CASOS DE CORRUPCION A NIVEL NACIONAL Y LOCAL

Para efectos de recordar, hacemos un listado de algunos de los casos de presunta corrupción más importantes de estas las dos últimas décadas.

Gobierno de Fujimori

1. Caso Aken y Apenkai

Se trata del caso de la desviación de fondos de recursos públicos y donaciones de personas y entidades japonesas. Según las investigaciones, Aken y Apenkai, ONGs creadas por Fujimori para recibir donaciones japonesas, una vez Alberto Fujimori Ganó las elecciones de 1990, habría recibido 20 millones de dólares en donaciones de diversas organizaciones y ciudadanos japoneses pero nunca se supo que fue de este dinero.

Aunque tras estas operaciones estuvieron las hermanas de Fujimori, Rosa y Juana Fujimori y el cuñado de aquél Víctor Aritomi, se supo después que era el propio Alberto Fujimori el que manejaba la citada institución.

2. Congresistas trásfugas

Alberto Fujimori, su entonces asesor Vladimiro Montesinos, los Ministros de Defensa e Interior y los jefes de los Institutos Armados, crearon un fondo con recursos del Estado para inducir, mediante sobornos, a los congresistas electos en 2000, a cambiarse de bancada e incorporarse al partido de gobierno (Congresistas trásfugas) con la finalidad de construir una mayoría parlamentaria o de lo contrario obtener su apoyo, a través de sus votos pero manteniéndose en sus respectivas organizaciones (congresistas topos).

3. Tractores chinos

En setiembre de 1992, Alberto Fujimori dispuso la adquisición de tractores a las Corporaciones Nacionales de la República Popular de China, mediante un irregular proceso de adjudicación directa, resultando beneficiada la empresa China National Constructional & Agricultura Machinery Import & Export Corporation.

Se suscribieron dos contratos: mediante el primero, se adquirieron 3,000 tractores y diversos implementos agrícolas por el precio CIF total de US$ 23’022,865; y mediante el segundo contrato, 1,100 tractores, maquinaria, implementos agrícolas y equipos por un monto de US$ 34’767,313.

Luego de la compra, Fujimori ejerciendo funciones que no le correspondían dispuso la distribución directa de los bienes.

Se ha determinado que del total de los bienes adquiridos 454 tractores se encontraban inoperativos y 231 han desaparecido, siendo el valor de los mismos US$ 10’560,000.

4. Pago Sunat-Borobio.

Daniel Borobio mantenía una deuda con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, hasta que los pagó con fondos del Estado. Los delitos: asociación ilícita para delinquir y peculado en la utilización de fondos del Estado en beneficio propio.

5. Medios de comunicación

En septiembre de 1999 Fujimori y Montesinos pagaron, con dineros de Estado, la suma de US$ 2’000,000, por el 75% de las acciones de cable canal de Noticias CCN, para constituirlo en un vocero que sirviera para la segunda reelección de Fujimori.

Con el mismo fin se pagó US$ 1’750,000 a, propietario del Diario Expreso, Eduardo Calmell del Solar.

Conformaron esta organización criminal, que destinaba fondos al Servicio Nacional de Inteligencia para el propósito descrito: el ex Presidente Alberto Fujimori, su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas: José Villanueva Ruesta (Ejército), Elesvan Bello Vásquez (Fuerza Aérea) y Américo Ibárcena Amico (Marina de Guerra).

6. Medicinas chinas. Decretos de Urgencia irregularmente emitidos

Según copias de los contratos, mencionadas por la Revista Caretas, en Estado peruano compró a cuatro empresas chinas medicamentos y equipos médicos por un monto de US$ 29´002,614.71 entre 1990 y 1994.

Lo curioso del hecho es que el 94.6% de este monto (US$ 27´445,474.71) corresponde a adquisiciones hechas a los consorcios que Víctor Joy Way dijo haber representado en el Perú hasta 1991: China National Medicines & Health Products Import & Export Corporation y Guangdong Medicines ans Health PRoducts Import & Export Corporation.

7. Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori

Es considerado el hombre más corrupto de la historia del Perú, se le acusa de varios delitos: Corrupción de funcionarios, “lavado” de dinero procedente del narcotráfico, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilegal.

