Año 5 - Nº 17 | JULIO - 2016

EDITORIAL

¿HABRÁ EDUCACIÓN LUEGO DE LA EMERGENCIA?

BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS

Las crisis tienen un doble rostro: riesgo y oportunidad. Riesgo de regresión, oportunidad de progresión. Con la regresión, el sistema en crisis pierde en complejidad, en flexibilidad, se evaporan las cualidades más ricas, las libertades y se consolidad las estructuras más rígidas; por su parte, mediante la progresión, el sistema adquiere cualidades y propiedades nuevas, gana en complejidad.

Hoy, superada la tensión de la toma de colegios por par-te de estudiantes, se suceden las decisiones en el sec-tor educativo: se decretó emergencia educativa por 12 meses para refaccionar establecimientos educativos, se busca agilizar el mecanismo de utilización de los fondos provenientes del FONACIDE, se anunció la entrega de 75 mil tarjetas electrónicas a estudiantes beneficiarios del boleto estudiantil, pero también se decidió reinstalar la obligatoriedad de entonar el himno nacional en las instituciones educativas de todo el país “para no olvidar la historia, para mantener la identidad nacional”, según lo argumentó el ministro de Educación. Por su parte, el vocero de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy), Vetner López, manifestó que la obligatoriedad de cantar el himno nacional puede pro-vocar que menos alumnos tengan el deseo de cantarlo.

Desde otra mirada, la actual presidenta de la Sociedad Científica del Paraguay, la doctora Antonieta Rojas de Arias, señaló que ante la necesidad de promover la in-vestigación científica en el país, “los docentes deben ser como unos cazatalentos de futuros científicos. Pero pri-mero deben ser formados”, mientras otro ministro – el de Industria y Comercio – afirmaba en España que “ha cambiado el paradigma del Paraguay que viva solamente de la agricultura y la ganadería”.

En este clima de hechos aparentemente dispersos, la educación en nuestro país sigue en crisis. Lo que se logró es gestionar un conflicto mediante el reemplazo de la anterior ministra por el actual que comenzó a to-mar una serie de decisiones vinculadas en parte a los reclamos de los estudiantes que, fundamentalmente, tienen que ver con el acceso al derecho a la educación. Sobre la educación que tendremos luego de la emer-gencia educativa, aún no conversamos. ¿Habrá que in-sistir en “volver a traer el patriotismo en las escuelas”,

…se decidió sobre la obligatoriedad del himno nacional como una forma ilusoria de “no olvidar la historia” que nunca se transmitió en serio en las aulas y para

“mantener la identidad nacional”…

como argumentaba el presidente del Sindicato Nacional de Directores de Escuelas y Colegios Públicos, Miguel Marecos? ¿O será preciso lograr que la educación gire alrededor de la formación en ciencias y tecnología? ¿O insistir en mejorar los rendimientos académicos en ma-temáticas, ciencias y lectoescritura?

Recordemos que la crisis educativa posee una historia. La renuncia colectiva de docentes en 1925 en nuestro país ya había revelado un problema educativo de décadas: precariedad en la infraestructura escolar, en la formación docente y en sus asignaciones (cf. Relaciones entre auto-ritarismo y educación en el Paraguay. Un análisis histórico. Primer volumen: 1869-1930, Serpaj, pg. 86, 2014). Esta larga historia que incluye la intensa uniformización de los sistemas educativos producidos durante la década de los 90 del pasado siglo, debería llamar nuestra atención por su persistencia y sistemático deterioro de la calidad.

En esta ocasión los estudiantes hundieron sus reclamos en el centro de la llaga del sistema. Ese gesto perturba, convoca todos los fantasmas de que la sociedad se es-cinda, se desintegre, de que las autoridades tradiciona-les se disuelvan, que se instale el caos. Quizás por eso fue preciso gestionar el conflicto pero sin asumir que una forma de entender la educación ya estaba agota-da hace demasiado tiempo. Tal vez por eso, porque se percibió una crisis de sentido, se decidió sobre la obliga-toriedad del himno nacional como una forma ilusoria de “no olvidar la historia” que nunca se transmitió en serio en las aulas y para “mantener la identidad nacional”, que tampoco encontró un lugar digno de análisis y debate entre la trama de objetivos y competencias curriculares.

