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............................................................................ 3

1. La evolución de la Población en Edad de Trabajar (PET): ....................... 4

2. Se ha incrementado la Tasa de Participación Laboral, debido, principalmente, al aumento de la participación laboral femenina. ................... 5

3. El incremento de la Población Económicamente Activa refleja, en gran

parte, una disminución de la Población Económicamente No Activa, sobre todo femenina. ........................................................................................................ 8

4. La creciente participación laboral femenina está transformando la

fisonomía del mercado laboral. ..................................................................... 11

5. La participación laboral de los jóvenes – sobre todo de las jóvenes – también

se ha incrementado, pero menos que la de los no jóvenes. .......................... 11

6. En Nicaragua, la mayor parte de los trabajadores ocupados devengan

ingresos laborales debajo del mínimo exento del IR de Rentas del Trabajo. . 13

7. La mayor parte de quienes devengan ingresos por encima del mínimo

exento son técnicos y profesionales, pero ser profesional no asegura que se

obtendrá un ingreso superior al mínimo exento ....................................................... 15

8. A esto hay que agregarle la gran discriminación en los ingresos laborales

por razones de sexo y edad. .......................................................................................... 17

9. La razón fundamental de que los ingresos laborales sean en promedio tan

reducidos, es que la mayor parte de los empleos se generan en los sectores y

actividades de más baja productividad ....................................................................... 20

10. Ello se refleja en niveles muy elevados de sub-empleo¡Error! Marcador no

definido.

11. A la par que ingresos laborales muy bajos para la mayor parte de los

ocupados, existe una concentración extrema del ingreso y la riqueza en muy

pocas manos…que pagan muy poco en impuestos. ................................................ 32

12. Para que la mayor parte de los nicaragüenses puedan devengar mejores

ingresos, es preciso invertir en sus capacidades, y ello requiere de políticas

fiscales orientadas por criterios de equidad .............................................................. 35

13. Esto deberá acompañarse por un proceso de transformación estructural

que asegure que un porcentaje creciente de los empleos sea de mayor calidad

y remuneración. .................................................................................................................. 40

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Conviene iniciar recordando algunas definiciones básicas utilizadas para analizar la evolución del mercado laboral. En primer lugar, la Población en Edad de Trabajar (PET) es aquella que, por convención, se considera que esta en edad de incorporarse a la actividad económica y obtener un ingreso.

Sin embargo, no toda la Población en Edad de Trabajar se incorpora a la actividad económica, en busca de empleo. La parte de la Población en Edad de Trabajar que se incorpora a la actividad económica, en busca de un empleo u ocupación que le proporcione ingresos, se denomina Población Económicamente Activa (PEA). Por su parte, la fracción de la Población en Edad de Trabajar que no se incorpora a la actividad económica se denomina Población No Económicamente Activa (PNEA), y está integrada por personas en edad de trabajar que permanecen estudiando, sin incorporarse a la actividad económica, amas de casa, discapacitados y jubilados. Esto significa que la PT = PEA + PNEA. O lo que es lo mismo PEA = PT – PNEA Ello implica que la PEA puede crecer porque ya sea aumenta la PT, permaneciendo constante la PNEA, o porque se reduce la PNEA, y una parte de ella se convierte en PEA, o por ambas cosas a la vez. La medida en que la Población en Edad de Trabajar se incorpora a la actividad económica, y se convierte en Población Económicamente Activa, se mide por la Tasa de Participación Laboral, que no es más que el porcentaje de personas en edad de trabajar que se incorpora a la actividad económica y se convierte en Población Económicamente Activa. O sea PEA = PT * Tasa de Participación Laboral Tasa de Participación Laboral = PEA/PT

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Obsérvese que, permaneciendo constante la Tasa de Participación Laboral, la PEA puede crecer sencillamente porque incrementa la Población en Edad de Trabajar. La PEA también puede crecer porque se incrementa la Tasa de Participación Laboral, o sea el porcentaje de la PET que deja de ser PNEA para incorporarse a la actividad económica, o por las dos cosas. Examinemos la evolución de estas variables en el caso de Nicaragua, tal como la ilustran los datos disponibles de la Encuesta Continua de Hogares del INIDE.

La actual fase de la transición demográfica se caracteriza por el mayor incremento de la Población en Edad de Trabajar dentro de la Población Total. A esta fase se le denomina fase del bono o dividendo demográfico.

La tasa de crecimiento del PIB per cápita, por definición, es igual al incremento

de la tasa de empleo global (población ocupada/población total) más el

incremento de la productividad.

PIB percapita = (Población Ocupada/Población Total) * (PIB/Población Ocupada)

A su vez, el crecimiento de la relación población ocupada/población total

dependerá del crecimiento la proporción de la población en edad de trabajar en

la población total (PET/Población Total), de la tasa de participación laboral

(PEA/PET), y de la proporción de la población económicamente activa que se

encuentra ocupada (Población Ocupada/PEA).

Población Ocupada/Población Total = PET/Población Total * (PEA/PET *

Población Ocupada/PEA).

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El crecimiento de la población en edad de trabajar en relación a la población

global (PET/Población Total) genera por sí mismo un crecimiento de la fuerza de

trabajo ocupada como porcentaje de la población total, permaneciendo

constantes la tasa de participación laboral (PEA/PET) y la tasa de ocupación

(Población Ocupada/PEA).

Esto significa que, permaneciendo todo lo demás constante, el solo hecho de que se incremente la participación de la población en edad de trabajar en la población total incrementará, por sí mismo, la tasa de crecimiento del producto interno bruto por habitante, es decir, acelerará la tasa de crecimiento económico. En la medida en que el bono demográfico se traduce en un crecimiento de la participación de la población en edad de trabajar en la población total, produce un incremento de la fuerza de trabajo ocupada como porcentaje de la población total. Este es el aporte específico del bono o dividendo demográfico al incremento del PIB-per cápita. Es importante destacar aquí que, en Nicaragua, el porcentaje de mujeres en la Población en Edad de Trabajar es mayor que la de los hombres. De acuerdo a la

Encuesta Continua de Hogares, mientras que las mujeres representaron en

promedio un 51.5% de la Población en Edad de Trabajar en el periodo I Trimestre

de 2010 –IV Trimestre de 2012, los hombres representaron en promedio un

48.5%.

Al ser la participación de las mujeres en la Población en Edad de Trabajar mayor que la de los hombres, y crecer relativamente más que la de estos últimos, puede deducirse que el aporte de las mujeres al crecimiento de la Población en Edad de Trabajar como fracción de la población total es un tanto mayor, lo mismo que su contribución al crecimiento del PIB per cápita que se produce por esta vía.

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Pero, al mismo tiempo, en esta fase no solo se produce un crecimiento de la Población en Edad de Trabajar como porcentaje de la Población Total, sino también un incremento de la Tasa de Participación Laboral. La Encuesta Continua de Hogares muestra que entre el I Trimestre de 2009 al IV Trimestre de 2012 la Tasa de Participación Laboral se incrementó en 12.2 puntos porcentuales, al pasar desde el 65.5% de la Población en Edad de Trabajar hasta el 77.7%.