Gobierno de Alejandro Toledo  

1. Caso firmas falsas

En diciembre de 2006, la entonces Jueza Anticorrupción Carolina Lizárraga, abre un proceso penal contra el ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006) por su presunta participación en la falsificación de firmas para la inscripción de su partido en 1998(4). La jueza procesa por el mismo caso a Margarita Toledo, hermana del ex presidente, y a otras 34 personas, a quienes se les considera presuntos responsables de la masiva falsificación de firmas del partido País Posible, ahora Perú Posible.

En el Congreso de la República en mayo de 2005, la comisión Villanueva que investigaba este caso, emite un informe final donde menciona que encontró responsable de infracción constitucional y asociación para delinquir al Presidente Alejandro Toledo, por este caso.

Recientemente, tras la denuncia de un medio de comunicación local, se supo que Carmen Burga, cómplice en el escándalo, trabaja en Reniec, nuevas revelaciones vuelven a poner este caso, sobre el tapete.

El expresidente de la comisión investigadora del Caso Firmas Falsas en el Congreso, Edgard Villanueva, consideró que este escándalo podría volver a ser visto en el Parlamento, “ahora que el señor Alejandro Toledo ya no está en el poder”.

2. Caso Canal 5

Ernesto Schütz Landázuri, ex socio mayoritario de canal 5, manifestó judicialmente que Toledo lo presionó para que le venda a precio de ganga el canal 5.

Pedro Arbulú Seminario, ex ejecutivo de canal 5, en su declaración ante la comisión de Fiscalización del Congreso, sostuvo que Toledo le dijo: “Me gusta la idea de que compres canal 5 y me lo vendas”. Arbulú le preguntó ¿Con que plata? Y él respondió “Eso lo tengo arreglado afuera”.

Se nombró a Genaro Delgado Parker, administrador judicial de Panamericana Telvisión, no obstante haber pasado por la salita del Servicio Nacional de Inteligencia y recibir una suma voluminosa de dinero del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.

3. Caso Zaraí

Alejandro Toledo habría pagado S/. 297,707 (US $106,324) al vocal Silva Vallejo para evitar prueba de ADN, que demostraría su negada paternidad de la entonces menor Zaraí Toledo. (L.R. 14/10/02).

Luego, los medios periodísticos dieron cuenta que se habría contratado en PetroPerú a la hija del Juez y que ésta habría cobrado ilegalmente más de ciento noventa mil soles como pago de devengados.

Segundo gobierno de Alan García

1. Caso MiVivienda

El año 2007, Guillermo Vivanco, entonces viceministro de Vivienda y José Luis Castañeda, Secretario general, utilizaron sus cargos para favorecer con jugosos contratos a la Constructora Kapala S.A., de la que eran director y presidente del directorio, respectivamente.

En el 2007 Kapala S.A. obtuvo su primer contrato con el Estado por S/.204, 797 y el 2009 el monto ascendió a S/. 4’217,973 soles. En octubre del 2007, cuando Castañeda era jefe de asesores del entonces Premier Jorge del Castillo, la constructora también firmó un contrato por S/.34’842,269 con el Ministerio de Transportes.

2. Caso SIS

Julio Espinoza Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de Salud (SIS) fue hallado responsable del robo de S/. 19 millones, que supuestamente se utilizarían para la compra de raciones alimenticias cuyos beneficiarios serían los damnificados del terremoto del 15 de agosto del 2007 que asoló Pisco, Ica y Chincha.

El 14 de junio del 2008, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por supuestamente encontrarse con una enfermedad neoplásica. De esta manera Espinoza pudo salir de prisión.

3. Caso FORSUR (Fondo de Reconstrucción del Sur)

Forsur, que tenía a su cargo la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, manejó 3 mil millones de nuevos soles.

Los representantes de los damnificados revelaron, en agosto de 2011, que de las 942 obras que Forzar aseguraba haber ejecutado, alrededor de 120 (13%) se encontraban observadas por la Contraloría y otras 14 en arbitraje por irregularidades en su ejecución e incumplimiento de las empresas constructoras.

4. Caso Petroaudios

El 5 de octubre de 2008 el programa Cuarto Poder difundió un audio en el que se escuchaba al ex directivo de Perú-Petro Alberto Químper y al ex ministro aprista Rómulo León, poniéndose de acuerdo en lo que ellos llamaban unos “faenones”.