¿Habrá educación luego de la emergencia? Seguro que sí, algo habrá pero no podrá escaparse al doble rostro de la crisis: será una educación regresiva…o progresiva. Hasta ahora los signos corresponden más al primer rostro.

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ÍNDICE

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Consejo editor: Coordinación del Serpaj Paraguay Cristina Coronel, Ángel Domínguez, Liz TorresEditora general: Adriana ClossDiseño: Paz F. Ferreiro

Editorial. ¿HABRÁ EDUCACIÓN LUEGO DE LA EMERGENCIA?

RELACIONES ENTRE AUTORITARISMO Y EDUCACIÓN: LANZAMIENTO DEL VOLUMEN II

LAS TIERRAS MALHABIDASEN LA MIRA DE LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS

PRIMERO DE MARZO: Un ejemplo de la difícil lucha por la recuperación de las Tierras Malhabidas

MILITARIZACIÓN EN EL NORTE: Pobladores presentan Acción de Inconstitucionalidad

ESTADO PARAGUAYO DEBE CUMPLIR LOS ACUERDOS DE SOLUCIÓN AMISTOSA, RECUERD LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DD HH

OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Un derecho que no precisa justificación14

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RELACIONES ENTRE AUTORITARISMO Y EDUCACIÓN: LANZAMIENTO DEL VOLUMEN II

En el marco de la Feria Internacional del libro de Asunción, Serpaj Py presentó el segundo volumen de la investigación sobre las relacio-nes entre el autoritarismo y educación en el Paraguay, que abarca el periodo de 1931 a 1954.

En el periodo que va desde la guerra del Chaco al acceso de Stroessner al poder se produce un giro ideológico en el sistema educativo para-guayo, marcado por un nacionalismo que permea los diferentes grupos políticos, tanto conservadores como progresistas, y un proceso de de-bilitación del modelo liberal que dio paso a una visión más autoritaria de la sociedad. Es justamente este proceso el que se analiza en la pu-blicación “Relaciones entre autoritarismo y educación en el Paraguay: la transición hacia el nacionalismo, el autoritarismo y la afirmación de la autoridad estatal”. Su autor es el historiador David Velázquez Seifer-held, quien junto a Ana Barreto, Ignacio Telesca y Sandra D’Alessandro realizó una investigación sobre la educación desde 1869 hasta el 2012 y que se difundirá en un total de 4 volúmenes. Tanto la investigación como las publicaciones son una iniciativa de Servicio Paz y Justicia Pa-raguay (Serpaj Py) con apoyo de Diakonía.

El lanzamiento de este segundo volumen se realizó en el marco de la Feria Internacional del libro de Asunción. La presentación estuvo a cargo de la historiadora y politóloga Milda Rivarola, quien facilitó imágenes fotográficas que aportan a la publicación un enorme valor histórico y documental. Con relación a la investigación propiamente dicha, Rivarola planteó su importancia en el marco del diseño de una reforma educativa de manera a garantizar la ruptura efectiva con res-pecto a la educación autoritaria, todavía hoy vigente. “La primera im-presión que tuve cuando leí el libro es ¿Por qué antes de hacer la reforma educativa de la transición democrática no se hizo una investigación como ésta? Marcar la ruptura entre la educación autoritaria del stronissmo y las líneas maestras siguientes no debería haberse hecho sin una investi-gación similar a la que estamos presentando”.

"...una investigación sobre la educación desde 1869 hasta el 2012 y que se difundirá en un total de 4 volúmenes..."

