DFensor Enero 2014

7/21/2019 DFensor Enero 2014

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ContenidoRecomendaciones del : desaos para Mxico 3EDITORIAL

ANLISIS

Retos sobre el acceso a la justiciay la situacin del sistema penitenciario en Mxico 5JOS LUIS GUTIRREZ ROMN

Violaciones graves en la mira del 2013:tortura y desaparicin orzada 11STEPHANIE ERIN BREWER

El : y pobreza 17SALOM ALMARAZ REYES Y AARN HERNNDEZ HERNNDEZ

Proteccin a las y los deensores de derechos humanos:una asignatura pendiente para 2014 24CLAUDIA ORDEZ VQUEZ

: el reto de la implementacin a nivel local 35CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAA TLACHINOLLAN

Es honesto que Mxico 40busque coherencia con posturas en ENTREVISTA A JAVIER HERNNDEZ VALENCIA

REFERENCIAS

Migracin con derechos humanos: 42una tarea pendiente para MxicoSONJA WOLF

Libertad de expresiny democracia. Mxico en el 52

FREEDOM HOUSE MXICO Y CENTRO JURDICO PARA LOS DERECHOS HUMANOS

La violencia amiliar y su expresin extrema: 59el eminicidioCATLICAS POR EL DERECHO A DECIDIRY OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO

ACCIONES 64

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Fotografa: Fernando scar Martn/Concurso Rostros de la Discriminacin 2013.


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Recomendaciones del EPU:desafos para Mxico

Editorial

Nuestro pas atraviesa por cambios trascendentales que a decir de

unas y otras voces nos colocan en mejor o en peor posicin, pero

siempre rente a desaos impostergables. El tema de los derechos

humanos es uno de ellos.

En octubre pasado Mxico se present a una segunda ronda del Examen Peri-

dico Universal, ejercicio en el que la comunidad internacional dio sus aprecia-

ciones y le recomend poner atencin respecto de las violaciones sistemticas a

los derechos humanos que ameritan respuesta urgente. Si bien se trata de pro-

blemticas que, edicin tras edicin, han brindado insumos de anlisis en estas

pginas, desde el mbito de su competencia la Comisin de Derechos Humanos

del Distrito Federal seguir insistiendo en su justa y prioritaria solucin.

Por ello, y congruente con el espritu de una publicacin abierta y plural

como Densor, en esta ocasin participa un grupo de voces comprometidas que

hace un balance de la situacin de los derechos humanos en el pas y seala los

retos por venir para la presente administracin en los tres niveles de gobierno.Con firmeza denuncia la ignominia de un sistema de justicia penal que acaba

con la dignidad de las personas, la impunidad que rodea la actuacin de las

autoridades que mantienen prcticas atroces como la tortura y la desaparicin

orzada, o la inoperancia de una poltica migratoria que criminaliza a quienes

buscan la vida prspera que su lugar de origen les ha negado. odo enmarcado

en un escenario de desaos por superar.

Y es en este mismo nimo de mirar siempre hacia el uturo que Densor hoy

asume su propio reto de renovarse al transormar su fisonoma para brindar

un diseo ms dinmico y un tratamiento inormativo ms verstil, de cara a

acilitar la tarea de las y los lectores y alcanzar nuevos pblicos, ortaleciendo assu objetivo esencial: la promocin y la consolidacin de una cultura de respeto y

proteccin a los derechos humanos.


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Retos sobre el accesoa la justicia y la situacindel sistema penitenciario

en Mxico

El acceso a la justicia en el territorio nacionalse ha convertido en el principal reto en materia

de derechos humanos, sin embargo, uno de

los sectores vulnerables de la poblacin, cuyo

derecho al acceso a la justicia durante muchosaos fue considerado como nulo, es el de quienes

permanecen en reclusin.

ANLISIS

* Director de

Asistencia Legal

por los Derechos

Humanos, A. C.

(Asilegal).

Jos Luis Gutirrez Romn

Fotografas: Carlos Ariel Ojeda/Concurso Rostros de la Discriminacin 2013


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oda persona tiene derecho a que se

le administre justicia por tribunales

que estarn expeditos para impartirla

en los plazos y trminos que fijen las

leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta,

completa e imparcial. Su servicio ser gratuito,

reza el artculo 17 de la Constitucin Poltica de

los Estados Unidos Mexicanos.

El acceso a la justicia es un derecho huma-

no que constituye el pilar principal de un siste-

ma democrtico como el nuestro, cuya razn de

ser es garantizar los derechos humanos a todos

por igual. El acceso a la justicia para ejercer tales

derechos y deender las libertades es vital en un

sistema legal moderno e igualitario.1 El Estado

no slo debe abstenerse de obstaculizar el goce

y ejercicio del derecho a acceder a la justicia sinoque debe adoptar acciones positivas y remover

los obstculos materiales que impiden su ejerci-

cio eectivo.

Los obstculos estructurales que aectan el

derecho al acceso a la justicia, por mencionar

algunos, son: la dilacin en la actuacin judicial

y los costos del proceso legal; los abusos de au-

toridad y la inadecuada aplicacin de la ley; la

ineficiente aplicacin de resoluciones judiciales;

la inexistencia de recursos jurdicos idneos para

hacer eectivos muchos derechos como los eco-nmicos, sociales y culturales.2A estas circuns-

tancias se suma la alta de personal en las instan-

cias del sistema de procuracin y administracin

de justicia; los limitados medios alternativos de

solucin de conflictos; la alta de autonoma de

algunos integrantes de los tribunales; la financia-

cin insuficiente y crnica del sistema judicial a

nivel estatal; la alta de intrpretes y traductores,

entre otros.

El Estado tiene la obligacin de permitir y

garantizar el acceso a la justicia, como lo seal

la Corte Interamericana de Derechos Humanos

(Corte ) en el caso Goibur y otros vs.Paraguay:

El acceso a la justicia constituye una norma impe-

rativa de derecho internacional y, como tal, genera

obligaciones erga omnes para los Estados de adop-

tar las medidas que sean necesarias para no dejar

en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo

su jurisdiccin para aplicar su derecho interno y el

derecho internacional para juzgar a los responsa-

bles, o colaborando con otros Estados que lo hagan

o procuren hacerlo.3

Partiendo de esta obligacin del Estado de garan-

tizar el acceso a la justicia, se dio como resultadoque durante el primer Examen Peridico Univer-

sal () de Mxico, en 2009, el tema de la justicia

represent 13.84% del total de recomendaciones

recibidas, por debajo de temas como los dere-

chos de las mujeres (16.65%) e igual que los

derechos de los pueblos indgenas (13.84%), te-

mas dentro de los cuales se transversaliz el de

acceso a la justicia en Mxico.

El acceso a la justicia en el territorio nacional

se ha convertido en el principal reto en materia

de derechos humanos, sin embargo, uno de lossectores vulnerables de la poblacin, cuyo dere-

cho al acceso a la justicia durante muchos aos

ue considerado como nulo, es el de quienes

permanecen en reclusin. Las posibilidades de

acceso a la justicia de las personas condenadas a

cumplir una pena privativa de la libertad depen-

de totalmente del Estado mexicano, debido a que

cada aspecto de su vida al interior de los centros

penitenciarios se encuentra sujeta a ste, el cual

Revista DfensoR eneRo 2014


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asume un papel especial de garante rente a las

personas privadas de libertad y como tal tiene

deberes especficos de respeto y garanta a sus de-

rechos undamentales. Es en estas circunstancias

donde nace una relacin mucho ms estrecha en-

tre quienes estn reclusin y el Estado, ms que

con una persona en pleno goce de su libertad.

La exigencia del derecho al acceso a la justi-

cia de las y los privados de la libertad nace como

una respuesta al maltrato sico cometido por el

personal penitenciario, la alta de atencin m-

dica, las violaciones a las reglas del debido pro-

ceso en procedimientos disciplinarios, as como

otras demandas en relacin con la alimentacin,

el acceso al agua potable, la exigibilidad de con-

diciones de vida digna dentro de los centros de

reclusin, y el reclamo de las violaciones a susderechos humanos, entre stos al derecho a un

debido proceso judicial.

El 23 de octubre de 2013 el Estado mexicano

tuvo la oportunidad de someterse a su segundo

, que se realiz en el seno del Consejo de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y

dentro del cual se evaluaron los compromisos

adoptados por nuestro pas en materia de dere-

chos humanos. As, un total de 176 recomenda-

ciones ueron emitidas por los pases, con el fin

de mejorar la situacin de los derechos humanosque hoy se viven en Mxico.

En 2009 el Estado mexicano acept cuatro

recomendaciones para implementar en el mbito

penitenciario, comprometindose mediante ellas

a mejorar las condiciones de vida en los centros de

reclusin, invertir suficientes recursos econmi-

cos al sistema penitenciario, tomar las medidas

necesarias para capacitar al personal de guardia

y custodia; investigar sobre los abusos y violacio-

nes a los derechos humanos de las personas pri-

vadas de la libertad y castigar debidamente a los

responsables.

En 2013, durante el segundo ciclo del ,Mxico recibi recomendaciones emitidas por

Rusia, Austria, Uzbekistn, Egipto, Irn y Nue-

va Zelanda. Cada una de stas responde a la

preocupacin de la comunidad internacional

con respecto a la crisis que existe en el sistema

penitenciario mexicano, donde se sealaron

otras recomendaciones, por ejemplo, mejorar las

condiciones carcelarias de las personas detenidas

(Egipto).

Con respecto a esto es importante tener pre-

sente que la revisin de las condiciones de vidadentro de los centros penitenciarios debera ser

una ms de las unciones que le competera ejer-

cer al juez de ejecucin de sanciones penales;

sin embargo, esta situacin an est en manos

del Consejo cnico Interdisciplinario, que es el

rgano que slo debera administrar los centros

penitenciarios y que, a pesar de ello, en la actua-

lidad impone medidas sancionadoras y discipli-

narias a las personas privadas de la libertad.

