informe_bojaya

2Gonzalo Snchez G.Coordinador del Grupo de Memoria Histrica

Martha Nubia Bello AlbarracnRelatora de la investigacin sobre el Caso Emblemtico de Bojay

Pilar Riao AlcalCorrelatora

Belky Mary PulidoCamila Orjuela VillanuevaRicardo Chaparro Pacheco

Asistentes de investigacin

Diana Marcela GilAsistente administrativa

Edwin Novoa lvarezAlejandro Crdenas Palacios

Camilo VargasJess Flrez y Esperanza Pacheco Ramrez, Fundacin

Universitaria Claretiana FUCLA-. Michael L. Evans, National Security Archive

Consultores tcnicos de la investigacin

Bojay:La guerra sin lmites

3Delis Palacios Herrn, Representante ADOM. Auria Saavedra Pisco, Hermana Agustina Misionera - Bellavista. Elizabeth lvarez Vsquez

(Lucero), Habitante Bellavista. Macaria Alln Chaverra, Habitante Be-llavista. Lubim Valencia, Habitante Bellavista. Leyner Palacios Asprilla,

Lder COCOMACIA. Gestores locales de memoria

Consejo Comunitario Mayor de la Asociacin Campesina Integral del Atrato COCOMACIA-; Asociacin Indgena Embera Wuounaan -ASO-

REWA-; Foro Intertnico Solidaridad Choc FISCH-; Asociacin de Vcti-mas Dos de Mayo -ADOM-; Asociacin de Desplazados Afro Descendien-tes del Choc ADACHO-; Comit de Desplazados de Gestin y Veedura

Departamental -CODEGEVED-; Movimiento Regional de Vctimas del Choc; Comit Dos de Mayo, Grupo de mujeres Guayacn y Grupo de

Danzas Jorge Luis Mazo de Bellavista; Grupo Zafate de Viga del Fuerte; Consejo Comunitario de Napip; Dicesis de Quibd (Vicara de Pas-toral Afro, Vicara de Pastoral Indgena, Pastoral Social y Comisin de Vida, Justicia y Paz); Equipos misioneros de Viga del Fuerte y Bellavista (Hermanas Agustinas Misioneras, Hermanas Lauritas, Misioneros del Verbo Divino, Padres Diocesanos), Conferencia Nacional de Organi-zaciones Afrocolombianas CNOA-; Corporacin Centro de Pastoral

Afrocolombiana CEPAC-Participantes

Miembros del Grupo de Memoria Histrica

Investigadores: lvaro Camacho, Andrs Surez, Csar Caballero, Fernn Gonzlez S.J., Ivn Orozco, Jess Abad Colorado, Len Valencia, Mara Emma Wills, Mara Victoria Uribe,

Martha Nubia Bello, Nubia Herrera, Patricia Linares, Pilar Gaitn, Pilar Riao, Rodrigo Uprimny, Tatiana Rincn.

Asistente de Coordinacin: Laura Corral B. Impacto Pblico y divulgacin: Natalia Rey C., Andrs Elasmar. Gestora de proyectos: Paula Ila. Coordina-

dora Administrativa: Ana Lyda Campo.

Bojay: La guerra sin lmites

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Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin

Angelino Garzn Vicepresidente de la Repblica

ComisionadosEduardo Pizarro Leongmez, Presidente de la CNRR, Delegado del Vice-presidente de la Repblica; Ana Teresa Bernal Montas, Comisionada

Sociedad Civil; Patricia Buritic Cspedes, Comisionada Sociedad Civil; Jaime Jaramillo Panesso, Comisionado Sociedad Civil; Monseor Nel

Beltrn Santamara, Comisionado Sociedad Civil; Oscar Rojas Rentera, Comisionado Sociedad Civil; Patricia Perdomo Gonzlez, Comisionada Representante de las Vctimas; Regulo Madero Fernndez, Comisionado

Representante de las Vctimas; Germn Vargas Lleras, Ministro del Interior y de Justicia; Juan Carlos Echeverry Garzn, Ministerio deHacienda; Volmar Prez Ortiz, Defensor del Pueblo; Patricia Luna Gonzlez, Delegada de la

Defensora del Pueblo; Mario Gonzlez Vargas, Delegado de la Procuradura General de la Nacin; Diego Andrs Molano Aponte, Alto Consejero Presi-

dencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional

Equipo DirectivoEduardo Pizarro Leongmez, Presidente; Catalina Martnez Guzmn,

Directora Ejecutiva; Carlos Humberto Cardona Botero, Coordinador Planeacin; Fernando Ramrez Ochoa, Coordinador Administrativo y

Financiero; Martha Luca Martnez Escobar, Coordinadora de Comunica-ciones y Prensa; Mara Cristina Hurtado Senz, Coordinadora Gnero y Po-blaciones Especficas; Mara Anglica Bueno Cipagauta, Coordinadora del rea de Reconciliacin; Olga Alexandra Rebolledo lvarez, Coordinadora Reparacin y Atencin a Vctimas; Gonzalo Snchez Gmez, Coordinador del Grupo de Memoria Histrica; lvaro Villarraga Sarmiento, Coordina-dor del rea de DDR; Jos Celestino Hernndez Rueda, Coordinador del

rea Jurdica; Gerardo Vega Medina, Coordinador Sede Antioquia; Mnica Meja Zuluaga, Coordinadora Sede Atlntico; Arturo Zea Solano, Coordi-nador Sede Bolvar; Mara Daz Galvis, Coordinadora Sede Centro; Ingrid

Cadena Obando, Coordinadora Sede Nario; Zuleny Duarte Fajardo, Coordinadora Sede Putumayo; Ana Maryury Giraldo Palomeque, Coor-dinadora Sede Choc; David Augusto Pea Pinzn, Coordinador Sede

Nororiente; Eduardo Porras Mendoza, Coordinador Sede Sucre; Antonio Mara Calvo Silva, Coordinador Sede Cesar; Jorge Vsquez Pino, Coordina-dor Sede Valle del Cauca; Luis Gonzalo Agudelo Hernndez, Coordinador

Sede Llanos Orientales.

TAURUS

PENSAMIENTO


6 2010, CNRR Grupo de Memoria Histrica 2010, Ediciones Semana De esta edicin:2010, Distribuidora y Editora Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.Calle 80 No. 9-69Telfono: (571) 639 60 00Bogot, Colombia Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara, S. A.Av. Leandro N. Alem 720 (1001), Buenos Aires Santillana Ediciones Generales, S.A. de C.V.Avenida Universidad 767, Colonia del Valle,03100 Mxico, D.F. Santillana Ediciones Generales, S.L.Torrelaguna, 60. 28043, Madrid

ISBN: 978-958-758-024-2Impreso en Colombia Printed in ColombiaPrimera edicin en Colombia, septiembre de 2010

Diseo de cubierta: Publicaciones Semana

Este es un documento pblico cuyo texto completo se podr consultar en www.memoriahistorica-cnrr.org.co y www.cnrr.org.co

Crditos fotogrficos: Portada: Cada 2 de mayo, las cantadoras de Pogue acompaan con alabaos a la

comunidad de Bellavista que reunida en la Iglesia San Pablo Apstol, recuerda y dignifica a sus muertos. Fotografa: Jess Abad Colorado, Grupo de Memoria Histrica - CNRR, 2 de Mayo de 2010

Interior: Archivo Grupo de Memoria Histrica - CNRR; Archivo Equipo de Comu-nicaciones de la Dicesis de Quibd; Jess Abad Colorado, Grupo de Memoria Histrica CNRR; Steve Cagan, fotgrafo independiente

Diseo mapas: Equipo Bojay Grupo de Memoria Histrica CNRR.

Corrector: Hernn Daro Correa.

La totalidad de las regalas producto de la venta de este libro ser donada por la Fundacin Semana y Editorial Taurus a un proyecto previamente concertado con la comunidad de Bojay.

Este informe es de carcter pblico. Puede ser reproducido, copiado, distribuido y divulgado siempre y cuando no se altere su contenido y se cite la fuente. Se excluye de esta autorizacin el material fotogrfico sealado con Copyright (C).

7Agradecimientos

Esta investigacin no hubiera sido posible sin la participacin de mujeres, hombres, abuelos, jvenes, nios y nias de las comuni-dades de Bellavista, Napip (Bojay Choc), y Viga del Fuerte (Antioquia); muchos de los cuales hacen parte de familias vcti-mas de la masacre o se encuentran en situacin de desplazamien-to forzado en la ciudad de Quibd.

El Grupo de Memoria Histrica de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin (mh) agradece a las numerosas enti-dades estatales, internacionales y de la sociedad civil, as como a las personas que contribuyeron a la realizacin de este informe.

MH reconoce el enorme aporte de quienes fueron gestores y gestoras locales de la memoria, de las organizaciones sociales y las instituciones locales y regionales: Colegio Cesar Conto, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Hospital de Bellavista; Colegio Indgena de Viga del Fuerte, Corporacin Comunidad San Jos, Defensora del Pueblo y Procuradura General de la Nacin; al igual que la contribucin de organizaciones Interna-cionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia (ACNUR) y la Oficina para la Coor-dinacin de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Destacamos el particular aporte de la Corporacin Jurdica Liber-tad, la Dicesis de Quibd y la Fundacin Universitaria Claretiana FUCLA. As mismo, agradecemos los comentarios que sobre las versiones preliminares del informe hicieron Camilo Villamizar, de la Sede Choc de la Comisin Nacional de Reparacin y Re-conciliacin y Juliana Villa.


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Agradecemos tambin a la Agencia Presidencial para la Accin Social y la Cooperacin Internacional, a la Agencia Catalana de Cooperacin al Desarrollo, a la Procuradura General de la Na-cin y a la Corporacin Opcin Legal, por el apoyo econmico y tcnico para la realizacin y divulgacin de esta investigacin.

Igualmente, a la Embajada de Suiza en Colombia y la Funda-cin Ford Chile, que han acompaado las mltiples actividades del grupo de investigacin desde sus inicios.

El equipo de investigador quiere hacer una mencin muy espe-cial al Consejo Consultivo Internacional (CCI) de MH, y en particu-lar a Daniel Pcaut, Elizabeth Lira y a su Presidente M Bleeker, por la lectura y los aportes hechos a este informe en el marco del II Encuentro del CCI los das 3 y 4 de junio de 2010 en la ciudad de Bogot.

Finalmente, agradecemos a Publicaciones Semana, a la Funda-cin Semana y al Archivo General de la Nacin por contribuir a la publicacin y divulgacin de este informe; y a los dems socios de la III Semana por la Memoria por hacer posible la apertura de nuevos espacios de democratizacin de la memoria histrica en Colombia.

MH es el nico responsable del contenido de este informe y hace pblico reconocimiento del estricto cumplimiento que se le ha dado a la autonoma acadmica y operativa, conferida para el desarrollo de su mandato por la Plenaria de la Comisin Nacio-nal de Reparacin y Reconciliacin, encabezada por el entonces Vicepresidente de la Repblica Dr. Francisco Santos Caldern y presidida por el Dr. Eduardo Pizarro Leongmez.

El Grupo de Memoria Histrica quiere ser un espacio para el reconocimiento, la dignificacin y la palabra de las vctimas de la violencia en Colombia.

Contenido

AgrAdecimientos ............................................................................ 13

Prlogo: BojAy: La guerra sin Lmites .......................................13 Un crimen de guerra 14 Recriminaciones recprocas, responsabilidades negadas .......15 Usos y sentidos de la masacre ...................................................19

introduccin ................................................................................. 25

i. memoriAs del horror: Los hechos ...........................................35 El preludio de la masacre ........................................................ 37 Mayo de 1997: la llegada paramilitar al Medio Atrato ..............37 Un nuevo episodio: la toma guerrillera de Viga del Fuerte, Marzo de 2000 ................................................................42 Mayo de 2002: La disputa por el dominio territorial y la masacre de Bojay ........................................................... 44 Las alertas tempranas ..........................................................44 Reacomodo de fuerzas: Paramilitares y Guerrilla frente a frente, entre el 20 y el 30 de abril ................................45 La Masacre: 2 de mayo ........................................................53 Por entre las sombras: entre el 6 y el 12 de mayo .......................70 Memorias del xodo y del Retorno: entre el 12 de mayo y septiembre .........................................................76 Despus de la masacre: la guerra contina ............................. 80


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ii. memoriAs de los dAos Producidos Por lA violenciA: cambios, prdidas y rupturas en La vida de bojay y La regin .....................87 Los daos en Bojay y la degradacin del conflicto armado .....................................................................91 La muerte de los nios y nias, las mujeres y los adultos mayores ........................................................92 La muerte y el horror en un lugar sagrado: la iglesia ................98 El desplazamiento forzado: los rituales impedidos y el desarraigo ................................................................100 El uso de artefactos no convencionales: las muertes, las huellas y los daos en los cuerpos ................................. 105 La masacre: la balanza entre el error y el costo de la guerra ..... 108 La vulneracin del territorio y los daos en la regin ......... 109El territorio vulnerado ................................................................ 111 El desplazamiento forzado como experiencia de enajenacin .... 115 Los que se quedaron, los que retornaron, y la experiencia de profanacin ............................................................... 116 Los quiebres y rupturas en el tejido social y en las dinmicas socioculturales ................................................................ 118 Los daos a las dinmicas productivas: dejar de hacer dejar de ser .................................................................... 121 Los impactos sobre los procesos organizativos ......................... 122

iii. memoriAs de lA exclusin: Lgicas en tensin en choc y eL medio atrato ............................137 Dinmicas de poblamiento y coexistencia dialogante ..........140 Intervencin estatal, absentismo y organizacin social ........144 Economa extractora, exclusin y violencia: la desgracia de la buena suerte ...............................................................156 El Atrato como territorio de guerra y la lgica geoestratgica armada ..........................................................163 La confrontacin por el dominio territorial ............................ 163 La guerra y el desplazamiento forzado .................................. 174

iv. memoriAs institucionAles: .....................................................179 La reubicacin de Bellavista ...................................................182 Las complejidades y desencuentros en el proceso de reubicacin ................................................................ 187

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Los reiterados incumplimientos: Se-ver ............................. 191 Las obras inconclusas ........................................................ 193 La generacin de ingresos: expectativas truncadas.................. 194 Los cambios abruptos en sus costumbres y prcticas cotidianas . 197 Reparacin integral o poltica social y ayuda humanitaria? ....................................................................... 200

v. memoriAs de lA justiciA y lA imPunidAd en el cAso de BojAyA .............................................................209 El crimen de guerra y las imputaciones .................................210 La responsabilidad de las FARC ............................................. 212 La responsabilidad estatal .................................................. 218 La responsabilidad de los agentes del Estado: disciplinaria y penal ................................................ 221 La Jurisdiccin Penal Militar ......................................226 La responsabilidad de los paramilitares ................................226 Las investigaciones judiciales adelantadas frente a los hechos ocurridos los das anteriores y posteriores a la masacre de Bojay ....................................................229 La investigacin disciplinaria ......................................229 La investigacin penal ...............................................230 Limitaciones al Derecho a la Verdad ..............................233 La identificacin y entrega de los cuerpos .......................234 El derecho a la Reparacin y el curso de las indemnizaciones .................................................................. 235 La impunidad en el contexto del Medio Atrato ................239

vi. significAdos e imPActos de lA mAsAcre de BojAy en el orden internAcionAl ..................................................249 Itinerario de la participacin internacional frente a la masacre de Boyaj ...............................................251 Estados Unidos, un actor relevante. Tensiones y contradicciones de la asistencia militar ............................ 251 La Masacre de Bojay, derechos humanos y comercio ..............259 El sistema de proteccin de los derechos humanos de Naciones Unidas y la revelacin de la barbarie ................... 261 La convocatoria de las ong internacionales y la asistencia humanitaria ..................................................................264


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vii. memoriAs de lA vidA: Los trabajos de dueLo La organizacin sociaL y Los procesos de resistencia ........................................271 Organizaciones regionales y defensa colectiva del territorio: cocomacia, orewa y Asociacin orewa .............................. 273 Expresiones locales de memoria, organizacin y resistencia ............................................................................281 Las mujeres: bordadoras de esperanza ...................................283 Los jvenes: la resistencia en movimiento ............................286 Los trabajos de duelo y las iniciativas de memoria .................292 El reconocimiento y la exigibilidad de los derechos ........... 299

viii. memoriAs de futuro: recomendaciones frente aL caso embLemtico de bojay ..............................................309En materia de justicia .................................................................. 309En materia de verdad ...................................................................311En materia de reparacin.............................................................312En materia de garantas de no repeticin ...................................316En materia de atencin y garanta de derechos a la poblacin en situacin de desplazamiento PSD .............318En materia de poltica pblica para la atencin integral a las vctimas de violaciones a los derechos humanos .............319Exhortaciones finales ................................................................. 323

BiBliogrAfA ............................................................................325

Anexos ....................................................................................335

ndices de mAPAs, grfico y cuAdros .........................................342

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Bojay: La guerra sin Lmites

Gonzalo Snchez GDirector Grupo de Memoria Histrica

Pobladores y autoridades civiles de Bojay, tras aos de con-frontacin de guerrillas y paramilitares en el Medio Atrato, ela-boraron en 1999 una Declaracin por la vida y por la paz. Fue un memorable manifiesto de autonoma cvica frente a las presiones de los actores armados. All se planteaba la exigencia de respeto al Derecho Supremo a la vida, a la libre movilizacin, a no ser ni informantes, ni colaboradores, ni financiadores. Se ratificaban igualmente los compromisos de rechazar todo tipo de ofreci-miento o exigencia que pretendiera involucrar a sus habitantes en la guerra. Era la voz de una comunidad local que invocaba y afirmaba su derecho a vivir en paz en su territorio ancestral.

Desde ese entonces hasta hoy insurgentes y paramilitares han desodo el clamor de estos pueblos. Ignoraron incluso la splica colectiva de los habitantes de Bellavista de cese al fuego el 2 de mayo de 2002, luego de que 79 personas murieran y decenas re-sultaran heridas como consecuencia de la explosin en el centro religioso local de un cilindro bomba lanzado por las Fuerzas Ar-madas Revolucionarias de Colombia, FARC, en su confrontacin con los paramilitares. La poblacin qued a merced del fuego cruzado pese a que con anterioridad a la masacre fueron emiti-das ms de siete alertas por parte, entre otras, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-manos OACNUDH- , la Defensora del Pueblo y otras institu-ciones que advertan sobre la inminencia de un enfrentamiento, sin haber encontrado respuesta alguna. La comunidad abatida e


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inerme recibira auxilio de autoridades civiles pasados dos das y de las Fuerzas Militares slo cuatro das despus, cuando la tragedia ya estaba consumada.

Un crimen de guerra

El enfrentamiento se produjo en Bellavista, en el corazn de la cabecera municipal de Bojay, y sitio de concentracin de la mayor parte de la poblacin, la cual estuvo prcticamente sitiada durante varios das soportando los ms agudos padecimientos en materia de salubridad y hambre. La poblacin civil en estado de indefensin, qued como escudo ante la total indiferencia de los seores de la guerra que atacaban blancos civiles de manera indiscriminada, recurriendo repetidamente al lanzamiento de armas no convencionales, tales como cilindros bomba con me-tralla, e impidiendo la atencin y auxilio mdico a las personas heridas. Todas estas circunstancias hacen que lo sucedido en Bo-jay pueda ser catalogado como un crimen de guerra.

All se quebrantaron, en efecto, todas las normas de protec-cin o salvaguarda de la poblacin civil frente a peligros y vul-neraciones procedentes de operaciones militares en medio del conflicto reguladas particularmente por el derecho internacio-nal humanitario-, no slo por parte de las FARC sino tambin de los paramilitares. Resulta repudiable, por decir lo menos, que mientras entre los combatientes practicaban una guerra de caballeros, pactando incluso las horas de inicio y cierre de los enfrentamientos, las hostilidades no se hubieran suspendido ni siquiera despus de que un cilindro bomba, de los tantos que lanzaron las FARC, impactara la Iglesia en la que la comunidad local se resguardaba del combate. Los daos y sufrimientos de hombres y mujeres -adultos, nios y ancianos-, ostensibles para ambos contendores, no suscitaron la ms mnima consideracin. No hubo treguas para la poblacin, slo para el descanso de los combatientes, una expresin ms del menosprecio de los actores armados hacia la poblacin civil.

Los bojayaseos estaban solos. La llegada de la Fuerza Pblica das despus de lo sucedido no garantizaba proteccin efectiva a

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la gente, ni la ayuda humanitaria anunciada. Los ametrallamien-tos indiscriminados, los saqueos, el intercambio complaciente de miembros del Ejrcito con algunos de los perpetradores, deja-ban a la poblacin civil como nico recurso el desplazamiento forzado a Quibd o a otras poblaciones para escapar de la con-frontacin armada.

Recriminaciones recprocas, responsabilidades negadas

La responsabilidad criminal en la masacre de Bojay se ha pretendido diluir en un crculo de recriminaciones recprocas, o se ha enfocado en uno solo de los actores armados. En este forcejeo de imputaciones, las responsabilidades polticas han quedado opacadas por los impactos inmediatos de las escenas de horror. Desde el momento mismo de los acontecimientos has-ta hoy los actores armados y los institucionales han abierto un abanico de versiones, que en el imaginario social han operado casi como sustitutos de la justicia y de la verdad, una verdad que a menudo excede las responsabilidades que se pueden establecer por los entes judiciales. La no diferenciacin, pero tambin la exoneracin de responsabilidades, o una equivalencia entre las mismas, es distorsionadora y puede resultar peligrosa. En efec-to, la discriminacin de la culpabilidad es indispensable no slo para la aplicacin de la justicia y la valoracin del castigo, sino tambin para la determinacin de los daos ocasionados y el establecimiento de las medidas de reparacin integral.

La responsabilidad criminal de las FARC es incuestionable para el comn de los colombianos. Fueron los guerrilleros del frente Jos Mara Crdoba quienes lanzaron un total de cuatro pipetas sobre la poblacin, una de las cuales explot en la Igle-sia-refugio. Por eso suenan tan provocadoras las declaraciones del grupo insurgente, que presentan lo sucedido como un sim-ple error o un dao involuntariamente causado, y que adems tras-ladan la carga de la culpa a las Fuerzas Militares aliadas con las Autodefensas Unidas de Colombia. La masacre, descrita como una de las ms grandes tragedias humanitarias en Colombia, es consecuencia de una accin reiterada desde 1998, el uso de


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cilindros bomba convertidos en armas por parte de la organiza-cin insurgente. Sus efectos destructivos en objetivos militares y tambin en la poblacin civil eran ya de pblico conocimiento. En Bojay ya haban sido empleados en el ao 2000.

La masacre de Bojay marc un punto de inflexin en la mirada hacia las FARC dentro y fuera del pas, y en general sobre las representaciones del conflicto armado interno. Las FARC eran ya una guerrilla desacreditada internamente, tan-to por el fracaso de los dilogos de paz del Cagun, atribui-do por muchos a su falta de voluntad poltica, como por la crueldad de sus acciones, no slo contra civiles sino contra la Fuerza Pblica. En este contexto, Bojay fue tal vez el episodio de violencia lmite que termin por quebrar la legitimidad social y poltica que pudiera tener todava la insurgencia. De hecho, la masacre sera presentada por los gobiernos saliente y entrante como la demostracin palmaria de que con una guerrilla degradada era imposible la negociacin poltica. La imagen de una guerrilla campesina y heroica, promovida des-de las propias filas insurgentes, y compartida por muchos, se transform despus de Bojay en la de una guerrilla destruc-tora y sanguinaria. La idealizacin de la lucha guerrillera de las FARC quedaba en el pasado.

Adicionalmente, y a consecuencia de ello, la condena del hecho criminal por varias ONG, como Amnista Internacio-nal y Human Rights Watch, y la catalogacin de las FARC por la Unin Europea como organizacin terrorista, le puso freno a la denominada diplomacia paralela de la insurgencia. La determinacin de la Unin Europea fue a su vez el prembulo del viraje gubernamental hacia la prevalencia de la va mili-tar en el manejo del conflicto armado interno, lnea que se impuso con la eleccin popular de lvaro Uribe Vlez como presidente de la Repblica. Hasta el momento, la justicia co-lombiana ha vinculado penalmente por estos hechos a un to-tal de 36 guerrilleros, incluidos miembros reconocidos de la cpula de las FARC.

Aunque la opinin dominante da por sentado que el escla-recimiento de los hechos y de los responsables de la masacre de Bojay es asunto resuelto, cabe anotar que frente a otros

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niveles de responsabilidad los avances son muy precarios. Es preciso sealar igualmente que la masacre no fue el fin de la guerra en la regin, a pesar de la amplia presencia desplegada por las Fuerzas Militares en la zona desde el 2003. La guerra sigue cobrando vctimas en todo el Medio Atrato al momento de hacer pblico este informe, ya que la municipalidad est enclavada en un corredor estratgico del ro y del mar, cuyo control se disputan insurgentes, paramilitares, narcotrafican-tes y bandas criminales.

Los paramilitares de forma conjunta con las FARC parti-ciparon activamente en la exposicin de la poblacin civil al fuego cruzado, elemento central del escenario en el que se produjo la masacre. La argumentacin contrainsurgente de que su presencia all era defensiva de la poblacin de Bojay, secuestrada por las FARC,1 o el intento de banalizacin de lo sucedido como una pelea ms en los avatares de la guerra, son injustificables estrategias de encubrimiento de su responsabi-lidad manifiesta. A ello se suman otras violaciones de normas humanitarias, como el desplazamiento forzado y el pillaje pos-terior a la masacre, que hacen igualmente responsables de cr-menes de guerra a las Autodefensas Unidas de Colombia. De-jar sin castigo judicial a los paramilitares sera cerrar los ojos a su quehacer delictivo. Las condenas a miembros de las FARC no son cierre del proceso judicial por la masacre y no pueden convertirse en una especie de salvaguarda que neutralice la condena pblica y la exigencia de justicia con respecto a la responsabilidad de los paramilitares. Es preciso romper con la visin fragmentada de los hechos que asla el evento/masacre del entramado de actores y confrontaciones que estuvieron en el origen y desenlace de lo sucedido el 2 de mayo de 2002 en Bojay.

Por su parte, el Estado colombiano renunci desde antes de la masacre a su deber constitucional de proteger a los ciudada-nos y ciudadanas de Bojay. Desde dos aos antes (marzo de 2000), y luego de una cruenta toma simultnea de las FARC a

1 Crdenas, Fernando. Los Paras siguen vivitos, Entrevista a Freddy Rendn Herrera, Alias El Alemn. El Espectador. 24 de agosto de 2009.


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las poblaciones de Viga del Fuerte y Bojay en represalia a la presencia paramilitar, fueron retirados los miembros de la Po-lica nacional, nicos representantes de la Fuerza Pblica en la zona. La institucionalidad civil de Bojay encabezada por su alcalde tambin huy sin que ste fuera reemplazado o apo-yado como se deba, en una nueva claudicacin del Estado. El Estado, reconociendo o arguyendo su impotencia, dej a los bojayaseos a su suerte, o no se sabe si peor, pareci delegar en grupos armados ilegales la seguridad de los po-bladores que l no estaba en capacidad de garantizar. Bo-jay se convirti, a su manera, en la expresin de un estado local fallido e ilustra la condicin de abandono de muchas localidades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria. En el 2002 haba 158 municipios colombianos sin presencia permanente de la Polica. Bojay era uno de ellos. Y entre el ao 2000 y el 2003 hubo 160 alcaldes obligados a gobernar desde fuera de su municipio por la presin de los grupos armados ilegales2. Dentro de esos alcaldes a distan-cia estaba el de Bojay.

Todo esto muestra que no se trat de un hecho inesperado. La masacre de Bojay estuvo precedida por numerosas alertas que advertan la gravedad de los hechos que se estaban incu-bando y que el Estado desatendi. Un Genocidio anunciado, editorializ crticamente un diario nacional. Pese a ello, el Es-tado no asume su culpabilidad sino que se solidariza con la comunidad de Bojay, eludiendo su responsabilidad en la ocu-rrencia de los hechos y erigindose l mismo como vctima de las FARC. Estado y sociedad vctimas de las FARC, pareca ser el estandarte justificador de la pasividad institucional frente a la barbarie. La responsabilidad del Estado en Bojay es en princi-pio una responsabilidad poltica derivada del incumplimiento de su deber como garante de derechos. Pero va ms all. En el plano administrativo, el Estado recibi en el 2008 las dos pri-meras condenas por su inaccin frente a las alertas tempranas divulgadas con ocho das de anterioridad. La eventual culpa-

2 Forero, Leticia y corresponsales, Ex alcaldes: sigue su drama, El Tiempo, junio 19 de 2004.

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bilidad criminal, por omisin, de los responsables militares de la zona o por complicidad de agentes la Fuerza Pblica en la masacre, es una materia todava pendiente y sobre la cual hay celosa reserva en la Jurisdiccin Penal Militar.

Se puede afirmar que la institucionalidad fantasmal del Es-tado precede la masacre, y que es la Iglesia catlica, la que a travs de la Dicesis de Quibd, suple su ausencia, pese a que ella tambin sufre los estragos de la guerra en la regin. Esta tragedia se pudo evitar pero el Estado slo entra a un pueblo cuando han matado a un poco de gente3, describe con crudeza y tambin con resignacin un habitante de Bojay. Y es que la reclamada presencia del Estado slo se materializa despus de la masacre. Como en tantos otros lugares de la guerra, el Estado colombiano ha comenzado a instalarse o a hacerse vi-sible en la zona, cabalgando sobre los acontecimientos, en una especie de reconocimiento de que el territorio y la poblacin solo cobran existencia real por cuenta del conflicto armado.

Lo sucedido en Bellavista, cabecera municipal de Bojay, pone en evidencia de manera dramtica el desamparo y la soledad en la que viven la guerra centenares de pequeos po-blados colombianos, alejados de los principales centros admi-nistrativos y polticos del pas, y carentes de los recursos ms elementales, incluidos los de comunicaciones. Marginalidad y violencia se encuentran con todos sus efectos perversos en estos rincones olvidados de la geografa colombiana.

Usos y sentidos de la masacre

La dimensin de los hechos, y la amplia difusin en los me-dios de comunicacin, hacen de Bojay un crimen de guerra difcil de olvidar para la mayora de los colombianos.

La memoria de la masacre es movilizada, desde el momento mismo de los hechos, con diferentes sentidos o intencionalida-des polticas, en permanente transformacin y competencia.

3 Hernndez Mora, Salud. Ms cornadas da el hambre, El Tiempo, mayo 12 de 2002.


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En una lectura inicial por parte del Estado, Bojay fue conver-tida particularmente en un smbolo institucional de la violen-cia de las FARC y en un emblema disuasorio de toda tentativa negociadora del conflicto. El 2 de Mayo de 2002 aqu las FARC asesinaron a 119 personas Que no se nos olvide nunca!, rezaba la pancarta instalada a la entrada del municipio. En efecto, un uso muy especfico de la tragedia fue el de la Fuerza Pblica que enfatizando y petrificando la mirada en la destruccin guerrillera, convierte su propia ausencia y su llegada tarda al escenario criminal en un argumento para fundamentar la solicitud de mayores recursos econmicos que permitieran el incremento del pie de fuerza a nivel nacional. De forma re-ciente, con el transcurrir de las conmemoraciones, Bojay es presentada por el Estado como un lugar de afirmacin pro-pia, con sus autoridades, sus inversiones y sus servicios y, por ello, como la encarnacin del trnsito de una memoria de la destruccin guerrillera a una memoria de la reconstruccin lidera-da por el Estado.

La memoria de la masacre de Bojay, ha sido convertida en un lugar significativo de la historia del conflicto colombiano y en cuanto tal es y seguir siendo objeto de disputa. As, en contraste con la lectura dada desde el Estado, otro registro de menor circulacin utiliza la imagen de la masacre de Bojay -ocurrida poco tiempo despus del final de la zona de despe-je del Cagun- para argumentar la necesidad de un manejo del conflicto por va del dilogo, como estrategia ms efectiva para evitar la repeticin de eventos similares. Es de notar que una y otra son memorias construidas desde fuera de la comu-nidad y dirigidas no tanto para las vctimas locales como para un pblico nacional e internacional. Son memorias que slo de manera marginal o subsidiaria se ocupan de los impactos directos de la violencia en estas localidades especficas y de los sentidos de los hechos conferidos por los pobladores.

La lectura construida por los habitantes de Bojay, pobla-cin afrocolombiana casi en su totalidad, enmarca la masacre en perspectiva ms amplia de la violencia continua padecida -antes y ahora- en el conflicto armado bajo la presencia de

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los diferentes actores armados. La masacre es as mismo vista como una extensin de la violencia estructural, de la margi-nalidad y la exclusin tradicional a la que han sido sometidos estos pueblos. En esta mirada, generalmente relegada, la ma-sacre no es un episodio sino un momento de un largo proceso de exclusiones que se expresa en el limitadsimo acceso a los recursos, a los servicios del Estado y a los canales de comuni-cacin con los poderes centrales. Para los bojayaseos en la masacre hacen eclosin los silencios, los olvidos y las deudas histricas de Colombia con sus minoras tnicas y en especial con las comunidades afrodescendientes. Las injusticias del pa-sado se entrecruzan con las injusticias del presente. All se condensan las tensiones y carencias derivadas de una ciuda-dana largamente postergada y de una construccin nacional inconclusa.

Si se piensa en la magnitud de los eventos en trminos de muertos, heridos y desplazados, frente al tamao de la pobla-cin, se puede decir que los daos ocasionados por la masacre fueron catastrficos. Toda familia qued de alguna manera en duelo, todas las familias tuvieron que participar en la bs-queda y el conteo de sus vctimas. En los ms diversos parajes de la localidad estn presentes las huellas de la guerra: en la iglesia destruida y el viejo pueblo enmontado; en los espacios vacos dejados por las antiguas viviendas sobre el ro; en los rostros y a menudo en los cuerpos de muchos habitantes. El paisaje del recuerdo interpela directa y cotidianamente. Las ostensibles huellas espaciales y corporales de la violencia no son en este caso creacin posterior de alguna organizacin, entidad pblica o de las propias vctimas, sino que tienen como punto de partida la marca territorial de la ruina-monu-mento. Bojay trastoca las representaciones de la guerra y se instala en el imaginario y en los hechos como el smbolo de la degradacin, la materialidad de la destruccin y el sufrimien-to humano que a su paso va dejando la guerra. Bojay es la radiografa de la guerra sin lmites.4

4 sta fue la expresin utilizada por la Federacin Internacional de Derechos


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En el plano social y cultural, un sentido de comunidad se hundi, y la configuracin de la nueva comunidad podra de-cirse que est todava en suspenso. En algn momento los habi-tantes tuvieron que deshacerse de sus viejas viviendas y cambiar el lugar, la forma de vivir y de habitar. Y luego comenzar a re-significar todo y a buscar modos de congregacin alrededor de lo acontecido y de sus repertorios ancestrales para contar, para escuchar, para compartir, para activar la memoria en torno a la oracin, el canto, la danza, las peregrinaciones, los alabaos, los tejidos y otras expresiones estticas de su dolor. A estos esfuerzos de ritualizacin del duelo y la resistencia se van sumando la reac-tivacin de procesos organizativos que sirven como plataforma para la discusin y el diseo de sus planes de etno-desarrollo. Se trata en ltimas, de procesos para la invencin de nuevos rum-bos que permitan recomponer la vida comunitaria de la cual algunos han construido una memoria idealizada. Bojay es a la vez sitio de guerra, sitio de duelo, pero tambin sitio de resisten-cia. El Cristo fragmentado, despedazado, es el cono de las vc-timas a travs del cual, pese a los hechos sucedidos, mantienen su unidad simblica. Es un referente de la trayectoria personal y colectiva de este pueblo en el antes, el durante y el despus de la masacre.

Tal vez por las dimensiones y multiplicidad de los daos pro-vocados, en trminos de vidas humanas pero tambin por la des-truccin y el arrasamiento de la poblacin, la masacre de Bojay es en los ltimos aos el escenario de guerra donde los colom-bianos nos hemos confrontado ms directamente con la degra-dacin de los actores armados y con la desproteccin de la po-blacin civil en medio del conflicto. No es el nico. A travs de l hablan decenas de pueblos annimos que han sufrido tomas, confinamiento, incendios, saqueos, incomunicacin y bloqueos de vveres en una violencia agenciada no slo por la guerrilla, sino tambin por grupos paramilitares e incluso por agentes del Estado. Son poblaciones que como Bojay por una posicin es-

Humanos en su denuncia de lo ocurrido, el 13 de mayo de 2002. Una Guerra sin Lmites: 119 civiles muertos y entre ellos 45 nios, en: http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a670.pdf

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tratgica o por un privilegiado acceso a recursos se han conver-tido en botn u objetivo de los grupos armados y sus disputas territoriales. Son comunidades que han padecido y afrontado solas la guerra, sin el respaldo o las garantas del Estado, ni el apoyo vigilante o solidario de sus conciudadanos.

La memoria del pueblo de Bojay nos pide que recordemos y condenemos la guerra, venga de quien venga, pero sobre todo nos pide que volvamos la mirada a las comunidades de las ml-tiples periferias sociales y geogrficas del pas y a los complejos retos que esto supone, para que dejen de existir slo cuando la guerra nos habla cruelmente de ellas.

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Introduccin

Los sucesos que tuvieron lugar el 2 de mayo de 2002 en Bellavis-ta, Medio Atrato chocoano, configuraron lo que se conoce como la masacre de Bojay. Este hecho que marc la historia del pas debe ser objeto de reflexin colectiva, pues sus caractersticas lo convierten en un caso emblemtico de la violencia en el marco del conflicto armado colombiano, y merece particular atencin por las siguientes razones:

La masacre debe ser considerada un crimen de guerra contra sujetos colectivos.1 Lo anterior significa que la magnitud y complejidad de los daos ocasionados se explican por la pertenencia de las vctimas a las comunidades negras e indgenas,2 las cuales cuentan con fuer-tes lazos colectivos y una profunda relacin de vnculo e identidad

1 La consideracin de los negros o afro-colombianos, y de los indgenas como su-jeto colectivo, en la Constitucin de 1991, en varias leyes, y en la Sentencia de la Corte Constitucional T-254 del 2004, por cuanto cada persona integrante de un grupo tnico es sujeto de derechos individuales; adems, los grupos tnicos son sujetos colectivos de derechos, es decir, que los derechos y las libertades de las personas que pertenecen a los pueblos indgenas y a las comunidades negras son derechos y libertades de la comunidad entendida como conjunto, como cultura que es diferente de las otras, como una manera propia de ver, sentir y expresar la realidad y de apropiarse de su territorio.; Ver Flrez L., Jess y Milln E., Cons-tanza. 2007. Derecho a la alimentacin y al territorio en el Pacfico colombiano. Quibd: Dicesis de Quibd, Tumaco, Buenaventura, Istmina y Guapi. p. 182. (Los nfasis en el texto original).2 Si bien las comunidades indgenas han sido fuertemente afectadas por la masacre y la violencia en la regin, este informe reconstruye las memorias de las comunidades negras y recomienda adelantar un proceso particular con la poblacin indgena.


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con el territorio. Se trata adems, de grupos que histricamente han sido afectados de manera sistemtica por la discriminacin, la exclusin social y la explotacin econmica.

La masacre se destaca por la magnitud de muertes y de daos que ocasion. Nunca antes en la historia reciente de Colombia un en-frentamiento armado haba causado la prdida de la vida de 98 civiles, 79 como vctimas directas en la explosin de la citada pi-peta; de los cuales 41 fueron mujeres y 38 hombres y, la mayora, (48) menores de 18 aos de edad; otras 13 personas murieron en los hechos precedentes y posteriores al crimen cometido en la Iglesia de Bellavista, - pertenecientes a los corregimientos de Na-pip, Viga del Fuerte y Puerto Conto; y 6 personas que estuvieron expuestas a la explosin de la pipeta, murieron de cncer en el transcurso de los ocho aos siguientes.3

Adems de las prdidas de vidas humanas y materiales, la ma-sacre ocasion profundos y complejos daos e impactos morales, culturales y psicolgicos sobre las poblaciones negras e indgenas de Bojay y de la regin. Los hechos acontecidos adems de causar serias lesiones fsicas en las personas sobrevivientes, constituyeron un ataque a un centro religioso con importante valor simblico e impidieron prcticas ancestrales como los ritos mortuorios, que son estructuradores de la vida y cultura de estos grupos. A raz de ello, se produjo el desplazamiento forzado de miles de personas, lo cual implic el destierro y la sobrevivencia en condiciones deplorables e indignantes, en los lugares donde se vieron obligadas a permanecer.

La masacre fue producto del enfrentamiento armado entre las FARC y los paramilitares por el dominio territorial de la regin. El grupo guerrillero, en respuesta a la operacin militar realizada por los paramilitares que intentaban retomar el control de la zona, desple-g un dispositivo militar que incluy persecucin y enfrentamien-tos armados directos. Los paramilitares, frente al hostigamiento militar, no dudaron en ingresar al pueblo y utilizar a la poblacin civil como escudo humano.

3 Ver Captulo. 2, Cuadro 2. Universo de vctimas mortales del Medio Atrato por los hechos violentos asociados a la Masacre de Bojay, ocurridos entre Abril y Mayo de 2002.

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Introduccin

Hombres, mujeres y nios, buscaron protegerse del fuego cru-zado. As, hallaron refugio en el templo del pueblo, no slo por-que se trataba de una edificacin de cemento sino porque podra ofrecerles alguna seguridad en trminos de lo que representa la Iglesia, debido al carcter sagrado del lugar. Pero todo fue en vano. Despus de varios das de combates, las FARC, sin considera-cin alguna por la poblacin civil, lanzaron artefactos explosivos no convencionales (pipetas de gas con metrallas). Uno de ellos estall en el templo provocando decenas de muertos y graves heri-das a ms de cien habitantes; y de este modo causaron el desplaza-miento forzado de prcticamente toda la poblacin.

Los hechos ocurridos en Bojay han sido tipificados por diver-sas organizaciones como un crimen de guerra, pues ambos actores armados transgredieron todos los principios de los Derechos Hu-manos y del Derecho Internacional Humanitario. Se trat de un ataque aleve e indiscriminado contra civiles, incluidos menores de edad, atrapados en el fuego cruzado de una guerra sin lmites4, en la cual se recurri de forma continua a prcticas ilcitas proscritas en el mundo entero.

Si bien estos hechos son nombrados por sus vctimas como la masacre, y as figura en los medios de comunicacin y en el ima-ginario colectivo del pas, se trata de una matanza masiva de civiles y de un crimen de lesa humanidad que revela la degradacin de la guerra en Colombia. Ilustra de manera cruda el profundo desprecio y la desidia hacia la poblacin civil por parte de los actores armados as como el irrespeto absoluto de las reglas que regulan las guerras.

A pesar de la desolacin de la poblacin frente a los hechos de violencia, el caso de Bojay demuestra tambin la capacidad de resis-tencia de las comunidades afectadas para evitar el desplazamiento, proteger el territorio y defender su derecho a habitarlo con autono-ma, pues su conciencia histrica y su identidad tnica contienen un rico repertorio cultural, espiritual y organizativo para hacer frente a la guerra y existir como tales en medio de la adversidad.

4 Segn calificacin de la Federacin Internacional de Derechos Humanos - FIDH. Una guerra sin lmites: 119 muertos y entre ellos 45 nios. Comunicado. 13 de Mayo de 2002. En: http://www.fidh.org/IMG/article_PDF/article_a670.pdf


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De otra parte, y en la medida en que esta masacre evidenci el uso generalizado y sistemtico por parte de las FARC de armas no convencionales, podra ser considerada como uno de los hitos que marcaron el inicio de un proceso de prdida de apoyo poltico y de creciente ilegitimidad de las guerrillas, en tanto gener su condena pblica y el repudio nacional e internacional.

As mismo, la negligencia e incapacidad del Estado en su deber y respon-sabilidad de proteger a la poblacin civil quedaron en evidencia en los hechos de Bojay, lo cual demostr la precaria institucionalidad de-mocrtica existente as como el apoyo y la tolerancia de funcionarios y miembros de la Fuerza Pblica con estructuras armadas que de-fienden intereses particulares e ilegales. La comisin de la masacre estuvo precedida de varias alertas tempranas y pronunciamientos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, quienes advirtieron sobre el grave riesgo en que se encontraba la po-blacin civil frente a los inminentes combates. Pero, frente a dichas alertas el Estado no despleg ninguna accin y se mantuvo indiferen-te, dejando al descubierto no slo su omisin sino los graves nexos entre miembros de las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares.

Este tipo de respuesta estatal ante el evento coyuntural referido, obedece tambin a un comportamiento histrico, pues en la masacre concurrieron muchos de los factores estructurales que explican la per-sistencia del conflicto en regiones como el Medio Atrato colombiano, tales como la ausencia del Estado, la precariedad y el abandono ins-titucional, la profunda inequidad social, la corrupcin, la exclusin poltica y la discriminacin, sumado al desarrollo de mega-proyectos productivos que no se traducen en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades negras e indgenas.

El desinters estatal previo a la masacre de mayo de 2002 contras-ta con la especial atencin que recibi la poblacin despus de los hechos, por parte del gobierno y de organismos nacionales e inter-nacionales. El caso convoc una extraordinaria solidaridad dentro y fuera del pas, que se tradujo en una amplia presencia de orga-nismos humanitarios y en el despliegue de una serie de actividades que invitaron a pensar sobre la dinmica de la guerra, los costos de su degradacin, la condena a los grupos armados y los reclamos de proteccin y de justicia para la poblacin de la regin. A pesar de sus buenos propsitos, la avalancha inusitada de funcionarios,

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Introduccin

proyectos, obras y acciones, se dio de forma descoordinada y descon-textualizada; y gener, dentro y fuera de la comunidad de Bellavista, un amplio debate sobre sus impactos y alcances sociales y culturales.

La respuesta del Estado mediante un ambicioso proyecto de reubicacin de la poblacin afectada, hace de Bojay uno de los casos que concit mayor inversin y accin gubernamental des-pus de una masacre, lo cual revela con dramtica contundencia que los procesos de reparacin integral a las vctimas no deben centrarse nicamente en los aspectos econmicos e individuales. La reparacin en Colombia debe atender a las recomendaciones planteadas en los estndares internacionales y en este sentido, asu-mirse como un proceso integral que favorezca la reconstruccin de los proyectos de vida de las personas y comunidades afectadas, reconozca sus particularidades tnicas y permita la transforma-cin progresiva de las condiciones estructurales de la exclusin y desproteccin a las cuales han sido sometidas histricamente.

En cuanto a la resonancia mundial de los hechos, se constata una verdadera utilizacin de la masacre con los ms diversos pro-psitos: ante todo, le permiti al gobierno adelantar una fuerte y efectiva campaa para la inclusin de las FARC en la lista de organi-zaciones terroristas del mundo; el Ejrcito se encarg de invitar a la poblacin por medio de pancartas y una presencia cvica activa a nunca olvidar el crimen cometido por las FARC; las organiza-ciones nacionales e internacionales de derechos humanos no slo repudiaron el crimen y su autora, tambin desplegaron iniciativas de diverso orden para someter al Estado colombiano al severo es-crutinio de gobiernos, parlamentos, iglesias, organismos interna-cionales de proteccin de los derechos humanos, Organizaciones No Gubernamentales y medios de comunicacin de diversas re-giones del mundo.

El hecho de que las FARC fueran el principal responsable de la masacre, desencaden efectivas acciones de la justicia, orientadas a castigar a la guerrilla y a proferir recientes y ejemplares conde-nas. No obstante, la virtud de estas acciones se vio deslucida por la escasa atencin que en trminos de justicia han recibido los dems responsables del hecho, especialmente los paramilitares y los funcionarios pblicos implicados, frente a los cuales an no ha operado la justicia o sta ha sido lenta e ineficiente.


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La barbarie desplegada contra la poblacin civil por parte de las FARC y los grupos paramilitares, y la incapacidad estatal para prevenirla y garantizar la proteccin de los civiles, han tenido importantes repercusiones en las relaciones internacionales del pas y en la orientacin de la poltica exterior. Bojay se constituye en un suceso crtico que refleja las limitaciones y frustraciones de la ne-gociacin poltica entre el Gobierno y las FARC, cuya ruptura se produjo justo tres meses antes de la masacre (febrero de 2002), al darse por terminada la zona de despeje en San Vicente del Cagun (Caquet). Los hechos ocurridos se enmarcan en la es-piral de violencia que surgi despus de ese fallido intento de negociacin.

As, la masacre afianz la ruta de confrontacin blica que reto-m la guerrilla en todo el territorio nacional, y contribuy a justi-ficar el trnsito que se advirti desde finales de la administracin Pastrana (1998-2002), del dilogo poltico y la Diplomacia por la Paz a la ofensiva militar y la Diplomacia contra el terrorismo adoptados por el Estado.

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El presente informe est conformado por ocho captulos. En el primero, Las Memorias del Horror: Los hechos, se reconstruyen los eventos que enmarcaron la masacre de Bojay, teniendo en cuen-ta los antecedentes y la dinmica armada previa al 2 de mayo de 2002, as como los acontecimientos posteriores. En el segundo, titulado Memorias de los Daos producidos por la violencia: cambios, prdidas y rupturas vividos por los habitantes de Bojay y de la regin, se identifican y analizan los impactos y daos que la violencia -en el Medio Atrato en general y, la masacre de Bojay, en particular- ha provocado sobre las vctimas y la experiencia de la poblacin.

El siguiente captulo, Memorias de la exclusin: lgicas en tensin en Choc y el Medio Atrato contiene un anlisis de los factores y las dinmicas territoriales y de desarrollo econmico y social que con-textualizan la masacre, y as explican sus caractersticas, impactos, el accionar institucional y las consecuencias de este evento en los mbitos local, regional y nacional. Se presenta la dinmica de la guerra en la regin, en cuyo marco la masacre resulta un evento

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Introduccin

en el largo proceso de confrontacin armada que ha dejado nu-merosas vctimas y personas despojadas y desplazadas de los muni-cipios chocoanos y antioqueos que conforman el Medio Atrato.

En el captulo cuarto, Memorias institucionales: la accin del Esta-do, atencin o reparacin?, se documenta la accin gubernamental e institucional, particularmente en el proceso de reubicacin de la cabecera municipal de Bojay, y las transformaciones que la Nueva Bellavista ha generado en la poblacin. En este captulo se seala que las polticas pblicas orientadas a garantizar los de-rechos ciudadanos econmicos sociales y culturales, no pueden asimilarse como acciones de reparacin, pues estas correspon-den a la obligacin estatal de reparar los daos causados por la violacin de los derechos humanos.

El captulo quinto Memorias de la justicia y de la impunidad en el caso de Bojay, reconstruye el tratamiento jurdico desarrollado en torno al caso de la masacre, y examina las responsabilidades de los actores armados y del Estado en ella.

El capitulo La masacre de Bojay. Significado e impacto internacio-nal, analiza las implicaciones derivadas de la masacre respecto de la evolucin del conflicto, el equilibrio poltico y militar de la confrontacin, y la percepcin interna y externa sobre el carcter y accionar de los grupos armados ilegales. Destaca el severo escru-tinio que diferentes gobiernos, parlamentos, iglesias, organismos internacionales de proteccin a los derechos humanos, ONG y me-dios de comunicacin de diversas regiones del mundo, han hecho sobre el Estado colombiano despus de la masacre.

El sptimo captulo, Memorias de la vida: Los trabajos de duelo, la Organizacin Social y los procesos de Resistencia, destaca los trabajos locales y regionales que facilitan la reconstruccin del tejido so-cial, y los proyectos que las comunidades negras e indgenas de Bojay y del Medio Atrato han adelantado en aras de pervivir, defender y proteger el territorio. El captulo reconstruye la im-portante trayectoria organizativa de dichas comunidades negras e indgenas y seala los impactos de la guerra sobre las dinmicas organizativas. As mismo, muestra sus respuestas como expresin de las capacidades y habilidades de las poblaciones para retomar sus proyectos de vida y as reafirmar sus concepciones sobre el desarrollo y el futuro.


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Finalmente, en el captulo octavo, Memorias de Futuro: Recomen-daciones frente al caso emblemtico de Bojay, se hacen propuestas con el objetivo de promover y movilizar procesos integrales que garanticen los derechos a la reparacin integral de las vctimas, as como orientar acerca del significado de los escenarios de ver-dad, justicia, reparacin y memoria para las comunidades negras e indgenas histricamente vulneradas, excluidas y marginadas.

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Iglesia San Pablo Apstol de Bellavista. Bojay. Fotografa: Mayo de 2002, Jess Abad Colorado

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i. Memorias del horror: Los hechos

La masacre de Bojay se inscribe en el continuo y cruento en-frentamiento que entre el 20 de abril y el 7 de mayo sostuvieron la guerrilla de las farc y un comando paramilitar en las inmediacio-nes de las cabeceras municipales de Bojay -conocida en la regin como Bellavista- y Viga del Fuerte, municipio vecino pertenecien-te al departamento de Antioquia; y se produjo en el contexto de la ausencia estatal de prevencin y proteccin tras las alertas tem-pranas emitidas por la Defensora del Pueblo, la Procuradura Ge-neral de la Nacin y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante oacnudh), sobre la situacin de riesgo que viva la poblacin.

Bellavista se vio enlutada tras la explosin de una pipeta de gas5 llena de metralla que las FARC lanzaron contra los paramili-tares, quienes se ocultaban tras el recinto de la iglesia donde se refugiaban ms de 300 personas. El grupo guerrillero conoca los niveles de destruccin y muerte que se derivaban de la activacin y uso de armas prohibidas como las empleadas en dicha confronta-cin armada, pues de acuerdo con lo sealado por Human Rights

5 Una pipeta de gas, es un arma que se fabrica a partir de un tanque empleado normalmente para alimentar la cocina del hogar. El tanque se carga con combus-tible y metralla y se sita dentro de un tubo repleto de dinamita. El lanzamiento del tanque, que no pueden apuntarse con precisin, se produce al encender una mecha conectada a la carga de dinamita. Ver: http://www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2001/farc.html


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Watch,6 ste grupo haba ocasionado en diferentes lugares de Co-lombia la muerte de por lo menos 12 civiles y heridas a otros 45, entre los cuales 10 eran nios, como resultado del uso de bombas de cilindro de gas similares a las empleadas en el combate del 2 de mayo de 2002. El uso de estos artefactos y el desenlace trgico que ocasion para el caso de Bojay, no fue un simple error ni producto del azar, y su contundente impacto sobre la poblacin se hubiera podido prever y evitar.7

As mismo, el uso que los paramilitares hicieron de la poblacin civil como escudo humano para protegerse en su enfrentamiento con las FARC, constituye una grave infraccin de la normatividad del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH)8 ten-diente a la proteccin de la poblacin no combatiente.

6 Vivanco, Jos Miguel. 2002. Carta dirigida a Manuel Marulanda. Washington: 8 de mayo de 2002. En: http://www.hrw.org/legacy/spanish/press/2002/colombia_cilindros.html. All se documenta el uso indiscriminado de bombas de cilindro de gas por parte de las FARC desde julio de 2001, y se insta al grupo guerrillero a cumplir con su obligacin de no usar armas prohibidas, tal como se deriva de la normatividad internacional. 7 oacnudh. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Informe sobre su misin de observacin del Medio Atrato. 20 de mayo de 2002. p. 19. Este documento fue la respuesta ante una solicitud realizada el 7 de mayo de 2002 por el entonces presidente de la repblica Andrs Pastrana a travs del Ministro de Relaciones Exteriores con el objeto de constatar los hechos que cobraron la vida de ms de 110 personas e informar al Alto Gobierno y a la opinin pblica nacional e internacional el resultado de sus averiguaciones. La oficina acept dicha solicitud y adelant una misin de observacin en el Medio Atrato. En desarrollo de la misma, y en el marco de su mandato, visit los municipios de Bojay, Viga del Fuerte y Quibd, recibi testimonios de la poblacin afectada, y se entrevist tanto con las autoridades locales, civiles y militares, como con representantes de la Iglesia y de otras organizaciones que hacen presencia en la zona. Las evaluaciones, observaciones y recomendaciones hechas por la Oficina tras concluir su misin en el Medio Atrato fueron recogidas en un informe pblico, presentado el 20 de mayo de 2002. 8 El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y mtodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse tambin derecho de la guerra y derecho de los conflictos armados. Comit Internacional de la Cruz Roja CICR . 2004. Qu es el derecho internacional humanitario? En: http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/5V5JW9/$FILE/DIH.es.pdf?


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El preludio de la masacre

Mayo de 1997: la llegada paramilitar al Medio Atrato

Foto 1. Lnea del tiempo, taller de memoria histrica. Quibd, 2009.

() uno deca como bueno, est como lejos del conflicto uno segua tan tranquilo que a uno le contaban lo del Urab y uno deca que eso est lejos, que eso ac no llega cuando en el 97 se topa uno con que la cosa no estaba tan lejana, que la cosa lleg y se nos presenta ah uno siempre deca: eso es en Urab pero cuando en el 97 es que llegan a la puerta de uno a tocarle (Testimonio, taller de memoria histrica, Viga del Fuerte, 2009)() Eran como las 3 de la tarde, yo estaba ah sentado afuera de mi casa cuando entraron, un poco en pangas y la gente corra y corra9 ellos entraron disparando, intimidando al pueblo. Hubo reunin en la cancha del colegio, todo el mundo all y todo el mundo

9 Panga es una pequea embarcacin de motor utilizada en Choc para la nave-gacin por ro, con capacidad para transportar de 10 a 20 personas, dependiendo del tamao y del motor.


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asustado. En ese grupo vino El Alemn Se par all y empez a gritarnos que ellos venan a quedarse, que venan a luchar por el pueblo atrateo, que en esos das iban a hacer una limpieza porque el pueblo estaba muy sucio como a los cuatro o cinco das de estar aqu empezaron a desaparecer y matar gente, entonces ya la gente se asust y empez a desplazarse, y a los que tenan referenciados no les daban permiso para salir del pueblo (Testimonio, taller de memoria histrica, Viga del Fuerte, 2009).

Los habitantes de Napip, corregimiento de Bojay ubicado so-bre el ro Atrato y cercano a Bellavista, sealan con claridad que desde enero de 1997 los paramilitares ya haban entrado a sus territorios. Alias El Lobo reuni a la comunidad para comuni-carles su intencin de quedarse en la regin para expulsar a la guerrilla, y para ello iba a empezar con los miembros de la Unin Patritica (UP)10 que se encontraran all.

() ya estaban corriendo los tipos de la UP, entonces El Lobo dijo: Ne-cesito aqu a seis mujeres de los tipos de la UP, necesito que me salgan al frente. Pero ellas tuvieron buen coraje, porque al salir esas mujeres al frente esos tipos las podan matar, y gracias a Dios no salieron (Testi-monio, taller de memoria histrica, Napip, 2009).

Lista en mano, los paramilitares procedieron a desaparecer y a asesinar a quienes acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. Los habitantes de Napip recuerdan entre las primeras desapari-

10 La Unin Patritica (UP) surgi como una convergencia de fuerzas polticas a raz del proceso de negociacin adelantado a mediados de la dcada de 1980 entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y () las FARC. En 1984, se presen-taron los primeros asesinatos y desapariciones forzadas. Tras las agresiones se perciba la actuacin de agentes estatales o de integrantes de grupos paramilitares. Las constantes violaciones a los acuerdos firmados, hicieron que se rompieran las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla. Los miembros de la nueva coalicin quedaron en una situacin de alto riesgo, pues al ser acusados abiertamente de ser portavoces de la insurgencia armada, los organismos estatales no les brindaron ninguna proteccin efectiva. As comenz un proceso de exterminio que se ha pro-longado por ms de 20 aos. Cepeda, Ivn. 2006. Genocidio Poltico: el caso de la Unin Patritica en Colombia. En: Revista Cetil. Ao 1, No. 2, septiempre de 2006, pp. 101-112. En: http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html.


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ciones la de Marcial Mosquera, comerciante de la regin, y la de un joven a quien conocan como Dominguito. En ese entonces, los paramilitares tambin decomisaron todas las escopetas que te-nan los habitantes, dejndolos sin herramientas para la cacera y restringiendo su alimentacin.11

A principios de mayo de 1997, luego de que los paramilitares se entrevistaran con varias autoridades locales, los alcaldes de Viga del Fuerte12 y Bojay reunieron a lderes locales y organi-zaciones acompaantes, como el equipo misionero de la Di-cesis de Quibd, para comunicarles algunos detalles de lo que sera la entrada paramilitar, que se hizo efectiva unos quince das despus. El 22 de mayo unos 100 paramilitares entraron a Viga del Fuerte, reunieron a toda la poblacin en la escuela y se llevaron a 22 personas acusadas de tener vnculos con la guerrilla.13 Luego instalaron una antena de comunicaciones en el tanque del acueducto, y se ubicaron en una casa que quedaba a unos metros de la estacin de Polica, cuyos miembros no opu-sieron resistencia.14 En Bellavista, los paramilitares, por rdenes de alias el Lobo, colocaron un cartel donde se lea: Muerte a los sapos. Dos das despus asesinaron a Eligio Martnez, el motorista de la lancha del equipo misionero de las Hermanas Agustinas.15

Muchos de los acusados por los paramilitares de ser colabora-dores de la guerrilla estaban afiliados a los comits del movimien-to poltico de la Unin Patritica, pero otros no tenan ninguna relacin ni con el grupo poltico ni con la guerrilla. Una de las comunidades ms afectadas por los sealamientos fue Mesopota-mia, ubicada sobre el ro Opogad, afluente del Atrato en el rea del municipio de Bojay. Lista en mano los paramilitares bajo el

11 Taller de memoria histrica, Napip, 2009.12 Para entonces el alcalde de Viga del Fuerte era Wilson Chaverra, quien aos despus fue reconocido como un importante lder paramilitar en la regin. 13 Arboleda, Javier. 1997. Dnde estn los desaparecidos de Viga?. Medelln (Col.): Peridico El Colombiano, 7 de julio de 1997, p. 14A. No fue posible encontrar en este ni en ningn otro reporte posterior de esta misma fuente, la informacin precisa de los paraderos de quienes entonces fueron declarados como desaparecidos. 14 Talleres de memoria histrica, Viga del Fuerte y Bellavista, 2009.15 Ibdem.


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mando de alias El Lobo y de alias El Ovejo sacaban de sus casas a los acusados sin importar los ruegos de sus familias, les tapaban la cara y los llevaban a las afueras de los poblados, donde los mataban con arma de fuego o con motosierra.16

Las mujeres del Medio Atrato recuerdan episodios de violen-cia sexual en los cuales los paramilitares entraban a sus casas y las violaban, a algunas de ellas incluso frente a sus maridos e hijos; 17 tambin evocan situaciones en las cuales los paramilita-res usaron sus armas para intimidar a los hombres y seducir a las mujeres jvenes, dejando embarazadas a muchas de ellas y aban-donndolas en la responsabilidad de la crianza y el sostenimiento de los hijos.18

Los paramilitares limitaron la movilidad por el ro y restringie-ron la circulacin de alimentos, con el argumento de cortarle pro-visiones a la guerrilla; y con frecuencia saqueaban los botes que llevaban los mercados para las distribuidoras locales de vveres, o les exigan que entregaran grandes cantidades de alimentos para poder pasar los retenes.

() desde que ellos [los paramilitares] subieron comenzaron a restrin-girnos el alimento. Una familia nica y exclusivamente poda comprar el mercado para quince das con 20 mil pesos, quien coga ms de eso tena problemas con ellos (Testimonio, taller de memoria histrica, Napip, 2009).

En respuesta a lo anterior, y bajo el liderazgo de los equipos misioneros, la Dicesis de Quibd, las organizaciones comunita-rias y acompaantes empezaron a ingresar y almacenar alimentos para las comunidades en lo que llamaron las tiendas comunita-rias, pero este tipo de acciones de resistencia no escaparon a la represin paramilitar. Una de las primeras vctimas fue Michel Quiroga, religioso marianista de 25 aos de edad, asesinado el 18 de septiembre de 1998 en el municipio de Llor. Un ao despus

16 Ibdem.17 Talleres de memoria histrica en Viga del Fuerte, Napip, Bellavista y Quibd, 200918 Ibdem.


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vendra otra muerte que caus un gran impacto entre los equipos misioneros y habitantes del Medio Atrato: la del sacerdote Jorge Luis Mazo, de 37 aos de edad, prroco de Bellavista.

La noche del jueves 18 de noviembre de 1999, una comisin en la que participaban el sacerdote Mazo y once personas ms, entre ellas Iigo Egiluz, cooperante vasco de 24 aos de edad y miem-bro de la ONG espaola Paz y Tercer Mundo, se diriga a Quibd en un bote despus de visitar un programa de derechos humanos en Murind, con el fin de conseguir algunos insumos para la tien-da comunitaria. Trescientos metros antes de llegar a su destino el bote fue embestido por una lancha rpida de alto cilindraje que navegaba con las luces apagadas, en la que iban varios paramili-tares. El choque rompi la parte delantera del bote y expuls a sus ocupantes, mientras la lancha sigui su recorrido sin prestar auxilio alguno. Algunos habitantes del lugar lograron rescatar a los tripulantes, menos al sacerdote y al espaol, cuyos cuerpos apa-recieron dos das despus algunos kilmetros ro abajo.19

Lo que sigui hasta el ao 2000 fue la expansin planificada del proyecto paramilitar, mediante la instalacin de bases fijas en Riosucio, Murind, Bet y Quibd, y el ejercicio de un mayor con-trol sobre las zonas rurales a lo largo del ro Atrato. Paralelamente se dio una fuerte militarizacin por parte de la Fuerza Pblica me-diante el desarrollo de diversos operativos e instalacin de puestos de Polica en casi todos los municipios del departamento, espe-cialmente los del Bajo y Medio Atrato, y la creacin y/o refuerzo de unidades tcticas de la IV Brigada del Ejrcito y de la Brigada Fluvial de Infantera de Marina No. 1, de la Armada.20

19 Ibdem; Pajuelo, Daniel. 2001. Michel Quiroga, joven marianista asesinado en Choc. Diciembre de 2001. En: http://www.novabella.org/michel-quiroga/; Encuentran el cadver del cooperante espaol igo Egiluz, 22 de noviembre de 1999. ABC, Internacional. En: http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/he-meroteca/madrid/abc/1999/11/22/033.html; Trasladan cuerpo de espaol, 23 de noviembre de 1999. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-947726. 20 Bello A., Martha N., et al. 2005. Bojay, Memoria y Ro: violencia poltica, dao y reparacin. Universidad Nacional Sede Bogot, Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia PIUPC ; Colciencias, Bogot D.C. pp. 43-46.


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Desde entonces, en la regin del Atrato y en todo el departa-mento, la Dicesis de Quibd y las organizaciones regionales de-nunciaron una abierta connivencia entre los grupos paramilitares y la Fuerza Pblica,21 la cual se hizo evidente por la realizacin de retenes sobre los ros, patrullajes en zonas rurales y cabeceras mu-nicipales, la restriccin a la circulacin de alimentos y medicamen-tos, y el desarrollo de operaciones conjuntas (ver Comunicado a la opinin pblica).

Foto 2. Comunicado a la opinin pblica nacional e internacional de OREWA, OIA y ACIA, 1998: 1.

Fuente: Archivo COCOMACIA. Fotografa: Memoria Histrica. 2009.

Un nuevo episodio: la toma guerrillera de Viga del Fuerte, Marzo de 2000

Los habitantes de Viga del Fuerte recuerdan entre sus memo-rias que desde haca algn tiempo se vena rumorando sobre una toma guerrillera al municipio. La noche del sbado 25 de marzo de 2000, 300 guerrilleros de los frentes 57 y 34 de las FARC des-embarcaron en la cabecera municipal y atacaron con cilindros-

21 OACNUDH, Op, Cit., 2002.


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bomba la estacin de Polica, a la vez que tomaron por sorpresa a los paramilitares que se encontraban en la casa que tenan por base en ese municipio. Entre tanto, los vigideos se refugiaron en el colegio siguiendo las instrucciones de los guerrilleros. Desde la ribera un comando guerrillero disparaba hacia el puesto de Poli-ca de Bellavista sobre el Atrato, mientras otro comando asalt el Banco Agrario y destruy el juzgado.

A la una de la tarde los guerrilleros le dijeron a quienes se refu-giaron en el colegio que ya podan salir. En el suelo quedaron los restos de la estacin de Polica, la parroquia, la alcalda, la empre-sa de energa, la cooperativa financiera y unas diez casas de la po-blacin civil. En la casa vecina del puesto de Polica encontraron los cadveres de Nuria del Carmen Caicedo, quien con su cuerpo trat de proteger a sus hijos Jair, de 4 aos de edad, y Leydy de 3 aos, pero las balas los atravesaron a los tres; en la calle estaban los cuerpos de quienes quedaron atrapados en medio del fuego, como el del entonces alcalde de Viga, Pastor Damin Perea, mien-tras en el ro flotaban los cuerpos de algunos policas y otras per-sonas acusadas por la guerrilla de colaborar con los paramilitares.

El balance del ataque guerrillero fue de alrededor de 22 poli-cas y 9 civiles muertos, 10 agentes secuestrados y 4 ms heridos, adems de los civiles heridos que fueron atendidos en el hospi-tal. Hacia las tres de la tarde del domingo la guerrilla huy en varias lanchas por el ro, y horas ms tarde entr el Ejrcito, que acamp en las calles de la cabecera municipal. Pocos das despus el Ejrcito inici su retirada, y la poblacin de Viga empez a desplazarse, quedando apenas unos cuantos habitantes.22 Al poco tiempo regres la guerrilla con el fin de reafirmar su control sobre el Medio Atrato, e hizo presencia en las cabeceras municipales y las reas rurales de algunos resguardos. Entre los aos 2000 y 2002 se concentr en el ejercicio de un control social tendiente a la identificacin y represin de cualquier forma de colaboracin a los paramilitares. Los sealamientos y la intimidacin a travs de las armas incrementaron el desplazamiento forzado en la regin

22 Talleres de memoria histrica en Viga del Fuerte y Bellavista, 2009; Martnez, William F. Ataque de FARC a Machete y Fuego, 28 de marzo de 2000. En http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1253674.


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durante dicho periodo, llegando a su nivel ms alto en el periodo subsiguiente a la masacre de mayo de 2002. Frente a las amenazas contra sus vidas o las de sus familias, los alcaldes y la mayora de concejales de la zona se vieron obligados a desplazarse y a ejercer sus funciones desde ciudades como Quibd o Medelln. Por su parte, los paramilitares se replegaron hacia algunos centros urba-nos del Pacfico, donde tenan fuentes de financiacin y de provi-sin logstica.

Mayo de 2002: La disputa por el dominio territorial y la masacre de Bojay

Las alertas tempranas

Desde octubre de 2001 la Procuradura Delegada para los De-rechos Humanos haba emitido varios oficios sobre investigaciones por incursiones paramilitares en el Medio Atrato,23 advirtiendo la intencin de este grupo armado de disputarle a la guerrilla el do-minio territorial que tena desde finales de 2000. En diciembre de 2001, el Procurador Regional de Choc alert a las autoridades ci-viles y militares sobre los riesgos de la poblacin civil en la regin. 24

A partir del 21 de abril de 2002, cuando se hizo inminente la confrontacin armada entre grupos armados ilegales en la zona, se sumaron las advertencia del 22 de abril emitida por la OACNUDH,25 y por la Defensora del Pueblo el 26 del mismo mes, adems de una comunicacin que el 24 de abril le dirigi la Pro-curadura General de la Nacin a los Ministerios del Interior y de la Defensa, transmitiendo su preocupacin por la situacin de la regin.26 stas hacen parte de las ms de ocho advertencias que

23 Procuradura General de la Nacin PGN , Grupo Asesores en Derechos Huma-nos. Expediente 155.71249. Archivo de investigaciones por incursiones paramilita-res en la zona. Folio 1. Oficios No. 3978 y 3982 del 12 de Octubre de 2001. 24 Ibdem, Procuradura Regional del Choc. Circular No. 006 del 14 de diciembre de 2001. 25 Ibdem, OACNUDH Comunicado No. INT.602/02.26 Ibdem, PGN. Oficio DP-502 del 24 de abril de 2002; OACNUDH. Op, Cit., 2002, pp. 8-9.


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la Dicesis de Quibd, organizaciones no gubernamentales y or-ganismos de control le emitieron directamente al gobierno, preci-samente sobre la inminencia de una confrontacin armada en la zona.27 Una semana despus de haber sido enviada la primera de las alertas reseadas, an no haba presencia de la Fuerza Pblica.

Reacomodo de fuerzas: Paramilitares y Guerrilla frente a frente, entre el 20 y el 30 de abril

Alrededor del 20 de abril de 2002, el comandante paramilitar del Bloque Elmer Crdenas BEC- y miembro del Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC-, Freddy Rendn Herrera, alias El Alemn, se reuni con cinco de sus coman-dantes de compaa en San Jos de la Balsa,28 en el Municipio de Riosucio, Bajo Atrato chocoano; lugar sobre el cual se denunciaba haca tiempo la instalacin de una base paramilitar y el movimien-to frecuente de tropas paramilitares procedentes del municipio de Turbo, departamento de Antioquia.29

El propsito de la reunin era organizar los detalles de la ope-racin de la toma a Bojay y Viga del Fuerte, municipios que jun-to con Murind eran considerados como un fortn de la guerrilla de las FARC, al haber estado asentada all desde el ao 2000. Al operativo fueron asignados un poco ms de 200 hombres,30 orga-nizados en cuatro compaas: Los Leopardos, Los Cairos, Lince

27 Pastrana promete reconstruir Bojay, mayo de 2002. En: http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/pastrana-promete-reconstruir-bojaya-178423-178423.html. En el captulo 5, Memorias de la Justicia y la Impunidad en el caso de Bojay, del presente informe, se ofrece un anlisis ms amplio y detallado sobre la relevancia de estas comunicaciones en el orden judicial, y la debida atencin que se les prest o no. Ver, Cuadro 7. Alertas anteriores a los hechos del 2 de mayo de 2002. 28 Casero perteneciente al Territorio Colectivo de Cacarica.29 Comisin Intercongregacional de Justicia y Paz. 2002. Constancia 220202: Asesinato de Ramiro Vsquez, reiteracin de amenazas de incursin armada a los asentamientos. Cacarica (Riosucio, Dpto. de Choc, Colombia): Comisin Intereclesial de Justicia y Paz, viernes 22 de febrero de 2002. En: http://justiciaypazcolombia.com/Asesinato-de-RAMIRO-VASQUEZ.30 En la memoria de los bellavisteos, los paramilitares que ejecutaron esta operacin era alrededor de 400. Taller de memoria histrica, Bellavista, 2009.


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y Pantera, cada una con su respectivo comandante de compaa, todos bajo el mando de un solo comandante operativo identifica-do como Pablo Montalvo.31

En esos das, en Viga del Fuerte existan rumores sobre tropas paramilitares que venan en camino, y los habitantes empezaron a observar un progresivo repliegue de la guerrilla hacia las reas rurales del sur de Viga, 32 particularmente hacia los caseros de San Miguel, Tagach y Veracruz, sobre el margen del ro Atrato.33

Segn la versin libre de marzo de 2008, rendida por el co-mandante del operativo paramilitar, hacia las tres de la maana del domingo 21 de abril salieron en unas diez pangas desde San Jos de la Balsa por la orilla del ro Salaqu, para luego tomar el ro Atrato hacia el sur hasta Viga del Fuerte.34 Segn esta ver-sin, las embarcaciones debieron pasar a travs de por lo menos dos puestos de control de la Fuerza Pblica, dato que difiere del presentado por la OACNUDH a las autoridades,35 segn el cual fue-ron tres, teniendo en cuenta que el lugar que la Oficina identifica como de salida de las pangas es Turbo.36 Sobre lo que existe cla-ridad, es que ninguno de ellos report incidentes ni detenciones. Segn la versin libre referida anteriormente, las embarcaciones tuvieron un pequeo hostigamiento al pasar por Pedeguita y Do-mingod, caseros ubicados sobre el ro Atrato, correspondientes al municipio de Carmen del Darin;37 pero desde las pangas no se

31 Informacin basada en la versin libre de un ex comandante paramilitar, ren-dida en marzo de 2008 ante la Fiscala No. 69 Especializada de apoyo al Despacho No. 19 de Justicia y Paz, Medelln (Antioquia). En adelante esta fuente ser referen-ciada como: Versin libre, marzo de 2008.32 Testimonio, Taller de memoria histrica con habitantes de Viga del Fuerte, 2009.33 OACNUDH, Op, Cit., 2002, p. 8, n 15. 34 Versin libre, marzo de 2008. sta es una nueva precisin respecto al informe presentado por la OACNUDH (2002, p. 8), el cual seala que tales embarcaciones habran salido desde el puerto de Turbo (Antioquia).35 OACNUDH, Op, Cit., 2002, p. 8.36 Un retn de la Marina en Punta de Turbo, otro de la Polica Nacional ubicado en la entrada a Riosucio, y otro a la salida de este municipio, comandado por el Ejrcito. 37 Considerando que no hay reportes de la Fuerza Pblica sobre enfrentamientos en ese punto geogrfico y en ese momento, y que ms tarde habra un cruce de disparos con un comando guerrillero, se presume que el autor de este hostigamiento fue la guerrilla.


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respondi al fuego y siguieron adelante, seguros de que contaban con refuerzos por parte de otro grupo de paramilitares que deba venir desde Beln de Bajir.38

Eran como las 11 de la maana desde el billar yo o un tropel de gente corriendo pasa una panga, dos, tres no sabamos quines eran, cuan-do la gente ya dice: ey, son paracos!. Llegan a donde estaba el comando de polica y ah haba un monito con el mismo discurso: venimos a que-darnos, somos un grupo que quiere defender al pueblo colombiano de la guerrilla, bueno, la cantaleta de siempre, cuando viene la frasecita de nuevo: en estos das vamos a hacer una limpieza porque el pueblo est muy sucio, y pienso yo: otra vez empez la masacre!. (Testimonio, taller de memoria histrica, Viga del Fuerte, 2009).me fui por all atrs del colegio, entonces agarraron todos y nos fuimos para all comenzamos a buscar hojas de chuscal,39 diciendo que ramos comunidad de paz y cada uno con su banderita, pero ellos decan: no corran que nosotros somos de las autodefensas y ya retomamos la zona, no corran que nosotros no vinimos a hacerle dao a nadie, que con nosotros es borrn y cuenta nueva, pero la gente no comi ese cuento porque as fue la primera vez que entraron aqu, en Viga le dijeron a la gente que borrn y cuenta nueva y en la noche ya estaban matando la gente (Testimonio, taller de memoria histrica, Viga del Fuerte, 2009).

Hacia el medioda de ese 21 de abril las pangas de los para-militares desembarcaron en tres puntos a lo largo de la cabece-ra municipal de Viga del Fuerte sobre el ro Atrato: al norte, al frente del aserro; en el medio, donde estaba el antiguo puesto de Polica; y al sur, frente a la escuela. Los guerrilleros que an quedaban all no iniciaron combate sino que huyeron hacia la parte de atrs del pueblo. Los paramilitares tampoco emprendie-ron la persecucin, y antes de que la guerrilla bloqueara el paso del ro, enviaron las pangas de vuelta a Riosucio con un motorista y un ayudante en cada una. A su regreso, al pasar por Napip, las pangas fueron objeto de un nuevo hostigamiento por parte de

38 Versin libre, marzo de 2008.39 El chuscal es un arbusto tpico de la regin, de tamao medio y hojas delgadas y alargadas.


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un comando guerrillero que ya haba ingresado a la zona por el noroccidente. Este ltimo hecho confirma un testimonio segn el cual, en ese mismo da del 21 de abril, los paramilitares subieron hasta Bellavista, pero la guerrilla ya estaba ac [en Napip].40

Pocos instantes despus del desembarco en Viga, el jefe pa-ramilitar Pablo Montalvo le orden a alias Camilo, un capitn retirado del Ejrcito -quien entonces ejerca como comandante de la compaa Pantera-, que con algunos de sus hombres se despla-zara a Bellavista -ubicada a unos pocos metros al sur de Viga, al otro lado del ro Atrato-, para que, igual que hicieron en Viga, les hablara a los pobladores sobre los propsitos del grupo parami-litar en la regin.41 Cuando lo realiz, una de las lderes asumi la vocera de la comunidad para expresar su rechazo, haciendo la lectura pblica de la Declaracin por la Vida y la Paz, el mismo documento que la comunidad haba elaborado en 1999 y que le haba ledo a la guerrilla el 22 de noviembre de 2001. En esa de-claracin sostenan que como poblacin civil deseaban estar por fuera del conflicto armado, se comprometan a mantener su auto-noma como pueblo, y por tanto le solicitaban a los paramilitares que se retiraran del casco urbano. A tal solicitud, el comandante paramilitar respondi negativamente, argumentando que tenan el objetivo de limpiar el Atrato como lo hicimos con el Urab.42

40 Testimonio, taller de memoria histrica, Napip, 2009.41 Versin libre, marzo de 2008.42 OACNUDH, Op, Cit., 2002, p. 8 y n. 16


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DECLARACIN POR LA VIDA Y LA PAZ

(Bellavista, Bojay, Septiembre 12 de 1999)

La comunidad de Bellavista cabecera municipal Bojay, al igual que todas las comunidades del Atrato Chocoano y antioqueo, vienen siendo testigo y vctima de la agudiza-cin del conflicto armado en el Medio Atrato: violacin de Derechos Humanos y de los Pueblos e Infraccin al Derecho Internacional Humanitario: Asesinatos selectivos. Desapari-ciones. Desplazamientos Forzados. Secuestros. Intimidacio-nes, amenazas, sealamientos. Tortura. Robos de motores, botes, vveres y combustibles. Bloqueo econmico (restric-cin de alimentos, medicinas y combustibles). Restriccin de la movilizacin. Violaciones.

Como pueblo ah hemos vivido y recreado a nuestra cul-tura y tenemos derecho a vivir con dignidad, en justicia y en paz, viviendo nuestra economa en el territorio que ances-tralmente nos pertenece.

Exigimos de los grupos armados (paramilitares y guerrilla): Se nos respete el Derecho Supremo a la Vida Se nos respete el derecho a vivir en paz Se nos respete el derecho como pueblo a vivir nuestra au-

tonoma y ser gestores de nuestro etno-desarrollo Se nos respete el derecho que tenemos como poblacin ci-

vil a no ser involucrados en el conflicto armado, por tanto que no entren por ningn motivo a nuestro pueblo

Se nos respete el derecho que tenemos a la libre movilizacin Se nos respete el derecho que tenemos a no involucrarnos

en el conflicto armado (como informantes, colaboradores, financiadores, etc.)

Se nos respete el derecho a comercializar libremente nues-tros productos (pltano, madera, arroz, pescado, etc.)


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Se nos respete el derecho a traer nuestros vveres para el sustento

Se nos respete el derecho a no ser sealados como auxilia-dores de un bando o de otro

La violencia que vivimos por el conflicto armado no es la nica en nuestro medio, desde hace muchos aos pade-cemos de una violencia estructural, aquella que nos discri-mina y margina cada vez que nos empobrece ms. Tambin exigimos al gobierno nacional, departamental y municipal, mayor atencin en inversin en salud, educacin, comuni-cacin, vivienda, acueducto, alcantarillado a nivel urbano y rural.

Como comunidad nos comprometemos a: Mantener nuestra autonoma como pueblo Rechazar todo tipo de ofreci

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