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Ramón Corvalán, del equipo de educación del Serpaj, explicó que la idea de la investigación nació a partir del trabajo cotidiano del Serpaj Py a nivel educativo con jóvenes y docentes ya sea en el ámbito educativo como en los barrios y en las organizaciones campe-sinas. “Siempre aparecía el tema del autoritarismo en la educación, pero no teníamos un material de investigación sólido, sistemático y puntual sobre el tema. La pregunta que habilitó la posibilidad de realizar esta investigación fue ¿cómo es que se cruzaron en el proceso histórico nuestro el autoritarismo, el nacionalismo y el militarismo con la educación?”

La investigación, a criterio de Ignacio Telesca, per-mite comprender lo que sucede hoy en nuestro país. “Queríamos comprender cómo podía ser que el autoritarismo estuviera presente en la sociedad hoy. Tratar de comprender a través de uno de los pilares de este autoritarismo: la educación, que ciertamente no es el único, pero es uno de ellos”.

En el segundo volumen se explican el proceso me-diante el cual la Escuela Activa de Ramón Indalecio Cardozo daba paso a una escuela más controlada por un Estado que proclamaba públicamente el naciona-lismo heroico y el autoritarismo como forma de go-bierno. Se explica, asimismo, como en este periodo el conservadurismo va influyendo en la educación. En palabras de David Velázquez, si bien este segundo volumen no pretende ser un texto definitivo, sí es un valioso material para encontrar datos, información de interés, “y quizás algunas continuidades y rupturas con respecto a lo que está ocurriendo en estos días”.

" Queríamos comprender cómo podía ser que el autoritarismo estuviera presente en la sociedad hoy..."

Tanto el primer como el segundo volumen de esta investigación pueden ser obtenidos en las oficinas del Serpaj Py, así como descargados en su versión digital. De momento, el equipo investigador y re-dactor se encuentra abogado a la elaboración del tercer volumen, cuyo lanzamiento está previsto para mediados del 2017.

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LAS TIERRAS MALHABIDASEn la mira de las organizaciones campesinas

Tierras malhabidas, la pagamos todos” es una cam-paña que busca exigir un proceso transparente de expropiación de las tierras paraguayas concedidas ilegítimamente durante la dictadura. Se trata de una reivindicación histórica del campesinado y los pue-blos indígenas que fueron expulsados de sus hoga-res ancestrales durante el régimen de Stroessner que, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia, suman unas 8 millones de hectáreas aún pendientes de recuperar.

“El pueblo es el que paga las consecuencias de las tierras malhabidas con la pérdida de oportunidades, de la producción, de calidad de vida para miles de campesinos y campesinas, con la pérdida de precios justos para todas las familias del país que desean lle-var alimentos sanos a su hogar”, explicó durante el lanzamiento de la campaña Diosnel Sachelaridi, de la OLT. Esta relación directa entre el acaparamiento de las tierras y la pérdida de soberanía alimenta-ria lo resolvieron a través de una nueva receta: la “Sopa ex paraguaya”, un concepto con el cual esta

De izquierda a derecha, Marta Figueredo, de la OLT; Alicia Álvarez, de CONAMURI; Teodolina Villalba, de la FNC; y DiosnelSachelaridi, de la OLT.

¿PORQUÉ SON TIERRAS MALHABIDAS?

Porque el estado las entregó a no sujetos de la reforma agraria.

Porque el estado entregó más de un lote a algunos sujetos, y eso está prohibido por ley.

Porque el estado entregó lotes más grandes que los permitidos por ley.

Porque fueron adjudicadas violando lo establecido en el Estatuto Agrario y otras leyes.

Casi 8 millones de hectáreas de las mejores tierras fueron apropiadas ilegalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner, y aún no han sido recuperadas para su legítimo fin: la reforma agraria. La Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización de la Lucha por la Tierra (OLT) y la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI) lanzaron una campaña de comunicación para denunciar la falta de voluntad política en la recuperación de las tierras malhabidas y cómo el acaparamiento de la tierranos perjudica a todos.

