Para hacer un comentario de texto histórico hay multitud de esquemas, pero recordemos que el coordinador de la Prueba de Selectividad, recomienda que “El comentario de texto podrá realizarse de manera libre o atendiendo al siguiente esquema: a. Clasificación del texto (naturaleza, destino, autor, circunstancias histórico-temporales...). b. Análisis del contenido del texto y crítica del mismo, si procede. c. Comentario o desarrollo del tema al que se refiere.En este documento, nos limitaremos a recoger ideas para la resolución de los dos primeros apartados. El tercero, deberá trabajarlo el alumno, recordando siempre que tiene que ser esencialmente escueto ya que se trata siempre de un comentario contextualizador y no de un tema, que es lo que corresponde al primer punto del examen. Los comentarios se deben básicamente a los profesores Dª Pilar de la Vega y D. Pedro Moros, del IES Miguel Catalán, de Zaragoza. 1. Elogio de las juntas durante la guerra de la independencia (1808).a. Es un texto histórico literario, del Conde de Toreno, que se refiere a hechos en donde él fue uno de los protagonistas, así pues se trata de una fuente primaria. Parece ser que cuenta, desde su punto de vista, cómo fueron los sucesos acaecidos entre 1808 y 1812, años de la Guerra de Independencia. Es un documento público, dirigido a la comunidad científica. Y tiene una finalidad política e ideológica. CONDE DE TORENO: (José María Queipo de Llano, conde de Toreno; Oviedo, 1786-París, 1843): Político español. Comenzó sus estudios en Cuenca, como era de uso entonces, por los de Latinidad. Trasladado a Madrid en 1797 continuó con los de Humanidades, Ciencias e Idiomas (francés, italiano, inglés y alemán). En 1808 participó en Asturias en el levantamiento contra los franceses. En 1811 fue elegido diputado, destacándose entre los liberales exaltados. Exiliado (1814-1820), al volver presidió las Cortes extraordinarias (1820-1822) y después de renunciar a formar Gobierno viajó a París (1822), no regresando hasta 1832 con unas ideas mucho más conservadoras. Ministro de Hacienda (1834-1835) en el Gobierno de Martínez de la Rosa, intentó disminuir la deuda exterior, evitando pagar la que Fernando VII había contraído con los Rothschild. Como primer ministro (1835), tras el Gobierno de Martínez de la Rosa, consiguió algunas victorias sobre los carlistas, pero no pudo controlar el estallido revolucionario en gran parte del país. Dimitió ese mismo año. Al triunfar el llamado motín de los sargentos en La Granja, Queipo de Llano salió de España, previendo nuevas posibles persecuciones. Huía ahora de las reacciones liberales como antes había huido de las absolutistas. Proclamada la Constitución de 1837 y celebradas elecciones a Cortes ordinarias, regresó a España al amparo del acta de diputado. Tras acabar la legislatura marcharía a París, donde el 16 de septiembre de 1843 (fallecía en su casa de Paris.

En el texto se hace una valoración pobre del papel de las Juntas de defensa, aunque al final reconoce que “(…) los esfuerzos de las juntas no fueron tan cortos ni limitados como algunos han pretendido...”. Según el autor las propias autoridades que dirigían las instituciones se preocuparon más de ahogar el espíritu popular que de salvar la nación, aunque justifica este hecho quizá debido a las circunstancias históricas que se vivían y porque las personas que dirigían no eran las mejores (y más en una España caracterizada por la represión continua de las mejores mentes del país). Como conclusión indica que las Juntas, no solo persiguieron resistir a la opresión extranjera, sino que además intentaron reformas y mejoras en la estructura social, política y económica del Estado, tan necesarias en un país en donde los poderes tradicionales (nobleza y clero) lo habían sumido en uno de los países más atrasados de Europa.Comentario: Tras el inicio de la conocida como guerra de la independencia en mayo de 1808, empezaron a organizarse juntas locales y provinciales. Aunque nacidas para organizar la resistencia contra los franceses, pronto fueron auténticos núcleos del poder y gestores de los asuntos públicos. Las juntas provinciales enviaron representantes para constituir la Junta Central Suprema que coordinara las acciones defensivas de las diversas juntas y gobernara el país. Sin embargo, incapaz de dirigir la guerra, la Junta Central decidió convocar unas Cortes en las que los representantes de la nación decidieran sobre su organización y su destino.

2. Constitución de 1812 Se trata de una selección de artículos de la Constitución de 1812, promulgada por las Cortes de Cádiz el 19 de abril de 1812. El texto es una selección de artículos significativos de la Constitución de 1812. Abordan las siguientes ideas claves del sistema constitucional:

• La soberanía reside en la nación, y es indivisible (artículos 1 ,2y 3) • La defensa de los derechos y libertades básicas (articulo 4) • La igualdad ante la ley y la contribución a las cargas del Estado (articulo 8) • La división de poderes: Cortes junto al rey (legislativo), rey (ejecutivo) y judicial (tribunales de justicia), Artículos 15, 16 y 17 • Tipo de sufragio censitario para ser elegible como diputado (artículo 92) • La defensa del derecho a la enseñanza (artículo 366) Es considerada la primera constitución española como tal, ya que el estatuto de Bayona fue en realidad una carta otorgada. Es, pues, un texto jurídico y fuente primaria. Autor son Las Cortes Soberanas y el destinatario es el pueblo español. a. Texto jurídico. Fuente primaria. Dirigido a todos los españoles de “ambos hemisferios”.

Sobre el autor: los diputados que formaron parte de la comisión constitucional. Su dictamen se aprobó más tarde en pleno. La Constitución se elaboró en plena guerra (1808-1814), y se promulgó en 1812. b. Qué aportaciones: Abandono del absolutismo: España deja de ser patrimonio de una persona (de un familia). Sentido patrimonial de la monarquía.La soberanía ha pasado a la Nación (entendida como el conjunto de ciudadanos).El nuevo sistema ha de ser sostenido por todos, sin privilegios (impuestos)Derechos y libertades. División de poderes. Sufragio universal/sufragio censitario.Intención educadora.

Contexto histórico.Las Cortes de Cádiz se reunieron en esta ciudad en 1810 a propuesta del Consejo de Regencia, órgano gubernativo que había surgido tras la disolución de la Junta Suprema Central. La situación en España era crítica. Con todo el país, excepto Cádiz, ocupado por el ejército francés, la monarquía de José 1 Bonaparte parecía consolidada. La Guerra de la Independencia entraba en una fase de guerrillas, eficaz sistema de resistencia momentánea contra los franceses pero de resultado final incierto y condicionado a los efectivos bélicos que Napoleón dispusiera para España. Controlados los caminos por los franceses, algunos diputados que viajan hacia Cádiz tardan meses en llegar a la ciudad. Serán sustituidos provisionalmente por gaditanos cuando en septiembre de 1810 tenga lugar la sesión inaugural de las Cortes. Desde un punto de vista de su extracción social, los representantes convocados a Cortes pertenecían mayoritariamente a las clases medias ilustradas del país. El prestigio que tenía la iglesia entre la sociedad se refleja en el gran número de diputados eclesiásticos, superior al de abogados, militares o funcionarios.

3. El liberalismo en España. Cambios que propone el liberalismo y sectores dentro del mismo a. Se trata de un texto historiográfico, porque es la obra de un historiador (C. Marichal) posterior a los hechos, a los que trata con finalidad investigadora y científica como estudio o análisis del pasado histórico, es por tanto una fuente secundaria (1980) y trata sobre las ideas políticas en España y va dirigido hacia la comunidad científica y público interesado en general. b. El texto se refiere a la época de 1837 a 1840, años en que a pesar de regir una constitución más avanzada, fue gestionada por los moderados, en donde el poder militar, la guerra carlista y la deuda económica fueron determinantes. La Ley de Ayuntamientos de 1840 y los posteriores motines en Barcelona y Madrid, hicieron que la reina gobernadora María Cristina dimitiera y se iniciara la regencia de Espartero. El texto habla del enfrentamiento entre los liberales:

moderados y progresistas y los apoyos sociales con que cada uno de ellos contaban. Contexto Tras la muerte de Fernando VII, y las resoluciones tomadas sobre la cuestión dinástica (Ley Sálica/Pragmática Sanción), que permitía reinar a las mujeres, tendrá lugar el denominado pleito sucesorio que en realidad ocultaba un conflicto de carácter ideológico que dividía a la sociedad española en dos sectores con intereses opuestos:

a) El bando isabelino agrupó a burgueses, hombres de negocios, funcionarios públicos, mandos del Ejército, alta nobleza, altas jerarquías eclesiásticas, sectores urbanos y a los liberales, que eligieron la defensa de los derechos dinásticos de Isabel contemplando así la posibilidad del triunfo de sus ideas. b) El bando carlista, formado por todos aquellos que se oponían a la revolución liberal: algunos pequeños nobles rurales, unos pocos oficiales del ejército (los más reaccionarios), parte del bajo clero y muchos campesinos, pequeños propietarios o humildes agricultores que asociaban el liberalismo con el aumento de impuestos. La muerte de Fernando VII habla dejado casi sin probabilidades de pervivencia al sistema absolutista; al mismo tiempo, en el contexto europeo de esos años encontramos el triunfo del liberalismo en Francia y Portugal. Finalmente, la sublevación carlista forzó a la reina madre María Cristina, que personalmente no simpatizaba con las ideas liberales, a confiar en aquéllos que habían sido adversarios de su difunto esposo e introducir reformas políticas, pues los ibera les se perfilaron como la única fuerza capaz de sostener los derechos al trono de su hija. Durante la guerra civil se reforzó el vínculo entre el movimiento liberal y la defensa de la causa de la princesa Isabel.

María Cristina asumió en 1833 la Regencia, es decir, la Jefatura del Estado, al ser su hija menor de edad. De esta forma se inicia la etapa de las regencias (1833-1 843) que fue una transición que dio lugar a la construcción del Estado liberal, cuya realización o puesta en práctica se realizó en los años del reinado de Isabel 11(1843-1868). La práctica política, basada en las redes clientelares y los reducidos grupos dirigentes de los partidos y los grandes negocios, se apoyaba en un sistema electoral corrupto, que manipulaba el censo y los resultados. El ministro de la Gobernación y los gobernadores civiles manejaban el proceso electoral. Era un sistema, además, en que solo un reducido porcentaje de la población tenía derecho a participar: entre el 1 % y el 25 % en la etapa de mayor representatividad, ya tras el exilio de la reina. Ante esa situación, primero los progresistas, más tarde los demócratas (partido fundado en 1849 como una escisión del partido progresista), solicitaron la reforma de la ley electoral y la ampliación del sufragio a todos los hombres mayores de edad. La diversificación del liberalismo: moderados y progresistas. Durante los años de la guerra civil se produjo la división del

liberalismo español en dos tendencias distintas y enfrentadas electoralmente: los progresistas y los moderados. a) Los liberales progresistas, cuyo origen se encuentra en los exaltados o veinteañistas del Trienio, mantendrán hasta 1868 un proyecto ideológico cuyos rasgos básicos fueron: - Realización de reformas profundas y radicales.

- Limitación al máximo del poder de la corona.

- Defensa del liberalismo económico y reducción de los aranceles aduaneros.

- Ampliación del cuerpo electoral.

- Elección popular de alcaldes y concejales en los ayuntamientos.

- Mantenimiento de la Milicia Nacional como garantía de las libertades. Sus apoyos sociales eran heterogéneos, pero predominaban las pequeñas clases medias urbanas (artesanos, tenderos, empleados). Espartero, Mendizábal, Madoz, Olózaga y Prim fueron algunos de sus principales dirigentes.

b) Los liberales moderados defenderán en el transcurso del reinado de Isabel II un programa consistente en:

- Sostener la necesidad del orden y de una autoridad fuerte. - Rechazar cambios que pusieran en peligro sus propiedades; veían en el exceso de libertad una amenaza. - Limitar al máximo el derecho al voto, endureciendo los requisitos electorales para reducir el cuerpo electoral y reservar la participación política a una minoría.

