Señor Juez:

Cristina Fernández de Kirchner, por mi propio derecho, en la causa Nº 12.152/15 caratulada

"Banco Central de la República Argentina s/defraudación...", en trámite por ante ese Juzgado

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 22, con el patrocinio letrado

del Dr. Carlos Alberto Beraldi (CUIT 20-13430665-4), constituyendo domicilio en Av. Santa Fe 1752,

2º A, a V.S. digo:

I.- Objeto.

Que a efectos de ejercer mi derecho de defensa en juicio vengo a efectuar esta manifestación, la

cual solicito se incorpore a la causa en el marco de la declaración indagatoria ordenada en autos.

II. Introducción.

1) Cada vez que un Movimiento Político de carácter Nacional y Popular fue derrocado o finalizó su

mandato, las autoridades que lo sucedieron utilizaron en forma sistemática la descalificación de

sus dirigentes, atribuyéndoles la comisión de graves delitos, siempre vinculados con abusos de

poder, corrupción generalizada y bienes mal habidos.

Sin embargo, los verdaderos motivos siempre fueron los mismos: por un lado, barrer con las

conquistas logradas y los derechos adquiridos por la sociedad en sus diferentes estamentos y

actividades; por el otro, imponer programas de "ajuste" y endeudamiento -matrimonio

indisoluble- utilizando la supuesta corrupción para ocultar ambos objetivos. Con el correr de los

años cada uno de esos supuestos "procesos moralizadores" devinieron en formidables

transferencias de ingreso y patrimonio de las grandes mayorías a las elites gobernantes y sus

grupos económicos vinculados, saliendo a la luz los escandalosos mecanismos de corrupción para

hacer operativas esas políticas.

No son pocos los hechos históricos que así lo demuestran. El primer ex Presidente argentino que

tuvo que enfrentar a un juez no fue peronista, por una razón muy sencilla: el movimiento nacional

y popular en ese momento todavía lo encarnaba el radicalismo y su figura liminar: Hipólito

Yrigoyen. Derrocado en 1930 por el primer Golpe Militar de la historia y, oh casualidad,

convalidado y legalizado por acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debió sufrir

ser investigado por una comisión especial por supuestos hechos de corrupción, siendo

encarcelado en la Isla Martín García. Recuperó su libertad merced a un indulto que Yrigoyen

rechazó. El día que lo liberaron asumía el General Justo como Presidente de la República

Argentina, dando inicio a lo que históricamente se conoce como "Década Infame", llamada de esa

forma por lo que constituyó un período de escandalosa corrupción y entrega del país. Sin

embargo, no se detuvieron allí. Lo volvieron a encarcelar y pasó el último año de su vida en Martín

García. Eso sí, esta vez no fue por corrupción, lo acusaron de conspiración.

Más tarde, el Movimiento Nacional y Popular se encarna en el Peronismo y en la figura de sus

fundadores: Juan Domingo y Eva Perón. Durante sus dos Gobiernos los Derechos y conquistas

populares construyen historia y época. Una vez más y tras el derrocamiento del General Perón, el

gobierno de facto dictó el Decreto Ley 5143/1955 que creó la Junta Nacional de Recuperación

Patrimonial, una comisión especial en franca violación del texto constitucional asignándole

funciones jurisdiccionales bajo el "loable propósito" de obtener la incautación de todos los bienes

de los que se habrían apoderado los funcionarios corruptos del anterior gobierno.

Pese al grado grosero de afectación de los principios más elementales del Estado de Derecho,

hubo magistrados y funcionarios judiciales, incluso de las máximas instancias, dispuestos a

justificar semejantes atropellos sin abandonar sus citas leguleyas e invocación de valores éticos

que se correspondían con "su ser nacional".