Desde el punto de vista de la clasificación por sexos, se produjo un incremento mucho más fuerte de la participación laboral de las mujeres que la de los hombres. Esta creciente participación económica femenina suele acompañar a la fase del bono demográfico.

Ello da lugar al denominado bono de género. El concepto de bono de género se refiere al beneficio económico potencial que se obtiene por el incremento de la participación de la mujer en la actividad laboral.

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Si la población en edad de trabajar en la población total, la tasa de ocupación y la productividad permanecen constantes, el solo incremento de la tasa de participación laboral, resultante ante todo del incremento en la tasa de participación laboral femenina, da un nuevo impulso al crecimiento del PIB per cápita. La magnitud económica del bono de género se mide por el incremento del producto percápita que se logra en la medida en que se avanza hacia la equidad de género en la participación laboral.

De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares, para la cual solo se dispone de indicadores por sexto a partir del I Trimestre de 2010, la Tasa de participación Laboral de las mujeres aumento desde un 55.2% en el I Trimestre de 2010 hasta el 67.8% en el IV Trimestre de 2012, para un incremento de 12.7 puntos porcentuales, mientras que la de los hombres solo se incrementó desde un 84.0% hasta un 88.2% en el mismo periodo, para un aumento de solo 4.2 puntos porcentuales. Esto indica que es el incremento de la participación laboral de las mujeres la que ha estado impulsando, principalmente, el incremento en la Tasa de Participación Laboral total. El crecimiento más fuerte de la tasa de participación laboral femenina obedece a que, dado que la tasa de participación de las mujeres en el mercado laboral es menor que la tasa de participación laboral de los hombres, es la que tiene posibilidades de aumentar con más fuerza. El resultado del incremento en la participación laboral de las mujeres es que, a pesar de que todavía representan un menor porcentaje de la Población Económicamente Activa, representan sin embargo un porcentaje creciente de esta última.

La evidencia sugiere que esta tendencia a la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo se viene manifestando en Nicaragua a lo largo de las últimas décadas.

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Sin embargo, pese a la creciente incorporación de las mujeres a la actividad económica, su tasa de participación laboral todavía está por debajo de la de los hombres, de manera que todavía existe un amplio margen para que esta se incremente. Esto significa que, en perspectiva, es el bono de genero el que tiene mayor capacidad de aportar al crecimiento del PIB per-cápita.

Recordemos por otra parte que la Población Económicamente Activa puede crecer ya sea porque aumente la Población en Edad de Trabajar – permaneciendo constante la Población Económicamente No Activa -, o porque se reduce esta última y una parte de ella se incorpora a la PEA, o por ambas cosas a la vez. El siguiente grafico muestra que la Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado en 552,955 personas entre el I Trimestre de 2009 y el I Trimestre de 2012.

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Este crecimiento se explica, en un 48.2%, porque 266,447 personas abandonaron la Población No Económicamente Activa (PNEA) y se incorporaron a la PEA. El restante 51.8% del incremento de la PEA, equivalente a 286,508 personas, se debió al crecimiento de la PET. Esto llevo a un cambio importante en la composición de la Población en Edad de Trabajar: la parte representada por la PNEA se redujo del 34.4% en el I Trimestre de 2009 de la PET al 22.3% en el IV Trimestre de 2012, mientras que la parte representada por la PEA se incrementó del 65.6% al 77.7%.

En síntesis, la fuerte incorporación de personas en edad de trabajar que antes estaban en la PNEA, a la PEA, se tradujo en el fortísimo incremento de la Tasa de Participación Laboral, de manera que el porcentaje de personas en edad de trabajar que se incorporaron al mercado laboral paso de un 65.6% de la PET al 77.7%. Recordemos también que el incremento en la Tasa de Participación Laboral, esto es, la conversión de Población en Edad de Trabajar en Población Económicamente Activa se refleja, por otra parte, en la conversión de la Población Económicamente No Activa en Población Económicamente Activa.

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Las cifras de la ECH para el periodo I Trimestre 2010-IV Trimestre 2012, muestran que un 75.1% de la disminución de 266,447 personas de la PNEA en dicho periodo se explica por la incorporación de 200,101 mujeres, que formaban parte de la PNEA, a la PEA.

A su vez, las cifras de la ECH indican que el 91.2% de las mujeres que abandonaron la PNEA eran personas dedicadas a los quehaceres domésticos.

Sin , el hecho de que las mujeres se incorporen a la actividad económica, no significa, en lo absoluto, que se liberen de la carga de los quehaceres domésticos, sino que ello suele traducirse en una ¨doble jornada¨, porque además de su responsabilidad laboral al llegar a la casa normalmente deben asumir las tareas domésticas.

Es importante hacer notar también que la PNEA se redujo por la disminución de 100,894 personas que se dedicaban a estudiar y se incorporaron al mercado laboral.

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Esta creciente participación económica de las mujeres, está transformando la fisonomía del mercado laboral. De acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares, entre el I Trimestre de 2010 y el VI Trimestre de 2012, el número total de personas ocupadas se incrementó en 640,842. De este incremento en el número de personas ocupadas, 394,441 fueron mujeres (el 61.5 por ciento) y 246,401 (el 38.5 por ciento) fueron hombres.

Como resultado del hecho de que el número de mujeres ocupadas se incrementó en mucha mayor medida que el de los hombres, las mujeres han visto incrementar su participación en el número de ocupados, pasando del 40.5 por ciento del total de ocupados en el I Trimestre de 2010, al 44.3 Por ciento en el I trimestre de 2011.

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Ahora bien, cuando analizamos la evolución de la Tasa de Participación Laboral de acuerdo la edad, encontramos que la Tasa de Participación Laboral de la población joven, que aquí definiremos como la población de entre 15 a 29 años, también se incrementó de manera importante, pasando del 66.3% en el I Trimestre de 2010 al 75.5% en el IV Trimestre de 2012, para un incremento de 9.2 puntos porcentuales.

De nuevo, en este caso nos encontramos con que el incremento en la tasa de participación laboral de los jóvenes estuvo impulsada principalmente por el incremento de 13.6 puntos porcentuales en la participación de las mujeres jóvenes, que paso del 50.5% al 64.1%, mientras la tasa de participación laboral de los hombres jóvenes solo aumento en 5 puntos, al incrementarse del 81.5% al 86.5%. El hecho de que la tasa de participación laboral de los jóvenes sea menor que la tasa de participación promedio nacional, pone de manifiesto el hecho de que las tasas de participación tanto de hombres y mujeres aumentan con la edad, hasta alcanzar un máximo entre los 30 y los 49 años de edad, cuando comienza a reducirse, pero es hasta edades relativamente avanzadas que la tasa de participación laboral se reduce por debajo de la de los jóvenes.

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La menor participación laboral de los jóvenes en relación a los no jóvenes obedece a que por un lado, un mayor número de jóvenes que de no jóvenes permanece como parte de la PNEA estudiando y, en el caso particular de las mujeres jóvenes que ni estudian ni trabajan – las mujeres representan una gran parte de los denominados Ni-Ni -, es porque se ven forzadas a mantenerse en la PNEA realizando quehaceres domésticos. Por su parte, el incremento que se ha verificado en la participación laboral de los jóvenes, con toda probabilidad obedece a la disminución en el número de personas de la PNEA que dejaron de estudiar para incorporarse a la PEA.

