CAUSAS DEL CONFLICTO SOCIAL:

Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto encontramos:

Conflictos de relación y comunicación. Se deben a fuertes emociones

negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa

comunicación entre las partes. Conducen a una espiral de escalada

progresiva del conflicto destructivo.

Conflictos de información. Se deben a la falta de información necesaria

para tomar las decisiones adecuadas por lo que se interpreta de manera

diferente la situación o no se le asume el mismo grado de importancia.

Conflictos de intereses. Se deben a la competición entre necesidades no

compatibles o percibidas como tales. También puede ser de tipo psicológico

y comportan percepciones de desconfianza, juego sucio, intolerancia, etc.

Conflicto de valores. Se deben a los diferentes criterios de evaluación de

ideas, creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. El

conflicto estalla cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la

otra parte que los percibe como negativos, no importante o no propios para

una persona en la cual se encuentra involucrada en cierto problema.

Conflictos de roles. De poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se

deben a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad del control

o distribución de recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de

restricciones del tiempo, etc.

LAS CAUSAS ESTRUCTURALES Y SISTÉMICAS DE LOS

CONFLICTOS SOCIALES

Las causas estructurales son situaciones históricas que se han establecido a

manera de columnas o estructuras en la sociedad, siendo difíciles de mover o

cambiar. Entre las causas estructurales más conocidas o principales

relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:

La ausencia del Estado en las zonas donde se produce el conflicto. En los

Andes y la Amazonía existen poblaciones locales organizadas

comunitariamente, pero sin autoridades o servicios del Estado. En dichas

zonas no solo es necesario el ius imperium del Estado, sino la reciprocidad en

servicios públicos acordes a las necesidades de la población local. Ejemplos

clarísimos de estas zonas lo constituyen las cuencas o valles vinculadas al

narcotráfico, pero también muchas zonas donde es la empresa extractiva la

que asume la autoridad y control, y comparte parte de sus servicios privados.

La deficiencia o ausencia de los servicios básicos en educación, salud y justicia

para la población local que es parte del conflicto. Los sistemas de educación,

salud y justicia profesional se encuentran alejados geográfica y/o culturalmente

de las necesidades de las comunidades andinas y amazónicas que identifica a

la población local involucrada en los conflictos sociales. A pesar de tratarse de

servicios en parte descentralizados o regionalizados, como los de educación y

salud, no existe una política efectiva que prepare técnica o profesionalmente a

los miembros de la población local o controle las enfermedades crónicas que

les afectan. Por ejemplo, la actual situación de los Kandozis y Shapras, en el

Datem del Marañón, Loreto, infectados de hepatitis B sin un efectivo servicio de

prevención y atención en salud, constituye uno de los casos más urgentes.

El modelo de desarrollo aplicado y defendido por el gobierno central es

excluyente. Ese modelo está basado en políticas neoliberales y en una

economía de mercado que promueven el crecimiento a través del consumo de

bienes y servicios que, por su naturaleza, excluye a la población local como las

comunidades andinas y amazónicas que comparten otra racionalidad

económica. A través de ese modelo, se someten o excluyen económicamente,

por ejemplo, sus relaciones comunitarias y de auto-sostenimiento. La presencia

de las empresas extractivas en el área geográfica de estas comunidades

produce cambios económicos extremos que puede conducir a la migración

forzada del grupo local.

Las causas sistémicas, de otro lado, se refieren a aquellas creencias o

actitudes que consideramos “buenas” o “malas” por nuestro aprendizaje previo

(causas estructurales) y se desarrollan circularmente con posiciones de

defensa de las mismas sin cuestionarlas o transformarlas. Entre estas causas

sistémicas relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:

La cultura de consumo. En la sociedad limeña o capitalina de región aceptamos

el consumo de bienes y servicios como guía de nuestras conductas

económicas. Valorizamos ganar más dinero para acceder al mejor y numeroso

consumo sin reparar que provocamos la misma actitud creciente en las

generaciones venideras, pero particularmente en otros grupos sociales que

históricamente no tienen la misma cultura de consumo. Si integramos a todos

los grupos sociales bajo el mismo patrón y cultura de consumo, no solo sería

imposible la convivencia humana en nuestro medio sino que estaríamos

orientándonos a destruir nuestro planeta.

La presencia de “beneficiarios” excluidos. Creemos y defendemos a la

inversión privada (normalmente extranjera) como eje de desarrollo porque

permite la multiplicación de actividades económicas que se orientan a la

exportación y producen divisas que, a su vez, llevan en crecimiento a nuestra

economía. Pero, no reparamos que esta inversión extranjera es para beneficio

principal del mismo inversor extranjero que mantiene o recrea la relación

desigual de grupos económicos mundiales. El mismo fenómeno se reproduce

con las empresas privadas sub-contratadas por las empresas extranjeras y el

mismo fenómeno se vuelve a repetir con las economías locales sub-

contratadas o afectadas por las empresas contratistas o sus organismos no

gubernamentales (ONGs) constituidos para ello. Al final, el aparente

beneficiario local, de la actividad extractiva, siempre es marginado o excluido

en la cadena económica.

Las limitaciones de las autoridades del Estado para aplicar los tributos

recolectados. A nivel de las autoridades nacionales, regionales y locales

también se reproducen un conjunto de creencias y actitudes que también

excluyen a las comunidades andinas y amazónicas principales integrantes de

la población local involucrada con los conflictos sociales. El gobierno central

elabora y aplica presupuestos pensados desde Lima, el gobierno regional hace

lo mismo desde su capital regional y el gobierno local lo hace desde su capital

provincial. Al final, la población directamente involucrada con el conflicto carece

de participación en la elaboración y ejecución de los presupuestos generados

por los tributos de la actividad extractiva, a pesar de recolectarse desde su

ámbito territorial.

PASTOR, X; ET AL.(2005). Guia practica de la gestión de conflictos en el tejido

asociativo. Barcelona: Editorial

Peña Jumpa Antonio (2012). Boletín Nº 70 de la Dirección de Proyección Social

de Derecho (PROSODE) de la PUCP