Ambos personajes mencionan unos pagos mensuales de US$10,000 a favor de Químper, León y Ernesto Arias-Schreiber, representante legal de Discover Petroleum de Noruega en Perú, por facilitar contratos

petrolíferos de exploración en bloques submarinos de petróleo y campos de gas, en el Perú.

20 meses después de la divulgación de estos audios, aparecieron nuevas grabaciones, pero esta vez los audios involucraban al entonces Premier Jorge del Castillo y al empresario dominicano Fortunato Canaán.

5. Caso BTR

Su origen está en el escándalo de los “Petroaudios”, cuando se denunció a la empresa Business Track (BTR) que se encargó del “chuponeo” de las conversaciones telefónicas entre los involucrados.

En octubre de este año, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia ratificó las condenas contra los implicados Elías Ponce Feijoó y Carlos Tomasio por 7 años, y Giselle Giannotti por 5.

En la misma sentencia se dispone enviar copias al Fiscal de la Nación para que se decida si se investigará a los ex ministros Hernán Garrido Lecca y Jorge Del Castillo.

6. Caso Cofopri

En abril del 2010, se denuncia la venta irregular de un terreno de 300 mil m2 en una de las zonas de mayor desarrollo y valor inmobiliario de Lima, en la Panamericana Sur.

El terreno que estaba valorizado en US$ 12 millones y se vende por S/.4.908, a todas luces una suma mucho menor.

A raíz de ello Omar Quesada, entonces director de Cofopri, renuncia al cargo. Pero, minutos antes de que se acepte su renuncia, dispuso la separación de seis funcionarios involucrados en este caso.

7. Ex vice ministro de Justicia y el caso de la pesca de anchoveta.

La Fiscalía detuvo al ex viceministro de Justicia, Gerardo Castro, cuando pretendía sobornar con 10 mil dólares a un funcionario del Ministerio de la Producción para obtener permisos de pesca de anchoveta a favor de las embarcaciones de Antonio Custodio, Martín Palma y Alberto Palma Lumbres.

8. Estadio Nacional

En marzo de 2011, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la remodelación y ampliación del Estadio Nacional a un costo de 20 millones de soles. Después se supo que en realidad se habría gastado más de 200 millones de nuevos soles.

En este supuesto desbalance estarían comprometidos el ex Presidente Alan García y el ex Ministro de Educación José Antonio Chang. La obra fue comprendida dentro del paquete de los llamados “colegios emblemáticos” por el cuestionado D.U. 049-2009, que excluía del requisito de licitación, a algunos centros educativos del país, declarados emblemáticos.

JUEZ ESTUDIA ACUSACIÓN CONTRA CONGRESISTA LÓPEZ CÓRDOVA

La congresista de Fuerza Popular María López Córdova es acusada por la fiscalía anticorrupción de haber construido y comprado, con el apoyo de su conviviente y actual esposo, las naves pesqueras Asmar 1 y Asmar 2 y otras con dinero obtenido ilícitamente entre los años 1996 y el 2000, cuando era secretaria de juventudes del movimiento político Cambio 90, y asistente de la entonces parlamentaria fujimorista Luz Salgado Rubianes.

Estado actual:

El fiscal Hamilton Castro Trigoso ha pedido penas de 10 y 8 años de prisión para María López Córdova y Erlis del Castillo, respectivamente. En los próximos días, el juzgado de investigación preparatorio realizará la audiencia de control de acusación, en la que se definirá si existen las pruebas suficientes para que este caso pase a juicio público.

Monto: US$ 2’458,268.45

Principales implicados

•María López Córdova•Erlis Johnson del Castillo Cañari 

PETROAUDIOS. TRIBUNAL DEBE DECIDIR INICIO DE JUICIO PÚBLICO

La difusión pública de unos audios obtenidos a través de una ilegal interceptación telefónica puso al descubierto ocultas negociaciones entre altos funcionarios de Petroperú y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan García, a fin de lograr que la noruega Discover Petroleum gane una licitación para exploración y explotación de petróleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el zócalo continental.

Estado actual:

Antes de fin de año, la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima debe disponer el inicio del juicio público respectivo. En abril de este año, la fiscal superior Delia Espinoza solicitó penas de cinco hasta ocho años de cárcel para los implicados en este caso, por delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico y negociación.

Perjuicio económico: S/. 5 millones

Principales implicados:

•Rómulo León Alegría, ex ministro aprista•Alberto Químper, abogado tributarista•Daniel Saba de Andrea, ex presidente de Perupetro•César Gutiérrez Peña, ex presidente de Petroperú•Fortunato Canaán Fernández, empresario dominicano•Jostein Kar Kjerstad, presidente de Discover Petroleum International•Mario Díaz Lugo, empresario mexicano.

COMUNICORE: EL JUICIO SIGUE A RELIMA Y GERENTES MUNICIPALES

A fines del año 2005, la Municipalidad de Lima reconoció y pagó una deuda a favor de la empresa Relima por 35 millones de soles. Esa acreencia fue inmediatamente comprada y cobrada en efectivo por Comunicore, que solo abonó 14 millones a Relima.Estado actual

En las próximas semanas la fiscalía deberá determinar si formula cargos contra 15 funcionarios de la Municipalidad de Lima, de Relima y Comunicore.  La defensa del entonces alcalde de Lima Luis Castañeda logró que este fuera excluido del proceso. Monto afectado: S/. 7 millones

Principales implicados:

•Ángel Pérez Rodas, ex gerente municipal•Juan Blest García, ex gerente financiero.Carlos Asmat Dyer, ex gerente de Servicios a la Ciudad•Odilón Gaspar Amado, ex gerente de Relima•Miguel Garro Barrera, ex gerente financiero de Relima•Rafael Ruiz Contreras, ex presidente de Comunicore.

•José Luis Pinillos Broggi, ex director de Comunicore.• Henry Brachowicz Vela, ex gerente general de Comunicore.• Joule Vila, reclutador de pobladores.

MINISTERIO PÚBLICO: “AL GERENTE HAY QUE IR A VERLO CON PLATA”

A fines de diciembre del 2010, un empleado del Ministerio Público y dos proveedores denunciaron que un asesor del fiscal de la Nación, José Peláez, les pedía el 10% de los contratos para que ganaran las licitaciones de construcción.Al levantarse el secreto de las comunicaciones, se descubrió que el integrante del Comité Especial de Licitaciones de la fiscalía Jorge Orrego Vargas y Flavio Martínez Morales se habían reunido con los representantes de dos empresas constructoras a las que habrían pedido 300 mil soles para ganar la licitación.

Estado actual: En julio último, Flavio Morales anunció su intención de acogerse a la colaboración eficaz y denunció que la red que cobra por las licitaciones sigue activa en el Ministerio Público, INPE y el municipio de Jesús María. "Al gerente hay que ir a verlo con plata", afirmó.

El fiscal Domingo Pérez y las juezas anticorrupción Soledad Santisteban, Daysi Uriol y Marlene Neyra deben decidir si acogen el pedido de Morales, el único detenido por este caso, y amplían la investigación.

Monto afectado: S/. 300 mil

Principal implicado:

• Jorge Orrego Vargas, asesor de la gerencia general del Ministerio Público.

DESVÍO DEL PRESUPUESTO DE FFAA PARA ASEGURAR REELECCIÓN DE FUJIMORI

En el marco de la investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y la red de corrupción fujimorista, se concluyó que parte de los fondos presupuestales asignados a la modernización de las Fuerzas Armadas fue desviada al Servicio de Inteligencia Nacional para pagar a los "diarios chicha" que entre fines de 1999 y junio del año 2000 apoyaron la ilegal segunda reelección consecutiva de Alberto Fujimori, en las elecciones de ese año. Montesinos y los principales jefes militares de la época aceptaron los cargos y ya fueron condenados por ello.

Estado actual:

La Sala Penal Liquidadora de Lima ha fijado para el 17 de octubre el inicio del juicio público al ex presidente Alberto Fujimori. Dado que esta sentencia no se suma a su condena de 25 años de cárcel, es probable que, como en casos anteriores, Fujimori se declare culpable y sea condenado de inmediato, aunque la postura de su nuevo abogado William  Castillo Dávila es de rechazar los cargos y politizar el proceso.

Monto afectado: S/. 122 millones

Principal implicado: •Alberto Fujimori Fujimori

 

COBROS POR SERVICIOS FANTASMAS EN JESÚS MARÍA

Luego de la detención del ex subgerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Jesús María Roberto Llaja Tafur, la fiscalía encontró una serie de indicios y pruebas de la existencia de una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios de dicho municipio en el cobro de cupos para licencias de construcción en el citado distrito y, además, cobros al Estado por contrato de bienes y ejecución de servicios, como mantenimiento o reparación de veredas, que nunca se realizaron.

Estado actual:

El juez Segismundo León Velasco, del 2° Juzgado de Investigación Preparatoria, deberá decidir en los próximos días si hay pruebas suficientes para llevar a juicio al alcalde de Jesús María, por dichos hechos, o todo debe archivarse.

La fiscalía anticorrupción ha pedido seis años de cárcel para Enrique Ocrospoma Pella, por delito de peculado, en función del testimonio inicial de Roberto Llaja y diversas pruebas documentales, en especial facturas falsas que se emplearon para sustentar las obras. Ocrospoma Pella niega los cargos y lo atribuye todo a una venganza de sus adversarios políticos.

Monto afectado: Por determinar.

Principal implicado.•Enrique Ocrospoma Pella, alcalde distrital de Jesús María.

MALA GESTIÓN. Alcaldes y funcionarios son procesados por presuntos delitos de peculado, colusión desleal, negociación incompatible, malversación de fondos, entre otros. De 13 alcaldes provinciales 9 tienen procesos.Cusco.

Tres de cada diez autoridades de Cusco son investigadas por actos de corrupción. Según el Ministerio, existen 300 denuncias por delitos contra la administración pública. Los casos se presentaron entre agosto de 2013 y abril de 2014. Además, la Procuraduría Anticorrupción de Cusco defiende al Estado en 837 procesos penales por corrupción. Algunos casos se arrastran desde hace una década.En la mayoría de casos investigados se habría incurrido en los presuntos delitos de peculado, colusión desleal, negociación incompatible y malversación de fondos, cohecho impropio, entre otros.

Al respecto, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, Carlos Pérez, refirió que hay un incremento trimestral del 5% por ese tipo de delitos. 

Refirió que para reforzar la fiscalización en las municipalidades dispuso que el órgano de Control Institucional del Ministerio Público evalúe e investigue el desempeño de los fiscales a nivel regional.Hasta febrero de este año, de los trece alcaldes provinciales nueve tenían procesos en marcha. Se trata de los titulares de Cusco, Urubamba, Espinar, Canchis, La Convención, Canas, Quispicanchi, Calca y Chumbivilcas. Tres burgomaestres de este grupo renunciaron a sus cargos para postular a la Presidencia Regional de Cusco. Se trata de Ricardo Cornejo, Óscar Mollohuanca y Benicio Ríos Ocsa, exautoridades de Canchis, Espinar y Urubamba, respectivamente.

Otros se mantienen en sus cargos, como los alcaldes de Cusco, Luis Flórez García; de La Convención, Fedia Castro Melgarejo; de Calca, Ciriaco Condori, entre otros. Algunos tientan la reelección. 

También hay una larga relación de autoridades distritales inmersas en actos de corrupción. Solo en La Convención, cinco burgomaestres están en manos de la justicia. Destaca el caso del alcalde del distrito de Echarate, José Ríos, cuya comuna maneja cerca de 800 millones de soles anuales como presupuesto, uno de los más ricos a nivel nacional (ver infografía).Ríos incluso fue denunciado por amenazar de muerte al presidente del Comité de Lucha, Ricardo Caballero. El caso está en investigación.

Florentino Huanqque, presidente de la Comisión Regional Anticorrupción, mostró su preocupación porque la corrupción está ganando terreno sin que las autoridades hagan algo. Consideró necesario reforzar el proceso de lucha para evitar que el presupuesto público sea mal utilizado. “Estamos elaborando un plan anticorrupción para sancionar a los corruptos que se aprovechan del dinero público. Todas las instituciones de la comisión estamos comprometidas”, dijo. El grupo está conformado por el Consejo Regional, Policía Nacional, Ministerio Publico, Corte Superior de Justicia, Defensoría del Pueblo y presidencia regional.