- Defender el proteccionismo económico.

- Suprimir la Milicia Nacional, pues temían sus excesos revolucionarios.

 

4 Convenio de Vergara (en lugar del texto titulado “Proclama carlista (7 de octubre de 1833).

Artículo 1°. El capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros.

Art. 2°. Serán reconocidos los empleos, grados y condecoraciones de los generales, jefes, oficiales y demás individuos dependientes del ejército del teniente general don Rafael Maroto, quien presentará las relaciones con expresión de las armas a que pertenecen, quedando en libertad de continuar sirviendo, defendiendo la Constitución de 1837, el trono de Isabel II y la regencia de su augusta madre, o bien de retirarse a sus casas los que no quieran seguir con las armas en la mano.

Art. 6°. Los artículos precedentes comprenden a todos los empleados del Ejército haciéndose extensivo a los empleados civiles que se presenten a los doce días de ratificación de este convenio.

Art. 8°. Se pondrán a disposición del capitán general D. Baldomero Espartero los parques de artillería, maestranzas, depósitos de armas, de vestuarios y de víveres que estén bajo la dominación y arbitrio del teniente general D. Rafael Maroto.

Art. 90. Los prisioneros pertenecientes a los cuerpos de las Provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, y los de los cuerpos de la División Castellana que se conformen en un todo con los artículos del presente convenio quedarán en libertad disfrutando de las ventajas que en el mismo se expresan para los demás. Los que no se convinieren sufrirán la suerte de prisioneros.

Modesto Lafuente. Historia General de España, tomo VI, pp. 314-315. Reproducido en A. FERNÁNDEZ y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, pp. 148-149

Comentario: La primera guerra carlista, sus causas, consecuencias y bases ideológicas y territoriales del carlismo.

Es un texto historiográfico y político, del historiador Modesto Lafuente, que toma la proclama carlista como dato histórico referente al bando carlista. El documento es una fuente primaria, de carácter público pues va dirigido al pueblo alavés y español en general y persigue poner fin a la Primera Guerra Carlista.

Modesto Lafuente y Zamalloa (Rabanal de los Caballeros, 1 de mayo de 1806 — Madrid, 25 de octubre de 1866) fue un periodista, historiador y escritor satírico español. Estudió en los seminarios de

León y Astorga, y teología en la Universidad de Valladolid. Cambió la carrera eclesiástica por la política desde 1837 en León. Liberal progresista, fundó en esta ciudad el periódico Fray Gerundio (1837), que prosiguió luego en Madrid hasta 1849 con una interrupción entre 1843 y 1848. Desde él difundió las ideas de libertad y progreso. Gozó de enorme fama en toda España. Desde 1854 trabajó a favor de Leopoldo O’Donnell y la Unión Liberal. En 1856 fue nombrado director de la recién creada Escuela Superior de Diplomática. Murió en el año 1866, aunque si bien fue enterrado en Madrid. Fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel La Católica, miembro de la Real Academia de la Historia, y en la Real Academia de la Lengua, puede apreciarse uno de los pocos retratos que de él se conservan.

Aparte de por su celebérrimo periódico, Modesto Lafuente es recordado por su monumental Historia General de España (1850— 1867) en veintinueve volúmenes, que continuó Juan Valera. Considerada la obra paradigmática de la historiografía liberal española del ochocientos, supuso la superación definitiva de la antigua historia de Juan de Mariana y, por su gran difusión, contribuyó activamente a la creación de la conciencia nacional española. Otras obras suyas son Viaje de Fray Gerundio por Francia, Bélgica, Holanda y orillas del Rin (1842), con interesantes noticias de viajero; Teatro social del siglo XIX (1846), de sesgo costumbrista y satírico; Viaje aerostático (1847), sátira política sobre Europa, y La cuestión religiosa (1855), defensa de la unidad católica española.

Las circunstancias históricas se refieren a la sucesión al trono español, cuyo motivo se remonta al siglo XVIII, cuando Carlos IV, valorando suprimir la Ley Sálica no lo hizo, y cuando esto se hace ya en el XIX con Fernando VII, será tarde y habrá un enfrentamiento entre los que apoyan a la futura Isabel II y al pretendiente Carlos. La Primero Guerra Carlista (1833-1840). Fernando VII murió el 29 de septiembre de 1833, dos días después, su hermano Carlos María Isidro, a través del Manifiesto de Abrantes, reclamaba el trono desde Portugal. Muchas ciudades españolas le siguieron. Otras siguieron fieles a la reina regente y a la causa de su hija Isabel. La guerra que se desaté fue algo más que una guerra dinástica por la sucesión al trono. Representa la resistencia a los cambios de una parte de España o la lucha entre el Antiguo y Nuevo Régimen. Por ello el carlismo va a resurgir con fuerza en determinados momentos de la historia de España. De 1846 a 1849 se van a producir las segundas guerras carlistas o de 1872 a 1876 las terceras guerras carlistas. Incluso en la guerra civil del 36 los carlistas apoyaron activamente a los sublevados. Muchos historiadores hacen énfasis en que muchos carlistas después se integrarían en el nacionalismo vasco y que el terrorismo de ETA y su entorno comparte con los carlistas ese enfrentamiento con los nuevos tiempos. En el bando carlista se encuadraron los absolutistas más intransigentes, es decir, partidarios del Antiguo Régimen.

Ideológicamente eran partidarios del absolutismo, de la importancia de la religión y la Iglesia, y de la defensa de los fueros que se identificaban con el Antiguo Régimen, esta defensa foral arrastrará a todas las provincias vascas y navarras a la causa carlista. Desde el punto de vista social en el carlismo militaban altos funcionarios ultraconservadores, parte de la nobleza, parte del ejército, la mayoría del bajo clero, una parte muy importante del campesinado y de los trabajadores artesanos que empezaban a sufrir la competencia de la industria. Las zonas de mayor implantación carlista fueron: Álava, Guipuzcoa, Vizcaya, Navarra, el Maestrazgo, el Pirineo catalán... En el exterior no contaron con el apoyo de ningún país, pero sí con las simpatías de los imperios absolutistas europeos.

En el bando isabelino (o cristino) la reina viuda María Cristina no tuvo más remedio que buscar apoyos en los absolutistas moderados y en los liberales, estos sectores veían que apoyar a la reina era la única opción para reformar el país. La reina regente conté siempre con el apoyo de parte de la nobleza, casi todo el alto clero, casi todos los generales, la alta burguesía, las clases medias urbanas, los obreros industriales y una parte del campesinado del sur peninsular.

Contaron los isabelinos con el apoyo de países como Portugal, Inglaterra y Francia. En cuanto al desarrollo bélico la guerra se inicia en otoño de 1833. En un primer momento destacan los triunfos carlistas, esto se debe a su gran movilidad y al conocimiento del terreno. Su suerte se trunca en 1835 cuando el general carlista Zumalacárregui muere en el cerco de Bilbao, la única gran ciudad que estuvo a punto de caer en sus manos, ya que su dominio se basaba, sobre todo, en el medio rural. En 1837 se produce la famosa expedición real de Carlos V (Carlos María Isidro), a punto estuvo de tomar Madrid que se encontraba desguarnecido en ese momento. A partir de ese momento pasaron a la defensiva y el agotamiento llevó al general Maroto a negociar con Espartero, el jefe isabelino, las conversaciones de paz desembocaron en la firma del Convenio de Vergara en agosto de 1839, los carlistas se rendían pero conservaban sus grados militares en el ejército de Isabel II, además, los liberales se comprometía a mantener los fueros. El país quedaba devastado tras seis años de guerra.  

5. Exposición de motivos del Decreto desamortizador de Mendizábal

Comentario: Desamortización de Mendizábal (carácter, principios, desarrollo y consecuencias) a. El texto es un texto jurídico-político, cuyo contenido es económico-social, es una fuente primaria cuyo autor es Juan Álvarez Mendizábal, que remite el texto a doña María Cristina de Borbón. Su destinatario es público, ya que se dirige a la máxima encarnación del Estado, la regente doña María Cristina de Borbón, madre de la reina Isabel II y viuda de Fernando VII. Su objetivo es justificar el Decreto de Desamortización de los bienes del clero regular Este texto, datado en 1836, corresponde a la regencia de María Cristina (1833-1840), durante la minoría de edad de Isabel II. El documento se enmarca en el proceso de liberalización del Estado, lo que supuso un cambio en el sistema político y en el régimen de propiedad. Estos cambios explican el estallido de la Primera Guerra Carlista (1 833-1839). El momento histórico corresponde al período 1833-1845, la era isabelina, en que tuvo lugar en España la construcción definitiva del Estado liberal y debido a la necesidad de fondos para la guerra carlista. El tema principal de este decreto es explicar los objetivos de la desamortización. La idea principal es que vender los bienes propiedad del Estado es cumplir una promesa y reducir la deuda nacional. También hay algunas ideas secundarías como que la desamortización ayudará al desarrollo económico y a conseguir el deseo de propiedad. También identificaría a la población con la monarquía de Isabel II como símbolo de orden y libertad. El problema histórico en el que se ambienta es la aprobación y realización de la primera gran desamortización eclesiástica, lo cual significaba el comienzo del desmantelamiento del Antiguo Régimen ante el empuje de las fuerzas liberales progresistas. El texto nos habla de la venta de bienes adquiridos por Estado, y que se refieren a los bienes de manos muertas de la Iglesia, para el bien público, para vivificar una riqueza muerta. Dice que no es una fría especulación mercantil, buscando minorar la fuerte deuda pública y crear una copiosa familia de propietarios que apoyen las instituciones del momento (crear adeptos al sistema liberal). Juan de Dios Álvarez Mendízábal, nacido Álvarez Méndez, (Chiclana de la Frontera (Cádiz) el 25 de febrero de 1790 - Madrid, 3 de noviembre de 1853), político y economista español. Hijo de Rafael Alvarez Montañés, comerciante, y de Margarita Méndez, aprendió idiomas modernos y recibió formación comercial en el negocio de su padre. Se cambió su segundo apellido, Méndez, por Mendizábal, para ocultar el origen al parecer judío de los Méndez.

Comisario de guerra honorario en 1817. Desde 1819 se encarga de

los suministros del ejército de Andalucía, lo que le permite prosperar y le pone en contacto con los revolucionarios liberales, convirtiéndose en uno de ellos. Adelantó dinero (que se hizo pagar) para la conspiración de Rafael del Riego y se unió a su tropa desde el 27 de enero hasta el 4 de marzo de 1820. Durante la marcha de las Cortes a Cádiz en 1823, Mendizábal organizó el traslado y avitualló lo que quedaba del ejército y se encargó también de la intendencia de la Cádiz sitiada. Condenado a muerte marchó emigrado a Londres, donde ingresó en prisión por deudas, aunque pronto logró salir a flote negociando la importación de vinos españoles. Allí consolidó una gran red de amigos y socios que en el futuro le resultarían muy útiles. Sus negocios le llevaron a Francia al menos en 1828 y en 1830. En 1834 el conde de Toreno le invitó a volver a España y fue nombrado ministro de Hacienda el 15 de junio de 1835, alcanzando la Presidencia del Gobierno en lugar de Toreno el 25 de septiembre.

Los decretos desamortizadores del 19 de febrero y 8 de marzo de 1836, (Desamortización de Mendizábal), pasó las propiedades improductivas y en poder de la iglesia y las órdenes religiosas, no a manos del pueblo, sino a las manos de la oligarquía terrateniente, con lo que se evitó la formación de una clase medía o burguesía que realmente enriqueciera al país y no siguiera ocupando latifundios improductivos. El procedimiento seguido para evitar que las propiedades pasaran al pueblo fue el subastar las propiedades en grandes bloques que los pequeños propietarios no podían costear. Otra reforma importante fue la redención de quintas, con la que daba oportunidad a los burgueses de pagar si no querían que sus hijos fuesen al servicio militar y por concluyente a la guerra. Lo que favorece a las clases poderosas y da un paso atrás en el pensamiento liberal porque ya no habría igualdad entre individuos. Comentario En el texto se señalan los motivos que inspiran la medida de vender los bienes pertenecientes al Estado, procedentes de la extinción de numerosas instituciones eclesiásticas: • En primer lugar, señala el ministro que la medida tiene por finalidad enjugar la deuda nacional.