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"Ante la falta de tierras, cada vez menos alimentos son producidos por pequeños productores, lo que genera escasez y mayores precios, desempleo rural y dependencia alimentaria."

campaña busca sensibilizar a la ciudadanía urbana, a la que le cuesta vincularse con la realidad campesina. La lógica es simple: La sopa paraguaya hoy se elabora con muchos ingredientes extranjeros, lo que genera una suba de precios para todos los consumidores. ¿Por qué sucede esto? Ante la falta de tierras, cada vez menos alimentos son producidos por pequeños productores, lo que genera escasez y mayores precios, desempleo rural y dependencia alimentaria. Y las millones de hectáreas de tierras malhabidas podrían ser usadas para la producción de alimentos que beneficiarían a miles de campesinos y llevarían alimentos a mejores precios para el consumidor final. Una medida que generaría trabajo a miles de personas. “Siempre reclama-mos la distribución de tierras a los que no la tienen. Si son repartidas y se les da seguimiento se va a dar un paso hacia la Reforma Agraria. Esto es de interés Nacional, para el desarrollo de nuestro país”, comentó Teodo-lina Villalba, de la FNC.

Para más información sobre la campaña, para conocer cuáles son las tierras en litigio y firmar una petición pública, se puede ingresar a la web oficial de la campaña: www.tierrasmalhabidas.com.py

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PRIMERO DE MARZO: Un ejemplo de la difícil lucha por la recuperación de las Tierras Malhabidas

Desde el 2012, 320 familias están asentadas en una superficie de 4.499 hectáreas que figuran como propiedad de la Agroganadera Pin-dó S.A, en un caso más de tierras malhabidas: En junio de 1969, du-rante la dictadura del colorado Alfredo Stroessner, fueron adjudicadas por el Instituto de Bienestar Rural a la empresa Perfecta S.A.M.I, en permuta por una avioneta de la segunda guerra mundial, que nunca fue ingresada formalmente como patrimonio de esa institución, pero aunque hubiera ingresado, la entrega de las tierras seguiría constitu-yendo una irregularidad: La empresa no era sujeta de derecho a la reforma agraria y, además, la permuta de tierras sólo estaba permitida legalmente cuando se cambiaban unas tierras, por otras.

La Organización de Lucha por la Tierra (OLT), de la cual forman parte los pobladores del Asentamiento, les apoya en los trámites de regulari-zación de las tierras. El INDERT no ha avanzado en la recuperación for-mal, y en el Parlamento tampoco ha avanzado un pedido de expropia-ción presentado en el Senado. Mientras tanto, ya han pasado 4 años y 3 intentos de desalojo, además del riesgo inminente de uno más, habida cuenta que desde fines del año pasado existe una orden de desalojo dictada en favor de la Agroganadera. Pero ese no es la única amenaza en la que viven: Más de 100 pobladores de la comunidad han sido imputados por invasión de propiedad, con lo cual viven en una

"Más de 100 pobladores de la comunidad han sido imputados por invasión de propiedad, con lo cual viven en una situación de zozobra permanente"

Desde hace décadas, las organizaciones campesinas reclaman la recuperación de las casi 8 millones de hectáreas de terrenos fiscales, entregados ilegalmente a allegados al régimen stronista. Lo hacen a través de diferentes estrategias: Una de ellas es la ocupación de las tierras por parte de familias campesinas sin tierra, acción que acompañan con solicitudes formales a las instancias correspondientes. Un ejemplo de esa lucha es la comunidad de Primero de Marzo-Joajú, en el distrito de en Yvyrarobana, Departamento de Canindeyú.

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situación de zozobra permanente. Ana Santander, vicepresidenta de la Comisión, tiene doble imputa-ción: por asociación criminal e invasión de inmueble. Ello le restringe sus posibilidades de movilizarse, ya sea para comerciar su producción orgánica como para acceder a servicios básicos de salud para ella y su familia. De hecho, uno de los momentos más duros de la vida en el asentamiento fue cuando no pudo sacar a su madre gravemente enferma al Hos-pital de Curuguaty porque si salía de la comunidad, la iban a detener.