Durante el segundo ciclo del epuen

2013, Mxico recibi recomendaciones

emitidas por Rusia, Austria, Uzbekistn,

Egipto, Irn y Nueva Zelanda, que

responden a la preocupacin de la

comunidad internacional con respecto

a la crisis que existe en el sistema

penitenciario mexicano.

ANLISIS


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Por lo anterior, es urgente que la administra-

cin actual regule en la nueva Ley de Ejecucin

de Sanciones Penales, de orma ms especfica, el

procedimiento de imposicin de medidas disci-

plinarias para que stas no sean impuestas con

la discrecionalidad de las autoridades penitencia-

rias como sucede en la prctica. Otro de los retos que enrenta la administra-

cin de Enrique Pea Nieto, y que aecta direc-

tamente las condiciones de vida de las personas

privadas de libertad, es la sobrepoblacin en los

centros penitenciarios. Durante el gobierno de

Felipe Caldern, de 2006 a 2012 se construye-

ron 14 nuevos centros penitenciarios ederales,

sin embargo, esto no erradic el arraigado

problema de hacinamiento y sobrepoblacin

dentro del sistema.

Actualmente Mxico cuenta con una tasade sobrepoblacin penitenciaria de 24.45% y

una tasa de ocupacin de 126.3%, pero hay en-

tidades ederativas, como el Distrito Federal con

181% y Jalisco con 176.4%,5por lo que la actual

administracin tiene como asignatura pendien-

te solucionar este problema con el fin de que los

programas de reinsercin social que dicho sea

de paso son deficientes contribuyan con el obje-

tivo de reinsertar a la sociedad a las personas que

estuvieron privadas de libertad. El incremento

de la poblacin en reclusin en los ltimos aos se

debe en gran medida a la ampliacin del catlo-

go de delitos graves y a la alta de criterios para

imponer medidas cautelares distintas a la prisin

preventiva.

En 2013, previo al de Mxico, la Coali-cin por los Derechos Humanos de las Personas

Privadas de Libertad en el Sistema Penitenciario

Mexicano, integrada por Asistencia Legal por los

Derechos Humanos, A. C. (Asilegal); Documen-

ta, Anlisis y Accin para la Justicia Social, A.

C.; y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio

Ellacuria, S. J. () de la Universidad Ibero-

americana de Puebla, realizamos un inorme que

abord las principales problemticas relaciona-

das con las recomendaciones emitidas al Estado

mexicano en 2009, puntualizando en la reormaal sistema penitenciario: condiciones de vida de

las personas privadas de la libertad, violencia y

hacinamiento en centros penitenciarios, y los

derechos de las y los reclusos pertenecientes a

los sectores en situacin de vulnerabilidad como

mujeres, personas indgenas, personas perte-

necientes a la poblacin lsbica, gay, bisexual,

transexual, transgnero, travestista e intersexual

() y personas con discapacidad.


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En este sentido, una orma para que el Esta-

do contribuya a mejorar la vida de quienes es-

tn privadas o privados de la libertad est en que

puede establecer mecanismos administrativos

que posibiliten la realizacin de visitas rutinarias

a los centros de reinsercin social, los cuales de-

ben comprender las visitas de todas las reas delcentro de reinsercin por grupos interdisciplina-

rios e interinstitucionales que estn compuestos

por integrantes de dependencias de gobierno,

comisiones estatales y nacional de derechos hu-

manos, as como por asociaciones de amiliares

de personas privadas de libertad y de organiza-

ciones de la sociedad civil. Lo anterior con el fin

de que estas visitas contribuyan a las mejoras de

las condiciones de vida a las que se enrentan las

personas privadas de la libertad y con ello

cumplir de manera cabal con los compromisosadquiridos por el Estado mexicano al firmar y

ratificar los instrumentos internacionales en ma-

teria de derechos humanos.

En el mismo sentido, la obligacin del per-

sonal de custodia es garantizar la seguridad me-

diante el respeto a los derechos humanos de la

poblacin penitenciaria; sin embargo, el Estado

slo cuenta con un custodio por cada 7.3 perso-

nas, por lo que en casi todos los establecimientos

penitenciarios las y los reclusos realizan activi-

dades de custodia, lo que al paso de tiempo se

convierte en un autogobierno, aectando con esto

la paz y la seguridad en muchos de estos estable-

cimientos.

Ante esta realidad el Estado tiene el gran reto

de incrementar el nmero del personal de cus-todia y capacitarlo para que sea respetuoso de los

derechos humanos, la integridad sica y psico-

lgica de las personas y contribuya con esto a la

reinsercin social de la poblacin penitenciaria.

Esta preocupacin ue maniestada por Suiza en

el marco del primer , en el que el Estado sui-

zo recomend al Estado mexicano que debera

velar por que el personal penitenciario y judi-

cial reciba una ormacin adecuada en derechos

humanos. De la misma orma Uzbekistn re-

comend durante el de 2013 que el Estadomexicano debera de ortalecer el control sobre

el comportamiento de las agencias policiales

con el fin de impedir la tortura y los malos tratos.

Con respecto a los sectores en situacin de

vulnerabilidad como lo son las mujeres, las per-

sonas con discapacidad, las personas indgenas y

quienes pertenecen a la comunidad , las

condiciones de vida se tornan ms desavorables

que las del resto de la poblacin penitenciaria, ya

El Estado no slo

debe abstenerse deobstaculizar el goce y

ejercicio del derecho

a acceder a la justiciasino que debe adoptar

acciones positivas

y remover losobstculos materiales

que impiden su

ejercicio efectivo.

ANLISIS


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que el Estado mexicano cuenta con ms de 250

centros de reinsercin social de los denomina-

dos mixtos, es decir, en los cuales las poblaciones

tanto varoniles como emeniles comparten reas

y servicios comunes. Esto coloca en situacin de

desventaja a los sectores vulnerables, pues acceder

a servicios bsicos de salud, alimentacin, traba-

jo, vivienda, deporte, recreacin, visita ntima,

entre otros, representa un riesgo para su integri-

dad sica.

Por ello, la actual administracin debe me-

jorar las condiciones de vida de estos sectores

vulnerables, implementar la separacin de reas

y servicios entre hombres y mujeres y entre per-

sonas procesadas y sentenciadas, as como ga-

rantizar los servicios necesarios con perspectivade gnero, procurando que tales servicios se en-

cuentren en cada una de las reas, y que la ac-

cesibilidad a ellos impacte de manera positiva al

universo de personas privadas de libertad.

A pesar de los compromisos adquiridos en la

materia a nivel internacional, la situacin actual

dentro del sistema penitenciario nacional ha sido

descrita como crticapor las propias autoridades

responsables. Ante esto el gobierno ha reconocido

que a pesar de los esuerzos realizados an tiene

retos por delante, los cuales han sido sealados

por diversos organismos internacionales. Por ello,el Estado debe realizar un anlisis del cmulo de

recomendaciones que el Subcomit para Prevenir

la ortura le hizo en 2008; las observaciones del

Relator sobre los derechos de las personas priva-

das de libertad en su visita de 2007 y las recomen-

daciones que ha acumulado en el marco de los dos

exmenes peridicos universales 2009 y 2013, as

como las recomendaciones del Comit de Dere-

chos Civiles y Polticos en 2010.

A los anteriores retos se suma la sociedad

civil, la cual mediante intervenciones y denun-

cias a nivel nacional e internacional ha alzado

la voz para que el Estado mexicano escuche la

demanda de acceso a la justicia de aquellas per-

sonas que conservan los derechos humanos que

les garantizan una vida digna, libre de violencia

y sin discriminacin, aun viviendo al interior

de un centro penitenciario. No se debe olvidar

que independientemente de las reormas que se

realicen y del reconocimiento del gobierno de los

retos por enrentar, un pas en donde no se ga-rantiza el acceso a la justicia permitir siempre

prcticas inquisitorias dentro de un satrico Es-

tado de derecho.

Uno de los retos que enfrenta la

administracin de Enrique Pea Nieto, y

que afecta directamente las condiciones de

vida de las personas privadas de libertad,

es la sobrepoblacin en las crceles. Enel sexenio pasado se construyeron 14

nuevos centros penitenciarios federales, sin

embargo, el problema contina.

NOTAS

1 Mauro Capeletti y Bryant Gath, Acceso a la justicia, La

Plata, Colegiado de Abogados/Departamento Judicial de

La Plata, 1983, p. 22.2 , Derecho al acceso a la justicia, Mxico, ,

2010, p. 3.

3 Corte , Caso Goibur y otros vs. Paraguay (Fondo,

Reparaciones y Costas), Sentencia del 22 de septiembre de

2006, serie C, nm. 153, prr. 131.

4 Es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos

de las Naciones Unidas para analizar la situacin de los

derechos humanos en todos los Estados miembros de la

.5 Asilegal/Documenta/, Inorme sobre

sistema penitenciario en Mxico 2013, Mxico,

Asilegal/Documenta/, 2013, disponible en

, pgina consultada el 26 de noviembre

de 2013.



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La tortura y la desaparicin forzada son crmenes

por los que el Estado mexicano ha sido condenado

internacionalmente, y aunque son prcticas que

podran remitirnos a la poca de la Guerra Sucia la

evidencia es que siguen vigentes. La recomendacin

de diversos pases refuerza la necesidad de contar

con acciones de prevencin, investigacin y sancin

de estos delitos, cuya implementacin debe ser

prioritaria en el pas.

Violaciones gravesen la mira del EPU 2013:

tortura y desaparicinforzada

Al igual que ocurri en el primer Examen Pe-

ridico Universal () de Mxico en 2009, un

nmero importante de las recomendaciones

dirigidas al Estado mexicano en el 2013

abordan graves violaciones a derechos civiles y polticos.

Entre las problemticas ms preocupantes identificadas porlos Estados participantes se destacan: 1)el uso de la tortura

para coaccionar o abricar pruebas en el sistema penal, y 2)

la desaparicin orzada, por la que Mxico es condenado

internacionalmente en la actualidad y cuya prctica nos re-

mite a los crmenes impunes de la Guerra Sucia.

