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La cohesión social en tiempos mutantes: algunos desafíos

Rolando Cordera Campos Ángeles Palacios*

INTRODUCCIÓN La cohesión social en México ha estado siempre bajo acoso. En el curso de su historia, a pesar de una rica y vasta experiencia en creación e inno-vación institucional, el país ha encarado múlti-ples episodios convulsos que han puesto en peli-gro las formas de convivencia social acuñadas y han llevado, en ocasiones, a una reversión en materia de organización política, con el propósi-to, o el pretexto, de recuperar la cohesión social y nacional perdidas. En la actualidad, como un resultado mayor del agotamiento de la forma de desarrollo puesta en acto en los años treinta y cuarenta del siglo XX, es posible detectar nuevas y poderosas tendencias a la dislocación produc-tiva y regional, lo que inevitablemente pone en jaque los mecanismos de articulación sectorial y comunitaria que el Estado posrevolucionario propició o implantó a lo largo de décadas.

* (Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México, Facultad de Economía, UNAM) con la colaboración de Ángeles Palacios.

Las crisis económicas que han marcado el

final de la forma de desarrollo anterior, han te-nido lugar en un contexto de rápida moderniza-ción de estructuras e instituciones, lo que por lo pronto ha acentuado aquellas inclinaciones a la dislocación económica y social. Los costos humanos de estas crisis, el cambio en la estruc-tura de la población heredada de la explosión demográfica de los años setenta, los rezagos sociales acumulados, y las fuerzas centrífugas asociadas a la globalización, han convertido a la sociedad mexicana como lo ha señalado Clara Júsidman, en una sociedad tan plural, tan des-igual, tan heterogénea y sumamente compleja que ha experimentado un proceso creciente de segmentación social en donde sus componentes no se comunican, no comparten proyectos y varios se sientes excluidos.1

Sin embargo, estos factores que llevan a la pérdida de cohesión social han impulsado tam- 1 Clara, Jusidman, “La política de desarrollo social”, en El Economista Mexicano, pp. 219-226.

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bién una conciencia colectiva sobre la necesidad de revertirla. Dentro del Estado y en los más diversos estadios de la sociedad civil, en la aca-demia y hasta en el mundo de los negocios y de los organismos financieros internacionales, se advierte sobre la peligrosidad de esas tendencias mientras que los grupos más vulnerables y vulne-rados por el cambio y las crisis se buscan refu-gios y formas de existencia que les permitan no sólo sobrevivir, sino crear condiciones para aprovechar productivamente el cambio. Estos grupos, en efecto, demandan hoy no sólo el cumplimiento de los “derechos sociales del pue-blo mexicano”, a la salud, la educación, la ali-mentación y la vivienda, como lo consigna la constitución, sino nuevos y diversos bienes y servicios sociales vinculados a valores universales como la equidad, la igualdad de oportunidades, la tolerancia, y el reconocimiento. Estas deman-das, como se comprenderá fácilmente, hacen más compleja la exigencia tradicional de justicia social, pero nos acercan a una comprensión más actual y realista de lo que la cohesión social pue-de ser y significar en el futuro.

Los reclamos de una sociedad más crítica y autónoma, llevan a una redefinición de funcio-nes de los distintos actores sociales, y le plantean al Estado nuevas exigencias de calidad en sus acciones y, sobre todo, su oportuna intervención para el cumplimiento de su responsabilidad so-cial. En esta perspectiva, que reintroduce el tema de lo que el Estado debe hacer y en dónde debe intervenir, la definición y redefinición de lo pú-blico y lo privado adquiere, de nuevo, una im-portancia histórica central.2

La distinción entre ambos es fundamental siempre, pero en el presente se ha vuelto estra-tégico. Precisar los ámbitos que son propios del quehacer privado, así como lo que concierne a los intereses generales que requieren la interven-ción gubernamental, junto con el grado de de-pendencia e interdependencia entre ambas par-

2 Para un análisis más profundo, véase a Luis F., Aguilar Villanueva, El estudio de las políticas públicas, (Estudio introductorio y edición), pp. 15-36.

tes, es indispensable para definir nuevas formas y normas de autonomía y subordinación de la sociedad frente al Estado, en una época en la que la cooperación más amplia entre los acto-res es un requisito esencial para el desarrollo y el bienestar de las naciones.

En México se dio una relación de estricta y abierta subordinación de la sociedad respecto al Estado,3 que se justificó y legitimó por los objeti-vos generales de cohesión nacional y social, que no se habían podido alcanzar durante las prime-ras décadas de la vida independiente y habían sido puestos al margen por la revolución y la guerra civil de las primeras décadas del siglo XX. No se trató de una simple imposición basada en la fuerza, sino más que nada de un conjunto de mecanismos de negociación e inclusión social que le dieron un carácter consensual a una for-ma de gobierno que era a todas luces autoritaria y luego se volvió excluyente.

Este acuerdo histórico entre el gobierno y los sectores populares, en el que se intercambiaba bienestar social por apoyo político se resquebra-jó en los últimos lustros. Hoy, al calor de la democracia que ha emergido, lo que se busca sobre todo son nuevos equilibrios sustentados en una mayor horizontalidad de los convenios, polí-ticos y sociales. Es en estos equilibrios renova-dos, donde habría de descansar la cohesión social que se quiere recuperar, pero más que nada afianzar y renovar. Así, desde la perspectiva de nuestro tema, el reto para el país en los próxi-mos años radica en la capacidad que se tenga para encontrar y fincar institucionalmente, nuevas formas de interlocución, organización y representación entre el mercado, el Estado y los actores sociales tradicionales y emergentes.

En este trabajo se busca mostrar los alcances de la segmentación social a que ha llevado el intento de implantar como realidad única o dominante, el libre mercado. A partir de la ex-posición de factores económicos, sociales y de-mográficos, se quiere ilustrar la necesidad 3 Véase a Rolando, Cordera Campos, “Mercado y equidad: de la crisis del Estado a la política social”, en Economía Informa, pp. 14-26.

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de desarrollar nuevos y más ágiles sistemas de protección y promoción de oportunidades colec-tivas e individuales, como un requisito para lograr una efectiva integración social. En este empeño, la política social deberá orientarse pre-cisamente en un sentido integrador, mediante estrategias y proyectos, así como leyes y demás instituciones, que consideren simultánea y priori-tariamente el principio de universalización sin abandonar la atención especial y urgente a los grupos sociales y regiones más rezagadas, que hoy conforman un enorme contingente donde privan la penuria absoluta y el desaliento comu-nitario.

En la búsqueda de una sociedad cohesionada a la vez que dinámica, la superación de la pobre-za se ha vuelto un reto ético y político, y una asignatura que el país debe cursar de manera extraordinaria e inmediata. Lo que está ya en juego, no es sólo la eliminación de una lacra vergonzosa, sino el romper los pesados canales de reproducción de la pobreza y su trasmisión entre las generaciones. Un futuro de pobreza, como lo anuncia el presente, es incompatible con la imagen de un México estable y progresista que unifica hoy a las más diversas inspiraciones políticas que la democracia ha hecho surgir. Na-da tiene que ver ese futuro indeseable, con la cohesión social mínima que cualquier nación de la actualidad requiere para navegar con éxito en los mares convulsos de la globalización.

Sin perder de vista el carácter integral que debe tener la construcción de una nueva cohe-sión social-nacional, ni las agudas dimensiones demográficas, étnicas y de género que tienen la desigualdad y la pobreza “modernas”, parece claro que en las actuales condiciones del país, toda estrategia de desarrollo social debe tener dos pilares fundamentales: educación y empleo. Lograr que ambos se den de modo combinado y se interfluyan, es la gran cuestión que enfrenta-rán quienes diseñen las políticas y asignen recursos.

La educación permite incidir directamente en la integración social. Sin embargo los efectos

potenciales de la educación se despliegan en el largo plazo, y lo que es más importante, no se concretarán si no hay una dinámica generación de empleos de calidad. La generación sostenida de empleos que cuenten con una adecuada pro-tección social, tendrá que convertirse en un foco fundamental de preocupación de la cuestión social.

La ciudadanía implica un compromiso recí-proco entre el poder público y las personas, pero también de las personas entre sí. La parti-cipación social como una forma de integración social y legitimación política no puede dejar de lado, so pretexto de la urgencia o la emergencia, el fortalecimiento de una ciudadanía que se en-tienda y actúe como una participación efectiva de los individuos y los actores sociales en los asuntos públicos. Esta doble vertiente de la par-ticipación colectiva, es esencial para enfrentar el deterioro de la cohesión social.

La pérdida del sentido de pertenencia de las personas a la sociedad, de identidad con propó-sitos colectivos y de reconocimiento de la solida-ridad como un valor indispensable, destaca la importancia crucial de fomentar lazos de comu-nicación y cooperación desde el Estado, pero también desde una sociedad civil en gran estado de flujo. Así el proceso de intervención pública se debe caracterizar por el diálogo abierto y mul-tívoco, el intercambio organizado, el respeto a la diferencia. Es la conjunción de estos requisitos, más que el descubrimiento instantáneo o la adopción acrítica de fórmulas o recetas, lo que permitirá acercarse a formas organizativas de la población renovadas, que permitan, a la vez, dar respuestas eficaces a las múltiples necesidades que la diversidad galopante de estos años ha impuesto.

I. LA DIVERGENCIA SOCIAL El lado oscuro de la diversidad social mexicana, nos lleva a hablar de una divergencia como pro-ceso que marca a toda la sociedad, la podemos

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describir a partir de seis factores que amenazan a la cohesión social. 1. Las diferencias económicas regionales entre el

norte, centro y el sur del país. 2. La transición demográfica distinta entre las

regiones y las clases sociales. 3. La urbanización y la marginación de los esta-

dos. 4. Pobreza y desigualdad 5. La migración interna y externa. 6. La presencia de minorías étnicas y grupos

vulnerables. 1. Las diferencias económicas regionales entre el norte, centro y el sur del país La desigualdad en los niveles de producción y riqueza que se presenta en el interior de nuestro país, han sido consecuencia de la concentración de la economía en unas cuantas entidades cuyo funcionamiento ha propiciado la divergencia regional.

En México se dan cita, en incierta conviven-cia, tres realidades diversas y claramente diferen-ciadas por su grado de desarrollo.

a) Un sector moderno, exportador y vincula-

do plenamente a la realidad global, que ha asimilado en gran medida los aspectos competitivos, de innovación tecnológica y de productividad, que se asocian a la glo-balización económica.

b) Un sector industrial, de servicios y de agri-cultura tradicional que no ha sido capaz de vincularse al sector exportador de la eco-nomía, y que crece lentamente y ha resen-tido en mayor escala las crisis recurrentes y los propios cambios institucionales que dieron paso al cambio estructural. Todo esto, ha obstaculizado la generación de ca-denas productivas y económicas de escala.

c) Un tercer sector de economías locales o

regionales atrasada, en muchos casos de autoconsumo, que tienen una vinculación precaria con lo sectores más aventajados de la realidad nacional, y donde predomi-nan la pobreza extrema y el rezago social.4

Los estados del norte, se caracterizan por su dinámica actividad industrial relacionada con las ramas metálicas básicas, en especial la automo-triz, la metalúrgica y la alimentaria, en gran me-dida exportadoras y crecientemente bajo la mo-dalidad de la maquila. También cuentan con actividad agrícola y pesquera orientada a la exportación. Sus flujos de importación y expor-tación vía portuaria, corresponden al sector mo-derno y exportador, generan 32.6% del PIB na-cional, y concentran 25.7% de la población total, 78% de su población es urbana, su cobertura en los servicios de salud llega a 69.4%, cuentan con 33% de las escuelas del país, concentran sólo a 3% de la población analfabeta a nivel nacional, y 32.2% de la PEA ocupada se ubica en esta región.

Los estados del Occidente, Centro y Golfo, caracterizadas por su industria manufacturera, petrolera, de servicios y agricultura, correspon-den al sector económico que no ha sido capaz de vincularse por completo a la actividad expor-tadora. Sin embargo, generan 54.6% del PIB, concentran a 53.5% de la población total, 73% de su población es urbana, su cobertura en los servicios de salud alcanza el 64.5% de la cober-tura nacional; cuentan con 57.4% de las escuelas del país, concentran a 2.5% de la población anal-fabeta a nivel nacional, y 54.2% de la PEA ocupa-da se ubica en esta región.

La región del Pacífico Sur y la Península de Yucatán, caracterizados por su predominio de actividades primarias, corresponden al tercer sector aludido. Presentan los indicadores de bienestar más bajos del país, cuentan con nume-rosos núcleos de población indígena, 56.2% del total nacional. El 70% de su población es urba-na; concentran el mayor porcentaje de población 4Esteban, Moctezuma Barragán, “La política social del Estado Mexica-no”, en El Mercado de Valores, p. 6.

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analfabeta del país y el menor porcentaje de es-cuelas, 9.2%. Generan apenas 8.9% del PIB na-cional, y concentran 14% de la población total. El 13.7% de la PEA ocupada se concentra en esta región.

Conviene advertir, por otro lado, que en los años recientes se ha dado una expansión eco-nómica muy importante en la Península de Yu-catán, particularmente originada en el desarrollo turístico de Cancún y en un crecimiento muy rápido de una incipiente industria maquiladora. Este “deslizamiento” de las empresas maquila-doras de exportación, hacia zonas no fronterizas, es portador de nuevas dinámicas en el empleo, el uso del suelo y el hábitat, y es sin duda porta-dor también de nuevas potencialidades. Sin em-bargo, se trata de procesos que apenas han arrancado y junto con sus promesas habrá que evaluar sus implicaciones disrruptivas, en regio-nes y comunidades donde la infraestructura para “recibir” estas evoluciones, tanto desde el punto de vista físico como institucional y humano, no es la más adecuada.

2. La transición demográfica entre las regiones y las clases sociales5 La transición demográfica que se ha producido entre las distintas regiones, recoge también de las desigualdades e insuficiencias de nuestro desa-rrollo. Como se puede observar en el cuadro 1.

Las entidades del norte, como B. C., BCS, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, y por el otro, los estados de mayor desarrollo relativo localizados en el centro del país, como D. F., Morelos y México; así como Colima, se encuentran en una transición demo-gráfica avanzada, la cual se caracteriza por:

i) Presentar tasas de fecundidad y mortalidad

infantil similares a las de los países de mayor desarrollo.

5 Tomado de Rodolfo, Tuirán, “México: hacia el dominio de su destino demográfico” en Examen, Política de Población, pp. 11-21.

ii) Han sido los pioneros del cambio demográfi-co.

iii) Presentan niveles bajos de morbilidad. iv) Así como una edad más tardía al momento

de contraer matrimonio y de dar a luz al pri-mer hijo.

v) Han incorporado la práctica de la anticoncep-ción con fines de espaciamiento y limitación de sus nacimientos.

vi) La expansión familiar es de corta duración. vii) En algunos estados ya se ha alcanzado el

remplazo generacional. viii) El uso de métodos anticonceptivos alcanza

un promedio de 75.2% de las mujeres en edad fértil.

ix) Presentan una proporción baja de población dependiente, igual a 35.8%, 31.4% de pobla-ción menor a los 15 años, y 3.6% de población mayor a los 64 años. La población potencialmente productiva representa 64.2 por ciento.

Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, las regiones del Golfo (Tabasco y Ve-racruz) y la Península de Yucatán, se encuentran entre los estados que están atravesando por una transición demográfica moderada, caracterizada por: i) Presentar una fecundidad y mortalidad inter-

media, las tasas de fecundidad y mortalidad se sitúan ligeramente por encima de la media nacional.

ii) El 67.4% de las mujeres en edad fértil han incorporado el uso de métodos anticoncepti-vos.

iii) La población dependiente alcanza una pro-porción moderada, de 39.5%, 35% menor a los 15 años, y 4.5% de la población se en-cuentra por arriba de los 64 años. Mientras que la población entre 15 y 64 años represen-ta 60.5 por ciento.

En contraste, los estados de Puebla, SLP, Zaca-tecas y la región Pacífico Sur que comprende los

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estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se en-cuentran en la etapa tardía de la transición de-mográfica, presentan: i) Elevados niveles de fecundidad y mortalidad

infantil, similares a los que prevalecían hace 10 o 15 años.

ii) El uso de métodos anticonceptivos alcanzan un promedio de 59.3% de las mujeres en edad fértil.

iii) Presentan una alta proporción de población dependiente, 41.8%. 4.4% de población ma-yor a los 64 años y 37.4% de niños menores de 15 años. Y 58% de población potencial-mente productiva de 15 a 64 años.

iv) Una mortalidad temprana y elevada morbili-dad.

v) Altas tasas de fecundidad. vi) Una edad temprana al contraer matrimonio y

de tener el primer hijo. vii) Una débil práctica de limitación y espacia-

miento de los nacimientos.

3. La urbanización y la marginación de los Estados La distribución territorial de la población y de las actividades económicas presentan agudos contrastes, reflejados en puntos extremos tanto de dispersión y concentración como de pobreza y auge.

Actualmente, el país cuenta con 99.5 millones de habitantes y 74.7% de su población es urba-na;6 sin embargo, el proceso de urbanización se ha visto dominado por la concentración de la población en unas cuantas ciudades que son también las que centralizan la actividad econó-mica y las que generan una proporción conside-rable del PIB.

Hoy tenemos 3477 ciudades que constituyen los centros metropolitanos de mayor desarrollo y concentran 64.7% de la población nacional.

6 “Anexo Estadístico” del Sexto Informe de Gobierno, EZPL. 7 Teresita; Ruiz Pantoja, “Las transformaciones urbanas de México”, en Examen, Política de Población, p. 24.

Este proceso ha sido acompañado de un pa-trón creciente de concentración-dispersión, lo que se acredita con las 184 000 localidades con menos de 15 000 habitantes, en las que se locali-za 36% de la población total.

Una de las dificultades para ofrecer servicios básicos a la población de manera oportuna es que 92% de las localidades del país tienen me-nos de 500 habitantes y en ellas habitan sólo 11.6% de la población.

En las localidades de menos de 100 habitan-tes viven únicamente 3% de la población, pero representan 75% del total de las localidades. Sus carencias en infraestructura y servicios urbanos hacen que sus habitantes conformen el “núcleo duro” de los pobres, pobres extremos y margi-nados de México.

Actualmente, la población urbana sigue cre-ciendo, pero ahora se distribuye entre un mayor número de ciudades, siendo las ciudades me-dias, aquellas que tienen de 100 000 a 500 000 habitantes y las de rango superior, de 500 000 a 1000 000 de habitantes, las que se han converti-do en importantes polos de atracción poblacio-nal y han presentado tasas de crecimiento de 3%, absorbiendo 32.4% del total de los flujos migra-torios del país. Debido a su especialización eco-nómica en productos metálicos, maquinaria y equipo, comercio al pormenor, turismo, una industria orientada a productos alimenticios, bebida y tabaco, se han convertido en centros urbanos de vigorosa atracción. Ciudades como San Luis Potosí, Mérida, Saltillo, Aguascalientes, Acapulco, Ciudad Juárez, Cancún, Tuxtla Gutié-rrez, son algunas de ellas.

El proceso de urbanización se ha caracteriza-do por su escasa planeación y ordenamiento. La situación que contrasta es que en estos mismos centros urbanos conviven los sectores de pobla-ción con los más altos niveles de bienestar y otros con profundos grados de pobreza.

El entorno regional muestra las disparidades de rezagos sociales entre los estados del sur con los del centro y norte del país, cuyo déficit ade-más de ubicarse por arriba de éstos son noto-

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riamente más elevados que la media nacional. El 48.8% de la población en México vive en un grado muy alto y alto de marginación, mientras que 15% de la población concentrada en tres estados (D. F., Nuevo León y BC) viven en un grado muy bajo de marginación.8 Como se pue-de observar en el cuadro 2.

La región Pacífico Sur, así como la Península de Yucatán, y la región del Golfo, generalmente presentan niveles altos y muy altos de margina-ción. Los estados con grados de marginación muy alta siguen siendo Oaxaca, Chiapas, Gue-rrero, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Además de poseer los grados de menor desarrollo humano deseable.9

En contraste los estados con un grado de muy baja marginación son los que presentan mayor modernización económica como el D. F., Nue-vo León y B. C., lo que a su vez presentan un mayor índice de desarrollo humano.

Además, los estados más marginados presen-tan:

a) Los mayores niveles de hacinamiento en las viviendas.

En las localidades rurales,10 las viviendas son habitadas en promedio por 5.2 personas, en contraste al promedio nacional de 4.7.

El acceso a servicios como agua potable, dre-naje y energía eléctrica también se encuentra determinado por el tamaño de la localidad. En las localidades urbanas: 85.6% de la población

8 Entendiéndose a la población marginada, como el sector de la sociedad que por causas de la organización socioeconómica y política la excluye del acceso al consumo y disfrute de bienes y servicios y de la participación en los asuntos políticos. La información censal, nos permi-te captar cuatro planos de marginación social: a) el relacionado con las condiciones de vivienda, b) con el nivel de educación, c) con los ingre-sos monetarios, y d) con la ubicación geográfica de la población 9 Los grados de marginación, están basados en datos del Índice de Marginación en México, por localidades, 1995; Conapo. El Índice de Desarrollo Humano, es una metodología propuesta por la ONU para calificar la calidad de vida de la población, toma en cuenta tres indicadores básicos, una esperanza de vida de 85 años; alfabetiza-ción completa de adultos y el acceso de niños y jóvenes en edad escolar a los niveles básicos; así como un ingreso suficiente que le permita al ser humano satisfacer sus necesidades más apremiantes. 10 Generalmente una localidad rural es aquélla con menos de 2 500 habitantes, las localidades urbanas son aquellas con más de 2 500 habitantes, aunque existen otros criterios para clasificarlas con 15 000 habitantes o más.

tiene acceso al servicio de agua potable, 74.7% al servicio de drenaje y 93.2% cuenta con energía eléctrica. Mientras que en las localidades rurales estos porcentajes apenas ascienden al 61.6, 31 y 78.8%, respectivamente.

b) Concentra la mayor proporción de su po-blación ocupada en el sector primario de la eco-nomía.

El 22.5% de la población total ocupada del país, labora en alguna actividad agropecuaria. Chiapas es la entidad que concentra el mayor porcentaje de este tipo de empleo, representada por 54.1%, seguida por Oaxaca con 50.1%, Gue-rrero con 42.3%, Hidalgo con 40.4% y Zacatecas con 36.9%, mientras que en el D. F. 1% de la población con empleo, se dedica a esta actividad.

En lo que respecta a los ingresos de los traba-jadores rurales, estos son inferiores a los del resto del país. El 41.5% de los trabajadores del campo reciben menos de 1 salario mínimo, 1.4% recibe de 3 a 5 salarios mínimos, y sólo 0.7% recibe más de 5 salarios mínimos.

La probabilidad de acceso a la seguridad so-cial por parte de los trabajadores rurales es infe-rior a la que tienen los trabajadores del resto de los sectores, del total de asegurados por el IMSS, sólo 5.1% pertenece al sector rural.

c) En lo referente a la educación, la propor-ción de la población entre 6 y 14 años con apti-tud para leer y escribir, así como el alfabetismo entre la población de 15 años y más, muestran las divergencias que existen en materia educativa entre las diversas comunidades del país.

El 86% de la población nacional, en edades de 6 y 14 años sabe leer y escribir, en el medio rural esta proporción disminuye 78 por ciento.

En cuanto a los diferentes grados de instruc-ción que tiene la población rural, se observa que 1.1% de la población de 15 años y más ha cursa-do estudios superiores.

El nivel educativo en las zonas rurales es infe-rior al que presenta el conjunto de la población nacional. El 91.6% de la población de 15 años y más que reside en localidades rurales no ha cu-bierto la secundaria, 27.5% no tiene instrucción

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alguna, 34.1% ha cursado algunos años de pri-maria y 20.6% no tiene primaria concluida.

d) La situación geográfica del terreno es una dificultad más, que se suma al grado de margina-ción de estas localidades. Generalmente los es-tados donde hay más marginación predominan zonas montañosas que hacen más difícil el acce-so a la infraestructura básica. Además cuentan con los mayores números de municipios, tal es el caso de Oaxaca, que cuenta con 570 munici-pios; Chiapas cuenta con 111; Guerrero con 76; Veracruz con 210; Puebla con 217 (mientras que B. C. por ejemplo, cuenta apenas con 5 munici-pios mientras que Nuevo León con 51). Cuadro 2.

4. Pobreza y desigualdad Se ha estimado que la pobreza extrema afecta a 26 millones de mexicanos, quienes experimen-tan graves carencias en materia de nutrición, salud, educación y servicios básicos, y que están sujetos a fuertes limitaciones en términos de su capacidad para generar ingresos. No hay, hasta la fecha, una coincidencia aceptable entre agencias gubernamentales, organismos internacionales y centros de investigación social, respecto de la magnitud absoluta de la pobreza extrema, gráfica 1. Sin embargo, todo indica que los ascensos y descensos de la población afectada, dependen en alto grado del ciclo económico y en menor medida de las políticas correctivas, así como que, a las tasas actuales observadas, se mantiene una especie de pobreza “irreductible” o insensible al crecimiento económico general. La magnitud de estos grupos sociales creció sustancialmente en los años de crisis y las recuperaciones no han conseguido rebajar de modo significativo una cuota que oscila en alrededor de los veinte mi-llones de mexicanos.

La pobreza también afecta, en forma más moderada, a otro importante segmento de la población, cuyos ingresos han experimentado un proceso de deterioro o estancamiento relativo en los últimos años.

La distribución del ingreso, a su vez, refleja marcadas disparidades, y en lo fundamental se ha mostrado inconmovible ante la evolución económica, que actualmente registra ritmos al-tos. En 1998, 20% más rico (deciles IX y X) concentraba 54.1% del ingreso nacional, mien-tras que el 20% más pobre (deciles I y II) sólo recibía 4.2% del ingreso total.11 Como se puede observar en el cuadro 3.

De 1984 a 1998 se registró un aumento en la concentración del ingreso en el país, en la medi-da en que 10% (decil X) más rico incrementó su participación en el ingreso total, el siguiente 10% (decil IX) lo hizo con fluctuaciones. Mientras que 80% (deciles I-VIII) de la población res-tante tendió a ver disminuido sus ingresos.

Más de 6.8 millones de mexicanos percibe menos de un salario mínimo, 5 millones no re-ciben ingresos monetarios y viven del autocon-sumo. Se ha estimado, además, que la fuerza de trabajo ocupada en el sector informal representa por lo menos 28% del total, aunque hay quienes calculan que en realidad cubre cerca de la mitad de los que trabajan en el país.

La precariedad del empleo y en general de la inserción productiva de un grupo amplio de la población, se refleja en el hecho de que 36% de la población mayor de 12 años realiza algún tra-bajo en actividades informales.

5. La migración interna y externa La migración es un fenómeno que expresa las desigualdades entre campo-ciudad, además de que genera fricciones y tribulaciones de todo tipo. El “mudarse por mejorar” de que hablaban los clásicos de nuestra lengua, se ha vuelto para millones de mexicanos una costumbre con resul-tados y alcances siempre azarosos, pero las más de las veces insatisfactorios para quienes la prac-tican.

Los inmigrantes calificados, con una buena preparación escolar, por lo general tienen pocas 11 Cifras tomadas del “Anexo Estadístico” del Sexto Informe de Gobier-no, EZPL.

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dificultades para establecerse y se dispersan am-pliamente entre la comunidad receptora.

Sin embargo, los inmigrantes más pobres son los que encuentran mayores problemas en las comunidades receptoras, ya que ellos son los que tienen que llevar a cabo los trabajos más peligrosos y difíciles, llegan a formar parte de los cinturones de miseria de las grandes urbes. Es probable que los migrantes recién llegados, ca-rentes de una capacitación suficiente, queden en el segmento de la población más baja, trabajando en el tipo de empleos en los que es difícil pro-gresar y generalmente se convierten en desem-pleados, indigentes y desamparados, excluidos de cualquier esquema de bienestar.

Generalmente, además, se les discrimina en gran medida y de diversas maneras, se les despo-ja de reconocimiento y de voz y su representa-ción electoral tiende a perderse. Por ende, viven en las goteras de la participación política moder-na, sujetos a los más variados métodos de mani-pulación y control político y social. En 1995, los migrantes captados por el Censo, alcanzaron casi 14 millones de habitantes, es decir, 17.4% de la población residente en el país.

Entre las entidades de alta expulsión, aparte del D. F. que representa 42% de esta expulsión que, sin embargo, se ubica en la zona metropoli-tana, están Zacatecas con 32.1%, Durango con 27.7%, Hidalgo con 26.1%, SLP con 23.6%, Oaxaca con 21.9%, Michoacán con 21.7% y Na-yarit con 21.3 por ciento.

Los estados de mayor atracción migratoria son Quintana Roo, con 60.4%, Baja California Sur, con 49.9%, México, con 47.7%, Tamauli-pas, con el 26.7%, Baja California Sur, con 28.9%, Colima, con 27.6% y Morelos, con 29 por ciento.

Muchas familias de México, ven a la migra-ción como parte de una estrategia para su super-vivencia cotidiana; de hecho, puede hablarse ya de una “cultura de la migración” que se ha con-vertido en una parte central de la cultura mexi-cana, como sucede en el norte del país, que se ha convertido en el foco de la vida económica y

social para muchas de las comunidades que en-vían migrantes. Como se sabe, ésta es ya, con toda evidencia en nuestro caso, una cultura tras-nacional que, a la vez, ha sido internalizada de un modo extendido a todo lo largo de la geogra-fía humana y mental del México de fin de siglo.

La salida de los migrantes, ya sea para la ciu-dad o hacia el extranjero, tiene un efecto de lar-go plazo en la comunidad que dejan atrás. Los que deciden irse a las ciudades, o a los países del norte, a menudo son los más jóvenes y los más emprendedores, y, por lo menos en el pasado reciente, habían sido predominantemente los varones, dejando a las comunidades con altas proporciones de ancianos, mujeres y niños. La migración también es causa de que haya una gran cantidad de hogares encabezados por muje-res y de que a ellas se les asigne una carga de trabajo mayor aún que antes.

6. La presencia de minorías étnicas y grupos vulnerables La presencia de grupos vulnerables como los niños, jóvenes, ancianos, mujeres, discapacitados físicos y mentales, la minoría de la diversidad sexual, y la enorme minoría étnica, son una muestra impresionista de las dificultades adicio-nales para la cohesión de sociedad en transición, cuyos primeros cambios estructurales han agudi-zado la pobreza y la marginación, afectando se-riamente los mecanismos tradicionales y los pro-cesos instalados de integración social.

Los sectores vulnerables son segmentos de población que por razones de raza, edad, condi-ción física y género, están más expuestos a la agresión y el mal trato. El libre ejercicio de sus derechos humanos, se ve obstruido por esta re-lación de debilidad con el resto de la comunidad nacional, que tiende a ubicarlos en los márgenes del desarrollo nacional.

Niños: “La vulnerabilidad de los menores se deriva de

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una cuestión esencial, no pueden proveerse de los satisfactores básicos para su existencia y en la edad más temprana dependen de los otros para vivir, por lo que se encuentran indefensos ante las contradicciones y diferencias sociales”.12 México es un país que posee un porcentaje im-portante de población infantil, menor de 14 años, que representa 33.2% de la población to-tal. Una porción significativa de esta población, se enfrenta de modo cotidiano y no ocasional, a problemas como, la desnutrición y la morbilidad sin defensa rápida, la desintegración familiar, las adicciones, la violencia, la explotación laboral y el desamparo. Mujeres: Aunque todos los mexicanos tenemos los mis-mos derechos, su ejercicio está sobre condicio-nado por las prácticas institucionales por exce-lencia, como la familia, en donde los roles tradi-cionales se reproducen y arraigan. En la mayoría de los espacios sociales del México actual, los varones tienen más ventajas sobre las mujeres y gozan de una mejor posición dentro y fuera de la familia. La diferencia sexual entre niños y niñas y entre varones y mujeres, se ha traducido en des-igualdad social entre ellos y por ende en una violación de los derechos humanos del género.

En México, la mujer representa una parte fundamental de la sociedad por los papeles que desempeña, y actualmente representa 50.4% de la población total del país.

“La vulnerabilidad que experimenta, com-prende circunstancias tales como el abandono, la violencia intrafamiliar, el maltrato, la indefensión jurídica, indigencia y abuso sexual, que se com-binan con la migración, el ingreso, la doble jor-nada, las actividades informales, y la explotación laboral”.13

El perfil educativo de las mujeres ha mostra-do un cambio notable en los últimos 30 años; el analfabetismo en las mujeres ha disminuido de 12 Fuentes, Mario Luis; La asistencia social en México; 1998, p. 345 13 Fuentes, Mario Luis, Ibid. p. 424

29.6 a 12.7%; la proporción de la población fe-menina sin instrucción también ha disminuido de 72.3 a 33.6% en la actualidad; y el promedio de escolaridad en estos 30 años ha aumentado a siete años actualmente. Sin embargo, estos avan-ces no se han dado con la misma intensidad en el conjunto de la población femenina; si aten-demos a lo que ocurre con las mujeres indíge-nas, por ejemplo, encontraremos severas desigualdades dentro de sus respectivos núcleos familiares y comunales, y desde luego en compa-ración con otras mujeres, en especial las que viven en las ciudades. En esta materia, la mo-dernización social se mantiene muy concentrada y segmentada, lo que exacerba la desigualdad básica o de origen, asociada a los ingresos, la propiedad y la ocupación.

La mujer tiene menor presencia que los hombres en el mercado laboral, y su participa-ción se duplica en cuanto a los quehaceres do-mésticos. Aunque los niveles de instrucción de la PEA muestran comportamientos similares entre los varones y las mujeres, la población femenina ocupada se concentra generalmente en los servi-cios, cuya proporción asciende a 42.08%, segui-do por el comercio con 23.9, 17.33% en la industria y 10.38% en el trabajo agropecuario. Cuadro 4 y gráfica 2.

El 56.1% de las mujeres ocupadas son asala-riadas, 20.9% trabajan por su cuenta y 16.5% son trabajadoras no remuneradas. Gráfica 3

El nivel de ingresos es inferior al de los varo-nes en todos los rangos, a excepción de aquella población ocupada que recibe ingresos no mo-netarios y menos de un salario mínimo.

La educación y la participación económica de la mujer en el mercado laboral, constituyen dos factores estrechamente vinculados con la baja tasa de fecundidad. Se ha demostrado que a mayor grado de instrucción se ha logrado una menor tasa de fecundidad. Asimismo, en los últimos 20 años, la descendencia de las mujeres con menores niveles educativos, también se ha reducido. La tasa de fecundidad de las mujeres activas económicamente registra 1.4 hijos, aun-

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que cabe señalar que este cambio se ha dado mayoritariamente entre las mujeres urbanas, con un nivel socioeconómico y un grado educativo mediano y alto. Gráfica 4.

Por otro lado, el surgimiento de nuevos tipos de familia tiende a crecer en nuestro país, en los cuales las mujeres se perfilan como jefas de hogar, producto de los altos índices de divorcio, separaciones o decisiones propias de las mujeres en reclamo de su libertad, lo que contribuye a un proceso que amplía el escenario de decisión de las mujeres y propicia su participación en los distintos asuntos económicos, culturales y labora-les. Esto no disminuye el hecho de que actual-mente las mujeres se enfrenten no sólo a una doble jornada, sino a una retribución diferencia-da por trabajos iguales en comparación con los varones, lo que dificulta su desempeño social.

Se estima que 8 de cada 10 hogares monopa-rentales son encabezados por mujeres. Y el in-greso monetario mensual de los hogares con jefatura femenina representa 78% de los hogares encabezados por hombres. Además, la vulnera-bilidad de las familias con jefatura de hogar fe-menina, tanto en términos de seguridad y pro-tección, como de ingresos, es reproductora de pobreza y de desigualdad. Este tipo de estructu-ras familiares se tropiezan con múltiples obstácu-los para cumplir sus funciones de socialización e integración social.

Jóvenes: El perfil demográfico que presenta México, de-finido a partir de la tendencia poblacional de los años setenta, es fundamentalmente joven. La población mexicana entre los 15 y 24 años, re-presenta actualmente 30% de la población total. Si a esto le sumamos 33% de niños menores de 14 años, podemos decir que en los próximos años la población juvenil representará el grupo poblacional más numeroso (63%). En un am-biente social y económico en el cual las oportu-nidades siguen siendo escasas y concentradas, en materia de educación, empleo, salud, medio

ambiente, cultura, recreación, sexualidad, pre-vención de adicciones y algunas otras, la juven-tud se mantiene vulnerable porque no cuenta con los instrumentos para insertarse ventajosa-mente en la dinámica económica. La población joven no infantil, representa una expectativa in-dudable de nuevos giros positivos en la dinámica económica futura. Es el “bono demográfico” del que hablaba José Gómez de León. Lo que está en el aire, es la creación del abanico de capaci-dades que le permita al país aprovechar dicho bono y convertirlo en crecimiento económico alto y bienestar progresivo y bien distribuido. La estructura actual de distribución de capacidades y acceso a instrumentos, como se ha ilustrado en las páginas anteriores, no garantiza que esta oportunidad se vaya a volver realidad productiva. Adultos mayores: La disminución de la mortalidad y las mejorías en el sistema de salud, ha implicado el incre-mento de la población en edades avanzadas con el consecuente aumento en la esperanza de vida al nacer, la cual asciende a 75 años en promedio. Sin embargo, estos avances no se han acompa-ñado por políticas adecuadas para la estructura poblacional futura y las demandas de este sector creciente de la población, que hoy representa apenas 4.8% de la población total, pero que re-coge ya fuertes tendencias al envejecimiento de la sociedad mexicana.

El gran problema de hoy, es que ni social ni educativamente estamos preparados para enve-jecer; “el proceso de envejecimiento se está dan-do en un país donde aún no se desarrollo una cultura propia de lo gerontólogico, y los espacios para brindar una atención médica y vial digna para las personas mayores aún está en proceso formativo”.14

Al respecto, la Sociedad Mexicana de Geria-tría y Gerontología, señala que actualmente exis-ten en México alrededor de 600 geriatras, de los

14 Mario Luis, Fuentes, Ibid., p. 370

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cuales la mitad trabaja en otras áreas, como mé-dico internista o en medicina familiar. En el país egresan cada año sólo 6 médicos profesionales en el área y en muchas universidades no existe esta especialidad. Además, en las instituciones de salud no existen plazas suficientes para alber-garlos. El IMSS sólo cuenta con 6 plazas para geriatras, el ISSSTE sólo con 2, al igual que el Hospital Español, y sólo un par de hospitales en Guadalajara y Monterrey cuentan con una o dos plazas para médicos de esta especialidad.

A lo anterior, hay que agregar las mutaciones en el régimen de pensiones, todavía dominadas por su reducido monto y cada vez más alejadas de las prácticas de solidaridad generacional y de clase que se quiso desarrollar en el pasado, aun-que con poco éxito. La vulnerabilidad etaria, tenderá a aumentar en el futuro, si no se adopta desde hoy esquemas de prevención y atención que contemplen también la incorporación de los viejos a la actividad socialmente productiva. Por lo pronto, lo que priva en este último aspecto es el rechazo, como práctica empresarial y aun co-mo costumbre social.

Discapacitados: En la mayoría de los casos los discapacitados son marginados más por un prejuicio social que por algún motivo plenamente fundamentado en sus limitaciones.

Al ser un grupo minoritario,15 casi la totalidad de los productos y los servicios están diseñados para las personas no discapacitadas, tales como la falta de medios adecuados para el acceso a medios de transporte, señalamientos, etc. Esta vulnerabilidad queda más acentuada cuando las discapacidades son más que obvias graves, y las personas que las padecen quedan completamen-te imposibilitadas para seguir valiéndose por sí mismas.

Es poco lo que se ha hecho para que el resto de la población acepte a este grupo minoritario 15 Se estima que 10% de la población total padece algún grado de disca-pacidad.

como parte de la sociedad con igual dignidad y derechos; no se han realizado los esfuerzos ne-cesarios para que la sociedad reconozca la digni-dad humana de estos grupos y los derechos que les corresponden por el simple hecho de ser personas.

Indígenas: La cuestión indígena se ha convertido en el desa-fío más implacable de la modernización mexica-na de este fin de siglo. “En México habitan un poco más de 10 millones de personas que se identifican como indígenas. Está es la mayor población indígena en términos absolutos entre los países de América Latina, y equivale a la po-blación de Honduras, Nicaragua y Costa Rica”.16

En la población indígena se concentran la ex-trema pobreza y la marginalidad, así como los “contravalores” menos reconocidos de la socie-dad moderna del país: el racismo y el olvido, el desconocimiento de los otros, la tentación de inventar fugas hacia adelante, hacia unos futuros homogéneos donde la diferencia no se presente de forma tan brutal.

En estas zonas del país, priva la descapitaliza-ción del campo, la falta de inversión productiva, la elevada erosión del suelo, los más bajos nive-les de ingreso promedio y se mantiene dominan-te el analfabetismo y una escolaridad ínfima, de pésima calidad, que afecta sobre todo a las muje-res y los niños. En la cuestión indígena, sin duda, se resumen las asignaturas mayores, no cursadas, por el Estado pos revolucionario, así como por los proyectos recientes de actualización y cambio de las estructuras económicas, políticas y socia-les, que sustentan la vida material y cultural de México.

En 1994 tuvo lugar un (re) descubrimiento de esta situación inicua, al calor del alzamiento de los indios chiapanecos dirigidos por el Ejérci-to Zapatista de Liberación Nacional, pero esto

16 Rolando Cordera Campos, y Enrique González Tiburcio; “La socie-dad Mexicana hacia el nuevo milenio: cohesión y divergencia,” en B., Millán, Julio y Antonio Alonso Concheiro (Coords.), México 2030.

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no llevó a una redifinición efectiva y de fondo de las políticas nacionales pertinentes. De un lado, no acaba de asumirse que el denominador co-mún de pobreza extrema y sometimiento que define a las poblaciones indígenas, no borra la diversidad de las mismas, sus variadas formas culturales y los distintos niveles y formatos de desarrollo político, y aun económico, que las caracterizan. No hay, de esta manera, la posibili-dad de desplegar una estrategia concreta que contemple los distintos panoramas en que se expresa dicha cuestión. Sin un reconocimiento legal adecuado, de los derechos políticos y eco-nómicos a que da lugar la diversidad y la densi-dad cultural de las comunidades étnicas del país, no será posible poner en práctica una batería de políticas e instituciones de largo alcance, capaces de asegurar la cohesión nacional, al mismo tiempo que se erigen plataformas de convivencia y bienestar que den sentido a una cohesión so-cial que siempre ha estado en entredicho en estas regiones.

II. Hacia la cohesión social Ante el panorama social expuesto anteriormen-te, caracterizado por la persistencia de la pobre-za, la desigualdad y la exclusión social, la política social universal e integral, la educación, el em-pleo y la participación ciudadana constituyen los principales mecanismos para impulsar la inser-ción social. 1. La política social La política social nos refiere al objetivo más am-plio de construir sociedades más cohesionadas y equitativas. En una perspectiva de mayor equi-dad e integración social, la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad.

La concepción y los objetivos de la protec-ción social no son fijos en el tiempo, varían en

términos de los requerimientos educativos, de salud, empleo, vivienda y demás servicios, de-pendiendo del ciclo económico, de los niveles de protección ya alcanzados, y del perfil demo-gráfico. En este marco evolutivo de la protección social, resulta importante el rango y la calidad de los servicios que se garantizan en forma universal y los que se asignan en forma selectiva.

a) Universalización de la política social Esta primera vertiente, debería buscar materiali-zar los derechos sociales contemplados en la constitución, en particular en el caso de la edu-cación, la salud, la vivienda, y la seguridad social. Sin desmedro de los inmensos huecos financie-ros que han acompañado el universalismo “aco-tado” de la política social mexicana, su objetivo histórico debería mantenerse, sin soslayar los retos que le plantea el vuelco mundial de esta hora. Aumentar con solidez la calidad de vida de todos, y al mismo tiempo fortalecer la formación de recursos humanos para el desarrollo y la co-hesión social, debería ser un propósito explícito que reforzará los mandatos constitucionales,

El carácter universal de las políticas sociales, genera cohesión social y le da vigencia y materia-lidad al concepto de ciudadanía. Garantizar a todos los ciudadanos, en virtud de tal condición, determinadas protecciones y beneficios aparece cada día con más claridad, como una condición fundamental para que sus perceptores participen plenamente en la sociedad en que viven.

b) Focalización de la política social Sin embargo, la escasez de recursos públicos, en particular durante los periodos de crisis y ajustes, pero en general en las economías en desarrollo acosadas por la penuria, la focalización se ha ido adoptando como una forma eficaz de asegurar que los servicios sociales lleguen a la población que menos tiene y se logre mayor equidad y efi-ciencia en el uso de los recursos. Esto, en prin-cipio, no se opone al carácter universal que se

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considera indispensable para un desarrollo con cohesión.

Ante el carácter multidimensional de la po-breza, en un contexto donde las discontinuida-des geográficas y productivas son tan fuertes co-mo en México, las políticas focalizadas y dife-renciadas deben entenderse como un instrumen-to que permite orientar la acción, y particular-mente la asignación de subsidios para que la población carente pueda acceder a los servicios y garantías sociales por la vía más rápida. La foca-lización, entonces, no debería concebirse como una política social alternativa, sino como una vertiente instrumental que, bien aplicada, hace más eficaz la universalización de la política social.

Los programas focalizados y diferenciados, son útiles y necesarios cuando la pobreza está muy concentrada en ciertos grupos de la pobla-ción o en ciertos espacios geográficos, y cuando las personas o familias no son cubiertas por los esquemas de protección y seguridad social, en-tonces estos se convierten en mecanismos pro-veedores de bienestar. c) Integralidad de la política social Lograr una buena integración de instrumentos, junto con una relación explícita y coherente con la política económica general, es una condición para la eficacia de la política social. Se trata de unos vínculos movibles, que cambian en función del ciclo económico pero también del político, sobre todo en condiciones de democracia y al-ternancia, como es el caso presente y futuro de México.

No es posible, en estas condiciones, procla-mar la garantía de los derechos económicos y sociales sin atender a la situación y las tendencias económicas. El desarrollo social no puede des-cansar exclusivamente en la política social, entre otras cosas porque no hay presupuesto que resis-ta esta hipótesis, pero por otro lado, el creci-miento y la política económica no pueden, por sí

solos, ofrecer panoramas realistas de equidad y mejoramiento sociales.

El ritmo y la calidad del desarrollo económi-co, condicionan las posibilidades e impacto de la política social, mientras la inversión en capital humano e infraestructura social, así como un ambiente de equidad, crean condiciones favora-bles para el desarrollo económico y la estabili-dad política y social. En el mismo sentido, el crecimiento económico y la política macroeco-nómica de control de la coyuntura, son determi-nantes en la generación de empleo y de la estruc-tura de oportunidades laborales y, por ende, de los niveles de ingreso y de superación de la pobreza.

La segunda dimensión de integralidad de la política social, nos remite a las posibilidades vir-tuosas que encierra la conjunción de los diferen-tes beneficios sociales, como la educación, la atención de salud, la protección social, la nutri-ción, la vivienda y otros servicios básicos. En un contexto de recursos escasos y necesidades en expansión, la determinación obligada de priori-dades debe aspirar a producir círculos de inter-acción positiva entre satisfactores y carencias, sin hacer a un lado la intensidad y la severidad del fenómeno de pobreza o empobrecimiento. Esto se advierte intensamente, en las situaciones de emergencia que producen los desastres natura-les, pero también cuando las oscilaciones económicas afectan los precios de productos primarios valiosos, vinculados con los ingresos de comunidades campesinas pobres, como ha sido el caso del café en México.

La primera prioridad para México, en térmi-nos de derechos humanos y de seguridad nacio-nal, se encuentra en la superación de la pobreza extrema. Empero, en este marco también la educación y el empleo ocupan el centro de la cohesión social, y es esta consideración la que impide establecer fronteras fijas y duras entre una y otra circunstancia social de pobreza. Las divisiones entre un tipo y otro de pobreza se han probado porosas y móviles, y es probable que con un crecimiento más rápido, incluso tiendan

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a acentuar estas características. Los retos con-temporáneos de la cohesión social del país, no respetan mucho las taxonomías analíticas.

2. Educación La educación ha sido planteada como el elemen-to más poderoso para fomentar una mayor inte-gración sociocultural, a la par que se acelera la modernización de las estructuras productivas.

Podemos señalar cinco elementos que con-fluyen en hacer de la educación un decisivo cohesionador social. El primero, lo constituye el efecto que tiene sobre la salud de la población: entre mayores sean los niveles educativos, los habitantes tendrán un mejor conocimiento sobre las medidas de carácter preventivo en términos de salud e higiene. Esto por sí mismo, incremen-ta el bienestar de la población. Además, hay un efecto retroalimentador sobre la educación, ya que seres humanos básicamente sanos tienen una mayor capacidad para acumular y ejercer sus habilidades y conocimientos, que se reflejan en una mayor productividad presente y futura en el mercado laboral y por supuesto en un mayor ingreso.

El segundo, es su impacto sobre las tasas de fecundidad, natalidad, mortalidad y en conjunto, sobre la tasa de crecimiento de la población. Cuando los habitantes de un país, principalmen-te las mujeres, incrementan su educación y el valor de sus conocimientos y habilidades en el mercado, el costo de oportunidad del tiempo aumenta, lo que lleva al descenso de la fecundi-dad y natalidad. Combinado con mejores están-dares de salud, esto implica menores tasas de crecimiento poblacional. Y entre menor sea el número de miembros en la familia, para cada nivel de ingreso, la calidad de vida promedio tenderá a ser mayor y los lazos familiares, tam-bién, a ser más sólidos.

En tercer lugar, el nivel promedio de la edu-cación que se alcance, será en el mediano y largo plazos el principal condicionante de la distribu-ción personal del ingreso. Además, mayores

niveles de educación tienden a reflejarse en una mayor igualdad de oportunidades en el mercado laboral, lo que sienta las bases de una distribu-ción personal del ingreso más equitativa.

Asimismo, una mayor educación permite una mayor movilidad sociocupaconal. Por último, la educación constituye armas de defensa frente a la inestabilidad y la inseguridad económicas. Aunque se trate todavía de una regla general intuitiva, puede decirse que a mayor nivel educa-tivo, menor es la probabilidad de ser pobre o caer en la pobreza.

La persistente desigualdad en el acceso a la educación, asociada al estrato social de origen, hace que en gran medida las oportunidades queden determinadas por el patrón de desigual-dades prevalecientes en la generación anterior. “Las personas que provienen de hogares con escasos recursos suelen cursar ocho o menos años de estudios y en general no superan la con-dición de obrero u operario, percibiendo un ingreso mensual promedio cercano a 2.5 líneas de pobreza, lo que es insuficiente para asegurar el bienestar familiar...y quienes crecen en hoga-res con más recursos por lo general cursan 12 o más años de estudios, lo que les permite desem-peñarse como profesionales técnicos o en cargos directivos, obteniendo un ingreso promedio mensual superior a 4 líneas de pobreza”.17 Por lo anterior, se ha recomendado:18

a) Una continuidad educativa. Según estudios de

la CEPAL, se requieren 11 ó 12 años de edu-cación, es decir, educación primaria y secun-daria completa, para tener una probabilidad alta de no caer en la pobreza. Actualmente, en México se garantiza constitucionalmente el derecho a estos niveles educativos como obli-gatorios, gratuitos y laicos.

Sin embargo, los logros educativos revelan la desfavorable situación de las zonas rurales. La

17 CEPAL-Naciones Unidas, Equidad, desarrollo y ciudadanía p. 107 18 Para un análisis más profundo, véase CEPAL-Naciones Unidas, ibid., cap. 4.

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población rural sigue siendo la menos educa-da y capacitada, lo que refuerza el círculo vi-cioso de la pobreza rural. Y en las poblacio-nes dispersas, la deserción escolar está ligada al hecho de que los niños suelen trabajar al menos estacionalmente en beneficio de la economía familiar, por lo que su permanen-cia en la escuela implica un costo de oportu-nidad para los hogares pobres.

b) Ampliar los horarios de clase, a fin de com-pensar las limitaciones que el ambiente fami-liar impone a la capacidad de aprender. En una situación de pérdida sostenida de cohe-sión social, este es un rubro de acción pública de la mayor importancia.

c) Admitir que la desnutrición es una de las cau-sas importantes que impide la adquisición de los activos y las capacidades educativas. Por ello, la provisión de complementos alimenti-cios no debe verse como una medida margi-nal.

d) Becas que compensen el costo de oportuni-dad que significa desistir de una inserción la-boral temprana.

e) La incorporación de los padres de familia y la comunidad a los procesos educativos y su evaluación permanente, con el fin de evitar la informalidad en la asistencia y la deserción escolar. A medida que la familia participe en la escuela, más se incrementa el capital educa-tivo en el hogar, factor esencial que repercute en el rendimiento de los educandos.

3. Empleo El empleo es la principal fuente de ingreso de los hogares, pero se ha vuelto la o una de las principales fuentes de inseguridad social, Cuan-do se trata de un empleo formal, le permite al ser humano ser parte de un sistema de seguridad social, con derecho a la capacidad básica de la salud y a un sistema de ahorro para el futuro, así como el acceso a otras capacidades indispensa-

bles como el poseer una vivienda, educación, alimentación, etc. Además ofrece al trabajador ser parte de un proyecto colectivo, lo que con-vierte al empleo formal en un símbolo de identi-dad y comunión con los valores que la sociedad aboga.19

Los cambios tecnológicos y organizativos que se han dado tanto en las empresas como en el conjunto de la economía durante la última déca-da, han contribuido a acentuar la inequidad social. La expansión del empleo y los ingresos se ha concentrado en un grupo reducido, lo que se refleja en particular en la ampliación de la brecha salarial entre los trabajadores con distin-tos niveles de educación.

La ampliación de la brecha salarial se encuen-tra estrechamente vinculada a la segmentación estructural del mercado, entre núcleos formales con buenas condiciones de trabajo y otros con baja productividad y con condiciones precarias. Estos sectores, se diferencian por la estabilidad en el empleo, los niveles de remuneración y productividad, por las posibilidades de capacita-ción, por los periodos de desempleo, la rotación de oficios, la cobertura de la seguridad social, el ambiente de trabajo y la formalidad del empleo.

La situación del empleo se caracteriza por una importante insuficiencia en cuanto a su ni-vel, evidentes inequidades de acceso a ocupacio-nes productivas y por un marcado deterioro de las condiciones de protección social.

Al respecto, en México, en cada uno de los próximos 13 años, ingresarán al mercado de trabajo alrededor de un millón de mexicanos más, lo que significa que el país requerirá gene-rar a partir de 1998, para satisfacer la demanda de largo plazo, es decir para el año 2020 y 2030, la cantidad de 20.1 y 26.8 millones de empleos respectivamente.20

Como puede comprenderse, éste es un desa-fío mayúsculo para la política económica, que la acción social del Estado no podrá encarar, ni siquiera compensar provisoriamente. Una revi- 19 Tomado de CEPAL - Naciones Unidas, ibid. p. 135. 20 Fernando Solís Cámara, ibid. p. 9.

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sión de las pautas de financiamiento y de inver-sión, junto con la creación de un ambiente con-sistente en favor del desarrollo, se presenta co-mo una urgencia máxima para el futuro inmedia-to. La cohesión social está, desde luego, en cues-tión, pero más pueden estarlo la estabilidad polí-tica y la seguridad del Estado.

Sin duda, la política social puede y debe in-tervenir en la generación de mecanismos que contrarresten la desprotección secular que resul-ta del desempleo y el mal empleo, así como modular la estructura de la oferta y la demanda laboral con el fin de incorporar a ciertos grupos prioritario al mercado de trabajo a la vez de pro-curar elevar su productividad una vez insertos en él.

La redición de una cohesión social sólida, que sea congruente con los cambios inevitables de la estructura económica y política de México, no es algo que esté asegurado.

Puede presentársele como una urgencia o una exigencia nacional, pero conseguirla implica compromisos duraderos para poner en marcha una cooperación pública que de valor a ese obje-tivo, de primer orden en la experiencia estatal-nacional de México, pero ahora puesta en cues-tión por las mudanzas del régimen internacional y las drásticas mutaciones del sistema político nacional. La forma que adopte la reconstrucción del tejido social dañado o perdido de México, dependerá en alto grado de la manera como los grupos económicos y políticos más dinámicos aborden la cuestión social desde el Estado. Sólo desde esa plataforma estatal, puede aspirarse a innovar y experimentar con seriedad en una cuestión social tan abrumada, a la vez que tan volátil.