en sumayoría procedentes de las clases populares yde los segmentos de la izquierda (Molina, 2002:223 – 224, 234). El hecho que Chávez goza deuna popularidad sostenida es claro. Hay unaanalogía con otros regímenes militares deizquierda nacionalista del pasado el sentido quetambién Chávez goza de una popularidad directay del apoyo de las masas populares quienes

idealizan los virtudes militares de los generales-presidentes revolucionarios como LázaroCárdenas (México), Velasco (Perú) y Torrijos(Panamá).36 También Chávez ha lanzado unambicioso programa de reformas económicas,sociales y políticas (Vivas, 1999). Su discurso esmesiánico y atribuye a las fuerzas armadas unamisión de salvación de la nación y de reformasprofundas como instrumento. Identificándose conlas masas expresa su menosprecio por elrégimen anterior, inepto, corrupto. Peroigualmente es claro que –contrario al caso de losmencionados presidentes militares reformistasque durante su administración gobernaron con elapoyo de sus instituciones armadas– losestamentos superiores de las fuerzas armadasvenezolanas están fuertemente divididas. El golpede 2002, cuando Chávez estaba dos díasdestituido y podía reestablecerse en el palaciopresidencial después de un sublevantamientopopular, demostró también que hay faccionesdentro de las cúpulas castrenses que opinan demanera diferente y que lamentan la politizaciónbolivariana de sus instituciones.

Discusión

Las fuerzas armadas de América Latinamarchan en general en la dirección de un destinoconfortable y prestigioso de profesionalismo y deservir como legítimo brazo fuerte de sus naciones.En comparación de los largos años de lasdictaduras de las cuales sufrió la gran parte delcontinente desde los años sesenta hasta ochenta,la conclusión global no puede ser otra que laredemocratización iniciada a mediados de losaños ochenta ha sido exitosa y estáconsolidándose. Sin embargo, la década de losochenta no era solamente el inicio de lademocracia, también se manifestaron en casi todoel continente las primeras consecuencias de unalarga y profunda crisis económica que, por elmomento, ha resultado en un panorama depobreza a la par consolidándose con lademocracia. Aquí hay un peligro estructural: En elcontinente donde grandes segmentos de lapoblación pertenecerá probablemente toda su vidaen la informalidad precaria, tiene que sobreviviren un estado de pobreza normalmentetransgeneracional, no va a tener mucha esperanzapara una vida menos miserable para sus hijos y


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nietos, debe contentarse con una ciudadanía desegunda categoría, ¿quienes van a sostener lademocracia para las próximas generaciones? Enel párrafo correspondiente señalé la profundadesconfianza de los pobres, marginados yexcluidos en los instrumentos clásicos de lademocracia: parlamentos y partidos, jueces yjusticia, el sindicalismo y las asociaciones delorden formal. ‘No sirven para mi, son corruptas,no son para nosotros’, escuchan losencuestadores habitualmente cuando formulanpreguntas sobre el funcionamiento de talesinstituciones. La desconfianza se expresa enalgunos casos directamente en una simpatía paralas viejas y las nuevas iglesias que por lo menosofrecen consuelo, en políticos de la antipolítica queofrecen el pan de hoy, el vaso de leche demañana, en líderes e instituciones autoritarias,dentro de las cuales las fuerzas armadas tienenuna presencia privilegiada. En algunos países deAmérica latina se presentaron este tipo de líderes:Fujimori en Perú, Chávez en Venezuela, con ungobierno plebiscitario en alianza con lasinstituciones armadas.

