El 5 de julio pasado, el Banco Central (BCRA) dio a co-nocer una nueva normativa que obliga a las entidades financieras que cuentan con más del 1 % de los depó-

sitos totales del sistema y a las entidades que operen como agentes financieros de las provincias a prestar a empresas el 5 % de sus depósitos a un plazo mínimo de 3 años y a una tasa de interés fija máxima del 15 %. Se pretende volcar 15.000 millones de pesos al financiamiento de proyectos de inversión. La autoridad monetaria hace uso de esta manera de las nuevas facultades que le otorgó la reforma de su Carta Orgánica meses atrás.

Analizando esta medida, Aldo Pignanelli, expresidente del BCRA, afirmó que con ella se está ratificando que el problema de la economía argentina de los últimos años es la falta de in-versión suficiente y la fuga de capitales, al contrario de lo que pasó en el resto de los países latinoamericanos. “El BCRA está tratando de paliar un poco esta situación. Si bien el monto involucrado puede parecer importante, en términos relativos del PBI es algo así como el 0,7 % cuando nosotros necesita-mos un mínimo del 23 % de inversiones para que se pueda sostener el crecimiento. Dirigir el crédito hacia la inversión es un buen camino. Si se aplica técnicamente bien, me parece una buena medida, no suficiente, pero sí necesaria. Tampoco es un crédito tan tentador. Para una inversión, 3 años no es de-masiado plazo, pero ayuda porque la mitad de esos fondos va a ser para pymes que no tenían acceso al crédito para comprar una máquina, renovar tecnología o aumentar la capacidad productiva. Veremos en la práctica cómo funciona”.

Ramiro Moya, economista senior de la consultora FIEL, sostuvo, por su parte, que la obligatoriedad de dirigir los préstamos de los bancos a través de una política de gobier-no no es sano para el sistema financiero ni para la econo-mía. Además, la regulación de prestar a tasa fija y a un plazo estipulado también “le genera ciertas complicaciones a los bancos porque están prestando a tasas que no son ren-tables y a plazos que no necesariamente son los óptimos para la cartera del banco”.

Para Soledad Pérez Duhalde, economista y analista finan-ciera de la consultora Abeceb.com, las políticas de orienta-ción del crédito pueden funcionar, pero hoy no están dadas las condiciones macroeconómicas como para llevar a cabo una medida de este tipo: “Se está en una situación de equi-librio inestable. Hay salida de capitales, demanda de divisas y controles cambiarios, sumadas a una devaluación que no pasa del 9 % y a una inflación del 25 %. Hay todo un descalce a nivel macro que hace que la medida no sea muy afortuna-da. Reina la incertidumbre”.

La obligatoriedad de prestar a un plazo de tres años gene-ra un descalce ya que el fondeo promedio de los bancos es a 20 días y los depósitos a plazo fijo de más de 366 días repre-sentan menos del 1 % de los depósitos del sector privado. A esto se le suma el establecimiento de una tasa de interés fija del 15 % como máximo.

“Esta normativa le agrega riesgo a los bancos, problemas de duración en el activo, que se alarga mientras que el pasi-vo es corto. Esta regulación no tiene en cuenta la situación de financiamiento de los bancos, que es a muy corto plazo. Se produciría un descalce que afectaría el patrimonio de las entidades. Si suben las tasas serán los bancos los que se ha-gan cargo de esta pérdida”, aseguró Moya.

Pérez Duhalde explicó que, tras el anuncio, el mercado respondió con una fuerte caída de los valores de los bancos. “Los bancos se fondean con depósitos y el stock de depósi-tos a más de 3 años es chico. Implementar la obligación de

Obligan a los bancos a prestar

Comienzan a aplicar la nueva Carta Orgánica del BCRALas principales entidades bancarias del país deberán prestar, antes de fin de año, el 5 % de sus de-pósitos a un plazo mínimo de tres años y a una tasa fija máxima del 15 %. Los préstamos son para inversión productiva y la mitad de ellos deben destinarse a las pymes. Hay temores en el mercado con relación a la posibilidad de un descalce de plazos y tasas, y a los efectos que la medida puede tener sobre la confianza de los ahorristas.

SISTEMAFINANCIERO

Opinan: Aldo Pignanelli - Ramiro Moya - Soledad Pérez Duhalde

pero nada garantiza que este financiamiento se dará a las que realmente lo necesiten para aumentar su productividad y la capacidad económica del país. Puede ser que algunos bancos no consigan las pymes con garantía suficiente, con la solvencia percibida suficiente. Pero, en esas circunstancias, como están obligados, terminarán prestando a pymes más riesgosas y que podrían comprometer la solvencia de los bancos”.

Pérez Duhalde agregó que todavía no se sabe cómo se va a implementar esta obligación y qué pasará en caso de que no se encuentren las pymes con garantías suficientes, pero que “hay normas que cumplir a la hora de pedir un présta-mo, se debe cumplir con determinados requisitos. Y, segura-mente, haya muchos que solicitarán un préstamo y que no lo cumplirán”.