En el IV Trimestre de 2012, estaban ocupadas 3,095,823 personas, de ellas 1,707,132 hombres y 1,388,401 mujeres. Estas personas, que participan en la actividad económica desempeñando algún tipo de ocupación, constituyen, en principio, los contribuyentes potenciales del sistema tributario.

Sin embargo, la capacidad contributiva de la mayoría absoluta de estas personas es tan baja, que solo 297,550 de ellas, equivalentes al 10.6% del total, devengan ingresos superiores a C$ 8,333.33, que constituye el monto mínimo exento del IR de Rentas del Trabajo, monto que podría considerarse el monto por debajo del cual las personas carecen de capacidad contributiva para convertirse en sujetos pasivos del sistema tributario.

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En términos de sexo, solo el 6.8% de las mujeres ocupadas, es decir 88,566 de un total de 1,388,401 que estaban ocupadas, devengaban un ingreso laboral superior al monto mínimo exento. De acuerdo a la categoría ocupacional, en el En el IV Trimestre de 2012, de acuerdo a la ECH, solo el 15.4% de los trabajadores que estaban ocupados como asalariados - 155,491 de un total de 1,009,125.3 - devengaban un ingreso que superaba el monto mínimo exento del IR de Rentas del Trabajo de C$ 8,333.33.

En el caso de las mujeres asalariadas, solo 54,505 mujeres con empleo asalariado, de un total de 467,340 mujeres que trabajaban como asalariadas, tenían un ingreso bruto superior al monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo, y por tanto formaban parte de la base gravable del IR de rentas del trabajo. Esto solo representaba el 11.7% del total de mujeres con empleo asalariado. En el caso de los hombres, 100,985 del total de 541,785 que trabajaban como asalariados - es decir el 18.6% del total - devengaban un ingreso superior al monto mínimo exento.

Por su parte, sólo el 9.5% del total de trabajadores por cuenta propia devengaban un ingreso laboral superior al minimo exento, de los cuales, el 9.6% del total de hombres que trabajaban por cuenta propia devengaban un ingreso superior al minimo exento, pero solo un 4.4% del total de mujeres que laboraban por cuenta propia.

En términos de edad, solo el 4.3% del total de 1,237,298 jóvenes de 15 a 29 años que estaban ocupados devengaban ingresos laborales superiores al mínimo exento del Impuesto sobre la Renta de Rentas del Trabajo, la mayoría de ellos trabajadores asalariados, pero también un número menor de trabajadores por cuenta propia y empleadores.

En cambio, el 13.7% de las personas ocupadas de 30 años y más, del total de 1,786,404 ocupados de ese grupo de edad, devengaban ingresos laborales superiores al mínimo exento, también la mayoría asalariados, pero también un número menor de trabajadores por cuenta propia y empleadores.

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Las cifras sugieren que se los trabajadores requieren niveles educativos muy altos para tener mayores probabilidades de devengar un ingreso laboral superior el mínimo exento. De hecho, las mayores probabilidades parecen estar asociadas a niveles educativos post-universitarios.

En efecto, no basta que las personas ocupadas hayan culminado estudios técnicos superiores o universitarios para que ello asegure que devengarán un ingreso laboral superior al mínimo exento. De hecho, solo un 38% del total de personas ocupadas que son graduadas de la Universidad devengan ingresos laborales por encima del mínimo exento. Solo el 26.6% de las personas ocupadas jóvenes años devengan ingresos sobre el mínimo exento.

Más preocupante aún, las Encuestas de Hogares muestran una tendencia al deterioro de los ingresos reales de las personas con mayor nivel educativo.

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Esto sugiere que el flujo de nuevos graduados universitarios - frente a una economía que genera predominantemente empleos de muy baja productividad que demandan una calificación nula o muy baja y solo genera una restringida cantidad de empleos que requieren mayores niveles educativos -, está presionando a la baja los ingresos reales de los graduados universitarios en su conjunto. El 64.5% del 15.4% del total de asalariados que tenían un ingreso superior al mínimo exento se contaban entre el denominado Personal de Dirección, Profesionales y Técnicos, es decir, correspondía básicamente a los sectores medios asalariados o que trabajaban por cuenta propia o eran empleadores.

En el caso de los Trabajadores por Cuenta Propia, el 67.2% del 9.5% del total de cuentapropistas que devengan un ingreso superior al mínimo exento son comerciantes o trabajadores agrícolas por cuenta propia – representan un 6.4% del total de cuentapropistas que devengan un ingreso superior al mínimo exento. Corresponden a comerciantes o productores agrícolas por cuenta propia a los que les va un poco mejor.

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Solo un 17.1% corresponde a técnicos y profesionales que trabajan por cuenta propia – equivalente a un 1.6% del total de cuentapropistas que devengan un ingreso superior al mínimo exento. En este caso, el nivel educativo no parece un factor determinante para explicar la probabilidad de obtener ingresos superiores al mínimo exento, sino que los factores explicativos estarían del lado del mayor acceso a recursos (tierra, crédito, organización, capital social), y de las capacidades, talento e iniciativa de estos cuentapropistas que laboran como comerciantes o agricultores, que les han permitido insertarse relativamente mejor que la gran mayoría de los demás trabajadores por cuenta propia.

Por otra parte, es muy importante destacar el hecho de que existe una marcada discriminación en el mercado laboral de acuerdo al sexo y la edad. Las mujeres y los jóvenes – especialmente las mujeres jóvenes – devengan ingresos mucho menores que los de los hombres y de las personas de mayor edad que ocupan la misma categoría laboral.

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Ahora bien, la razón de que la gran mayoría de trabajadores ocupados devengue ingresos tan reducidos, que no logran alcanzar el mínimo exento, estriba en el hecho de que la mayoría absoluta de los empleos que genera nuestra economía son empleos informales y precarios, generados por actividades de bajísima productividad, equivalentes, en gran parte de los casos, al subempleo.

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En una economía subdesarrollada como la nuestra, los sectores de menor productividad suelen generar la mayor parte del empleo, mientras que los sectores de mayor productividad, por esta misma razón, tienden a generar porcentajes muy reducidos del empleo. Así, en Nicaragua, los sectores agropecuario, comercio y servicios sociales y personales, cuya productividad como porcentaje de la productividad media de la economía es la más reducida, generan el 76.7% del empleo total.

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Una gran parte de los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, hombres y mujeres, que trabajan, lo hacen en estas actividades de menor productividad.

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Debido a que la generación de empleo en los sectores de menor productividad enfrenta ¨barreras a la entrada¨ de escasa significación, la propia fuerza de trabajo se incorpora con facilidad a estas actividades creando su propio empleo, con recursos (en términos de capital humano, recursos financieros y capital físico) extremadamente limitados. Este tipo de empleo, caracterizado por una escasa dotación de capital físico y humano por trabajador, es un empleo de muy baja productividad. Esto significa que cuando aquellos estratos de la población sin acceso a los recursos - capital humano, capital físico, capital social, activos financieros, tecnología - indispensables para insertarse de manera exitosa en el mercado, crean sus propios empleos, normalmente encuentran ocupación en micro unidades económicas, sin ningún o muy magro acceso a los recursos, que emplean de uno a cinco trabajadores.