A título de ejemplo me permito citar el fallo de –una vez más- la Corte Suprema Justicia de la

Nación del 21 de junio de 1957, en la causa "Juan Domingo Perón s/ bienes mal habidos". Aquí en

el dictamen del Procurador General ante ese Alto Tribunal se efectúan los siguientes

señalamientos:

"1° Que antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno

despótico, y en un estado de caos y corrupción administrativa, debido a la acción directa de las

personas comprendidas en el decreto ley 5.148/55 y, en especial, a la del recurrente en esa causa.

2° Que uno de los fines primordiales de la revolución fue el de restituir al patrimonio público los

bienes adquiridos ilícitamente por las personas indicadas, quienes, como es de pública notoriedad,

se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba

Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados..."

Por su parte, en la sentencia aludida, la propia Corte, en referencia al gobierno peronista, decía lo

siguiente:

"...Esta opresión innoble sólo ha servido para el auge de la corrupción y para la destrucción de la

cultura y la economía, de todo lo cual es símbolo tremendo el incendio de los templos y los

sacrosantos archivos de la patria, el avallasamiento de los jueces, la reducción de la Universidad a

una burocracia deshonesta y la trágica encrucijada que compromete el porvenir de la República

contra la entrega de sus fuentes de riqueza (diario "La Nación", septiembre 23 de 1955m página

1)".

Cualquier coincidencia con los discursos y las acciones de actual Gobierno y de las decisiones de

algunos sectores del Poder Judicial, no es casualidad.

La historia de dieciocho años de proscripción, lo acontecido en dicho período histórico y

finalmente el retorno de Perón al país para ejercer su tercera presidencia me eximen de mayores

comentarios.

2) En el año 1976, la dictadura genocida más sangrienta de nuestra historia siguió idéntico camino

respecto de las autoridades constitucionales que habían sido derrocadas y de dirigentes que ni

siquiera formaban parte de ese Gobierno, es más, algunos eran fuertes opositores al mismo. De

esa manera truncaron el proceso democrático impidiendo las elecciones nacionales presidenciales

que ya habían sido convocadas. Al momento del Golpe, Argentina era un país industrial donde la

participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno era casi del 50% y el

endeudamiento externo era sumamente bajo y no implicaba condicionamiento alguno.

Así, el 21 de octubre de 1977, en el ámbito del Ministerio del Interior, se creó la tristemente

célebre "Comisión Nacional de Responsabilidad Patrimonial" (CONAREPA) que incautó no sólo

propiedades y bienes correspondientes a la funcionarios del gobierno derrocado, sino también a

empresarios, dirigentes políticos y sindicales, todos ellos detenidos exclusivamente por motivos

políticos. Eso si, bajo la pátina, siempre conveniente y mediática, de lucha contra la corrupción.

También, de manera no menos lamentable, se registran precedentes judiciales que avalaron las

ominosas conductas descriptas. Es imperioso señalar que la participación del Poder Judicial

siempre se convierte en condición "sine quanon" para este tipo de prácticas. En este sentido, un

ejemplo paradigmático es el caso de "Papel Prensa". En el mismo, todos los bienes de la familia

Graiver pasaron a ser administrados por la referida CONAREPA, bajo la mirada complaciente de los

jueces de aquellos años y la inactividad de los jueces de hoy. Ha pasado mucho tiempo y todavía

los delitos de lesa humanidad cometidos en contra de la familia Graiver se encuentran sin recibir el

correspondiente castigo.

Hace pocos días se cumplieron 40 años de lo que fue el Proceso "Moralizador" del 24 de marzo de

1976. Su saldo trágico en materia de violación de DD.HH., endeudamiento, desindustrialización,

financierización de la economía, aún lo estamos pagando en el sentido más literal del término.

Los antecedentes mencionados ayudan a comprender que lo que sucede en la actualidad debe ser

inscripto en un contexto político e institucional que se ha repetido a lo largo de nuestra historia:

los avances y retrocesos que en materia de derechos y bienestar han sufrido en el pasado y

vuelven a sufrir hoy los argentinos.

Precisamente por el valor histórico de los expedientes, registros, actuaciones y toda otra

documentación de la infausta CONAREPA, como Presidenta de la Nación dispuse su traslado al

Archivo Nacional de la Memoria, como ejemplo de un pasado que no queremos repetir.