• También declara el autor la conveniencia de poner en la circulación económica una gran cantidad de tierras que hasta entonces habían estado muertas para la economía. • Por último, Mendizábal se refiere a que la medida creará una clase de propietarios agrícolas que serán afectos al régimen liberal que se estaba instaurando en aquella época.

La «reforma agraria» liberal en la España del siglo XIX consistió en la desamortización y la desvinculación de los mayorazgos y la abolición de los señoríos.

Esta transformación jurídica de la propiedad de la tierra fue llevada a cabo en dos grandes fases (Mendizábal y Madoz). La desamortización de Mendizábal y ampliaciones: El real decreto elaborado por Juan Álvarez Mendizábal y sancionado por la regente declaraba en venta los bienes nacionalizados pertenecientes al clero regular masculino, después de que se hubiera producido la exclaustración de los conventos de frailes en el verano de 1835. En 1835 Mendizábal asumió la jefatura del gobierno y los ministerios de Estado, Hacienda, Guerra y Marina. En 1841, una nueva ley, obra del general Espartero, ampliaba la ley de 1836 al clero secular, es decir, a los bienes de parroquias e iglesias. Esta reforma fue frenada por el gobierno moderado del general Narváez.

El texto muestra, pues, dos hechos relevantes:  

6. El político-militar Se trata de un texto histográfico, pues es la obra de un historiador (Salvador de Madariaga) posterior a los hechos, a los que trata con finalidad investigadora y científica como estudio o análisis del pasado histórico, así pues es una fuente secundaria o historiográfica. Es un texto público, pues se trata de una valoración histórica refrendada en un libro de venta al público, escrito en 1979, con referencias a algo ocurrido en el siglo XIX y es una crítica política. Va dirigido a la comunidad científica y al público interesado.

Salvador de Madariaga y Rojo (La Coruña, 1886 - Locarno, 1978) Escritor español. Su ideología liberal se manifestó en una prolífica obra que abarca tanto el ensayo como la novela, la poesía y el teatro. A pesar de su temprana vocación literaria estudió ingeniería en París para cumplir la voluntad de su padre, militar de ideas liberales. En 1911 ingresó en la Compañía de Ferrocarriles del Norte, pero en 1916 decidió abandonar su profesión y viajar a Londres para dedicarse al periodismo.

En 1917, mientras trabajaba como editorialista y redactor en el periódico The Times, publicó su primer libro, La guerra desde Londres. Poco después aparecieron, en inglés, los ensayos de Shelley and Calderón and other essays on english and spanish poetry (1920), editados en castellano con el titulo de Ensayos anglo-españoles (1922), en los que se reveló como un experto en literatura comparada.

Entre 1921 y 1927 desempeñó diversos cargos en la Sociedad de Naciones, institución que dejó cuando la Universidad de Oxford le ofreció la cátedra de lengua y literatura españolas. De esta época data su obra Ingleses, franceses y españoles (1927), estudio de psicología social escrito en las tres lenguas de los países mencionados, que dominaba a la perfección. El primer gobierno republicano lo nombró embajador en Washington (1931) y en Paris (1932), y en 1936 fue elegido miembro de la Real Academia Española, en la que no pudo ingresar hasta cuarenta años después. Al estallar la Guerra Civil se estableció en Inglaterra, y hasta su regreso a España en 1976 viajó por todo el mundo, dio conferencias, y colaboró con organismos internacionales con el testimonio de sus ideas liberales y antifranquistas. El texto nos habla de la importancia de los militares en España, su carácter y como en todos los ámbitos políticos (conservador y progresista) surgen. Nos dice sus características: patriota, sin formación intelectual, “salvador de los males de la patria”, ignorante, de ideas sencillas, reaccionario de temperamento, amante del orden, odia la libertad de prensa y una formación religiosa interesada.

Contexto histórico: La implantación del Estado Liberal en España estuvo mediatizada por una serie de factores que dificultaron su

estabilidad. En primer lugar, la injerencia de la Corona en la vida política, que tendía a favorecer al partido Moderado por encima de los otros. El sistema electoral por su parte, fuertemente selectivo y viciado en su procedimiento, se había diseñado de tal manera que dejaba fuera del juego político a la mayoría de la población. Se ampliaba el censo electoral con los progresistas (Constitución de 1837) y se reducía con los moderados (Constitución de 1854), pero el falseamiento de las elecciones era práctica común. Se trataba, en definitiva, por parte de los liberales, tanto moderados como progresistas, de defender en un frente común no explícito su concepto de libertad dentro de un marco de orden y de propiedad privada, contra unas fuerzas populares que amenazaban con romper este marco para participar también en el juego político. El tercer factor disonante en el Liberalismo español fue la presencia de los militares en la vida política Pronunciamientos en el XIX. Un Pronunciamiento es un golpe de estado militar, dirigido por un general de prestigio, para tomar el poder por la fuerza. Sigue a una conspiración, de civiles y militares, en que se traza un plan y unos fines, que se dan a conocer al pueblo en un manifiesto, cuando el jefe militar se pronuncia. Son muy corrientes en la historia de España del siglo XIX:

El mecanismo de intervención militar en la política es conocido con el nombre de pronunciamiento. Su funcionamiento se repite a grandes trazos y sin grandes variaciones en las numerosas ocasiones en que tuvo lugar durante el siglo XIX, trece sólo en el periodo isabelino: ante el descontento con un gobierno, comenzaba una conspiración en la que participaban militares y a veces personalidades de la vida civil. Llegado el día acordado, un alto cargo militar leía un manifiesto a las tropas del cuartel donde él tenía el mando. En el manifiesto denunciaba la situación, es decir, se pronunciaba políticamente al tiempo que daba su apoyo al partido en cuyo nombre lo hacia. En ocasiones contaba con la ayuda de otros militares que a su vez colaboraban desde otros cuarteles. Si no encontraba resistencia, el pronunciamiento triunfaba y el gobierno cambiaba. En caso contrario, se procedía a una represión contra todos los militares implicados que acababa en el fusilamiento de los organizadores o al menos en el exilio.  7. La construcción del ferrocarril

Es un texto histográfico pues se trata de la obra de un historiador (G. Tortella) posterior a los hechos, a los que trata con finalidad investigadora y científica como estudio o análisis del pasado histórico. Así pues es una fuente secundaria dirigida al público interesado en temas históricos de la España del XIX y el público en general.

Gabriel Tortella Casares (Barcelona, 1936- ) es un economista e

historiador español, especialista en historia económica de la Edad Contemporánea. Recibió educación en el liberal Colegio Estudio, heredero de la Institución Libre de Enseñanza. Es titulado en Economia por la Universidad de Wisconsin y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es catedrático emérito de Historia de la economía en la Universidad de Alcalá de Henares, donde es un lujo asistir a sus clases. Presidente de la Asociación de Historia Económica. Premio Rey Juan Carlos de Economía 1994. Promotor de la Revista de Historia Económica. Fue Presidente del “Academic Advisory Council” de la Asociación Europea de Historia Bancaria. Ex-Presidente de la International Economic History Association y de la Asociación de Historia Económica. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes desde 2003. El autor hace referencia a los momentos en que el Estado español pone las bases del desarrollo del ferrocarril en España y explica las razones de por qué se tardó más de 30 años en ponerlo en funcionamiento, indicando el subdesarrollo y la mala gestión de los gobernantes. Indica que el partido moderado apenas hizo nada, y que habría que esperar a la llegada de los progresistas tras la Vicalvarada de 1854 para que se sentaran estas bases con la ley de ferrocarriles de 1855. A pesar de ello indica que el ferrocarril se empezó a construir tarde y después con precipitación, y sus consecuencias fueron una planificación deficiente, una financiación inadecuada y un trazado especulativo; por último indica que los beneficios fueron inexistentes. Comentario El atraso industrial español de la primera mitad del siglo XIX era patente, pues España seguía siendo un país totalmente agrario en esa época cuando otros estados ya se habían subido al carro de la industrialización. Además escaseaba burguesía y era poco emprendedora ya que se dedicaba mayoritariamente a la inversión en tierras y no a la actividad industrial; por otro lado había una escasa demanda de productos industriales en la España de la época, debido a una poco eficaz reforma agraria que no corrigió las enormes desigualdades ni la miseria de grandes masas de población. Así, para que naciera la actividad industrial a mediados del XIX, tuvo que pasar por manos del Estado y del capital extranjero y, esto se refleja perfectamente en el caso del ferrocarril, como bien señala Tortella. Tuvieron que llegar los progresistas (bienio progresista 1854-56), para que se realizaran una serie de reformas como la nueva Constitución (que no se llegaría a promulgar) y la última desamortización (de Madoz). Junto a ello la Ley de ferrocarriles de 1855

El artículo 2 pone de manifiesto el sistema radial que se había planificado para la construcción ferroviaria, es decir, una estructura

viaria con centro en Madrid, lo cual no era realmente lo que demandaba un país como España, cuyos núcleos más desarrollados y con incipiente industria se encontraban en la periferia.

Los artículos 4, 5 y 6 señalan que la iniciativa y planificación total de las obras ferroviarias nacen del Estado, lo cual podemos ponerlo en relación (como decíamos en la contextualización) con la poca envergadura de la iniciativa privada en España.

Los artículos 19 y 20 nos hablan sobre el otro gran pilar en el que se basó la construcción ferroviaria: el capital extranjero (esto también es consecuencia de esa incapacidad o desinterés de la burguesía autóctona). En ellos se dice que el Estado protegerá esos capitales del extranjero y que incluso eliminará los aranceles para los productos y materiales destinados al ferrocarril. Queda claro que la prioridad del Estado era acelerar la construcción de este transporte que fue la gran revolución del siglo XIX. De todas estas ideas (como también del diferente ancho de vía de los ferrocarriles españoles respecto a los del resto de Europa) se ha dicho por parte de muchos historiadores que constituían un error porque no contribuían a dinamizar la industria española -sobre todo, por el hecho de que se favoreciera el capital extranjero-, y se ha llegado a hablar de una “oportunidad perdida”, pues una empresa tan prometedora y beneficiosa como la construcción del ferrocarril tampoco logró que España se industrializara definitivamente, mientras que en otros países el ferrocarril fue precisamente el revulsivo que llevó a una exitosa industrialización. Pero esta opinión no es del todo justa, pues habría que preguntarse qué otra alternativa para construir vía férrea existía de no ser el recurso a capital privado extranjero. Si se recurrió a ello fue porque no existia un “capital no extranjero”, es decir, una iniciativa privada en España interesada en esta empresa. El ancho de vía. Se decidió en la Real Orden de 1844 y se mantuvo en 1855. El ancho español (1,67) fue distinto del resto de Europa (1,43). Obligó al reajuste oportuno en las fronteras con Portugal y Francia. Razones: a) Estratégicas, defensivas, para obstaculizar una invasión, tras la experiencia de 1808; b) Técnicas. Hubo un conjunto de razones puramente técnicas en el informe de 1844 que aconsejaron este ancho, razones que luego se han demostrado equivocadas.

8. La I República.

Se trata de un texto de naturaleza jurídica (en cuanto ha sido elaborado por la institución que representa el Ministerio de Gobernación) y de carácter político. Obra de Francesc Pi i Margall, uno de los cuatro presidentes del poder ejecutivo durante la República Federal española de 1873. Este texto es la primera declaración de la Asamblea formada por la reunión conjunta de Senado y Congreso que

proclamaron la República después de la abdicación de Amadeo I de Saboya.

