CAPTULO XII

EL AMPARO, JUICIO Y RECURSO

ay inmensa distancia del modo de considerar las garantas indivi-

duales en la Constitucin de 57 al modo de verlas en el Cdigo

de Procedimientos Federales en Materia Civil; la primera, que abre sus

mandamientos con el principio, falso en verdad, pero altamente significa-

tivo del respeto y estima en que se las tena, de que son la base y objeto de

las instituciones sociales, es decir, lo ms elevado del Derecho, fuente y

origen de toda la felicidad humana; el segundo, que con pretextos sin im-

portancia, las somete a las sutilezas y convencionalismos del Derecho ci-

vil, la menos profunda y la ms grosera de las ciencias jurdicas. La Cons-

titucin, obra ardiente de una revolucin vencedora, se propona fundar

derechos, superiores en fuerza y vigor a cualquier despotismo, y era obra

esencialmente poltica, fruto de las tradiciones del abuso del poder; el C-

digo, obra reposada, propsose, por fuerza de reaccin, encauzar, enfre-

nar el desenvolvimiento desordenado de las prcticas del juicio de recla-

macin de garantas, obra meramente jurdica, fruto de la enseanza que

daban muchos aos de abuso y de chicana de leguleyos. Como el poder

conspiraba contra los derechos individuales que estorbaban su accin sin

lmites, el inters particular ha conspirado contra las justas limitaciones de

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H

aquellos derechos, llevando los efectos del juicio de amparo a una latitud

incompatible con las subordinaciones indispensables de la constitucin

social. Y como el individuo, valindose de las deficiencias de la ley, pre-

tende sobreponer sus derechos a las necesidades colectivas, el legislador

trata de corregir las deficiencias perjudiciales, y como suele suceder con

todas las fuerzas de reaccin, la suya va ms all de lo que el equilibrio

requiere.

No hay que negar que las tendencias contrarias de estas fuerzas an-

tagnicas se habran manifestado de todas maneras al ponerse en prctica

la nueva institucin del juicio de amparo, despus de 57, hasta que el ejerci-

cio de las garantas y la jurisprudencia de los tribunales fijaran el derecho;

pero esto, que en las condiciones normales habra sido una simple oscila-

cin cada vez menor, hasta llegar a la estabilidad de las instituciones acep-

tadas, en nuestro caso ha sido un movimiento desordenado, con fuerzas

bruscas que se combaten, y como de elementos que tratan de destruirse. Y

es que para la prctica del juicio creado para proteger las garantas indivi-

duales, hay, dentro de la Seccin I de la Constitucin, el elemento extrao

que rompe la unidad de la obra y la armona de sus partes; el artculo 14,

artculo rebelde, porque es de naturaleza distinta de la de los otros, pone a

la ley en esta disyuntiva: o la ley reglamenta en consideracin a los dems

preceptos de la Seccin I, y entonces el artculo 14, sin las duras restriccio-

nes que necesita, es fuente de desrdenes y abusos intolerables, o reglamen-

ta en consideracin al artculo 14, y entonces todas las dems garantas se

someten a limitaciones que las hacen irrisorias. Si quiere burlarse el rigor de

la disyuntiva, adoptando el medio de hacer dos reglamentaciones distintas,

se caer en una inconsecuencia de legislacin que no es fcil aceptar.

EM ILIO RABASA

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El famoso artculo, origen desconocido de muchas anomalas y, por

ende, de dificultades que han ido conduciendo de confusin en confusin,

ha sido causa de una cuestin singular, que no debiera haber preocupado

nunca a los que de leyes entienden: la de si el amparo es un juicio o un

recurso. La Ley Reglamentaria de 1861, que se atuvo simplemente a la

Constitucin, llam al amparo juicio, como sta le llama en el artculo 102;

y la Constitucin lo design as, porque sus autores no sospecharon las

revelaciones que haba de hacer la prctica, y buenamente supusieron que

el amparo iba a ser siempre el ejercicio de un derecho surgido de una vio-

lacin, de una accin nueva no juzgada todava y que haba de dar mate-

ria a un juicio nuevo tambin. La Ley de 1869, basada en alguna expe-

riencia, pero de todas suertes hecha sobre un conocimiento mucho mejor

de los artculos 101 y 102 de la Ley suprema, comienza a considerar el

amparo como recurso, y prefiere en lo general esta designacin, que se ve

an en el rubro de uno de sus captulos. Con sobra de experiencia y plena

conciencia de lo que haca, la Ley de 1882 estima el amparo como un re-

curso y as lo llama casi siempre que lo nombra; pero, en seguida, lo que

pareca resultado no intencional del concepto que de esta clase de proce-

sos se haba ido formando, se someti a especial consideracin, y fue deli-

berada resolucin la de llamar siempre juicio al amparo en el Cdigo Fe-

deral de Procedimientos Civiles, y ha quedado legalmente resuelto que es

siempre y en todo caso un juicio.

