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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA GUATEMALA EN LA PERSPECTIVA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL ESQUIPULAS II TESIS Al ser Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala POR KARLA EMELINA RODRÍGUEZ MEYER Al Conferírsele el Grado Académico de LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES Y el Título Profesional de INTERNACIONALISTA Guatemala, junio 2002

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA

GUATEMALA EN LA PERSPECTIVA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CUMBRE

PRESIDENCIAL ESQUIPULAS II

TESIS

Al ser Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala

POR

KARLA EMELINA RODRÍGUEZ MEYER

Al Conferírsele el Grado Académico de

LICENCIADA EN RELACIONES INTERNACIONALES

Y el Título Profesional de

INTERNACIONALISTA

Guatemala, junio 2002

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

RECTOR MAGNÍFICO Dr. (MV) Luis Alfonso Leal Monterroso

SECRETARIO GENERAL

Dr. Mynor Cordón y Cordón

CONSEJO DIRECTIVO DE LA ESCUELA DE CIENCIA POLÍTICA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DIRECTOR: Lic. Vinicio González González VOCAL I: Lic. Juan Fernando Molina Meza VOCAL II: Lic. Oscar Rodolfo Gomar VOCAL III: Br. Walter Giovanni Chacón VOCAL IV: Br. Edwin Jahir Dabroy VOCAL V: Br. Herminia Díaz Tacén SECRETARIO: Lic. Byron Guillermo Castillo Paz

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN GENERAL DE GRADO

(EXAMEN PRIVADO TÉCNICO PROFESIONAL)

EXAMINADOR: Dr. Luis Alberto Padilla EXAMINADOR: Lic. Héctor Rolando Palomo González EXAMINADOR: Lic. Aquiles Linares EXAMINADOR: Dr. Carlos Larios Ochaita EXAMINADOR: Lic. Miguel Ángel Barrios

TRIBUNAL QUE PRACTICÓ EL EXAMEN PÚBLICO DE TESIS

EXAMINADOR: Lic. Vinicio González González EXAMINADOR: Lic. Byron Guillermo Castillo Paz EXAMINADOR: Licda. Verónica Aguirre Arévalo EXAMINADOR: Lic. Rubén Corado Cartagena EXAMINADOR: Lic. José Gilberto Cortez Chacón Nota

: Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis. (Artículo 74 del reglamento de Evaluación y promoción de Estudios de la Escuela de Ciencia Política).).

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Í N D I C E

página

INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 01 I. ANTECEDENTES ............................................................................................ 03 1. Antecedentes de la crisis regional.................................................................... 04 2. Centro América en el marco de la crisis mundial............................................. 06 II. INICIATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LA CRISIS CENTROAMERICANA 1. El Grupo Contadora......................................................................................... 09 2. El Proceso de San José.................................................................................. 10 III. EL PROCESO DE ESQUIPULAS 1. Primera Conferencia Cumbre de Presidentes de Centro América 1.1. Convocatoria.................................................................................................. 13 1.2. La Conferencia “Esquipulas I”........................................................................ 14 1.2.1. Los primeros acuerdos de Esquipulas........................................................ 16 2. Propuesta de Contadora................................................................................... 17 3. Propuesta: Una hora para la paz.................................................................... 19 4. El proceso de “Esquipulas II”............................................................................ 21 4.1. Objetivos y Contenido.................................................................................... 21 4.2. Efectos del Plan de Paz................................................................................. 23 IV. GUATEMALA EN LA PERSPECTIVA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL ESQUIPULAS II 1. Inicio de las negociaciones entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG.................................. 26

2. Del Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos al Acuerdo de Paz firme y duradera

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2.1. El Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos........................................ 34 2.1.1. Los Compromisos Asumidos...................................................................... 35 2.2. La Verificación del Cumplimiento del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos......................................................... 41 2.3. La Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera.............................................. 43 V. AVANCES POSTERIORES A LA FIRMA DE LA PAZ 1. El proceso de Reformas Constitucionales....................................................... 46 2. Niveles de participación en la formulación de las Reformas Constitucionales...................................................................... 47 3. Los obstáculos a las Reformas Constitucionales............................................ 49 4. Tendencias del voto en la Consulta Popular................................................... 51 5. Contenido de las Reformas Constitucionales................................................. 53 6. Resultados de la Consulta Popular................................................................ 56 VI. EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y LAS PERSPECTIVAS PARA GUATEMALA..................................................... 58 1. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1 de julio 2000 – 31 de marzo 2001)................................................ 59 2. Los expertos opinan sobre el avance, rezagamiento y visualización de los Compromisos adquiridos en Esquipulas II Y los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en diciembre de 1996................................................................... 73 2.1. Los Compromisos cumplidos y los rezagados de Esquipulas II......................................................................... 74 2.2. Impedimento en el avance del cumplimiento de los Compromisos..................................................................... 75 2.3. Visualización de los Compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 en Guatemala....................... 77 VII. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES.................................. 79 BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………................. 85

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I N T R O D U C C I Ó N

El enfrentamiento armado en Guatemala se inició en la década de los

años sesenta y entre las causas principales se puede considerar el cierre de

los espacios políticos y de participación provocado por los gobiernos

anticomunistas después de haber derrocado al segundo gobierno después de

la revolución del 44 presidido por Jacobo Arbenz Guzmán. Este movimiento

guerrillero tuvo entre sus principales fundadores a ex - oficiales del Ejército de

Guatemala.

En 1982 después de casi veinte años de enfrentamiento armado, el

gobierno del general Efraín Ríos Montt hace un primer intento por parte del

gobierno militar para tratar de encontrar una salida negociada la cual es

rechazada por la guerrilla. En 1983, se desarrolla un esfuerzo internacional,

por parte de un grupo de países quienes conformaron el Grupo de Contadora

para ayudar a buscar la pacificación y la reconciliación de Centroamérica.

Entre 1986 y 1987, los Presidentes de Centro América manifestaron su

voluntad política de buscar una salida negociada al conflicto, mediante una

serie de cumbres presidenciales cuyo máximo logro fue la suscripción de los

acuerdos Esquipulas I y Esquipulas II, en los cuales se establecieron

mecanismos para alcanzar la pacificación y reconciliación del área por medios

políticos.

En 1991, el Gobierno de Guatemala decidió llegar a la mesa de

negociaciones con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca – URNG –

estableciéndose una agenda temática consensuada entre las partes, como

resultado de la moderación del presidente de la Comisión Nacional de

Reconciliación – CNR – contando con la Organización de Naciones Unidas

como observador. Esta negociación duró casi seis años, en la que se discutió

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una agenda que contenía básicamente once temas los cuales se podían dividir

en dos grupos,

a) los temas sustantivos, relacionados con la problemática de fondo del

país

b) los temas operativos, relacionados con la desactivación del

enfrentamiento y la incorporación a la vida normal de los grupos alzados.

Finalmente, después de cinco años de negociaciones, de dos cambios de

gobierno y de modificaciones en los procedimientos de negociación se firmó el

Acuerdo de Paz Firme y Duradera en diciembre de 1996.

La presente tesis presenta toda la historia y un análisis de la aplicación los

compromisos adquiridos en Esquipulas II en Guatemala. Para lograr esto se

ha distribuido la información en seis capítulos. El capítulo uno trata sobre los

antecedentes históricos de la crisis centroamericana. En el capítulo dos se

describen todos los intentos mediante iniciativas de diferentes países para dar

solución a la crisis centroamericana. El capítulo tres hace referencia en detalle

de las reuniones presidenciales cumbre de Esquipulas I y Esquipulas II. En el

capítulo cuatro se tratan los inicios de las negociaciones entre las partes en

conflicto en Guatemala, Gobierno y URNG, se habla del trayecto entre el

Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos y la firme del Acuerdo de Paz

Firme y Duradera en 1996. El capítulo cinco permite ver los avances de los

compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo de Paz con el proceso de

Reformas Constitucionales, tratándose básicamente la Consulta Popular la cual

fue convocada en 1999. En el capítulo seis se presenta el informe de

MINUGUA del 1 de julio 2000 – 31 de marzo 2001 además de la entrevista que

se le hace a expertos guatemaltecos en este asunto y quienes han participado

en este proceso de diferentes formas. Finalmente, aparece se presentan las

conclusiones y consideraciones finales que se llegó en la presente

investigación.

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I. ANTECEDENTES

Los compromisos asumidos por los Presidentes Centroamericanos, en

su Reunión Cumbre “Esquipulas II”, se inscriben en un proceso de alcance

regional que se puede apreciar en dos vertientes.

Por una parte, el aspecto político-institucional que, debido a la crisis,

carecía de viabilidad entre Gobiernos que confrontaban situaciones delicadas

al interior de sus respectivos países y respecto a sus vecinos.

Por otra parte, los fenómenos económicos y sociales que constituían la

parte más aguda de la crisis regional, incrementada por una crisis económica y

financiera de carácter internacional.

En la parte Político-Institucional, de todos es conocido que, a raíz de

divergencias político-ideológicas entre los Gobiernos del área, los países

llegaron a confrontaciones serias que impidieron el mantenimiento de un

sistema adecuado de comunicaciones entre los gobernantes, lo cual se

agudizó debido a los conflictos armados internos que padecían algunos de

ellos y, primordialmente, a la llegada al poder en Nicaragua de los Sandinistas

en 1979.

En la vertiente de los fenómenos económicos y sociales, la situación se

hacía casi insostenible debido al conflicto armado interno que afectaba el

proceso productivo y la estabilidad y seguridad, con sus consecuencias de

desconfianza para los inversionistas e incluso para el turismo que se ausentó

casi por completo en países como Guatemala y Nicaragua en los últimos años

de las Décadas de los 70`s y principios de los 80`s. Esos dos aspectos, se

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conjugaron de diversas maneras en el desarrollo de la crisis regional

centroamericana.

1. Antecedentes de la crisis regional

Los Países Centroamericanos iniciaron un proceso de integración

política y económica después del comienzo de la “Guerra Fría”, al constituir en

1951 la Organización de Estados Centroamericanos - ODECA - sustentada

por la Carta de San Salvador.

Dicho Instrumento fue reformado en 1962 y sustituido por la Carta de

Panamá y permitió mantener un sistema político institucional basado en un

orden jerárquico que encabezaba la Conferencia de Jefes de Estado y que

contaba con la Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores, un Consejo

Legislativo, un Consejo Ejecutivo, un Consejo Económico Centroamericano y

otros órganos de nivel ministerial. Además, se respaldaba en el

funcionamiento de una Corte Centroamericana de Justicia, creada con

anterioridad y en un Consejo de Defensa Centroamericano.

Sin embargo, la reconstrucción de la ODEGA no alcanzó sus objetivos

por falta de apoyo e interés de los Gobiernos, cuyas reuniones se tornaron

ocasionales y dieron como resultado que el Organismo se volviera

completamente inoperante.

En el plano de la integración económica, no obstante, la situación se

desarrolló de otra manera. Efectivamente, bajo los auspicios de la

Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión Económica

para América Latina y el Caribe – CEPAL - y el Consejo Económico y Social –

ECOSOC-, se creó el Comité de Cooperación Económica de los Países del

Istmo Centroamericano, en agosto de 1952, con lo cual se puso en marcha el

desarrollo económico de Centro América.

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Como resultado de un trabajo sostenido en esa materia, en 1958 se

suscribieron el Tratado Multilateral de Libre Comercio e Integración Económica

y el Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de

Integración, así como el Convenio para la Equiparación de los Aranceles de

Importación que entró en vigor en 1960.

El libre comercio abrió las puertas de una nueva fase en este proceso

regional de integración, todo lo cual se fortaleció al suscribirse, el 13 de

diciembre de 1960, en Managua, Nicaragua, el Tratado General de Integración

económica Centroamericana, instrumento jurídico que constituye la base de la

Integración Económica que prevaleció durante la época de crisis política que

permitió a Centro América, desarrollar un parque industrial de regulares

dimensiones, especialmente dedicado a la sustitución de importaciones, así

como mecanismos y normas de libre intercambio comercial y de desarrollo

económico y social.

Paralelamente a ese proceso se creó un Banco Centroamericano de

Integración Económica, un Consejo Monetario y otras Instituciones

Especializadas.

Al amparo de una crisis política surgida entre Honduras y El Salvador, en

1969, se produjo una fisura en el sistema de integración económica, ya que

Honduras se retiró del Tratado y sus relaciones de intercambio con los

restantes países se rigió por los Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio. Esta

situación prevaleció hasta 1991, cuando Honduras se reincorporó al Tratado

General mediante la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa que reestructura

el Sistema de Integración Centroamericana – SICA -1

El escenario descrito constituye la realidad centroamericana de la primera

parte de la Década de los 70`s y alrededor de él se consolida un crecimiento

relativo de toda la región y un desarrollo económico sostenido.

1 Protocolo de Tegucigalpa. Instrumento de reformas a la Carta de la ODECA, suscrito en la capital de Honduras, el 15 de diciembre de 1991.

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2. Centro América en el marco de la crisis mundial

En el contexto internacional, el cambio en la estrategia de acción del

movimiento árabe, produjo efectos irreversibles en la política y economía

mundial. Efectivamente, el uso del petróleo y sus derivados, como arma

política, por parte de los principales países árabes productores de crudo a partir

de 1973, no solamente cambió las estructuras mundiales del poder, sino que

afectó particularmente a los países en desarrollo.

El impacto del encarecimiento de los combustibles produjo una crisis

económica internacional sin precedentes, originando un fenómeno de inflación-

recesión cuyas consecuencias negativas para la economía mundial, superaron

la crisis de 1929.

Todo ello, desembocó en una crisis financiera caracterizada por un

fenómeno de contracción en los mercados internacionales, la adopción de

medidas proteccionistas por parte de los países industrializados que, al mismo

tiempo afectó los precios de los principales productos primarios de exportación

de los países en desarrollo, que se redujeron drásticamente.

Por otra parte, se redujo también el crédito internacional, bilateral o

multilateral, lo cual, sumado a los costos del servicio de tales préstamos,

incrementó la deuda externa del Tercer Mundo y produjo un resquebrajamiento

de las frágiles economías de los países en desarrollo, ya que los países

desarrollados, ante la crisis, hicieron arreglos que les permitieran sostener sus

niveles de crecimiento, desplazando los efectos de esa crisis financiera de los

países de la periferia. Fenómeno que tuvo un impacto en los países

centroamericanos quienes pasaban por una coyuntura muy difícil.

En este contexto, cabe hacer notar que los países centroamericanos

empezaban a encontrar estabilidad en sus economías, cuando llegó el efecto

directo de la crisis financiera internacional. En muchos países donde se habían

iniciado obras públicas de gran envergadura, financiadas con créditos externos,

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los términos de negociación debieron ser revisados a la luz de la crisis,

produciéndose severos endeudamientos con el exterior.

Nicaragua aún no superaba su difícil situación por los destrozos

causados por el terremoto de 1972, cuando se produjo el gran terremoto del 4

de febrero de 1976 en Guatemala, cuyos efectos en pérdida de vidas humanas

fueron terribles y en materia económica los daños, incalculables.

A tales daños, empezaban a sumarse rápidamente el deterioro de la

situación política interna en varios países del área, en los cuales los

movimientos insurgentes atentaban contra la infraestructura y el aparato

productivo, causando severas pérdidas a la economía.

El conflicto interno que padecían Guatemala, El Salvador y Nicaragua,

terminó por extenderse hacia Honduras y Costa Rica, de manera directa o

colateral.

La crisis centroamericana, que como pudo apreciarse fue alimentada por

fenómenos exógenos como los de carácter económico y financiero, alcanzó su

clímax cuando el Frente Sandinistas de Liberación Nacional derrocó al

Gobierno y se instaló en el poder en Nicaragua en 1979. Efectivamente, la

corriente ideológica que proclamaba el nuevo Gobierno nicaragüense,

rápidamente se convirtió en un peligro para la Seguridad Estratégica que, como

política internacional, sustentaban los Estados Unidos.

Ese hecho, paralizó la situación y provocó una galopante carrera

armamentista que colocó a Centro América en el centro de un huracán de

controversias de alcance continental e internacional.

Las consecuencias de esa carrera armamentista se hicieron sentir muy

pronto en el ritmo de vida de los centroamericanos, cuya rutina se alteró ante

el temor de una generalización del conflicto, apoyado ahora, por fuerzas

internacionales.

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Efectivamente, el establecimiento de bases militares norteamericanas en

territorio hondureño y el apoyo no disimulado al ejército Sandinistas por parte

de la entonces Unión Soviética y sus satélites, trasladó a nuestra región el

escenario de la confrontación “Este-Oeste” y desencadenó una crisis político-

militar sin precedentes en Centro América.

Aún cuando no se ha querido aceptar por diversos líderes políticos y por

tratadistas internacionales, que la naturaleza de este conflicto se inscribía

perfectamente en el marco de la “Guerra Fría”, como uno de los escenarios

más candentes de la confrontación político-ideológica entre las dos

Superpotencias, el hecho es que Centro América se convirtió en uno de los

focos de tensión más álgidos del planeta.

En medio de ese caos, es oportuno recordar que se desató un conflicto

entre dos países del hemisferio occidental como la “Guerra de las Malvinas” y

que, en Centro América se produjeron alteraciones de los frágiles y pseudo

democráticos regímenes gubernamentales, especialmente el golpe de Estado

acaecido en 1982 en Guatemala y el contragolpe de 1983, así como variantes

en los gobiernos de El Salvador y Honduras.

Ante la alarmante situación que, amenazaba con producir una

“Vietnamización” o una “Libanización” del conflicto, los principales países

circunvecinos de Centro América, emprendieron una campaña para buscar

soluciones pacíficas y negociadas a la crisis. De esa suerte, surgió, en la isla

panameña del mismo nombre, el denominado “Grupo de Contadora” formado

por Colombia, México, Panamá y Venezuela.