¿Un buen objetivo mal instrumentado?

Si bien el objetivo de volcar recursos del sistema financie-ro que hoy están destinados a financiar el consumo hacia el financiamiento de la inversión con el fin de ampliar la capaci-dad productiva y de reducir las presiones inflacionarias pare-ce acertado, la obligatoriedad y la forma de implementación de la medida generan incertidumbre y resquemores en los actores del sector y en los analistas.

“Quizás, un año antes y con políticas de largo plazo, la me-dida podría haber sido mejor vista con el fin de tener un pro-grama productivo. Sabemos que los bancos tienen fuertes ganancias y que podrían ceder cierta parte de eso en pos de un programa económico. Pero hoy no están dadas las condi-ciones a nivel macro”, señaló Pérez Duhalde.

Moya sostuvo que, más allá de que el sistema financiero argentino es muy reducido y la capacidad prestable es baja, se debería seguir otro camino para facilitar el acceso de las pymes al crédito. “Hay ciertas cuestiones que pueden ayudar a aumentar el flujo de préstamos a pymes: mejorar los siste-mas de información de historial crediticio, fomentar una ma-yor bancarización de las pymes para que los bancos tengan más información acerca de su comportamiento con los pro-ductos bancarios. Otra cuestión es facilitar la formalización de las pymes en términos impositivos y bancarios. Después hay instrumentos adicionales como la creación de fondos de garantía. Esto en un contexto donde el reducido tamaño del

prestar a largo plazo hace que el descalce sea importante y que el riesgo aumente. Esto, por lo general, se cubre con tasa, pero también se está bajando la tasa”.

Pignanelli relativizó estas cuestiones. “Hoy es rentable prestar al 15 %. Hay bancos que prestan al 11 o 12 % a las grandes empresas. Por otra parte, si durante los tres años de plazo la tasa que pagan los bancos a los plazos fijos supera ese 15 %, seguramente, el BCRA buscará una compensación. La solvencia no se vería afectada en forma total porque se está hablando del 5 % de la capacidad del crédito. Tampoco es un porcentaje tan elevado”.

De todos modos, el economista reconoció que “sí mar-caría un camino en el que ya existen dudas con respecto al sistema bancario argentino, por la inflación, las bajas tasas, la falta de ingreso de capitales y su fuga. Sería un agregado más a la desconfianza que hoy existe en la Argentina y, como BCRA, intentaría que eso no ocurriera”.

La normativa del BCRA establece que la financiación debe estar destinada a la “adquisición de bienes de capital y/o a la construcción de instalaciones necesarias para la producción de bienes y/o servicios”. Los fondos no se podrán destinar a la “adquisición de una empresa en marcha o de tierras, o a la financiación de capital de trabajo”. Además, no se podrán refinanciar préstamos ya otorgados por las entidades, sino que los préstamos deberán implicar nuevos desembolsos de fondos, el 50 % de los cuales debe ser destinado a micro, pe-queñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Asimismo, la autoridad monetaria dispuso un plazo para que los bancos cumplan con esta norma. Los desembolsos en una sola vez deberán hacerse hasta el 31 de diciembre de este año. Los que sean de manera escalonada, solo en caso de que lo justifiquen “las características del proyecto por fi-nanciar”, tendrán tiempo hasta el 30 de junio de 2013.

Sobre estas cuestiones, Moya señaló que, “desde el punto de vista del sistema financiero, implican que, al estar obliga-dos a prestarles a determinados sectores, la diversificación del riesgo no es la que los bancos quisieran alcanzar. Las pymes por su naturaleza son más riesgosas, en el sentido de que tienen menos historial crediticio, en general, porque son más jóvenes. Empresas recientemente creadas con es-caso historial crediticio le agregan riesgo al sistema finan-ciero. Y tampoco soluciona el problema del financiamiento a las pymes. No sé finalmente cómo terminarán otorgándose porque, seguramente, habrá muchas pymes que lo soliciten,

El Gobierno mostró una vez más que prioriza los golpes de efecto dirigidos a su auditorio, la búsqueda de unos pocos pun-tos en los sondeos de opinión, sobre el impacto que sus decisio-nes pueden tener en la confianza de los actores que determinan los movimientos de las principales variables económicas.