En relacin con estos temas, los cuales ya han provoca-

do sentencias y recomendaciones de diversos rganos in-

ternacionales de derechos humanos, el 2013 reuerza

la necesidad de contar con acciones concretas y eectivas

de prevencin, investigacin y sancin, con nasis en algu-

nas tareas especficas que se deben implementar de manera

prioritaria en el pas.

Tortura

No es novedad que la tortura es una prctica sistemtica en

Mxico, utilizada para obtener declaraciones coacciona-das de personas detenidas. Y la validacin de pruebas obte-

nidas bajo tortura por parte de las autoridades judiciales ha

operado por dcadas como incentivo de esta prctica.

ampoco es novedoso que los rganos de la Organiza-

cin de las Naciones Unidas () sealen la tortura como

una de sus mayores preocupaciones. Al visitar Mxico en

1997, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la

ortura, Nigel Rodley, recibi abundante inormacin

sobre el uso sistemtico de la tortura, incluyendo aproxi-

madamente 116 casos recibidos presuntamente ocurridos

* Coordinadora del

rea Internacional

del Centro de

Derechos Humanos

Miguel Agustn

Pro Jurez (Centro

Prodh).

Stephanie Erin Brewer*

Fotografas: Miguel Dimayuga/Concurso Rostros de la Discriminacin 2013

ANLISIS


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entre enero de 1996 y septiembre de 1997.1En

particular, destac que los casos ms habituales

son los que ocurren en el marco de la investiga-

cin de delitos2ya que a pesar de la prohibicin

legal, hay jueces que siguen considerando la de-

claracin obtenida bajo tortura como vlida.3

Lo anterior, pese a que Mxico cuenta con un

importante despliegue de garantas jurdicas quedeberan hacer muy inrecuentes tales casos.4

En 2003, el Comit contra la ortura de la

() concluy tras visitar Mxico:

[L]a inormacin acumulada durante el curso de

este procedimiento, no desvirtuada por las auto-

ridades, y la descripcin de casos de tortura, []

su uniormidad en cuanto a las circunstancias en

que se produjeron, el objetivo de la tortura (casi

siempre obtener inormacin o una conesin

autoinculpatoria), la semejanza de los mtodos

empleados y su distribucin territorial, ha pro-

ducido a los miembros del Comit la conviccin

que no se trata de situaciones excepcionales o de

ocasionales excesos en que han incurrido algu-

nos agentes policiales, sino, por el contrario, que

el empleo de la tortura por parte de stos tiene

carcter habitual y se recurre a ella de manera

sistemtica como un recurso ms en las investi-

gaciones criminales.5

En 2008 Mxico ue visitado por el Subcomit

para la Prevencin de la ortura, el cual emiti

un detallado inorme sealando, entre otros as-

pectos, que recibi abundantes, slidos y coin-

cidentes elementos de juicio [para concluir que

es] durante las primeras 48 horas de detencin

del inculpado, cuando los detenidos corren un

alto riesgo de surir tortura.6

Igualmente cabe mencionar que en octubre

de 2012, el destac que las disposiciones

constitucionales que establecen la inadmisibili-dad de pruebas obtenidas bajo tortura no han

bastado para poner fin a este flagelo, y lamen-

t la persistencia de esas prcticas incluso en

aquellas jurisdicciones en las que ya ha sido im-

plantado el nuevo sistema de justicia penal.7

Ahora en el 2013 la preocupacin interna-

cional por el uso de la tortura en Mxico se hizo

notar mediante mltiples recomendaciones.8

Mientras algunos pases (Alemania,9 Hun-

gra10

y Azerbaiyn11

) recomendaron armonizar

Mxico ha sido sealado

internacionalmente por la ola de

desapariciones cometidas en aos

recientes. De acuerdo con hrwla

administracin de Pea Nieto

ha heredado una de las peores crisis

en materia de desapariciones que se

hayan producido en Amrica Latina

a lo largo de la historia.



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el marco normativo mexicano para que coincida

con los estndares internacionales en materia de

tortura, en general las recomendaciones refle-

jan que el problema principal no es una alta de

normatividad, sino la eectiva aplicacin de sta.

Portugal recomend en este sentido que la apli-

cacin de la legislacin existente contra la tortura

tenga prioridad absoluta.12 Particular atencin mereci la obligacin de

aplicar el Protocolo de Estambul ante toda denun-

cia de tortura. Alemania recomend garantizar la

instrumentacin de dicho Protocolo en todas las

entidades ederativas,13 mientras Suecia destac

la necesidad de capacitar adecuadamente a las y

los peritos ministeriales en la debida aplicacin de

este instrumento.14En otra recomendacin, Sue-

cia destac que la autoridad encargada de inves-

tigar la denuncia no debe ser la misma que est

acusada de los actos de tortura.15

En eecto, la alta de investigacin eficaz y

por ende, la impunidad ue un enoque central

de las recomendaciones ormuladas sobre tortura.

urqua hizo nasis en la necesidad de garantizar

que las investigaciones se realicen con debida di-

ligencia,16 mientras Azerbaiyn recomend esta-

blecer un sistema dedicado a recibir e investigar

denuncias de tortura, incluyendo que las personas

sealadas sean suspendidas de sus cargos durante

tal investigacin.17

De especial importancia es la

obligacin de investigar y sancionar la tortura que

se identific en el 2013 como medida impres-

cindible para prevenir esta prctica.18

Desde esta perspectiva, la urgente necesidad

de poner fin a la impunidad por la tortura no se

puede subestimar: recordamos que en respuesta

a solicitudes de inormacin hechas por el Cen-

tro Prodh, la Procuradura General de la Rep-blica () identific nicamente dos condenas

ederales por tortura entre enero de 1994 y enero

de 2012,19un lapso de 18 aos. En sus inormes

5 y 6 ante el , el Estado mexicano dio cuenta

de slo cuatro sentencias condenatorias por tor-

tura a nivel estatal entre 2005 y 2008.20Es decir,

la tortura permanece casi universalmente en la

impunidad.

El otro paso primordial para prevenir la tor-

tura tambin se encuentra entre las recomenda-

ANLISIS


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Mientras algunos pases recomendaron

en el epude 2013 armonizar el marco

normativo mexicano para que coincida

con los estndares internacionales

en materia de tortura, en general

las recomendaciones reflejan que el

problema principal no es una falta de

normatividad, sino la efectiva aplicacin

de sta.

ciones del 2013: el prohibir eficazmente la

admisin de pruebas obtenidas bajo tortura.21En

esta materia, con la transicin al sistema penal

acusatorio, el Estado tiene la oportunidad de es-

tablecer prcticas que cumplan con las reormas

constitucionales de 2008 y 2011 y los tratados

internacionales de derechos humanos. Sin em-

bargo, hemos visto que la mera implementacin

del nuevo sistema no es una garanta contra la

tortura y la coaccin de conesiones abricadas.22

En este sentido, entre otros aspectos, es unda-

mental que en caso de aprobarse un cdigo nico

de procedimientos penales, ste garantice eficaz-

mente la ilicitud de las pruebas coaccionadas uobtenidas violando derechos humanos.

Por otra parte, los Estados participantes en el

2013 destacaron la relacin entre la tortura

y el arraigo, as como la alta de eectivo control

sobre los cuerpos policiacos.23

Desaparicin forzada

Otra grave violacin a los derechos humanos

que provoc diversas recomendaciones en el

2013 ue la desaparicin orzada. Mxico ha

sido sealado internacionalmente por la ola dedesapariciones cometidas en aos recientes, por

ejemplo por Human Rights Watch () en su

inorme Los desaparecidos de Mxico: El persis-

tente costo de una crisis ignorada, documentan

casi 250 desapariciones, incluyendo por lo menos

149 casos en los que existen pruebas contunden-

tes de la responsabilidad directa de agentes esta-

tales.24Al respecto, el director para las Amricas

de , Jos Miguel Vivanco, consider que la

administracin de Pea Nieto ha heredado una

de las peores crisis en materia de desapariciones

que se hayan producido en Amrica Latina a lo

largo de la historia.25

De acuerdo con los Estados participantes en

el Examen Peridico de 2013, Mxico debe prio-

rizar la creacin de un registro oficial de perso-

nas desaparecidas (recomendado por Francia),26

as como un protocolo nacional para la bsque-da de personas reportadas como desaparecidas

y la investigacin de estos crmenes (Irn)27. En

varias recomendaciones se destac que Mxico

debe aprovechar los instrumentos y rganos de

la especializados en desaparicin orzada:

se recomend que el Estado mexicano reconozca

plenamente la competencia y acultades del Co-

mit contra la Desaparicin Forzada (Francia,

Espaa y Uruguay),28que implemente las princi-

pales recomendaciones del inorme de diciembre

de 2011 del Grupo de rabajo sobre Desaparicio-

nes Forzadas o Involuntarias (Irlanda)29y armo-

nice el marco normativo interno con los estnda-

res internacionales (Francia30y Chile31).

Previsiblemente otro enoque de las recomen-

daciones era la impunidad. Irn,32Suiza33y Azer-

baiyn34destacaron la obligacin de investigar y

sancionar las desapariciones y de otorgar una

reparacin completa a las vctimas: Suiza preci-

s que el Estado debe realizar una investigacin

sistemtica de todos los casos, mientras Azer-baiyn consider necesario ortalecer el sistema

de justicia para mejor investigar estos crmenes.

Otros Estados que ormularon recomendaciones

para combatir la desaparicin orzada incluyeron

Uzbekistn35y Argentina.36

Finalmente, destaca la recomendacin de No-

ruega en el sentido de crear una base de datos de

personas migrantes desaparecidas y que todas las

autoridades del Estado mexicano cooperen para

prevenir y sancionar abusos en contra de este

grupo sumamente vulnerable en su trnsito porterritorio mexicano.37

Conclusin

Si bien los Estados participantes en el 2013

no dejaron de recomendar que Mxico armonice

su marco normativo con los estndares interna-

cionales, tambin enviaron un mensaje muy cla-

ro: no basta un marco normativo adecuado en

papel para erradicar la tortura y la desaparicin

orzada.