Los pobladores, pese a todo, han conseguido vivir con dignidad: Cada familia posee su casa, su cha-cra y su kokué: La producción orgánica es de tal magnitud que garantizar en autoconsumo. El resto tratan de comercializar, pero el aislamiento es tal que les cuesta y a veces la única alternativa es de-jar que el alimento se pudra y alimente de nuevo la tierra. Pero ellos siguen: Han instalado sistema de luz eléctrica, puentes y caminos, una escuela y hasta varias farmacias sociales, lo cual les permite una vida digna en comunidad.

La situación en el asentamiento está cada vez más difícil: A las más de 100 imputaciones y la inminen-cia de un nuevo desalojo se suma el aislamiento cada vez más intenso que viven. Esto lo compro-bó en su reciente visita a la comunidad una Mi-sión de Observación, iniciativa que contó con la presencia de representantes de varias organizacio-nes sociales, entre ellas el Serpaj PY, además de BASE IS, COBAÑADOS, CODECO, CODEHUPY, CONAMURI, CEPAG, Federación Nacional Cam-pesina (FNC), CDIA, DEMOINFO, el Obispado de Alto Paraná, DIAKONIA, Tierra Viva y el Padre Francisco de Paula Oliva, entre otros.

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La Misión constató, por un lado, el estado de zo-zobra en que vive la comunidad, y la ausencia real y efectiva de la presencia del Estado, vista en los accesos viales a la comunidad, la falta de asistencia médica, la nula electrificación de la zona, la repre-sión y criminalización a líderes y ligerezas, a través de imputaciones jurídicas, entre otras necesidades fundamentales.

La Misión valoró las condiciones en que las más de 330 familias, con un modelo productivo agroeco-lógico sostenido exitosamente, con una numerosa producción agrícola y de animales de granja.

Las actividades relacionadas con la defensa y promoción de los derechos por medios pacíficos no sólo son legítimas y están explícitamente reconocidas como parte integral del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que son fundamentales en aquellas socie-dades que buscan regirse por los principios democráticos y promover una cultura ciudadana respetuosa de los de-rechos humanos. No se puede hablar de democracia en un país en el que sus ciudadanos/as además de no tener derecho al bienestar integral, tampoco pueden disentir ni exigir a las autoridades, por medios no violentos, el cumpli-miento de los deberes del Estado. La garantía y protección de los derechos de todos/as sus habitantes son obligacio-nes contraídas por el Estado ante la comunidad nacional e internacional, una vez ratificados los tratados interna-cionales. Bregar por su cumplimiento no es un delito sino el ejercicio de la justa reivindicación de una sociedad más justa e igualitaria.

"No se puede hablar de democracia en un país en el que sus ciudadanos/as además de no tener derecho al bienestar integral, tampoco pueden disentir ni exigir a las autoridades, por medios no violentos, el cumplimiento de los deberes del Estado"

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MILITARIZACIÓN EN EL NORTE: Pobladores presentan Acción de Inconstitucionalidad

A pocos días de que Horacio Cartes asumiera la presidencia, en 2013, obtuvo la aprobación de su propuesta de modificación de la Ley 1.337/99 “De Defensa Nacional y Seguridad Interna”. La promulgación de esta Ley dio vía libre para que -48 horas después- Cartes emitiera el decreto presidencial 103/13 “Por el cual se dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, en ope-raciones de defensa interna en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay”.

Desde ese entonces el Serpaj PY junto con otras organizaciones vie-nen señalando su preocupación ante la vulneración, por parte del Po-der Ejecutivo, del principio del equilibrio entre los poderes del Estado y el hecho de que, en la práctica, haya instalado un estado de excepción permanente, con plazos ilimitados, sin control ni aprobación por parte del Poder Legislativo.

En breve se cumplirán 3 años del despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), compuesta por militares, policías y agentes de Senad para la búsqueda de integrantes del autodenominado Ejército del Pue-blo Paraguayo (EPP) y la Agrupación Campesina Armada (ACA). La mi-litarización de la zona norte del país se ha traducido en acciones viola-torias a los derechos humanos en las comunidades: uso inapropiado de

De izquierda a derecha, Alberto Simón abogado patrocinante; Ramón Denis Cardozo e Ignacio Sosa, accionantes; y Vidal Acevedo, integrante del Serpaj PY.

