Santiago 2 de Septiembre de 2013.

SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN Y PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES.

SR. MINISTRO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA.

SR. MINISTRO DEL INTERIOR.

SR. MINISTRO SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.

El Gobierno ha remitido al Congreso un proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Cultura. Al respecto queremos exponerle de manera breve nuestra posición ante dicha iniciativa, la cual puede ser fundamentada en mayor extensión en cada uno de sus puntos:

1.- Valoramos que la institucionalidad pública de la Cultura y también del Patrimonio, sean llevadas a nivel de un Ministerio dentro del Estado de Chile. Durante décadas una parte importante de los ciudadanos han solicitado que dicha institucionalidad tenga ese rango, lográndose sólo medidas intermedias, que si bien fueron un avance, no resolvieron temas de fondo, tanto legales como institucionales.

2.- No obstante lo anterior, después de un detenido estudio, consulta a diversas personalidades y reuniones entre expertos, hemos llegado a la conclusión que dicho proyecto de ley, si bien en su mensaje contiene importantes ideas que compartimos en lo general, en su articulado desfigura su propósito y genera una institucionalidad, que más que resolver viejos problemas, los aumenta con su propuesta, tanto en lo conceptual, institucional, técnico y laboral.

3.- En lo conceptual el proyecto no logra comprender las fronteras comunes y las diferencias específicas que implica abordar lo cultural y lo patrimonial en el presente. Tanto en una como en otra dimensión, deja los campos de la creación cultural, como de la conservación del patrimonio, al arbitrio y lógicas del mercado y de los fondos concursables e incluso más, externalizando funciones propias del Estado en estos ámbitos con lo cual se debilita y se privatiza la función pública. Estas estrategias no pueden ser las únicas privilegiadas en la asignación de recursos, debiendo ser armonizadas con otras

que fortalezcan la participación, la complementación y una visión más integral, social y territorial.

4.- En lo institucional no resuelve la dispersión que existe de normas y servicios públicos que tratan la cultura y el patrimonio, en los cuales la coherencia, coordinación y no competencia es esencial de abordar, como por ejemplo, para solo nombrar algunos, las políticas, planes y proyectos que se desarrollan en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Lo que es peor, desordena las atribuciones y funciones históricas que tienen la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el Consejo de Monumentos Nacionales y las confunde aún más con las que se le asignaron al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

5.- En este aspecto, la creación de un nuevo servicio como la Dirección de Patrimonio y consejos a nivel nacional y regional, con funciones y atribuciones difusas que disuelven las instituciones históricas, más que modernizarlas, creará un sistema estatal farragoso, pesado y más burocrático que el actual.

6.- La orgánica ministerial que se propone podría ser mucho más simple creando dos subsecretarías, una dedicada a la cultura y otra al patrimonio, a las cuales se les encargaría coordinar los servicios públicos ya existentes, potenciando las coordinaciones necesarias entre sus unidades, tanto en lo político como en su accionar programático, evitando las duplicidades y ambigüedades existentes y fomentando además la vinculación con otros ministerios en lo que corresponde a la planificación territorial y distribución de los recursos.

7.- En lo técnico se requiere actualizar la legislación de monumentos nacionales, transformando la actual en una ley del patrimonio, cuestión que el actual proyecto no enfrenta y que podría resolver con modificaciones de algunos artículos, evitándonos así una nueva discusión parlamentaria y varios años más de demora a problemas que llevan décadas: como la descentralización, el tratamiento del patrimonio inmaterial, nuevas categorías de manejo, incentivos e instrumentos de gestión y de financiamiento.

8.- En lo laboral, es un proyecto inconsulto con las organizaciones sindicales representativas y lejos de dar seguridad a los trabajadores de la cultura y el patrimonio, repite los mismos errores de otros servicios públicos creados en los últimos años, no reconociendo antigüedades, experiencias acumuladas,

estableciendo sistemas que promueven y reproducen la inestabilidad funcionaria (contrata) y desaprovechando la experiencia de los trabajadores en la comprensión de los problemas institucionales que los aquejan en su accionar diario. El proyecto no busca reparar las brechas salariales de los trabajadores de cada sector, ni establece nuevas plantas definidas en la ley acordes con las nuevas funciones y que garanticen una carrera funcionaria estable, profesionalizada y libre de toda arbitrariedad.

9.- En lo político, el citado proyecto adolece de un problema de origen al no haber considerado y convocado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, los colegios profesionales, el mundo académico, los partidos políticos, las comunidades urbanas y rurales, y los pueblos indígenas, con el objeto de llegar al Congreso con un proyecto más consensuado y maduro. Aún más, la presentación del actual proyecto a su tramitación cuando quedan pocos meses del actual gobierno creemos que es inoportuno, demostrando que su intencionalidad es más testimonial, ya que el mismo quedará sin piso político y en la más completa orfandad.

En razón de los puntos arriba expuestos, creemos que lo más indicado es retirar el proyecto de ley presentado, dejando libre el camino para que un nuevo proceso de deliberación proponga una iniciativa que no repita los vicios que tiene el actual.

Les saludan atentamente,

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS FISCALES, ANEF.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS, ANFUDIBAM.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, ANFUCULTURA.

ASOCIACIÓN DE BARRIOS Y ZONAS PATRIMONIALES.