Definición de los términos subrayados: • Cortes: nombre que reciben en un régimen constitucional las asambleas representativas en las que residen en su totalidad o en parte la soberanía nacional y el poder legislativo. • República: régimen en el que el jefe del Estado no es un rey, sino un presidente, cargo que ocupa una persona normalmente con carácter temporal. • Sufragio universal: sistema electoral en el que todas las personas adultas tienen derecho a participar en las elecciones. Sin embargo, en el caso del régimen al que se refiere el texto, este derecho era tan solo parcial, ya que las mujeres estaban excluidas del derecho a voto. En este caso el término correcto hubiera sido sufragio universal masculino.

Francesc Pi i Margall. Político español, presidente de la Primera República (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901). Procedente de un medio obrero, estudió hasta doctorarse en Derecho (1847). Luego se ganó la vida como profesor, traductor y empleado de un banco, al tiempo que daba sus primeros pasos como escritor y crítico literario. Vinculado al Partido Demócrata desde que llegara a Madrid en los años cuarenta, participó en la Revolución de 1854 y se orientó cada vez más hacia la política: en 1854 publicó sus ideas federalistas en La reacción y la revolución; desde 1857 sostuvo polémicas en defensa del socialismo contra los demócratas individualistas o liberales. En 1864 hubo de exiliarse en París durante la reacción que siguió a la intentona revolucionaria de 1866. La estancia en París le permitió profundizar en el conocimiento de Proudhon -fallecido el año anterior-, autor cuya influencia es visible en el pensamiento de Pi y que él mismo traduciría al español. Allí maduró Pi su ideología revolucionaria, basada en la destrucción de la autoridad para sustituirla por el libre pacto constitutivo de la federación. El triunfo de la Revolución de 1868 le permitió regresar y ser elegido diputado en las Cortes constituyentes. Se erigió como uno de los grandes líderes del republicanismo, en una vertiente federalista y cercana al socialismo (lo que le permitía conectar mejor con las aspiraciones sociales de las clases trabajadoras y con las aspiraciones de descentralización política de su ciudad natal). En consecuencia, se opuso al carácter monárquico de la Constitución de 1869, y -ya como máximo dirigente del Partido Republicano Federal, desde 1870- combatió el reinado de Amadeo de Saboya. Cuando éste abdicó, Pi fue uno de los impulsores de la proclamación de la Primera República española (1873). El primer presidente de la misma, Figueras, que conocía bien a Pi por haberle tenido empleado en su bufete de abogados, le encomendó el difícil Ministerio de la

Gobernación; desde aquel cargo, Pi hizo lo que pudo por mantener el orden público, contener el movimiento cantonalista y procurar que las elecciones arrojaran un resultado favorable para el régimen.

Al dimitir Figueras, fue el propio Pi i Margall quien se hizo cargo del Poder Ejecutivo (formalmente no existía el cargo de presidente de la República, en tanto no se promulgare una nueva constitución). Lo hizo con un amplio programa de reformas políticas y sociales que no pudo llevar a cabo, pues sólo se mantuvo durante algo más de un mes, acosado por la rebelión cantonalista (que nacía de una lectura radical del ideal federalista) y por la división entre las filas republicanas: a la tradicional oposición entre socialistas e individualistas se unía la ruptura entre unionistas y federalistas, y la propia división de los federalistas entre moderados y radicales. Tras el golpe de Estado de 1874 que restableció la Monarquía de los Borbones, Pi y Margall se retiró temporalmente de la política y se dedicó a su trabajo como abogado, pensador y escritor. En los años ochenta, aprovechando la tolerancia de los gobiernos liberales, volvió a la actividad pública para reorganizar a los republicanos federales. Confiando en las posibilidades de éxito que les ofrecería la restauración del sufragio universal en 1890, creó en aquel mismo año un periódico propio (El nuevo régimen) e impulsó la definición del programa del partido en 1894. Su prestigio le permitió ser elegido diputado en 1886, 1891 y 1893; pero perdió popularidad al ser el único líder republicano que no se dejó arrastrar por el ardor nacionalista durante la Guerra de Cuba (1895-98): propugnó la concesión de la independencia a las colonias y se opuso a la guerra contra los Estados Unidos.  

9. Regulación del trabajo infantil y juvenil

a. Es una fuente primaria. Texto jurídico: pues tiene carácter legal, emana de fuentes legales (Congreso de Diputados) estableciendo normas de derecho a nivel nacional, es una fuente primaria dirigida al pueblo español. Se corresponde con el año 1873, precisamente año del establecimiento en España de la Primera República. En el momento del advenimiento de la Primera República, el día 11 de febrero de 1873, España padecía graves problemas y tensiones sociales, la división política en bloques enfrentados de monárquicos y republicanos; el constante problema carlista; la situación en Puerto rico y en Cuba; la miseria de la población agraria y del proletariado urbano; la falta de unidad en el seno del incipiente movimiento obrero y la aparición de movimientos bakuninistas, el cantonalismo... Para que esta tensión se produjera era necesario que se diese una situación de miseria de los trabajadores -miseria tanto económica, como higiénica, como cultural, … - que encendiese la mecha de movimientos populares, lo que llevaría a que el Gobierno se viese obligado a regular la cuestión a fin de sofocar el tenso ambiente social. Podemos entender, pues, la necesidad de reformas que, en el campo de las relaciones laborales, se encontró el legislador de la Primera República. Por ello, en este contexto de agitación, los sucesivos Gobiernos de la República van a procurar la paz social mediante la adopción de una normativa reguladora de los derechos de los trabajadores, tanto en el ámbito de la ejecución de su trabajo como en el de la posibilidad de su reunión o asociación.

La primera ley sobre el trabajo infantil corresponde a la ley Benot, de julio de 1873, que prohíbe el trabajo en fábricas, talleres, fundiciones o minas a los menores de diez años y limita la jornada para los menores de quince años y las menores de diecisiete. Se trata de un inicio más simbólico que real, dado el grado casi nulo de cumplimiento que tuvo en la práctica.

Eduardo Benot Rodríguez (Cádiz, 26 de noviembre de 1822 - Madrid, 1907), político, escritor, matemático, filólogo, lingüista y lexicógrafo español. A los veintidós años Eduardo Benot fue nombrado Profesor de Filosofía, como estudioso realizó igualmente con éxito incursiones en el mundo de las ciencias experimentales, asimismo fue un lingüista extraordinario. Pero el Benot estudioso, científico y literato no pudo nunca ocultar su inquietud hacia la política, a la que consideró un instrumento de transformación social. Desde muy joven ingresó en el Partido Republicano, tomando parte activa en los acontecimientos revolucionarios de 1854 y de 1856. Tras la revolución de septiembre de 1868, iniciada precisamente en Cádiz, fue proclamado vocal de la Juntas revolucionarias municipal y provincial, se convirtió en estrecho colaborador de Pi i Margall. En 1783 fue nombrado Secretario de la Asamblea Nacional, destacando en esta época el logro de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico

(1873). Proclamada la Primera República fue designado Ministro de Fomento y redactor del contraproyecto de Constitución federal en oposición al proyecto de Castelar. Su paso por el Gobierno republicano como Ministro de Fomento (a cuyo cargo estaban, entre otras, las tareas de Instrucción Pública, de Obras Públicas y de Agricultura), pese a su brevedad, fue aprovechado para reformar la injusta sociedad que le tocó vivir. Así, ejerció una labor fecundísima al frente de esta cartera: comenzó por actualizar los expedientes atrasados y por normalizar el funcionamiento administrativo del Ministerio, se preocupó de que los Municipios abonaran tas deudas contraidas hacia los maestros, elaboró una histórica Ley sobre el trabajo de los niños y de las mujeres en talleres y fábricas (primera en este sentido promulgada en España), fomentó la extensión de la enseñanza a las más amplias capas de la población y fundó el Instituto Geográfico y Estadístico. En el ámbito laboral fue el propulsor y redactor de la Ley de 24 de julio de 1873 sobre regularización del trabajo en los talleres y la instrucción en las escuelas de los niños obreros de ambos sexos (Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1873), más conocida por la “Ley Benot”, mediante la que se pretendió atender con urgencia a la protección de los menores desde un punto de vista legislativo; se trata de una norma calificada como una Ley muy audaz para la época en que fue promulgada. Aunque era un texto legal dirigido a los niños de ambos sexos, puede ser asimismo considerada como la primera iniciativa legislativa sobre protección de la mujer trabajadora adoptada en España, pues reguló la jornada laboral y el trabajo nocturno hasta los diecisiete años, así como la asistencia a la escuela para todas las niñas hasta los catorce años.

Lo más novedoso del texto es que prohíbe el trabajo a tos niños/as menores de 10 años y reduce el número de horas para los mayores hasta 17 años, por último dice que los establecimientos con más de ochentas obreras y obreros tendrán la obligación de mantener una escuela primaria, en donde será obligatoria la asistencia al menos de 3 horas para aquellos/as de entre 9 y 13 años. Identificación de nombres propios y términos específicos: a) Cortes Constituyentes: En el régimen constitucional español se denomina Cortes a la asamblea de diputados que, en representación del pueblo, ejerce el poder legislativo. Las Cortes han adoptado la forma unicameral (una sola asamblea) o bicameral (Senado y Congreso de Diputados) y sus atribuciones han sido más o menos extensas según el mayor o menor grado de liberalismo de la Constitución que las ha reglamentado.

b) Motores hidráulicos o de vapor En su primera fase la Revolución Industrial adoptó dos tipos de energía. En el primero, los motores eran movidos por el aprovechamiento de la fuerza del agua de los

ríos y, en el segundo, era el carbón el que en su combustión creaba el vapor usado como energía. Las instalaciones fabriles con motores hidráulicos se denominaban colonias fabriles y  

10. La Institución Libre de Enseñanza.

Se trata de un texto ideológico y narrativo porque está relacionado o emana de un hecho, como es la situación de España desde punto de vista educativo en el siglo XIX (1876). es una fuente primaria. Es un texto público y sirve como punto de partida de los objetivos que persigue la Institución Libre de enseñanza y que se resumen en formar hombres útiles al servicio de la humanidad y de la patria, junto a este objetivo plantea una serie de principios que se recogen en los siguientes puntos: Formar en:

• Génesis del carácter moral • Cuidado del cuerpo • Desarrollo de la personalidad individual . Severa obediencia a la ley . Sacrificio frente al egoísmo . Patriotismo sincero . Amor al trabajo . Odio a la mentira y • Espíritu de equidad y tolerancia.

Una clara alusión a la necesaria formación educativa de los jóvenes del siglo XIX en España, en donde la incultura y el dominio de la Iglesia católica en este campo era abrumadora.

La Institución Libre de Enseñanza fue un proyecto pedagógico de carácter privado, al margen de la educación pública, que se concretó en la creación de una escuela universitaria, primero, y de secciones de enseñanza primaria y secundaria, después. Al no ser reconocidos sus títulos universitarios por el Estado, acabó siendo sólo un centro de enseñanza primaria y secundaria de enorme prestigio aunque, como centro libre, sus alumnos se vieran obligados a examinarse en algún Instituto Público, para obtener el título reconocido oficialmente. Se creó en 1876, en los inicios de la Restauración y durante los años de gobierno exclusivo de los conservadores, 1875-1879. En la Universidad Central de Madrid un grupo de profesores no quiso aceptar una circular del ministro Orovio en la que se fijaba el dogma oficial del gobierno en materia política, religiosa y moral al cual debía ajustarse el profesorado. Esta imposición del gobierno, opinaban, contravenía el principio de libertad de cátedra. En consecuencia fueron suspendidos de sus puestos de trabajo. La respuesta de los profesores represaliados fue la creación de la Institución Libre de Enseñanza, bajo la dirección de Fran-cisco Giner de los Ríos, como fundador. El credo básico de la Institución era la neutralidad religiosa y política y la independencia total del Estado. La nueva institución educativa continuó su tarea hasta la Guerra Civil convirtiéndose en el centro más importante de la cultura española y

el cauce por donde se introdujeron en España las teorías más avanzadas en pedagogía yen el resto de disciplinas científicas. Francisco Giner de los Ríos (Ronda, Málaga el 10 de octubre de 1839 — Madrid, el 17 de febrero de 1915), filósofo, pedagogo y ensayista español, fundador y director de la Institución Libre de Enseñanza. Nace en el seno de una familia acomodada, lo cual le permite tener formación universitaria. Estudió Filosofía en Barcelona y Granada, trasladándose a Madrid en 1863, donde recibiría la influencia del profesor Julián Sanz del Río, introductor en España del ideario krausista (de Karl Christian Friedrich Krause). Obtiene la cátedra de Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional de la Universidad de Madrid. Su carácter profundamente crítico, sus modos de enseñar y su ilimitada ilusión docente convertirán a Giner en una de las figuras obligadas del Madrid universitario y se opondrá abiertamente a ciertas ordenanzas atentatorias a la libertad de cátedra del Marqués de Orovio, en 1875.

