135

1 36

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Gobierno Municipalista

Financiamiento para el Desarrollo

Gobierno de Resultados> E J E S T R A N S V E R S A L E S >

Objetivo 1.

Fomentar la seguridad

ciudadana y la procura-

ción de justicia.Objetivo 2.

Utilizar la prevención

como una herramienta

para el combate a la

delincuencia.Objetivo 3.

Avanzar en el uso de tec-

nologías así como en los

mecanismos de coordi-

nación interinstitucional.

Objetivo 4.

Mantener una sociedad

protegida ante riesgos.

Una Sociedad Protegida es aquélla enla cual todos sus miembros, sin im-portar su género, edad, nacionalidad,origen, religión, lengua, o cualquierotra característica, tienen derecho ala seguridad y a un acceso equitativo

de una justicia imparcial. El diagnóstico de la Sociedad Protegida en el Estado de México fueelaborado desde la perspectiva de qué o quiénpone en riesgo el derecho a la seguridad, yasean: (i) otros individuos, (ii) el gobierno, o (iii)el medio ambiente. A continuación se presentauna perspectiva integral sobre la situación queguarda el tema de la seguridad y justicia en elEstado de México desde la óptica antes descrita.

Seguridad ciudadana y la procuración de justicia

El derecho a la seguridad y a la justicia se funda-menta, en su concepción más básica, en la pro-tección de la persona en contra de actos lesivosde otros individuos.

El Gobierno Estatal ha realizado importantesesfuerzos para garantizar el derecho a la seguridady a la justicia por medio de una profunda reformaa los sistemas de seguridad ciudadana, procura-ción e impartición de justicia. Por un lado, el 19de octubre de 2011 se promulgó la Ley de Segu-ridad del Estado de México, la cual es un partea-guas en el cumplimiento de la función de seguri-

dad, ya que establece el concepto de Seguridad Ciudadana, que coloca a la persona como ejecentral de su atención a la persona, asegurandoel ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y de-rechos fundamentales. De esta manera, se buscadisponer espacios de participación social armónica, propiciando la solución pacífica de losconflictos interpersonales y sociales, fortaleciendolas instituciones y propiciando condiciones quepermitan a los ciudadanos desarrollar de formapermanente sus capacidades en un ambiente decerteza. Para hacer cumplir este enfoque se creala Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).Cabe mencionar que la Ley de Seguridad del Estado de México otorga a esta Secretaría nuevasy mayores responsabilidades en materia de pre-vención y combate especializado del delito, dereinserción social, de participación ciudadana, deseguridad privada y pirotecnia, entre otras, locual obliga al fortalecimiento de su estructura orgánica para cumplir a cabalidad con los impe-rativos legales vigentes.

Por otro lado, el sistema de justicia se encuentra sujeto a una profunda transformaciónque lo convertirá en un sistema acusatorio basadoen juicios orales. Esta reforma permitirá una pro-curación e impartición de justicia más justa y ex-pedita. Debido a que el Estado de México hasido una de las entidades pioneras en la aplicaciónde este modelo, fue necesario adecuar el Códigode Procedimientos Penales para armonizar la

137

Diagnóstico

legislación estatal con la legislación federal. Así,para llevar a cabo un diagnóstico integral en ma-teria de seguridad ciudadana y procuración dejusticial, se consideraron los cambios estructuralesdescritos y se desarrollaron los siguientes puntos:(i) seguridad ciudadana, (ii) procuración dejusticia, (iii) impartición de justicia y (iv) reinserciónsocial.

Para materializar las aspiraciones de seguridady justicia de los mexiquenses, como en ningunaotra esfera de la acción pública se requiere de laconcurrencia de los tres Poderes de Gobierno. Departicular relevancia resulta la colaboración entreel Ejecutivo Estatal a través de sus órganos de se-guridad y procuración de justicia, así como delPoder Judicial en tanto administrador de justicia.

Seguridad ciudadana

La seguridad no se reduce sólo a la respuestapolicial, sino que es un compromiso con la libertadciudadana, el cual consiste en combatir a los ele-mentos que vulneran a la sociedad.

Para cumplir con este compromiso en la totalidad de las instituciones involucradas en la función de seguridad ciudadana del Estado deMéxico, se deben adoptar enfoques de seguridadinteligentes basados en el conocimiento com-prensivo de las amenazas, partiendo de los análisisdescriptivos de los fenómenos para adentrarsedespués en la explicación de sus causas.

Hoy en día, las medidas de respuesta al fe-nómeno delictivo continúan siendo reactivas,pues no consideran la variedad de dimensionesque contiene un problema, lo cual resta eficaciacuando se procede contra complejas y nuevasamenazas.

El tratamiento de las amenazas en la seguridadha consistido en combatir sus efectos nocivosmás que a reducir su origen. El resultado es quealgunas llegan a contenerse, sin resolverse a nivelestructural, permaneciendo como males socialescrónicos cuyo arraigo se fortalece por la insufi-ciencia de respuestas de las políticas públicas.

Por tanto, es indispensable fortalecer que lasinstituciones de seguridad en la entidad transitende un estado reactivo a uno proactivo. De tal manera que una vez analizadas las amenazaspotenciales en el entorno y su posible evolución,se diseñarán acciones que modifiquen esas con-ductas, anticipándose a las amenazas a la segu-ridad ciudadana. En este sentido, la inteligencia,entendida como el uso del conocimiento para laacción contra riesgos futuros de la seguridad, esuna imprescindible herramienta en las tareas deprevención y combate al delito.

Se necesita por tanto de un trabajo continuoy eficaz en el proceso de analizar la información,mediante un sistema riguroso y homogéneo. Sedeberá diseñar una metodología específica parael análisis estratégico de la información y la con-secuente generación de decisiones.

Prevención del delito

La prevención del delito es una de las estrategiasmás eficientes en política de seguridad, ya queevita costos financieros, humanos y sociales. Poresta razón, el Gobierno Estatal plantea fortalecerlas políticas de prevención. La prevención deldelito se debe abordar desde tres ángulos: (i) elcombate a las causas del delito, consistente enla aplicación de políticas sociales; (ii) la disuasióndel delito, realizada a través del mantenimiento

1 38

de los cuerpos policiales y de vigilancia eficientesque disuadan al delincuente en potencia de co-meter un crimen, y (iii) la reinserción social, queconsiste en la transformación de la conciencia yconducta de las personas que hayan cometidoun delito, evitando su reincidencia.

Combate a las causas del delito

Las causas del delito son muchas y variadas. Sinembargo, una que merece especial atención porsu relevancia y su esfera de alcance es la exclusiónsocial. Este fenómeno se presenta recurrente-mente y puede detonar conductas delictivas. Porlo anterior, el Gobierno Estatal debe consideraresta realidad y atenderla.

De esta forma, la política social puede coad-yuvar de forma relevante en la seguridad a travésde políticas de integración y participación social.Ejemplo de dichas líneas de acción son el esta-blecimiento de guarderías y estancias infantiles,las campañas de integración familiar, el combatea la violencia intrafamiliar, el acceso a la educacióncon políticas de nutrición, el combate a las adicciones, el fomento al acceso a un empleodigno y bien remunerado, la revitalización de es-pacios públicos, la modificación del paisaje urbano,el desarrollo comunitario, la cultura y el deporte.

Para que la formulación de una política socialintegral con vocación a la prevención del delitosea eficaz, debe dirigirse especialmente hacialos grupos en situación de vulnerabilidad, en tér-minos de su propensión a incidir en conductasantisociales y, en particular, hacia grupos de po-blación que, debido a las dificultades socioeco-nómicas que enfrentan día con día, son proclivesa caer en conductas antisociales bajo circuns-tancias adversas. De tal manera, éstos son los de

mayor interés de la política del Gobierno Estatal.Entre ellos se encuentran los niños y jóvenes ensituación de calle, los jóvenes que no estudian nitrabajan y los que padecen adicciones, entreotros. Si bien esta clasificación no abarca el es-pectro completo de la población que podría incurrir en conductas delictivas, una atención fo-calizada de la política social incidirá favorable-mente en la prevención temprana del delito.

Aunado al aumento de oportunidades dedesarrollo entre los grupos en situación vulnerable,el Gobierno Estatal complementará sus esfuerzosa través del fomento de actividades deportivas,culturales y de esparcimiento para niños y jóvenes.Dichas actividades sustituyen la oportunidad quemuchos tienen para iniciarse en actividades de-lictivas, ya que se presentan como alternativasde vida. De igual forma, son una importanteoportunidad para acercar el apoyo social a niñosy jóvenes en situación vulnerable, y brindar laorientación necesaria para ofrecer opciones dedesarrollo viables y congruentes con otros ámbitosde desarrollo, como la educación y la salud.

Disuasión del delito

La disuasión constituye el segundo frente en laprevención del delito, y se logra cuando los cri-minales perciben a la autoridad como una fuerzaefectiva de combate a la delincuencia. Para alcanzar dicha meta los retos más importantesson los siguientes: (i) lograr una mayor coberturade resguardo del territorio, (ii) evitar que elcuerpo policial pueda ser corrompido y (iii) abatirla impunidad por medio del fortalecimiento delEstado de Derecho.

La cobertura de resguardo es responsabilidadde más de 44 mil policías, si se consideran los

139

elementos estatales y municipales. Dicha cifra esinferior al promedio nacional de policías por ha-bitante. La policía estatal tiene presencia en los125 municipios; sin embargo, existen diferenciassignificativas entre las corporaciones municipalesrespecto del número de personal, el nivel de infraestructura física y de equipamiento, entreotros aspectos.

En la actualidad, el reto más importante enmateria de disuasión consiste en posicionar a lapolicía estatal como una fuerza eficiente y honesta.Sin embargo, el Estado de México enfrenta unproblema de corrupción y falta de confianza dela población en los distintos cuerpos policiales.Esta percepción se debe, en parte, a que elsueldo promedio de la policía estatal (como enel resto del país) es aún insuficiente comparadocon el nivel de responsabilidad, la carga detrabajo y la severidad de los delitos que enfrentala entidad.

En el mismo sentido, es importante contarcon indicadores reales de corrupción, fáciles deentender y que se reporten periódicamente. Portanto, es necesario que los elementos policialesevalúen estos parámetros de forma eficaz y con-sistente. Por ejemplo, de acuerdo con el Modelode Evaluación y Control de Confianza del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia yla Legalidad, suscrito bajo el marco de la Confe-rencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),hasta el año 2011 se habían aplicado alrededor de7 mil 500 pruebas de confianza a los policías dela entidad.