Estas micro unidades emplean a la mayor parte de la fuerza de trabajo calidad de i) trabajadores por cuenta propia de muy baja calificación ii) trabajadores (principalmente) familiares no remunerados de estas micro-unidades económicas y iii) asalariados y/o ayudantes de esas micro unidades. En este sector, denominado de economía informal, se incluyen los trabajadores en servicios domésticos.

LA DEFINICION DE INFORMALIDAD SEGÚN LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EMPLEOS.

La aplicación empírica de la definición de informalidad de acuerdo a la productividad de los empleos, que históricamente ha sido utilizada por la OIT, se ha relacionado con (i) el tipo de trabajo (asalariado, autoempleo), (ii) el tipo de unidad económica (micro, pequeña o mediana y grande, sector público), (iii) calificación de los trabajadores.

A raíz de esta práctica nos dividimos la población trabajadora en 7 grupos:

1. empleadores

2. Trabajadores asalariados en las empresas privadas pequeñas, medianas y grandes

3. Trabajadores asalariados del sector público

4. Trabajadores asalariados en micro unidades.

5. trabajadores por cuenta propia calificados.

6. trabajadores por cuenta propia no calificados y

7. Trabajadores sin pago

Para implementar esta clasificación se incluyen como no calificados los individuos sin grado de educación terciario o superior y se definen como micro las unidades con 5 o menos personas ocupadas. Dado que un individuo puede tener más de un trabajo, se aplica la clasificación sólo a su ocupación principal.

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Así se llega a la siguiente definición la informalidad laboral según la productividad de los empleos: se consideran como informales os empleos generados por micro-unidades que emplean 5 o menos personas en alguna de las siguientes categorías: (i) trabajadores por cuenta propia no calificados, (ii) asalariados de estas micro-unidades o (iii) trabajador sin pago (generalmente familiares).

La informalidad laboral se relaciona estrechamente con el empleo por cuenta propia. Sin embargo, excluimos los trabajadores por cuenta propia con un grado de educación terciaria o superior. El grupo de trabajadores por cuenta propia con grados educativos superiores está compuesto principalmente por profesionales y técnicos generalmente con alta productividad e incorporado plenamente a la economía moderna.

De hecho, los profesionales autónomos suele estar en el grupo con los más altos ingresos en muchos países de la región, aunque representan un porcentaje reducido de la fuerza laboral.

El grafico muestra los porcentajes de empleo informal en la región, de acuerdo a las Encuestas de Hogares. Puede apreciarse que Nicaragua según los datos de la EMNV 2009 se encuentra entre los países con mayor grado de informalidad laboral (65%), de acuerdo a esta definición – aunque hay que hacer notar que según la ECH el grado de informalidad en el país alcanza al 70% del empleo total.

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Obsérvese que, según la categoría ocupacional, la mayor parte absoluta de los trabajadores informales está representada por los trabajadores por cuenta propia (un 96%) y los trabajadores sin pago - fundamentalmente familiares – (un 90%), aunque también una fracción notable de asalariados son informales – aproximadamente un 38%.

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Obsérvese también que, en el IV Trimestre de 2012, al cual corresponden los datos, el número de asalariados formales ascendió a 647 miles, mientras que el promedio de afiliados activos al INSS en ese periodo fue de 637.5 miles, lo cual parece confirmar el hecho de que el sistema público de seguridad social de acuerdo a su diseño, tiende a cubrir, principalmente, a los asalariados del sector formal.

Por otra parte, si recordamos que solo 155.5 miles de asalariados devengaban un ingreso superior al mínimo exento, esto significa que aproximadamente solo el 24% de los asalariados del sector formal tenían un ingreso que superaba el mínimo exento, lo cual es un indicativo del reducido nivel de los salarios en este sector. Esto puede interpretarse en el sentido de que el elevado nivel de subempleo presiona a la baja el nivel de los salarios, y los ingresos laborales en su conjunto.

La magnitud del empleo informal es aplastante. De acuerdo a la ECH, el 70% del Empleo Total puede catalogarse como informal, compuesto por un 16.8% del dicho total de ocupados que se desempelñan como empleados/obreros y peones/joraleros, un 30.8% como trabajadores por cuenta propia, un 17.4% como trabajadores sin pago y un 5% como emleadores.

En terminos de sexo, el 75.6% del empleo de las mujeres y el 65.5% del empleo de los hombres es informal.

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Las mujeres representan un porcentaje mayor del empleo informal que los hombres entre los asalariados, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago, y estas categorías de empleo informal corresponden al 73.6% de todas las mujeres ocupadas.

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Los datos anteriores muestran que los trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago corresponden estrechamente con empleo informal, e incluso una fracción no despreciable del empleo asalariado. Por tanto, el aumento en la participación del empleo por cuenta propia y de los trabajadores sin pago representa un ¨proxi¨ del incremento en el grado de informalidad.

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El hecho de que el empleo se genere mayoritariamente en sectores y actividades de muy baja productividad, y que incluso al interior de sectores de productividad más elevada exista una importante peso de los empleos de baja productividad, se traduce en que el peso del subempleo sea muy elevado.

Por otra parte, el empleo informal está estrechamente asociado a la informalidad del empleo, aunque ambos conceptos no coinciden exactamente, pero un alto grado de subempleo es indicativo de una elevada informalidad. La tasa de subutilización laboral (la tasa de subempleo más la tasa de desempleo ampliada) abarca poco más de la mitad de la fuerza de trabajo ocupada masculina y más del 60% de la fuerza de trabajo ocupada femenina. Las tasas de subutilización laboral son más elevadas para los jóvenes, y especialmente para las mujeres jóvenes.

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Para estar claros, este tipo de empleos, precarios e informales, no solo predomina en los sectores de actividad económica de más baja productividad, sino que también tienen su peso, aunque menor, en las actividades de mayor productividad promedio. Nuestra economía ha estado en capacidad de absorber el fuerte crecimiento de la PEA, derivado del bono demográfico y de género, en gran medida porque quienes se incorporaron a la PEA esencialmente crearon sus propios empleos, junto a familiares. De acuerdo a los datos de la Encuesta Continua de Hogares, más del 70% del empleo en Nicaragua fue generado por estas micro-unidades económicas de sobrevivencia familiar.Las empresas y unidades de mayor tamaño, incluido el Estado, en su conjunto solo generan alrededor del 30% del Empleo total.

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De hecho, los beneficios potenciales del bono demográfico y del dividendo femenino podrían verse anulados en gran medida si la población que alcanza la edad de trabajar lo hace habiendo acumulado niveles muy bajos de capital educativo, y si los empleos que se generan son predominantemente informales y precarios, de productividad baja o declinante y pobre remuneración. El drama de nuestro país reside, precisamente, en el hecho de que en esta fase de su historia, cuando decenas de miles de adolescentes y jóvenes, y de mujeres, se incorporan anualmente a la población en edad de trabajar, y esta se incrementa en proporciones no experimentadas hasta ahora, la mayor parte de quienes se incorporan a la fuerza laboral lo hacen habiendo alcanzado niveles educativos sumamente bajos, y la mayoría de los empleos que se están generando para absorberlos son empleos precarios e informales, equivalentes al subempleo. En síntesis, la razón fundamental detrás de los reducidos ingresos laborales, por debajo del ingreso que podría considerarse el mínimo para integrar la base gravable del sistema tributario, que afectan tanto a hombres como a mujeres, pero con mayor fuerza a estas últimas, y especialmente a los jóvenes, es la pobre calidad del empleo que se crea.