3) Sin embargo, una vez más la historia se repite y el pasado vuelve a atrapar a los argentinos:

endeudamiento, devaluación, despidos, persecuciones políticas, tarifazos en servicios públicos

esenciales e indispensables, estampidas imparables de precios, comercios cerrados, industrias en

crisis, censura y cercenamiento a la libertad de expresión, son sólo algunas de las calamidades que

el nuevo Gobierno ha provocado en apenas 120 días. Esta verdadera tragedia se convierte en

comedia cuando los rostros de quienes se quieren presentar ante los argentinos como cruzados

contra la corrupción, son los mismos que durante los '80 y los '90 formaron parte de la "Patria

Contratista" y su apellido estuvo indisolublemente ligado a escándalos y negociados con el Estad o,

ubicación de gerentes y directivos de sus empresas en puestos claves del Gobierno, pasando por el

contrabando de autos con sociedades off shore absueltos por la "mayoría automática", causal de

Juicio Político a miembros de la Corte Suprema, o la estatización de la deuda de sus empresas;

entre otros hechos de corrupción. No debería entonces llamarnos la atención que hoy ilustren la

primera plana de todos los medios de comunicación internacionales, junto a otros dirigentes y

mandatarios, algunos de los cuales ya renunciaron, con cuentas y sociedades en paraísos fiscales

que les fueran descubiertas y de las que nunca le contaron a los argentinos. El Consorcio

Internacional de Periodistas de Investigación presenta el caso "Panamá Papers" en su página web

bajo el título de: "Gigante fuga de registros financieros off shore expone la matriz mundial de la

delincuencia y corrupción" (el subrayado me pertenece). Un escándalo global sin precedentes que

trata de ser ocultado, sin conseguirlo, con el remanido recurso de denuncias y despliegue de

mediáticas acciones judiciales.

Es que el que el Plan de Ajuste y Miseria vuelve a requerir una vez más, de la difamación y la

calumnia para su implementación, bajo el mismo pretexto de que los dirigentes que defendieron y

defienden los intereses populares y nacionales son corruptos sin remedio. Esta metodología no

sólo es claramente visible en nuestro país, sino que se replica a escala regional como una matriz

diseñada por expertos de otras latitudes.

La causa en la que aquí presto declaración y otras que se agigantan por los medios de

comunicación concentrados, son un ejemplo lamentable de lo que vengo diciendo, a punto tal que

a los propios medios extranjeros, que denunciaron a escala global el escándalo de "Panamá

Papers", les llama la atención el tratamiento que recibe el Presidente Mauricio Macri, implicado en

el caso, y lo compara con el tratamiento que hubiera recibido quien suscribe, de haber sido la

involucrada. Sostiene el diario alemán "Süddeutsche Zeitung" –periódico que dió a conocer a nivel

global el "Panamá Papers"- que de haber sido la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la

involucrada, todos le hubieran pedido la renuncia en forma inmediata

(www.sueddeutsche.de/politik/panama-...).

III. Manifiesta.

1) Luego de ser informada acerca de los hechos que se me pretende imputar, entiendo y confirmo

claramente que sólo a través de un ejercicio abusivo del poder jurisdiccional esta causa pudo ser

llevada adelante.

En primer lugar, cabe señalar como algo absolutamente novedoso y sorprendente en términos

judiciales, que haya sido citada a prestar declaración indagatoria cuando no existe ninguna

mención, y mucho menos imputación en mi contra, ni en la denuncia efectuada por los

Legisladores oficialistas Negri y Pinedo, ni tampoco por parte del fiscal interviniente o que surja, al

menos, de la prueba recibida.

Es más, una simple lectura de los elementos de convicción a los que el juez hace expresa

referencia en el auto de fs. 367/368, muestra que mi convocatoria a declarar es un prevaricato de

V.S. en los términos previstos por el art. 269 del Código Penal.