17/6815

El reto para la administracin actual es trans-

ormar no slo la superficie, sino el ondo del

sistema de procuracin y administracin de justi-

cia, poniendo fin al uso impune de la tortura como

herramienta para abricar pruebas, estableciendo

mecanismos eectivos para la bsqueda de per-

sonas desaparecidas, y ante todo caso de tortura

o desaparicin, investigando y sancionando a las

autoridades responsables, al mismo tiempo que se

garantice una reparacin integral a las vctimas.

NOTAS

1 Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

Inorme del Relator Especial, Sr. Nigel S. Rodley, presentado

con arreglo a la Resolucin 1997/38 de la Comisin de

Derechos Humanos. Adicin. Visita del Relator Especial

a Mxico, E/CN.4/1998/38/Add.2, 14 de enero de 1998,

prr. 7.

2 Ibidem, prr. 8.

3 Ibidem, prr. 39.

4 Ibidem, prr. 80. Como ejemplo, encontr que [m]uchos

mdicos a los que se pide que reconozcan a los detenidos

parecen estar dispuestos a hacerlo de manera superficial

o a expedir inormes equvocos. Esto se explica en partepor la alta de independencia de los mdicos, la mayora

de los cuales estn empleados por la Procuradura.

Ibidem, prr. 83.

5 Comit contra la ortura, Inorme sobre Mxico.

Preparado por el Comit, en el marco del artculo 20 de

la Convencin, y respuesta del Gobierno de Mxico,

CA/C/75, 25 de mayo de 2003, prr. 218.

6 Subcomit contra la ortura, Inorme sobre la visita a

Mxico del Subcomit para la Prevencin de la Tortura y

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

CA/OP/MEX/1, 31 de mayo de 2010, prr. 144.

7 Comit contra la ortura, Observaciones Finales: Mxico,

CA/C/MEX/CO/5-6, 11 de diciembre de 2012, prr. 15.

8 odas las recomendaciones se pueden consultar en:

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

Inorme preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen

Peridico Universal: Mxico, A/HRC/WG.6/17/L.5, 25 de

octubre de 2013, disponible en , pgina

consultada el 26 de noviembre de 2013.

9 Ibidem, . Conclusiones y/o recomendaciones, prr.

148.19.

10 Ibidem, prr. 148.20.

11 Ibidem, prr. 148.53.

12 Ibidem, prr. 148.51.13 Ibidem, prr. 148.19.

14 Ibidem, prr. 148.49.

15 Ibidem, prr. 148.50.

16 Ibidem, prr. 148.52.

17 Ibidem, prr. 148.53.

18 Ibidem, prr. 148.19.

19 Solicitudes de inormacin pblica realizadas por el

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustn Pro

Jurez, respondidas por la mediante oficios SJAI/

DGAJ/05383/2010, 8 de septiembre de 2010, olio

0001700097810, p. 2; y SJAI/DGAJ/3139/2012, 28 demarzo de 2012, olio 0001700024312, pp. 1 y 2. La

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la ortura se

encontraba vigente durante la totalidad del periodo

comprendido en estas respuestas.

20 Comit contra la ortura, Examen de los inormes

presentados por los Estados Partes con arreglo al artculo

19 de la Convencin, Inormes peridicos quinto y sexto

combinados que los Estados partes deban presentar en

2010, presentados en respuesta a la lista de cuestiones

(CAT/C/MEX/Q/5-6) transmitida al Estado Parte con

arreglo al procedimiento acultativo de presentacin de

inormes (A/62/44, prraos 23 y 24). Mxico, 5 de abril de2011, p. 50.

21 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

Inorme preliminar, doc. cit., . Conclusiones y/o

recomendaciones, prr. 148.20.

22 Recordamos que el caso paradigmtico de Israel Arzate

Melndez tiene lugar en Chihuahua, primer estado

en poner en marcha el sistema acusatorio. Para ms

inormacin, vase , pgina



Inorme preliminar, doc. cit., . Conclusiones y/o

recomendaciones, prr. 148.64.

24 Vase , Mxico: crisis de desapariciones orzadas,

Mxico, 20 de ebrero de 2013, disponible en , pgina consultada el 26 de

noviembre de 2013.

25 Idem.

26 Consejo de Derechos Humanos, Inorme preliminar,

doc. cit., . Conclusiones y/o recomendaciones, prr.

148.5.

27 Ibidem, prr. 148.54.

28 Ibidem, prr. 148.5.29 Ibidem, prr. 148.56.

30 Ibidem, prr. 148.5.

31 Ibidem, prr. 148.15.

32 Ibidem, prr. 148.54.

33 Ibidem, prr. 148.57.

34 Ibidem, prr. 148.95.

35 Ibidem, prr. 148.55.

36 Ibidem, prr. 148.59.

37 Ibidem, prr. 148.58.

ANLISIS


18/68

Fotografa: Enrique Rashide Serrano/Concurso Rostros de la Discriminacin 2012.

16


19/68

Desigualdad, pobreza y constantes violaciones

a los derechos humanos provocadas por la

implementacin de megaproyectos y la consecuente

privatizacin de los recursos naturales provocan

serios conflictos en comunidades urbanas y

rurales del pas. Como consecuencia de polticas

gubernamentales que no alcanzan a revertir el rezago

econmico y social, hombres y mujeres mantienen la

lucha por materializar su derecho a una vida digna en

este pas.

El EPU:DESCA y pobreza

Salom Almaraz Reyes

Y Aarn Hernndez Hernndez*

En 2006 la Asamblea General de las Naciones Uni-

das estableci en el prrao 5.e de su Resolucin

60/251, sobre la creacin de su Consejo de De-

rechos Humanos,1 la obligatoriedad de ste de

realizar un examen peridico universal. El 18 de junio de

2007, el Consejo estableci en su Resolucin 5/1, los crite-

rios parala presentacin, cada cuatro aos, de este inorme

sobre la situacin de los derechos humanos que guardan los

193 Estados Parte.2El Examen Peridico Universal () es un mecanismo

en donde los propios Estados miembros de las Naciones

Unidas examinan los avances o retrocesos de cada uno de

sus pares. Mxico ue evaluado por primera vez el 10

de ebrero de 2009 cuando present su inorme oficial. Al

final, el Estado mexicano recibi 91 recomendaciones, de

las cuales 83 ueron aceptadas, tres rechazadas y el resto

comentadas sin una posicin clara.3No obstante, en este

proceso tambin existi una importante participacin de

las organizaciones de la sociedad civil ().

Con inormes alternativos al inorme del Estado, las

asociaciones civiles dieron a conocer los principales pro-

blemas, violaciones y retos que se presentan en la situacin

de los derechos humanos en Mxico, con el objetivo de

advertir sobre una realidad que en muchas ocasiones dista

de la visin de avance y cumplimiento que da el discurso

oficial. La intencin de dichos inormes alternativos es ex-

presar las preocupaciones y violaciones de las cuales tienen

conocimiento las osc. En materia de derechos econmicos,sociales, culturales y ambientales (), en aquel ao su

principal preocupacin ueron los altos ndices de pobreza

y las constantes violaciones a los derechos humanos provo-

cadas por la implementacin de megaproyectos. Gracias a

sus inormes se generaron diversas recomendaciones para

el combate a estas dos grandes problemticas.

Entre las observaciones de los dems miembros del

Consejo de Derechos Humanos al inorme de Mxico de

2009 destac la pobreza como una preocupacin reiterada,

y se inst a nuestro pas a que redujera la desigualdad en

* Coordinadora

e integrante,

respectivamente, del

rea de Investigacin

del Centro de

Derechos HumanosFray Francisco de

Vitoria O. P., A. C.

ANLISIS

17


20/6818

todo su territorio, entre zonas geogrficas y re-

giones, y a que redistribuyera la riqueza. Por tal

motivo, las recomendaciones 68 a 74 estuvieron

dirigidas a resarcir la inequidad en el ingreso, la

educacin, la alimentacin y la vivienda.4

Adems, el Consejo de Derechos Humanos

alert sobre la situacin de los pueblos indgenas.

As, se emitieron recomendaciones para garantizarsu derecho a ser consultados sobre los proyectos

que se desarrollen en sus comunidades, atender

el rezago econmico y social en que se encuen-

tren, y garantizarles su acceso a la justicia.

En la evaluacin de 2009, las manies-

taron su preocupacin, pues en la ltima sesin

sobre las recomendaciones el Estado mexicano

no abord el tema de los , principalmente

el relacionado con el medio ambiente. En aque-

lla ocasin las resaltaron la importancia de

garantizar los para lograr la eectiva pro-

teccin universal a los derechos humanos en

Mxico; en especial debido a que las condiciones

ambientales aectan directamente la vida de las

personas, adems de que en diversas regiones de

Guerrero y Oaxaca aquellas comunidades que

trabajan por la proteccin del ambiente y se han

enrentado a alguno de los llamados megapro-

yectos han sido vctimas de criminalizacin.5

Por ello, la Recomendacin nm. 77 ue con-

tundente al sealar que el Estado mexicano debeadoptar las medidas necesarias para garantizar

el derecho de los pueblos indgenas u otras co-

munidades marginadas aectadas por el desarro-

llo econmico de planificacin o proyectos y ser

consultados de manera adecuada y justa.6

Desaortunadamente, la situacin en aquel

momento no dista mucho de lo que sucede ac-

tualmente con la implementacin de proyectos

en materias de agricultura, minera e inraestruc-

tura, entre otros. Los conflictos derivados de la

puesta en marcha de megaproyectos y la conse-cuente privatizacin de los recursos naturales se

originan por la alta de la consulta e inormacin

a las comunidades urbanas y rurales, las cuales

son aectadas por tales desarrollos.

El 2013 en materia de pobreza y

Para el inorme de 2013 el Estado mexicano pre-

sent sus avances en materia de derechos huma-

nos. En el apartado , que incluye el tema de

pobreza, toc los siguientes puntos:

Reconoci un aumento en el porcentaje de la

poblacin que vive en condiciones de pobre-

za, de 44.5% a 46.2% (de 48 a 52 millones de

personas).