Como consecuencia de sus opiniones contrarias a las disposiciones del gobierno es expulsado de su cátedra, junto con amigos y discípulos, buena parte de los cuales compartirán desde ese instante los sueños transformadores de Giner de los Rios.

Francisco Giner de los Ríos se dedicará en cuerpo y alma a poner en práctica las líneas pedagógicas que definen la Institución: formación de hombres útiles a la sociedad, pero sobre todo hombres capaces de concebir un ideal; coeducación y reconocimiento explícito de la mujer en pie de igualdad con el hombre; racionalismo, libertad de cátedra y de investigación, libertad de textos y supresión de los exámenes memorísticos. En una palabra, una Escuela activa, neutra y no dogmática, basada en el método científico, que abarca toda la vida del hombre y que pretende la formación de hombres completos, abiertos a todos los ámbitos del saber humano. Giner opuso la libertad a la autoridad. En 1881 es restituido en su cátedra. La Institución Libre de Enseñanza, bajo la dirección de Giner, continuará su andadura como modelo de calidad de enseñanza, no tardando en adquirir renombre nacional e internacional. Fundaciones de la ILE serán el Museo Pedagógico Nacional, las Colonias Escolares, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, futuro germen del CSIC, la Residencia de Estudiantes, la Dirección General de Primera Enseñanza, las Misiones Pedagógicas... Esos eran los sueños de Giner y su contribución a la consecución de un país de personas libres dirigidas por personas libres y con preparación adecuada. Nombres de Manuel Azaña, Julián Besteiro, José Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Luis Buñuel, Miguel de Unamuno, Fernando de los Ríos o Bosch Gimpera. Es un personaje clave por su influencia sobre los ideales ilustrados liberales, en el sentido francés

(radical-laico), que sirvieron a la minoría intelectual republicana y, más tarde, a la izquierda revisionista.  11. La Federación de Trabajadores de la Región Española y «La Mano Negra». Es un texto ideológico y político, escrito por un sindicato (la Federación de Trabajadores de la Región Española y «La Mano Negra»), en marzo de 1883, por lo que es una fuente primaria. El autor es Anselmo Lorenzo manifestando la desvinculación del sindicato con la “Mano Negra”. Anselmo Lorenzo Asperilla (Toledo, 21 de abril de 1841 - Barcelona, 30 de noviembre de 1914), a veces llamado “el abuelo del anarquismo español”, fue uno de los primeros anarquistas españoles.

Fue muy activo en el movimiento desde su reunión con Giuseppe Fanelli en 1868 en Madrid hasta su muerte en 1914. Autor de numerosas obras y folletos para propagar la ideología ácrata.

En el año 1871 participó con Francisco Mora y González Morango de la sección española de la Primera Internacional, participando en una conferencia en Londres en 1871 defendiendo una postura no marxista. Se exilió en Paris tras verse perseguido por la policía, acusado de inductor en el proceso de Montjuic (1 896-1897). A su vuelta colaboró en Barcelona con la Editorial de la Escuela Moderna junto a Francisco Ferrer Guardia. En 1910 participó en el congreso de Barcelona y en la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

En la evolución del Movimiento Obrero en España durante el siglo XIX, se pueden señalar las siguientes etapas:

1) El ludismo y las primeras asociaciones mutualistas (1820-68) Como en todos los países industrializados, las primeras formas de rebeldía obrera fueron la destrucción de máquinas y la quema de las instalaciones fabriles, ante el temor de que la mecanización sustituyese a la mano de obra humana (ludismo). Así tuvieron lugar los primeros incidentes en Alcoy (1821, y en Barcelona (1835), con la quema de la primera fábrica movida por vapor, la fábrica Bonaplata.

En un cambio claro de estrategia, a partir de 1834 empezaron a surgir las primeras asociaciones obreras. Contaban con dos herramientas: la huelga y la creación de sociedades mutualistas que actuaban como cajas de resistencia en caso de huelga, despido o enfermedad. Las dificultades para asociarse libremente y mucho más para la huelga eran enormes, pues, a excepción de los cortos períodos de gobiernos progresistas (1840-1842) y (1854-1856) estaban prohibidas tanto las unas como la otra. La primera huelga general en España fue la de 1855, que se inició en el textil catalán pero fue secundada por muchas regiones. En Andalucía se inició una oleada de revueltas

agrícolas: el campesinado se sublevó ante la desamortización de las tierras comunales (1855) y sus protestas se mantuvieron hasta el año 1861, en que se realizó una fuerte represión del movimiento. 2) La formación de las dos ideologías: anarquismo y socialismo marxista (1868-1874) Mientras el republicanismo ejerció una oposición exclusivamente política al régimen de la Restauración, el movimiento obrero -entendido como la actividad política y social de los obreros y campesinos para mejorar su situación y defender sus derechos- se opuso frontalmente a todo el sistema. El movimiento obrero en España adquirió madurez y extensión organizativa a partir del sexenio democrático. Las dos corrientes de la Internacional (asociación internacional de movimientos obreros con dos tendencias mayoritarias: marxistas y anarquistas) encontraron eco en España; pero fue sobre todo la anarquista, por medio de la visita que Giuseppe Fanelli, discípulo de Bakunin, realizó a España, la que adquirió mayor predicamento. Creó en Madrid y Barcelona la sección española de la AlT (Federación Regional Española), en 1870. La corriente marxista se aglutinó en torno a un núcleo madrileño que entró en contacto con Paul Lafargue, yerno de Marx, en 1871.

A los pocos días del golpe de Estado del general Pavía -3 de enero de 1874- un decreto disolvía las asociaciones dependientes de la Asociación Internacional de Trabajadores y las obligaba a entrar en la clandestinidad. a) Los anarquistas. En un congreso de las organizaciones afiliadas a la Internacional celebrado en Zaragoza en 1872, la mayor parte de los congresistas habían optado por la línea anarquista. En esta opción, que significaba la separación del mundo obrero de la política oficial, no cabe duda que influyó la deslealtad de los políticos para cumplir las promesas de mejora social hechas en la revolución de 1868, y en especial la esperada abolición de las quintas, lo que contribuyó a empujar al obrerismo a un odio contra el Estado, de cualquier signo, y a la desconfianza en todo tipo de acción política reformista.

El área geográfica de este anarquismo coincidía en general con la del movimiento cantonal de 1873, esto es, el tercio mediterráneo de la Península, desde los Pirineos al Guadalquivir, y en especial Barcelona, Zaragoza y las provincias de la Baja Andalucía.

En 1874 la comisión federal anarquista, ante la represión que había seguido al citado decreto de enero, preparó su vida en la clandestinidad y para ello incluyó la posibilidad de organizar una inminente acción revolucionaria para liquidar el Estado, dejando para un segundo momento el desarrollo de un régimen social en el que el libre acuerdo de los productores, estableciendo individual o colectivamente sus relaciones reciprocas, haría inútil el Estado. Este fue su planteamiento dominante hasta 1881, cuando Sagasta hizo que el anarquismo retornara a la legalidad. Las nuevas circunstancias

trajeron una recomposición de las geográficamente dispersas organizaciones para afrontar la nueva  

12. Tratado de paz entre España y Estados Unidos (1898)

Se trata de un texto del fin del llamado desastre del 98s, con la firma del tratado de paz entre España y Estados Unidos. Es un texto político fechado justamente en el momento de la firma de la paz por lo que es una fuente primaria. El autor son las delegaciones de los gobiernos español y norteamericano y la finalidad es poner fin a la guerra. Análisis de su contenido

La crisis del 98 fue el resultado de la intervención de Estados Unidos en la guerra hispano-cubana, que se había desencadenado en 1895. Esta segunda guerra cubana fue resultado de la política de los gobiernos de la Restauración frente a las demandas de los autonomistas, y la presión del sector españolista ligado al régimen, que se oponía a cualquier tipo de reformas para mantener sus privilegios y tema esclavista en la isla. El documento es un fragmento del Tratado de Paz de París, donde se recogen las cláusulas más destacadas, como son: La cesión de la soberanía sobre la isla de Cuba, que se dejaba en manos de Estados Unidos. La cesión de la soberanía sobre la isla de Puerto Rico y otras islas del Pacífico, entre ellas la isla de Guam, que pasan a ser administrados por Estados Unidos.

La cesión, mediante compensación económica, de las islas Filipinas, con una autorización para comerciar con las islas durante diez años Comentario: el desastre del 98 y sus consecuencias.

La Paz de Zanjón de 1878, la promesa del general Martínez Campos de conceder cierto grado de autogobierno a Cuba no se cumplió. En la isla surgió un partido autonomista, el Partido Liberal Cubano, cuya base social era la burguesía criolla, mientras que otro sector agrupaba a la sacarocracia (grandes propietarios de latifundios de de azúcar). Este incumplimiento hizo crecer el nacionalismo cubano. Así, en 1892 José Martí creaba el Partido Revolucionario, que abogaba por la independencia. Procesos similares se estaban dando en Puerto Rico y en las islas Filipinas.

Las promesas de reformas llegaron tarde y en 1895 comenzó una insurrección dirigida por Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo. El gobierno de Cánovas envió al general Weyler para reprimir con dureza el levantamiento. Pero el asesinato de Cánovas en 1897 y la llegada del republicano Mckinley a la presidencia de Estados Unidos dio un giro a la guerra, pues el apoyo estadounidense a los independentistas era ya evidente, con la formación en Estados Unidos de la Liga Cubana y la Junta Cubana, integradas por cubanos en el exilio y americanos favorables a la independencia de la isla.

Cuando Sagasta concedió una amplia autonomía a la isla, el

presidente Mckinley, apoyado por una intensa campaña de prensa a favor de la causa cubana, presionó al gobierno español para la venta de la isla. Ante la negativa española, solo faltaba el pretexto para la guerra. Ese pretexto fue el hundimiento del acorazado Maine por una explosión en las calderas, en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, de la que se acusó a agentes españoles. De esa forma se declaraba la guerra, a la que España fue forzada por la situación interna y la presión de cierta opinión pública contagiada de un patriotismo suicida, pues la potencia naval de Estados Unidos era muy superior a la de España. La derrota se produjo en las batallas de Cavite y Manila (Filipinas) y Santiago de Cuba.

Las negociaciones para la paz se iniciaron en noviembre, y el 10 de diciembre se firmaba en Paris el tratado, cuyo contenido hemos comentado y del cual tenemos las cláusulas más importantes en el texto.

El tratado de Paz de París señaló el final del conflicto, en el que pueden señalarse las siguientes fases:

1) La Guerra de los Diez Años (1868-78): Los criollos demandaban autonomia, libertad de comercio y fin de la esclavitud, con lo que su protesta contó con el apoyo popular de los cubanos. No fue hasta 1878, ya en el reinado de Alfonso XII, cuando se logró militarmente el final del conflicto, con la Paz de Zanjón. Se prometió a los cubanos reformas políticas y administrativas, tener representantes en las Cortes y la abolición de la esclavitud, que no se declararía hasta 1888.