Concretamente, la resolución dictada resulta contraria a la ley y fundada en hechos

absolutamente falsos; así quedará acreditado en la esfera judicial competente.

En segundo término, tampoco se ha respetado en el caso el debido principio acusatorio y de

congruencia que debe existir entre el hecho por el que se ha habilitado esta investigación y el que

se me ha imputado.

Concretamente se habla de la existencia de un grupo de funcionarios que, de manera organizada,

sistemática y concertada, llevamos a cabo acciones de carácter político, técnico y administrativo

con supuestos propósitos delictivos, que no fue ni denunciado por los Legisladores oficialistas ni

requerido por el Fiscal.

Esta hipótesis de asociación ilícita, construida capciosamente por el magistrado, es otra muestra

de la arbitrariedad con que ha procedido y revela además la intención del Gobierno con la

colaboración imprescindible del Poder Judicial de "plantar", a quien suscribe, una causa penal que

me prive de la libertad.

Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más: no les tengo miedo. Afrontaré este

proceso y cualquier otro que quieran fabricarme. Fue decisión explicitada públicamente no tener

fueros que me hubieran colocado en una posición de privilegio en relación a la de cualquier otro

ciudadano. La igualdad nunca fue, para mí, un recurso retórico.

En tercer término, y desde un plano estrictamente jurídico tal como lo han explicado cada una de

las personas imputadas que declararon en esta causa, las operaciones investigadas fueron llevadas

a cabo legítimamente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina, de acuerdo

a la normativa vigente e inspirada en los propósitos de su Carta Orgánica, es decir, promover, en

las medidas de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional,

la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con

equidad social (art. 3).

Hago propios todos y cada uno de los argumentos que vertieran en este expediente el Sr. Ex

Ministro de Economía Dr. Axel Kicillof y los Sres. ex Presidente y ex Vicepresidente del B.C.R.A.

Alejandro Vanoli y Miguel Angel Pesce, así como también los de los Directores y ex Directores de la

misma institución, que han actuado en un todo de acuerdo con lo que prescribe la Ley 24.144,

Carta Orgánica del B.C.R.A. en su Capítulo Primero, que tiene por objeto definir la naturaleza y el

objeto de la Institución, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, como así también el resto de las disposiciones

de dicho instrumento, que como es de estricta hermenéutica legislativa deben ser entendidos y

comprendidos en el marco de las definiciones estructurales de la norma.

Resulta insoslayable señalar que mi administración siempre buscó desarrollar una gestión de

gobierno que protegiera el valor de la moneda, ya que su depreciación produciría los efectos más

desfavorables sobre la actividad económica en general.

Puede afirmarse que, por lo menos en este capítulo no nos hemos equivocado y las consecuencias

están a la vista.

Desde diciembre de 2015 a la fecha la estampida imparable de los precios, la desocupación, el

aumento de la pobreza y la caída de la actividad económica y comercial, tiene indudablemente

puntos de convergencia con los efectos de una "maxidevaluación" llevada a cabo por las

autoridades del gobierno actual de manera brutal. El Gobierno no cuida a los argentinos. Tampoco

parece preocuparse por ellos, ni por el dolor, angustia e incertidumbre que hoy están viviendo.

En quinto lugar, todo lo que se ha dicho en la denuncia acerca de graves perjuicios para el Banco

Central y beneficios indebidos para terceros inescrupulosos resultaron ser simples

manifestaciones electoralistas a las que se les dio cobertura mediática mediante la sustanciación

de esta causa.

Adviértase que a requerimiento del actual Presidente del B.C.R.A. el Juez de la causa, en dos

oportunidades manifestó que no había ninguna medida restrictiva ordenada que impidiera el pago

de los contratos que se investigan. Cabe preguntarse entonces ¿Cómo puede ser que se impute la

comisión de un delito cuya supuesta consumación ha sido autorizada por el mismo magistrado a

cargo de esta investigación?

Por otro lado, también se debe destacar que ninguno de los supuestos "terceros enriquecidos

ilegítimamente" por la operatoria del dólar futuro, tan siquiera fueron individualizados ni mucho

menos citados a este proceso. No hay en este sentido actividad procesal alguna si quiera que

insinúe esa línea de investigación. Me pregunto: -¿Será tal vez que puedan encontrarse con algún

conocido que quieren mantener alejado de esta investigación y no seguir sufriendo nuevos

traspiés políticos? Podríamos agregar como graciosa paradoja de estos "paladines de la moral"

que el actual Presidente del B.C.R.A. tiene procesamiento firme por delitos económicos con

motivo, nada más ni nada menos, que en la "operación" de endeudamiento conocida como

"Megacanje". Huelgan los comentarios.

Por si todo ello fuera poco, en los últimos días, hechos que son de dominio público muestran

como los principios morales que tanto se predican resultan ser sólo un mero ejercicio distractivo y

justificativo del ajuste, que ha quedado sepultado en el escándalo internacional de un Gobierno

cuyo Presidente, sus familiares más directos y sus funcionarios más allegados quedan al

descubierto como titulares de sociedades y cuentas off shore, que en otras latitudes ya han

provocado renuncias hasta de Primeros Ministros. En suma, se trata de un conjunto de personas

que, según los parámetros que V.S. ha elegido para imputarme en esta causa, merecerían ser

también investigados a la luz del supuesto delito de asociación ilícita.

Además, y como lo han indicado el Presidente y los miembros del Directorio del BCRA en sus

declaraciones obrantes en autos, la operación de venta de futuro de dólares no produjo en el

Banco Central, tal como lo reflejan sus balances, pérdida alguna y sólo puede hablarse de efectos

disvaliosos a partir exclusivamente de las decisiones que tomaron las actuales autoridades al

devaluar y que fueran convalidadas por el Juez de la causa.

En definitiva, la imputación sub litis resulta absurda tanto en términos facticos como jurídicos e

ingresa en el terreno de lo ridículo. Así lo evidencian las preguntas "inquisidoras" que V.S. le ha

formulado a alguno de los imputados, con la intención de tornar justiciables hechos de contenido

estrictamente político -terreno en el que el juez se movió con muy poco éxito en sus cargos

anteriores-, demostrando también el mismo grado de incompetencia que registra en este tipo de

materias técnicas.

La fuerza de los hechos es contundente. Primero dieron inicio a esta causa mediante una falsa

denuncia que el Juez rápidamente instruyó. Dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones

nacionales, llevaron a cabo un allanamiento en el B.C.R.A. con el propósito de originar una corrida

bancaria para forzar la devaluación y no lo lograron.

Después de los resultados electorales, en contra de lo que públicamente siempre sostuvieron,

presionaron con esta causa, y de otras maneras, para obtener la renuncia del Presidente del

B.C.R.A., borrando con el codo la independencia que debe tener el B.C.R.A. sobre la que

escribieran y dijeran en múltiples conferencias y sets de televisión.

Una vez designadas las nuevas autoridades del ente rector, llevaron a cabo una devaluación de la

moneda que, como se vió, produjo efectos devastadores sobre la economía.

Por último y nuevamente con la complicidad judicial, avanzaron con esta causa imputando

falsamente a personas inocentes la comisión de delitos, los cuales de haber existido, resultarían

exclusiva responsabilidad de las actuales autoridades.

En síntesis: ellos denunciaron, intentaron con una "corrida judicial" una devaluación, forzaron la

salida del Presidente del B.C.R.A., devaluaron y ahora, con la complicidad judicial, pretenden

colocarnos ante la opinión pública como culpables de los efectos de las medidas y decisiones que

ellos adoptaron.

Finalmente el Gobierno de las excusas -como todo en la vida- tiene un límite: la responsabilidad de

los propios actos y el juicio inevitable de la historia.

IV.- Petitorio.

Por todo lo expuesto, a V.S. digo:

1) Se tenga por efectuada la presente manifestación a los efectos que corresponda.

SERÁ JUSTICIA.