Resalt que con el Programa Oportunidades

el actual gobierno contribuy a la ruptura del

ciclo de la pobreza, ya que ha avorido aspec-

tos relacionados con los derechos a la alimen-tacin, la salud y la educacin de la poblacin

beneficiaria.

El Seguro Popular incorpor a ms de 52 millo-

nes de mexicanos sin derechohabiencia.

Se otorgaron 8.8 millones de nanciamientos,

de los cuales 39.3% ue para la compra de

viviendas nuevas (considerado un mximo his-

trico).

En 2013 se lanz la Cruzada Nacional Contra

el Hambre, que busca garantizar la seguridad

alimentaria y nutricin de 7.4 millones de per-

sonas que viven en pobreza extrema.

Se consideraron como avance las reformas a los

artculos 4 y 27 constitucionales para avorecer

el reconocimiento del derecho a la alimentacin.

Se mencionaron como grandes logros las refor-

mas a la Constitucin en materia de educacin

y a la Ley Federal del rabajo.

Se destac la entrada en vigor de la Ley de Res-

ponsabilidad Ambiental.7

Sin embargo, una vez ms las asociaciones civiles

hicieron un ejercicio de balance sobre la situa-

cin de los y, en contraste con lo expuesto

por el Estado mexicano, cuestionaron algunas de

sus declaraciones en su respuesta al inorme ofi-

cial, por ejemplo:

De qu forma los programas para erradicar

la pobreza abordan las causas estructurales que la

generan?

Cmo se est haciendo frente a los problemas

derivados de la implementacin del Seguro Po-

pular?

Qu medidas se han aplicado para garantizar

de manera eectiva el ejercicio del derecho a la

vivienda digna a los grupos en situacin de dis-

criminacin y marginacin?

De qu forma se articular la Cruzada Nacio-

nal contra el Hambre con las y los productores

nacionales para impulsar la agricultura campe-

sina e indgena en el pas?



21/6819

Desde el epude 2009 Mxico fue

recomendado para adoptar medidas que

garanticen el derecho de los pueblos

indgenas y comunidades afectadaspor el desarrollo de proyectos sin una

consulta adecuada.

Qu leyes secundarias han sido aprobadas

para la instrumentacin del derecho al medio

ambiente sano?

odas y cada una de las preguntas8buscan identi-

ficar aquellas inconsistencias en las declaracionesrealizadas por el Estado mexicano, ya que su pre-

sentacin deja de lado muchos temas de inters.

Por ejemplo, no menciona las dificultades que ha

tenido la implementacin del Seguro Popular;

no hablar de los transgnicos y cmo aectan a la

soberana alimentaria y al derecho a la salud; ni

refiere las violaciones a derechos humanos ema-

nadas de la implementacin de las reormas edu-

cativa y laboral, ya que stas no son consistentes

pero s regresivas con relacin a los tratados in-

ternacionales sobre el contenido de los derechosy de los cuales Mxico es parte.

Cabe sealar que dentro de la inormacin

proporcionada por el Estado mexicano no se

contempl hablar de la situacin particular de

la poblacin juvenil en lo reerente al cumpli-

miento de los derechos a la salud, educacin

y trabajo: la tasa de desempleo en 2012 se si-

tu en 5.12%. Las personas jvenes son las ms

aectadas.9 Si la mayora de la poblacin que

se encuentra desempleada o en el mercado de

trabajo inormal es la juvenil, entonces tampoco

tiene garantizado su derecho a la salud por no

ser derechohabiente de algn sistema de seguri-

dad social.

Por otra parte, el Estado no garantiza dere-

chos a la alimentacin, educacin, salud y vivienda

a 57.7 millones de personas sin ingresos sui-cientes para satisacerlos por s mismos.10Al no

cumplirse un derecho, los dems se vern aecta-

dos, a partir de los principios de interdependencia

e indivisibilidad de los derechos humanos. Por

ejemplo, al no garantizarse la educacin, tam-

poco se podrn garantizar las oportunidades de

trabajo digno ni, en consecuencia, los derechos

laborales y la seguridad social, perpetuando as

el ciclo de la pobreza al cual hace reerencia el

Estado mexicano en su inorme.

Fotografa: Sal Lpez/Concurso Rostros de la Discriminacin 2 013.

ANLISIS


22/6820

En materia ambiental, si bien se mencionan las

acciones colectivas y dems medidas como he-

rramientas jurdicas para proteger al derecho al

medio ambiente sano, una vez ms no se hace

reerencia a la implementacin de megaproyec-

tos, que en muchos casos son el origen de toda

una gama de violaciones a derechos humanos

al no respetarse el derecho a la consulta previae inormada. stos se llevan a cabo tanto en co-

munidades rurales como urbanas, pero aectan

principalmente a pueblos indgenas.

Recomendaciones de la a Mxico en 2013En octubre de 2013 se realizaron en Ginebra,

Suiza, las sesiones del segundo Examen Peridico

Universal, en las que participaron diversos acto-

res como embajadores de distintas naciones y

las delegaciones representantes de los diversos

pases. En el caso mexicano, el grupo estuvo con-

ormado por uncionarios del Poder Ejecutivo y

de algunos gobiernos estatales y locales, miem-

bros de las comisiones de derechos humanos de

ambas Cmaras y el presidente de la Comisin

Nacional de los Derechos Humanos. De esta revisin se derivaron 176 recomen-

daciones realizadas por los distintos representantes

de los pases.11En materia de se distribu-

yeron de la siguiente orma:

Combate a la pobreza: nueve recomendaciones,

varias de ellas con nasis en la implementacin

del Plan Nacional de Desarrollo y la atencin a

sectores marginados y discriminados.

Derecho a la salud: seis recomendaciones que

versaron en relacin con aumentar el gasto

pblico y garantizar el derecho a la salud y los

derechos sexuales y reproductivos a las mujeres

y jvenes.

Derecho a la vivienda: una recomendacin que

sugiere especial atencin en disear esquemas

de financiamiento para la poblacin econmi-

camente activa en el mercado inormal. Derecho a la alimentacin: tres recomendacio-

nes piden garantizar que las polticas agrco-

las sean eficaces para combatir la pobreza y el

hambre en el campo, y adoptar una ley marco

para la plena implementacin del derecho a la

alimentacin.

Derechos laborales: cuatro recomendaciones

para reducir al mnimo las desigualdades de

ingreso entre los distintos sectores sociales,

crear oportunidades de empleo para las y los

jvenes y ratificar el Convenio nm. 189 de la

Organizacin Internacional del rabajo relati-

vo al trabajo domstico, adems de garantizar

la igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres.

Derecho al medio ambiente sano: cuatro reco-

mendaciones que en su mayora subrayaron

el derecho a la consulta de las comunidades

indgenas en lo reerente a la implementacin

de proyectos de desarrollo que pueden llegar a

aectarles. Derecho a la educacin: 10 recomendaciones en

las que se pide que se garantice este derecho a

la poblacin de los sectores ms discriminados

y marginados.

Conclusin

Al igual que hace cuatro aos, en la actualidad no

hay un combate estructural a la pobreza. El Pro-

grama Oportunidades sigue siendo de corte asis-

tencialista, por lo que resulta insuficiente para

ayudar a garantizar los derechos undamentalesde la poblacin altamente marginada.

Otro punto que parece reiterativo es la auto-

rizacin de megaproyectos de manera autoritaria,

sin que se tomen en cuenta las consecuencias y

violaciones a los derechos humanos de las pobla-

ciones y comunidades aectadas. De ah la nece-

sidad de mecanismos eficaces de transparencia

y rendicin de cuentas rente a la sociedad que

permitan consolidar la construccin de un Estado

democrtico de derecho, pero tambin el esta-

La Recomendacin nm. 77 fue

contundente al sealar que el Estado

mexicano debe adoptar las medidas

necesarias para garantizar el derecho

de los pueblos indgenas u otras

comunidades marginadas afectadas por

el desarrollo econmico de planificacin

o proyectos y ser consultados de manera

adecuada y justa.



23/6821

blecimiento de mecanismos que permitan la

participacin ciudadana en la planeacin, imple-

mentacin y evaluacin de polticas sociales con

perspectiva de derechos humanos que tomen en

cuenta una visin integral e incluyente.

En la actualidad no hay

un combate estructural a

la pobreza. El Programa

Oportunidades sigue siendo

de corte asistencialista, por

lo que resulta insuficiente

para ayudar a garantizar los

derechos fundamentales

de la poblacin altamente

marginada.

NOTAS

1 Consejo de Derechos Humanos, Resolucin 60/251

aprobada por la Asamblea General de las Naciones

Unidas, 15 de marzo de 2006, disponible en , pgina consultada el 23 de noviembre de

2013.

2 Construccin institucional del Consejo de Derechos

Humanos, Resolucin 5/1 aprobada por el Consejo de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 18 de junio

de 2007, disponible en , pgina


3 -ino.org, Respuestas a recomendaciones. Mxico,

7 pp., disponible en , pgina


4 Examen Peridico Universal. Inorme del Grupo de Trabajo

sobre el Examen Peridico Universal. Mxico. Adicin.

Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones,

compromisos voluntarios y respuestas presentadaspor el Estado examinado, disponible en , pgina consultada el 23 de noviembre de

2013.

5 Academia Mexicana de Derechos Humanos et al., Mxico

descarta recomendaciones importantes de derechos

humanos de la , 12 de junio de 2009, disponible

en , pgina consultada el 24 de

noviembre de 2013.

6 -ino.org, doc. cit., p. 6.

7 Inorme nacional presentado con arreglo al prrao 5 del

anexo de la Resolucin 16/21 del Consejo de Derechos

Humanos. Mxico, 2013, pp. 5-12, disponible en , pgina consultada el 28 de noviembre de

2013.

8 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos

Humanos odos los Derechos para odas y odos

(coord.), Respuesta de las al Inorme del Estado,

Mxico, 2013, 44 pp.

9 Accin Urgente para Deensores de los Derechos Humanos

et al., Inorme conjunto presentado por organizaciones de la

sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen

Peridico Universal de Mxico, 4 de marzo de 2013, p. 6,

disponible en , pgina consultada

el 28 de noviembre de 2013.10 Idem.