Es que las características y la manera de anunciar la nor-mativa, que obliga a las principales entidades financieras ar-gentinas a prestar un 5 % de sus depósitos a empresas para financiar proyectos de inversión a una tasa de interés fija del 15 % anual y a un plazo mínimo de 3 años, estuvieron clara-mente dirigidas a galvanizar al desencantado electorado del Frente para la Victoria intentando presentar a un gobierno que se planta frente a los “intereses financieros” para impulsar el “modelo productivo” y el “crecimiento con inclusión social” cuando en verdad lo único que está haciendo es obligando a los bancos a prestarles a las empresas a tasa subsidiada con el dinero de los ahorristas. De acuerdo con lo establecido en la normativa, se corre un doble riesgo. Por un lado, al obligar a los bancos a prestar un monto mínimo en un plazo máximo existe la posibilidad de que le entreguen ese dinero a empre-sas que no brindan las garantías suficientes, solo para cumplir. Por otro lado, al establecerse una tasa máxima fija en forma arbitraria es factible que estas líneas les generen pérdidas a las instituciones, que podrían incrementarse a lo largo del tiempo si la tasa de interés que las entidades pagan por los depósitos sube.

El mismo objetivo, que es razonable, se podría haber per-seguido de una manera mucho más prolija. Por ejemplo, se podría haber establecido que los bancos que no presten un 5 % de sus depósitos a empresas para financiar proyectos de inversión deban cumplir con encajes por la diferencia. De esta manera, se genera un incentivo para que las entidades bus-quen empresas con proyectos de inversión sólidos y les pres-ten dinero o compren carteras de instituciones especializadas en este segmento. Cada préstamo otorgado incrementaría la rentabilidad del banco que, de lo contrario, tendría el dinero inmovilizado. Y si la tasa de interés a la que el banco considera razonable prestar estos fondos, por los riesgos que asume y los costos en los que incurre, resulta elevada para el Gobierno,

este podría otorgar un subsidio, como lo viene haciendo exi-tosamente en los últimos años. Así, se lograría que los bancos reasignaran parte de los recursos que prestan al consumo a la inversión sin enviar una mala señal hacia los depositantes.

Si bien la porción de los depósitos que se ha establecido en la normativa es demasiado reducida como para afectar, llega-do el caso, la solvencia de los bancos, el mensaje que reciben los depositantes es peligroso. “Vamos a utilizar el dinero que ustedes le confiaron a los bancos para lo que nosotros consi-deremos necesario”, parece decir el Gobierno. El 5 % se puede transformar dentro de un tiempo en un 10 % o en un 20 %, o por qué no, en un 50 % y, en algún momento, se puede termi-nar obligando a los bancos a financiar el creciente déficit del sector público, como ya sucedió en el pasado.

Con las restricciones a la compra de dólares y la disparada del dólar paralelo, los depositantes comenzaron a perder el entusiasmo con una rentabilidad que, en los últimos años, a pesar de perder frente a la inflación, les había permitido incre-mentar el valor de sus ahorros en dólares. De acuerdo con las estadísticas publicadas semanalmente por el Banco Central, mientras que, en los primeros 4 meses del año, los depósitos a plazo en pesos del sector privado se incrementaron en 19.000 millones, desde que se reforzaron las restricciones hace 2 me-ses el aumento fue de menos de 4000 millones.

La nueva medida puede acentuar este proceso. Y se debe tener en cuenta que, al transformar los depósitos bancarios en una alternativa de inversión cada vez menos atractiva, el Go-bierno lo único que logra es seguir empujando a los ahorristas e inversores hacia el dólar y generar, así, una presión adicional para el dólar paralelo que podría derivar en una brecha aún mayor entre este y el dólar oficial.

En definitiva, por obtener unos escasos puntos políticos, el Gobierno continúa minando la preferencia de los ahorristas por los depósitos bancarios y, al hacerlo, conspira contra su propio objetivo de pesificar la economía, de que los argentinos no solo realicemos nuestras transacciones cotidianas en pesos, sino también coloquemos nuestros ahorros en esta moneda.

Alejandro Liska

sistema financiero complica más las cosas”.Para Pignanelli, es una buena medida que debería comple-

mentarse con el compromiso de que si hubiera algún inconve-niente en el transcurso de los 3 años, el BCRA, vía redescuento, liberación de encajes o recursos similares, le aseguraría la li-quidez al banco. Esto le daría seguridad al resto del mercado, fundamentalmente, a los ahorristas.

Con respecto a los efectos que la tasa de interés fija puede tener sobre la rentabilidad de los bancos, el economista ex-presó que hay “mecanismos a través de encajes remunerados, de determinados activos, que el Central puede manejar para dar un mensaje de que la operatoria no va a ser a pérdida de

los bancos. Esto le daría más seriedad al sistema y correrían menos riesgo los bancos en cuanto a la credibilidad, porque los depositantes se pueden llegar a preocupar si obligan a los bancos a descalzarse en plazo y en tasa”.

Moya sostuvo que una medida de este tipo genera incer-tidumbre y deja antecedentes. “Si me obligaron a prestar el 5 %, más adelante me pueden obligar a prestar el 10 % o a otros sectores”.

“Si esto funciona mal, sería una duda más que tendrían los ahorristas sobre el sistema integral bancario argentino. Por eso, yo espero que el BCRA actúe con madurez y haga las co-sas bien”, enfatizó Pignanelli.

Una opción cada vez menos atractiva