Sin embargo, la popularidad de las institucionesarmadas como salvadores en caso deemergencia ha sufrido unas bajas. Es interesantenotar que una serie de cambios de gobiernos noelectorales durante los últimos cinco años haocurrido no por un golpe o un pronunciamientomilitar, sino por lo que arriba señalé como la‘democracia de la calle’: movimientos popularesespontáneos, protestas en los barrios, marchaspacíficas, huelgas de brazos caídos,transformándose en movimientos políticos, frentesregionales de protesta y organizaciones popularesad hoc. La caída de Fujimori fue acompañada yúltimamente inducida por tales movimientos. Loscambios presidenciales en Ecuador fuerondeterminados del mismo modo, aunque con elapoyo explícito de las fuerzas armadas. Argentinaveía así el cambio tan rápido de cinco presidentes.También en Venezuela se decidió el fracaso de laintervención militar para relevar a Chávez por losmovimientos populares. Pero en la mayoría de lospaíses del continente se cambia los gobiernos nipor golpes ni por protestas populares. A partir de1985 comenzó a ser la forma normal yconveniente de cambiar el gobierno a raíz deelecciones limpias y transparentes. Un buen

gobierno democrático que brinda servicios a lospobladores de las regiones remotas, las aldeaspobres y los barrios populares urbanos y de losmetrópoli y no solamente a los “electores de claseA y B”, puede estar seguro tener sucesoreselegidos por ciudadanos que optan por los líderesdecentes.

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Dirk Kruijt es profesor de estudios de desarrollo yvicedecano de la Facultad de Ciencias Socialesde la Universidad de Utrecht. Ha publicado sobre(1) pobreza y exclusión social e integración étnicaen situaciones de post-conflicto, (2) y sobre rela-ciones cívico-militares, violencia y conflictos in-ternos, y reconstrucción social.

Notas

1. En este y el siguiente párrafo utilizo la argumenta-ción de Koonings y Kruijt (2002a) y Kruijt y Koonings(2002). Agradezco también a Antonio Araníbar y LilianBobea por sus valiosos comentarios.

2. Sedney (1997: 202 – 227) y Dew (1994).3. Véase Schirmer (1998) y Rosada-Granados (1999).

Sobre los primeros años después de la paz, véaseArévalo de León (1998). Sobre los actores durantelas negociaciones de la paz, véase Krznaric (1999).

4. Sobre la paz en perspectiva comparativa, véase Arnson(1999). Sobre el legado de la violencia, véaseKoonings y Kruijt (1999). Domínguez y Loewnthal(1996), Hunter (1997), Loveman (1999) y Silva (2001)documentaron este proceso de transición. Sobre lagradualidad de la transferencia, véase Arévalo deLeón, 2001. Para un análisis de los militares políti-cos en la actualidad, véase Koonings y Kruijt (2002b).

5. En Colombia se incrementó el presupuesto militarmediante impuestos especiales. Las fuerzas arma-das chilenas siguen contando con un presupuestoestable en base de un porcentaje de la venta del co-bre. Los militares ecuatorianos pueden contar con elquince por ciento de las ventas nacionales del cru-do.

6. Véase por ejemplo Rojas, Arévalo de León y Sojo(1998) y Rojas (2001).

7. Véase Argúedo y Stark (1998), Diamaond (1999) yO’Donnell (1999).

8. Para un análisis reciente de las fuerzas paramilitaresen América Latina, véase Koonings (2001).

9. En el caso de Guatemala está ejemplarmente anali-zado en los informes de las dos comisiones de laverdad: Guatemala nunca más (1998, Tomo II) y Gua-temala memoria del silencio (1999, Tomo II).

10. Con la excepción de Chile, ningún comandante delas fuerzas policiales ha formado parte de las juntasmilitares de gobierno en la segunda mitad del sigloXX.

11. Véase Rua (1998).12. Como Tokman (1992), Rakowski (1994), Candia

(1996), Fleury (1998), Grompone (1998), Lagos yArriagada (1998), Pérez Saíns (1998), Pradilla (1998),Salama (1998), Tokman y Martínez (1999), y Eggery García (2000). Franco y Saínz (2001) subrayan tam-

bién la pauta de consolidación de la pobreza peroopinan que las tazas de pobreza se mejoraron lenta-mente durante la década de los años noventa. Ellosproyectan el desarrollo de la pobreza en base de lapauta entre 1990 y 1997. Sin embargo, otra publica-ción de la misma CEPAL (Ocampo, 2000) es máspesimista en base de los datos entre 1999 y 2000.