Ahora bien, a la par que una enorme masa de población que sobrevive en base a empleos de muy pobre calidad e ingresos sumamente bajos, en nuestro país existe una concentración del ingreso y la riqueza en pocas manos, que puede calificarse de extrema.

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Los sectores que verdaderamente concentran el ingreso, están ubicados en aquellos polos de acumulación en donde, debido al pequeño tamaño de la economía nicaragüense, las economías de escala fácilmente conducen a la concentración y pueden obtenerse rentas monopólicas o semi-monopolicas – el sector financiero, la generación y distribución de energía, el sector de importación y distribución de hidrocarburos, los grandes ingenios azucareros, las grandes casas exportadoras de café, los grandes mataderos, la obstrucción residencial, el oligopolio arrocero, el gran turismo, etc.

Según el Reporte de Riqueza 2014 de Wealth-X y UBS en 2014 en Nicaragua existían 210 ¨ultra-ricos¨, que representan apenas un 0.0034% de la población, con una fortuna total de US$ 30 mil millones, equivalente a un promedio de US$ 142.8 Millones per-cápita.

Lo cierto es que las Encuestas de Hogares no logran capturar a los estratos de la población en los que realmente se concentra el ingreso (los ricos y ¨ultra ricos¨), de manera que no reflejan la verdadera desigualdad en la distribución del ingreso, en el sentido de Piketty.

Cuando usted analiza a los que aparecen como estratos de mayores ingresos en las Encuestas de Hogares, resulta evidente que estos corresponden, en el mejor de los casos, a los denominados sectores medios, asalariados o que trabajan por cuenta propia, de mayor calificación, es decir, que suelen tener un mayor nivel de ingreso relativo debido a su mayor dotación de capital humano.

Aun que en las Encuestas de Hogares aparecen como los quintiles de mayor ingreso, la realidad es que la mayor parte de los hogares que forman parte de los que se denominan ¨sectores medios¨ - incluyendo a los trabajadores asalariados del sector formal -perciben ingresos muy bajos.

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Para el caso de Nicaragua, esto es fácilmente corroborable en la EMNV 2009, En realidad el ingreso y el consumo están altamente concentrados en el decil más alto de los hogares, que corresponden a los sectores medios de relativamente mayor ingreso.

Informes como el de Wealth-X y UBS, contribuyen de alguna manera a complementar la información de las Encuestas de Hogares, y contribuye a darnos una idea de la verdadera magnitud de las desigualdades que existen en el país.

Aunque es importante recalcar que este informe ilustra sobre la riqueza que acumulan estas 210 personas, y no sobre el ingreso que perciben, resulta obvio que el ingreso de las mismas, si asumimos un rendimiento del 10% sobre el capital, resultaría en un ingreso per cápita anual de US$ 14.28 Millones - unos C$ 380 Millones -.

Aun si asumimos un retorno menor, de solo un 6%, ello nos daría un grado de concentración del ingreso desproporcionada, en manos de este 0.0034% de la población.

Es importante remarcar que en nuestro país existe un tratamiento tributario altamente privilegiado para los estratos que verdaderamente concentran el ingreso. Los segmentos económicos más poderosos se benefician, por una parte, del tratamiento privilegiado a los dividendos y rentas financieras, que constituyen su fuente fundamental de ingresos.

Por otra parte, el sistema de ¨incentivos tributarios a la inversión¨ en Nicaragua, que premia a los sectores de la economía en los que predominan las empresas más grandes y redituables, en manos de cuyos propietarios y accionistas se concentra la riqueza y el ingreso, es quizá el más extenso de la región, y en él predominan ampliamente las exenciones por sobre cualquier otro tipo de incentivo a la inversión.

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Este sistema tan extenso de exenciones y exoneraciones no solo implica una enorme pérdida de recaudación, que impide contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las inversiones en capital humano e infraestructura básica que resultarían indispensables para aprovechar el bono demográfico, sino que tiene otras implicaciones.

Para compensar la significativa pérdida de recaudación ocasionada por estos regímenes preferenciales, la carga tributaria tiene que recaer con mayor fuerza relativa sobre el resto de sectores y agentes económicos que no reciben estos beneficios.

Esto significa que la presión tributaria relativa se recargará sobre los sectores menos menos capacitados para soportarla, o sobre aquellos que no puedan evadirla – asalariados, consumidores, pequeñas empresas, y sectores que no gozan de beneficios tributarios – que no son precisamente aquellos que concentran el ingreso.

Estos regímenes tributarios especiales generan además todo tipo de posibilidades de arbitrajes y márgenes de elusión y evasión entre partes relacionadas que permiten a los grupos empresariales domésticos y transnacionales reducir a un mínimo su carga impositiva. Tampoco existen mecanismos efectivos para contrarrestar el uso de precios de transferencia y la evasión mediante operaciones con paraísos fiscales.

Ricardo Hausmann postula que, para reducir las desigualdades, es preciso invertir en las capacidades de los pobres, que devengan sus ingresos principalmente de empleos precarios e informales, de muy baja productividad.

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Esto involucrará una importante inversión pública en infraestructura básica y capital humano, que habilite a la gran mayoría de personas de ambos sexos, y en especial a las mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, con énfasis en las zonas rurales, para desarrollar plenamente sus capacidades y estar en capacidad de insertarse en las mejores condiciones a los diferentes aspectos de la vida social.

El logro de una mayor equidad, en términos de la materialización del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a acceder a servicios sociales de calidad, conlleva la exigencia de expandir la inversión global en la provisión de servicios básicos, asegurando que dicha expansión privilegie, ante todo, el logro del acceso de aquellos segmentos de la población que actualmente tienen el menor acceso a los mismos, sin reducir el acceso de los sectores que lo tienen actualmente, y que, además de constituir dicho acceso un derecho - no un privilegio -, lo necesitan.

Esto elevará la participación relativa de los territorios y segmentos poblacionales con menor acceso, que se concentran principalmente en las zonas rurales (aunque para ser efectiva, esta expansión deberá acompañarse de medidas de corte más estructural, que apunten a contrarrestar el abandono histórico a que han sido sometidas las zonas rurales), mientras se reducirá correlativamente la participación relativa de aquellos que actualmente tienen comparativamente más acceso, con lo cual el gasto social vera considerablemente incrementada su progresividad.

De esta manera, sin comprometer los actuales niveles de cobertura, lo que se producirá es una expansión del acceso global de la población a dichos servicios, porque de lo que se trata no es de excluir a los que actualmente tienen acceso, y también lo necesitan, sino de incluir a los que todavía no lo tienen, en la búsqueda de mayor equidad.