Comentario [AdEG1]:

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II. INICIATIVAS PARA LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A LA CRISIS CENTROAMERICANA

1. El Grupo de Contadora

Frente al peligro de un desbordamiento incontrolable del conflicto

centroamericano, cuatro países latinoamericanos acuerdan promover una

iniciativa para la búsqueda de soluciones a la crisis.

Estos países, que tradicionalmente han mantenido relaciones cordiales

y que ocupan los bordes fronterizos norte y sur con los centroamericanos, se

integran en un sólido bloque regional para dar paso a una iniciativa de carácter

latinoamericano que busca, en primer término, alejar las posibilidades de una

confrontación armada generalizada, pero por otra parte, impedir que se

consolide como escenario de la confrontación “Este-Oeste”, por las graves

consecuencias que tal hecho traería para todo el continente latinoamericano.

En esa virtud, Colombia, México, Panamá y Venezuela se integran en el

denominado “Grupo de Contadora” y plantean sus propuestas de paz a los

Gobiernos Centroamericanos, en un contexto nuevo, cuyas premisas son la

negociación y el arreglo pacifico del conflicto.

Esta iniciativa latinoamericana abre espacios esperanzadores para los

pueblos del área que ven, en el Grupo de Contadora, una alternativa viable

para superar las diferencias. Poco a poco se fortalece la acción del Grupo y en

la medida en que avanzan las negociaciones, recibe el respaldo de otros

países de la Región y de Organizaciones Internacionales.

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Para dar mayor cobertura a las acciones de paz de Contadora, se crea

el Grupo de Apoyo con otros países latinoamericanos formado por los países

de Panamá, Colombia, México y Venezuela.

Los esfuerzos del Grupo Contadora fueron incorporados a un proyecto

de Acta que recoge los puntos principales de un acuerdo negociado.

Estos puntos son:

l. Compromisos sobre los Asuntos de Seguridad

2. Compromisos sobre los Asuntos Económicos y Sociales

3. Compromisos en materia de Ejecución y Seguimiento.2

El acta fue suscrita por los Cancilleres Centroamericanos y los Grupos

de Contadora, así como los representantes del grupo de apoyo. Sin embargo,

tales puntos no llegaron a ser incorporados a un Acuerdo formal y definitivo por

parte de los Gobiernos, lo cual dejó a Contadora como una iniciativa

inconclusa.

2. El Proceso de San José

Otra de las iniciativas orientadas a crear condiciones adecuadas para la

solución del conflicto regional, está representada por los esfuerzos realizados a

partir del interés europeo en apoyar económica y políticamente a la región.

2 Corado, Rubén. Tesis “Acción del Grupo Contadora y sus Perspectivas para la Paz en Centro América, 1983 – 1988” pp. 07

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Esta iniciativa se instrumentaliza con la cooperación plena de los países

miembros de las Comunidades Europeas y los del Grupo de Contadora y se

inicia con una Conferencia de Ministros de Relaciones Exteriores que se

celebra en San José, Costa Rica, en 1984.

En esa Conferencia participan, además de los Ministros de Relaciones

Exteriores de la Comunidad Económica Europea y del Grupo de Contadora, los

Cancilleres de los cinco países centroamericanos. A este proceso se le

denomina: “San José”.

Al institucionalizarse las Conferencias de San José se produce la

Segunda Conferencia celebrada en Luxemburgo, en 1985. Al finalizar la

misma, el 11 de noviembre se suscribe el Acuerdo de Cooperación Económica

entre los Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea y los países

centroamericanos, incluido Panamá, con la presencia de los países del Grupo

Contadora.

Este Acuerdo que se llama “Acuerdo de Luxemburgo” fijó las pautas de

la cooperación comunitaria hacia la región y estableció los mecanismos para

hacerla efectiva. Entre tales mecanismos destaca la propia Conferencia

Ministerial y la Comisión Mixta, así como las subcomisiones.

El propósito de esta Iniciativa Comunitaria consistió en respaldar el

Proceso de Paz en Centro América, por medio de un sólido respaldo político y

económico. De esta manera, al finalizar cada Conferencia, se emite un

Comunicado Político y un Comunicado Económico, en los cuales se detallan

los principios que rigen la cooperación y los programas que respaldan esas

acciones.

La presencia europea a través del proceso de San José, constituyó una

fórmula de equilibrio en la presencia de intereses extranjeros en la región y

logró establecer un efectivo balance de fuerzas extrarregionales.

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Es importante destacar que, ya iniciado el proceso de San José, se dio

curso a la iniciativa de paz por parte de los propios gobiernos

centroamericanos, en medio de un ambiente más favorable que el

prevaleciente en las acciones de Contadora.

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III. LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ESQUIPULAS

1. Primera Conferencia Cumbre de Presidentes de Centro América, Esquipulas I 1.1. Convocatoria

Dentro de las iniciativas para la búsqueda de soluciones a la crisis

regional, resalta es proceso de Esquipulas, como una iniciativa a favor de la

paz por parte de los Presidentes del área, esta iniciativa se ubica en el mes de

octubre de 1985, durante la campaña política para las elecciones a presidente

en Guatemala, el candidato del partido Democracia Cristiana, Licenciado

Marco Vinicio Cerezo Arévalo, manifestó, en una visita a Caracas, Venezuela,

la disposición que tenía de luchar por la creación de un Parlamento

Centroamericano, haciendo énfasis en que la paz de la región dependería de

los esfuerzos que realizaran los gobernantes de las cinco naciones

centroamericanas. Durante esta visita el Licenciado Cerezo instó a la región

centroamericana a no abandonar el proceso de Contadora, esta acción le valió

a él el apoyo de la comunidad internacional ante esta iniciativa de paz.

Guatemala, previo a los comicios del mencionado año, había estado

bajo dos gobiernos de facto, anulándose por lo tanto, todo derecho

constitucional durante el tiempo que éstos funcionaron. Después de la

convocatoria electoral y de su celebración, el Licenciado Cerezo es proclamado

Presidente de la República reestableciéndose la constitucionalidad en el país.

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Como Presidente electo Vinicio Cerezo promueve la creación del

Parlamento Centroamericano como foro de discusión y búsqueda de

soluciones a los problemas que afectan a la región. Para plantear su creación y

explicar sus objetivos, Cerezo hace una visita personal a cada uno de los

gobernantes de los países de Centro América invitándolos formalmente a

participar en una reunión de alto nivel a celebrarse los primeros meses del año

1986, en la villa de Esquipulas, Chiquimula. En esta Reunión Cumbre se

perseguía discutir en conjunto la problemática regional con el decidido

propósito de tomar en sus propias manos la búsqueda de soluciones

adecuadas para afrontar la crisis y encontrar los mecanismos más apropiados

para alejar el riesgo de una guerra y la creación de lo que llamaría el

PARLACEN.

La propuesta es acogida con éxito y los mandatarios; José Napoleón

Duarte de El Salvador; Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua; Luis Alberto

Monge de Costa Rica; Roberto Suazo y José Azcona Hoyo Presidente y

Presidente electo de Honduras, confirman su disposición en asistir a la Primera

Reunión Cumbre de Presidentes de Centro América “ESQUIPULAS I” en mayo

de 19863

.

1.2. La Conferencia “Esquipulas I”

La inauguración de la Primera Reunión Cumbre Presidencial, tras ocho

meses de arduo trabajo, marcó un momento histórico para el área

centroamericana, ya que después de varios años, era la primera vez que los

presidentes de la región se reunían para enfrentar y asumir el papel que les

corresponde jugar como propiciadores de la paz. Esta reunión era el primer

paso de una larga trayectoria por recorrer para lograr la unificación de criterios

3El proceso de paz de Centro América. Esquipulas II: seguimiento y aplicación del acuerdo de paz. Cronología y documentación julio – noviembre 1987. Temas y documentos de debate. Panorama Centroamericano. Nos. 11 y 12, dic. 1987

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de cinco países hermanos que, tienen como objetivo, la reconstrucción de sus

propios destinos.

Los días 24 y 25 de mayo de 1986 se realizó la reunión de Presidentes

en Esquipulas4

. Durante estos dos días los mandatarios estuvieron analizando

y discutiendo los principales factores que permitieran la solución pacifica y

lograr así alcanzar los acuerdos políticos que detuvieran la alternativa violenta.

Estas sesiones llevaron a los mandatarios a reconocer la gravedad de la

situación centroamericana, aceptándose acordar conjuntamente las soluciones

necesarias para promover el progreso y desarrollo al que tienen derecho los

pueblos de Centro América.

La Reunión Presidencial de Esquipulas mostró una alternativa nueva y

diferente, los Gobiernos de cada país formaron parte importante y decisiva

para la región, ya que buscaban los mecanismos propios a la solución de los

problemas que en común afectaban a todos.

Los resultados se dejaron ver inmediatamente en el seno de la propia

reunión, durante la cena ofrecida por el mandatario guatemalteco a sus

colegas, dos presidentes, el de El Salvador y el de Honduras, firmaron un

acuerdo en el que sometieron a decisión de la Corte Internacional de Justicia

de la Haya, los problemas que entre ambos existía por cuestiones limítrofes,

esta acción de resolver primero los problemas internos entre los dos países de

la región presagiaba un éxito sobre los objetivos que perseguía esta Reunión

Cumbre, ya que la armonía regional (entre los países centroamericanos)

permitiría la solución a los conflictos en el área.

Como muestra de lo exitosa que resultó la Primera Reunión Cumbre de

Presidentes de Centro América, ESQUIPULAS, los mandatarios de la región

firman la DECLARACION DE ESQUIPULAS.

4Esta reunión recibió luego el nombre de Esquipulas I, ya que a raíz de ésta le sucedieron reuniones similares de alto nivel con el nombre de Esquipulas.

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1. 1. 2. 1. Los primeros acuerdos de Esquipulas

Como resultado de la primera etapa del Proceso de Esquipulas, es

importante destacar los siguientes aspectos, establecidos en la Declaración de

Esquipulas5

:

a. La institucionalización de las Reuniones Cumbre de Presidentes de Centro

América, como instancia necesaria para analizar los problemas más

urgentes que se presentan en la región relacionados con la paz,

democratización y desarrollo. De ahí la formalización de estas reuniones.

b. La voluntad de firmar el Acta de Contadora para la paz y cooperación

centroamericana, asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento.

c. Reconocer que la paz sólo puede ser producto de un auténtico proceso

democrático pluralista participativo.

d. Revisar y actualizar los procesos de integración económica y social de

área en beneficio de los pueblos centroamericanos.

e. Creación de mecanismos complementarios para fortalecer el diálogo y el

desarrollo conjunto de la democracia y pluralismo, como elementos

fundamentales para alcanzar la paz y promover la integración

centroamericana. Dentro de estos lineamientos se basa el Parlamento

Centroamericano, como un foro de soluciones para la región.

Estos aspectos constituyen los pilares en los que la nueva dinámica

subregional se establece, para afrontar la crisis y hace que los mismos

5 Documento de Objetivos. IV Reunión conjunta de Cancilleres de los países centroamericanos y el Grupo de Contadora. Panamá, 7, 8 y 9 de septiembre 1983. CONTADORA y otras propuestas para la pacificación y la democratización de Centro América Cronología y documentación 1983 – 1987 Panorama centroamericano, junio 1987

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centroamericanos sean quienes unan esfuerzos para solucionar el conflicto a

través de propuestas realistas que hagan efectivo el deseo de crear un clima

de paz como base del desarrollo y de la integración regional. Por otra parte,

toma legitimidad la propuesta guatemalteca de instituir el Parlamento

Centroamericano, como instrumento regional orientado hacia la consolidación

de la paz, democratización y desarrollo, con un carácter pluralista y

participativo.

La nueva perspectiva que plantea ESQUIPULAS I, independiente del

reconocimiento a las ideas de Contadora, toma un matiz diferente, por el

hecho de que fueron los presidentes quienes encararon la situación y cuyos

compromisos fueron respaldados, con la decisión del más alto nivel político de

la región, especialmente en lo referente a descartar totalmente la solución por

la vía del enfrentamiento y acciones militares.

Por otro lado, se reconoce por primera vez el vínculo indiscutible entre paz

y desarrollo lo que da paso a una nueva era para la región en conjunto, ya que

será únicamente la búsqueda de compromisos sino que éstos puedan significar

para el desarrollo económico, integral y social de Centro América. De esta

manera PAZ y DESARROLLO se constituyen dos elementos inseparables del

proceso y representan la clave para devolver a los países de Centro América

su calidad de miembros activos y honorables de la comunidad internacional.

Esquipulas es la puerta que se abre para que las reuniones de alto nivel

sigan su camino, por lo que pronto se daría paso a la Segunda Cumbre de

Presidentes de Centro América: ESQUIPULAS II.

2. Propuesta de Contadora

El Grupo Contadora había presentado una propuesta de paz para la

región centroamericana mediante un documento preliminar llamado:

DOCUMENTO DE OBJETIVOS en 1983, en una reunión conjunta de los

Cancilleres de Centro América y del Grupo Contadora.

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En esta propuesta se sugería, de acuerdo a la situación prevaleciente de

la región centroamericana, caracterizada por un clima de tensión que amenaza

la seguridad y la convivencia pacífica de la región, una serie de planteamientos

basados en el derecho internacional, ya que el anhelo primordial de esta

propuesta era reconstruir la patria centroamericana por medio de la integración

progresiva de sus instituciones económicas, jurídicas y sociales y la

cooperación entre los Estados centroamericanos para contribuir en el

desarrollo de sus pueblos y al fortalecimiento de su autonomía.

Los objetivos que manifestaba al Grupo de Contadora a través de su

propuesta, se puede resumir así:

a. Poner término a las situaciones de conflictos en el área, absteniéndose

de realizar cualquier acción que ponga en peligro el objetivo d lograr la

paz, la seguridad y la estabilidad en la región.

b. Adoptar las medidas para el establecimiento o perfeccionamiento de los

sistemas democráticos, representativos y pluralistas que aseguren

procesos electorales honestos y periódicos.

c. Promover acciones de reconciliación nacional en los casos que se ha

producido profundas divisiones dentro de la sociedad.

d. Detener la carrera armamentista en todas sus formas, reducciones del

inventario actual de armamentos. Proscribir la instalación de bases

militares extranjeras o de cualquier clase de injerencia foránea. Celebrar

acuerdos para eliminar los asesores militares extranjeros.

e. Impedir el uso del territorio y no permitir el apoyo militar o logístico a

personas, organizaciones o grupos que intenten desestabilizar a los

gobiernos de los países centroamericanos.

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f. Emprender programas de desarrollo económico para revitalizar y

normalizar los mecanismos de integración económica para lograr un

desarrollo que se funde en la solidaridad y el beneficio mutuo.

g. Gestionar la obtención de recursos monetarios exteriores que

permitieran asegurar recursos adicionales para activar el comercio intra-

regionales, al mismo tiempo que se gestionaría un mejor y más amplio

acceso a los mercados internacionales con el fin de expandir el flujo de

comercio entre los países centroamericanos y el resto del mundo6

.

Esta propuesta tuvo algunos cambios que los mismos actores

centroamericanos solicitaran pasando a constituir más tarde el Acta de

Contadora, que se presenta como un testimonio de la búsqueda de la solución

de conflictos que afectan a los pueblos centroamericanos en un ambiente de

voluntad entre los latinoamericanos y considerando la paz se consolidará en la

región por medio de la democracia pluralista.

Bajo estos indicadores, el Acta de Contadora buscaba superar por medio

de su firma la situación prevaleciente en Centro América caracterizándose por

un deterioro de la confianza, la honda crisis económica y social la grave

situación de los refugiados y desplazados; los incidentes fronterizos; la carrera

armamentista y el tráfico de armas; la presencia de asesores militares

extranjeros; la realización de maniobras militares internacionales en Centro

América, así como el uso, por parte de fuerzas irregulares, de territorios de la

región para acciones desestabilizadoras del área centroamericana7

.

3. Propuesta: Una hora para la paz

La propuesta de Contadora se consideraba como la única instancia

viable para acceder a una solución política para el conflicto centroamericano,

6 Corado, Rubén. Op. Cit. Pp. 33 7 Corado, Rubén. Op. Cit. Pp. 33

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sin embargo se preparaba una opción elaborada en el seno de la región

centroamericana; “Una propuesta de paz”. En febrero de 1987, durante el

encuentro de presidentes en Costa Rica, se presenta el documento retórico

denominado “UNA HORA PARA LA PAZ” y se hace la declaración conjunta en

donde se avala y apoya, la iniciativa de paz presentada por los mandatarios y

se comprometen a estudiar el documento: PROCEDIMIENTO PARA

ESTABLECER UNA PAZ FIRME Y DURADERA EN CENTRO AMERICA, para

ponerlo en discusión, aprobación y firma en la reunión de presidentes.

La propuesta “Una Hora para la Paz” presentada por el Presidente Arias,

manifiestó que la paz reclamaba su hora y por ende el robustecimiento de la

democracia en todas las naciones centroamericanas; para Centro América, los

gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras reclamaban la

hora de la paz ya que querían que existiera una paz estable y duradera, la que

debía darse dentro de un régimen democrático y que estuviera comprometido

con los más necesitados. Estos gobiernos reclamaron la reconciliación de los

pueblos y el diálogo y la cooperación.

Este planteamiento estaba inspirado en la Carta de la Organización de

Estados Americanos (carta de Bogotá) y la Carta de la Organización de las

Naciones Unidas, su propósito fue promover la solución pacífica de las

controversias e instar a los Estados a prevenir y eliminar amenazas a la paz y a

la seguridad regional por medio de la negociación política.

Este documento retórico firmado por los Presidentes del área

centroamericana fue la conclusión de la reunión realizada en Costa Rica previo

al encuentro de Esquipulas II y su objetivo fue abrir paso a la iniciativa de paz

propuesta por el presidente costarricense, Oscar Arias Sánchez, que se

denominó “Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en

Centroamérica” y que fue eje central de Esquipulas II.

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4. El proceso de Esquipulas II

En los días 6 y 7 de agosto de 1987 se celebró en la ciudad de

Guatemala la Segunda Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos

denominada ESQUIPULAS II, en la que los mandatarios: Vinicio Cerezo

Arévalo de Guatemala; José Napoleón Duarte de El Salvador; José Azcona

Hoyo de Honduras; Daniel Ortega Saavedra de Nicaragua y Oscar Arias

Sánchez de Costa Rica, reunidos en dos históricas jornadas, reiteran el

contenido de las propuestas de ESQUIPULAS I y consolidaron sus

compromisos al suscribir el documento “Procedimiento para Establecer una

Paz Firme y Duradera en Centro América”, el cual refuerza la nueva dinámica

del proceso emprendido en la Primera Reunión en mayo de 1986.

4.1. Objetivos y Contenido

El principal enfoque de ESQUIPULAS I era la paz. Ahora los pueblos

centroamericanos tenían la esperanza de que este acuerdo significara los

pasos concretos para avanzar en el camino de la paz. Las vías de solución

que se plantean son: diálogo y negociación, que son los medios acordes a los

intereses de los pueblos para vivir en sociedades libres con justicia social, base

fundamental de la paz y respeto a los derechos humanos. Los pueblos

centroamericanos demandaban de sus presidentes que prevalecieran los

intereses verdaderos y reales de los pueblos dejando los intereses y presiones

externas que se ejercen sobre ellos.

En la Reunión Cumbre ESQUIPULAS II, los presidentes centroamericanos

asumieron once compromisos; nueve relacionados con la problemática

centroamericana y dos referentes a la verificación y calendarización de

ejecución de compromisos. El contenido del Plan de la Paz consiste en:

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1. Reconciliación Nacional. Aquí se abarca el diálogo y la amnistía. El

diálogo entre el Gobierno y grupos armados de oposición política interna de

cada país. La amnistía en cada uno de los países, donde se creará una

comisión Nacional de Reconciliación.

2. Exhortación al cese de hostilidades. Los gobiernos que sufren de

acciones de grupos irregulares o movimientos insurreccionales se

comprometen a realizar acciones necesarias para el cese del fuego dentro

del marco constitucional.

3. Democratización. Se hace una exhortación al proceso democrático

pluralista y participativo que incluya la justicia social, respeto de los Estados

y su derecho a determinar su destino libremente y sin injerencias externas. 4. Elecciones libres. Para manifestar plenamente las condiciones

inherentes de la democracia, para encontrar la paz y reconciliación

duradera de los pueblos centroamericanos. 5. Cese de la ayuda a las fuerzas irregulares o movimientos

insurreccionales. Petición de los cinco Estados de Centro América a

que los gobiernos de la región y los extrarregionales, que abierta o

veladamente proporcionen cualquier tipo de ayuda a fuerzas irregulares o

movimientos insurreccionales que cesen esa ayuda como elemento

indispensable para lograr la paz estable y duradera en la región. 6. No uso del territorio para agredir a otros Estados. El objetivo, impedir

que traten de desestabilizar a los gobiernos de los países

centroamericanos. 7. Negociación en materia de seguridad, verificación, control, limitación

de armamento. Desarme de las fuerzas irregulares y tomar en cuenta el

proyecto d paz de Contadora y de la cooperación en Centro América.

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8. Refugiados y desplazados. Prestar asistencia pronta a los refugiados

para la solución inmediata de sus problemas; salud, trabajo, educación y

seguridad. 9. Cooperación, democracia y libertad para la paz y desarrollo.

Alcanzando la democracia, Centro América podrá adoptar acuerdos

encaminados a eliminar la pobreza (miseria), alcanzando sociedades más

igualitarias. 10. Verificación y seguimiento internacional. 11. Calendario de ejecución de los compromisos8

.

De manera general, los acuerdos de ESQUIPULAS II fueron un paso

positivo en el proceso de pacificación de Centro América, principalmente por el

consenso centroamericano que fue expresado, ya que llenaron un vacío de

negociación que se estaba tornando peligroso y porque disminuyó la presión de

la guerra de baja intensidad que pesaba sobre los pueblos centroamericanos.

La suscripción de este Plan de Paz marcó la voluntad de paz en la región y la

decisión de asimilarla.

4. 2. Efectos del Plan de Paz

Después de firmado el Plan de Paz centroamericano, el cumplimiento de

los compromisos asumidos por los presidentes de la región, constituyen la

parte más difícil de la historia política centroamericana, pero al mismo tiempo

son consistentes con las expectativas de paz y desarrollo que se planteó la

sociedad.

8 Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centro América – Documento

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Dentro de este contexto, se producen los efectos inmediatos o próximos

a la firma del procedimiento, el avance de la democratización en Nicaragua

cuyo régimen político vigente al momento de suscribirse los compromisos de

ESQUIPULAS II, tenía seis años de no ser renovado y el cual estaba bajo el

dominio sandinista y no habían convocado a elecciones, pero con la firma y

de acuerdo al cumplimiento exacto de los compromisos del Plan de Paz, se

permitió la realización de elecciones libres lo que en su momento dio lugar a la

desmovilización de la “Contra”, lo que produjo la apertura de un clima de mayor

seguridad y a la consolidación de las instituciones democráticas de ese país.

Los efectos del plan de paz son más evidentes aún, en el caso de la

República de El Salvador ya que cada día se consolidaba más el régimen

democrático de un pleno Estado de Derecho, respaldado por los Acuerdos de

Paz firmados por el Gobierno y el Grupo Farabundo Martí de Liberación

Nacional (FMLN), de acuerdo al amplio programa de Reconciliación Nacional,

que tuvo como punto de partida, las negociaciones que han culminado en un

cese al fuego, una progresiva movilización de la insurgencia y una efectiva

pacificación del país, en la perspectiva de un proceso de reconstrucción

nacional en los niveles; político, económico y social.

Por otra parte, este proceso dejó efectos positivos, también en

Guatemala, al consolidarse cada vez con firmeza la democracia, en los

cambios presidenciales fundados en las elecciones libres y democráticas, y por

medio del proceso de negociación en el marco de la reconciliación Nacional

entre el Gobierno y la Guerrilla, esta última representada por la Unión

Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En este país, juntamente

con el cumplimiento de los compromisos de ESQUIPULAS II, se desarrolla un

programa de consolidación democrática que da privilegio a los compromisos

asumidos en materia de Derechos Humanos, mediante la creación en 1987 de

la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad

como una forma de garantizar la plena vigencia y cumplimiento de lo

contemplado en la Carta Magna.

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Los efectos del proceso de ESQUIPULAS II alcanzan también a

Honduras y Costa Rica. En el caso de Honduras, la pacificación de Centro

América permitió aliviar el peso de la presencia de efectivos militares de

terceras potencias que en determinado momento tuvo necesidad de acoger en

su territorio; garantizar su integridad territorial y su soberanía. En el caso de

Costa Rica, la solución del conflicto le permitió abandonar el temor a estar

involucrada en una confrontación armada que podía poner en peligro su

institucionalidad democrática, su propia integridad territorial y su soberanía.

Dentro de este contexto, la Cumbre de ESQUIPULAS II demostró la

voluntad negociadora de los países centroamericanos así como la capacidad

regional para gestionar por propia cuenta las medidas necesarias para alcanzar

la paz: “Tenemos caminos centroamericanos para la paz y el desarrollo” 9

reza

el documento en su introducción, pero sobre todo manifiesta un consenso

centroamericano, el que no se había podido lograr en el pasado

9 Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centro América – Documento

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IV. GUATEMALA EN LA PERSPECTIVA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA CUMBRE PRESIDENCIAL ESQUIPULAS II 1. Inicio de las negociaciones entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG -

En la primera etapa que correspondió a los 90 días iniciales después de

la firma del procedimiento de Esquipulas II se realizaron rápidos avances. Uno

de los cuales fue la Comisión Nacional de Reconciliación, CNR, también se

conformó la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento para los

efectos del cumplimiento del conjunto de acuerdos, esta Comisión estaba

integrada por los Secretarios Generales o sus representantes de la

Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Organización de Estados

Americanos, OEA ; los Cancilleres del Grupo Contadora y de Apoyo; y los

Cancilleres Centroamericanos. Según el Documento del Plan de Paz, la

función de esta última Comisión era verificar el cumplimiento de los

compromisos que los cinco gobiernos centroamericanos contrajeron en la

Cumbre Presidencial de Esquipulas II, referente a amnistía, cese del fuego,

democratización y elecciones libres . Por otra parte, esta Comisión constataría

la vigencia del proceso de Reconciliación Nacional, así como el respeto a los

derechos de los ciudadanos centroamericanos.

La CNR se crea mediante el acuerdo gubernativo en consejo de

Ministros, emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores el 11 de septiembre

de 1987. Sus principales objetivos se enmarcaron en alcanzar un alto lugar de

entendimiento entre los diversos sectores del país que forman la identidad

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nacional desde los puntos de vista social, económico y político. El propósito

era unir esfuerzos que aseguraran la paz, la reconciliación y el desarrollo en

Guatemala.

Bajo estos objetivos, la CNR convocó a un Diálogo Nacional que

involucró a varios sectores y organizaciones económicas, sociales y políticas,

entre los cuales se encontraban los partidos políticos, la iniciativa privada, la

iglesia, los cooperativistas laborales, los grupos sociales y populares,

profesionales, estudiantes entre otros, con el fin de discutir en un ambiente de

absoluta libertad, los principales problemas nacionales y de encontrar

soluciones y sugerencias para alcanzar esos mayores niveles de

entendimiento.

La CNR en Guatemala se integró con personalidades de sólido prestigio,

cuya honorabilidad era objeto del más alto respeto de los círculos eclesiásticos,

profesionales, culturales y sociales del país; involucrando al mismo tiempo a

representantes del campo político y comercial.

Es importante señalar que la CNR logró mantener una absoluta

autonomía que le permitió actuar con plena libertad sin apartarse de sus

objetivos y funciones, tampoco permitió la intromisión de intereses sectarios.

Los fondos para el funcionamiento de esta institución provenían de gobiernos e

instituciones que se dedican a apoyar grupos con los mismos objetivos que la

CNR, encaminados al mantenimiento de la paz y el fortalecimiento de la

democracia.

Con ese espíritu, la CNR estableció los mecanismos para el

funcionamiento del Diálogo Nacional y las normas a que se debieron ajustar los

participantes, de modo que los sectores convocados pudieran discutir con

independencia y libertad.

Dentro de las responsabilidades de la CNR, resalta la de calificar tanto

los delegados acreditados cuyas organizaciones fueron convocadas así como a

otros sectores no convocados pero que deseaban participar, para lo cual tomó

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en cuenta las calidades de representatividad, legitimidad y legalidad de los

mismos.

Una de las más duras pruebas de la CNR fue el Diálogo Nacional a

través del cual los guatemaltecos estaban dispuestos a discutir las diferencias

en el campo político. Debido a que el Diálogo se debía aprovechar al máximo,

el de la CNR recibió el pleno respaldo del Gobierno y el Ejército, así como,

numerosos sectores que aspiraban a la pacificación de Guatemala, después de

30 años de enfrentamiento cuyo saldo es conocido por todos.

Razón por la cual, la CNR, preocupada por encontrar soluciones

globales a los problemas que afligían al pueblo de Guatemala, convocó al

Diálogo Nacional el 20 de febrero de 1989, estableciendo mecanismos para su

funcionamiento y proponiendo quince comisiones de trabajo con un enfoque

directo hacia los principales problemas sociales que se discutirían durante su

desarrollo. Paralelamente al Diálogo Nacional, la CNR inició también las

acciones por la paz, tan pronto recibió el apoyo del Gobierno de Guatemala.

En 1988 se realizó el primer encuentro formal entre las partes en

conflicto, en Costa Rica durante los días 23 y 24 de agosto, entre los miembros

de la CNR y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. No

obstante, en esta ocasión, la CNR no actuaba como mediadora sino cumplía la

petición del Gobierno de sondear las verdaderas intenciones de la URNG de

negociar la paz y su voluntad política en ese sentido, aunque el resultado de

ese encuentro fue muy limitado debido a la desconfianza de ambas partes.

El primer encuentro importante entre la CNR y la URNG, se celebró

durante el mes de marzo de 1990, durante los días 26 al 30, en la ciudad de

Oslo, Noruega, en la cual se reunieron los miembros de la CNR y el Secretario

Ejecutivo de la misma y tres miembros de la Comisión Política Diplomática de

la URNG, quienes firmaron el “Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por

Medios Políticos”, cuyo objetivo básico era el de reconciliar todos los sectores

políticos y sociales de la sociedad guatemalteca, poniendo fin al conflicto

armado mediante la búsqueda de soluciones pacíficas a la problemática

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nacional y lograr el perfeccionamiento de una democracia funcional y

participativa en Guatemala, como se señala en el acuerdo. Según los términos

de éste, se constituye en un instrumento de solución pacífica a la problemática

nacional por la vía política y de negociación, iniciándose un proceso cuya

culminación debería ser el logro de la paz nacional.

En esta oportunidad se nombro a Monseñor Rodolfo Quezada Toruño,

Presidente de la CNR como “Conciliador” iniciándose así el proceso de

negociación para alcanzar la paz en Guatemala. El nombramiento como

Conciliador de Monseñor Quezada Toruño, le implicó la misión de gestionar el

mantenimiento de una serie de actividades que tendían a agilizar el proceso de

diálogo y negociación con la facultad de proponer iniciativas y soluciones a

todas las partes involucradas para que fueran discutidas por éstas.

Según los acuerdos de Oslo, se produce un siguiente encuentro que

tuvo lugar en San Lorenzo, El Escorial, el primero de junio de 1990. En éste

participaron los Secretarios Generales de nueve de los 19 partidos políticos

legalmente inscritos, electos por una instancia política convocada con ese

propósito. Y como resultado la instancia política se adhirió a los acuerdos de

Oslo, quienes hicieron importantes recomendaciones dentro de los que

sobresale la necesidad de realizar una reforma constitucional.

Durante los últimos cuatro meses de 1990 viajaron los miembros de la

Comisión y los representantes de diversos sectores: iniciativa privada, iglesias,

profesionales, cooperativistas laborales, refugiados, víctimas de la violencia,

estudiantes de la pequeña y mediana industria; para participar en las

conversaciones para la paz con los representantes de la URNG.

Un grupo de la iniciativa privada viajó a Otawa, Canadá los días 31 de

agosto y 1º de septiembre, en esta ocasión hubo solamente una aproximación

en las conversaciones sin mayores compromisos, al respecto de la justicia

social y la reforma agraria, sin embargo quedó plasmada la buena voluntad de

la iniciativa privada para buscar la Reconciliación Nacional.

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Un grupo religioso viajó luego a Quito, Ecuador entre los días 24 al 26 de

septiembre, planteándose puntos relacionados con la clarificación de que la

paz es el fruto de la justicia y que mediante la paz se resolviera la problemática

nacional causante del conflicto social y armado. Este grupo religioso se

comprometió a ser fuerza moral y espiritual del proceso de paz y reconciliación.

Del 23 al 25 de octubre, el grupo formado por Líderes Obreros, Grupos

Sociales y Populares se reunieron en Metepec, Puebla en la República de

México. En esta reunión se manifestó que la paz justa y duradera sería

producto de los cambios estructurales para erradicar la injusticia social y se

hizo la exhortación al Gobierno de Guatemala, al Ejército guatemalteco y a la

URNG a dialogar directamente. El último grupo, con representación de la

Universidad integrado por profesionales, cooperativistas y representantes de la

pequeña industria, viajó a México al municipio de Atlixco, Puebla los días 27 y

28 de octubre, quienes proclamaron que por medios civilizados y respeto a la

dignidad humana en democracia y dentro de un régimen de legalidad deberían

lograr el bien por lo que hicieron un llamado a los involucrados en la

confrontación armada para que cesara inmediatamente la violencia, en

cualquiera de sus formas, que afectaran a la población. El consenso nacional

era necesario por medio de la búsqueda de puntos de coincidencia para que

constituyera la plataforma para hacer de Guatemala una nación con justicia,

derecho y paz.

Como resultado de estas reuniones se dio lugar al primer encuentro

entre: Gobierno de Guatemala – Insurgencia – CNR, actuando como

Conciliadores, Monseñor Rodolfo Quezada y el observador de la ONU, Doctor

Francesco Vendrell, los días 24 al 26 de abril de 1991. La delegación del

Gobierno fue al más alto nivel, compuesta por cinco civiles y cinco miembros

del ejército, encabezado por el Secretario General de la Presidencia. Por la

CNR, además del conciliador, participaron todos los miembros de la misma y

por la URNG cuatro comandantes que representaban a los grupos insurgentes

guatemaltecos, reunión que se desarrolló en Querétaro, México suscribiendo el

acuerdo de Querétaro, en el cual, tanto el Gobierno como la URNG

manifestaron su voluntad de desarrollar un proceso de negociaciones, cuyo

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objetivo final era la búsqueda de la paz por medios políticos, el

perfeccionamiento de la democracia funcional y participativa y el acuerdo de

bases sobre las cuales se consolidara el desarrollo y progreso del país para

asegurar la convivencia democrática. En esta etapa se inicia la apertura de la

negociación directa entre las partes.

En ese mismo año se realizaron dos reuniones en las cuales la URNG

presentó una propuesta de once puntos sobre Derechos Humanos. El

Gobierno rechazó la propuesta de parte de la URNG e hizo que el proceso

entrara en un impasse por lo que se acordó un procedimiento de péndulo. A

pesar de esto se realizó la primera reunión lográndose consensos para:

1. Garantizar y proteger los Derechos Humanos.

2. Luchar contra la impunidad promoviendo las modificaciones del código

penal que sean pertinentes.

3. Fortalecer las instituciones democráticas como la Procuraduría de

Derechos Humanos, Ministerio Público y Organismo Judicial.

4. Solicitar a la ONU un mecanismo para la verificación de los acuerdos.

Durante las fechas del 23 al 25 de enero de 1992, las llamadas reuniones

pendulares lograron acercamientos en lo relacionado al tema de la conscripción

militar la cual no debería de ser forzada, ni debería ser motivo de violación a los

Derechos Humanos ni discriminatoria; así como la lucha contra cualquier

cuerpo ilegal de seguridad; protección a los activistas de los Derechos

Humanos, tanto personas como entidades; y la asistencia de las víctimas de

violaciones de sus Derechos Humanos.

En febrero de 1992 se continuó con la discusión de puntos que habían

quedado pendientes como lo relacionado con las Patrullas de Autodefensa

Civil, PAC; los compromisos de acatar el derecho humanitario de guerra; la

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creación de una comisión que investigara las violaciones de los Derechos

Humanos y la temporalidad de los acuerdos. Esta negociación entró en un

impasse también y no fue, sino hasta el mes de agosto que se logró alcanzar

un acuerdo sobre las PAC. Ese mismo mes, el Gobierno manifiestó su interés

de realizar una declaración unilateral sobre el compromiso de respeto al

Derecho Internacional Humanitario, pero la URNG planteó que dicho acuerdo

debía ser bilateral. Lamentablemente esta reunión fue suspendida nuevamente

llevando al proceso a un nuevo estancamiento.

En enero de 1993, el Presidente Jorge Serrano Elías hizo llegar, a través

de Monseñor Rodolfo Quezada, su propuesta de paz, la cual también es

presentada a la ONU por el mismo presidente. En esta se propuso un alto al

fuego en 90 días y la creación de un Grupo de Apoyo Internacional para la

desmovilización insurgente. La URNG aceptó discutir la paz en el plazo fijado

por Serrano, poniendo como condicionante la inclusión de la sociedad civil y

propone que el cese del fuego fuera bilateral, además de aceptar su

desmovilización junto a la depuración del ejército y el desmantelamiento de las

PAC.

En febrero de 1993 la URNG presentó al Gobierno y a la Comunidad

Nacional e Internacional dos propuestas. La primera era su plan “Propuesta de

URNG para una paz pronta, firme y duradera”, y sugirió la conclusión y firma

del Acuerdo de Derechos Humanos. La segunda era en relación a la

participación de la sociedad civil en el proceso. Lamentablemente, se

suspendieron las negociaciones debido a que el gobierno condicionó la firma

del Acuerdo de Derechos Humanos y la participación de la sociedad civil.

Para marzo de 1993, se estableció un mecanismo de negociación con la

conformación de dos mesas de discusión, una donde se trataron los aspectos

sustantivos y en la otra se abandonaron los temas operativos, así mismo se

creó la Comisión de la Verdad, en la cual el Gobierno y el Ejército se opusieron

a la participación de la ONU en la Comisión de la Verdad y a la verificación

internacional de los acuerdos, al mismo tiempo, el Gobierno externó su

decisión de que a finales de septiembre entrara en vigor el cese del fuego y la

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desmovilización de la URNG, la que fue aceptada por la guerrilla después de

lograr la firma del acuerdo sobre “Fortalecimiento del Poder Civil y Función del

Ejército en una Sociedad Democrática”.

No obstante los avances anteriores, el tema de la creación de la

Comisión de la Verdad se convertía en un factor de estancamiento ya que no

se llegaba a la integración de la misma, a lo cual se le sumó lo que hizo la

negativa del Gobierno hacia la aceptación de la firma del Acuerdo de Derechos

Humanos y condicionando su voluntad de llegar a un cese al fuego definitivo.

Este proceso se estanca aún más, producto del auto-golpe de Estado del

Presidente Serrano Elías del 23 de mayo de 1993.

El Gobierno con un nuevo presidente a la cabeza, Ramiro de León

Carpio, presentó su Plan Nacional de Paz a la ONU, en este plan De León

Carpio desconocía los planteamientos de Oslo y México, y reformuló la

negociación a partir de su interpretación del Acuerdo de Esquipulas II. Al

mismo tiempo, el presidente dio a conocer una Declaración Oficial de Derechos

Humanos tratando de dejar fuera de las negociaciones la firma de un acuerdo

sobre este tema. La reacción de la URNG fue desechar cualquier arreglo a

partir del Plan de Paz presentado por el Gobierno ante la ONU. Plan que fue

rechazado también por la población civil, la iniciativa privada y la Comunidad

Internacional por considerarse inviable. La iglesia católica, por su parte,

descartó el plan de paz y retiró a Monseñor Quezada del proceso de

negociaciones.

En enero de 1994 se reabrió el proceso y se alcanza la firma del

“Acuerdo Marco para Reanudación del Proceso de Negociaciones” tomándose

como base el acuerdo de México y fijándose en él la participación de la

población civil.

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2. Del Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos al Acuerdo de Paz Firme y Duradera 2.1. El Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos

El 25 de julio de 1991 en Querétaro, México, se suscribió el “Acuerdo

Marco Sobre Democratización de la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos”

como parte del proceso de Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la

URNG. En este acuerdo se consideró necesario sentar las bases para

asegurar la convivencia democrática, y que a los acuerdos que llegaran ambas

partes se debían reflejar las aspiraciones de los guatemaltecos y debía

conducir a medidas institucionales dentro del marco de la constitución política

de la República de Guatemala y que el Gobierno reconociera su

responsabilidad de aplicar las medidas que asegurara la democratización del

país. Como consecuencia de estas consideraciones, ambas partes acordaron

que el fortalecimiento de la democracia requería la eliminación de la represión

política, el fraude y la imposición electoral, las asonadas y las presiones

militares, las acciones desestabilizadoras antidemocráticas y el respeto

irrestricto de los Derechos Humanos.

Más tarde, el 10 de enero de 1994 en el Acuerdo Marco para la

reanudación del proceso de negociación se convino que, para garantizar el

cumplimiento y respeto de los Acuerdos, se acompañaran estos con

mecanismos de verificación nacional e internacional por lo que se le solicitó a la

ONU efectuar dicha verificación considerando su grado de fiabilidad,

experiencia y autoridad de tal organización.

Para el 29 de marzo de 1994 las partes negociadoras conciliaron:

1. El compromiso del Gobierno de respetar los Derechos Humanos con

forme a la Constitución.

2. Que la URNG asumiera también el respeto al efectivo goce de los

Derechos Humanos.

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3. La aplicación de la verificación a un acuerdo sobre Derechos Humanos

en armonía con la Constitución.

4. Tomarse en cuenta las disposiciones constitucionales vigentes y los

tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre esta

materia10

.

Ambas partes convinieron en un Acuerdo Global sobre Derechos

Humanos de efectos inmediatos que entraría en vigor a partir de la fecha de

suscripción de las partes por lo que el mismo ha venido surtiendo efectos

desde la fecha de suscripción.

Es preciso señalar que dentro de la negociación de paz la necesidad de

un acuerdo como este que garantizara la continuación del proceso era

incuestionable, así el proceso se desenvolvería dentro de un marco de respeto

y protección y de una manera directa a los Derechos Humanos sino también al

régimen constitucional e institucional sin los cuales no es posible viabilizar la

protección y defensa de tales derechos fundamentales. La forma en que

ambas partes visualizaron el proceso mostró la evidencia del interés y voluntad

real de seguir con el proceso de la negociación y de cumplimiento por los

compromisos que a lo largo del mismo se fueron contrayendo.

2.1.1. Los Compromisos Asumidos

Dentro de los principales compromisos adquiridos por las partes se

encuentran:

En la parte considerativa de este acuerdo, las partes coincidieron en que, los

acuerdos debían conducir a medidas institucionales, las cuales sólo el 10 Cuatro años de vigencia del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. ¿Cumplimiento y/o Transgresión? Materiales de Estudio y Trabajo 22 Fundación Friederich Ebert, junio 1998. pp. 11

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Gobierno podía efectuar por su naturaleza institucional; que el Gobierno se

comprometía a respetar y a promover los Derechos Humanos y la aplicabilidad

del mecanismo de verificación internacional, estos tres puntos debían

efectuarse dentro del marco del texto Constitucional. El preámbulo se refiere al

enunciado que el Acuerdo se celebra tomando en cuenta las disposiciones

constitucionales y tratados internacionales en esta materia. En la parte

concerniente al gobierno y misiones verificadoras, estos dependerían siempre

del marco constitucional en la materia que se refería y por parte de la URNG se

garantizó el goce de los Derechos Humanos y su compromiso sería solo

respetar los atributos inherentes a la persona. Esto comprometía al Gobierno

en la Misión Internacional a respetar los Derechos Humanos y sujetarse a los

mecanismos institucionales de la Constitución mientras que la URNG sólo se

comprometía a lo primero.

1. El compromiso general con los derechos humanos

Este compromiso es el que da el contenido a la denominación de Global.

El acuerdo se refiere no sólo a los Derechos que frecuentemente se violaron, a

los efectos y excesos del conflicto armado sino a todos aquellos que recoge

dentro de la doctrina contemporánea de los Derechos Humanos. Este

compromiso va dirigido totalmente al Gobierno de la república y asumido por el

mismo, desde su adhesión a los principios de garantía, protección y

observancia hasta las medidas de perfeccionamiento para la protección de los

Derechos Humanos.

2. El compromiso de fortalecimiento de las instancias de protección de los derechos humanos

Este compromiso buscaba el respaldo y fortalecimiento institucional del

Organismo Judicial, del Ministerio Público y del Procurador de Derechos

Humanos. Respetando la autonomía y libertad de acción del Organismo

Judicial y el Ministerio Público, respaldando las acciones y apoyando el

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mejoramiento de las condiciones materiales del Procurador de Derechos

Humanos que le permitieran cumplir con sus atribuciones. En este compromiso

se convino que cualquier comportamiento que limite, restrinja o atente en

contra las funciones que tienen el Organismo Judicial y Ministerio Público en

materia de Derechos Humanos deja sin sostén al Estado de Derecho.

3. El compromiso contra la impunidad

Este compromiso señala que la negociación fue siempre entre Gobierno

e insurgencia y no con el Estado de Guatemala ya que siempre va en

referencia al Gobierno. Se ha responsabilizado al Gobierno de no adoptar

medidas legislativas que impidieran el enjuiciamiento de los violadores de los

Derechos Humanos, por esa razón este compromiso promueve las

modificaciones del Código Penal ante el Organismo Legislativo, tipificando y

sancionando los delitos de especial gravedad sin que haya fueros especiales ni

jurisdicciones privativas que escuden la impunidad.

Ambas partes esperaban terminar la impunidad mediante una actividad

exclusivamente legislativa.

4. El compromiso sobre la no-existencia de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos; regulación de la portación de armas

Este compromiso era aplicable; evidentemente, a la URNG por ser una

fuerza armada al margen de la institucionalidad estatal, ya que se componía de

aparatos clandestinos por lo tanto fuera del alcance de una regulación de

portación de armas.

La responsabilidad de cumplimiento de este compromiso, sin embargo,

recayó sobre el Gobierno que por su naturaleza institucional y responsable de

la garantía de los derechos fundamentales como son: la vida, integridad y

dignidad de las personas, ha actuado de una forma contradictoria ya que en

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lugar de utilizar los instrumentos de los que goza como lo son, las fuerzas

policiales y servicios de inteligencia civil, ha utilizado la organización de

cuerpos paramilitares para garantizar tales derechos y esto sólo fomentaba la

organización de cuerpos clandestinos o escuadrones de la muerte.

5. El compromiso de garantizar las libertades de asociación y movimiento

Los puntos esenciales de este compromiso son, la protección al derecho

a la libre asociación orientado hacia hacer efectivo ese derecho en los

miembros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil; las atribuciones que las

partes negociadoras asignaron al Procurador de los Derechos Humanos; el

compromiso del Gobierno de no alentar este tipo de Comités Armados cuando

no existen hechos que los motiven y el procedimiento que los vecinos habrían

de seguir para verificar su decisión voluntaria de pertenecer o no a tales

comités.

Era necesario fortalecer el proceso de negociación reduciendo las

violaciones al derecho de libre asociación y locomoción que la organización

armada de estas patrullas ocasionaban como un sufrimiento más a la población

civil desarmadas en las áreas de conflicto y otras regiones del país. De ahí la

necesidad de crear un mecanismo institucional que verificara la voluntariedad o

la oposición de los ciudadanos a pertenecer a estas patrullas y por lo tanto

comprometer al Gobierno a no seguir armando y militarizando a la sociedad

civil a través de las patrullas.

6. El compromiso a una conscripción militar no forzosa ni violenta

El reclutamiento para el servicio militar fue siempre discriminatorio en

Guatemala, pues se dirigía siempre a los varones indígenas y se reclutaba por

igual a menores y a mayores de edad. Este acto fue uno de los más

humillantes y denigrantes llevado a cabo por el Ejército de una forma violenta y

acompañado por agresiones físicas y lesiones además de gozar del aval del

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Gobierno en turno. Los indígenas del altiplano sufrieron esta atrocidad contra

sus derechos fundamentales tanto políticos como de libertad, igualdad,

detención legal, seguridad e integridad. La parte negociadora no responsable

de esta práctica así como la sociedad guatemalteca, aún estando ausente de la

mesa de negociación, tomaron la oportunidad para terminar con esa

conscripción militar. Este compromiso fue el que mejor nivel de cumplimiento

obtuvo pues de forma gradual y descendente el ejército dejó tales prácticas con

algunas propuestas de reformas a la Ley del Ejército que luego fueron

promulgadas.

7. El compromiso de garantizar y proteger a las personas y entidades que trabajan en la protección de los derechos humanos

Al suscribirse este Acuerdo las partes negociadoras manifestaron la

voluntad real por el respeto, defensa y protección de los Derechos Humanos

los cuales requerían de todos los apoyos necesarios. El apoyo que se

consideraba hubiese sido más efectivo era el de las entidades y personas que

trabajan por la promoción de estos derechos, que aparte de ser un deber, tenía

sentido convenir en condenar todos los actos que pudiera afectarles; el

otorgamiento gubernamental de medidas espaciales de protección y la

investigación de denuncias de intimidación, acoso y hostigamiento de que ellos

fuesen objeto.

8. El compromiso de resarcimiento y/o asistencia de las víctimas de los derechos humanos

Las evidencias más claras de víctimas de la violencia estaban en los

retornados y desplazados. Los demás afectados por las violaciones a sus

derechos fundamentales cuyas víctimas aún no se identifican, seguirían su

lucha contra la impunidad con la que el Gobierno protegía a sus elementos y

esperaría hasta la firma final de los Acuerdos de Paz.

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9. El compromiso de respetar los derechos humanos de la población civil y de los heridos y capturados dentro del enfrentamiento armado

Aunque en la globalidad del acuerdo, este punto era de máxima

prioridad fue uno de los que menos contundencia tuvo en su redacción, pues

por la variedad en su redacción no impone a las partes una responsabilidad

inmediata sino que sólo reconoce como necesidad la erradicación de los

sufrimientos de la población civil y de respetar los Derechos Humanos de los

heridos, capturados y de quienes han quedado fuera de combate.

10. La verificación internacional

En este punto las partes negociadoras establecieron como mecanismo la

instalación de una misión de la ONU como un componente de la verificación

global de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Aquí se reconoció el

importante papel del Procurador de los Derechos Humanos y como aspectos

más relevantes se acordaron, para la misión, lo siguiente:

a) Pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de violencia a Derechos

Humanos, en base a elementos de juicio que obtenga el ejercicio de sus

facultades.

b) Determinar a cabalidad el cumplimiento de ambas partes de los

compromisos especiales del acuerdo.

c) Hacer recomendaciones a las partes sobre las medidas necesarias para la

observancia de los Derechos Humanos y el cumplimiento del Acuerdo.

La misión otorgaría particular atención a los Derechos Humanos

relacionados con la vida, la integridad y seguridad de la persona; el debido

proceso, las libertades individuales de expresión, movimiento, asociación y los

Derechos Políticos.

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La contribución de la misión ofrecería la protección de los Derechos

Humanos mediante la promoción de la cooperación internacional, técnica y

financiera para que se fortalecieran los mecanismos constitucionales y las

entidades gubernamentales y no gubernamentales de protección de los

Derechos Humanos.

El inicio inmediato de las actividades de la misión y sus funciones de

verificación tomaron en cuenta la voluntad de las partes de promover los

Derechos Humanos en el país; las disposiciones del acuerdo se reflejaron tanto

en el texto constitucional como en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Y

que la misión internacional de verificación tenía un papel de fortalecimiento de

las instituciones de protección de tales derechos.

El compromiso de las partes con la misión fue cooperar con esta en

velar por la seguridad de sus miembros y de las personas que hicieran

denuncias y testimonios.

2.2. La verificación del cumplimiento del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos

El Acuerdo Global de Derechos Humanos se firmó el 29 de marzo de

1994 y entró en vigor inmediatamente después de suscritas las partes y por

disposición de ambas. Luego de que una Misión Preliminar de preparación y

evaluación sobre los requerimientos financieros y técnicos que eran necesarios

para la verificación prevista en este Acuerdo, termina con la función asignada y

da paso a la instalación de una Misión verificadora definitiva, MINUGUA

después de haber transcurrido seis meses de la firma del Acuerdo. MINUGUA

se instala el 21 de octubre de 1994.

Desde su fecha de instalación, MINUGUA recibió numerosas denuncias

de violación a los derechos, las cuales fueron comprobadas por la misma. Los

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derechos señalados de particular atención para MINUGUA y que más se

violaron son:

a) La vida en su mayoría por ejecuciones extrajudiciales. La misión llegó a

la conclusión que en estas ejecuciones participaron autoridades y

fuerzas de seguridad gubernamentales o escuadrones de la muerte ante

una omisión gubernamental, no sólo de cumplir con su deber

constitucional de garantizar la vida de las personas sino de cumplir con

los compromisos contraídos en el Acuerdo.

b) La seguridad e integración de la persona, hubo denuncias en relación a

torturas, amenazas y tratos denigrantes a los ciudadanos por parte de

autoridades de policía y ejército quienes, se supone, están para brindar

seguridad a las personas.

c) Las libertades, individual por el reclutamiento militar por medios violentos

por la fuerza, detenciones ilegales, asociación forzosa a las PAC y

limitaciones a la libertad de expresión. En relación a las libertades de

asociación y locomoción violadas por las partes en conflicto se dio más

en el campo que en las ciudades.

Según MINUGUA, los derechos menos violados fueron: los atribuidos a

una administración de justicia deficiente por la misma inoperancia y

paralización de los entes responsables de la misma, desde el Ministerio de

Gobernación hasta el Ministerio Público y Organismo Judicial; los derechos

políticos; la libertad sindical y derechos laborales.

MINUGUA en el período de su misión ha venido reportando violaciones

de derechos por parte del Ejército de Guatemala y de la URNG, violaciones al

compromiso acordado de no causarles más sufrimiento en sus acciones a la

población civil desarmada y no combatiente.

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2.3. La Firma del Acuerdo de Paz firme y duradera

La firma del Acuerdo Global sobre los Derechos Humanos en marzo de

1994 reconoció una relación directa entre el respeto a los Derechos Humanos y

la construcción de la paz y se propusieron mecanismos concretos para su

fortalecimiento.

En junio de 1994 se firmó en México, el Acuerdo sobre Resarcimiento de

las poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, acuerdo que

determinaba un marco para la reinserción de las comunidades de población en

resistencia y el retorno de los refugiados.

En septiembre de 1994 se acordó la creación de la Misión de las

Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala

–MINUGUA- misión encargada de verificar el acuerdo de los derechos

humanos. Ese año se dieron nuevas conversaciones entre Gobierno e

Insurgencia relacionado a los derechos de los indígenas pero estas

conversaciones no dieron los frutos esperados pues no hubo avance en ellas.

La URNG expresó, en ese entonces, su preocupación ante el Gobierno por la

falta de agilidad en el proceso negociador, además de que amenazó con

retirarse en su papel de moderador.

Las negociaciones de paz continuaron con acuerdos importantes y se

dio el resarcimiento de las comunidades de refugiados. Sin embargo, algunos

sectores de la sociedad guatemalteca consideraron que la posición del

Presidente de la República, en ese entonces Ramiro De León Carpio, era débil

frente al sector militar y empresarial, fortaleciendo tal consideración los

estancamientos del proceso de paz. A esto se le suma el lamentable suceso

ocurrido en octubre de 1995 en Xaman, Alta Verapaz, cuando una patrulla

militar masacró a once campesinos de una población de refugiados, acto que

contradecía la firma del Acuerdo sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos

Indígenas, en México en el mes de marzo de 1995. El Ejército fue culpado por

esta acción, pero el Gobierno lo atribuyó a un acto aislado, sin embargo

MINUGUA enfatizó la responsabilidad al Ejército con mayor claridad.

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En enero de 1996, asume la Presidencia de la República, Alvaro Arzú

Irigoyen, quien se compromete a continuar las negociaciones de paz y en el

primer año de su Gobierno le dio clara prioridad a la aceleración al proceso de

negociaciones y éste entra en una nueva dinámica. El 6 de mayo de ese año

se llegó a la firma del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación

Agraria, en este acuerdo se establece que la paz firme y duradera debe

cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que

responda a las necesidades de toda la población, para lo cual es necesario

superar la pobreza, la discriminación y marginación social y política, en este

acuerdo se incluye disposiciones y compromisos del Gobierno a fin de

concretar en políticas los conceptos que se mencionaron anteriormente.

El 19 de septiembre de 1996, se firma el Acuerdo sobre Fortalecimiento

del Poder Civil y Función de Ejército en una Sociedad Democrática, en la

ciudad de México. Con este acuerdo, las partes negociadoras terminaron con

la agenda de temas sustantivos y se dio paso a la calendarización de la

negociación sobre temas operativos para finalizar el proceso.

Finalmente el Gobierno y la URNG, luego de un largo proceso de

negociaciones, concluyeron en 1996 contando con la participación de las

Naciones Unidas, como moderador, y con el respaldo de la comunidad

internacional, culminó en la firma el 29 de diciembre de 1996 de los Acuerdos

de Paz. Los Acuerdos establecieron compromisos de gran relevancia en la

historia nacional como,

a) la inserción de los integrantes de la URNG a la vida política

b) cese el fuego

c) reformas constitucionales y del régimen electoral

d) cronograma de implementación y cumplimiento

e) verificación de los Acuerdos de Paz.

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El Acuerdo final que se firmó el 29 de diciembre puso punto final a una

guerra civil que dejó muerte, personas desaparecida así como personas

desplazadas y entre ellos miles de refugiados.

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V. AVANCES POSTERIORES A LA FIRMA DE LA PAZ

1. El proceso de Reformas Constitucionales

El proceso de las Reformas Constitucionales tiene como antecedente

inmediato la reunión que se llevó a cabo en el Escorial en Madrid , España en

el año 1990. En ésta se reunieron la URNG y los partidos políticos lo que elevó

la legitimidad, en ese tiempo, incipiente del proceso de paz ya que implicó la

presencia del más amplio espectro de partidos políticos. Este tema de las

Reformas Constitucionales se fue tratando posteriormente en varias reuniones

que dieron lugar a los acuerdos sustantivos sobre Identidad y Derechos de los

Pueblos Indígenas; Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria; y

Fortalecimiento de Poder Civil y Función de Ejército en una Sociedad

Democrática. El conjunto de propuestas explicadas y contextualizadas en

aquellos acuerdos, con el fin de reformar la Constitución, se reducen en el

acuerdo operativo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral que

es firmado por las partes el 7 de diciembre de 1996 en Estocolmo, Suecia.

En el Acuerdo de Estocolmo se expuso con claridad quienes serían las

instituciones encargadas de dirigir este proceso. El acuerdo, en su parte

considerativa, señala las instancias de Gobierno que deberían promover el

proceso haciendo énfasis en los Organismos Ejecutivo y Legislativo. La

desactivación del conflicto permitió la transición a favor de un escenario de paz,

entonces según el acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen

Electoral, el Gobierno de Guatemala sería el responsable y estaría a cargo de

promover la reforma constitucional sobre los temas contenidos en los acuerdos

sobre:

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a. Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas

b. Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria

c. Fortalecimiento de Poder Civil y Función de Ejército en una Sociedad

Democrática.

Así pues, el Gobierno de Guatemala queda comprometido a entregar la

propuesta de tales reformas al Congreso de la República sesenta días después

de entrar en vigencia el Acuerdo de Estocolmo pero no es sino hasta en mayo

de 1997, cinco meses después de asumirse el compromiso, que el Organismo

Ejecutivo emitió el Acuerdo Gubernativo 393-97 conteniendo 12 propuestas de

reforma constitucional, las cuales se transfirieron a la Comisión de Legislación

y Puntos Constitucionales para su dictamen. Luego de esto, hubo otras

propuestas de parte de diputados al Congreso, de la Corte Suprema de Justicia

y otras instituciones ampliándose así, el conjunto de propuestas dando base

para la polémica sobre su pertinencia.

Dentro del Congreso de la República se desarrolló el debate político

sobre las reformas teniendo resonancia política favoreciendo así su mejor

conocimiento. Pero la agenda parlamentaria, el desigual grado de

compromisos de los diputados con los Acuerdos de Paz y la tendencia a la

partidización de los mismos eran riesgos que tuvieron a superar las reformas.

Es importante mencionar que una desventaja para la URNG fue que para ese

entonces ni era partido político ni tenía presencia en el parlamento, y ésta era

un interlocutor importante.

2. Niveles de participación en la formulación de las Reformas Constitucionales

El 30 de agosto de 1997, por iniciativa y mandato del Congreso de la

República, quedó constituida la Instancia Multipartidaria – IM – que fue un

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órgano creado con el propósito de ampliar la participación , estudiar y dar

formato final a las propuestas de Reforma Constitucional que habían quedado

estancadas en el Congreso de la República. La Presidencia del Congreso

convocó a diversas organizaciones a presentar sus propuestas a la Reforma

Constitucional con el objetivo de que se ampliara el espacio de negociación y

haciendo la salvedad que el espacio quedaba reducido a los partidos políticos

que tuvieran representación en el Legislativo. Esta medida no tenía sentido

alguno pues se dejaba afuera a una contraparte importante y fuerza política

directamente involucrada y comprometida con el proceso de paz: la URNG, así

como a las organizaciones sociales. Finalmente, la participación de los

partidos políticos y las organizaciones sociales dentro del IM se amplió y por lo

tanto se enriqueció permitiendo el debate amplio de las propuestas de reformas

y hace que éstas se multipliquen.

La fase de negociación abierta por la IM multiplicaron las iniciativas de

reforma y favorece la participación de nuevos actores y el desarrollo de

debates sobre nuevos temas, principalmente se trata cuestiones que van

asociadas con los Acuerdos de Paz, de modo que se enriqueció la propuesta

original. Se presentaron propuestas de parte de diversas organizaciones de la

sociedad civil, entre las cuales podemos citar: Coordinadora de Pueblos Mayas

de Guatemala – COMPAGUA -; Fundación “Myrna Mack”; Asamblea de la

Sociedad Civil; Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC -;

Universidad Rafael Landívar – URL – y diversos partidos políticos.

COMPAGUA desarrolló su propuesta a partir de los contenidos del

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y del Convenio

169 que fuera ratificado antes por el Congreso de República. La decisiva

participación de COMPAGUA permitió que formara parte de la Comisión de

Oficialización de Idiomas además de realizar consultas y reflexiones, logró la

adhesión de más de 4000 personas de origen maya quienes fueron los

firmantes en la propuesta final que se presentó al Congreso. Aunque el

paquete de reformas presentado por COMPAGUA no se aceptó para ser

discutido en Congreso, la IM las usó como referente pasa así elaborar las

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reformas que fueron discutidas, revisada, modificadas y aprobadas en el

Congresos de la República en Octubre de 1998.

Al ampliarse la participación alrededor de las reformas cada una de las

instituciones ponentes se pronuncian a favor de la aprobación de sus

propuestas llevando a un debate favorable que llevó a desburocratizarlas. La

apertura de este espacio obligó a los partidos políticos a desarrollar una

posición alrededor del conjunto de propuestas y los forzó a manifestarse a

favor o en contra de las mismas. La IM alcanzó importantes consensos

respaldando así el paquete de reformas. Esto lleva a la conclusión de una

etapa en la cual se vieron involucrados amplios sectores sociales.

En el Congreso de la República se aprueban finalmente 50 reformas que

serían sometidas a la Consulta Popular el 16 de mayo de 1999.

3. Los obstáculos a las Reformas Constitucionales

El Congreso de la República aprueba las Reformas Constitucionales

mediante el Decreto 41 – 98 y solicita al Tribunal Supremo Electoral – TSE –

implementar dicho proceso. Sin embargo, las dificultades para el desarrollo de

la consulta se multiplicaron y las impugnaciones a la reformas no se hicieron

esperar.

Las organizaciones que con mayor decisión se opusieron fueron el

Grupo Pro Patria; el Centro para la Defensa de la Constitución – CEDECON -;

y la Asociación de Dignatarios de la Nación. El CEDECON presentó ante la

Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad ante las

propuestas de reforma en la que atacaba la forma pero no el fondo de tales

propuestas.

La objeción central del CEDECOM radicaba en que no se le podía pedir

un simple SÍ – NO a una pregunta compleja que su contenido encerraba

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básicamente cincuenta aspectos también complejos. Sin embargo, las

organizaciones civiles, que desde un principio apoyaron el proceso, se

manifestaron en contra del CEDECON expresando que la derecha

guatemalteca no deseaba perder sus posiciones tradicionales de poder. En

enero de 1999, la Liga Pro Patria y la Asociación de Dignatarios de la Nación

presentaron recursos con propósitos similares al CEDECON.

Finalmente, para febrero de 1999, la Corte de Constitucionalidad emitió

una sentencia favorable para el CEDECON declarando la inconstitucionalidad

parcial del decreto mencionado y rechaza los planteamientos de la Liga Pro

Patria y la Asociación de Dignatarios de la Nación. El Congreso entonces

replantea la única pregunta dividiéndola en cuatro distribuidas en cuatro

campos:

1. Nación y Derechos Sociales

2. Organismo Legislativo

3. Organismo Ejecutivo

4. Organismo Judicial y administración de Justicia.

Sin embargo, se presentó una última acción de inconstitucionalidad de

parte del CEDECOM nuevamente pero esta vez ante la omisión de uno de los

artículos. El recurso fue procedente y el Congreso corrigió el error que pudo

poner en entredicho jurídico a la Consulta. De aquí en adelante se prepara la

convocatoria para la Consulta Popular y su realización.

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4. Tendencias del voto en la Consulta Popular

Las posiciones frente a la Consulta Popular fueron siempre encontradas.

A nivel de medios de comunicación se manifestaron de diferente manera, el

pensamiento editorial de los medios de comunicación escrito favorecieron al

NO y entre los columnistas, el debate fue aún más encontrado, ya que por un

lado se evidenció el pensamiento conservador y defensista apoyando al NO

aún bajo el temor de una guerra étnica y por el otro lado, los argumentos

favorables del SI explicando básicamente la reubicación de la posición del

ejército dentro del régimen democrático, la modernización del Estado, el

balance de los poderes del Gobierno y sobre todo la redefinición de la

naturaleza del Estado y de la Nación.

Sin embargo, en la radio y la televisión los mensajes que prevalecieron

fueron aquellos que explicaban el contenido de las reformas sin favorecer a

ninguna posición determinada a pesar de su amplio nivel de incidencia

nacional. De igual manera actuaron la publicidad del Congreso, el Tribunal

Supremo Electoral y la cooperación internacional. De paso está mencionar,

que ésta última, había financiado eventos educativos sobre los contenidos de

las Reformas Constitucionales y el significado de ellas para el futuro de

Guatemala.

La presencia significativa de la intelectualidad guatemalteca fue

manifiesta en este debate a favor del SÍ traducido en foros, artículos de prensa,

seminarios y otro tipo de actividades educativas. Los pronunciamientos de la

Universidad de San Carlos y la Universidad Rafael Landívar tienen un efecto

importante. Sin embargo, los intelectuales que se pronunciaron a favor del NO

fueron menos pero sí tenían asegurado un espacio en los medios de

comunicación para hacer públicos sus puntos de vista y sur argumentos.

El movimiento popular se caracterizó por asumir una posición favorable

hacia cumplimiento de los Acuerdos de Paz y a las Reformas Constitucionales.

Apoyando las reformas, las organizaciones populares, como la Unión de

Trabajadores de Guatemala – UNSITRAGUA -; la Central de Trabajadores de

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Guatemala – CGTG -; la Federación de Trabajadores del Campo – FTC -; la

FENASTEG; la AEU; varias asociaciones de mujeres; el Movimiento Social por

los Derechos de la Niñez; organizaciones del pueblo maya (especialmente las

coordinadoras); las ONG’s y organizaciones de desarrollo y movimiento

cooperativo, realizaron movilizaciones, pronunciamientos y eventos

explicativos.

Los partidos políticos y los entonces candidatos presidenciales

manifestaron su apoyo público hacia el SÍ, excepto por los candidatos del

partido Acción Reconciliadora y el grupo Guardianes del Vecindario. Los

partidos políticos no realizaron ninguna actividad significativa para motivar o

invitar al electorado a que asistieran con su voto favorable a la Consulta

Popular.

Se hicieron diversas estimaciones en las que se decía el SÍ saldría

ganador y que la abstención electoral sería muy significativa, esto último no

quería decir que se le restara mérito a la Consulta Popular ni se le quitara la

legitimidad a las Reformas Constitucionales, lo que haría esto, era reflejar los

tradicionales patrones de participación política del electorado y el relativo

desinterés de los partidos políticos tradicionales por las reformas y la consulta.

El voto negativo y el abstencionismo fueron promovidos por los mismos

que en una oportunidad anterior no le dieron la importancia a los Acuerdos de

Paz, después se opusieron al Convenio 169 de la Organización Internacional

del Trabajo – OIT – sobre identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, al

Código de la Niñez y Juventud y a las reformas jurídicas encaminadas a

fortalecer este género.

Se consideró también que el triunfo del SÍ no garantizaría la positiva

aplicación de las mismas. El riesgo de que se convirtieran en letra muerta

dependía de la capacidad e interés de la élite política para plasmar las

reformas en programas, acciones de desarrollo y políticas en sí.

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5. Contenido de las Reformas Constitucionales

Las Reformas Constitucionales se dividieron en cuatro bloques para

presentarse en la Consulta Popular. Para llevar a cabo dicho evento se decidió

hacer cuatro preguntas que corresponden a cada bloque recogiendo en ellas

una determinada cantidad de artículos sobre los temas específicos. Vamos a

dar un vistazo a dichas preguntas y señalar que se trataba de lograr con cada

una.

a) La pregunta número No. 1 se refería a la definición de Nación y Estado y

los Derechos Sociales de los guatemaltecos.

Los artículos propuestos definían a la nación guatemalteca como una unidad

nacional multiétnica, plurilingüe y pluricultural.

Se reconoce la existencia y el derecho de identidad y a la cultura de los

pueblos Maya, Xinca y Garífuna.

Se reconoce sus autoridades.

Se reconoce los idiomas indígenas y el derecho al uso mismo como idiomas

oficiales en los respectivos territorios.

El Estado garantiza el carácter gratuito de los servicios de salud.

Los trabajadores públicos serán indemnizados por el total de los años de

trabajo en caso de despido injustificado.

Los ciudadanos tiene el derecho a escoger entre la prestación del servicio

militar o el servicio social.

Estas reformas planteadas en la pregunta No. 1 perseguían un

fortalecimiento de la identidad nacional mediante el reconocimiento de cada

uno de los pueblos que forman la nación guatemalteca como base para la

reconstrucción de una Nación solidaria y un Estado que garantizara la unidad e

integración de los pueblos tomando en cuenta su diversidad sociocultural. Se

trataba principalmente de evitar, combatir y eliminar los actos de discriminación

individual o colectiva. Se reconocía el derecho a la educación, a la salud y a la

administración de la justicia teniendo como base las diferencia lingüísticas de

los pueblos. Además, se modificaba la forma obligatoria del servicio militar

exponiendo una opción adicional en el servicio social.

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b) La pregunta No. 2 se refería a cambios en el Organismo Legislativo.

Eleva a dos el número de diputados a elegir por cada distrito.

Se amplían las funciones de interpelación a altos funcionarios de gobierno.

Será atribución del Congreso supervisar los cuerpos de inteligencia del Estado

con representantes de cada partido político.

La convocatoria una consulta popular por el Congreso deberá decidirse por

mayoría calificada.

Ordena la divulgación de proyectos de ley para que la ciudadanía se pronuncie

sobre los mismos.

El objetivo principal de esta reforma era fortalecer el poder del

Organismo Legislativo llevando su capacidad de control aún sobre el poder

Ejecutivo y especialmente de los aparatos de inteligencia del Estado. La

función legislativa se fortalecía a través de la promoción de la participación

política de los ciudadanos a través del conocimiento de los proyectos de ley

antes de ser aprobados.

c) La pregunta No. 3 se refería al Organismos Ejecutivo

Propone la regulación de los servicios de seguridad del Presidente que estarían

a cargo de funcionarios y personal civil. El Presidente no podrá exonerar

multas por morosidad en el pago de impuestos. Se establece un sistema de

Consejos de Desarrollo con participación de la población en planificación

democrática del desarrollo y la gestión pública.

Se define al ejército como esencialmente profesional, apolítico, obediente y no

deliberante.

Se prohibe la organización y funcionamiento de grupos armados no regulados

por las leyes de la República.

Redefinición de la función del ejército como defensor de la soberanía del

Estado, la vigilancia de la integridad del territorio y la seguridad exterior, no así

la seguridad interna la cual está asignada a la Policía Nacional Civil bajo el

mando de autoridades civiles.

Los integrantes del ejército tienen prohibido ocupar cargos públicos excepto

Ministro de la Defensa.

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Se regulará la participación de ejército en situaciones de emergencia y estados

de excepción.

El Ministro de la Defensa podrá ser civil o militar.

Definitivamente, esta reforma pretendía delimitar las funciones del

ejército en el marco de un ordenamiento democrático y bajo el mandato del

poder civil. Se pretendía, además, eliminar los privilegios con los que gozaban

los militares como parte de la militarización del Estado. Subordinando al

ejército al poder civil se desarrollaría una concepción democrática e integral de

la seguridad ciudadana combatiendo la impunidad característica de muchas de

las acciones del ejército que se le atribuyeron espacialmente al Estado Mayor

Presidencial. Por otra parte, se eliminaba el privilegio que ha favorecido el

tráfico de influencias y favoritismos especiales, privilegio del cual había gozado

por mucho tiempo el Presidente.

d) La pregunta No. 4 se refería a propuestas de reforma al Organismo

Judicial y administración de justicia.

Fortalecer la administración de justicia garantizando el respeto del carácter

pluriétnico, pluricultural y multilingüe de la población guatemalteca. Se respeta

el derecho consuetudinario indígena. Garantiza el acceso de la población a la

justicia en su propio idioma y obliga la asistencia profesional gratuita a quienes

la necesiten.

Establece la prevalencia de la oralidad en los procesos y establece la carrera

judicial para favorecer la idoneidad y estabilidad de los jueces y magistrados.

Los delitos cometidos por militares en el ramo civil serán conocidos por jueces

civiles.

El objetivo de esta reforma fue fortalecer el sistema de justicia de

Guatemala y erradicar la corrupción y el poder paralelo bajo el cual se oculta la

impunidad. Además garantizaba el respeto en la aplicación de la justicia

indígena de acuerdo a sus creencias y costumbres. La oralidad permitía

procesos más transparentes en beneficio de los procesados, poniendo límites a

la interpretación personal de los jueces y magistrados. También se perseguía

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corregir el favor desmedido concedido a parientes para ocupar los cargos

judiciales más importantes y valorar las capacidades de los aspirantes a dichos

cargos garantizándoles estabilidad.

6. Resultados de la Consulta Popular

La Consulta Popular fue realizada en mayo de 1999 encaminada a

ratificar o no 50 reformas a la Constitución. Estas reformas se dividieron en

cuatro bloques:

1. Nación y Derechos Indígenas

2. Organismo Legislativo

3. Organismo Ejecutivo

4. Organismo Judicial.

De la totalidad de las propuestas sólo una quinta parte hacían referencia

a reformas derivadas directamente de los Acuerdos de Paz, mientras las otras

fueron pactadas en el Congreso por los diversos partidos políticos.

Acudieron a las urnas únicamente el 18.55% de los empadronados y

hubo un abstencionismo de 81.45%. Este abstencionismo se tomó como un

desencanto más de la población hacia el régimen político guatemalteco y a los

desaciertos de la clase política. El abstencionismo de la población puede

significar no un rechazo frontal a los Acuerdos de Paz sino más bien a la clase

política, además manifiesta la resistencia a opinar sobre una materia confusa y

mal planteada desde sus inicios, sobre la cual la población nunca tuvo una

explicación clara. Existe la duda sobre la absoluta necesidad de reformar la

Constitución para aplicar el contenido sustantivo de los Acuerdos de Paz.

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Para las cuatro preguntas, en la suma total de votos, resultó vencedor el

NO, que obtuvo un porcentaje de un 9.40% del total, mientras que el SÍ alcanzó

el 7.49%. El restante 1.66% correspondió a los votos nulos o blancos11

.

El SÍ ganó en las cuatro preguntas en los departamentos con mayoría de

población indígena, con excepción de Quetzaltenango. Estos departamentos

fueron los más golpeados por el conflicto armado interno12

.

El NO resultó triunfador en la zona de oriente que es esencialmente

ladina. Además, la ciudad capital fue decisiva en el conteo final de votos

inclinando la balanza hacia el NO13

.

Se considera que estos resultados arrojados fueron un golpe duro para

el Proceso de Paz, ya que a través de esta consulta popular se pretendía

implementar y legitimar cambios fundamentales en la Constitución contenidos

en los Acuerdos de Paz. Entre los más importantes, el nuevo rol del Ejército y

el reconocimiento explícito de los pueblos indígenas. Que el NO ganara, fue

tomado como el miedo existente a lo indígena, como racismo y desigualdad,

como resistencia a los cambios sociales y hasta se llegó a tomar como dar un

paso atrás en la consolidación de la paz.

Podemos decir, entonces, que la población guatemalteca en su conjunto

aún no logra apropiarse del contenido de los Acuerdos de Paz, ya sea

desconocimiento o por sentirse ajena a este proceso, por lo que no asume

compromisos reales en su defensa.

11 Reporte Político INCEP. Panorama Centroamericano No. 148, mayo 1999, pp 04 12 Idem 13 Idem

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VI. EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y LAS PERSPECTIVAS PARA GUATEMALA

Alcanzar los Acuerdos de Paz llevó más de treinta años. Entre guerra y

reuniones, finalmente, las partes compuestas por el Gobierno de Guatemala y

las Fuerzas Irregulares representadas por la URNG, lograron dejar a un lado

sus diferencias y llegar a un acuerdo en el que ambas partes se

comprometieron a luchar por la paz y no dar un paso atrás para no caer en el

sufrimiento que esta contienda trajo por tantos años al pueblo de Guatemala.

La firma de los Acuerdos de Paz trajeron consigo, esperanza, sin dejar a

un lado que también trajo temores y desconfianza, las cuales eran naturales en

un país en donde se había vivido bajo estas dos. El pueblo guatemalteco

estaba hastiado de la violencia, de cualquier lado que ésta proviniera, no

importando cuales eran las razones para justificarla. La firma de los Acuerdos

no quiere decir que los todos los problemas que han surgido durante este largo

período iban a estar resueltos.

Entonces como consecuencia, en el escenario nacional las fuerzas

interesadas en la reconstrucción del país se movieron entre un ánimo optimista

que realza lo que a partir de ahora se podría hacer. Si usamos el escepticismo

reiteraríamos que muy pocas vendrían a cambiar, se llegaría incluso a no haber

coincidencia acerca de qué se entiende por “reconstrucción nacional” dada la

naturaleza del conflicto y las consecuencias que éste arrastra. A pesar de todo

esto, la amplia opinión pública había venido reaccionando favorablemente en

forma progresiva al reconocer que algo termina y algo podría empezar a

cambiar el país. Y que se trataba de una histórica oportunidad para el cambio,

cuyo rumbo estaba parcialmente prefigurado en los Acuerdos de Paz, pero el

cumplimiento de estos no son de orden técnico sino más bien político. En el

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debate abierto relacionado con la naturaleza y los mecanismos que vinculan a

los compromisos suscritos, muchos ratifican que contiene prescripciones

positivas para superar tanto las causas del conflicto como sus peores efectos.

Consecuentemente, tienen una utilidad inmediata y de largo plazo.

Los Acuerdos de Paz constituyeron un punto de partida muy importante

en la reconstrucción nacional y se complementó con sugerencias y

recomendaciones en diversos documentos, que algunos actores nacionales

como el CACIF e internacionales como el BID, formularon. Algunos centros

privados (académicos y de investigación) formularon propuestas de cambio que

no pudieron ser ignoradas, así también la sociedad civil ha expresado sus

opiniones y sugerencias sobre distintos temas, todo esto prueba la amplitud del

involucramiento de actores locales y externos en la percepción de la necesidad

del cambio. MIUNUGUA, como entidad de verificación y observador directo del

proceso, presenta un informe sobre los avances y lo que falta por alcanzar.

Las observaciones hechas por esta misión de Naciones Unidas se presentaron

en el Quincuagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el

primero de junio de 2001. Este documento es presentado por el secretario

general de la ONU en programa “La Situación en Centroamérica:

Procedimientos para establecer la paz firme y duradera y progresos para la

configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.”14

1. Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los Acuerdos de Paz en Guatemala (1 de julio 2000 – 31 de marzo 2001)

El Informe que el Secretario General de la ONU presenta en el período

de sesiones de la Asamblea General sobre la verificación de los acuerdos de

paz, es el Informe que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en

Guatemala – MINUGUA – ha hecho a partir de 1997. En este informe, 14 Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la verificación de los Acuerdos de Paz de Guatemala (1 de julio 2000– 31 de marzo 2001). MINUGUA, Guatemala. Pp. 5

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MINUGUA, hace referencia a los adelantos que ha tenido el cumplimiento de

los acuerdo y también en que se han rezagado los mismos. En este último

informe, el Secretario General, transmitió la solicitud de las partes involucradas

en el proceso de paz, el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria

Nacional Guatemalteca (URNG) a que la ONU les acompañara este proceso

hasta el año 2003, la cual fue aceptada, debido a que en diciembre de 2000 se

venció el calendario de cumplimiento de los Acuerdos de paz plasmado en el

Acuerdo sobre el cronograma para la implementación, cumplimiento y

verificación de los Acuerdos de paz para el período de 1997 - 2000. Después

de cuatro años de la implementación de los acuerdos, la agenda de la paz aún

presenta varios compromisos en proceso de cumplimiento o sin cumplir. Es

por ello, que la Comisión de Acompañamiento del Cumplimiento de los

Acuerdos de Paz realizó una recalendarización integral de los compromisos

pendientes poniéndolos en un Cronograma para el cumplimiento de los

compromisos de los acuerdos de paz de 2000 a 2004. Fue el 12 de diciembre

de 2000 que se realizó la ceremonia de la firma y la presentación de la

mencionada recalendarización.

En el contexto general del informe se menciona la preocupación de parte

del Secretario General en relación a la población guatemalteca quien percibe

escasamente los efectos de la paz lo que compromete la sostenibilidad y

firmeza del proceso. Otra preocupación es el agravamiento de la inseguridad

manifestada por medio de amenazas a sujetos procesales e intimidaciones a

miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción de

los derechos humanos, esta situación también afecta a periodistas y otras

personalidades públicas por lo que se le hace un recordatorio subrayado al

Gobierno de hacer cumplir el compromiso de protección de las personas y

organizaciones que promueven el respeto a los derechos humanos. Se

menciona también la situación de los partidos políticos quienes continúan

mostrando signos de fragilidad. La URNG ha pasado por una etapa de

reestructuración interna que limitó su capacidad de incidencia en los espacios

creados por los acuerdos.

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En febrero de 2001 surgió la inquietud social sobre un posible quiebre

institucional que provocó diversas reaccione, en este clima de incertidumbre del

Gobierno y de la comunidad internacional se inició una reflexión sobre una

estrategia que promoviera el fortalecimiento democrático y el cumplimiento de

los acuerdos de paz. MINUGUA, a solicitud de las partes, desarrolló una

amplia ronda de consultas a través de las cuales se constató que existe cierta

disposición de sectores de la sociedad para unir fuerzas en torno a temas

específicos.

En este Informe se manifiesta la preocupación, de parte de la ONU, por

el escaso avance que muestra la implementación de los Axcuerdos debido a la

lentitud que el Gobierno de Guatemala para efectuar la transición y relevo de

los funcionarios de instituciones centrales del proceso. También fueron lentas

las políticas públicas y sólo se definieron algunas políticas sectoriales a finales

de 2000 que aún están en una etapa muy incipiente de implementación.

Además, el balance global de los acuerdos indica que el proceso de

reasentamiento sostenible y la incorporación definitiva de los desmovilizados es

aún insuficiente. El desarrollo social sigue mostrando grandes brechas entre la

población indígena y no indígena.

La modernización de Estado es uno de los ejes centrales de los

acuerdos de paz, la modernización del sistema de justicia es fundamental. El

cumplimiento de los compromisos relativos al Ejército es desigual. Se avanzó

en su reconversión y despliegue, pero lo relacionado a la inteligencia militar y a

la formulación de una nueva doctrina militar no muestra avance. Los acuerdos

establecen las metas del gasto público en áreas estratégicas y promueven su

adecuada implementación. Sin embargo, importantes ministerios al igual que

algunos fondos sociales registraron una insuficiente ejecución, el gasto del

ejército no respetó la reducción pactada. En el proyecto de presupuesto

general de ingresos y egresos del Estado se contemplaban el gasto prioritario

para la paz. Este proyecto sufrió significativos recortes durante el trámite

parlamentario de aprobación, esta preocupante situación que compromete la

implementación de importantes compromisos de la, paz y sus efectos sobre la

población está siendo verificado por MINUGUA.

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El informe se refiere directamente a la implementación de los Acuerdos

de paz que abarcan cuatro ejes temáticos:

1. Reasentamiento, incorporación y reconciliación.

2. Desarrollo humano integral; que incluye educación, salud y vivienda.

3. Desarrollo productivo sostenible; que incluye trabajo y desarrollo social.

4. Modernización del Estado democrático; que incluye descentralización,

participación social y consejos de desarrollo; política tributaria, justicia,

seguridad publica, información e inteligencia y ejército.

Este informe da cuenta del estado de los compromisos de los acuerdos

sobre cada eje temático, incorporándoles tres aspectos que atraviesan de

forma sustantiva toda la temática de la paz: derechos de los pueblos indígenas,

compromisos relativos a la mujer y fortalecimiento de la participación social.

1. Reasentamiento, incorporación y reconciliación:

El desarrollo sostenible y equitativo de las áreas de reasentamiento y la

integración productiva de las poblaciones desarraigadas y desmovilizadas

continúan siendo las fases de proceso de reasentamiento e incorporación que

registran mayores limitaciones. La integración política, social y económica de

estos sectores es un elemento de interés nacional para la consolidación de la

paz.

En relación a la incorporación, en noviembre de 2000 se aprobó una

prorroga por un año de la Ley Temporal Especial de Documentación Personal

debido a la persistencia de grupos de población desarraigada que no poseen

documentación de identificación lo que les ha impedido el accesos a crédito, a

la tierra, a la vivienda y otros beneficios sociales. También se menciona que la

fase de incorporación definitiva de los desmovilizados muestra gran lentitud.

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Para dar seguimiento a esta fase, se creó el Equipo Coordinador pero

lamentablemente, aún no cuenta con el respaldo jurídico necesario para su

funcionamiento.

En reconciliación, un aspecto tan importante como el resarcimiento a las

víctimas de las violaciones de los derechos humanos, no ha logrado los

avances necesarios. La secretaría de la Paz prosiguió implementando los

proyectos piloto de resarcimientos en algunos departamentos del país. El

secretario General de la ONU, destacó la importancia de crear una Comisión

para la Paz y la Concordia como instrumento para facilitar la reconciliación

nacional.

2. Desarrollo humano integral

La paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo

socioeconómico participativo. El reconocimiento de la identidad y derechos de

los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de una nación

multiétnica, pluricultural y multilingüe.

El período muestra lentitud en la ejecución del gasto público que

únicamente mejoró en los últimos meses del año en los sectores de educación

y salud. Por otra parte, en el sector de vivienda fue in}suficiente debido a la

falta de acceso a los fondos presupuestados y asignados.

Los fondos sociales deben articularse entre sí y con otros niveles del

Gobierno para dotar con mayor transparencia el manejo de recursos.

a. Educación

El plan de educación de 2000 – 2004 pone de manifiesto la preocupación

del Gobierno sobre este tema. Los esfuerzos en el proceso consultivo con la

sociedad civil, impulsado por el Ministerio de Educación y la Comisión

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Consultiva para le Reforma Educativa, deben traducirse en la rápida

implementación de la reforma y transformación curricular y en los materiales

educativos que incluyan además de los contenidos adecuado sobre la

educación cívica, democrática y la educación para la participación. Es

necesario que reflejen la multiculturalidad y la equidad de género, basados en

los resultados del diálogo y consulta para la reforma educativa en mayo 2000.

Hubo otro avance con la firma del convenio marco y el inicio de la ejecución

del, plan de inserción de las comunidades con población desarraigada al

servicio educativo oficial. Sin embargo, no se ha cumplido el compromiso de

implementar un programa de educación cívica de importancia para que se

retome el camino de la tolerancia y la reconciliación.

No se alcanzó la meta de cobertura de educación primaria impuesta por

el Programa nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo. En relación

a la educación bilingüe implementada, preocupa su dependencia de la

cooperación internacional, su escasa cobertura y la carencia de pedagogía

adecuada que pone en duda su impacto y sostenibilidad.

El Programa Nacional de Alfabetización, iniciado en octubre 2000,

involucró a sectores gubernamentales y no-gubernamentales en el logro de

este importante objetivo nacional, pero se han presentado limitaciones así

como problemas presupuestarios.

Por último no se debe restar importancia al compromiso medular de

universalizar la educación primaria a tres años para la niñez de 7 a 12 años.

b. Salud

El presupuesto de 2001 para el Sistema Integral de Atención en Salud

fue reducido lo que afecta la extensión de su cobertura. Se reitera la

preocupación sobre la sostenibilidad debido a la excesiva dependencia del

trabajo voluntario y de la cooperación internacional. Otras metas de salud

muestran bajos niveles de cumplimiento como por ejemplo la cobertura de

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vacunación del sarampión alcanzó en 1999 sólo el 83% de la población infantil

que es insuficiente para erradicar la enfermedad. Además el abastecimiento de

agua es aún precario en las áreas rurales. También el Ministerio de Salud

pública y Asistencia Social presentó un Programa Nacional de Salud

Reproductiva cuyo objetivo es proveer servicios a hombres y mujeres tengan

una vida reproductiva sin riesgo, saludable y satisfactoria.

Una de las metas del Plan Nacional de Salud 2000 – 2004, que

responde al compromiso de prestar servicios sociales en idiomas de los

pueblos indígenas, en esto no se ha avanzado adecuadamente en el uso de los

idiomas indígenas en las consultas médicas y las capacitaciones.

c. Vivienda

Ante la necesidad de una política integral de vivienda que priorice la

atención a sectores de menores ingresos, se produjo el borrador final de la

Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, iniciativa que podría

responder al déficit habitacional dando prioridad a los sectores más pobres. Es

necesario ratificarla como política de Estado y definir los mecanismos de

ejecución.

En relación al Fondo Guatemalteco para la Vivienda, se constató que no

hubo ninguna ejecución del presupuesto correspondiente al 2000 por falta de

acceso a los fondos. A finales de marzo de 2001, el Gobierno se comprometió

a calendarizar los desembolsos para atender proyectos de vivienda aprobados

a comunidades desarraigadas y desmovilizada. Las poblaciones afectadas por

el huracán Mitch todavía siguen sin ser reasentadas.

3. Desarrollo productivo sostenible

Las políticas económicas deben orientarse a impedir que se produzcan

procesos de exclusión socioeconómica, como el desempleo y el

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empobrecimiento. Los acuerdos de paz reconocen la grave condición de

pobreza y exclusión social como una de las causas de estructurales del

enfrentamiento armado interno. Esto deriva, concentración de la tenencia de

la tierra y la escasa remuneración de los trabajadores. Además, las

condiciones adversas derivadas por la reducción del precio internacional de

algunos rubros de exportación como el café, se ha convertido en un desafío

adicional para la sostenibilidad de la construcción del proceso de paz. En

octubre de 2000, se inició la consulta preliminar sobre la Estrategia de

Reducción de la Pobreza que debe integrarse a una política nacional de

desarrollo rural y seguridad alimentaría en el marco de los acuerdos de paz.

Para amortiguar el desempleo generado por la crisis del café se debe promover

nuevos rubros productivos para el refinanciamiento de los pequeños y

medianos productores por lo que es de vital importancia avanzar en el tema

fiscal y contar con los vales necesarios del Fondo Monetario Internacional.

a. Trabajo

En el ámbito laboral, los acuerdos establecen una política de Estado que

es determinante para una estrategia de crecimiento con justicia social por lo

que se incluyen compromisos referidos a modificaciones en el marco jurídico,

fortalecimiento y desconcentración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

así como la promoción de la negociación colectiva y mecanismos de resolución

consensuada de conflictos laborales. También se destaca el aumento de

salarios y bonificaciones, el incremento de inspecciones de oficio para controlar

el cumplimiento de la legislación laboral. Fuera de estos, otros importantes

compromisos no se han cumplido.

El incremento a la bonificación y al salario mínimo redujeron la brecha

entre los salarios mínimos legales y el precio de las canastas básicas de

alimentos. Los efectos reales resultan relativos debido al alto grado de

incumplimiento por el Ministerio y que los trabajadores del sector informal no se

ven beneficiados. Se evidencia la necesidad de reformas legales que

promuevan la formalización del sector informal y que reconozcan la calidad de

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la mujer como trabajadora y de las empleadas domésticas así como garantizar

el derecho de la mujer al trabajo y tipificar el acoso sexual como delito.

Se destaca los esfuerzos de concertación realizados por los sectores

laboral y empresarial para llegar a un consenso de reformas al Código Laboral

para adecuarlos a los preceptos del Convenio sobre la liberalidad sindical y la

protección al derecho de la sindicalización. El Congreso de la República

aprobó 36 reformas al Código Laboral que es un importante avance de los

acuerdos de paz y en la adecuación de la legislación interna a las

recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo,

es necesario avanzar en las reformas a las restricciones al ejercicio del

derecho de huelga de los trabajadores públicos, así como en los derechos de la

mujer trabajadora previstos en los acuerdos de paz.

b. Desarrollo Rural

El compromiso de diseñar y ejecutar una política integral y de desarrollo

rural que atienda al conjunto mayoritario de población rural en situación de

pobreza y extrema pobreza aún no se ha cumplido. Continúan dictándose

lineamientos parciales que no atienden adecuadamente a la diversidad étnica y

cultura de Guatemala. En el calendario 2000 – 2004 tiene carácter prioritario

los temas de desarrollo rural. La carencia de una visión integral y de largo

plazo también ha favorecido el debilitamiento de algunas instituciones del

sector.

La débil presencia del Estado ha sido otra causa del subdesarrollo en las

regiones más desfavorecidas, especialmente las habitadas por población

desarraigada. Para revertir esta tendencia, el Estado debe fortalecer su

presencia en el territorio y convertirse en promotor de iniciativas de desarrollo,

brindando asistencia técnica y servicios financieros.

La población desarraigada y la población pobre de las áreas de

reasentamiento, aún no han superado sus condiciones de exclusión social. En

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las inversiones sociales y económicas continúa prevaleciendo una visión que

privilegia los proyectos y las intervenciones de largo plazo. El acceso y

seguridad jurídica sobre la tierra siguen siendo serios obstáculos para la

reinserción de la población desarraigada y parte de la desmovilización. Es

importante destacar, que si se asignaran los recursos necesarios, la titulación

pendiente para la población desarraigada se resolvería en 2001.

Con la creación de la Unidad de Género, Mujer y Juventud Rural en el

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se espera ayude a eliminar

las desigualdades por género y edad y propiciar las condiciones de igualdad en

el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra.

El Banco de Desarrollo Rural incrementó su cartera de créditos

focalizando sus actividades en los departamentos más afectados por el

enfrentamiento armado interno. Acción que se califica de positiva al desarrollo

y cumplimiento de los acuerdos de paz.

Los acuerdos de paz establecen el derecho de los pueblos indígenas a

la gestión y administración de sus tierras comunales. El conjunto de

compromisos relacionados con los derechos de la tierra y gestión de sus

territorios por las comunidades indígenas no se ha cumplido y continúa

pendiente las reformas legales y de la creación de una jurisdicción agraria y

ambiental.

El incumplimiento de los compromisos sobre identidad y derechos de los

pueblos indígenas, significa la pérdida de conocimientos sobre el manejo de los

recursos naturales y se ha convertido en una importante causa de conflictos

entre las comunidades indígenas, el Estado y organizaciones ambientalistas.

4. Modernización del Estado democrático

Para lograr la justicia social y el crecimiento económico, es necesario la

participación efectiva de todos los cuidadnos de todos los sectores de la

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sociedad. Le corresponde al Estado ampliar las posibilidades de participación

y fortalecerse como orientador del desarrollo nacional. Esto requiere elevar la

recaudación tributaria y priorizar el gasto público hacia la inversión social. El

fortalecimiento del poder civil es indispensable para la existencia de un régimen

democrático. La finalización del enfrentamiento armado ofrece la oportunidad

histórica de renovar las instituciones para que puedan garantizar los derechos

a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la

persona.

a. Descentralización, Participación Social y Consejos de Desarrollo

El proceso de descentralización se ha implementado en tres

dimensiones: a) el fortalecimiento institucional y financiero de los gobiernos

municipales; b) la organización del sistema de consejos de desarrollo de

diversos niveles; y c) la desconcentración sectorial , en las áreas de educación,

salud y agricultura, cada una con enfoque diferente y resultados desiguales. El

Gobierno actual facultó a tres instancias para liderar el proceso de

descentralización provocando incertidumbre y retraso notable en el proceso. El

proceso de descentralización quedó a cargo del Comisionado Presidencial para

la Modernización y Descentralización del Estado esperando que ponga en

marcha este demorado proceso y que consolide la política de

descentralización.

Los acuerdos ponen énfasis en el sistema de consejos de desarrollo

urbano y rural como instrumento de concertación social y mecanismos

fundamental para la participación. Con algunas excepciones, éstos continúan

siendo espacios informativos sobre los proyectos financiados por el Fondo de

Solidaridad para el Desarrollo Comunitario. La integración de los indígenas y

las mujeres a los consejos de desarrollo es aún débil o inexistente por la

discriminación y la no institucionalización de su participación.

El Foro Nacional de la Mujer es reconocido como un proceso participativo

y organizativo inédito en Guatemala, que potenció la participación de las

mujeres indígenas y no indígenas desde lo local y generó una red articulada y

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legitimada a nivel nacional. Por medio de este Foro, las mujeres han logrado

algunos espacios de participación en los consejos de desarrollo y han abierto

ámbitos de interlocución, sin embargo persisten limitaciones. Como muestra

del compromiso gubernamental de fortalecer los mecanismos nacionales para

el desarrollo de la mujer se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer.

También se reconoce la gestión y promoción de los derechos de las mujeres

indígenas por la Defensoría de la Mujer Indígena y su consolidación apoyada

por la cooperación internacional.

b. Política Tributaria

Un paso trascendental en el cumplimiento de los acuerdos de paz es la

firma del Pacto Fiscal. Aunque se registran algunos avances en el tema

tributario y otros aspectos que mejoras la recaudación a través del control de la

evasión , la implementación de los compromisos del Pacto Fiscal y del Acuerdo

Político para el Financiamiento de la Paz, Desarrollo y la Democracia no ha

sido suficiente: su integridad no ha sido respetada y el Gobierno no logró

avanzar en temas sustantivos como los relativos al gasto público, a su

evaluación y control, y a la descentralización fiscal. La Superintendencia de

Administración Tributaria – SAT – ha realizado avances en cuanto a los

mecanismos de fiscalización y recaudación; al programa de contribuyentes

especiales y a la simplificación y automatización de la administración tributaria,

procesos claves vinculados al cumplimiento de los acuerdos de paz.

El Ministerio de Finanzas ha remitido al Congreso de la República un

importante conjunto de medidas legales para fortalecer la capacidad

sancionatoria del Estado ante la evasión fiscal y lucha contra la corrupción.

c. Justicia

En enero de 2000 se instaló la Comisión Nacional para el Seguimiento y

Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia que es el foro más importante, integrada

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por representantes de las instituciones de justicia y de la sociedad civil, para el

diálogo y búsqueda de consensos sobre el sistema de justicia.

Los acuerdos de paz establecen la necesidad de asegurar el acceso de

los pueblos indígenas a la justicia y el reconocimiento de su propio derecho.

En relación a esto, se han registrado importantes esfuerzos como la creación

de juzgados de paz comunitarios, los Centros de Administración de Justicia, el

nombramiento de traductores y jueces bilingües, en particular en los nuevos

juzgados de paz y la instalación de la Comisión de asuntos Indígenas en la

Corte Suprema de Justicia.

d. Seguridad pública

La meta del gasto público ejecutado en seguridad pública ha sido

superada pero la verificación por tipo de gasto indica que existe mayor

asignación al funcionamiento que a la inversión, repercutiendo negativamente

en la mejora de la infraestructura y equipamiento de la nueva Policía Nacional

Civil.

Se destaca los valientes esfuerzos de la policía, especialmente, en

zonas rurales para evitar los linchamientos, práctica gravísima en contra de los

derechos humanos.

Se ha avanzado en la creación e instalación de los departamentos

especializados. Los mecanismos de control interno de la policía son un reto

para su proceso de reforma, por lo cual, se estima fundamentalmente el

desarrollo de un sistema integral que permita el efectivo control de la conducta

ética y profesional del personal así como la supervisión de sus actividades

operativas. El avance en este ámbito supone consolidar la confianza de la

sociedad en la nueva policía y su legitimación institucional.

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e. Información e Inteligencia

Han surgido iniciativas para impulsar la formulación de las normas y

estructuras de los sistemas de inteligencia, su control y funcionamiento como la

propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para crear

la Comisión de Control Legislativo de los Organismos de Inteligencia del

Estado o las sugerencias de varios grupos cívicos en torno al Departamento de

Inteligencia Civil y Análisis de la Información del Ministerio de Gobernación.

Promover, a la brevedad, una ley sobre un sistema nacional de inteligencia que

prevea la coordinación de las distintas estructuras y delimite con claridad las

respectivas funciones.

Los acuerdos establecen que es necesario legislar la creación del

Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de la Información. La Secretaría

de Análisis Estratégico desplegó sus actividades al interior del país y ha

mantenido su carácter civil en general. Para impulsar su desempeño, es

necesario mejorar la formación de sus integrantes y su estatuto jurídico

mediante la promulgación de una ley específica.

f. Ejército

Continúa el proceso de elaboración de una nueva doctrina, pero el

proceso ha demorado el rediseño del sistema educativo y el contenido del

entrenamiento militar. Se ha hecho una serie de recomendaciones para

contribuir a asegurar la congruencia de la nueva doctrina con los acuerdos de

paz.

Mediante acuerdos gubernativos se puso fin al Comisariato del Ejército y

reconvirtió el Instituto Geográfico Militar en Instituto Geográfico Nacional. La

frecuencia televisiva asignada al ejercito fue endosada a la Presidencia de la

República, cumpliéndose lo dispuesto por el Acuerdo. En relación a la Fabrica

de Municiones, se verificó que el cumplimiento del compromiso ha sido parcial.

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Desde el punto de vista presupuestario la reducción fue progresiva pero

se alteró en el ejercicio 2000. Aunque la asignación prevista para el 2001

respeta la reducción acorazada se espera que no se produzcan nuevamente

transferencias o incrementos presupuestarios que lleven al incumplimiento del

compromiso asumido.

El redespliegue de las unidades militares continuó y se registró la

reasignación de efectivos que permitirá el uso más apropiado de los recursos

disponibles. Es preocupante las características del despliegue en la zona Ixil,

una de las zonas más afectadas por el enfrentamiento armado interno en

donde no ha habido modificación alguna.

El compromiso de sustituir el Estado Mayor Presidencial ha sido

recalendarizado para el primer semestre de 2003. El nuevo cronograma no

estableció acciones Intermedias que pudieran reflejar avances graduales en

este compromiso.

2. Los expertos opinan sobre el avance, rezagamiento y visualización de los Compromisos adquiridos en Esquipulas II y los Acuerdos de Paz firmados en Guatemala en diciembre de 1996

Para completar este estudio e investigación en relación al cumplimiento

de los acuerdos de paz y las perspectivas para Guatemala, se utilizó el

instrumento de la entrevista. La entrevista fue respondida por expertos en esta

área, quienes de alguna u otra forma han participado en el desarrollo de este

proceso tan determinante en la vida de los guatemaltecos como del país

mismo.

Los expertos entrevistados fueron el Doctor Jorge Luis Borrayo, el

Doctor Víctor Gálvez Borrell y el Licenciado Arnoldo Ortíz Moscoso. Esta

entrevista tenía como objetivo fundamental conocer la opinión de estas

personas en relación al cumplimiento de los compromisos adquiridos en

Esquipulas II y los acuerdos de paz firmados en 1996 por Guatemala. Los

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compromisos alcanzados o cumplidos, los avances y rezagamiento de los

compromisos pendientes de cumplir y cómo visualizan ellos esos compromisos

adquiridos.

2.1. Los compromisos cumplidos y los rezagados de Esquipulas II

En relación a los compromisos adquiridos en Esquipulas II, todos

coincidieron en que sí se llegaron a cumplir. Estos compromisos son muy

genéricos y abiertos pero básicamente se redujeron en conjunto a encontrar las

fórmulas de pacificación y desarrollo a través de medios políticos y no mediante

la confrontación armada. Estos compromisos llevaron a desactivar la guerra de

los conflictos internos y hubo un cese al fuego así como una desmovilización

de los grupos armados, impulsaron la democratización e instancias de

reconciliación, sin dejar por un lado que tuvo su debida verificación. La mayor

parte de estos compromisos asumidos en Esquipulas II fueron recogidos en el

proceso de negociación de la paz y en los acuerdos de paz.

Sin embargo, los compromisos de Esquipulas II, por su naturaleza,

tienen dos líneas que están relacionadas, por un lado terminaron la guerra. Se

dio fin a las hostilidades, se dio término al conflicto armado que era pues la

meta inmediata. Por otro lado, se dio un marco general para que todos los

sectores en conflicto diseñaran sus propios procedimientos en áreas más

importantes, que no se limitaba solamente a la terminación de la guerra sino

que inmediatamente se emprendiera acciones para combatir o superar las

condiciones político sociales y una parte que es muy propia de Guatemala, era

que estos acuerdos se podrían llamar de compromisos constitutivos de una

nueva sociedad y un nuevo Estado. Por eso el proceso de paz de Guatemala

es tan notable, diferente y especial de otros procesos de paz en el mundo,

luego de que terminara la guerra y durante la gestión, las partes, Gobierno –

insurgencia, acordaron una enorme cantidad de compromisos que involucraban

a sectores y personas que no habían participado en el enfrentamiento armado

pero eran víctimas. Entonces la virtud o característica de este proceso es que

los acuerdos de paz son un resultado de las negociaciones hechas por las

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partes de alcanzar un nuevo país. Esto tiene que ver con el Estado multilingüe,

pluricultural y multiétnico con nuevas relaciones sociales, con todo el tema

económico y de la tierra, con una cultura política democrática, tiene que ver con

los compromisos, algunos muy difíciles de cumplir en término de lo que

MINUGUA piensa como calendario o recalendarización del 2002 al 2004.

La parte relacionada con la guerra se cumplió, se acabaron las

hostilidades. Sin embargo la parte relacionada con la reconciliación se ha

rezagado pues ha sido muy difícil para el pueblo de Guatemala en sus

diversidades expresivas, sus grupos étnicos y sus grupos lingüísticos, que

hayan sido llevados a un diálogo nacional que permita la distribución, los

arreglos de diferencias, la discriminación y todas las formas que ha llevado la

sociedad guatemalteca a una fragmentación.

2.2. Impedimento en el avance del cumplimiento de los compromisos

Los compromisos de Esquilpulas II y los acuerdos de paz pretenden

remover o superar gran cantidad de factores que dieron origen al conflicto,

factores que han estado a través de la historia y que siempre han estado ahí, y

esos fueron los que motivaron a la insurgencia como parte del conflicto mundial

de la época. La situación en general no es fácil, no es que se haya firmado la

paz y los problemas que agravan al país se resolvieron de inmediato,

problemas como la pobreza, la ignorancia en el campo, la marginación y

exclusión social, tratamiento de la niñez, derechos de la mujer, reforma agraria,

etc. En ese sentido, la acumulación de tantos años de esos factores es un

primer obstáculo.

Un segundo obstáculo, sin que sea un orden necesario, se relaciona con

sectores del país que no desean en absoluto que las situaciones de privilegio

que se mantuvieron durante 500 años, desaparezca simplemente. Siempre

vamos a encontrar sectores muy identificados, muy claros que ven en los

acuerdos de paz una causa para terminar sus privilegios. Se puede citar como

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ejemplo al sector privado. Este sector no le parece la idea de pagar salarios

decentes en el campo, o que los trabajadores y trabajadoras tengan libertad de

expresión en cualquier sector, o que sus fortunas se vean disminuidas por el

pago de impuestos, etc. Otro sector que se puede mencionar es el ejército que

ha sido una institución históricamente privilegiada. En fin, el avance en el

cumplimiento se ve rezagado por las actitudes y/o acciones de los sectores que

no se ven beneficiados a su conveniencia con los compromisos asumidos.

Otro factor que afecta, es la falta de participación política de la sociedad.

No hay conciencia la cual, el mismo conflicto, eliminó y pocos participaron en

esta actividad ya sea porque no querían simplemente o por miedo, el terror era

tan grande que la gente no se quería involucrar. Así pues, la ignorancia de las

personas pesa mucho.

Podemos agregar otro factor que ha impedido el avance del

cumplimiento de los compromisos. Es un fenómeno relativamente nuevo, pero

que no tiene ninguna relación con algún sector específicamente, ni con la falta

de educación, ni con la pobreza pero que tienen un peso muy decisivo en el

futuro del país ya que su interés primordial es que el Estado sea un Estado

débil. Este factor se llama crimen organizado. En el marco del crimen

organizado, no es necesario incluir solamente a los narcos, también a los

funcionarios que se benefician de esto porque son parte del círculo o porque

son pagados para permitir que ocurra. Nunca antes había pasado en este país

lo que está pasando ahora, ese elemento es un obstáculo muy grande que no

es de carácter político, ni de carácter económico pero sí de obra y poder para

corromper instituciones y personas. Este factor es de poder inmenso como

obstáculo en el proceso de paz.

2.3. Visualización de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz firmados en diciembre de 1996 en Guatemala

Los acuerdos de Esquipulas están hechos en un contexto de Guerra Fría

y son hechos pensando, básicamente, en desescalar la tensión mayor que

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representaba Nicaragua, bajar el nivel de confrontación y el peligro de la

intervención de potencias en Centroamérica. Esquipulas es, pues, un

producto de madurez política. Los presidentes de la época se dieron cuenta de

que sus países se estaban agotando y que en el desborde de violencia que

había, sus propios gobiernos iban a ser arrastrados al caos generalizado.

Además sus respectivos partidos políticos y ejércitos estaban también

agotados, pero coincide que por fortuna de todos que en ese momento hay

gobiernos, incluido el de Guatemala, que son producto de elecciones

razonablemente libres. No fue por gracia del ejército que se tuvo la

oportunidad de hacer estas reuniones que trajeron consigo una serie de

cambios y lo más interesante de Esquipulas es que se hizo a pesar y en contra

de lo que los estadounidenses pensaban en aquel momento. O sea que no

son los estadounidenses los inspiradores de Esquipulas, por eso estas

reuniones tienen esa característica de que es un movimiento muy importante y

que es una iniciativa generada por los propios sectores internos. A la luz de las

propuestas de Esquipulas los resultados se obtuvieron el 29 de diciembre de

1996 y son el producto, el fruto de ese esfuerzo, los acuerdos de paz.

En cuanto a los acuerdos de paz, se refieren concretamente al conflicto

interno de Guatemala, Esquipulas era más amplio, pero sin los acuerdos

generados por Esquipulas hubiese sido más difícil alcanzar los acuerdos, de

los cuales se puede decir que es lo mejor que ha pasado en Guatemala,

porque ahí está tanto el futuro del país como el de nosotros mismos y el de

nuestros hijos.

Sin embargo, si estos compromisos generados por los acuerdos se

hubieran llevado al nivel de compromisos de Estado habría una expresión muy

clara en su cumplimiento, pero ha pasado mucho tiempo para que el Gobierno

los reconociera como tal, hasta ahora se han empezado a reconocer los

acuerdos suscritos en 1996 como compromisos de Estado, pero ni el

presidente actual, ni el presidente Álvaro Arzú, han presentado los

compromisos al Congreso de la República como compromisos internacionales

para que puedan ser desarrollados como proyectos de ley, aprobados como

leyes y desarrollados como un programa de Estado, como una agenda de

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nación. Los acuerdos tienen el espíritu de ser una agenda de nación y esa

agenda no se ha cumplido por esa falta de voluntad política.

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VII. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

En la década de los cincuentas, especialmente a partir de los sesentas,

Centroamérica tuvo iniciativas para consolidar una integración regional que se

vio frustrada. Al mismo tiempo en el seno de Guatemala se empezaba a

organizar una agrupación que no estaba de acuerdo con el sistema y que se

llamó “Guerrilla”. Se denominó Guerrilla por estar formada por grupos poco

numerosos de personas armadas y organizadas con el fin de atacar y

desestabilizar el orden establecido en un lugar o país, en este caso,

Guatemala, hostilizando en diversas regiones del país, siendo su blanco

principal de desestabilización el Gobierno, que por ese entonces estaba en

manos del Ejército de Guatemala. La Guerrilla tenía ideales socialistas y se

pronunciaba en contra de los Gobiernos de turno alegando su servilismo hacia

los Estados Unidos.

En la década de los setentas, Guatemala se caracterizó por sus

gobiernos militares de extrema derecha e hizo que los grupos guerrilleros se

manifestaran aún más en contra de estos. Sin embargo, esta actitud se

generalizó en Centroamérica, específicamente en los países de Nicaragua y El

Salvador. El clímax de esta situación se dio cuando los sandinistas tomaron el

poder en Nicaragua luego de una revolución y despojando a su gobernante del

poder ejecutivo. Esta acción demostró que los grupos guerrilleros apoyados

por el pueblo podían alcanzar cualquier meta. Tener ya dos países de

ideología comunista en las Américas era un hecho inaceptable por parte de los

Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar los países vecinos a

Centroamérica entraron en pánico debido a que la situación regional no les

favorecía en lo absoluto y les afectaba directa e indirectamente. Así pues,

países vecinos deciden unirse para ayudar a dar solución al conflicto

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centroamericano y empiezan los primeros movimientos como las propuestas

del Grupo de Contadora que abarcaban compromisos de seguridad, economía,

asuntos sociales y los compromisos de cumplimiento y seguimiento. Más tarde

surge otra iniciativa denominada proceso de San José que perseguía respaldar

el Proceso de Paz en Centroamérica. Este proceso estaba apoyado por el

Grupo de Contadora e incluso por la Comunidad Económica Europea, hoy

Unión Europea. El Proceso de San José dio curso al proceso de paz

centroamericano dentro de un ambiente más favorable.

Para 1986, los presidentes del área centroamericana unen esfuerzos

para realizar una reunión de alto nivel, promovida por el Presidente de la

República de Guatemala en ese período, el Licenciado Vinicio Cerezo, en la

Villa de Esquipulas en Guatemala. En esta reunión se consideró una iniciativa

a favor de la paz surgida en el seno mismo de región, por esa razón

renunciaron al Proceso de Contadora para tener su propio proceso que velara

por los intereses mismos de la región. Otro de los objetivos importantes de

este evento fue la propuesta del Parlamento Centroamericano, como foro de

discusión y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la región.

El resultado de la Primera Reunión Cumbre de Esquipulas fue la

“Declaración de Esquipulas” que destacó aspectos como la institucionalización

de reuniones similares a ésta en el área, reconocer que la paz sólo podía ser

producto de un auténtico proceso democrático, actualizar los procesos de

integración económica y social, y crear mecanismos complementarios para

fortalecer el diálogo y el desarrollo conjunto de la democracia y el pluralismo.

En estos aspectos se basaron los lineamientos para la creación del

PARLACEN.

En esta reunión se reconoce por primera vez el vínculo entre paz y

desarrollo lo que da paso a una nueva era para la región en conjunto. De esta

manera paz y desarrollo se constituyen dos elementos inseparables del

proceso y representan la clave para devolver a los países de Centro América

su calidad de miembros activos y honorables de la comunidad internacional.

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Esquipulas es la puerta que se abre para que las reuniones de alto nivel

sigan su camino, por lo que pronto se daría paso a la Segunda Cumbre de

Presidentes de Centro América: ESQUIPULAS II.

En la Reunión Cumbre ESQUIPULAS II, los presidentes

centroamericanos asumieron once compromisos que constituía el contenido del

llamado Plan de Paz; nueve relacionados con la problemática centroamericana

y dos referentes a la verificación y calendarización de ejecución de

compromisos. De manera general, los acuerdos de ESQUIPULAS II fueron un

paso positivo en el proceso de pacificación de Centro América, principalmente

por el consenso centroamericano que fue expresado, ya que llenaron un vacío

de negociación que se estaba tornando peligroso y porque disminuyó la presión

de la guerra de baja intensidad que pesaba sobre los pueblos

centroamericanos. La suscripción de este Plan de Paz marcó la voluntad de

paz en la región y la decisión de asimilarla. La Cumbre Presidencial de

Esquipulas II demostró al mundo entero que los países centroamericanos

podían tomar sus propias decisiones, podían tomar sus propias medidas que

favorecieran a la región y traerían consigo la paz que el territorio añoraba para

que ya no fuese visto como foco de tensión sino más bien, como un lugar en el

que se podía invertir, se podía visitar y que tenía un gran potencial por explotar.

Los resultados de la firma de estos acuerdos hubo efectos inmediatos

como el avance de la democratización en Nicaragua; se desmovilizó a la

Contra de Honduras; en Costa Rica, la solución del conflicto le permitió

abandonar el temor a estar involucrada en una confrontación armada que podía

poner en peligro su institucionalidad democrática, su propia integridad territorial

y su soberanía; pero fue en El Salvador en donde los efectos fueron más

evidentes ya que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y la

Guerrilla de ese país.

En Guatemala hubo también efectos positivos como la consolidación de

la democracia, la negociación con la Guerrilla por medio de la Comisión

Nacional de Reconciliación. También debe mencionarse la creación de la

Procuraduría de los Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad.

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Todos estos esfuerzos en conjunto realizados por las diferentes

entidades creadas, por los países que apoyaban el proceso de paz propio de

Guatemala, dieron como resultado el esperado paso de la firma de los

acuerdos de Paz en Guatemala en 1996, después de nueve años de haber

firmado el Plan de Paz de Esquipulas II. El proceso de Esquipulas II y la firma

de los Acuerdos de Paz en Guatemala en diciembre de 1996 están ligados

indiscutiblemente. Los acuerdos de paz no pueden existir sin Esquipulas y eso

es definitivo. Esquipulas es muy amplio y general, los Acuerdos de paz son

específicos de Guatemala y dirigidos al país en sí.

Esquipulas trajo el cese del fuego, la desmovilización de los grupos

armados, la democratización, la reconciliación, etc., se terminó, pues, la

guerra o conflicto armado por lo tanto los compromisos adquiridos en

Esquipulas II sí se cumplieron. La Comisión Nacional de Reconciliación –

CNR – tiene sus orígenes en Esquipulas y fue quien permitió los acercamientos

que se dieron, todas esas conversaciones entre partes, sin ese espacio de

valorización y opiniones que pone la sociedad civil hubiera sido muy difícil

pasar al momento de la negociación.

El proceso de Reconciliación ha sido en dónde Esquipulas se ha

rezagado en su cumplimiento. Ha sido muy difícil que el pueblo de Guatemala

sea llevado a un diálogo nacional que permita la distribución, que permita los

arreglos de diferencias, la discriminación y todo lo que ha llevado a la sociedad

guatemalteca a una fragmentación.

Por un lado, tenemos que los acuerdos de Esquipulas alcanzan el fin de

las hostilidades, como cualquier otro instrumento para lograr la paz en

cualquier parte del mundo y la parte, que es muy propia de Guatemala, son los

acuerdos de paz, los cuales se les podrían llamar constitutivos de una nueva

sociedad y un nuevo Estado que son muy especiales y distintos de otros

procesos de paz en el mundo. Todo esto tiene que ver o está relacionado con

el Estado multilingüe, pluricultural y multiétnico con nuevas relaciones sociales,

con todo el tema económico y de la tierra, con una cultura política democrática,

tiene que ver con una cantidad de compromisos, varios de ellos muy difíciles de

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cumplir, porque son compromisos de cambio de vida, de relaciones sociales,

de transformaciones muy complicadas. Entonces está relacionado con

transformaciones profundas de la sociedad, que está en proceso de cumplirse

y no se sabe si se va a cumplir, porque no basta un cronograma para convertir

una cultura, las relaciones de un país en relaciones democráticas, no basta un

cronograma para que le racismo y discriminación dejen de existir, tenemos que

esperar una generación de guatemaltecos, la generación que ahora está

estudiando supuestamente, si estuviera recibiendo toda una cultura de

tolerancia y apertura, pero todo esto es muy complicado y llevará tiempo que

no se puede designar simplemente en un cronograma.

Guatemala en la perspectiva de los compromisos adquiridos en la

Cumbre Presidencial de Esquipulas II, podemos afirmar que dichos

compromisos fueron alcanzados, sin embargo la Reconciliación Nacional es un

tema que se ha quedado pendiente en las agendas de Gobierno. En los

Acuerdos de Paz se hizo énfasis en la reconciliación e inclusión en la vida

político-social de los pueblos debido a que Guatemala cuenta con una variedad

multiétnica y pluricultural. Pero este tema, desde Esquipulas II, siempre queda

rezagado y se ha evitado. Una muestra de ello fue la Consulta Popular que

buscaba las reformas constitucionales pero resultó ser una burla en lo

relacionado a “Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas”, no se le dio la

importancia ni el enfoque adecuado. El Gobierno de turno, tomó a la ligera lo

relacionado a las reformas constitucionales, que eran parte de los Acuerdos de

Paz de Guatemala, ya que no se informó al pueblo guatemalteco en qué

consistían las misma y cuál era el objetivo que perseguía cada una de ellas,

entonces terminó siendo un fracaso para los Acuerdos de Paz.

Guatemala tiene mucho camino que recorrer en esto de los Acuerdos de

Paz. Estos acuerdos no pueden desarrollarse y dar sus frutos de la noche a la

mañana. Es un trabajo duro y largo por realizar. En este trabajo estamos

involucrados todos los guatemaltecos porque estos acuerdos alcanzados nos

benefician a todos los guatemaltecos.

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Esquipulas II buscó la paz regional y comprometió a cada país

centroamericano a mantenerla y que hubiese armonía en la región, pero al

mismo tiempo exhortó a cada país a resolver sus problemas por medios

pacíficos y no usando la fuerza armada, de esta exhortación se excluyó a

Costa Rica. Guatemala fue uno de estos países exhortados a buscar la paz en

el conflicto interno en el que había estado envuelto por varias décadas en el

que participaban el Gobierno y la Guerrilla. Esto dio paso a una serie de

reuniones importantes que involucraron a todos los sectores de Guatemala y al

máximo representante de la Guerrilla, la URNG y así alcanzar los Acuerdos de

paz en Guatemala, firmados por ambas partes y comprometiéndose a darles

vida y seguir adelante hasta alcanzar todos, o por lo menos la mayoría, esos

compromisos adquiridos para lograr una paz firme y duradera.

Para finalizar, podemos decir, con certeza, que hay congruencia entre

Esquipulas II y los Acuerdos de Paz firmados por Guatemala en diciembre de

1996 porque es el resultado de Esquipulas II.

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