13. Aquí sigo la argumentación de Brooks y Wohlforth,2002).

14. El día 7 de octubre de 2002.15. En este párrafo no presto atención al caso de Cuba.

Cuba es una excepción en el sentido que sus fuer-zas armadas forman parte del sistema partidario-po-lítico. Para un estudio reciente sobre tendencias eco-nómicas, sociales y políticas en Cuba, véaseCarmona (2002).

16. Para mayor detalles, véase Muñoz (1990).17. Para mayor detalles, véase Salomón (1997, 2001).18. Véase Williams y Walter (1997), Popkin (2000) y

Artiga-González (2002).19. Sin embargo, después de Cuba es la República Do-

minicana quien mantiene las fuerzas armadas másvoluminosas del Caribe. Cuenta con 30.000 militares(el ejército tiene unos 15.000 personas) y una fuerzade policía entre 26.000 y 28.000 personas. La segu-ridad privada, en manos de unos cien empresas,emplea entre 20.000 y 25.000 personas. Para unanálisis de temática caribense, véase Bobea (2002).

20. Véase al respecto Navia (2000), Rojas y Stefoni (2001)y Agüero (2002).

21. En una contribución ejemplar analiza Foweraker(2001) la marcada presencia de movimientos popu-lares y de las ONG tanto en Chile como en Brasildespués de los años de la dictadura.

22. Véase Kingstone y Power (2000) y Castro (2002).23. Para demostrar la intensidad de la lucha y el núme-

ro de víctimas basta leer periódicamente el Jornal doBrasil. Este periódico de fecha 12 de setiembre de2002 dedica cuatro de sus 16 páginas del primercuadernillo a la información sobre matanzas entrelíderes rivales de bandas, ocupación de favelas porla policía, la influencia del poder paralelo de los trafi-cantes de droga, mayor presencia de la policía enlas calles para garantizar la seguridad civil, matan-zas ordenadas por lideres encarceladas, etc.

24. Véase a respecto Gosner y Ouweneel (1996), Rus,Hernández Castillo y Mattiace (2001) y el númeroespecial de la revista Latin American Perspectivessobre Chiapas: The Indigenous People of Chiapasand the State in Time of Zapatismo: RemakingCulture, Renegotiating Power (2001).

25. En cierto momento podía observarse una especiede énfasis del papel militar por el aumento de losgastos militares y la presencia militar más visible enlos cuerpos de seguridad pública (Benítez, 1996).


ANALISIS


26. Véase Rosada-Granados (1998), Kruijt y van Meurs(2000) y Schirmer (2002).

27. Véase Sieder (1998) al respecto.28. Véase Moser y McIlwaine (2001) al respecto.29. Refiero aquí a algunos estudios ejemplares, como

de Arocha, Cubides y Jimeno (1998), Llorente y Deas(1999), Peñaranda y Guerrero (1999) y Rangel (2000)y Colombia: The Forgotten War (2001).

30. Véase Leal Buitrago (2000) para un análisis.31. Y un segundo grupo guerrillero, el Movimiento Revo-

lucionario Tupac Amaru.32. Véase Degregori (1990, 1999), Gorriti (1999),

Manrique (2002), Memoria para los ausentes (2001),Starn (1999) y Stern (1998).

33. Véase Blondet (2002), Cotler y Grompone (2001),Dammert (2001), Degregori (2001), Diez Canseco(2002), Jochamowitz (2002a, 2002b), Marcus-Delga-do y Tanaka (2001), Mora et al (2001), Rospigliosi(2001).

34. Véase McSherry (1997) y Diamint (2001).35. Para mucho de la argumentación en esta sección

estoy apoyándome en Contemporary Politics in Ve-nezuela (2002). Para un sinopsis histórico, véaseCameron y Major (2001) y Derham (2002b).

36. Levine (2002: 261 – 263) hace también referencia aesta similitud pero concluye en un paralelismo conPerón.


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