Draf report o the Working Group on the Universal Periodic

Review. Mexico, A/HRC/WG.6/17/L.5, 25 de octubre de

2013, 28 pp., disponible en , pgina


Fotografa: Enrique Rashide Serrano/Concurso Rostros de la Discrminacin 2012.

ANLISIS


24/6822

27.422.6

DESCA y pobreza*

POBREZA 1

2010 - 2012. Comparativo de poblacin con carencias sociales por rubros.

.

20

30

40

50

60

70

Millones

Rezagoeducativo

Acceso a losservicios de

salud

Acceso a laseguridad social

Acceso a losservicios bsicos

en la vivienda

Acceso a laalimentacin

Calidady espacios

en la vivienda

17.4

23.7 26.3 28.4

33.5

69.6

15.9

24.9 25.3

71.8

de personas sin ingresossuficientes a las queel Estado no garantizalos derechos a laalimentacin, educacin,salud y vivienda.

de personas padecenpobreza alimentaria.21.2

millones

2010 - 2012.Comparativo de la pobreza por poblacin en situacin de

Indicadores de falta de acceso y garanta de los derechos econmicos

sociales, culturales y ambientales (desca) 5

52.8 millones 39.8 millones 13.0 millones

53.3 millones 41.8 millones 11.5 millones

57.7

millones

Pobreza2 Pobreza moderada3 Pobreza extrema4

9.22% de las viviendas no cuentan con agua en el pas.

5.12% tasa de desempleo en 2012.

95% de los cuerpos hdricos en Mxico estncontaminados, una tercera parte debido

a la actividad industrial.

90% poblacin indgena jornalera agrcolaquelabora sin contratos.

14 000

muertes

3 431

muertes

maternas asociadasal embarazo, parto yposparto.

anuales causadas por lamala calidad del aire.



25/6823

Estados donde se concentra

la pobreza extrema al rebasar

los niveles de la media

nacional

Entidad Porcentaje

Campeche 10.4

Chiapas 32.2

Guerrero 31.7

Hidalgo 10.0

Michoacn 14.4

Nayarit 11.9

Oaxaca 23.3

Puebla 17.6

San Luis Potos 12.8

Tabasco 14.3Veracruz 14.3

Niveles de pobreza por estados

Entidad Porcentaje

9.8 (media nacional)

Aguascalientes 3.4

Baja California 2.7Baja California Sur 3.7

Coahuila 3.2

Colima 4.0

Chihuahua 3.8

Distrito Federal 2.

Durango 7.5

Guanajuato 6.9

Jalisco 5.8

Mxico 5.8

Morelos 6.3Nuevo Len 2.4

Quertaro 5.2

Quintana Roo 8.4

Sinaloa 4.5

Sonora 5.0

Tamaulipas 4.7

Tlaxcala 9.1

Yucatn 9.8

Zacatecas 7.5

Contexto: La pobreza es uno de los

retos ms importantes en el desarrollo

del pas, pues limita las oportunidades

a las personas, amilias y comunidades

para alcanzar un crecimiento integral

y dificulta el progreso general de la so-

ciedad. Frente a las violaciones de los, las deficiencias estructurales y

legislativas al interior del Estado mexi-

cano complican el acceso a la justicia

y a la reparacin del dao en esta ma-

teria. Persisten as las violaciones a los

derechos humanos por la implemen-

tacin de megaproyectos que generan

desplazamientos orzosos, pobreza

agravada, dao al medio ambiente y el

no ejercicio de los derechos culturales.

Adems, la situacin laboral de la po-

blacin y la carencia de prestaciones

limitan el acceso, goce y disrute de

otros derechos.

1 Reportes del .

2 Poblacin vulnerable slo por alguna de las

carencias sociales.

3 Poblacin que presenta por lo menos una

carencia social y que perciben un ingreso

inerior a la lnea de bienestar.4 Poblacin que presenta al menos tres caren-

cias sociales y su ingreso es menor a la lnea

de bienestar mnimo.

5 Casos reportados por la Red //

en Mxico.

* Fuentes:

Inorme conjunto presentado por organizaciones

de la sociedad civil mexicana para la segun-

da ronda del Examen Peridico Universal de

Mxico, julio de 2013, Mxico, Red , 2013,disponible en ; e ,

Estadsticas a propsito del da internacional

para la erradicacin de la pobreza , Aguasca-

lientes, octubre de 2013, disponible en .

Investigacin:Valeria Garca/.

2012.Niveles de pobreza por estados1

ANLISIS


26/6824

Dar cuenta de un balance de 2013 sobre las de-

ensoras y deensores de derechos humanosnecesariamente implica ubicar un contexto

adverso para el goce y deensa de los derechos

humanos, con altos ndices de violencia, inseguridad e im-

punidad, en medio del cual las personas deensoras han

acompaado a las vctimas, documentado graves violacio-

nes a derechos humanos, impulsado acciones para conseguir

justicia y reparacin de daos, denunciado pblicamente la

violencia institucional en su contra y hasta se han deendi-

do y protegido a s mismas de quienes las agreden y obsta-

culizan su labor.

Dicha tarea de deensa de los derechos humanos aecta

intereses de diversa ndole que son sostenidos por actorestanto pblicos como privados, los cuales a travs de amena-

zas, actos de intimidacin, robo, uso arbitrario del sistema

penal, e incluso, agresiones sicas, privacin de la libertad,

tortura y hasta homicidio o ejecucin extrajudicial, han

pretendido acallar las voces de las vctimas y de quienes las

apoyan y acompaan. Esta situacin no es reciente y, por el

contrario, ciertos indicadores sealan el incremento de las

agresiones que suren las personas deensoras, as como

los obstculos y limitaciones con los que se encuentran

para ejercer el derecho a deender derechos humanos.

En un escenario donde las agresiones contra las personas

defensoras de los derechos humanos en Mxico no cesan,

hoy la denuncia enciende la alerta al reportarse un aumento

de casi 1 000% de los casos ocurridos en los recientes

cuatro aos. En respuesta se han conjuntado esfuerzosgubernamentales y de la sociedad civil que avanzan, no

sin tropiezos, con el nico objetivo de avivar las voces de

las vctimas y de quienes las apoyan y acompaan en su

bsqueda de justicia.

Proteccin a las ylos defensores de

derechos humanos: unaasignatura pendiente

para 2014Claudia Ordez Vquez*

* Encargada de

la Relatora para

la Atencin a

Deensoras y

Deensores de

Derechos Humanos

de la Comisin de

Derechos Humanosdel Distrito Federal

().



27/68

Agresiones al derecho a defender derechos

humanos 2010-2013

La Comisin de Derechos Humanos del Distrito

Federal (), a travs de la Relatora para la

Atencin a Deensoras y Deensores de Derechos

Humanos, registr 47 presuntas agresiones con-

tra personas deensoras a nivel nacional durante

2010; 63 en 2011,1485 para 2012; y de enero aoctubre de 2013, 365 agresiones, en donde las

detenciones arbitrarias encabezan dicha lista,

seguidas por actos de hostigamiento, agresin

sica, amenazas, desapariciones, homicidios,

allanamiento y uso arbitrario del sistema penal

(judicializacin del derecho a deender), entre

otros.2

En el presente ao se han contabilizado 249

agresiones contra hombres, 49 contra mujeres

y 70 en contra de comunidades, organizaciones y

otras. Asimismo, es importante destacar que la

sistematizacin de los datos arroja como respon-

sables a las autoridades de los tres niveles de go-

bierno en 70% de los registros.

Por su parte, los estados con mayor nme-

ro de agresiones contra el derecho a deender

derechos humanos son: Distrito Federal, Guerre-

ro, Oaxaca, Chiapas, Estado de Mxico y Chi-

huahua. Asimismo, entre los temas por los cuales

han sido obstaculizados en su labor destacan los

de la deensa de la tierra y el territorio, medioambiente, justicia y reparacin del dao, educa-

cin y migrantes, etctera.

Las mujeres deensoras tambin enrentan la

violencia producto de la criminalizacin de

la protesta social, de las prcticas represivas y

de la violencia. Adems, les aecta la discrimina-

cin de gnero y la creciente violencia contra las

mujeres, las cuales limitan seriamente sus con-

diciones para ejercer el derecho a deender los

derechos humanos. Muchas mujeres que luchanactivamente en esta materia no son reconoci-

das por la sociedad ni se reconocen a s mismas

como deensoras.3

La Relatora de Deensores de la Organiza-

cin de las Naciones Unidas ha aceptado que las

mujeres deensoras estn ms expuestas a surir

violencia, particularmente cuando desaan nor-

mas y estereotipos patriarcales, y ha denunciado

que en las Amricas las deensoras corren mayor

riesgo de surir amenazas.

Acciones para la proteccin

de las personas defensoras

Preocupados por la situacin que enrentan las

personas deensoras en el mundo y reconocien-

do el papel decisivo que desempean, la Organi-

zacin de las Naciones Unidas () consider

necesario realizar esuerzos especiales para su

proteccin.

Por ello, la primera medida adoptada ue de-

finir que la deensa de los derechos humanos esun derecho y reconoci a las personas que traba-

jan en avor de ellos como deensores de derechos

Fotografa: Aldo Amador/uacm.

ANLISIS

25


28/6826

humanos. El 9 de diciembre de 1998, en virtud se

su Resolucin 53/144, la Asamblea General de la

aprob la Declaracin sobre el derecho y el

deber de los individuos, los grupos y las institucio-

nes de promover y proteger los derechos humanos

y las libertades undamentales universalmente re-

conocidos (conocida como la Declaracin de los

deensores de derechos humanos).

La segunda medida de la consisti en so-

licitar en abril de 2000 al secretario general que

nombrara a una o un representante especial so-bre la cuestin de las personas deensoras, que se

encargara de apoyar y vigilar la aplicacin de la

Declaracin.

La Declaracin de las y los deensores de dere-

chos humanos otorga garantas y proteccin a las

personas deensoras de los derechos humanos en

el contexto de su labor.4 As, de orma reiterada

seala que el carcter de las acciones, como por

ejemplo las maniestaciones, debe de ser pacfico.

