CAUSAS DEL CONFLICTO SOCIAL:
Respecto a la causa que determina o provoca un conflicto encontramos:
Conflictos de relación y comunicación. Se deben a fuertes emociones
negativas, a percepciones falsas o estereotipos, o a la escasa
comunicación entre las partes. Conducen a una espiral de escalada
progresiva del conflicto destructivo.
Conflictos de información. Se deben a la falta de información necesaria
para tomar las decisiones adecuadas por lo que se interpreta de manera
diferente la situación o no se le asume el mismo grado de importancia.
Conflictos de intereses. Se deben a la competición entre necesidades no
compatibles o percibidas como tales. También puede ser de tipo psicológico
y comportan percepciones de desconfianza, juego sucio, intolerancia, etc.
Conflicto de valores. Se deben a los diferentes criterios de evaluación de
ideas, creencias o comportamiento que se perciben como incompatibles. El
conflicto estalla cuando estos valores se intentan imponer por la fuerza a la
otra parte que los percibe como negativos, no importante o no propios para
una persona en la cual se encuentra involucrada en cierto problema.
Conflictos de roles. De poder, de autoridad y de acceso a los recursos. Se
deben a pautas destructivas de comportamiento, de desigualdad del control
o distribución de recursos, de desigualdad de poder y autoridad, de
restricciones del tiempo, etc.
LAS CAUSAS ESTRUCTURALES Y SISTÉMICAS DE LOS
CONFLICTOS SOCIALES
Las causas estructurales son situaciones históricas que se han establecido a
manera de columnas o estructuras en la sociedad, siendo difíciles de mover o
cambiar. Entre las causas estructurales más conocidas o principales
relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:
La ausencia del Estado en las zonas donde se produce el conflicto. En los
Andes y la Amazonía existen poblaciones locales organizadas
comunitariamente, pero sin autoridades o servicios del Estado. En dichas
zonas no solo es necesario el ius imperium del Estado, sino la reciprocidad en
servicios públicos acordes a las necesidades de la población local. Ejemplos
clarísimos de estas zonas lo constituyen las cuencas o valles vinculadas al
narcotráfico, pero también muchas zonas donde es la empresa extractiva la
que asume la autoridad y control, y comparte parte de sus servicios privados.
La deficiencia o ausencia de los servicios básicos en educación, salud y justicia
para la población local que es parte del conflicto. Los sistemas de educación,
salud y justicia profesional se encuentran alejados geográfica y/o culturalmente
de las necesidades de las comunidades andinas y amazónicas que identifica a
la población local involucrada en los conflictos sociales. A pesar de tratarse de
servicios en parte descentralizados o regionalizados, como los de educación y
salud, no existe una política efectiva que prepare técnica o profesionalmente a
los miembros de la población local o controle las enfermedades crónicas que
les afectan. Por ejemplo, la actual situación de los Kandozis y Shapras, en el
Datem del Marañón, Loreto, infectados de hepatitis B sin un efectivo servicio de
prevención y atención en salud, constituye uno de los casos más urgentes.
El modelo de desarrollo aplicado y defendido por el gobierno central es
excluyente. Ese modelo está basado en políticas neoliberales y en una
economía de mercado que promueven el crecimiento a través del consumo de
bienes y servicios que, por su naturaleza, excluye a la población local como las
comunidades andinas y amazónicas que comparten otra racionalidad
económica. A través de ese modelo, se someten o excluyen económicamente,
por ejemplo, sus relaciones comunitarias y de auto-sostenimiento. La presencia
de las empresas extractivas en el área geográfica de estas comunidades
produce cambios económicos extremos que puede conducir a la migración
forzada del grupo local.
Las causas sistémicas, de otro lado, se refieren a aquellas creencias o
actitudes que consideramos “buenas” o “malas” por nuestro aprendizaje previo
(causas estructurales) y se desarrollan circularmente con posiciones de
defensa de las mismas sin cuestionarlas o transformarlas. Entre estas causas
sistémicas relacionadas a los conflictos sociales podemos citar:
La cultura de consumo. En la sociedad limeña o capitalina de región aceptamos
el consumo de bienes y servicios como guía de nuestras conductas
económicas. Valorizamos ganar más dinero para acceder al mejor y numeroso
consumo sin reparar que provocamos la misma actitud creciente en las
generaciones venideras, pero particularmente en otros grupos sociales que
históricamente no tienen la misma cultura de consumo. Si integramos a todos
los grupos sociales bajo el mismo patrón y cultura de consumo, no solo sería
imposible la convivencia humana en nuestro medio sino que estaríamos
orientándonos a destruir nuestro planeta.
La presencia de “beneficiarios” excluidos. Creemos y defendemos a la
inversión privada (normalmente extranjera) como eje de desarrollo porque
permite la multiplicación de actividades económicas que se orientan a la
exportación y producen divisas que, a su vez, llevan en crecimiento a nuestra
economía. Pero, no reparamos que esta inversión extranjera es para beneficio
principal del mismo inversor extranjero que mantiene o recrea la relación
desigual de grupos económicos mundiales. El mismo fenómeno se reproduce
con las empresas privadas sub-contratadas por las empresas extranjeras y el
mismo fenómeno se vuelve a repetir con las economías locales sub-
contratadas o afectadas por las empresas contratistas o sus organismos no
gubernamentales (ONGs) constituidos para ello. Al final, el aparente
beneficiario local, de la actividad extractiva, siempre es marginado o excluido
en la cadena económica.
Las limitaciones de las autoridades del Estado para aplicar los tributos
recolectados. A nivel de las autoridades nacionales, regionales y locales
también se reproducen un conjunto de creencias y actitudes que también
excluyen a las comunidades andinas y amazónicas principales integrantes de
la población local involucrada con los conflictos sociales. El gobierno central
elabora y aplica presupuestos pensados desde Lima, el gobierno regional hace
lo mismo desde su capital regional y el gobierno local lo hace desde su capital
provincial. Al final, la población directamente involucrada con el conflicto carece
de participación en la elaboración y ejecución de los presupuestos generados
por los tributos de la actividad extractiva, a pesar de recolectarse desde su
ámbito territorial.
PASTOR, X; ET AL.(2005). Guia practica de la gestión de conflictos en el tejido
asociativo. Barcelona: Editorial
Peña Jumpa Antonio (2012). Boletín Nº 70 de la Dirección de Proyección Social
de Derecho (PROSODE) de la PUCP
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