Pero la ley es impotente para cambiar la naturaleza de las cosas, y

la diferencia entre juicios y recursos depende de la naturaleza de la re-

clamacin que los origina, y se funda en la diferencia irreducible entre el

todo y la parte; el juicio no se inicia sino intentando una accin para reclamar la sa-

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tisfaccin de un derecho; comienza por la demanda y concluye por la senten-

cia que causa ejecutoria; el recurso se entabla sobre una resolucin judicial para

reclamar la revisin y tiene por objeto que se corrija la mala aplicacin de una ley; es

una parte del juicio, que comienza con la reclamacin del error cometido

y concluye con sentencia, que no es necesariamente la misma que pone

fin al juicio. En este concepto, el procedimiento de amparo, tal como lo

autoriza y establece la ley, puede ser un juicio y puede ser un recurso. Es

lo primero siempre que lo motiva la violacin de cualquier artculo que

no sea el 14, porque esta violacin origina una accin nueva, que se ejer-

cita en el amparo reclamndose la satisfaccin del derecho violado; el jui-

cio fenece por la sentencia de la Suprema Corte, y si la autoridad ejecuto-

ra del acto reclamado contina los procedimientos en que incidentalmen-

te surgi el proceso federal, es con distinta materia, pero nunca para se-

guir examinando la misma accin que la sentencia federal dilucid. En el

caso del artculo 14 sucede todo lo contrario, y entonces el procedimiento

federal tiene toda la naturaleza y todos los caracteres del recurso; el pre-

texto es una violacin, pero como el oficio de la Suprema Corte es exa-

minar si la ley ha sido o no exactamente aplicada, es de mera revisin, y

tiene por objeto enmendar la mala aplicacin de la ley en los procedi-

mientos comunes; la resolucin de la Corte no fenece el juicio, porque no

resuelve definitivamente sobre la accin intentada, y los tribunales comu-

nes, continundolo, siguen sobre la misma materia en que intervino la

justicia federal. Hay simple recurso cuando se hace mera revisin, y hay

mera revisin siempre que una autoridad se propone justamente la misma

cuestin que se propuso la que dict la resolucin reclamada; el juez co-

mn dice: la ley X se aplica de tal modo en el presente caso; la justicia fe-

deral se pregunta si la ley X se aplica efectivamente de tal modo en aquel

EM ILIO RABASA

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caso; y resulta de esta manera el amparo tan revisin y tan recurso, que

por su esencia no se distingue en nada del recurso de apelacin.

Esta verdad se impona, en virtud de la experiencia, en el espritu

de los legisladores de 1882, cuando preferan llamar al proceso federal

recurso, y se impona muy gravemente por razones de necesidad prctica;

porque si con apoyo del artculo 14 toda resolucin judicial en materia

criminal y civil es anulable por el amparo, ninguna resolucin queda

ejecutoriada en los tribunales comunes, y el agraviado puede, despus

de uno, cinco o diez aos, reclamar una violacin, mantenindose en

inseguridad e incertidumbre perpetuas todos los derechos civiles. Aque-

llos legisladores, al dar legal entrada al amparo en negocios judiciales,

sin limitacin en la materia, vieron la necesidad correlativa de ponerla

en el tiempo, y fijaron para el recurso el trmino judicial que como tal

recurso deba tener para entablarse, negndole los respetos que corres-

ponden a los derechos del hombre, inalienables, imprescriptibles y base

y objeto de las instituciones sociales. Este mandamiento de la Ley de 82,

necesario, indispensable para mantener el prestigio de las resoluciones

judiciales, el vigor de las leyes y la confianza de la propiedad, determin

el comienzo de la degeneracin del juicio de amparo; degeneracin que

hemos visto continuada y que ha de llevarlo, si no se remedia, a extre-

mos de irrisin y burla.

La Ley de 69, la ms ingenua y ms conforme con el espritu de la

Constitucin, quiz porque no se inspiraba en larga prctica, que (como

ya en otra ocasin hice observar) es origen de malsimas preocupaciones

cuando no se acompaa de muy fino anlisis de los hechos; la Ley de 69

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declar improcedente el amparo en materia judicial; pero de hecho el ar-

tculo 8. era nada menos que la derogacin del artculo 14 constitucio-

nal. La Ley de 82, posterior a las discusiones sobre el alcance del artculo

14, provocadas por la interpretacin de Lozano y Vallarta, resolvi por

autoridad legislativa la cuestin debatida y vacilante en las ejecutorias;