1 Promulgada el 22 de agosto de 2013.

Luego de más de 2 años de seguimiento a la aplicación de la ley 5.036/131 y el decreto reglamentario 103/13, que habilitaron al Poder Ejecutivo a militarizar el Norte del país, y con la certeza de que ambas normativas no cumplen con lo dispuesto en la Constitución Nacional, el Serpaj PY patrocinó la presentación de una acción de inconstitucionalidad presentada por 4 pobladores del Norte del país que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta.

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Antecedentes de atropellos sufridos por las personas

accionantes

Ramón Denis Cardozo, poblador del departa-mento de San Pedro, docente y director de la Escuela 3707 de la Colonia Oñondivepa desde hace más de 20 años, denunció que la noche del jueves 5 de setiembre de 2013 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta, que se identifi-caron como militares, echaron todas las puertas de su domicilio, destruyeron su computadora, lo echaron de la cama, le pisaron la nuca, golpea-ron a uno de los hijos en la cabeza, les apunta-ron con armas, acusando a Ramón de ser Elvio Ramón Cardozo, buscado por supuesto triple homicidio y por ser miembro del EPP.

Ignacio Sosa Ortega, poblador de la Colonia Oñondivepa, departamento de San Pedro, denunció vulneraciones en el operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta la madrugada del 6 de setiembre del 2013: Le atropellaron 5 suje-tos con pasamontañas y “parapara´i”, quienes lo tiraron al suelo boca abajo, así como a su esposa e hijos. Posteriormente le llevaron al fondo de su casa para cavar una fosa y dijeron que lo mataría, entre otros atropellos sufridos y denunciados a la fiscala Marta Sandoval, de la unidad especializada en derechos humanos.

Epifanio Cabañas, poblador de San Pablo de Kokueré departamento de San Pedro, fue víc-tima de agresiones en el mismo operativo de la FTC, en la madrugada del 6 de setiembre del 2013. En su denuncia ante la Fiscalía, señaló que las FTC actuaron con agresividad, amena-zándolo a él y a sus 3 hijos, apuntándoles con armas de fuego.

Gumersindo Toledo, poblador de Arroyito, del departamento de Concepción.

En octubre de 2014 fue víctima de torturas, golpes y simulacro de asfixia por miembros de la FTC en presencia y coautoria de una persona que le fuera presentada como el fiscal Joel Cazal.

la fuerza, allanamientos irregulares, muerte de per-sonas que no tenían relación alguna con los grupos buscados, torturas y privación ilegítima de libertad.

Ante esta situación, desde una perspectiva de de-fensa de los derechos humanos se plantean dos vías de acción. Una de ellas es la solicitud al Par-lamento de la derogación de la Ley 5.036/13, y el segundo camino implica la presentación de una ac-ción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el Serpaj PY, luego de realizar un seguimiento exhaustivo de la situación en el Nor-te y a partir de un dictamen jurídico del doctor en derecho Juan Carlos Mendonça, se ha promovido en abril pasado una acción de inconstitucionalidad con la intención de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia2 se expida sobre los de-fectos de una ley que ha sido dictada en contra de los preceptos de la Constitución.

La presentación fue realizada por cuatro ciudadanos de comunidades del Norte del país, quienes sufrie-ron distintos tipos de violaciones a sus derechos hu-manos en el marco de las operaciones de las FTC. Todas estas personas han presentado denuncia for-mal ante la fiscala Marta Sandoval, de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público. Serpaj PY no descarta promover acciones ante instancias internacionales en la búsqueda de la justicia.

¿Por qué la Ley 5.036 es inconstitucional?La ley 5.036/13 introduce algunas pocas modifi-caciones que, sin embargo, alteran profundamente la ley original. El cambio más sustancial, correspon-diente al artículo 2, confiere a las Fuerzas Armadas atribuciones para enfrentar agresiones internas, po-testad que la Constitución sólo faculta a la Policía Nacional (Art. 175).