Percepción ciudadana e incidencia delictiva

La percepción de los mexiquenses en materia deseguridad resulta fundamental para que las per-sonas puedan desarrollar sus capacidades deforma plena. Asimismo, se estima que la incidenciadelictiva está relacionada estrechamente con lapercepción de seguridad. Entre los mexiquensesse tiene una amplia percepción de inseguridad,lo cual se manifiesta de diferentes formas, entreellas que se desincentive la inversión privada,tanto de sus habitantes como de las empresasque podrían establecerse invertiendo en la entidad,generando empleos y desarrollo económico. Lamanera de corregir esta opinión es mediante lainversión en infraestructura física y equipamientode seguridad, y mejorando las condiciones delpersonal policial a través de la capacitación y laprofesionalización, a fin de generar las condicionespara conformar una Sociedad Protegida.

Si bien la percepción ciudadana es uno delos indicadores más importantes en la materia, lacomisión del delito es el parteaguas entre suprevención y el proceso de procuración de justicia.Por tal motivo, conocer la situación delictiva enla entidad es fundamental para enfrentar el delito directamente.

Observando la distribución geográfica deldelito, se puede deducir que la incidencia sedebe a la cercanía con el Distrito Federal (DF).Por tanto, es de gran importancia reforzar la se-guridad urbana en la Zona Metropolitana delValle de México (ZMVM).

140

Mapa 8.1. Percepción de seguridad por entidad federativa,

2008.

(% de la población mayor de edad que reportó sentirse

insegura)

Fuente: Elaboración propia con datos del ICESI.

Sin embargo, los delitos en muchos casos noson reportados. Dicha situación se muestra enlos resultados de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del año 2009: a nivel nacional sólo22% de las personas que fueron víctimas dealgún delito lo denunciaron. Cabe mencionar quelas razones para que no se presente una denunciason el miedo, la percepción de pérdida de tiempo,la dificultad de realizar el trámite y la desconfianzaen la autoridad; es decir, situaciones todas rela-cionadas con la mala percepción ciudadana res-pecto de las instituciones de seguridad y justicia.Considerar estas hipótesis será de especial relevancia al estudiar la frecuencia con que se denuncian los delitos en la entidad.

Procuración de justicia

La procuración de justicia es parte del procesopenal que da inicio con la denuncia del delito y

concluye con la impartición de justicia. Cabemencionar que la normatividad y el proceder delas instituciones encargadas de la procuraciónde justicia se han transformado debido a la re-forma penal.

Con la implementación del Sistema ProcesalPenal Acusatorio (SPPA), las etapas del procedi-miento penal en la entidad experimentaron cambiossignificativos, de tal manera que no es posiblecomparar el sistema antiguo con el nuevo. Portanto, el diagnóstico en la materia se fundamentaen la definición de necesidades realizada por laProcuraduría General de Justicia del Estado deMéxico (PGJEM), a fin de cumplir con los nuevos lineamientos.

Denuncias

Si bien no se espera que en el corto plazo la inci-dencia delictiva cambie, sí se prevé un incrementoen el número de denuncias, como resultado dela simplificación de los mecanismos para presen-tarlas que promueve el Gobierno Estatal. Porejemplo, se impulsa la denuncia electrónica, latelefónica y la exprés, que puede presentarse encentros comerciales y otros establecimientos.

Durante el periodo de 2005-2011 se observóun aumento en el número de denuncias por cada100,000 habitantes en la entidad y posteriormentedisminuyó en el año 2010 para situarse en 1,756.8en 2011. De esta manera, la entidad ocupa el decimosegundo lugar en este indicador. Paraentender esta situación, se necesita considerardos factores: (i) el número de delitos y (ii) lapropensión a presentar denuncias entre los me-xiquenses. Sin embargo, dada la coyuntura na-cional de inseguridad y la crisis financiera mundialdel año 2008, la actividad delictiva se ha incre-

14 1

33.2% - 37.8%

37.9% - 54.9%

55.0% - 64.3%

64.4% - 74.1%

74.2% - 85.2%

Rangos

mentado haciendo que el Gobierno Estatal redoblesus esfuerzos para combatir al delito y generarlas condiciones necesarias para fomentar lacultura de la denuncia.

Gráfica 8.1. Denuncias presentadas en el Estado de México,

2005-2011.

(denuncias por cada 100,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

A continuación se presenta un diagnósticosobre los delitos de mayor incidencia e impactosocial en la entidad.

Homicidio doloso. Durante el periodo 2005-2011 disminuyeron las denuncias por homicidiosdolosos, pasando de 16.5 a 9.9 por cada 100,000habitantes. Cabe mencionar que, al ser un delitoperseguido de oficio, el número de las denunciasdebe ser igual al número de casos. La disminuciónde las denuncias por este delito no es razón paradejar de combatirlo, ya que las causas que la ori-ginan permanecen vigentes.

Gráfica 8.2. Denuncias presentadas en el Estado de México

por homicidio doloso, 2005-2011.

(denuncias por cada 100,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Lesiones dolosas. En el mismo orden deideas, durante el periodo 2005-2011 se registróuna disminución del 8.9% en las denuncias porlesiones dolosas. No obstante que podría existirun sub-reporte acerca de estos delitos, el objetivode la actual Administración Pública Estatal consisteen continuar con la tendencia observada y generarlos incentivos adecuados para que la poblacióndenuncie los delitos.

1 42

1,671.4 1,671.1 1,709.8 1,747.91,819.3 1,785.4 1,756.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

8.67.8

19.4

16.5

9.1

7.7

9.9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfica 8.3. Denuncias presentadas en el Estado de México

por lesiones dolosas, 2005-2011.

(denuncias por cada 100,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Robo con violencia. Éste puede ser un indi-cador que, por su alta incidencia, afecta directa-mente a la seguridad en general. Entre los robosdestacan los efectuados con algún tipo de vio-lencia, afectando no sólo el patrimonio de laspersonas, sino también su integridad física. Ladenuncia de este delito ha crecido en los últimosaños. Para combatirlo es de particular importanciacontar con una infraestructura preventiva y confuerzas de seguridad ya que, por la frecuenciacon que ocurre, su disminución es complicada,razón por la cual es necesaria además la partici-pación de áreas de educación, salud y serviciospúblicos.

Gráfica 8.4. Denuncias presentadas en el Estado de México

por robo con violencia, 2005-2011.

(denuncias por cada 100,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Secuestro. El secuestro es un delito quemarca la vida de las víctimas y de las familias yaque agravia la integridad física, psicológica yeconómica. La evolución del secuestro en la en-tidad indica que deben renovarse los esfuerzospara combatir este flagelo. Así, el GobiernoEstatal se ha comprometido a enfrentarlo mediante la conformación de una estructura deinteligencia bien desarrollada.

Por su parte, en comparación con las demásentidades, el Estado de México ocupa el deci-monoveno lugar con respecto al número de denuncias de este delito por cada 100,000 habitantes. Para disminuirlo, es necesario llevara cabo acciones que refuercen la prevención deldelito.

143

281 278295

274264

248 256

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

354 344

310336

391415

397

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Gráfica 8.5. Denuncias presentadas en el Estado de México

por secuestro, 2005-2011.

(denuncias por cada 100,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Violación y violencia familiar. Finalmente, adiferencia de lo que ocurre con otros delitos, lasdenuncias por violación y la violencia familiar registran cifras relativamente constantes. El com-bate a la violación y al maltrato familiar resultaparticularmente complejo, pues los cuerpos deseguridad no pueden ejercer una disuasión efec-tiva, ya que existe resistencia para denunciar ydarles seguimiento. La política del GobiernoEstatal para enfrentarlos debe basarse en facilitarlos medios para denunciarlos, así como en ofreceruna atención psicológica que permita que laculpa o vergüenza no evite su denuncia y, enconsecuencia, su investigación y sanción. Portanto, el Gobierno Estatal, a través de su red deescuelas, clínicas de salud y unidades de urgencias, puede desempeñar un papel importanteal momento de identificar estos delitos e inducirque las víctimas denuncien a sus agresores.

Gráfica 8.6. Denuncias presentadas en el Estado de México

por violación y violencia familiar, 2007-2010.

(denuncias por cada 100,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

Aspectos regionales de las denuncias delos delitos

El Estado de México tiene características únicascomo son el número y distribución de su pobla-ción, concentrada sobre todo en la ZMVM, dondelos rasgos de la industria, el comercio y loshogares varían según las distintas regiones deesta zona. Por tanto, los factores sociales y económicos hacen que la aplicación de estrategiasde seguridad sea distinta en cada zona de la entidad.

Para administrar los recursos de manera efi-ciente, y focalizarlos según las necesidades másapremiantes y con mayor impacto de la entidad,es necesario identificar los principales problemasde cada región. Para ello, se analizan los principalesdelitos y su distribución geográfica para deter-minar el perfil de riesgo por región. Este análisisgeográfico permite establecer líneas de acciónespecíficas para combatir a la delincuencia.

1 44

0.3 0.3

0.4

0.9 0.9

1.1

0.7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

19.8 20.2 20.2 20.0

9.9 9.8 10.211.0

2007 2008 2009 2010

Violación Violencia Familiar

En términos de los delitos de alto impacto,se puede observar que en la región nororientede la ZMVM existe una mayor incidencia de robode vehículos; mientras que los delitos que com-prometen la integridad física de la víctima (ho-micidio, lesiones) se concentran principalmenteen la región oriente de la entidad.

Gráfica 8.7. Distribución geográfica de denuncia de los

delitos de alto impacto por zonas en el Estado de México,

2007-2010.

(expedientes)

Fuente: Estimación propia con datos del SNSP.

Asimismo, se puede observar que los delitosde alto impacto (como el robo de vehículos, las lesiones dolosas y las culposas, el homicidiodoloso, los secuestros y la violación), reflejan unamayor incidencia en las regiones norte, nororientey oriente del Valle de México, por lo cual se requiereimplementar una política especial en cada una.

En el año 2010 se registraron mil 153 denunciaspor homicidios dolosos, concentradas en la regiónoriente de la ZMVM (aunque el sur de la entidadpresenta la mayor incidencia per cápita). En elcaso de las lesiones dolosas y las violaciones,

éstas también se concentran en el oriente delValle de México.

El combate al delito en la ZMVM debe seruna tarea conjunta de las tres competencias degobierno y debe contar con una coordinaciónespecial entre el Gobierno Estatal, el Gobiernodel Distrito Federal (GDF) y la Federación. Dadoque existe una corresponsabilidad derivada dela movilidad de la gente en esta región, los bene-ficios de la prevalencia del Estado de Derechobeneficiarán a las dos entidades y al país.

Mapa 8.2. Denuncias por delitos de alto impacto por mu-

nicipio en el Estado de México, 2010.

(denuncias como % de la población)

Fuente: Elaboración propia con datos del SNSP.

145

NororienteZMVM

PonienteZMVM

OrienteZMVM

NorteZMVM Toluca Resto

Robo Vehículos

Lesiones (Doloso)

Lesiones (Culposo)

Homicidio (Doloso)

Secuestros

Violación

Robo a Casa

Delitos Alto Impacto

100%

31% 19% 19% 17% 11% 3%

16% 17% 31% 14% 10% 11%

12% 20% 34% 12% 15% 8%

11% 13% 27% 16% 17% 16%

15% 18% 29% 15% 14% 8%

16% 20% 22% 17% 15% 11%

21% 20% 24% 15% 14% 6%

16% 27% 12% 15% 22% 8%

.

0.02% - 0.18%

0.19% - 0.34%

0.35% - 0.54%

0.55% - 0.85%

0.86% - 1.61%

Rangos

Atlacomulco

Toluca

Ecatepec de Morelos

Naucalpan de JuárezTlalnepantla de Baz

Nezahualcóyotl

Valle de Bravo

Investigación y participación en el juicio

El proceso de investigación del delito se trans-formó a raíz de la implementación del SPPA, porlo que se necesita fortalecer al Ministerio Público(MP), a los servicios periciales y a la policía paraque este proceso tenga un carácter científico yobjetivo. Por otra parte, la labor de investigaciónahora es realizada bajo supervisión judicial. Deesta manera, el MP deberá argumentar y aportardatos de prueba idóneos, pertinentes y suficientesa la autoridad judicial durante el proceso. Porende, para llevar a cabo una investigación científicase requieren recursos materiales adecuados.

En este sentido, en la etapa de juicio se re-quiere la participación tanto del MP como de lospolicías y peritos como ejecutores del procesode investigación y, en el caso del MP, como parteacusadora. Lo anterior, genera una importantecarga de trabajo.

Por esta razón, el Gobierno Estatal debe pro-mover la especialización en las labores de la in-vestigación y la parte acusadora, para lo cualexisten diversas vías. Una de ellas considera laredistribución de las funciones del MP y de sulínea de mando. De esta manera, (i) la investigaciónsería realizada entonces por la policía y (ii) la inte-gración, análisis y presentación de pruebas a unjuez la realizaría el MP. Como existen diversas ex-periencias a nivel nacional e internacional en lamateria, será necesario seguir sumando esfuerzosy conocimientos.

Mediación y conciliación

Debido a su competencia, el Gobierno Estatal hatrabajado en el fortalecimiento del sistema deimpartición de justicia, mediante la implementaciónde mecanismos alternativos para la solución decontroversias.

El proceso de mediación y conciliación puedebrindar soluciones legales a conflictos por mediode mecanismos extrajudiciales, con el propósitode simplificar los procedimientos y desahogar lacarga de trabajo del MP y del Poder Judicial. Losconflictos que sean resueltos por la mediación yla conciliación se concluirán a través de un con-venio o acuerdo final por escrito, el cual, una vezautorizado, tendrá carácter de sentencia ejecutoriacon efectos de cosa juzgada.

La mediación y conciliación puede aplicarse alas materias familiar, civil y mercantil, así comopenal, siempre y cuando se traten de delitos cul-posos, en los que proceda el perdón de la víctimau ofendido, de los de contenido patrimonial que sehayan cometido sin violencia y de los que tenganseñalada una pena cuyo término medio aritméticono exceda de cinco años de prisión, aunado a lasexcepciones que contempla el Código pertinente.

Consciente de los beneficios de la mediacióny consolidación, el Poder Ejecutivo Estatal fomentará la constitución de los centros públicosy unidades de mediación y conciliación enmar-cadas en la PGJEM. Se piensa que este procedi-miento será un valioso complemento a las accionesconducentes del Poder Judicial de la entidad,como son la puesta en marcha de los Centros deMediación para la Resolución Extrajudicial.

Requerimientos especiales

La PGJEM necesita adecuar su estructura a la realidad delictiva que enfrenta la sociedad y alSPPA. Actualmente, el combate a delitos comolos financieros, el feminicidio y la trata de personasnecesitan de centros especializados en inteligenciafinanciera, además de prestar atención eficientea las recomendaciones de los derechos humanosy a las víctimas. Por ello, se tiene contemplado lacreación de unidades y fiscalías especializadas,

1 46

así como el fortalecimiento de las unidades y loscentros existentes como la Subprocuraduría parala Atención de Delitos Vinculados a la Violenciade Género.

El Poder Ejecutivo Estatal en la impartición de justicia: Defensoría Pública

La impartición de justicia es una potestad delPoder Judicial Estatal. Sin embargo, el PoderEjecutivo tiene la responsabilidad de asegurar laigualdad de las partes en todo proceso. Por estarazón, el Gobierno Estatal debe facilitar defensorespúblicos a las personas que así lo soliciten, requiriéndolos al Instituto de la Defensoría Pública(IDP). Este organismo tiene la obligación de pro-porcionar una defensa jurídica gratuita en materiapenal, civil y familiar, a las personas que losoliciten en cualquier etapa del procedimiento.Cabe mencionar que, además, se han dado pasosadelante en esta materia al introducir defensorespúblicos bilingües, quienes atenderán en lenguaindígena a quienes lo requieran.

A pesar de la creación del IDP y su buendesempeño, aún se necesita mejorar la calidadde su servicio. Dado el número de defensorespúblicos, éstos en general se encuentran sujetosa excesivas cargas de trabajo, que repercuten enel tiempo disponible para armar la defensa de uncaso, lo cual no facilita el acceso a la justicia.Para subsanar este déficit, el Gobierno Estatalfomenta la formación de capital humano mediantecursos de capacitación, así como invirtiendo enrecursos tecnológicos para que los defensorespúblicos puedan llevar a cabo adecuadamentesus funciones.

147

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

Ecatepec

Tlalnepantla

Santiaguito

Chalco

Texcoco

Cuautitlán

Zumpango

Valle de Bravo

Jilotepec

Tenancingo

Ixtlahuaca

Tenango del Valle

El Oro

Temascaltepec

Otumba

Otumba Tepachico

Sultepec

Guillermo Colín Sánchez

Lerma

1,8343,144

9583,049

1,0182,605

1,8462,279

5481,634

622930

359757

120315

260321

86322

193288

108163

944963

184143326

1255797

164311

106278

90188141

151

Capacidad

Población

Reinserción social

La reinserción social es una de las partes delproceso de seguridad y justicia más importantes,pues no sólo es el resultado de la impartición dejusticia, sino que representa un mecanismo deprevención del delito, cuando se realiza de lamanera adecuada.

El principal problema del sistema penitenciarioen el Estado de México, y en el país, es la sobre-población. En el caso de la entidad, éste se com-pone de 22 centros preventivos y de readaptaciónsocial, 20 preceptorías juveniles y una escuelade reintegración social para adolescentes. Hastael mes de diciembre del 2011, la capacidad insta-lada era de 9 mil 964 espacios, pero la poblaciónpenitenciaria llegó a 18 mil 63 internos; es decir,la sobrepoblación es de 81 por ciento.

Gráfica 8.8. Capacidad y población de los centros de prevención y

readaptación social en el Estado de México a diciembre de 2011.

(internos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las consecuencias inmediatas del problemade la sobrepoblación son, entre otras: la falta deespacios para un adecuado tratamiento psicote-rapéutico, el hacinamiento que contamina la relación interpersonal entre la población y eldesarrollo individual, la falta de infraestructura yequipamiento suficiente para evitar conductasprohibidas, una excesiva carga de trabajo delpersonal y la mezcla de los internos con distintosniveles de peligrosidad. Dada la saturación delsistema penitenciario, los centros en muchoscasos no cumplen con su función de preparar lareinserción social de los internos y, en su lugar,se consideran espacios de contención, donde ladignidad de las personas (internos, familiares ypersonal penitenciario) se ve seriamente afectada.

Con la finalidad de solventar el problema dela sobrepoblación, el Gobierno Estatal tiene enproceso la construcción de cuatro centros pre-ventivos y de readaptación social. Sin embargo,esta problemática no puede solucionarse incre-mentando sólo la infraestructura penitenciaria,pues se deben impulsar políticas para la optimi-zación de la infraestructura existente, la aplicaciónde penas alternativas a la prisión y la reducciónde la prisión preventiva mediante la aplicaciónde mecanismos ágiles de procuración e imparti-ción de justicia. Al margen de lo anterior, el sistema penitenciario mexiquense ha enfatizado,en la medida de lo posible, el enfoque de la reinserción.

Finalmente, cabe mencionar la importanciade la reintegración social de los menores deedad. Actualmente, existen en la entidad pre-ceptorías juveniles regionales y una escuela dereintegración, que tienen como objetivo lograrla reintegración social de los adolescentes y, en

su caso, adultos jóvenes, mediante un tratamientointegral con personal profesional especializadoen la materia. Asimismo, las instalaciones cuentancon aulas escolares, canchas deportivas, áreasverdes, consultorios y talleres de capacitaciónpara que los jóvenes logren una adecuada reincersión.

Derechos humanos

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionadode las Naciones Unidas para los Derechos Huma-nos (OACDH), los derechos humanos son lasprerrogativas individuales y colectivas inherentesa todas las personas, sin distinción de sexo, edad,nacionalidad, origen, religión, lengua, orientaciónsexo-afectiva o cualquier otra característica. Elreconocimiento, promoción y desarrollo de losderechos humanos tiene como objetivo principalgarantizar la dignidad de las personas, orientadoal logro del pleno desarrollo y a la igualdad delas oportunidades y los derechos.

Dentro de los derechos civiles y políticos seconsidera el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la libertad y seguridad; el derecho a no ser desaparecido; elderecho al debido proceso legal; el derecho a laintimidad; el derecho a la libertad de opinión, ex-presión e información; el derecho a la libertad dereunión, asociación y libertad sindical; el derechoa votar; el derecho a ser elegido y el derecho aparticipar en los asuntos públicos, entre otros.Entre los derechos económicos, sociales y culturalesse consideran el derecho al trabajo; el derecho ala salud; el derecho a la educación; el derecho a laalimentación; el derecho a un nivel de vida ade-cuado; el derecho a la vivienda; el derecho

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a la cultura y el derecho a un medio ambientesano. Por último, entre los derechos colectivosse consideran el derecho a la libre determinación;el derecho al desarrollo; el derecho a las tierras,territorios y recursos naturales; el derecho a laconsulta; el derecho a la participación y al con-sentimiento previo, libre e informado; los derechosde las mujeres, y los derechos de los grupos ensituación de vulnerabilidad y discriminación.

Actualmente, para resguardar de maneraefectiva los derechos humanos es necesario queintervengan los gobiernos para que se adoptenlas medidas destinadas a crear las condiciones ylos marcos jurídicos para su ejercicio. Por lo anterior, una sociedad puede considerarse pro-tegida si su gobierno cumple a cabalidad con suresponsabilidad de salvaguardar los derechoshumanos.

La concepción más generalizada sobre laprotección de los derechos humanos se funda-menta en la vulneración de las libertades y elabuso de poder de las autoridades; es decir, enviolaciones a los derechos humanos de primerageneración. El Gobierno Estatal ha logrado im-portantes avances en esta materia, ya que la ma-yor parte de las recomendaciones de la Comisiónde Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) se ha centrado en hacer observacionessobre la falta de acceso a la impartición dejusticia. Asimismo, se cuenta con la figura de defensoría de derechos humanos en los municipiosde la entidad, lo cual constituye una plataformainnovadora a nivel nacional. Por ello, el GobiernoEstatal tiene como principal mecanismo paraevitar que se violen los derechos la prevención yla capacitación. Es necesario que los funcionariospúblicos conozcan a detalle sus atribuciones ysus límites, pues en muchos casos, con el afán de

cumplir con sus obligaciones, exceden las barrerasmorales y legales del servicio público. Esta situa-ción llega a agravarse en ocasiones porque laspersonas desconocen sus derechos; por ejemplo,la detención administrativa juvenil es una privaciónilegal de la libertad, que ni la policía ni los jóvenesconocen. Para los casos en que se han violadolos derechos humanos, es necesario que la CODHEM trabaje en coordinación con todas lasinstancias de gobierno para dar seguimiento aesos actos y, más específicamente, debe prestarespecial atención a todos los procesos del sistemade seguridad y justicia en colaboración con laSSC y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

En la última década se ha puesto énfasis enque deben cumplirse los derechos humanos desegunda generación. Prueba de ello es que unafracción significativa de las quejas presentadasante el CODHEM están relacionadas con la de-manda ciudadana de mejores servicios públicos.Un caso de especial relevancia son las quejascontra el sistema educativo estatal, pues no sehabía tramitado ninguna en la década de los noventa, pero en la del 2000 se presentaronmás de 500 al año. Éstas se concentraban enexigir la prestación y la calidad de los servicioseducativos. Precisamente, dos de las recomen-daciones emitidas por la CODHEM en el año 2011sugerían que se mejorara la atención de los ser-vicios, en este caso de salud. Al igual que en losderechos de primera generación, para evitar sutransgresión, la prevención es fundamental. Porun lado, es necesario que los empleados del Gobierno Estatal hagan conciencia sobre su papelcomo servidores públicos y, posteriormente, seles debe capacitar para que brinden un serviciode calidad.

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La amplitud de los ámbitos de acción de losderechos de tercera generación los hace más di-fíciles de proteger. Sin embargo, como el GobiernoEstatal debe brindarles el mismo grado de aten-ción, se debe tener claro que pueden transgredirsepor omitir tan sólo su atención. Los derechos detercera generación cuidan la igualdad de opor-tunidades y la discriminación de grupos sociales,como pueden ser las mujeres, los adultos mayores,los indígenas y los discapacitados. Como primerpaso para su protección se debe asegurar quelos grupos en situación de vulnerabilidad conozcana fondo sus derechos, que posteriormente loshagan valer y, de ser necesario, defiendan legalmente.

Asimismo, se ha venido desarrollando unacuarta generación de derechos humanos paraarmonizar las garantías atendiendo al procesode globalización y el desarrollo tecnológico en elque están inmersas las personas. En este sentido,la evolución de la sociedad civil requiere que elEjecutivo Estatal promueva bases mínimas deconvivencia, así como de integración multiculturalante un mundo altamente interconectado, quepermita que las comunidades se familiaricen conlos avances tecnológicos.

Cabe mencionar que la mayoría de los expe-dientes atendidos, tanto por la CODHEM comopor la Comisión Nacional de los Derechos Huma-nos (CNDH), corresponden a quejas sobre viola-ciones de derechos de primera generación. Enuna creciente proporción, pero aún menor, seencuentran los expedientes referidos a la falta ydeficiencia de los servicios públicos. Por último,las quejas relacionadas con la discriminación einequidad hacia grupos en situación de vulnera-bilidad son significativamente menores, debidoa la dificultad que se tiene para identificarlos adecuadamente.

Al respecto, la actuación del Ejecutivo Estatalen materia de derechos humanos debe darse encuatro niveles: (i) cultivar una conciencia socialrespecto a los derechos humanos, (ii) actuarconjuntamente con organizaciones civiles y fo-mentar la participación ciudadana, (iii) hacer par-tícipe al sistema judicial en los casos en que seviolen los derechos y (iv) mediar entre los actoresinvolucrados en la materia.

Cultivar una conciencia social debe ser laprimera herramienta del Gobierno Estatal paraprevenir las violaciones de los derechos humanos.Dicha conciencia debe crearse y fomentarse, tantoen la educación formal y capacitación para el tra-bajo, como por medio de campañas masivas quebrinden claridad a los ciudadanos sobre sus dere-chos, su protección y el respeto de los derechosde los demás. Lo anterior tendrá un efecto positivoen la reducción del número y el impacto de lasviolaciones a los derechos humanos, pues una so-ciedad educada y consciente es capaz de respetarlos derechos ajenos y hace valer los propios.

El Gobierno Estatal requiere de la participaciónde la sociedad civil y de todos los ciudadanospara vigilar el cumplimiento de los derechos hu-manos. La población y las organizaciones civilespueden ser aliados importantes, pues en estosgrupos participan personas con un nivel de com-promiso y conocimiento excepcionales. El Gobierno Estatal buscará aprovechar este acervode capital humano, mediante sinergias que propicienque la sociedad sea un interlocutor activo en la salvaguarda de los derechos humanos, que esta-blezcan acuerdos con la sociedad civil y que formenlos espacios de participación ciudadana.

En muchos casos, el origen de problemas relacionados con los derechos humanos se en-cuentra en el sistema de justicia, debido a la faltade capacitación, interés o ineficiencia de las au-

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toridades. Para evitar estas situaciones es nece-sario implementar una política de largo plazoque permita atender las demandas sociales, cas-tigar enérgicamente las violaciones de los dere-chos humanos y hacer valer las recomendacionesde los diversos organismos responsables devigilar su cumplimiento.

Finalmente, el Poder Ejecutivo Estatal debeparticipar como promotor y mediador de las re-laciones entre la sociedad civil, la CODHEM, elPoder Legislativo y el Poder Judicial estatales,estableciendo políticas públicas eficientes quegaranticen una efectiva gobernabilidad demo-crática, misma que demanda un sano equilibrioentre los Poderes del Estado, que se debe traduciren una estrecha coordinación y colaboración enreferencia a los derechos humanos.

Protección civil

Las condiciones geográficas, climáticas, orográ-ficas, así como la actividad volcánica y sísmica ala que se encuentra expuesto el país, ponen a supoblación en una situación vulnerable. En México,los daños causados por los desastres naturalesson mayores en términos relativos a los ocurridosen toda América Latina y el Caribe. El Estado deMéxico particularmente está expuesto a desastresdiversos y su vulnerabilidad es mayor por la con-centración poblacional de sus zonas urbanas.

Desafortunadamente, el país adolece de unacultura integral de protección civil. Esto se reflejaen la falta, total o parcial, de políticas clave como(i) medidas preventivas y de mitigación en laszonas vulnerables a desastres, (ii) sistemas dealerta temprana, (iii) falta de planeación urbanay de estudios sobre los usos de suelo y (iv) unaadministración eficiente de las cuencas hidro-

gráficas. Asimismo, la poca penetración del mer-cado de seguros que mitiguen los daños y protejana la población e infraestructura de los desastres,incrementa la exposición a sus efectos.

Al no tomarse medidas adecuadas en materiade protección civil, el impacto de los desastresse refleja en pérdidas humanas irreparables, asícomo en cuantiosos daños materiales. Por estarazón, una Sociedad Protegida requiere que laautoridad asuma su responsabilidad como garantede la seguridad de la población. En particular, el Gobierno Estatal plantea mecanismos y accionesque contribuyan a disminuir la exposición de sushabitantes tanto a los desastres naturales comoa los antropogénicos. Dichas acciones se formulana partir de un enfoque integral que considere las características más importantes de la problemática.

En este sentido, la política de proteccióncivil ante desastres naturales y antropogénicosdebe plantearse como uno de los objetivos pri-mordiales de una Sociedad Protegida. Para ma-terializar esta visión se debe partir de un enfoqueintegral que enfrente el problema desde dimen-siones diferentes: (i) la tipificación e identificaciónde los riesgos naturales y antropogénicos a losque está expuesto el territorio estatal; (ii) la pre-vención de desastres, que implica el desarrollode medidas de prevención de riesgo y acción, y(iii) el desarrollo de una capacidad de respuestadel Gobierno Estatal para que los costos econó-micos, sociales y humanos de un desastre seanlos menores.

Tipificación e identificación de riesgos

El primer paso de una política exitosa de pro-tección civil consiste en la tipificación e identifi-

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cación de los riesgos a los que se encuentra ex-puesto un territorio. En el caso del Estado deMéxico, las contingencias son de tipo geológico,meteorológico, así como riesgos antropogénicosy de salud pública. Asimismo, no se descarta laposibilidad de un evento de erupción volcánica,en cuyo caso, las áreas más vulnerables de estetipo de acontecimientos son las zonas urbanasdel Valle de México debido a su alta concentración demográfica.

Riesgos meteorológicos. Este tipo de riesgosson los que inciden de manera más recurrenteen la entidad y, por tanto, afectan a una mayorcantidad de personas. De acuerdo con la Comisióndel Agua del Estado de México (CAEM), en elaño 2010 las lluvias, inundaciones, granizadas ydeslaves afectaron a más de 73 mil personas,principalmente en los municipios de Chalco, Toluca, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma yTenancingo. Los riesgos meteorológicos suelenser particularmente graves en la Zona Orientedel Valle de México, donde la infraestructurasuele ser rebasada por la severidad de estos fenómenos y recurrentemente se observan inundaciones.

Mapa 8.3. Incidencia de Inundaciones y población afectada

por municipio en el Estado de México, 2010.

(número de sitios afectados, cada punto de color

corresponde a 50,000 habitantes)

Fuente: Elaboración propia con datos de la CAEM.

Sismos. El Estado de México se ubica en unazona altamente sísmica. Si bien los suelos dondese asientan los principales centros de poblaciónno amplifican las ondas sísmicas, como ocurreen el DF, la exposición a este fenómeno haceprimordial que se cuente con una política integralde prevención.

Erupción volcánica. Dada su ubicación geo-gráfica, uno de los riesgos al que está expuestala entidad es a una erupción volcánica. El volcánPopocatépetl se localiza en los límites de los es-tados de México, Puebla y Morelos, y al orientede la ZMVM. Debido a la concentración poblacionalde esta metrópolis, el riesgo en términos de

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.

0

1 - 3

4 - 7

8 - 16

17 - 26

Sitios afectados

Atlacomulco

Toluca

Ecatepec de Morelos

Naucalpan de JuárezTlalnepantla de Baz

Nezahualcóyotl

Valle de Bravo

vidas humanas y daños materiales es considerable.El Centro Nacional de Prevención de Desastres(CENAPRED) define como una zona de altoriesgo a la región que se ubica dentro de unradio de 15 km alrededor del cráter del volcán, donde habitan 34 mil mexiquenses aproximadamente.

Mapa 8.4. Zonas de riesgo asociadas al volcán

Popocatépetl en el Estado de México.

Fuente: Elaboración propia con datos de la CAEM.

La zona de riesgo medio, definida dentro deun radio de entre 15 y 60 km, comprende a 18municipios de la Zona Oriente de la entidad, conuna población de 2.5 millones de habitantes. Enesta zona se produce el 6% del PIB Estatal y seconcentra el 5% del capital físico. Finalmente, lazona de riesgo bajo, en un radio de entre 60 y90 km alrededor del cráter del volcán, afecta a45 municipios y a una población de 9.5 millones.

En esta zona se produce el 57% del PIB Estatal yse concentra el 52% del capital físico. Así, enmayor o menor medida hasta el 62% de los me-xiquenses es vulnerable a los efectos de unaerupción volcánica. Si bien los efectos de mayorimpacto tendrían lugar en la zona de alto riesgoen las inmediaciones del volcán, ante una erupciónsevera los efectos de la ceniza en la ZMVMpodrían ser considerables, afectando la infraes-tructura hidráulica, los sistemas viales e, incluso,la red de transmisión eléctrica.

Riesgos industriales. Las zonas Poniente yNororiente de los municipios conurbados delValle de México y de la ciudad de Toluca alberganuna industria dinámica. Destaca la industria quí-mica debido a que el 14% de la producción deeste sector a nivel nacional se lleva a cabo en laentidad. Asimismo, por las carreteras mexiquensestransitan vehículos que transportan materialespeligrosos. Los riesgos industriales y en particularlos riesgos químicos constituyen un factor quedebe considerarse en la política de proteccióncivil, ya que las zonas se encuentran densamentepobladas.

Riesgos sanitarios. El Estado de México esvulnerable a riesgos de carácter sanitario. La ex-periencia de la epidemia de influenza A(H1N1) enel año 2009, así lo refleja. Debido a la alta con-centración demográfica en las zonas urbanas,los riesgos de contagio ante una epidemia sonmayores que en regiones con menor densidadpoblacional. Por esta razón, una respuesta rápidapara enfrentar las amenazas debe ser un elementoprioritario en materia de protección civil.

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Volcán Popocatépetl

Zona de alto riesgo

Zona de riesgo medio

Zona de bajo riesgo

Prevención de desastres

La exposición a desastres naturales en la entidadse puede mitigar por medio de políticas de pre-vención que anticipen los fenómenos adversos.De esta manera se reduciría tanto la pérdida devidas humanas como el costo económico de losdesastres.

Una política efectiva en materia de prevenciónde desastres debe comenzar con la elaboraciónde estudios que identifiquen detalladamentetanto los riesgos naturales y antropogénicos,como el área de incidencia y su propensión deocurrencia. Para tal efecto, el Gobierno Estatalha elaborado un Atlas de Riesgos donde sedetalla este tipo de información. Sin embargo, elmanejo adecuado de los riesgos requiere unagestión de la prevención de desastres desde elnivel local. De acuerdo con la legislación estatal,los municipios tienen la obligación de elaborarsus Atlas de Riesgos. A la fecha, alrededor del70% de ellos ya cuenta con esta herramienta.Debido a su importancia, la actualización periódicade estos Atlas a nivel municipal debe ser una prioridad en materia de protección civil. El Gobierno Estatal fomentará la mejora de las fuen-tes de información a través del trabajo conjuntocon las autoridades del municipio.

Los Atlas de Riesgos deben convertirse enun elemento esencial para definir la política deuso y aprovechamiento de la tierra. En este sen-tido, la identificación de riesgos debe tomar encuenta la inversión en obras de infraestructuracivil, pues la hidráulica es la principal herramientapara enfrentar los desastres meteorológicos alos que está expuesta la población de los muni-cipios. En este sentido, deben entenderse las im-plicaciones que provocan este tipo de fenómenos

perturbadores, ya que el Gobierno Estatal deberárealizar inversiones estratégicas en ingenieríacivil para mitigar sus efectos.

Capacidad de respuesta

El objeto de la política de prevención es mitigarel impacto de los fenómenos perturbadores. Sinembargo, cuando éstos ocurren es responsabilidaddel Gobierno Estatal, en su papel de garante dela seguridad de su población, minimizar el costohumano y económico.

El órgano institucional responsable de la for-mulación de la política de protección civil en laentidad es la SSC, a través de su DirecciónGeneral de Protección Civil (DGPC). Este órganoserá el responsable de la coordinación de los esfuerzos. Sin embargo, a los municipios les corresponde la atención primaria de las emer-gencias y, en caso de ser rebasada su capacidad,el Gobierno Estatal participará en la atención dela población afectada.

En el ámbito municipal existe una subinversiónen los cuerpos de emergencia, la cual se reflejaen que los bomberos, incluso en los municipiosmás poblados, carezcan de equipo y capacitaciónadecuados. Asimismo, se requiere de una impor-tante coordinación de los cuerpos de emergenciacuando tengan que intervenir en eventos quepuedan extenderse hacia uno o más municipios.

Por tanto, la protección civil debe caracteri-zarse por acciones y estrategias coordinadas. Eneste sentido, el Gobierno Estatal habrá de ofrecersu colaboración para obtener mejores estándaresde atención a lo largo del territorio mexiquense.

1 54

Instrumentos de acción

Eficiencia operativa y de recursos

La eficiencia operativa y de uso de recursos esfundamental en la Administración Pública Estatal.Dicha característica tiene especial relevancia enmateria de seguridad y justicia, pues con su apli-cación es posible homologar los servicios quebrindan y evitar actos de corrupción y negligencia.Por esto, es necesario estandarizar y automatizarlos procesos operativos y protocolos de actuación,aprovechando en todo momento las tecnologíasde la información mediante personal capacitado,profesional y con actitud de servicio.

Procesos

Un número importante de actividades en materiade seguridad y justicia se llevan a cabo de maneramanual y, en ocasiones, sin que se siga protocolo

alguno. En general, se realizan actividades sus-tanciales sin apoyo tecnológico y sin mecanismosque generen certidumbre en la eficiencia y tiemposde ejecución. Por tanto, se requiere implementaruna política que estandarice, automatice, agilicey homologue los procesos, eliminando la discre-cionalidad de los servidores públicos. Es decir,se necesita elaborar una reingeniería integral delos procesos en materia de seguridad y justicia.

La reingeniería de procesos debe considerarla seguridad y justicia como un tema donde con-fluyen diversos niveles de gobierno y dependen-cias, con la finalidad de promover la coordinación,evitar duplicidades y fomentar la interconexióndel sistema. De la misma manera, la reingenieríadebe pretender no sólo la eficiencia operativa,sino también la generación de información ex-pedita y útil en materia de inteligencia. Para estose requiere que cada una de las actividades pro-duzca resultados claros y susceptibles de análisis.Hoy día no existen procedimientos administrativosexplícitos, formalmente autorizados y de aplicaciónobligatoria, que permitan determinar el nivel deeficiencia de cada unidad administrativa y cadaproceso. Es más, los que existen no están alineadosa un presupuesto. Por tanto, durante la presentegestión se implementarán indicadores claros yobjetivos que permitan comparar los resultadosque arrojen la reingeniería de procesos y los ob-jetivos planteados inicialmente.

Cabe mencionar que las instancias con inci-dencia directa en la seguridad y la justicia son laSSC, la PGJEM, y la Secretaría General de Gobierno(SGG) y, desde su competencia, el Poder JudicialEstatal. En resumen, una política de rediseño deprocesos que no contemple de manera integrala estos actores no producirá los efectos socialesdeseados. En referencia a lo anterior, se comentalo siguiente:

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El Gobierno Estatal está impulsando las trans-formaciones necesarias para garantizar atodos los mexiquenses su derecho a la se-

guridad y a la justicia. Con este propósito, seprestará especial atención al fortalecimiento delas instituciones encargadas de hacer cumplireste derecho. Dicha tarea se basará en el fomentode la eficiencia operativa y en el uso de recursosa partir de una moderna normatividad. Finalmente,se buscará acercar el trabajo de dichas institucionesa la ciudadanía, para que la población perciba supresencia y servicio. A continuación se describenlas herramientas que se utilizarán para garantizarel acceso a la seguridad y a la justicia.

Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esteorganismo requiere rediseñar los protocolos deprevención y actuación, que deben generar inte-ligencia enfocada hacia la prevención y disuasiónde actos ilegales, es decir, inteligencia operativay combate al delito.

Procuraduría General de Justicia del Estadode México. Esta entidad requiere establecer condetalle las directrices de investigación criminal yde conducción del MP, ante el SPPA, que permitagenerar inteligencia táctica, de manera que sepuedan realizar despliegues encaminados a ob-jetivos concretos.

Secretaría General de Gobierno. El papel deesta dependencia es preponderante en términosde la coordinación de las entidades mencionadas,pues con su apoyo podrán diseñarse protocolosy procesos integrales interinstitucionales que im-pacten significativamente en el ciclo delictivo.

Tecnología

El principal instrumento con que cuenta el Gobierno Estatal para implementar la estandari-zación y automatización de procesos es la tecno-logía. Si bien se han realizado esfuerzos relevantesen esta materia, es necesario que se dé por mediode la concentración de información e interconexiónde sus distintas fuentes para su posterior aprove-chamiento.

En primer lugar, es necesario que exista coor-dinación tecnológica. Actualmente se requierefortalecer la comunicación entre las plataformasexistentes, ya sean las correspondientes a laactual Administración Pública Estatal y las deotros niveles de gobierno. Un ejemplo de lo anterior es aprovechando la infraestructura de

video-vigilancia de los municipios. Asimismo, esnecesario emplear sistemáticamente los InformesPoliciales Homologados.

En segundo lugar, se requiere aprovechar lainformación obtenida, la cual no tendrá efectoalguno si no es analizada y empleada en términosde inteligencia. Prueba de ello son los serviciostelefónicos del 066 y 089, que cumplen con sufunción primaria y deben aprovecharse comofuente de información para la planeación de acciones. Finalmente, se necesitan ampliar lossistemas informáticos actuales, pues los cambiostecnológicos rebasan la capacidad de los que sedispone. Cabe mencionar el caso del Sistema deAdministración de Denuncias (SAD) de la PGJEM,que contiene información de utilidad para la de-pendencia, sin embargo, necesita fortalecerseen materia de registros automáticos de bases dedatos, almacenamiento de información multimedia,protocolos digitales de investigación, reporte au-tomático de estadística a las áreas federales,entre otros. Por otra parte, la Unidad de Inteli-gencia de la PGJEM funciona eficazmente encasos concretos, pero es necesario enriquecerlacon insumos de diversas fuentes de información.

Para ello, el Gobierno Estatal implementaráun sistema tecnológico de última generación,consistente en tres plataformas interrelacionadasy globales: la Plataforma de Seguridad, la Plata-forma de Justicia y la Plataforma Mexiquense.

Plataforma de Seguridad. Esta plataformaincluiría los Informes Policiales Homologados,tanto municipales, estatales y ministeriales; losservicios de carrera municipal y estatal; los controlesde confianza; el desarrollo de la policía estatal ymunicipal; los sistemas de video-vigilancia, personasdesaparecidas; el despliegue policial georreferen-

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ciado, las huellas balísticas, la georreferenciacióndelictiva, las biometrías, las voces, las llamadasde emergencia y denuncia anónima, entre otros.

Plataforma de Justicia. Esta plataforma con-centraría, entre otros, protocolos digitales pordelito, protocolos digitales individualizados, con-troles de confianza, alertas de desempeño, laadministración de cargas de trabajo, el segui-miento del servicio de carrera, información mul-timedia, la administración de diligencias, la co-municación electrónica con el Poder Judicial Estatal, el seguimiento de juicios de amparo,además de las agendas de trabajo y carpetas deinvestigación.

Plataforma Mexiquense. Este sistema seguirála línea que el Gobierno Federal ha establecidoen la Plataforma México, buscando integrar todaslas bases de datos relativas a la SSC, con el finde contar con todos los elementos de informaciónpara que se realicen las actividades de prevencióny combate al delito, mediante metodologías ysistemas homologados. Contendrá el SAD, la información criminal, datos sobre el personal deseguridad ciudadana, el registro de armamentoy equipo, así como información penitenciaria, registro de detenciones y otras bases de datosdisponibles.

Capital humano

El capital humano de las instituciones de seguridady justicia es uno de los determinantes más im-portantes de su capacidad operativa, por lo queuna transformación integral no podrá alcanzarsesin considerar un cambio en éste. El GobiernoEstatal tiene como objetivo que el personal acargo de la seguridad y la justicia adquiera lascompetencias necesarias para cumplir eficazmente

con sus funciones, en apego al perfil de su puesto.Asimismo, dicho personal debe caracterizarsepor servir a la sociedad con honradez, legalidad,profesionalismo, ética y pleno respeto a la dignidady los derechos humanos. Para lograr este objetivose deben superar los siguientes retos:

Certificación, capacitación y profesionalismo.El Estado de México necesita servidores públicoscapacitados que procedan con profesionalismo.En particular es necesario que el personal conozcaa detalle sus atribuciones y protocolos de actua-ción a la luz del SPPA. Asimismo, es necesarioque los servidores públicos estén certificados.De la misma manera, aún existe el reto de incre-mentar la escolaridad del personal.

Corrupción y malas prácticas. Existe la per-cepción de que los servidores públicos en lasáreas de seguridad y justicia están relacionadoscon malas prácticas y corrupción. Lo anterior espropiciado por la discrecionalidad en la toma dedecisiones y actuaciones, por la complejidad enprocedimientos, así como por la acusada debilidadde los órganos de vigilancia y fiscalización. Dichosfactores serán considerados como parte de lamodernización y automatización de los procesosde supervisión y vigilancia.

Insuficiencia de recursos humanos. Un tercerfactor que incide en la capacidad de acción delos servidores públicos en materia de seguridady justicia es la cantidad de personal y, por con-secuencia, la carga de trabajo. La escasez de re-cursos humanos impacta negativamente en laeficacia, así como en la prevención y persecucióndel delito, ya que se perjudica la imagen públicade las autoridades.

De manera particular, el número de personaly su capacitación adquieren un papel preponde-rante al considerar las necesidades para imple-

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mentar satisfactoriamente el Sistema Penal Acu-satorio y expandir el número de fiscalías espe-cializadas que demanda la procuración de justicia.Lo anterior se debe a que el SPPA requiere per-sonal con nuevas capacidades y habilidades. Porejemplo, aunque el nivel profesional de los MP seha incrementado, al implementarse el nuevo sis-tema se requerirá fortalecer la capacitación enmateria de proceso jurídico y en el sistema auto-matizado de denuncias. Asimismo, deben im-plantarse programas de capacitación en temasde impacto social y político, tales como la violenciade género y los derechos humanos, entre otros,además de certificar al personal en procesos demediación y conciliación.

Para aumentar el profesionalismo del personal,el Gobierno Estatal impulsará que los integrantesde las instituciones de seguridad ciudadana sesometan a evaluaciones periódicas de controlde confianza, como requisito de ingreso, perma-nencia y promoción. Se establecerán tambiénprogramas de profesionalización a través delInstituto Mexiquense de Seguridad y Justicia yde otras instituciones.

Se implementará un sistema de carrera pro-fesional que regule la planeación, reclutamiento,selección, capacitación inicial, ingreso, capacita-ción continua, evaluación, promoción, estímulos,separación o baja del personal de las institucionesde seguridad ciudadana. Dicho sistema debe es-tablecer un camino claro a seguir en materia dedesarrollo profesional. De esta manera, las insti-tuciones de seguridad y justicia atraerán cuadroscon mayor capacitación y actitud de servicio.

Por otra parte, se pretende que la seguridady la justicia sea un servicio público profesional,confiable, justo, eficiente, fundado en criterios

de calidad y oportunidad, y que sus miembrostengan un sentido de pertenencia y lealtad, peroademás, ánimo por mejorar y modernizar las instituciones, equipo y métodos que se utilizan.

Normatividad

Un marco normativo adecuado fomenta una actuación eficaz, expedita, pronta, imparcial yoportuna de la autoridad. Al respecto, el marconormativo en materia de seguridad y justicia hasufrido recientemente importantes transforma-ciones, tales como la expedición de la Ley de Seguridad del Estado de México, la creación dela SSC y del Instituto Mexiquense de Seguridad yJusticia, así como la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas del Delito y la Ley deExtinción de Dominio, entre otras. Sin embargo,aún falta trabajo en materia de adecuación de lanormatividad existente al SPPA, entre lo cualdestacan los derechos humanos y el controldifuso entre constitucionalidad y convencionali-dad, la normatividad secundaria, la consolidacióndel Sistema Penal Acusatorio y la tipificación deldelito de lavado de dinero. Asimismo, el GobiernoEstatal trabajará en estrecha relación con elPoder Legislativo Estatal en la actualización dela legislación secundaria que deriva de las reformasantes mencionadas.

Transformación de la participación y percepción ciudadana

La participación ciudadana, en su espectro decultura de denuncia y seguimiento del procesode justicia, será uno de los principales temas aimpulsar en materia de seguridad y justicia por

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el Gobierno Estatal. Como se mencionó anterior-mente, se estima que sólo 22% de las víctimasde algún delito lo denuncian, pues muchas loconsideran como una pérdida de tiempo, que nose logrará una adecuada procuración e imparticiónde justicia, que el proceso penal es difícil ytedioso y que, en suma, se desconfía de la auto-ridad. Esto demuestra que cualquier esfuerzodel Gobierno Estatal será insuficiente si no semodifica la percepción ciudadana respecto alproceso de seguridad y justicia, puesto que sindenuncias, ni ratificación y debido seguimiento,el delito queda impune.

Ante ello, el Gobierno Estatal está conscientede que la percepción ciudadana sobre estostemas es resultado de la opacidad del anteriorsistema penal, por lo que considera prioritarioque la población se familiarice con el SPPA y lasventajas que ofrece. Será labor del Gobierno Es-tatal informar a los mexiquenses sobre esta trans-formación y fomentar su implementación. Sinembargo, la actual Administración Pública Estatalactual sabe que dicha percepción sólo podrácambiar si el SPPA repercute en la vida diaria delas personas. Por tanto, ésta debe ser una de lasprioridades del Gobierno Estatal.

Debido a que el proceso de cambio en laprocuración de justicia y en el sistema de seguri-dad tiende a ser muy profundo y de alta enver-gadura, la comunicación de los cambios estruc-turales deberá ser un esfuerzo permanente delGobierno Estatal. De otra manera, los beneficiosque se esperan así como la transición ordenadaal SPPA serán menos eficientes y eficaces.

Objetivo 1. Fomentar la seguridad ciudadana y laprocuración de justicia.Las tareas de seguridad y justicia resultan de es-pecial atención para el Gobierno Estatal, ya quees una de sus responsabilidades eliminar las ame-nazas que socavan o suprimen los derechos opatrimonio de las personas. Para ello, debe sal-vaguardarse la integridad física, los derechos yel patrimonio de los mexiquenses en aras depreservar las libertades, el orden y la paz pública.La prioridad de la actual Administración PúblicaEstatal es la de articular políticas públicas quecontribuyan a la reducción de los índices de cri-minalidad, el aumento de las oportunidades y lacalidad de vida de la población, y el abatimientode la impunidad. Para cumplir con este objetivo,se han diseñado las siguientes estrategias:

(i) Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía;

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Objetivos y estrategias

El Gobierno Estatal se ha propuesto, comoparte de su visión, conformar una SociedadProtegida procurando un entorno de segu-

ridad y Estado de Derecho. Para lo anterior esnecesario prevenir el delito, combatir la delin-cuencia y evitar la corrupción en las institucionesde seguridad y justicia, por lo cual se han diseñadoobjetivos acordes con las circunstancias queatraviesa todo el país.

(ii) fortalecer la estructura y capacidad delas instituciones de seguridad y procuraciónde justicia;(iii) fortalecer las capacidades de los servi-dores públicos de las instituciones de segu-ridad y procuración de justicia; y, (iv) consolidar el nuevo sistema de justicia.

Objetivo 2. Utilizar la prevención como una herra-mienta para el combate a la delin-cuencia.La mejor manera de combatir a la delincuenciaes evitando la comisión de delitos. Para esto serequiere, de manera fundamental, una activa par-ticipación de la sociedad para que recupere laconfianza en sus autoridades por medio de unaestrecha coordinación entre los diferentes nivelesde gobierno y los tres Poderes. Para cumplir coneste objetivo, se han diseñado las siguientes estrategias:

(i) Combatir las causas del delito con pro-gramas de prevención;(ii) disuadir al delito; y, (iii) fortalecer la reinserción social.

Objetivo 3. Avanzar en el uso de tecnologías así como en los mecanismos de coordina-ción interinstitucional.El nuevo reto de seguridad hace necesario eluso de herramientas para alcanzar una seguridadefectiva de los mexiquenses. Por esto, el GobiernoEstatal se ha propuesto desarrollar plataformastecnológicas, así como mecanismos que facilitenla coordinación entre diversas fuerzas del ordene instancias para lograr sus objetivos en materia

de seguridad. Para cumplir con este objetivo, sehan diseñado las siguientes estrategias:

(i) Detonar el uso de tecnologías; e,(ii) impulsar eficaces mecanismos de coordi-nación.

Objetivo 4. Mantener una sociedad protegida anteriesgos.La protección civil es fundamental para alcanzaruna Sociedad Protegida plena en cualquier so-ciedad moderna. Para lo anterior, se requiere difundir una cultura de prevención y planeaciónpara evitar desastres, además de contar con losmedios suficientes para atender cualquier con-tingencia en caso de ocurrir. Con la finalidad decumplir con este objetivo, la principal estrategiaen esta materia consiste en:

(i) Avanzar hacia un sistema integral de protección civil.

Indicadores24

En materia de seguridad, el Gobierno Estatal haestablecido indicadores generales que ayudan amedir el desempeño de las acciones guberna-mentales para propiciar un impacto positivo enla población. Para el caso particular de la seguridady procuración de justicia, se cuenta con una grandiversidad de indicadores respecto al número ycomposición de las fuerzas del orden, el equipa-miento de la fuerza policial y su capacidad deejecución y desempeño.

Al igual que en las estrategias en materia dedesarrollo social y económico, el Gobierno Estatalplasmará a través de sus Programas Sectorialesy operativos, las metas que desea alcanzar. Sin

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24. En los Programas Sectoriales correspondientes se habrán de establecer los niveles objetivos de dichos indicadores, ya sean puntuales, de rango o brecha,respecto al nivel nacional.

embargo, debido a razones de seguridad de lapoblación, algunos de estos indicadores deberánmantenerse reservados. A continuación se pre-senta una selección de indicadores públicos a

través de los cuales el Gobierno Estatal puedeevaluar el desempeño de sus políticas para alcanzar una Sociedad Protegida.

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Cuadro 8.1. Principales indicadores de seguimiento de la política referente a una Sociedad Protegida.

Indicador Fuente de datos inicial

Porcentaje de víctimas de delitos que denunciaron el hecho ICESI (ENSI)

Porcentaje de personas mayores de edad que se sienten inseguros ICESI (ENSI)

Porcentaje de sobrepoblación en los centros preventivos y de readaptación social SSC

Incidencia delictiva (delitos por cada 100,000 habitantes) ICESI (ENSI)

Denuncias de alto impacto por cada 100,000 habitantes PGJEM

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Líneas de acción de una Sociedad Protegida

Objetivo 1. Fomentar la seguridad ciudadanay la procuración de justicia.

1.1. Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía.

Atender a las víctimas con calidad y calidez y mayor cercanía.

Fortalecer la atención a víctimas por medio del Instituto de la Defensoría Especializadapara Víctimas y Ofendidos del Delito.Crear el Secretariado Ejecutivo de la Se-cretaría General de Gobierno.Fortalecer el Instituto de Atención a las Víctimas del Delito con un equipo de pro-fesionistas multidisciplinarios.Establecer políticas para dar un mejor

trato al denunciante, que incluya medidoresde desempeño y de calidad.Fortalecer el respeto, la protección, la

promoción y la garantía de los derechoshumanos.Fortalecer la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia delEstado de México.Implementar políticas interinstitucionales que garanticen la protección de los dere-chos humanos.Fortalecer la defensoría pública para asegurar una igualdad de justicia a todoslos mexiquenses.Dar cumplimiento y seguimiento a los con-venios internacionales en materia de de-rechos humanos.

Crear la Unidad de Derechos Humanos dependiente del Ejecutivo Estatal, queapoye a la promoción, protección, defensay establecimiento de políticas públicas enmateria de derechos humanos bajo están-dares internacionales.Promover la participación ciudadana.Fortalecer la participación ciudadana para supervisar la correcta ejecución de obraspúblicas, así como involucrar a la sociedadcivil en la vigilancia de los órganos de policía.Edificar alianzas entre la policía y la ciuda-danía, integrando proyectos comunitariosproactivos y actividades sobre la preven-ción social del delito.Cambiar el paradigma de un enfoque de seguridad pública a uno de seguridad ciu-dadana, centrado en la construcción cooperativa de seguridad entre el gobiernoy la ciudadanía en un contexto de demo-cracia, donde el ser humano constituya elobjetivo central de las políticas públicasde seguridad y prevención.Fomentar la cultura de la denuncia y la co-laboración de la ciudadanía en el procesode investigación.Mejorar los mecanismos de denuncia para facilitar su presentación a través de medios electrónicos, telefónicos o módulos exprés.Involucrar a la sociedad civil en la supervisiónde los órganos de policía.Dar a conocer y fomentar el uso de los nuevos instrumentos de justicia entre lapoblación, así como el cambio estructuralen la procuración de justicia.

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1.2. Fortalecer la estructura y capaci-dades de las instituciones de segu-ridad y procuración de justicia.

Crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con una estructura orgánica ade-cuada para cumplir de manera eficientecon los objetivos en materia de seguridad.Fortalecer a la policía cibernética para que combata el bullying en los medios electrónicos.Crear la Policía Comunitaria y la Policía del Transporte con instrumentos de videovi-gilancia y acciones de prevención del delitopara reducir los asaltos en la calle, en lascasas y en el transporte.

Crear la Coordinación para Prevenir y Aten-der la Violencia y el Acoso Escolar con elfin de que reciba e investigue las denunciasde bullying en las escuelas.Crear Unidades Policiales Especializadas para la Atención de la Ciudadanía.Crear Unidades Especializadas para cumplir de manera eficiente con los objetivos enmateria de justicia.

Crear Fiscalías Especializadas para cumplir de manera eficiente con los objetivos enmateria de justicia.Crear Centros de Operación Estratégica (COE) para cumplir de manera eficientecon los objetivos en materia de justicia.

1.3. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos de las institu-ciones de seguridad y procuraciónde justicia.

Incrementar los recursos de la seguri-dad pública y la procuración de justicia encapacitación, tecnología, mejores salariosy prevención.

Impulsar la formación de una nueva policía con carrera universitaria.Crear la Licenciatura en Seguridad Pública o su equivalente técnico.

Crear el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia para la formación profesional yla capacitación del personal, además de lapromoción de la prevención del delito.Orientar la formación, la capacitación y el desarrollo del personal a cargo de la se-guridad y procuración de justicia.Consolidar el Sistema Procesal Penal Acusatorio (SPPA), mediante la implanta-ción de un modelo de profesionalización,capacitación y certificación de competen-cias para el personal a cargo de la seguridady la procuración de justicia.Implantar un sistema de gestión de recursos humanos en la procuración de justicia queatienda cargas de trabajo, evaluación depuestos, calificación de méritos, desarrollo,promociones y transferencias.Profesionalizar a los servidores públicos mediante la detección de necesidades decapacitación y la aplicación de planes yprogramas de formación y adiestramiento,considerando el perfil del personal a cargo de la seguridad y la procuración dejusticia.Impulsar la implementación de la carrera técnica policial con validez oficial.Verificar la estricta aplicación de las evaluaciones de control de confianza delpersonal a cargo de la seguridad y la pro-curación de justicia.Incorporar a la normatividad que regula la actuación ministerial, un Reglamento delServicio de la Carrera de Procuración deJusticia.

Dignificar la función policial a partir del impulso gradual del Servicio Profesionalde Carrera en la Secretaría de SeguridadCiudadana.Impulsar la formación de una nueva policía con preparación superior, a efecto de con-solidar el concepto de desarrollo policialestablecido en la Ley de Seguridad del Estado de México.

1.4. Consolidar el nuevo sistema de justicia.Fortalecer el sistema de juicios orales.Implementar medios alternativos de resolución de conflictos.Instalar unidades de mediación y conciliación con una cobertura regional.Promover entre la ciudadanía el uso de medios alternativos para la resolución deconflictos.Avanzar en la actualización de procedi-mientos y adecuación normativa.Impulsar la creación de los protocolos de investigación para los delitos de alto im-pacto, particularmente la trata de personas,los homicidios y el secuestro.Impulsar la reforma legal a la Ley Orgánica de la Procuraduría Estatal y al Código deProcedimientos Penales para el Estado de México, que permita crear las Unidadesde Mediación y Conciliación en el ámbitomunicipal.Regular las técnicas especiales de investi-gación (operaciones encubiertas, entregasvigiladas, recompensas, entre otros).Impulsar la Ley de Extinción de Dominio y crear la Unidad de Inteligencia Financieray Patrimonial.Desarrollar los protocolos de cadena de custodia y procesamiento de la escena delcrimen para policías ministeriales.Definir las competencias para la investiga-ción y persecución de los delitos de nar-comenudeo.

Revisar la actualización y la homologación del Código de Procedimientos Penales, losreglamentos, los protocolos de operacióny los manuales de organización y procedi-mientos.Establecer una reingeniería de procesos que considere la modernización, el cambiode imagen institucional y el equipamientode las instalaciones de las Agencias delMP y de los Centros de Justicia.Diseñar políticas sociales, urbanas y de control, orientadas a proteger al ciudadanocon énfasis en la prevención.Impulsar una reclasificación de los tipos penales.Promover la revisión y adecuación del marco jurídico de los Centros Preventivosde Readaptación Social, para establecercon claridad los procedimientos de opera-ción y vigilar su debido cumplimiento.Incorporar los principios del sistema acu-satorio a las materias civil y mercantil.Fortalecer la figura de la defensoría jurídica pública y gratuita.Fortalecer la defensoría pública para ase-gurar la igualdad de justicia para todos los mexiquenses.Incrementar el número de defensores públicos a fin de tener presencia en cadauna de las adscripciones del Poder JudicialEstatal y de la Procuraduría General deJusticia del Estado de México.Capacitar continuamente a los defensores públicos, actualizando sus conocimientosen las reformas legales de las diferentesmaterias jurídicas.Dotar de infraestructura tecnológica y capacitación contínua a los defensores públicos adscritos al SPPA y demás ads-cripciones judiciales.Ampliar el Programa Itinerante y Especia-lizado en Atención a Indígenas y GruposVulnerables.

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Defender jurídicamente en materia penal a toda persona que lo solicite mediante elnombramiento de una autoridad ministerialjudicial.Desarrollar el servicio profesional de carrera del Instituto de la Defensoría Pública(IDP).Establecer mecanismos de coordinación entre la defensoría pública y la PGJEMpara atender permanentemente las Agen-cias del MP de la entidad.Difundir continuamente los servicios que presta la defensoría pública para mejorarsus alcances y competencias.

Objetivo 2. Utilizar la prevención como una herramienta para el combate a ladelincuencia.

2.1. Combatir las causas del delito con programas de prevención.

Fortalecer la prevención contra las adicciones desarrollando Centros de Aten-ción Primaria a las Adiciones (CAPAS).Fortalecer la prevención contra las adicciones.Fortalecer el Programa Escuela Segura, procurando hacer uso de tecnologías mo-dernas para la prevención y atención delbullying.Fomentar la seguridad en torno a las escuelas, a centros de trabajo y a centroscomerciales.Fortalecer el Programa Bienvenido Paisano Mexiquense y Hermanos Migrantes, parabrindar protección a los migrantes que visitan la entidad.Atender como prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad.Orientar programas sociales hacia grupos en situación de vulnerabilidad y hacia laprevención del delito.Integrar un catálogo de los centros de atención a las adicciones en cooperacióncon la Secretaría de Salud del Estado deMéxico (SSEM), para regular sus procesosy apoyar técnicamente el tratamiento yreinserción social de las personas.Fortalecer los comités escolares confor-mados por autoridades, maestros y padresde familia.

Analizar los procedimientos empleados en los operativos de seguridad escolar enplanteles educativos y las principales rutasque dirijan a los centros escolares.Instrumentar diversos operativos en puntos fijos orientados a atender zonas bancarias,industriales, comerciales y habitacionalesen toda la entidad, cuyo objetivo es salva-guardar la integridad física y patrimonialde los trabajadores y empleados que reci-ben prestaciones económicas.Difundir en medios de comunicación masiva, trípticos, folletos, redes sociales, páginasweb y conferencias dirigidas a la sociedaden general, con las recomendaciones sobrecómo prevenir el delito, así como los cam-bios fundamentales en el manejo de laprocuración de justicia.Participar con la Secretaría de Educación Estatal (SEEM) y demás instituciones for-mativas para que se implementen asigna-turas que fomenten los valores y la educa-ción contra la violencia, desarrollando campañas de difusión para que se puedaprever, actuar y denunciar un delito. Ejer-citar acciones con la participación de lostres órdenes de gobierno y OrganismosNo Gubernamentales (ONG) para la difusiónde los programas con los que cuenta elEstado de México en la prevención de lasadicciones, la atención a víctimas del delitoy los delitos de género, entre otros.Transformar y revitalizar los espacios públicos y las relaciones sociales para aten-der el desarrollo comunitario.

2.2. Disuadir al delito.Lograr una mayor cobertura de la presencia policial en el territorio estatal.Combatir las prácticas irregulares al interior de los cuerpos policiacos.

Abatir la impunidad por medio del fortale-cimiento del Estado de Derecho.Utilizar la inteligencia operativa como unaherramienta proactiva contra el delito.Ampliar la videovigilancia a nivel estatal de manera coordinada con los municipiosy generar inteligencia operativa.

2.3. Fortalecer la reinserción social.Gestionar la puesta en operación de nuevos centros penitenciarios.Establecer políticas para la optimización del uso de la infraestructura penitenciariay de reintegración social existente, paralograr una reinserción social adecuada.Diseñar y proponer mecanismos de cumplimiento de penas alternativas.Fortalecer las preceptorías juveniles regio-nales y la escuela de reintegración, por sermecanismos efectivos de reinserción deadolescentes y adultos jóvenes.Orientar la reinserción social hacia una política de prevención activa del delito.Establecer estrategias que favorezcan la readaptación integral de los internos, rea-lizando acciones dirigidas hacia sus familiasy promoviendo su participación en el mer-cado laboral.Impulsar programas de rehabilitación de internos farmacodependientes.Impulsar el programa de reinserción social acorde al perfil criminológico, a través delfortalecimiento del seguimiento post-institucional.Rediseñar modelos integrales psicotera-péuticos, asistenciales, sociales, educa-tivos y de laborterapia para la población penitenciaria.Impulsar políticas de despresurización pe-nitenciaria a través de mecanismos jurídicospara el externamiento anticipado de la po-blación ejecutoriada.

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Fortalecer la infraestructura y la seguridad penitenciarias.Profesionalizar al personal de seguridad y custodia de los centros penitenciarios.

Objetivo 3. Avanzar en el uso de tecnologíasasí como en los mecanismos decoordinación interinstitucional.

3.1. Detonar el uso de la tecnología.Impulsar el combate a la extorsión telefónica con mejor tecnología, facilitando la denun-cia mediante una iniciativa de Ley.Establecer un programa de desarrollo de tecnologías de la información a medianoplazo, que permita enlazarse con la red detelecomunicaciones, cambiar la conectividada estructuras sincronizadas, crear un centrode acopio y administración de bases de da-tos, implantar un software especializadopara la investigación del delito, equipos móviles para la investigación en campo, fo-rense y pericial, además de actualizar y darmantenimiento a equipos y software.Crear enlaces en cada una de las fiscalías para proveer y recopilar información deforma inmediata, que permita agilizar yfortalecer los trabajos de investigación.Integrar las bases de datos en materia de seguridad para realizar actividades de pre-vención y combate al delito (PlataformaMexiquense).Implementar tecnologías de información y comunicación a través de sistemas y pro-cedimientos homologados que definan lí-neas de acción y mejoren las funciones delas unidades administrativas.

3.2. Impulsar eficaces mecanismos de coordinación.Promover la normatividad para que, me-diante convenios, se pueda unificar el man-do de policía estatal y municipal en aquellosmunicipios que así lo requieran.

Mantener junto con las autoridades muni-cipales, contacto con centros nocturnosde diversión para actuar de manera con-junta en la prevención de accidentes y laventa de estupefacientes.Impulsar, en coordinación con los munici-pios, una mayor seguridad en los principalescentros de cobro de remesas.Avanzar, en coordinación con la Federación, en la identificación de la conformación delcrimen organizado: número de grupos ymiembros, nivel de preparación, equipa-miento, organización, vinculación y rivalidadentre ellos.Cumplir los compromisos adquiridos en la Conferencia Nacional de Procuradores deJusticia, los acuerdos de la ConferenciaNacional de Gobernadores (CONAGO) ylos compromisos del Sistema Nacional deSeguridad (SNS).Establecer convenios interinstitucionales a efecto de incorporar procesos automati-zados de otras dependencias en la Procu-raduría General de Justicia del Estado deMéxico.Establecer programas regionales de aten-ción al delito, focalizando las necesidadesmás apremiantes.Colaborar con las entidades federativas enla atención y persecución del delito.

Objetivo 4. Mantener una sociedad protegidaante riesgos.

4.1. Avanzar hacia un sistema integral de protección civil.

Gestionar recursos ante la Federación para la construcción de colectores y plantas debombeo en diversas comunidades y asíatender los problemas de inundación ycontaminación en municipios vulnerables.Apoyar la gestión para el reforzamiento estructural del embovedamiento del RíoVerdiguel y la construcción de un colectorde alivio en una primer etapa en el Vallede Toluca.Gestionar recursos ante el Gobierno Federal para la construcción del Emisor PonienteII en la Zona Poniente del Valle de México, para su ejecución por parte de la Federación.Fomentar la cultura de la protección civil entre la ciudadanía, el sector privado y elgobierno, por medio del diseño de pro-gramas de capacitación.Coadyuvar la elaboración y actualización de los Atlas Municipales y Estatales deRiesgos, para elaborar Planes Integralesde prevención de desastres.Dar un énfasis renovado a los riesgos de erupción volcánica e incendios forestales,así como en sus consecuencias.Promover y fortalecer la integración de los Consejos Municipales y Unidades Internasde Protección Civil actualizando la norma-tividad al respecto.

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Contar con tecnología, equipo e infraes-tructura de punta para la prevención y auxilio de la población.Llevar a cabo convenios con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, para laatención de situaciones de emergenciaque pongan en riesgo a la población.Implementar la planeación en materia de protección civil para prevenir de maneraintegral las tareas de auxilio a los damnifi-cados.Reforzar el sistema de alerta y coordinación para la atención de emergencias por inundaciones.Contar con una estrategia efectiva para la atención de los riesgos sanitarios.Establecer un programa de obras y acciones para disminuir los riesgos ocasionados porlas inundaciones.

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Gobierno Municipalista

Financiamiento para el Desarrollo

Gobierno de Resultados

Objetivo 1.

Consolidarse como un Gobierno

Municipalista.

> E J E S T R A N S V E R S A L E S >

Objetivo 2.

Establecer una Gestión Guberna-

mental que genere resultados.

Objetivo 3.

Alcanzar un financiamiento para el desarrollo.