2) La Guerra Chiquita (1879): El retraso o incumplimiento de los acuerdos de la Paz de Zanjón provocó de nuevo otra sublevación cubana que fue nuevamente sofocada al cabo de unos meses.

3) La gran insurrección (1 895-98): Desde 1890 el independentismo había ido ganando terreno al autonomismo. En 1893 José Martí había fundado el Partido Revolucionario Cubano que, declaradamente independentista, agrupó a todos los caudillos vencidos en la Paz de Zanjón al tiempo que buscó apoyos exteriores, preferentemente en Estados Unidos. Este país se mostraba muy molesto con el gobierno español, entre otras cosas porque el gobierno de Cánovas había elevado las tarifas arancelarias para los productos no españoles que se vendieran en la isla. Por estos años, Estados Unidos compraba el 88,1% de las exportaciones cubanas y no vendía a la isla más del 32% de sus importaciones puesto que los productos americanos no podían competir con los españoles, libres de tasas arancelarias. Las hostilidades comenzaron en 1895. Cánovas del Castillo, jefe del gobierno español, envió al general Martínez Campos y después al general Weyler caracterizados, sobretodo este último, por sus métodos represivos con los que no consiguieron apaciguar la isla. A partir de 1897, España cambió de estrategia. Se planteó la

conciliación de intereses aceptando conceder la autonomía para no llegar a tener que conceder la independencia. Pretendía evitar, además, la injerencia directa de los Estados Unidos que ya estaba enviando armas a los insurrectos. La situación extrema de las hostilidades ya no hizo posible la conciliación.

4) La intervención de los Estados Unidos. La Paz de París. El denominado incidente del Maine (abril 1898), acorazado americano que estalló en la bahía de La Habana, proporcionó el argumento a los Estados Unidos para enviar un ultimátum al gobierno español. Aceptar el ultimátum y entregar Cuba a los americanos sin luchar, fue con-siderado humillante por el gobierno, aunque éste fuera consciente de sus nulas posibilidades ante el poderío militar americano. La guerra hispano-norteamericana se dirimió en el mar, en la batalla de Santiago, en un desigual combate entre maltrechos barcos y modernos navíos.

Identificación de nombres propios y términos específicos: a) Isla de Puerto Rico: perteneciente al archipiélago de las Antillas Mayores, era una de las colonias americanas más antiguas de España pues fue descubierta por Colón en 1593. Avanzado el siglo XIX y a partir de 1868 empezó a surgir una conciencia nacionalista que recibió la influencia del pensamiento del cubano José Martí. En 1898 y en el transcurso de la guerra Hispano-norteamericana, el ejército estadounidense la ocupó militarmente.  

13. Situación de la mujer Fuente primaria. Fragmento de la conferencia titulada: “A las mujeres”, 1903 de Josep Prat.

Josep Prat (Barcelona, 1867- 1932) fue un sindicalista español, considerado uno de los configuradores del anarcosindicalismo.

Militó en el Partido Republicano Democrático Federal, pero se convirtió al anarquismo hacia el año 1890. En 1896. huyendo de la represión imperante en Barcelona durante el proceso de Montjuic, fue a vivir en Vigo a casa de Ricardo Mella. Del 29 al 31 de julio de 1896 asistió a la Conferencia anarquista de Londres representando los anarquistas españoles. En 1907 participó en la organización de Solidaritat Obrera en Barcelona. Contrario al anarquismo individualista e intelectualista influido por Max Stirner y Friedrich Nietzsche, procuró de hacer una crítica coherente del socialismo marxista y finalmente fue un decidido defensor y configurador del anarcosindicalismo. Entre 1909 y 1910 recorrió diferentes localidades de Cataluña (Sant Feliu de Guixols, Tarrasa, Valls) exponiendo su concepción sobre el sindicalismo y el socialismo, insistiendo en la necesidad que el Sindicalismo debía ser totalmente autónomo y que por lo tanto no podía estar sometido a la dirección de ningún partido político. Polemizó desde las páginas de Tierra y Libertad y de El Obrero Moderno con socialistas y lerrouxistas. Colaboró con los periódicos El Productor (1901-1906), Tierra y Libertad (1906-09), La Puólicifaf, La Campana de Grácia, La Aurora Social (órgano de la Federación de Sociedades Obreras de Zaragoza) (1910) y Solidaridad Obrera (1918).

Tradujo al castellano a Luigi Fabbri, Pietro Gori, Jean Grave, Piotr Kropotkin, Augustín Hamon, Errico Malatesta y Elisée Reclus. Desde el 1911 se alejó de la militancia y no participó en más actos públicos. Contexto histórico

Siglos XIX y XX: el trabajo en la época industrial. El trabajo de la mujer adquiere características nuevas a medida que se desarrolla el proceso de industrialización. Por una parte, la utilización de maquinaria atenuará las diferencias de fuerza física entre hombres y mujeres; por otra, la proliferación de las fábricas irá destruyendo el hogar como espacio tradicional de producción.

De esta forma el crecimiento de las ciudades y la expansión de los centros fabriles hará necesario que la mujer salga del hogar para incorporarse al mundo productivo. Pero la industrialización traerá consigo las pautas de comportamiento social propias de la nueva clase dominante: la burguesía. Según éstas, el papel de la mujer en la sociedad se sitúa en el matrimonio y

en el cuidado del hogar, centrando su función en la reproducción tanto biológica como social. La asignación de este rol a las mujeres dificultará su acceso al mundo laboral y convertirá su trabajo en marginal. Un texto de 1936 -Joan Gaya- afirma que la intervención de la mujer en el trabajo es antisocial y antieconómica. (…) y peor aún si alguna vez sirve -el salario de la mujer- para subvenir las cargas del matrimonio, en suplencia del trabajo del marido, pues entonces se trastoca el orden fundamental de la familia... La mujer es considerada como inferior y dependiente y por ello no puede ser aceptada como igual en el marco laboral. Las condiciones en la ciudad presionarán en tal medida que en muchas ocasiones las mujeres se ven abocadas a la prostitución para poder subsistir. Con el siglo XIX nacerá también un derecho del trabajo con particular incidencia en la cuestión social. Se trata de disposiciones legislativas dictadas por el Estado tendentes a corregir, al menos en parte, las características deshumanizadoras del trabajo de asta nueva época. La mujer, como también los niños, fue objetivo predilecto de esta normativa jurídica al considerarse como uno de los grupos débiles. Un primer ámbito de protección se refiere a ella como trabajadora, y en él se busca mejorar las condiciones físicas del trabajo atendiendo a su sexo, según los valores propios del momento. La maternidad es el segundo ámbito donde inciden, procurándose evitar la actividad en los días anteriores y posteriores al parto. En 1892 se promulgará una ley que prohibía el trabajo de las mujeres en este supuesto para la industria y los trabajos subterráneos, prohibiéndose así lo que era una práctica habitual. La mujer contemporánea estará proporcionalmente más incorporada al trabajo del campo en aquellas regiones donde predomina la explotación familiar. El trabajo doméstico en las ciudades empleará a un gran número de mujeres y tenderá a aumentar progresivamente. Mientras, en la industria, cabe señalar una participación femenina superior en las zonas de Cataluña y País Vasco. En general, las mujeres adolecen de una falta de formación profesional que impide, a su vez, el acceso a funciones de responsabilidad. Es decir, la mujer accede al trabajo con la condición de mano de obra barata y de carácter secundario. La mujer en España no fue nunca contemplada como una persona y una ciudadana independiente antes del último cuarto del siglo XX, con un breve paréntesis en la Segunda República. Su dependencia y desigualdad respecto al varón abarcaba el plano jurídico, el político, el social, el laboral y el educativo. Desde un punto de vista jurídico, el Código Civil de 1889, que recogía algunos de los principios del de 1851 sobre los derechos de las mujeres, no la consideraba completamente persona jurídica aunque distinguía entre casadas y solteras. La mujer casada no podía ni comprar ni alquilar ni vender sin permiso del marido, aunque los bienes fueran de su propiedad. Tampoco podía ejercer una profesión ni declarar ante la justicia sin permiso marital. A la soltera, sin

embargo, aunque en otros aspectos sufría más discriminaciones que la casada, se le permitía libertad mercantil para gestionar su patrimonio. El Código Civil establecía también otras diferencias significativas: la infidelidad femenina era considerada como adulterio y estaba penada; la masculina, si se producía sin escándalo, era permitida legalmente. El Código establece una pena de cadena perpetua para la mujer que cometa un crimen pasional pero si el crimen es cometido por un hombre, su castigo es sólo el exilio, entre seis meses y seis años. En el plano de los derechos políticos, la mujer no fue considerada ciudadana hasta 1931, en que la Constitución de ese año estableció el sufragio universal permitiendo que, por primera vez, más de seis millones de españolas votaran en las elecciones de 1933.  

14. Proclama del golpe de Estado de Primo de Rivera. Clasificación del texto: Tipo de texto: Naturaleza circunstancial. Temática política. Lugar y fecha: Barcelona, 13 de septiembre de 1923. Autor: Miguel Primo de Rivera. Convocó a los periodistas en su despacho y les distribuyó copias de su Manifiesto. Destinatario: Todos los españoles.

Análisis del documento El texto es un extracto del Manifiesto que el general Miguel Primo de Rivera lanzó a la nación a raíz de la sublevación que protagonizó en la Capitanía General de Barcelona. En el manifiesta y justifica la acción llevada a cabo. Aparecen 3 ideas fundamentales: • El golpe pone fin a la larga crisis sufrida por el sistema de la Restauración canovista y su impotencia para abordar los problemas que aquejaban al país desde la crisis del 98. Expresa el malestar existente ante la política nefasta de los “profesionales”. • Exposición de la constitución de un Directorio militar que asuma las funciones del Gobierno, bajo amparo del propio firmante • Conseguir el mayor número de adhesiones posible, lanzando una velada advertencia contra aquéllos que puedan ponerse en contra de la iniciativa.

Identificación de nombres propios y términos específicos -«Profesionales de la política»: clara referencia a los políticos que sucesivamente habían ocupado los gobiernos precedentes sin resolver los problemas fundamentales del país. -«El año 98»: alusión a la crisis de 1898, con la derrota armada ante EE.UU. y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y posesiones del Pacifico (Filipinas, principalmente). -«Turno»: Conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para alternarse en el ejercicio del poder, controlando la vida política. Comentario del documento En los momentos en que se fecha el texto el sistema político de la Restauración está agonizando, los partidos políticos dinásticos están divididos en facciones y fracasan incluso los gobiernos de concentración. La tensión social es muy alta, debido a los efectos de la crisis de la posguerra y a la presión del movimiento obrero. El nacionalismo autonomista, y hasta separatista, está en auge, especialmente en el País Vasco y Cataluña. La monarquía es cada vez más contestada, y comienza a ser impopular. La situación se agrava con la crisis de Annual (1921). La posterior investigación parlamentaria sobre las responsabilidades afecta directamente al monarca. Esta situación de caos social es lo que determina la acción de Primo de Rivera.

Comentario El 13-IX-1923, Miguel Primo de Rivera se pronunció contra la legalidad

constitucional, declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasase a manos de los militares. Alfonso XIII le encomendó la formación de un nuevo gobierno, integrado exclusivamente por militares.  

15. Manifiesto del Frente Popular. Este es un texto político que expresado como periodístico expone los objetivos y las diferencias internas de la alianza de centroizquierda que bajo el nombre de Frente Popular concurrió a las elecciones de 1936, frente al otro gran bloque electoral, el Bloque Nacional. El texto, reconociendo las diferencias ideológicas entre los miembros firmantes, comprometen un plan político para presentarse a las elecciones.

El texto, plantea los objetivos del nuevo gobierno, aunque con el sesgo de los republicanos, no tanto de sus socios socialistas y comunistas, caso de ganar la izquierda, como ocurrió: vuelta a las reformas del bienio reformista y fuerte tendencia social (de protección de los más desfavorecidos, protección social e igualdad legal), percibiéndose un ligero tono crítico hacia ellos. Partidos que forman:

Izquierda Republicana (IR): Tras la derrota electoral de 1933 Azaña fundó en abril de 1935 un nuevo partido al que atrajo a la antigua ORGA y al Partido Radical-Socialista Independiente de M. Domingo. Así surgió Izquierda Republicana que consiguió un gran éxito en 1936.