2 Art.132 de la C.N. “La Corte Suprema de Justicia tiene facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las reso-luciones judiciales, en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley”.

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ESTADO PARAGUAYO DEBE CUMPLIR LOS ACUERDOS DE SOLUCIÓN AMISTOSA, RECUERDA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DD HHLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Co-misión IDH) realizó recien-temente en Washington una reunión de trabajo para hacer seguimiento a los casos de Víctor Hugo Maciel, fallecido a causa de descuereo en la Caballería en 1995, y de los niños soldados Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes, desaparecidos en 1998 mientras cumplían con el Servicio Militar Obligatorio en el cuartel de La Gerenza, en el Chaco1.

Doña Deogracia y Doña Zulma, madres de Cristian y Marcelino, aún esperan saber qué realmente pasó con sus hijos, desaparecidos mientras realizaban el SMO en el Chaco.

1 Para conocer más de fondo estos casos se puede ver este corto audiovisual elaborado por el Serpaj PY.

Se trata de 2 de los 3 casos emblemáticos que el Serpaj PY ha litigado ante el Sistema Interamerica-no de Derechos Humanos, en alianza con el Centro por la Justicia Internacional (CEJIL) cuyos abogados participaron de la reunión en representación de las víctimas. El tercer caso es el de Gerardo Vargas Are-co, por el cual el Estado paraguayo fue condenado y sentenciado a reparar económica y moralmente a sus familiares. Por su parte, tanto en el caso de Víctor Hugo como de Cristian Ariel y Marcelino se concretaron Acuerdos de Solución Amistosa (ASA) que incluían una serie de medidas de reparación y no repetición, como el cambio de leyes y prácticas institucionales dentro de las Fuerzas Armadas en el Paraguay. Son algunas de estas medidas las que el Estado paraguayo aún debe concretar.

En el caso específico caso de la muerte de Víctor Hugo Maciel, la Comisión IDH tomó nota que, 21 años después de su muerte, el Estado todavía no ha tomado ninguna medida para impulsar una in-vestigación eficaz para determinar los responsables del “descuereo” que derivó en su fallecimiento. En relación al caso de los niños soldados desapareci-dos, ocurrido en febrero de 1998, hace 18 años, los abogados de la CEJIL solicitaron a la CIDH que man-tenga el monitoreo al acuerdo de cumplimiento de las recomendaciones ya que el Estado paraguayo ha

Muertes y desapariciones en los cuarteles

El Servicio Paz y Justicia Paraguay ha veni-do denunciando la violencia, desaparición y muertes de niños y jóvenes soldados que realizaban el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en los cuarteles. En un estudio reali-zado sobre Víctimas del Servicio Militar Obli-gatorio se han sistematizado 147 casos de muertes en diferentes circunstancias desde el año 1989 al 2012, dentro de las filas cas-trenses paraguayas. La gran mayoría de estos casos quedaron continúan impunes.

concretado acciones mínimas en relación a lo grave del caso. Asimismo, informaron que persisten graves debilidades en las medidas establecidas en el Acuer-do de Solución Amistosa en cuanto a garantizar a los familiares el derecho a la salud y seguridad física en sus domicilios. Las investigaciones tampoco han te-nido ningún avance concreto para la identificación, juzgamiento y sanción penal de los responsables de la desaparición forzada de los 2 conscriptos.

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OBJECIÓN DE CONCIENCIA: Un derecho que no precisa Justificación

Cada 15 de mayo en todo el mundo se recuerda el Día internacional de la Objeción de Conciencia. Lo declaró en 1982 la Organización Inter-nacional de Resistentes a la Guerra (IRG), en un contexto de aumento sostenido de las detenciones a personas que se oponían a participar o colaborar en conflictos bélicos, para poner el foco en un derecho fundamental, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. La objeción de conciencia se fundamenta en la libertad de las personas y en ese marco el Estado no puede obligar a nadie a colaborar con lo que uno esté en desacuerdo. Las razones para la objeción pueden ser éticas, religiosas o de cualquier índole. Cualquiera sea el caso, la objeción de conciencia es un derecho y debe ejercerse sin justificación alguna.

Actualmente en la Región se vuelve a reivindicar los valores militaris-tas. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a ofertar el servicio militar “para quitar de la pobreza” a la gente y “como estrategia de combate a la vagancia” desconociendo el trabajo de años para re-mover los estereotipos hacia los sectores y colectivos históricamente discriminados. En Brasil, con el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, sectores conservadores hicieron sendos llamados a las Fuerzas Armadas.

En Paraguay, el presidente Horacio Cartes cuenta con la discrecio-nalidad del uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, atri-buciones que la Constitución Nacional no les otorga1. Se encuentran ahora militarizados 3 departamentos del país: Concepción, San Pedro y Amambay; los 2 primeros de históricas luchas campesinas por el te-rritorio. La población se encuentra en un contexto de escalada de vio-lencia donde la mafia y grupos armados legales e ilegales controlan sus vidas y territorios. También se encuentran en medio de la persecución, criminalización y violencia hacia sus líderes por luchar por la tierra y sus derechos humanos.

En el medio de estos duros escenarios, objetores y objetoras de con-ciencia mantienen en movimiento el antimilitarismo. El lanzamiento de la revista “Rompiendo Filas”, de la Red Antimilitarista de América Latina y el Caribe (RAMALC) vuelve a instalar información y conoci-miento para reflexionar acerca de la realidad que envuelve el militaris-mo en América Latina. En términos de recientes avances, es de suma importancia reconocer el trabajo de objetores de conciencia de toda Colombia, quienes pudieron romper barreras que contaban para el dis-frute de derechos humanos como la educación y el trabajo. Objetores colombianos hoy pueden recibir sus títulos y trabajar sin necesitad de una libreta militar.

Desde 1989 al 2012 fallecieron 147 jóvenes prestando el servicio militar, y aún hay 2 desaparecidos. La mayoría de estos casos quedaron impunes.

1 A través de la Ley N° 5.036/13, que modifica la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y el Decreto reglamentario 103/13.

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En ParaguayEl ejercicio al derecho a la objeción de conciencia está garantizado en el artículo 37 de nuestra Constitución Nacional. Actualmente, exis-ten más de 150.000 objetores de conciencia, cantidad que aumenta cada año. No obstante, todavía existen barreras para el ejercicio de este derecho fundamentado en la libertad de las personas: Los jóve-nes sólo pueden declararse objetores completando un formulario en la Dirección de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo, en Asunción, o en algunas dependencias en cabeceras departamentales, lo cual impide el ejercicio de este derecho a muchos jóvenes en todo el territorio nacional. Aquellos que sí acceden al formulario deben, en el punto 13, justificar su objeción, hecho que vulnera el artículo 24 de la Constitución Nacional, que señala que nadie puede ser indagado a causa de su creencia o ideología.

En nuestro país siguen en movimiento diversas acciones para crear conciencia política respecto a la violencia estructural que se vive en el país. En el intento de brindar herramientas para pensar desde la paz, desde la noviolencia y el respeto a los derechos humanos existen iniciativas como las de Caracolito, un grupo de afinidad antimilitarista y feminista, que viene desarrollando talleres de acción directa noviolenta en Asunción y localidades del departamento Central. El SERPAJ PY se encuentra realizando talleres de noviolencia activa en el Norte del País en los departamentos de San Pedro y Concepción, con jóvenes que forman parte de organizaciones locales, campesinas, estudiantiles y religiosas.

En noviembre de este año, Paraguay será sede del Tercer Encuentro de la RAMALC, en la que las organizaciones Caracolito, el Movimiento de Objeción de Conciencia y el SERPAJ PY son miembros y estarán abocados a hacer posible una agenda antimilitarista.

El SERPAJ PY considera inconstitucional la ley 4013/10, que Reglamenta el Ejercicio del Derecho a la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio y establece el Servicio Sustitutivo al mismo en la población civil. Por ello, ha promovido en 2013 una acción de inconstitucionalidad que hasta la fecha no ha sido resuelta por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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