El surgimiento del Estado Social y Democrático de Derecho significa que Estado ha pasado a asumir la responsabilidad, no solo de respetar, garantizar y proteger los derechos civiles y políticos establecidos por la Constitución, sino también de asegurar que los derechos económicos y sociales descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables para todos.

Esto representa la necesidad de que el Estado asegure una serie de prestaciones sociales básicas de calidad que deben hacerse extensivas a toda la población, sobre la base del principio de ciudadanía. Estos bienes y servicios pueden denominarse ¨bienes de valor social¨ y son aquellos bienes y servicios que la sociedad considera que deben recibir todos sus miembros en tanto ciudadanos.

Es importante aclarar que no se trata de ¨programas sociales para atender a los pobres¨, sino de un conjunto básico de servicios de la mayor calidad posible, que deben asegurarse a toda la población, independientemente del nivel de ingreso que tengan las personas o de cualquier otra consideración. Se trataría, ante todo, de los siguientes derechos sociales básicos:

Acceso al cuidado y la atención integral la primera infancia

Acceso a una educación de calidad para todos los niños y adolescentes y jóvenes.

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Acceso a una atención en salud de calidad para todos y todas las personas.

Acceso a agua potable y saneamiento y a la infraestructura básica de calidad para todos

Acceso a una pensión básica para todos los adultos mayores, aun cuando no hayan contribuido al seguro social.

Por otra parte, la creciente participación laboral de las mujeres puede convertirse en el fundamento para que estas ganen mayores niveles de autonomía. Pero esto conlleva hacer frente a numerosas contradicciones.

Con frecuencia las mujeres deben escoger entre tener hijos y quedarse en casa cuidándolos, o tener una carrera laboral, o bien optar por empleos de tiempo parcial o informales, de baja productividad e ingresos, que les den la flexibilidad necesaria para dedicarse también al cuido de los hijos.

Una salida a esta disyuntiva, que se ha implementado en los países de mayor equidad y de género, es la inversión, en calidad de bienes públicos de alta importancia social, en centros especializados en el cuidado infantil, que proporcionan atención, nutrición y educación preescolar de calidad a los niños, permitiendo a las mujeres tener una carrera laboral sin necesidad de reducir aún más su tasa de fecundidad (a menos que así lo deseen).

SOBRE LA EQUIDAD DE GENERO EN EL MERCADO LABORAL SUECO. En Suecia, existe una mayor participación comparativa de las mujeres en el mercado laboral, a la vez que una mayor remuneración relativa vis a vis los hombres, en comparación a otros países capitalistas. Para entender lo que está detrás de esta fuerte demanda relativa por el trabajo de las mujeres en Suecia, hay que considerar estas fuerzas que podrían aumentar el coeficiente de salarios mujer / hombre: 1) Un mayor fortalecimiento de las instituciones que previenen la discriminación en los pagos. 2) Un modelo de la demanda sectorial que favorece a los sectores que contratan más mujeres. 3) Mejores inversiones en las carreras para que las mujeres continúen en el trabajo y en la promoción de sus ascensos. 4) Mejor educación para las mujeres en comparación con la que reciben los hombres. 5) Si las tasas de pago de las mujeres siguen estando por debajo de las de los hombres, entonces cualquier fuerza que reduzca la desigualdad de los pagos generales entre las ocupaciones aumentará las tasas de salario de las mujeres en comparación con las de los hombres. Un rasgo especial de la economía de género de Suecia combina las fuerzas 2) y 3). El modelo sueco de la demanda sectorial de trabajo favorece la contratación de mujeres de una manera que también ayuda a que otras mujeres continúen progresando en sus carreras. Más de tres cuartas partes de la creación nacional de empleos entre la década de 1960 y los años noventa consistió, por sí sola, en la contratación de mujeres en el sector de los gobiernos locales.

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Aproximadamente la mitad de esta contratación por los gobiernos locales ocurrió en los sectores de la salud y de la educación, y quizás una séptima parte de ella consistió de empleos en el cuidado de infantes durante el día. De aquí que el empleo de las mujeres esté estrechamente vinculado al hecho de que Suecia tiene, a nivel mundial, la séptima proporción más alta que se gasta en los servicios de salud pública, la segunda proporción más alta que se gasta en educación pública y la proporción más alta del PIB que se gasta en el cuidado público de los infantes. Hay indudables rendimientos positivos del cuidado público diurno. Uno es el pago extra que las mujeres son capaces de ganar si sus carreras no se ven interrumpidas en forma importante por el hecho de tener hijos. Los cuidados públicos diurnos de alta calidad en Suecia promueven la actividad de las mujeres con niños en edad preescolar en el mercado de trabajo incluso cuando el ingreso del esposo es alto, y que cuando los espacios no están racionados, un precio más bajo favorece el uso de esos servicios. Las señales externas ciertamente sugieren que este aumento de la productividad durante la vida es grande para las mujeres de Suecia. Tienen el más alto coeficiente mujer / hombre de las tasas de salarios, y casi la más alta de empleo femenino. Los permisos de ausencia por maternidad y el cuidado público de los infantes podrían también mejorar el desarrollo de las habilidades de los niños. Los beneficios o las pérdidas para los niños dependen de a) la calidad del cuidado infantil en tres ambientes: los cuidados del padre y de la madre en el hogar, el cuidado privado por personas que no son sus padres y los cuidados públicos; b) qué tanta ayuda recibe cada uno de éstos del sector público, y c) qué efecto tienen esas tempranas intervenciones en el desarrollo posterior de los niños. El fuerte apoyo que se da en Suecia a los permisos por maternidad (paternidad) casi con seguridad produce beneficios positivos para el desarrollo de los niños. Para los infantes en el grupo de edades de uno a cinco años, la cuestión es la forma en que los beneficios para el desarrollo del cuidado infantil subsidiado por el sector público y en gran medida proporcionado por éste, se compara con los beneficios de combinar en forma alternativa más cuidados de los padres con servicios de cuidados privados no subsidiados. Diez cuidadosos estudios realizados en Estados Unidos encontraron que los programas de intervención temprana tienen altos rendimientos, en especial para los niños cuyos padres tienen ingresos bajos Esto contesta a la pregunta de si las intervenciones tempranas en el desarrollo de los niños tienen un alto rendimiento. En realidad sí lo tienen, tanto privada como socialmente. En el caso de Suecia, los beneficios netos por los cuidados subsidiados o proporcionados directamente por el sector público dependen de la forma en que las diferencias se compensan. Por una parte, los niños de uno a cinco años reciben mejores cuidados en el hogar en Suecia que en los hogares con desventajas cubiertos por los programas en Estados Unidos, lo que sugiere un bajo rendimiento de los programas y subsidios públicos para el cuidado de infantes en Suecia.

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La calidad de las personas que proporcionan los cuidados públicos en Suecia es mayor que la del promedio de quienes proporcionan esos cuidados en Estados Unidos, lo que aumenta el rendimiento de los cuidados públicos en Suecia en relación con la experiencia pasada de Estados Unidos. Las otras dos fuerzas que promovieron el trabajo de las mujeres, y de esa manera aumentaron el PIB, son d) la educación relativa de las mujeres y e) la dependencia del pago de las mujeres en las brechas en los pagos según las ocupaciones en general. A primera vista, éstas podrían parecer fuerzas que sólo podían mejorar a las mujeres con respecto a los hombres, sin ninguna implicación para la productividad de toda la economía. Pero incluso si alguna de estas fuerzas deprimiera el pago a los hombres en el mismo porcentaje en que aumentó el pago de las mujeres —lo que no parece probable—seguiría existiendo un efecto positivo El rango de Suecia es alto entre los países en términos de los niveles educativos relativos que tienen las mujeres, así como en la educación de la población adulta en conjunto. Suecia tiene una de las más altas proporciones de mujeres entre los graduados de niveles superiores a la secundaria, y de hecho, para los grados universitarios la proporción es la más alta de todas. También en este caso la causa parece encontrarse en el lado de la demanda de los mercados de trabajo de las mujeres con carreras, que influyó fuertemente en la demanda de grados superiores a la secundaria por parte de las mujeres de la salud y la educación haya desempeñado un papel para hacer que las mujeres procuraran obtener una educación superior, aumentando su pago relativo, su empleo y —de nuevo por las diferencias de género en las elasticidades de la oferta de trabajo—el producto nacional.

Esto debería combinarse con deducciones impositivas proporcionales al número de hijos dependientes.

Combatir las desigualdades en términos de remuneración, y la discriminación y el abuso que padecen las mujeres en el mercado laboral, también incentivaría su participación económica, y haría ganar a las mujeres mayor libertad y autonomía, en el sentido de que crearía la base económica para proporcionarles una mayor capacidad de decisión sobre sus vidas.

Pero, en todo caso, resultaría fundamental que las mujeres cuenten con los niveles de calificación y capacitación laboral requeridos para desempeñar empleos de reciente calidad y remuneración, que conllevan mayor demanda de conocimientos – lo cual implica que la sociedad efectúe la inversión necesaria para asegurar dicha calificación.

Dicho sea de paso, un impuesto sobre la renta progresivo debería ser capaz de hacer absorber, ex post, cualquier diferencial de ingresos en favor de los hombres para un mismo puesto de trabajo, que requiera la misma calificación y experiencia.

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Pero todo ello no será posible con un una recaudación tributaria extremadamente pobre, resultante de un sistema tributario que excluye de la obligación de tributar los sectores en donde predominan las empresas más rentables y redituables, y donde la carga tributaria es extremadamente reducida para los estratos que verdaderamente concentran el ingreso, y tiende a concentrarse en los consumidores, los asalariados, y los que no están exonerados o no pueden evadirla.

Finalmente, para que la economía sea capaz de absorber esta creciente participación generando de manera predominante este tipo de empleos, de creciente productividad y remuneración – lo cual requeriría promover un proceso dinámico de transformación estructural.

De hecho, los análisis efectuados muestran que, en la medida en que la disminución de la pobreza ha estado asociada al crecimiento del PIB per cápita a nivel agregado, y al ingreso per cápita de los hogares, dicha disminución ha obedecido a estos cambios – el aumento del peso de la población en edades productivas en la población total (bono demográfico) y el aumento en la tasa de participación laboral (bono de género).

Pero, por si mismos, estos cambios resultan insuficientes para que la oportunidad creada por esta fase de la transición demográfica se conviertan efectivamente, en la realización efectiva del potencial de desarrollo que representa esta oportunidad.

Lo fundamental para el pleno despliegue del potencial representado por el bono demográfico y el bono de género, es que el fuerte crecimiento de la población económicamente activa de ambos sexos, asociada a esta fase, sea absorbido por empleos de productividad y remuneración elevada, y creciente.

Esto indica que la aceleración de la tasa de crecimiento del PIB per cápita a los ritmos que serían requeridos para aprovechar a plenitud el bono o dividendo demográfico, y arribar en mejores condiciones a la fase de envejecimiento, requerirá no solo que la creciente proporción de la población que está alcanzando la edad activa se traduzca en un aumento en la tasa de empleo global, sino que dicha población activa en rápida expansión encuentre ocupación en actividades de creciente productividad y contenido tecnológico; es decir, que la productividad del trabajo aumente de manera sostenida y sistemática, la par de la tasa de empleo global, a lo largo de varias décadas.

Esto es lo que permitirá un crecimiento simultáneo del empleo y la productividad que hará posible las tasas de crecimiento del PIB per cápita necesarias para que el país alcance los niveles de desarrollo requeridos, en los plazos adecuados. La política y estrategia en el campo de la política tributaria y de inversión pública, y el conjunto de políticas públicas, deben transformarse en función de apoyar este esfuerzo.

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Este cambio en el patrón de crecimiento económico, que deberá traducirse en aumentos sistemáticos del empleo y la productividad, y de los ingresos reales, resulta apremiante porque, en pocas décadas más, nuestro país arribara a la fase plena del proceso de envejecimiento de la población, precisamente el proceso que suele colocar en crisis a los regímenes solidarios de seguridad social.

Dado que la población está envejeciendo más rápidamente que en los países desarrollados, nuestro país tendrá menos tiempo para adaptarse a las consecuencias de este fenómeno, además de que el proceso de envejecimiento se produce a niveles de desarrollo socioeconómico más bajos.

Al arribar a la fase de envejecimiento el nivel de consumo per cápita y total de los trabajadores activos, y el de la masa en rápido ascenso de adultos mayores, dependerá del nivel que haya alcanzado para entonces el producto per cápita del país.

Pero el crecimiento del producto per cápita depende a su vez del crecimiento del número de trabajadores ocupados como porcentaje de la población total (tasa de ocupación global), por un lado, y por el otro depende del crecimiento del producto medio por trabajador (es decir del crecimiento de la productividad).

Dado que en las próximas décadas el crecimiento de la fuerza de trabajo, y de la tasa de empleo global se desacelerara, y eventualmente declinara, la única manera de sostener el crecimiento del producto per cápita será a través de un proceso de incremento sostenido de la productividad.

Solo así se podrá asegurar que en todo momento existan bienes y servicios en cantidad suficiente para sostener al número creciente de adultos mayores, no solo manteniendo sino incluso mejorando su nivel de bienestar, sin comprometer el propio sustento de los activos.

La fase del bono demográfico, a la cual suele estar asociada un ¨bono de genero¨, es una fase delimitada en el tiempo. En Nicaragua, esta fase estará culminando en un par de décadas más, cuando iniciara, con toda su fuerza, la fase plena de envejecimiento de la población. En tres décadas y media más, el país habrá alcanzado el mismo grado de envejecimiento de su población que el que exhiben, en la actualidad, los envejecidos países europeos.

Si el país no realiza un esfuerzo verdaderdamente extraordinario por reestructurar su modelo de crecimiento, esto es, la estructura de la producción y el empleo, y su inserción internacional, de manera que el crecimiento de la fuerza de trabajo a que da lugar el bono demográfico y de genero sea absorbido, de manera creciente, por empleos decentes, esto es, de cada vez mayor calidad, productividad y remuneración, se corre el riesgo de arribar a la fase de envejecimiento en condiciones de absoluta incapacidad de hacer frente a los inmensos desafíos que conlleva esa fase.