abandon la solucin radical, de esencia inmejorable, pero sin autoridad,

de su antecesora, reducida a la supresin del artculo incorregible de la

Constitucin, e incurri, por llevar por mal camino una necesidad de or-

den social, en la inconsecuencia de fijar un trmino breve y perentorio

para el ejercicio de un derecho considerado como una garanta indivi-

dual. Vino, por ltimo, el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, y

encontr ya en su antecesora el principio fundamental de corrupcin ori-

ginado por el artculo imposible de acomodar en una reglamentacin de

las dems garantas; principio bien claro, como raz y antecedente necesa-

rio del artculo 57 de la Ley de 82; puesto que ste fijaba el trmino de

cuarenta das para entablar el recurso de amparo en negocios judiciales y

civiles, haba sido implcitamente aceptado, como principio de nuestro

Derecho constitucional, el de que el derecho de reclamar una garanta

violada puede restringirse en el tiempo y ser sometido a breves trminos

judiciales.

La ley secundaria que abusa es corrosiva para las instituciones y se

extiende poco a poco, pero sin limitacin, como la mancha de aceite. As

el Cdigo acept el principio implcito de la Ley de 82 y la ampli ex-

traordinariamente, y debemos esperar que, puesta la ley en esta va, ha de

andar mucho camino en lo futuro. La Ley de 82 slo fij trmino judicial

para interponer el recurso en materia civil, en vista de un mal que no qui-

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so curar radicalmente; de suerte que slo alcanzaba la garanta del artcu-

lo 14 en una de sus fases; el Cdigo se vali de un ardid, de una presun-

cin juris et de jure, es decir, de una ficcin legal, slo admisible y solo admi-

tida en el convencionalismo del Derecho civil, para restringir las garantas

individuales y para rebajar el concepto de los derechos del hombre con-

signados en la Ley fundamental: el juicio de amparo es improcedente

contra actos consentidos, y se presumen consentidas las violaciones del de-

recho individual, por el solo hecho de no interponerse el amparo dentro

de los breves y perentorios trminos que seala el artculo 779, fraccin V,

en sus cuatro incisos. Ya esta restriccin no se limita al artculo 14: com-

prende todos los decretos y autos dictados en proceso criminal, abarcando

por consiguiente todas las violaciones de los artculos 17, 18, 19, 20 y

otros; comprende los actos del orden administrativo en general, con lo

que abarca la violacin de casi todas las garantas enumeradas en la Sec-

cin I; y de un modo especial seala la violacin del artculo 5., por con-

signacin al servicio de las armas, para hacer en su favor, y como una

muestra de particular respeto, la excepcin de los trminos muy cortos,

pues fija para presumirla consentida el de noventa das.

Estos trminos estn delatando que el Cdigo, tan empeado en

restablecer para el amparo el nombre de juicio, le da, de cierto, la cali-

dad de recurso. Las leyes sealan y han sealado siempre para interpo-

ner recursos, trminos judiciales, y para instaurar juicios, tiempo de

prescripcin, supuesto que el juicio puede entablarse mientras la accin

no prescriba; y como el que ocurre al amparo, ejercita la accin que na-

ce de la violacin de una garanta individual, no podemos menos que

considerar con pena que dura ms la accin para reclamar el precio de

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un caballo que la que da la ley para reparar la violacin de los derechos

del hombre.

Repugna a la naturaleza de stos que el solo lapso de unos das los

deje a merced de todo abuso, que el transcurso de dos semanas sancione

una violacin convirtindola en derecho monstruosamente amparado por

la ley, y que, por medio del subterfugio de una presuncin legal, el dere-

cho para rechazar un atentado se convierta en obligacin de sufrirlo. De

esta suerte los papeles se truecan: la autoridad culpable se hace con un derecho mediante

el desacato de la Ley suprema, y la vctima, si trata de repeler la ofensa, se hace culpa-

ble de rebelda. Y a esto no se llega, no se ha llegado, simplemente por una

degeneracin de las ideas fundamentales del juicio de amparo, sino por el

ms grave falseamiento del concepto fundamental de los derechos indivi-

duales; partamos ahora de las nuevas formas de estas concepciones, siga-

mos legislando de tiempo en tiempo sobre la materia, y dos o tres leyes

ms bastarn para aniquilar el amparo y las garantas que son su objeto.

En todos los casos (menos en tratndose de materia civil por el ar-

tculo 14) resulta monstruoso el tal consentimiento presunto de las viola-

ciones; pero la extincin del derecho de recurrir al amparo por el lapso de

unos das aparece inicuo cuando la violacin no concluye, sino que sigue

siempre consumndose, cuando es de tracto sucesivo. Un propietario a

quien en tiempo de paz se exige alojamiento militar, si deja pasar quince

das sin entablar el amparo, tendr que sufrir un ao el abuso convertido

en derecho; un deudor preso porque no paga, despus de quince das de

dictado el auto de prisin, no podr acudir por violacin de garantas a

los tribunales federales, sino hasta que se dicte sentencia...

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Esto del tracto sucesivo no escap a la consideracin de los autores

del Cdigo, que lo tuvieron en cuenta, segn dice la parte expositiva, para

no presumir el consentimiento respecto a penas corporales; y precisamen-

te por haberlo contado para hacer una excepcin expresa, hay que creer

que no debemos hacer una excepcin general para todos los casos en que

los efectos de la violacin continan por tracto sucesivo. A mayor abun-

damiento, la misma Comisin muestra admitir sin repugnancia que aun

las violaciones de tracto continuo se sancionan con el consentimiento pre-

sunto, en el caso expresamente previsto de la consignacin al servicio de

las armas. Pasados cuarenta das sin que se haya acudido en demanda de

amparo, el hombre es una bestia sin voluntad, y el acto brutal de una au-

toridad cualquiera de consignado al servicio de las armas se ha convertido

en procedimiento administrativo normal que crea un derecho en favor del

Estado. A los noventa y un das, el forzado sigue siendo un forzado; pero

en vano ser que diga que ni tuvo antes ni tiene entonces voluntad de

prestar el servicio, porque la ley presume que ya consinti, y en este caso

original la presuncin no consiste en deducir de un hecho conocido otro

desconocido, sino en falsear la verdad conocida y evidente, por medio de

una ficcin hipcrita. Pero lo que hay de extraordinario en este punto, es

que nuestro Derecho constitucional resulta en l inferior todava al civil,

porque, segn ste (y precisamente en respeto a la libertad humana), toda

obligacin de hacer se resuelve en la obligacin de indemnizar; un contra-

to libremente celebrado de servicio, se rompe por la sola voluntad del que

ha de prestarlo, que no puede ser compelido por la fuerza a cumplir

aquella obligacin; de modo que el Cdigo federal, al sentar el principio

opuesto, no slo respeta la libertad del hombre menos que la ley civil, sino

que da al consentimiento presunto una fuerza que la ley civil no atribuye

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al consentimiento expreso. Lo cierto es que para las violaciones de tracto

sucesivo no puede haber trmino, pues ste se cuenta desde la ejecucin y

aqullas se estn ejecutando siempre; pero aceptada esta condicin, no

debe exceptuarse la consignacin al servicio del ejrcito.

Como el Cdigo opt por el extremo de que el amparo es un juicio

y no un recurso, tena que sostener que el tiempo concedido para inter-

ponerlo no es un trmino judicial, y la lgica lo arrastr a decir en serio lo

que antes he dicho yo para llevar un argumento al absurdo: que es un tr-

mino de prescripcin; y debo notar que trmino de prescripcin es una expresin

promiscua no usada en nuestras leyes, que llama trminos a los judiciales

y tiempo al lapso para prescribir, y que denota en la Comisin autora del

Cdigo, una como tendencia irresistible a llamar a las cosas por sus nom-

bres. Es lstima que la Comisin haya pasado tan de prisa sobre punto

tan grave, pues sera de ver cmo se funda una prescripcin que cuenta el

tiempo por tan pocos das, y que hace una nonada de las garantas indivi-

duales; pero es de creerse que, si al redactar el artculo 779 la Comisin

hubiera tenido la conciencia de estar legislando sobre prescripcin, no

habra sealado a la de accin por violaciones constitucionales un tiempo

menor que el que se requiere para la prescripcin de los honorarios de un

albitar.

Lo cierto es que el ampar es un juicio; pero la Comisin, puestos

los ojos en el artculo 14, respecto al cual el amparo es recurso, trat todo

el amparo como recurso judicial. La ley de 82 haba puesto la mano sobre

el artculo 14, fijando un trmino perentorio para interponer el amparo

en materia civil; el desacato era necesario; juzgado aisladamente respecto

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al artculo 14, era debido; pero, en principio general, haba puesto la ma-

no sobre una garanta, estableciendo un precedente que deba conducir al

extravo de la legislacin constitucional.

Es preciso expulsar de la Constitucin este artculo y substituirlo

con otro que est en armona con los dems. Entonces el amparo ser un

juicio, la accin para entablarlo no se someter a un breve trmino judi-

cial, y en los casos en que deba ser prescriptible, lo ser, pero derivndose

los preceptos que normen su modo de extinguirse, de los principios fun-

damentales de la prescripcin; la Ley del Procedimiento en los Juicios de

Amparo ser otra vez respetuosa y, por ende, respetable, y los derechos

del hombre reconquistarn sus fueros desconocidos y su autoridad men-

guada.

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