Los artculos 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13

de la Declaracin contienen disposiciones espe-cficas para la proteccin de los deensores de los

derechos humanos, en particular sus derechos a:

Procurar la proteccin y realizacin de los

derechos humanos en los planos nacional e

internacional;

Realizar una labor en favor de los derechos

humanos individualmente o en asociacin

con otros; ormar asociaciones y organismos

no gubernamentales;

Reunirse o manifestarse paccamente;

Recabar, obtener, recibir y poseer informa-

cin sobre los derechos humanos;

Denunciar las polticas y acciones ociales en

relacin con los derechos humanos y a que se

examinen esas denuncias;

Ofrecer y prestar asistencia letrada profesio-

nal u otro asesoramiento o asistencia perti-

nentes para deender los derechos humanos;

Disponer de recursos ecaces;

Ejercer legtimamente la ocupacin o profe-sin de deensor de los derechos humanos;

Obtener proteccin ecaz de las leyes nacio-

nales al reaccionar u oponerse, por medios

pacficos, a actividades y actos, con inclusin

de las omisiones, imputables a los Estados que

causen violaciones a los derechos humanos, y

Solicitar, recibir y utilizar recursos con el

objeto de proteger los derechos humanos (in-

cluida la recepcin de ondos del extranjero).

Por otro lado, los Estados tienen la responsabili-dad de aplicar y respetar todas las disposiciones

de la Declaracin. No obstante, en los artculos

2, 9, 12, 14 y 15 se hace especial reerencia a la

uncin de los Estados y se indica que cada uno

de ellos tiene la responsabilidad y el deber de:

Proteger, promover y hacer efectivos todos los

derechos humanos;

Garantizar que toda persona sometida a su

jurisdiccin pueda disrutar en la prctica de

Hay diversos factores que limitan

seriamente las condiciones de las

mujeres para ejercer el derecho a

defender los derechos humanos,

como el hecho de enfrentar violencia

producto de la criminalizacin de la

protesta social, de la discriminacin

por motivos de gnero y de la falta del

reconocimiento social

por su labor. Fotografa: Prometeo Lucero/Red TDT.



29/68

todos los derechos y libertades sociales, eco-

nmicos, polticos y de otra ndole;

Adoptar las medidas legislativas, administrati-

vas y de otra ndole que sean necesarias para

asegurar la aplicacin eectiva de los derechos

y las libertades;

Proporcionar recursos ecaces a las personas

que denuncien haber sido vctimas de una vio-lacin de los derechos humanos;

Realizar una investigacin rpida e imparcial

sobre las presuntas violaciones de derechos hu-

manos;

Adoptar todas las medidas necesarias para ga-

rantizar la proteccin de toda persona rente a

toda violencia, amenaza, represalia, discrimi-

nacin negativa, presin o cualquier otra ac-

cin arbitraria resultante del ejercicio legtimo

de los derechos mencionados en la Declara-

cin;

Promover la comprensin pblica de los dere-

chos civiles, polticos, econmicos, sociales y

culturales;

Garantizar y apoyar la creacin y el desarrollo

de instituciones nacionales independientes en-

cargadas de promover y proteger los derechos

humanos; por ejemplo, mediadores o comisio-

nes de derechos humanos;

Promover y facilitar la enseanza de los dere-

chos humanos en todos los niveles de la educa-cin y la ormacin proesional oficial.5

Recomendaciones al Estado mexicano

en materia de proteccin

En 2006, la Comisin Interamericana de Dere-

chos Humanos () public su Inorme sobre la

situacin de las deensoras y deensores de derechos

humanos en las Amricas, en el que realiz varias

recomendaciones a los Estados Parte de la Orga-

nizacin de los Estados Americanos () sobre

la necesidad de instrumentar medidas de preven-

cin, proteccin e investigacin eficaces a avor de

las y los deensores de derechos humanos que se

encuentren en riesgo o que hayan sido victimiza-

dos por su labor.6 Entre ellas se encuentran:

Implementar en forma prioritaria una poltica

global de proteccin a los deensores y deen-

soras,

Adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de

prevencin con el fin de evitar ataques contra

las personas deensoras de derechos humanos.

Para ello se requieren adoptar ondos apropia-

dos y apoyo poltico a las instituciones y a los

programas, y

Adoptar de manera urgente medidas efectivas

para proteger la vida y la integridad sica de

las deensoras y deensores de derechos huma-

nos que se encuentran amenazados, y que estas

medidas sean decididas en consulta con ellos

para garantizar su pertinencia y permitir que

puedan continuar con el desarrollo de sus ac-

tividades.

En el mbito universal, con motivo del primer

Examen Peridico Universal () realizado en

2009 a Mxico, diversos Estados Parte del Conse-jo de Derechos Humanos sealaron la necesidad

de que el Estado mexicano tomara medidas para

proteger a las y los deensores.7Recomendaron,

entre otras cuestiones:

Investigar los casos contra periodistas y defensores;

Investigar las denuncias de asesinatos, ame-

nazas, agresiones y actos de violencia contra

Fotografa: Prometeo Lucero/Red TDT.

ANLISIS

27


30/68

deensores, a fin de someter a la justicia a los

autores;

Implementar medidas estructurales para com-

batir la violencia y la violacin de los derechos

undamentales que sistemticamente suren, y

Mejorar la ecacia de las medidas cautelares

adoptadas internamente con el fin de proteger

adecuadamente a los deensores y deensorasde derechos humanos.

Por otro lado, en 2010 la seal al Estado

mexicano que deba cumplir con diversas reco-

mendaciones e inormar en el plazo de un ao

sobre las acciones tomadas para ello. Entre stas

solicit implementar medidas para la proteccin

eficaz de periodistas y deensores; velar por la in-

vestigacin inmediata, eectiva e imparcial de las

amenazas, ataques violentos, asesinatos y otros, y

proporcionar toda la inormacin sobre agresio-

nes a personas deensoras registradas.

En 2009 la Oficina del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

() en Mxico estructur un primer in-

orme sobre la situacin de las personas deen-

soras de derechos humanos en el pas. Un ao

despus eectu una actualizacin del mismo, y

en 2013 emiti una serie de recomendaciones,

entre las cuales se encuentran:8

Que las autoridades federales y

estatales articulen una campaa

masiva y sostenida para visibilizar

y reconocer la legitimidad del trabajo de las y

los deensores de derechos humanos, as como

para diundir la Declaracin sobre deensores

de derechos humanos entre la poblacin en

general y, de manera particular, entre las y los

uncionarios de todos los poderes y niveles de

gobierno.

Se fortalezca de manera conjunta con las y losdeensores de derechos humanos la eficiencia de

los mecanismos para implementar el Programa

Nacional de Derechos Humanos, as como de

los espacios de trabajo establecidos en el marco

de la Comisin de Poltica Gubernamental en

Materia de Derechos Humanos ().

Que con relacin al marco jurdico que regula la

labor de las y los deensores, es necesario seguir

tomando medidas para incorporar plenamen-

te la Declaracin sobre deensores de derechos

humanos en la legislacin ederal y estatal. Para

ello, la Subcomisin de Armonizacin de la

podra servir como marco para la con-

ormacin de un grupo de trabajo en el que las

autoridades, las organizaciones de la sociedad

civil () y la evalen la pertinencia

de una legislacin especializada y determinen

los elementos para sta debera contener.

Se refuercen los mecanismos de protec-

cin de derechos humanos, especialmente el

juicio de amparo. Se regule a nivel federal, estatal y municipal el

uso de la uerza pblica en la contencin del

derecho a la protesta social, a la luz de los es-

Fotografa: Alejandro Cuevas Romo/CDHDF.


28


31/68

tndares internacionales de derechos humanos.

Que con el n de combatir la impunidad, se

trabaje de manera conjunta con las en un

protocolo de investigacin que sea implemen-

tado por las procuraduras de justicia en todos

los casos en los que las y los deensores denun-

cien haber sido vctimas de algn delito relacio-

nado con su actividad de deensa.

Por ltimo, en el realizado recientemente en

octubre de 2013,9algunas de las recomendacio-

nes se hicieron de orma reiterada a las del exa-

men de 2009:

Intensicar los esfuerzos dirigidos a garantizar

la seguridad de los deensores de derechos hu-

manos y los periodistas, y ortalecer el nuevo

mecanismo de proteccin, especialmente a tra-

vs de un financiamiento adecuado.

Asegurar que todos los alegatos de abusos

de derechos humanos perpetrados por uer-

zas de seguridad sean investigados en un

tiempo adecuado y de manera imparcial y

continuar con la lucha contra la impunidad.

Consideraciones

Como se puede apreciar, las recomendaciones

giradas a nivel internacional coinciden con la

preocupacin por el incremento de los ndices deviolencia en contra de las personas deensoras

de derechos humanos en el pas, as como por lo

altos ndices de impunidad y al no contar con un

mecanismo de proteccin eficiente. Es decir, por

no disponer de un sistema integral de atencin a

personas deensoras.

Si bien se han adoptado medidas tendientes a

ello, algunas siguen siendo acciones poco estruc-

turadas, coordinadas y eficientes, por lo que es

importante que stas no slo evidencien el tema

de la emergencia, sino que atiendan a las cau-sas estructurales de la violencia, vulnerabilidad

e impunidad que enrentan las deensoras y los

deensores de derechos humanos.

El empuje de este tipo de acciones sin duda es

resultado de las luchas organizadas, las demandas,

denuncias y trabajo de las , impulsadas por las

numerosas recomendaciones que el sistema inter-

nacional de proteccin a los derechos humanos

ha emitido, as como de un puado de medios de

comunicacin con compromiso social.

El 22 de junio de 2012 se promulg la Ley para

la Proteccin de Personas Deensoras de Dere-

chos Humanos y Periodistas a nivel ederal, la

cual mandata implementar y operar medidas de

prevencin que garanticen la vida e integridad,

libertad y seguridad de las personas que se en-

cuentren en situacin de riesgo con motivo de

su labor de deensa y promocin de los derechos

humanos. En su estructura se establece entre

otros aspectos la creacin de un mecanismoinstitucional de proteccin a personas deenso-

ras y periodistas que se encuentran en riesgo con

motivo de su labor.