Este esfuerzo implicara promover la transformación estructural de la economía y desarrollar las capacidades endógenas del país, y en particular, desarrollar las

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capacidades de las personas, de manera que puedan incorporarse a la actividad económica, y a todas las esferas de la vida social, con los conocimientos, las destrezas, las habilidades y medios indispensables.

Esto implicara, por sí mismo, a la par que establecer y poner en acción las políticas e instituciones que promuevan la transformación de las estructuras de producción y empleo, y de la inserción internacional del país, un incremento considerable de la inversión pública en el desarrollo de las capacidades y potenciales de las personas, y en la infraestructura física, social e institucional que les permita desplegar dichas potencialidades.

Pero además, para lograr contrarrestar los elevados niveles de exclusión y desigualdad que caracterizan a nuestra sociedad, y que tienden a reproducirse intergeneracionalmente, es preciso también asegurar que los derechos económicos y sociales descritos en las normas constitucionales sean realmente accesibles y disfrutables para todos.

Esto representa la necesidad de que el Estado asegure una serie de prestaciones sociales básicas de calidad que deben hacerse extensivas a toda la población, sobre la base del principio de ciudadanía. Estos bienes y servicios pueden denominarse ¨bienes de valor social¨ y son aquellos bienes y servicios que la sociedad considera que deben recibir todos sus miembros en tanto ciudadanos.

Es importante aclarar que no se trata de ¨programas sociales para atender a los pobres¨, sino de un conjunto básico de servicios de la mayor calidad posible, que deben asegurarse a toda la población, independientemente del nivel de ingreso que tengan las personas o de cualquier otra consideración. Se trataría, ante todo, de los siguientes derechos sociales básicos:

Acceso al cuidado y la atención integral la primera infancia

Acceso a una educación de calidad para todos los niños y adolescentes y jóvenes.

Acceso a una atención en salud de calidad para todos y todas las personas.

Acceso a agua potable y saneamiento y a la infraestructura básica de calidad para todos

Acceso a una pensión básica para todos los adultos mayores, aun cuando no hayan contribuido al seguro social.

Por otra parte, la creciente participación laboral de las mujeres puede convertirse en el fundamento para que estas ganen mayores niveles de autonomía. Pero esto conlleva hacer frente a numerosas contradicciones.

Debido a las enormes restricciones que impone la denominada división sexual del trabajo - debido a que socialmente a las mujeres se les atribuye la responsabilidad de las tareas de cuidado, ya sea por atributos históricamente construidos respecto a sus capacidades para la crianza, o porque a los varones se les atribuye el rol de proveedores -, con frecuencia las mujeres deben escoger entre tener hijos y quedarse en casa cuidándolos, o tener una carrera laboral, en cuyo caso deben disminuir aún más su tasa de fecundidad, o bien optar por

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empleos de tiempo parcial o informales, de baja productividad e ingresos, que les den la flexibilidad necesaria para dedicarse también al cuido de los hijos.

Una salida a esta disyuntiva, que se ha implementado en los países de mayor equidad y de género, es la inversión, en calidad de bienes públicos de alta importancia social, en centros especializados en el cuidado infantil, que proporcionan atención, nutrición y educación preescolar de calidad a los niños, permitiendo a las mujeres tener una carrera laboral sin necesidad de reducir aún más su tasa de fecundidad (a menos que así lo deseen, lo cual les asegura una efectiva libertad de opciones).

Combatir las desigualdades en términos de remuneración, y la discriminación y el abuso que padecen las mujeres en el mercado laboral, también incentivaría su participación económica, y haría ganar a las mujeres mayor libertad y autonomía, en el sentido de que crearía la base económica para proporcionarles una mayor capacidad de decisión sobre sus vidas.

Pero, en todo caso, resultaría fundamental que las mujeres cuenten con los niveles de calificación y capacitación laboral requeridos para desempeñar empleos de reciente calidad y remuneración, que conllevan mayor demanda de conocimientos – lo cual implica que la sociedad efectúe la inversión necesaria para asegurar dicha calificación.

El problema es que el sistema tributario actual recauda relativamente muy pocos recursos, y la recaudación está estructurada de manera tal que no son los segmentos que concentran el ingreso quienes soportan la mayor carga tributaria relativa, sino que ademas, con frecuencia quedan eximidos de la misma.

Por una parte, el actual modelo de crecimiento descansa en una estructura productiva en donde coexisten algunos segmentos relativamente mayor productividad, que generan el denominado empleo formal, que es la menor parte del empleo, mientras la mayor parte del empleo es generado por unidades económicas de sobrevivencia que genera la propia población, sin acceso a los recursos, para sobrevivir.

Esto significa que la mayor parte de las personas ocupadas, que sobreviven a partir de empleos precarios de muy baja productividad, devengan ingresos sumamente bajos, de sobrevivencia.

En principio, debido a sus ingresos tan reducidos, estos sectores, que representan a segmentos sociales muy extensos, no formarían parte de la base gravable del sistema tributario, toda vez que - de acuerdo al principio de capacidad contributiva -, la capacidad contributiva de las personas solo comienza a existir cuando su ingreso sobrepasa lo que la sociedad considera un mínimo de sobrevivencia.

Por supuesto, ello no evita que sean objeto de los impuestos indirectos, incorporados en el precio de los bienes y servicios, que afectan a las personas con independencia de su capacidad contributiva.

Es importante destacar que los jóvenes y las mujeres son los que resultan más afectados por los de por si elevados niveles de subempleo que prevalecen en el país, y que los ingresos laborales de las mujeres se encuentran muy por debajo

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del que devengan las personas del sexo masculino, para una misma categoría laboral.

En realidad, en nuestro país solo logran alcanzar ingresos que representan capacidad contributiva, principalmente los asalariados formales de mayor calificación profesional y técnica, los sectores medios que trabajan por cuenta propia, y segmentos del pequeño comercio y los servicios que logran obtener ingresos superiores a los de sobrevivencia.

Por otra parte, en el país existe una extrema concentración del ingreso en manos de un segmento sumamente reducido de la población, cuyas principales fuentes de renta están gravadas a tasas muy bajas y que son los principales beneficiarios del sistema de exenciones y exoneraciones que exime del pago de tributos a los sectores de la economía en los que predominan las empresas más grandes, con mayor poder de merado, y más redituables.

Para compensar la significativa pérdida de recaudación ocasionada por estos regímenes preferenciales, la carga tributaria tiene que recaer con mayor fuerza relativa sobre el resto de sectores y agentes económicos que no reciben estos beneficios.

Esto significa que la presión tributaria relativa se recargará sobre los sectores menos capacitados para soportarla, o sobre aquellos que no puedan evadirla – asalariados, consumidores, pequeñas empresas, y sectores que no gozan de beneficios tributarios – que no son precisamente aquellos que concentran el ingreso.

Resulta obvio que, en estas condiciones, la recaudación tributaria será insuficiente, en la medida en que no logra alcanzar a todos aquellos sujetos con capacidad contributiva - debido al extenso sistema de exenciones y exoneraciones que reduce a su mínima expresión la base gravable del sistema tributario - ni logra que los segmentos que verdaderamente concentran el ingreso