Unión Republicana (UR). En septiembre de 1934 el PRRS de Félix Gordón de Ordax, la IRS Botella Asensi y el PRD de Martínez Barrio se unen formando un nuevo partido la Unión Republicana, con la intención de recomponer la unidad republicana de 1931.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE): El partido había sido fundado en 1879 por Pablo Iglesias (la UGT en 1888) y en el momento de proclamarse la República, el PSOE y la UGT eran las organizaciones políticas y sindicales más amplias y mejor organizadas de España.

Entre 1931 y 1933 el PSOE colaboró en los gobiernos republicanos, pese al creciente rechazo de su política por las bases del partido, de la UGT y de los besteiristas. Sin embargo diferentes conflictos hicieron que el PSOE saliera del gobierno en septiembre de 1933 y que se presentara en solitario a las elecciones de noviembre. Durante el bienio derechista se produjo un proceso de radicalización en el partido que culminó en el movimiento revolucionario de octubre de 1934. El dirigente de esta evolución fue Largo Caballero, con el apoyo de las Juventudes Socialistas, que rechazó cualquier colaboración con los republicanos. Prieto, líder del ala centrista, y Besteiro, del ala moderada, se opusieron sin éxito a esta política. Las consecuencias trágicas de la Revolución del 34 obligaron al partido a cambiar de actitud y a participar con republicanos y comunistas en el Frente Popular a fines de 1935. Partido Comunista de España (PCE): Fue un partido sin apenas fuerza

hasta el comienzo de la Guerra Civil. Su dogmatismo estalinista impidió su crecimiento hasta que en 1932 llega a la dirección José Díaz. Desde ese momento, aprovechando el descontento de las bases del PSOE comenzó un lento crecimiento, ofreciendo desde entonces a los demás partidos republicanos y de izquierdas un frente antifascista. El PCE participó en la Revolución del 34 con el PSOE. Sin embargo no estuvo en condiciones de jugar un papel importante en la izquierda hasta la formación del Frente Popular. Partido Sindicalista. La CNT mantuvo durante los cinco años de régimen republicano una oposición constante por medio de huelgas, muchas veces mal preparadas y resueltas, y levantamientos armados, mientras en su seno se enfrentaban Peiró, Pestaña y la PAl. Como resultado de este enfrentamiento en 1933 el sindicato, dominado por la FAI, sufrió una escisión con la creación de los Sindicatos de Oposición, y A. Pestaña fundó el Partido Sindicalista (PS).

Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM): En 1930 Joaquín Maurín, tras salir del PCE, crea junto al minúsculo Partit Comunista Catalá, el Bloc Obrer y Camerol (BOC), de implantación casi exclusiva en Cataluña, para unirse posteriormente con Izquierda Comunista lIC) de Andrés Nin y formar el POUM. De implantación sobre todo catalana y con un ideario marxista próximo al trotskismo y al anarquista, participó en el Frente Popular y colaboró activamente con la Republica y al Generalitat, especialmente en el primer año de la guerra.

Los resultados, dados a conocer el 20 de febrero, fueron los siguientes: • Electores 13.553.710

Votantes 9.683.335 (71,4%)

Frente Popular 4.654.116(34,3%)  

16. Ley de Bases de Reforma Agraria (1932).

Es un texto jurídico, fechado en 1932 en pleno desarrollo normativo del primer gobierno de la República, es por tanto una fuente primaria, aunque el texto recoge una serie de datos respectivos a etapas posteriores, aunque republicanas, recogidas por historiadores posteriores a los hechos, por ello hablaríamos también de una fuente secundaria historiográfica, dirigida al público especializado, interesado o público en general.

El autor son los historiadores referidos y las Cortes españolas y el fin es legislar la reforma agraria y poner fin a las injusticias en el campo español. Contexto histórico:

La Reforma Agraria es reconocida por todos los historiadores como el proyecto de mayor envergadura que acometió la Segunda República Española. Sus objetivos eran:

a) Aumentar la rentabilidad de la agricultura española que, en 1930, presentaba un in-dice de 61, frente a los 180 de Italia o 153 de Francia. b) Paliar la miseria del campesinado español que representaba la mitad de la población activa española. De los 8,5 millones de población activa la mitad trabajaba en el campo y de éstos, unos 2 millones eran jornaleros. c) Redistribuir la propiedad latifundista ya que en regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla el 50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de propietarios.

La Reforma se puso en marcha a partir de la aprobación, en septiembre de 1932, de La ley para la Reforma Agraria y tuvo, como otros proyectos reformistas de la República, dos fases:

1) En la primera (1932-33) se aprobó la Ley después de grandes discusiones entre los dos partidos mayoritarios que formaban parte del gobierno: socialistas y republica-nos. Había dos proyectos: el republicano, partidario de respetar la propiedad privada y a los cultivadores directos y, en caso de expropiación, indemnizar a los afectados; y el socialista, que suponía más expropiaciones y menos indemnizaciones. Se impuso el proyecto más moderado, el de los republicanos. Se creó el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) organismo que se encargaría de las cuestiones técnicas y burocráticas y que comenzó, con un presupuesto bastante insuficiente, la tarea de valorar las tierras, iniciar el proceso burocrático-legal y facilitar los asentamientos campesinos. Una vez establecido el criterio técnico sobre las fincas que expropiar cabían dos actuaciones. Una era expropiar y no indemnizar las tierras que pertenecían a la nobleza y a los denominados grandes de España. La otra, expropiar, pero indemnizar a todos los demás propietarios.

Las expropiaciones se realizaban siempre dentro del marco legal con lo que la lentitud del proceso comenzó a exasperar al campesinado.    

17. La guerra civil de 1936-1939. Se trata de un texto historiográfico, realizado por el historiador inglés P. Preaton, autor de La República asediada. l-bsfilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra Civil, escdto en lggg; es por tanto una fuente secundaria, cuto destinatario ea la comunidad cientifica, público interesado en la importancia de la Guerra Civil Española P. Preston, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la Guerra CiviL La Guerra Civil: La década de los años treinta, coincide con el establecimiento de la República en España, fue un periodo caracterizado por una crisis general en toda Europa, con un enfrentamiento ideológico, muy polarizado, entre democracia y comunismo; las democracias, por otro lado, ante impulso comunista, tomaron derroteros diferentes, mientras que en los paises con tradición democrática mantuvieron las instituciones democráticas, en aquellos, en donde no habla esa tradición, acabaron interpretando la democracia a través de dictaduras. España vivió estos avalares y acabó en una guerra y una posterior dictadura. El texto plantea una interpretación actualizada de la Guerra Civil española. En primer lugar y, en una valoración general desde esta nueva perspectiva, la Guerra Civil se considera inscrita en un marco europeo de crisis general. Sobre sus causas el autor propone que, sólo en su primera fase, se ha de entender la guerra en clave exclusiva española y como consecuencia de viejos conflictos no resueltos. En su segunda fase, sin embargo, la guerra amplía su dimensión y pasa a ser el primer episodio de un enfrentamiento entre paises europeos, unoa de convicciones democráticas, otros de principios fascistas. Una Guerra Civil Europea, en términos del autor. Sobre el fracaso de la República, según el autor existieron dos tipos de responsables: a) En primer lugar los países europeos, tanto loa fascistas como los democráticos. Los primeros no fueron más responsables que los democráticos pues, a criterio del autor, fueron sus cómplices inconscientes al practicar la no beligerancia. b) La responsabilidad en el interior de España se otorga a las organizaciones de extrema izquierda, y aunque no se indica el nombre de ninguna, se explicita la responsabilidad de aquellas que impusieron una estrategia que priorizaba la revolución social por encima de la necesidad de agruparae y, dejando apartadas las diferencias, ganar la guerra. Hay pues una referencia implícita a laa organizaciones anarquistas. Comentario La Guerra Civil Española fue un acontecimiento bélico nacional que, al participar loa factores ideológicos, políticos y económicos que convulsionaban el reato de Europa en loa años treinta, trascendió las fronteras de España y atrajo la intervención de pal sea extranjeroa

que aprovecharon el conflicto para convertir al pais en un campo de experimentación bélica, en loa umbrales de la Segunda Guerra Mundial. En el ámbito interno, las fuertes tensiones sociales derivadas del atraso económico del país y de la desigual distribución de la riqueza habían generado un clima de inaatiafacción de parte del pueblo hacia sus gobernantes quienes, además de haberse moatrado incapaces de avanzar en la modernización del paia y elevar el nivel de vida de sus habitantea, ni siquiera habían podido alcanzar la eatabilidad neceaaria para avanzar sin aobreaaltoa en la evolución de la vida política. Aaí, las profundas diveenciaa políticas se sumaron al descontento social y crearon una situación explosiva que deaembocó en el estallido de una terrible guerra civil que dividió y davaató España. El conflicto se inició el 17 de julio de 1g36, con el alzamiento de una fracción del ejército encabezada por loa generales Mola y Franco, quienes ae trasladaron deade el Marruecos Español para ponerse al frente de las operaciones militares, con el propósito de acabar con el gobierno republicano constitucional, dirigido en ese momento por la coalición izquierdista del Frente Popular. El bando sublevado representaba a tas fuerzas de derecha y extrema derecha, ea decir, a la España rural católica tradicional de los grandes propietarios agrarios, así corno al gran capital conectado con numerosos intereses extranjeros. Mientras que loa pequeños propietarios campeamos reclutados en la Falange y los grupos carlistas (los llamadoa “requetés’) constituían el apoyo popular de los rebeldea. Loa miembros de las clases medias favorecieron a uno u otro bando en función de su ubicación geográfica.  

18. Las colectivizaciones en el bajo Aragón.

Se trata de un texto historiográfico, realizado por un hispanista inglés, H. Thomas, así pues es un texto secundario, dirigido a especialistas y público en general.

El texto nos habla de las colectivizaciones en Aragón durante la guerra civil, la forma de organización (300 familias, consumo de....), el tono laicista, la forma de pago de salarios, dependiendo del tamaño y necesidades familiares, desaparición del dinero. A todo esto añade que los pueblos se llenaron de vida, se formaron nuevas ilusiones al poder participar todo el mundo en la colectividad. Para acabar indica que el gobierno repubicano no vio con buenos ojos el que no pagaran impuestos. Hugh Thomas (Wincisor, Inglaterra, Reino Unido, 1931), historiador hispanista. Estudió en la Universidad de Cambridge y en la Sorbona (París). En 1961 se da a conocer con una importante obra, referencia principal de la vasta bibliografía sobre la Guerra Civil Española: La Guerra Civil Española, publicada por la editorial Ruedo Ibérico. Dicha obra obtiene un gran éxito y es traducida a varios idiomas. Más tarde ha ejercido como profesor en la Real Academia de Sandhurst y en la Universidad de Reading, combinando dichos trabajos con clases y conferencias que imparte en diversos países. En 1981 recibe el título de Lord (Lord Thomas de Swynnerton). Actualmente vive en Londres. Junto a lan Gibson y Paul Preston, forma el grupo de hispanistas británicos que se ha dedicado al estudio de la historia reciente de España, especialmente a la de la Segunda República y la Guerra civil españolas, si bien Thomas, tras la publicación de La Guerra civil española, se ha centrado, principalmente, en el estudio de la creación y consolidación del Imperio ultramarino español durante los siglos XVI y XVII. El gran movimiento colectivista ocurrido en España durante la guerra civil ha sido objeto de debate por parte cte testigos, protagonistas e historiografía. Aunque en él participó activamente la UGT, formando colectividades en solitario (sobre todo en Castilla, Andalucía y Valencia) o junto con la CNT, fueron los anarquistas los que lo reivindicaron con mayor ímpetu y los que se han arrogado su realización. Es cierto, no obstante, que los libertarios han tratado profusamente el problema de la tierra, no sólo en la publicística del periodo de la guerra civil, sino desde los escritos de sus primeros teóricos. Lo que la guerra civil supuso entonces para los anarquistas fue la posibilidad de llevar a cabo la revolución. En este sentido, la colectivización estuvo siempre desligada del conflicto; como señala Julián Casanova, “se intentaba construir un nuevo orden social y económico sin crear las bases para su consolidación”. Y, sin embargo, la situación de guerra gravité sobre las colectividades agrarias, que se veían obligadas a abastecer a las poblaciones urbanas y al frente, no teniendo entonces la posibilidad de consolidarse como una alternativa social y económica. Pese a esto, fue precisamente el vacío de poder que provocó el fracaso de la sublevación militar el que