ANLISIS

29


32/6830

Por su parte, en la ciudad de Mxico, el 29 de

marzo de 2012 se firm el Convenio de colabo-

racin interinstitucional entre el jee de gobierno

del Distrito Federal, la Secretara de Gobierno, la

Secretara de Seguridad Pblica, la Procuradura

General de Justicia, la Comisin de Derechos Hu-

manos y el ribunal Superior de Justicia, todas del

Distrito Federal. Este Convenio crea el Mecanis-mo de prevencin y proteccin a periodistas, co-

laboradores periodsticos, as como a deensoras y

deensores de derechos humanos en situacin de

riesgo con el motivo del ejercicio de sus labores, el

cual entr en vigor en septiembre de 2012.10

Sin pretender hacer un anlisis o revisin de

los resultados de la implementacin de ambos

mecanismos dado que cada uno tiene una natu-

raleza e inraestructura distinta, adems de que

no es el tema de la presente exposicin sobra

decir que la realidad de la violencia, las amenazas

y las agresiones que se concretan han rebasado la

capacidad de respuesta de los gobiernos locales y

del ederal.

El incremento de los ndices de violencia, par-

ticularmente en aquellos lugares donde se disputa

el control territorial a cargo de grupos del crimen

organizado, ha orillado a las y los deensores a

abandonar las zonas en las que habitan y laboran

para poder reugiarse en otro lugar. As, tanto pe-

riodistas como personas deensoras se han vistoobligadas a un tipo de desplazamiento orzado

rente a las inexistentes garantas para realizar su

trabajo, dejando de documentar, de acompaar a

las vctimas, de denunciar, de visibilizar las pro-

blemticas que ah ocurren, generando importan-

tes vacos y ausencias de inormacin y, peor an,

dejando de dar voz a las vctimas. El incremento

alarmante de las agresiones a quienes ejercen el

derecho a deender derechos humanos requiere de

polticas pblicas y reormas legislativas al interior

de cada entidad ederativa en un plano preventivo.Ello, aparejado de un sistema de justicia eficiente e

imparcial, dado que hasta ahora existe una marca-

da tendencia en el aumento de los ndices de im-

punidad, lo que ha derivado en un claro mensaje:

agredir o silenciar a una deensora o deensor de

derechos humanos no es motivo de sancin o de

costo poltico alguno.

Dado este escenario, la en coordina-

cin con las osc, dise una agenda de trabajo

sobre el derecho a deender los derechos hu-

manos, en la que se distinguieron algunas proble-

mticas a partir de las cuales elaborarn diversas

propuestas para impulsar procesos que posibiliten

generar una poltica pblica integral para el ejerci-

cio, deensa y promocin del derecho a deender

derechos humanos en la ciudad de Mxico. En-

tre las problemticas detectadas estn:

1. Falta de conocimiento de los derechos huma-

nos en general y en particular del derecho a

deender derechos humanos, por parte de ser-

vidores pblicos y la sociedad en general.

2. Nulo reconocimiento a la labor de las personas

deensoras de derechos humanos en el mbito

gubernamental y social.

3. Falta de conocimiento detallado de todas las

herramientas para la deensa de los derechos

humanos por parte de las personas deensoras.

4. Ineficiencia en los mecanismos, prcticas y he-

rramientas para asegurar investigaciones ade-

cuadas que permitan hacer rendir cuentas a

quienes han cometido delitos contra personas

deensoras de derechos humanos.

5. Ausencia de polticas pblicas en materia de

proteccin a personas deensoras y de un marco

legal que establezca obligaciones y presupuesto

para dar a atencin a la poblacin que reside,

transita o se reugia en la ciudad de Mxico.

6. Ineficacia en el uncionamiento e implementa-cin de medidas para salvaguardar la vida e in-

tegridad de personas deensoras y periodistas

en la ciudad de Mxico, por parte del mecanis-

mo de proteccin.

7. Aumento en el nmero de agresiones y asesi-

natos a deensores y deensoras con un mnimo

costo poltico.

8. Ausencia de una poltica pblica que promue-

va, respete y garantice el derecho a la protesta

social y a la libre maniestacin.

9. Falta de un captulo sobre el derecho a deen-der derechos humanos en el Programa de De-

rechos Humanos del Distrito Federal, el cual se

empezar a delinear en 2014.

Slo resta decir que a partir de este listado de

problemticas pendientes de abordar, nueva-

mente el involucramiento de la sociedad civil

marca el paso de las acciones progresivas para el

cumplimiento y goce de los derechos humanos,

en este caso, del derecho a deenderlos.



33/6831

El incremento alarmante de las

agresiones a quienes ejercen el

derecho a defender derechos

humanos requiere de polticas

pblicas y reformas legislativas

en un plano preventivo, aparejado

de un sistema de justicia eficiente

e imparcial que abata los ndices

de impunidad.

NOTAS

1 , Inorme especial sobre el derecho humano a

deender los derechos humanos en la ciudad de Mxico,

Mxico, , 2011, p. 47.

2 Entendemos por agresin a toda aquella accin que se

eecta en contra de las personas deensoras de derechoshumanos, con la finalidad de obstaculizar o terminar con

su labor. Cabe sealar que existe una dierencia entre

una agresin y una violacin a los derechos humanos.

La primera se refiere a las acciones emitidas por un

particular que atentan contra los derechos humanos de

una persona, la segunda se encamina hacia las acciones u

omisiones que las autoridades realizan con el resultado de

daar a una persona o grupo de personas en sus derechos,

libertades y garantas.

3 Iniciativa Mesoamericana de Deensoras de Derechos

Humanos, 8 aos celebrando el Da Internacional de

las Mujeres Deensoras de los Derechos Humanos,29 de noviembre de 2013, disponible en , pgina consultada el 2 de diciembre de

2013.

4 , . Proteccin de las Naciones Unidas a los

deensores de los derechos humanos y apoyo a su labor,

en Los deensores de los derechos humanos: Proteccin del

derecho a deender los derechos humanos, Ginebra,

(olleto inormativo nm. 29), 2004, pp. 20-31.

5 Vase Declaracin sobre el derecho y el deber de los

individuos, los grupos y las instituciones de promover

y proteger los derechos humanos y las libertades

undamentales universalmente reconocidos, aprobada

por la Asamblea General de las Naciones Unidas

mediante su Resolucin A/RES/53/144, del 8 de marzo

de 1999, disponible en , pgina

consultada el 2 de diciembre de 2013.6 , Inorme sobre la situacin de las deensoras y

deensores de derechos humanos en las Amricas, OEA/

Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, aprobado por la en su

124 periodo de sesiones, 7 de marzo de 2006.

7 Vase Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas, Inorme del Grupo de Trabajo sobre el Examen

Peridico Universal, Mxico, A/HRC/11/27, 5 de octubre

de 2009, prrs. 29, 44 y 45.

8 , Inorme sobre la situacin de las y los deensores

de derechos humanos en Mxico: actualizacin 2012

y balance 2013, Mxico, , 2013, disponible

en , pgina consultada el 2 de

diciembre de 2013.


Inorme preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen

Peridico Universal: Mxico, A/HRC/WG.6/17/L.5, 25 de

octubre de 2013, disponible en , pgina consultada

el 2 de diciembre de 2013.

10 Inormacin disponible en , pgina

consultada el 2 de diciembre de 2013.

Es un orgullo para la contar con el

compromiso de deensoras y deensores tan va-

liosos, como tambin lo es su vigilancia y exigen-

cia para que esta institucin responda con todas

sus capacidades a los retos y las problemticas

que arontan las deensoras de derechos huma-

nos en la ciudad y, en cierta orma, en el pas,

pues no son realidades que se puedan disgregar.

Fotografa: Artculo 19.

ANLISIS


34/6832

Situacin de las y los defensoresde derechos humanos*

Enero de 2005-junio de 2013**

Agresiones diversas 1

27 Personas asesinadas

8 Desapariciones forzadas

156 Medidas cautelares solicitadas entre enero de 2005 y mayo de 2011

1 256 Detenciones arbitrarias entre diciembre de 2006 y junio de 2013

Violaciones

a derechos humanos

entre enero y octubre de 2013 3

365Agresiones

121Casos

Mujeres defensoras

de derechos humanos2

26 Mujeres asesinadasentre 2009 y 2012

109 Agresiones en 2012

Casos de agresiones documentadas de 2006 a 20124

10

20

30

40

50

Casos

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

24

4032 30

4236

41

Agresiones por estadoDistrito Federal 101Guerrero 74Oaxaca 54Chiapas 30Estado de Mxico 17Chihuahua 13Veracrz 8Michoacn 7Sonora 7

Morelos 6Puebla 6Nuevo Len 5

Guanajuato 5Tabasco 5Coahuila 4Sinaloa 4Hidalgo 3Jalisco 3Quertaro 3Quintana Roo 2Zacatecas 2Colima 1Durango 1Tamaulipas 1Yucatn 1

** N. del E.: Los datos estadsticos presentados pueden variar radicalmente, dependiendo de la

uente de inormacin y de los mtodos de investigacin empleados para su obtencin.



35/6833

Contexto: En medio de la crisis de seguridad continan

las amenazas, el acoso y los asesinatos de defensores y

defensoras de los derechos humanos y periodistas. La

mayora de estos delitos siguen impunes. En junio de

2012 se aprob la Ley de Proteccin para Personas De-

fensoras de Derechos Humanos y Periodistas que esta-

bleci un mecanismo encargado de analizar los casos

presentados y proveer proteccin para salvaguardar la

vida e integridad de quienes se encuentren en riesgo.

NOTAS:

1 Casos reportados por la Comisin Nacional de los Derechos

Humanos () y la organizacin Accin Urgente para Deensores

de Derechos Humanos (Accudeh).

2 Casos reportados por la Red Nacional de Deensoras de Derechos

Humanos.

3 Base de dato

DFensor Enero 2014

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Transcript of DFensor Enero 2014