propicié el inicio del movimiento colectivista. El resultado fue que la colectivización agraria afecté, aunque en proporción desigual, a casi la totalidad de la España leal, sin importar las fuerzas políticas dominantes o la estructura socioeconómica de cada región. Lo primero que no hay que olvidar sobre las comunidades colectivistas anarquistas en España es que surgieron en un clima de guerra civil y revolucionaria y funcionaron en el mismo clima. Es muy difícil juzgar en este clima los conceptos de “voluntario” y de coacción. En Aragón, cerca de 600 pueblos, a pocos kilómetros del frente, realizaron la experiencia colectivista, una de las más audaces en materia económica y social, con todo lo que entrañaban de cambio en la sociedad. Unas 450 colectividades englobaron a más de 433.000 trabajadores. Los pueblos totalmente colectivizados en todas las expresiones de su producción y de su vida económica, fueron unos 350. En otros coexistieron colectividades e individualistas, en régimen mixto, preponderando las colectividades puramente agrícolas y ganaderas. Los comerciantes trabajan en común en las cooperativas socializadas, los barberos, los carpinteros, los cerrajeros, los alpargateros, los transportistas..., todos están unidos y trabajan en común con la hermandad más estrecha en base a los fuertes vínculos económicos de los intereses comunes. Es la nueva era del colectivismo. Según datos de los propios anarquistas la producción de trigo en Aragón aumentó en unas 270.000 toneladas de trigo; pero no se sabe si es achacable a la colectivización en si misma, a la puesta en cultivo de latifundios antes baldíos, o a un año de cosecha excepcional -pues las oscilaciones en las cosechas de un clima tan extremo como el de Aragón son grandes aun en nuestros días. Las bases teóricas son las siguientes: la tierra, cuya propiedad es colectiva, se divide en sectores que son trabajados por cuadrillas. Cada trabajador es elegido para el puesto que mejor se acomoda a sus capacidades. Las existencias y herramientas para la producción pasan a ser, como la tierra, patrimonio de todos los hombres. Las cuadrillas son organizadas por delegados  

19. Ley de Responsabilidades Políticas (1939)

Se trata de un documento público, al provenir del BOE, el día 13 de febrero de 1939, en los primeros momentos de la construcción del nuevo Estado franquista. Su naturaleza es jurídica y política. Se trata de fuente primaria. El tema común es la victoria de Franco y la represión sobre los vencidos. Texto El documento comprende tres artículos de la Ley de Responsabilidades Políticas. El artículo 1, separaba dos momentos: uno, que comprendía desde el 1 de octubre de 1934 hasta el 18 de julio de 1936 y afectaba a cuantos españoles participaron en los levantamientos del mes de octubre de 1934, otro, que condenaba a todos los que se opusieron activa o pasivamente al Alzamiento del 18 de julio. Aquí nos encontrarnos con la paradoja de que los rebeldes levantados contra la legalidad republicana acusaban a su vez de sediciosos a quienes permanecieron fieles a la república. Es curioso resaltar que la ley tiene carácter retroactivo, referente al periodo en donde no había guerra, algo que se opone a cualquier normativa legal; lógicamente detrás de este artículo subyacía la idea de criminalizar al gobierno legitimo de la República y justificar el levantamiento de Franco y otros militares en 1936. • El artículo 2, condenaba a cuantos apoyaron al Frente Popular. Comprendía tanto a personas físicas como jurídicas. • El artículo 3, privaba de sus bienes a los organismos proscritos. Esta ley tenía carácter retroactivo y permitía acusar a todos aquellos que se hubieran opuesto al golpe de Estado o al bando rebelde durante la guerra, pero las acusaciones también podían remontarse a octubre de 1934. En general, los vencidos fueron condenados a largas penas de trabajos forzosos o ejecutados. El grueso de su actuación represiva se llevó a cabo entre 1939 y 1942. Además, se prohibieron las publicaciones en lenguas españolas diferentes del castellano y se cambió el nombre de numerosas calles para borrar todo recuerdo de la República. Se impuso también la censura previa de las publicaciones, que debían ser autorizadas por los jerarcas de la dictadura o de la Iglesia católica. Este lenguaje era propio del carácter revanchista y maniqueo del nuevo régimen. Para comprender bien el texto hay que referirse a dos fechas claves, consecuentes del momento histórico que reflejan. A la Ley de Responsabilidades Políticas siguió en 1940 la Ley de la Represión de la Masonería y el Comunismo y en 1941 la Ley de Seguridad del Estado. Con esta base jurídico-represiva, el régimen contaba con armas suficientes para controlar la situación. Su objetivo era “depurar y purificar” el nuevo Estado. Y lo hizo a través de una amplia represión que obligó a muchos republicanos a exiliarse. De ellos regresaron bastantes, pues al empezar la Segunda Guerra Mundial el gobierno decretó un indulto muy limitado. Pero otros muchos quedaron fuera de España y sufrieron suertes diversas.

A los republicanos que permanecieron en España se les consideró sospechosos y fueron encarcelados o recluidos en campos de concentración. Se habilitaron cárceles especiales y los presos fueron juzgados por tribunales mixtos compuestos por jueces, militares y falangistas. De forma arbitraría unos fueron condenados y otros ejecutados. El alto número de presos (más de 270.000 en 1939) descendió en los años siguientes, pero muchos murieron antes a consecuencias de las infrahumanas condiciones carcelarias. Otros presos, «los esclavos de Franco», tuvieron que redimir penas con trabajo. La rehabilitación de los sospechosos fue difícil, pues tenían que demostrar su inocencia a través de testigos cualificados, esto es, adeptos del régimen. Muchos profesores, intelectuales, funcionarios, etc., fueron depurados, apartados de sus trabajos y, a veces, fusilados. La Ley de Responsabilidades Políticas ilegalizaba los partidos, organizaciones o agrupaciones de carácter político o social. El régimen declaró la guerra al liberalismo, al sindicalismo de clase y al comunismo. España quedaba unida moral, ideológica y espiritualmente bajo la atenta mirada del caudillo y de quienes le apoyaban: el ejército, la Iglesia, la Falange y las fuerzas sociales próximas. La intensa represión fue muy efectiva para evitar que el descontento diese lugar al surgimiento de una oposición fuerte y organizada. CONTEXTUALIZAÇIN  

20. La declaración del Congreso de Munich del Movimiento Europeo (1962)

Comentario: El texto admite centrar el comentario sobre diversos aspectos alternativos, tales como las carencias democráticas del franquismo, los sectores de oposición al franquismo o una reflexión sobre el momento concreto, nacional e internacional, en el que se produce la declaración Congreso de Munich del Movimiento Europeo de 1962. Tipo de texto, circunstancias concretas en las que fue escrito, destino y propósitos por los que se escribió. El texto es un fragmento de un documento político, de carácter público: la resolución o acuerdo final del IV Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en la ciudad alemana de Munich entre el 5 y el 8 de junio de 1962. En él participaron invitados 118 políticos españoles, de todas las tendencias de la oposición democrática al franquismo (monárquicos liberales, demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialistas y nacionalistas), excepto comunistas que habían sido excluidos. Se trata por tanto de una fuente primaria y directa para conocer el programa y las aspiraciones de la oposición democrática al franquismo.

Salvador de Madariaga, presidente del Congreso, dirigió la comisión de trabajo de la oposición del exterior y José M Gil Robles la del interior. Las conclusiones de ambas comisiones quedaron plasmadas en la resolución que comentamos, que fue aprobada por unanimidad.

Salvador de Madariaga y Rojo; (La Coruña, 1886 - Locarno, 1978) Escritor español. Su ideología liberal se manifestó en una prolífica obra que abarca tanto el ensayo como la novela, la poesía y el teatro. A pesar de su temprana vocación literaria estudió ingeniería en París para cumplir la voluntad de su padre, militar de ideas liberales. En 1911 ingresó en la Compañía de Ferrocarriles del Norte, pero en 1916 decidió abandonar su profesión y viajar a Londres para dedicarse al periodismo.

En 1917, mientras trabajaba como editorialista y redactor en el periódico The Times, publicó su primer libro, La guerra desde Londres. Entre 1921 y 1927 desempeñó diversos cargos en la Sociedad de Naciones, institución que dejó cuando la Universidad de Oxford le ofreció la cátedra de lengua y literatura españolas. De esta época data su obra Ingleses, franceses y españoles (1927), estudio de psicología social escrito en las tres lenguas de los países mencionados, que dominaba a la perfección.

El primer gobierno republicano lo nombró embajador en Washington (1931) y en París (1932), y en 1936 fue elegido miembro de la Real Academia Española, en la que no pudo ingresar hasta cuarenta años

después. Al estallar la Guerra Civil se estableció en Inglaterra, y hasta su regreso a España en 1976 viajó por todo el mundo, dio conferencias, y colaboró con organismos internacionales con el testimonio de sus ideas liberales y antifranquistas. Gran parte de su producción está orientada al conocimiento de la cultura española y en particular los textos autobiográficos y políticos, Amanecer sin mediodía (1921-36), sobre los años anteriores a la Guerra Civil. Contexto histórico

Los españoles estaban viviendo entonces en plena Dictadura de Franco (1939-1975). Se iniciaba la etapa desarrollista del régimen y el franquismo quiere salir de su ostracismo internacional, intentando un acercamiento a Europa. El 9 de febrero de1962 había solicitado la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. De ahí que la oposición democrática, reunida en junio en Munich, denuncie en este acuerdo la situación política española y solicite la instauración de la democracia, como condición indispensable para el ingreso de España en el Mercado Común. La reunión coincidió con el momento álgido del movimiento obrero, que convocó muchas huelgas en la zona minera asturiana, el País Vasco, Cataluña y Madrid, y con los inicios del movimiento estudiantil, que exigía libertades democráticas. Franco reaccionó con dureza. Por un decreto del 8 de junio suspendía el artículo 14 del Fuero de los Españoles por un plazo de dos años (dicho artículo reconocía el derecho de los españoles a fijar su residencia libremente dentro del territorio nacional) y encarceló, deportó a Canarias o exilió a los firmantes de Munich, lo que motivó fuertes criticas en el extranjero. A la vez se orquestó una campaña de la prensa del Movimiento para desacreditar este Congreso, al que el diario Arriba calificó peyorativamente de ¿contubernio de Munich? para ridiculizarlo, como si se tratase de una conspiración contra el régimen y tacharon a los firmantes de ¿traidores? y ¿enemigos de España, aliados de masones y marxistas?. No se atrevieron a silenciarlo- como hacían con las huelgas mineras o las protestas estudiantiles - porque había tenido lugar en el extranjero. También se organizaron manifestaciones de adhesión a Franco. Aumentó la represión (en 1963 creó el Tribunal de Orden Público para juzgar delitos políticos y el comunista Julián Grimau seria ejecutado).

La reunión en Munich coincide con la segunda etapa franquista Tardofranquismo y desarrollismo (1959-1973)”. El crecimiento económico y el cambio social fueron característicos de estas décadas junto con un gran desarrollo de la conflictividad social, que se centró de manera casi exclusiva en el interior del país. Aparecieron nuevamente varios frentes de oposición: