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Las condiciones de la posdemocracia neoliberal en los países del Sur de
Europa y el Cono Sur (2008-2015)
Autor: Eduardo Alvarado Espina
Co-autor: Cristián Aránguiz Salazar
Resumen
El estallido y posterior devenir de la crisis económica que azota al mundo desde 2008 ha
situado de nuevo en el centro del debate la dificultad del encaje de democracia y capitalismo.
Para abordar esta cuestión, el presente trabajo aborda las premisas teóricas de la
posdemocracia con un doble propósito: comprobar si la profundización de las reformas
neoliberales ha consolidado un quiebre entre capitalismo y democracia, y si ese posible
quiebre conlleva la emergencia de una etapa posdemocrática. Para alcanzar estos objetivos
se indaga en la presencia de dos condiciones estructurales –elitismo político y desigualdad
socioeconómica– y una institucional –irresponsabilidad política– en Argentina, Uruguay,
Chile, España, Portugal y Grecia, durante el período 2008-2015. Estas condiciones se
entienden como aquellas que definen y articulan el proceso posdemocrático neoliberal, las
que además socavan el principio de igualdad política. La comprobación de estas premisas
deja en evidencia la existencia de un proceso de ruptura entre democracia y capitalismo
durante las últimas décadas y permite responder de manera parcial a tres interrogantes
respecto al funcionamiento de la democracia en la actualidad: 1) ¿la democracia está
representando los intereses de élites corporativo-financieras en detrimento de los intereses y
opiniones de los ciudadanos?, 2) ¿los derechos políticos y sociales tienen un papel meramente
nominal en el proceso de toma de decisiones? y 3) ¿es compatible el libre mercado con la
democracia?
Palabras clave: Democracia, igualdad política, elitismo político, desigualdad
socioeconómica, irresponsabilidad política
Introducción
La crisis económica mundial puso nuevamente de relieve el debate acerca del encaje entre
democracia y capitalismo, especialmente con motivo del aumento de la desigualdad que ésta
produjo (Merkel, 2014; Piketty, 2015). Durante esta etapa que se inicia en 2008, también
llamada Gran Recesión1, se introdujo en muchos países de la periferia de la Unión Europea
un programa de reformas estructurales (fiscales, laborales, sociales) que si bien fue ratificado
por sus parlamentos, no emanó de los mismos2. Dichas reformas aumentaron la desigual
1 Así se ha denominado a la crisis económica mundial iniciada en 2008 y que afecta más gravemente a Estados
Unidos y a gran parte de los países de la Unión Europea (ver de Miguel y Martínez-Dordella, 2014). 2 Aunque no es parte de este trabajo, los tratados de libre comercio son instrumentos que también persiguen
supeditar el interés público al privado, legitimando las presiones hacia el Estado por parte de grandes
conglomerados industriales, comerciales y financieros. Su método resulta más difuso porque son los gobiernos
los que negocian en favor de los intereses privados frente a sus homólogos en otros países, revistiendo dichas
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distribución de la riqueza, al precarizar el empleo y disminuir las prestaciones sociales.
Asimismo, las agencias de calificación de riesgo y los organismos internacionales de carácter
financiero (BCE, FMI) adoptaron un activo rol de tutelaje en los países a los que se les exigía
reducir el gasto fiscal y la deuda pública, contando para ello con la colaboración de las élites
políticas nacionales. En este escenario, el proceso político pareció quedar subordinado a las
«leyes» del libre mercado, mientras que las reformas neoliberales adquirían mayor vigor en
las jóvenes democracias meridionales y periféricas del capitalismo global. Durante este
tránsito, los gobiernos buscaron la complicidad de los ciudadanos, evocando una mal
entendida ética de la responsabilidad3, para desmantelar los últimos pilares del Estado de
Bienestar. Con todo ello se consiguió que una renovada versión de la «economía del desastre»
(Klein, 2007) escapara al control democrático, restando valor a los derechos políticos y
vaciando de contenido un principio esencial de la democracia: la igualdad política. Las
variaciones que este contexto introdujo nos conducen a plantear tres cuestiones respecto a la
actual relación entre capitalismo y democracia:
1. ¿Está la democracia representando los intereses de élites económicas, en detrimento
de los intereses y opiniones de la ciudadanía?
2. ¿Los derechos políticos y sociales tienen un papel meramente nominal en el proceso
de toma de decisiones?
3. ¿Es compatible el libre mercado con la democracia?
El objetivo del presente estudio es comprobar el desencaje de capitalismo y
democracia, y la emergencia de una etapa posdemocrática neoliberal, en todos aquellos
países que se caracterizan por tener 1) una estructura elitista de acceso al poder político; 2)
altos niveles de desigualdad socioeconómica –o niveles en aumento; y 3) alta presencia de
mecanismos institucionales que facilitan la irresponsabilidad política de representantes y
gobernantes ante la ciudadanía. De este modo, se exploran los efectos combinados que estos
tres fenómenos pueden tener en la democracia como condicionantes de lo que se conoce
como teoría de la posdemocracia (Dahrendorf, 2002; Crouch, 2004; Jörke, 2008; Offe,
2014).
Para verificar estas premisas se analizan seis países, Argentina, Chile, España, Grecia,
Portugal y Uruguay, que llevaron adelante procesos de democratización entre 1974 y 1990,
período conocido como la tercera ola democrática (Huntington, 1991; Markoff, 1999), y que
comparten un pasado autoritario cívico militar y la condición de países semiperiféricos en el
sistema-mudo capitalista (Wallerstein, 2005). Un grupo de países de rentas medias altas,
comúnmente asociados al capitalismo democrático, y con una población preeminentemente
negociaciones con el traje del interés general. El último ejemplo es la negociación del TTIP entre Estados
Unidos y la Unión Europea, un tratado que destaca por su opacidad y por privilegiar exclusivamente… Este
tratado ya ha sido firmado y ratificado en varios países Latinoamericanos, donde gran parte de su población
desconoce los perjudiciales efectos que producirá en el medio ambiente, el mercado laboral, la salud pública y
el Estado de Derecho. 3 Todo cambio que fuera contra el bienestar de la población se presenta con un “no nos gusta” o un “no es lo
que queremos, pero es lo que debemos hacer”. Sin ir más lejos, en España el Presidente del Gobierno justificaba
los recortes sociales y el aumento de impuestos regresivos con frases del tipo “el Gobierno ha tenido que hacer
cosas que no le gusta hacer”.
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urbana. Sin embargo, hay elementos que los diferencian, como formas de gobierno, procesos
de secularización, políticas de bienestar, nivel de desigualdad de ingresos, espacios
geopolíticos y grados de avance de las reformas neoliberales. Por lo tanto, son realidades
nacionales que comparten semejanzas en su pasado mediato, pero que son fácilmente
diferenciables en cuanto a su desarrollo institucional y socioeconómico. Estas son las razones
que hacen interesante el análisis comparado de estos seis países.
La democracia en los seis países es examinada en función de tres condiciones que dan
forma a nuestro modelo interpretativo de la posdemocracia neoliberal, las cuales adoptan la
función de variables independientes con el objeto de explicar la relación entre capitalismo y
democracia. Estas condiciones son: 1) Elitismo político, que es el monopolio que mantiene
un reducido grupo de individuos (élites) del proceso de toma de decisiones y de los
mecanismos de acceso al poder político, imposibilitando que la ciudadanía tenga la capacidad
de exigir una rendición de cuentas efectiva a través del sufragio. 2) Un alto nivel de
desigualdad socioeconómica, entendida ésta como una profunda diferenciación entre
sectores de altos y bajos ingresos, con una regresiva distribución de la riqueza que crea una
relación distante entre el sistema político y los ciudadanos. 3) Irresponsabilidad política, la
que se vincula a una mínima o nula presencia de mecanismos para que los ciudadanos ejerzan
un control de los políticos sin la interferencia de la élite económica. Para ello, se sigue un
planteamiento metodológico similar a los utilizados por los índices que miden la calidad de
la democracia. Para el elitismo político utilizamos indicadores que miden el grado de
convergencia entre élites políticas y ciudadanía. Para el nivel de desigualdad socioeconómica
recurrimos a indicadores que miden la desigualdad de ingresos, la participación en la riqueza
nacional y el gasto en bienestar social. En tanto la irresponsabilidad política la comprobamos
a través de factores que perjudican o impiden el buen funcionamiento de la accountability.
Por último, para evitar una relación espuria entre hipótesis y resultados, contrastamos el
análisis de las variables posdemocráticas con las actitudes políticas y democráticas de los
ciudadanos en cada país.
Por último, el trabajo está estructurado en seis apartados. En el primero se describen
los antecedentes teóricos y empíricos de la relación entre democracia y capitalismo, desde la
posguerra hasta la llegada al poder de las ideas neoconservadoras. Se repasa el encaje de la
democracia y capitalismo en Europa y América Latina, tanto en la versión liberal como en la
socialdemócrata. En el segundo apartado se presenta el concepto normativo de la democracia,
desde perspectivas descriptivas y prescriptivas. En el tercero se desarrolla el marco teórico
de la posdemocracia neoliberal y se definen las tres condiciones/variables que se han
escogido para estructurarla –elitismo político, desigualdad socioeconómica e
irresponsabilidad política. En el cuarto se presentan la hipótesis explicativa y la metodología
que se utilizan para el desarrollo de la investigación. En el quinto se efectúa el análisis de las
democracias de Argentina, Chile, España, Grecia, Portugal y Uruguay, en función de las tres
condiciones y respecto al comportamiento de sus respectivos indicadores. En el sexto se
establece la correlación directa que puede existir entre las condiciones de la posdemocracia
neoliberal y aquellos aspectos que describen las actitudes y relaciones de los individuos con
el sistema político en los seis países. Además, se responde a las tres interrogantes planteadas.
Por último, en el apartado dedicado a las conclusiones se presenta una síntesis del estudio
junto a sus principales hallazgos.
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1.- La era del capitalismo democrático: liberalismo y socialdemocracia
En los últimos dos siglos el capitalismo ha transitado por tres modelos: el libre mercado, el
estado de bienestar y el neoliberalismo (Merkel, 2014). Sólo en estos dos últimos el
capitalismo se ha asociado a la proliferación de la democracia. No obstante, el encaje de
capitalismo y democracia ha sido distinto dependiendo de la versión capitalista predominante
en cada Estado: la socialdemócrata, la liberal o la neoliberal4. Las diferencias en el campo de
los derechos sociales y civiles es considerable entre los estados de bienestar de características
keynesianas de los años 1950 y 1960, y los estados subsidirarios del capitalismo neoliberal
de los últimos cuarenta años5. En los países europeos de la postguerra, los derechos sociales
fueron asumidos como esenciales para el ejercicio de la ciudadanía política. La democracia
hacía posible una combinación virtuosa de libertades civiles, derechos políticos y derechos
sociales (ver Marshall, 1997). Sin embargo, un mayor grado de cohesión social, originado
por un capitalismo condicionado al proceso democrático, también favoreció un cambio
cultural que reafirmó al individuo y potenció las libertades positivas. Los valores
democráticos fueron asimilados a cuestiones propias de la cultura de la autoexpresión –los
valores postmateriales–, lo cual, de forma apresurada, dio por superada la época en que la
política democrática representaba la lucha por mejorar las condiciones materiales de las
personas (Inglehart, 1988; 2001; 2005).
Hasta los años treinta, los intereses de la mayor parte de la población, que carecía de
ciudadanía política, tenían escasa incidencia en las decisiones de parlamentos y gobiernos.
Sus demandas no eran debidamente atendidas debido a que la política estaba circunscrita al
espacio vital de las élites económicas, intelectuales y militares (Mills, 1957). En América y
Europa predominaban los principios del gobierno representativo en sus dos versiones más
extendidas, la monárquica parlamentaria y la república presidencialista; principios que
fueron combinados con una economía capitalista de libre mercado y las antiguas estructuras
latifundistas de control de la tierra. La política estaba al servicio de los intereses de quienes
controlaban el sistema de producción y distribución del capital. Esto es, una oligarquía que
regentaba todas las instituciones políticas. Este panorama fue modificándose en favor de la
democracia o, mejor dicho, del liberalismo democrático6 al finalizar la II Guerra Mundial. El
cambio definitivo se produjo en la década siguiente en gran parte de Europa, América y
algunos países asiáticos. Es durante esta etapa cuando se afianzan dos modelos de desarrollo
4 Como advierte José Nun (2002: 44) «cuando se tratan las relaciones entre capitalismo y democracia, resulta
siempre indispensable especificar de qué formas concretas de capitalismo y de democracia se está hablando». 5 En el estado capitalista que combinaba la democracia con el bienestar, la exclusión social era baja, los
trabajadores estaban ampliamente representados por los partidos de izquierda, la participación política era alta
y las desigualdades socioeconómicas se reducían. Pero existían una clara desigualdad de género y una ausencia
de los derechos de las minorías. Al contrario, en el capitalismo neoliberal la democracia parece jugar un rol
secundario, mientras la exclusión social aumenta, se profundizan las desigualdades socioeconómicas y
disminuye la representación de los intereses de los trabajadores. Eso sí, se produce un giro hacia una mayor
igualdad de género y un mayor respeto a los derechos de las minorías (ver Merkel, 2014: 125). 6 El gran cambio se produjo cuando «el liberalismo se democratizó mediante la incorporación del sufragio
universal como su casi único elemento democrático, pero manteniendo la mayor parte de los marcos
institucionales que le eran propios. O sea que cuando hoy se habla de “democracias liberales” se incurre
deliberadamente en una exageración retórica que convierte lo adjetivo en sustantivo. Nos hallamos, en verdad,
ante “liberalismos democráticos”… las democracias contemporáneas más exitosas no fueron inicialmente la
puesta en práctica de esta idea, sino que se plegaron a ella mucho después y de manera muy parcial» (Nun,
2002: 141).
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económico capitalista más inclusivos a ambas orillas del Atlántico: el Estado de Bienestar en
Europa central y norte7, y la Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) en
América Latina. Ambos procesos económicos fueron acompañados de diferentes versiones
del liberalismo democrático.
En la época del proteccionismo de la ISI, los estados latinoamericanos lograron
consolidar, en distinto grado, derechos sociales y laborales que ampliaron la base social de
la clase media pero, salvo algunas excepciones, no fomentaron el equilibrio de poder en la
relación de intereses entre proletariado y burguesía. En general, la representación politica y
las políticas económicas tuvieron como beneficiario final a la clase alta. No hubo un proceso
político que permitiera una alianza entre la clase baja y la clase media como detentadoras de
los mismos derechos y servicios. Amárica Latina difiere de la experiencia europea, donde los
partidos socialdemócratas y un poderoso movimiento obrero fueron asociados a un mayor
bienestar económico (Roberts, 2002). De hecho, «la combinación de liberalismo económico,
una baja industrialización y el control de una élite política limitó el desarrollo de sindicatos
fuertes de modelos corporativistas para la mediación de intereses ante el Estado» (Roberts,
2002: 16). De esta manera, entre 1930 y 1970 aproximadamente, se consolidó una especie de
Estado benefactor o paternalista en muchos países de América Latina, que se caracterizó por
fomentar una industrialización subordinada al interés estatal; ampliar la clase media
profesional; facilitar la representación política de la clase obrera; e intentar consolidar, sin
mucho éxito, las instituciones liberales de la democracia 8 . Las posteriores dictaduras
militares no sólo acabaron con las instituciones democráticas, sino también con todo el largo
proceso de cohesión social que había comenzado tras los devastadores efectos de la Gran
Depresión. Aunque con ciertos matices, esta es una adecuada descripción de la trayectoria
seguida por Argentina, Chile y Uruguay.
En el norte y centro de Europa, a diferencia de lo que acontecía en América Latina,
la universalización de derechos sociales, la protección de la fuerza laboral, el aumento del
gasto público y la distribución altamente progresiva de la carga tributaria, fueron
consolidando el Estado de Bienestar y, con ello, el sometimiento del capitalismo a las
decisiones emanadas de las instituciones democráticas. Es decir, «paralelamente a la difusión
de los derechos sociales, en los países capitalistas avanzados, el Estado de Bienestar cumplió
la doble y decisiva tarea de afianzar las instituciones y de asegurar su legitimidad» (Nun,
2002: 91). De este modo, todo el proceso económico era dirimido en los espacios
democráticos; las decisiones políticas eran adoptadas por los agentes legitimados
democráticamente y no en función del interés de los mercados. Era la política la que activaba
los mecanismo del mercado, la que los sancionaba y regulaba (Offe, 2014: 155). Al menos
así sucedió en los países que acogieron las ideas socialdemócratas. No obstante, la «travesía
histórica» del Estado de Bienestar fue breve. A mediados de la década de 1970 éste comenzó
un decisivo declive en favor de una mayor autonomía de los agentes económicos frente a las
políticas estatales. A consecuencia de ello se inició un proceso de liberalización de los
mercados financieros y desnacionalización de las actividades productivas, tanto aquellas
consideradas estratégicas como los monopolios naturales. Con sus particularidades, lo poco
que quedó del capitalismo supeditado al Estado democrático fueron sus instituciones 7 En el sur de Europa, asolado por dictaduras militares al finalizar la segunda guerra mundial (salvo Italia), no
hubo espacio para el capitalismo democrático. Mientras que en Estados Unidos se impuso una versión más
particular del Estado de Bienestar, el New Deal. 8 Para este período, Polity IV califica como Democracia a Chile y Uruguay, mientras que a Argentina la sitúa
entre la Autocracia y la Anocracia.
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políticas y el gasto público en educación, salud y pensiones, que sirven de instrumentos de
cohesión y bienestar social. Es en este punto de la trayectoria del capitalismo democrártico
cuando emergen las democracias de España, Grecia y Portugal, las cuales siguen las
tendencias económicas y políticas europeas de la época.
2.- La teoría de la democracia
Para dimensionar el marco de análisis que propone la teoría de la posdemocracia neoliberal,
primero es necesario conocer el alcance normativo y empírico de la teoría de la democracia
como referente inicial del análisis comprado de los seis países. Podemos comenzar señalando
que la democracia, en términos etimológicos, no es otra cosa que el gobierno del pueblo
(Dahl, 2002; Sartori, 2007; Todorov, 2012). Esta premisa delimita la fuente de legitimidad
en la que descansa el poder político en una democracia: el demos o pueblo. Este es un
elemento central de la democracia, pero no el único. También existen otros dos elementos
que la constituyen: la libertad y el bienestar 9 . El primero está relacionado con la
independencia del individuo respecto a los intereses de la comunidad, mientras que el
segundo tiene que ver con la idea de que el orden social puede ser mejorado gracias a la
intervención de la voluntad general consentida por los ciudadanos (Todorov, 2012). En otras
palabras, la libertad representa las libertades civiles, mientras que el bienestar está vinculado
a los derechos sociales y políticos. En una democracia estos tres aspectos deben estar
equilibrados, enfatizar uno de ellos provocaría su declive. Esto es, «el pueblo, la libertad y el
progreso son elementos constitutivos de la democracia, pero si uno de ellos rompe su vínculo
con los demás, escapa a todo intento de limitación y se erige en principio único, esos
elementos se convierten en peligros: populismo, neoliberalismo y mesianismo, los enemigos
íntimos de la democracia» (Todorov, 2012: 13).
A pesar de esta descripción, la democracia ha estado restringida a un proceso de
selección de gobiernos que representan los intereses de las élites; a un régimen representativo
que reduce sus procesos políticos a una resolución de conflictos entre oligarquías que se
disputan el apoyo de los votantes. Un tipo de democracia que se ajusta a la propuesta por J.
Schumpeter, en cuanto es definida como una combinación de procedimientos electorales y
elitistas 10 que, en nuestra época, parecen estar al servicio de una hegemonía política
neoliberal que no admite alternativas (Alonso, 2014). Además, las concepciones liberales
consideran consustancial al avance democrático el desarrollo capitalista 11 . Desde esta
perspectiva, la democracia es esencialmente un orden del egoísmo, en el que prima la libertad
de expresión y la propiedad privada, pero no la inclusión política y social de todos los grupos
de la población (Dunn, 2005). Un concepto paradójico que surge de la «imbricación histórica
contingente entre dos tradiciones políticas distintas, el liberalismo y la democracia» (Mouffe,
2012: 20) como sintetización de la evolución de la democracia moderna desde el gobierno
representativo. Una forma de gobierno que contraria a la idea de la democracia (Manin,
2010).
9 Estos elementos están recogidos más extensamente en las reflexiones que Todorov presenta sobre lo que
denomina «los enemigos de la democracia» (Todorov, 2012). 10 La democracia es un «arreglo institucional para llegar a decisiones políticas en la que los individuos adquieren
el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto de la población» (Schumpeter, 1996: 269). 11 «La evidencia histórica confirma que no puede existir desarrollo democrático sin capitalismo» (Merkel, 2014:
111).
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Por estas razones, llegamos a la conjetura de que dentro de los parámetros del
liberalismo democrático resultó más fácil acoger y legitimar el poder de las élites
corporativas, adoptándose el neoliberalismo como una tesis refundacional del sistema
político12. Esto ha derivado en un sistema político que en gran medida responde a una
concepción de libertad negativa13 que en la actualidad interactúa con los valores de auto-
expresión o de libertad positiva. Por otra parte, dentro de las visiones liberales de la
democracia, destacaron los teóricos del pluralismo por otorgarle un cariz multi-elitista a este
sistema de gobierno, reafirmando que la democracia involucra una competencia y un control
entre élites, y que este es esencialemente un régimen de libertad. De hecho, esta es la principal
característica con la que Dahl ([1971] 1997) diferencia a las poliarquías de las hergemonías
cerradas. Para el mismo Dahl (1997:13), la democracia es «el sistema político entre cuyas
características se cuenta su disposición a satisfacer entera o casi enteramente a todos sus
ciudadanos». Es lo que Sartori (1988) resume en «el gobierno que responde». Y aunque la
versión liberal o procedimental de la democracia ha sido altamente utilizada para llevar a
cabo estudios sobre consolidación y calidad de las nuevas democracias (Higley y Gunther,
1992; Altman y Peréz-Liñan, 2002; Altman y Luna, 2007; Morlino, 2008; Schmitter, 2011;
Barreda, 2012), no es la perspectiva que aquí utilizamos. En su lugar preferimos un concepto
normativo que se aproxime a una visión más comprehensiva de la democracia.
El concepto de democracia e igualdad política
Con el avance del capitalismo neoliberal comenzó a predominar un concepto de democracia
que la reduce a su mínima expresión, la de sus procedimientos liberales14, difundiéndose la
idea de que los países que amplían las libertades cívicas de sus ciudadanos y respetan el
Estado de Derecho son todos democracias (Diamond, 2003). Otros elementos que conforman
el proceso democrático quedan excluidos de este tipo de definiciones: la rendición de cuentas,
los derechos sociales, la igualdad de recursos cognitivos y la consulta permanente
vinculante15. Todos ellos, por lo demás, condiciones necesarias para la igualdad política
(Dahl, 2002). A ello se suma que la democracia se ha asociado al desarrollo económico
capitalista, hasta el punto de que el capitalismo adquiere, en cierta literatura16, el carácter de
requisito indispensable para el surgimiento de la democracia (Linz, 1988; Huntington, 1991;
Lijphart, 1995; Dahl, 1997). La simplificación del concepto de democracia amplía su
vaguedad, mientras que su dependencia del desarrollo capitalista la restringe
ideológicamente al liberalismo. Por tanto, se termina considerando como democracia a
12 La política se limita a la gestión del orden público y de las instituciones públicas quedando toda la actividad
económica y social al arbitrio del “mercado”. La democracia se reduce a un marco normativo para la
competencia de las élites políticas. 13 «De Hobbes en adelante, se difundió en varias formas una concepción de la libertad denominada negativa
porque se la define simplemente como la ausencia de obstáculos externos para la acción individual. Desde este
punto de vista, ser libre es poder hacer lo que uno quiera, dentro de los límites que imponga la ley. Se entiende
sin necesidad de muchas explicaciones la afinidad electiva que existe entre esta posición y el estatus de los
sectores más privilegiados de la sociedad. Frente a ella se ha levantado –también con manifestaciones distintas–
la visión positiva de la libertad como auto-realización, como control sobre la propia vida (Nun, 2002: 95). 14 Chantal Mouffe (2012: 21) argumenta que «la tendencia dominante en nuestros días consiste en considerar
la democracia de una forma que la identifica casi exclusivamente con el Rechtsstaat (estado de derecho) y la
defensa de los derechos humanos, dejando a un lado el elemento de soberanía popular, que es juzgado obsoleto». 15 16 La teoría de la modernización es el mejor ejemplo de ello.
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cualquier sistema político que tenga un Congreso y un Gobierno cuyos integrantes sean
elegidos a través de elecciones libres, limpias e imparciales, unas leyes que garanticen las
libertades civiles y los derechos humanos, y donde prime la competencia por el poder entre
dos o más partidos. Esta simplificación ideológica es la que gesta el neoliberalismo político
expresado en la posdemocracia.
Sin embargo, la democracia implica implementar la promesa de igualdad política
como un principio rector de la toma de decisiones en todo grupo humano. Es lo que permite
a todos los ciudadanos acceder al poder político al elegir y controlar a sus representantes, así
como también, postular para ser uno de ellos. Pero la desigualdad social puede llegar a
otorgar un carácter ilusorio a la igualdad política en las sociedades capitalistas neoliberales
(Merkel, 2014), especialmente cuando no se tienen unas condiciones apropiadas para un
desarrollo económico inclusivo.
Desde una aproximación más comprehensiva, Charles Tilly (2007) señala que los
componentes que constituyen la democracia son la amplitud, la igualdad, la protección y la
consulta mutuamente vinculante17. De estos cuatro componentes, la igualdad y la consulta
forman parte de nuestro concepto de democracia. Entendemos que la democracia «viene dada
por la medida en que los ciudadanos participan de manera informada en procesos de votación
libres, imparciales y frecuentes; influyen en la toma de decisiones políticas; y exigen
responsabilidad a los gobernantes, y por la medida en que estos últimos son quienes
efectivamente toman las decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad popular» (Levine
y Molina, 2007: 23). Esta idea de democracia está en comunión con el avance de las
sociedades modernas secularizadas. La equitativa distribución del poder, como un bien
intangible, es primordial para que los ciudadanos se sientan incorporados a la democracia.
Es decir, en una democracia inclusiva, «los poderes no están cooptados por un par de grupos,
el gobierno trabaja (al menos en la percepción de la gente) para la mayoría, no para intereses
particulares. El poder de cada cual existe de verdad, hay respuesta institucional a las quejas,
las personas se pueden quejar sin ser sancionadas por haber expresado la queja. Los
empleados pueden expresar sus demandas en sindicatos, obtener negociaciones. Los votantes
tienen cómo castigar a los políticos» (Latinobarómetro, 2013). En la democracia se produce
una relación de cohesión que facilita el desarrollo de todos los ciudadanos sin estigmación.
3.- La posdemocracia neoliberal y sus condiciones
Los cambios introducidos por la desregulación financiera, defendidos desde el dogmatismo
económico neoclásico, han otorgado preeminencia a las dinámicas mercantiles de la
globalización y, con ello, conseguido disociar la política democrática de la economía
(Mouffe, 2012). Así se produce un intercambio de roles entre lo político y lo no político
(Beck, 1998). En las últimas cuatro décadas, en las que han primado las ideas económicas de
Hayek y Friedman –materializadas por la política neoconservadora de Ronald Reagan y
Margareth Thatcher en los ochenta–, la democracia ha ido perdiendo fuerza como espacio
para la toma de decisiones –disminuyó su control del poder político real–, mientras que sus
procedimientos han ido quedando sometidos al aval de los agentes económicos. En este
sentido, «el avance económico y de la libertad de la ciencia se convierten en la pista de
deslizamiento sobre la cual el primado de configuración política pasa del sistema
políticamente democrático al contexto no legitimado democráticamente de lo no político,
17 Para una mayor descripción de todos estos componentes ver Charles Tilly (2007) pp. 45-46.
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propio de la economía, la ciencia y la técnica» (Beck, 1998: 241). Esta nueva realidad
política, que pone en entredicho el encaje del capitalismo en la democracia, no ha impedido
que este régimen político haya aumentado en número de la mano del capitalismo globalizado.
En otras palabras, «el éxito de la democracia en el último cuarto del siglo veinte fue
impresionante. Sin embargo, el éxito de la democracia palidece cuando se compara con la
propagación del capitalismo en todo el mundo» (Merkel, 2014: 111). Así, más países parecen
adoptar los procedimientos del liberalismo democrático, mientras las dinámicas capitalistas
de corte neoliberal alcanzan un carácter hegemónico. Es en este contexto donde los
regímenes políticos basados en la representación, el sufragio universal, las libertades civiles,
los derechos humanos y el Estado de Derecho, y aquellos que han dejado al arbitrio del
mercado la asignación de los recursos de subsistencia de las personas, se estructuran en torno
a las condiciones que dan forma a la etapa posdemocrática (Crounch, 2004; Jörke, 2008;
Offe, 2014). Por tanto, la posdemocracia es la interpretación de una etapa en la que el
liberalismo democrático funciona bajo el predominio político, económico y cultural de las
ideas neoconservadoras de libre mercado, privatización de empresas estatales y pensiones,
prevalencia de la iniciativa individual, flexibilización laboral y desregulación financiera
(Keane, 1992: 24-25).
Una de las premisas en las que se sostiene la posdemocracia es que los procedimientos
liberales del régimen democrático permanecen activos pero relegan a otros dos componentes
básicos: el pueblo y el bienestar. Ello produce, entre otras cosas, que «las decisiones emigren
del espacio tradicional de la democracia» (Dahrendorf, 2002: 19). Es decir, en la
posdemocracia «las instituciones de la democracia parlamentaria –elecciones periódicas,
lucha electoral, competencia partidaria, división de poderes– se mantienen en su aspecto
formal completamente intactas y justamente por ello se diferencian fundamentalmente de las
sociedades predemocráticas. Pero, por otro lado, las reales circunstancias apenas coinciden
con la figura de la legitimación del actuar político por medio de la participación del pueblo»
(Jörke, 2008: 142). Se deterioran los mecanismos que posibilitan un mayor control de los
representantes por parte de la ciudadanía. En este sentido, las elecciones y el sufragio se
tornan irrelevantes. Las decisiones políticas se desplazan desde los ámbitos democráticos a
espacios difusos u opacos en los que intervienen expertos, tecnopolíticos y lobbystas. El
poder político retorna parcialmente «al redil de las élites privilegiadas, al modo característico
de lo que ocurría en la época predemocrática» (Crouch, 2004: 15).
Por su parte, las pautas políticas neoliberales, promocionadas por el consenso
racional18 de las élites, han difundido la idea de que vivimos en una sociedad que no está
estructurada por la división social (Mouffe, 2012). Este consenso se constituyó en la base
estructural de los procesos de democratización llevados a cabo entre las décadas de 1970 y
1980, y se acentúo después de la caída del Muro de Berlín y la consecuente derrota del
comunismo soviético en los países del Este europeo. A partir de ese momento, en las nuevas
democracias se intensificó una «forma de interacción privatizada entre gobiernos elegidos y
élites» (Jörke, 2008: 143), imponiéndose una dinámica política totalmente distinta a los
principios de representación y participación de las democracias de la postguerra, constituidas
a partir de un capitalismo regulado y condicionado por el Estado y la soberanía popular. Con
18 La idea de acuerdo racional se identifica con el consenso racional propuesto por John Rawls en su teoría de
la justicia. En la propuesta de Rawls, el pensamiento liberal representa el consenso de lo racional; el marco en
que debe desarrollarse el debate político en una democracia. Sus procedimientos delimitan el espacio ideológico
de lo que está dentro o fuera de la democracia, considerándose que todo lo de fuera es irracional (Rawls, 1996).
10
ello emerge un formato político neoliberal19 que operacionaliza la desigual relación de poder
entre élites y ciudadanía a través de procedimientos que limitan socialmente la participación
en el proceso de toma de decisiones de quienes cuentan con menos recursos materiales y
cognitivos. Esto se traduce en unas políticas públicas focalizadas y segregadoras que
favorecen una transferencia de ingresos regresiva desde las clases bajas a las clases altas.
Asimismo, las ideas neoliberales se constituyeron en el nuevo mantra político de
muchas democracias «ligadas a la restauración o a la reconstrucción del poder de las élites
económicas» (Harvey, 2007). La intervención de las élites económico-financieras en el
proceso democrático es cada vez más compartida y defendida por las élites políticas. En esta
nueva situación, como apunta Offe (2014: 157), «los privilegiados titulares de los recursos
financieros pueden muy bien marcar la agenda y la toma de decisiones del proceso político
mientras que ellos mismos, al igual que los resultados distributivos derivados de la dinámica
del mercado, se ven cada vez menos afectados o corregidos por los derechos sociales o las
intervenciones políticas». En los Estados priman, cada vez más, los intereses de inversores
extranjeros y nacionales que despojan de toda capacidad de gestión y control de la agenda
política a gran parte de la ciudadanía; «las elecciones cuentan cada vez menos debido a que
los grandes capitalistas y sus grupos de presión tienen una participación desmesurada en la
decisiones públicas» (Nun, 2002: 148). Así, los ingresos fiscales vía impuestos sobre la
propiedad se reducen, mientras que las rentas altas del trabajo multiplican varias veces los
salarios más bajos (Piketty, 2015). La política pierde el antagonismo originado en la división
de clases, consiguiéndose que «las relaciones de poder y su papel constitutivo en la sociedad
sean eliminados» (Mouffe, 2012: 123); se diluye el espacio político de la sociedad civil –
adquiere una forma líquida– facilitando el cierre institucional de la política, mientras se hace
indispensable el conocimiento experto y el consenso de las élites para el desarrollo del
proceso de toma de decisiones.
Por lo tanto, la posdemocracia neoliberal es la etapa política que se abre en el mundo
capitalista por la vía de un consenso ideológico oligárquico, el cual equipara la dinámica del
libre mercado a leyes universales incuestionables; desconfía de las decisiones democráticas;
invisibiliza la división de clases responsabilizando de la desigualdad social al mérito
individual; fomenta el lucro en la actividad política; y reserva las decisiones de política
pública al «conocimiento experto» de las élites gubernamentales y económicas. Es un
consenso ideológico que conduce a que la clase dominante recupere el control del sistema
político y que el neoliberalismo se transforme en una realidad política, económica y social,
mientras que el proceso democrático deja de responder a las preferencias programáticas de
la ciudadanía20. Por tanto, la teoría de la posdemocracia neoliberal conlleva «un retorno en
forma de parábola a algunas situaciones características del período predemocrático, retorno
cuya responsabilidad es atribuible a la globalización de los intereses empresariales y a la
fragmentación del resto de la población, que dificulta la labor de los que buscan reducir las
desigualdades de riqueza y poder y favorece a aquellos que desean llevarlas de nuevo hasta
los niveles propios del pasado predemocrático» (Crouch, 2004: 39-40). Esta teoría describe
19 «El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera
de promover el bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las
libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de
propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad de comercio» (Harvey, 2007: 8). 20 «Algo que limita la autonomía gubernamental aún más que la globalización es la idea neoliberal de que, para
que la política económica sea óptima, ésta debe protegerse de la tentación de los políticos democráticos de
responder a las preferencias de los votantes» (Alonso, 2014: 26).
11
el proceso fáctico de involución del ideal democrático durante las últimas décadas de
desregulación financiera y laboral en el mundo. Un proceso en el cual las instituciones
políticas se acercan cada vez más al redil de las élites privilegiadas21, al modo característico
de lo que ocurría en la época predemocrática (Crouch, 2004). La posdemocracia sería la
última estación de los sistemas políticos basados en los procedimientos liberales, los cuales
describen una trayectoria histórica en forma de parábola.
Para la instalación de un modelo político posdemocrático se requiere del
reforzamiento de algunas condiciones que el consenso neoliberal ha fortalecido con la
disociación de la economía de la política democrática, y a ésta de la división social. Estas
condiciones son: el elitismo político, la desigualdad socioeconómica y la irresponsabilidad
política.
Definición de las condiciones
Cuando hacemos referencia al elitismo político, la desigualdad socioeconómica y la
irresponsabilidad política como condiciones posdemocráticas neoliberales, estamos
infiriendo que existen fenómenos estructurales e institucionales que sustentan un sistema
político en el que el capitalismo desregulado condiciona el resultado del proceso
democrático. Lo hace intrascendente. En esta situación los procesos políticos, que se
desarrollan a través de dichas condiciones, se ven desprovistos de igualdad política;
desconectan los derechos políticos de los derechos sociales y priorizan las libertades
económicas como «el bien» que el sistema debe proteger. Pero para comprender mejor el
alcance de estos fenómenos en el funcionamiento de la democracia, es menester explicar cada
condición con un mayor detalle.
El elitismo político tiene su primer antecedente en la teoría de las élites. En esta teoría
se ha identificado el acceso y ejercicio del poder con la pertenencia a un pequeño grupo
organizado –clase social y política– que, al contar con un capital político, económico o
cultural superior, tiene la capacidad de afectar sustancialmente los resultados del proceso
político (Higley y Gunther, 1992). En esta teoría encontramos dos tipos de explicaciones
acerca del funcionamiento del poder político. La primera confiere toda representación
política a las élites, legitimando el ejercicio del poder político por parte de pequeños grupos
organizados que cuentan con atributos simbólicos superiores a los de las no élites (Mosca,
[1896] 1984; Pareto, [1916] 1987; Friedrich, 1963; Sartori, 1992; 1999; Blondel y Müller-
Rommel, 2007; Schumpeter, [1946] 2008). La segunda cuestiona dicha legitimidad porque
restringe el acceso al poder a la gran mayoría de la población y reduce la democracia, como
gobierno del pueblo, a una competencia oligárquica (Michels [1911] 1991; Mills, 1957;
Bachrach, 1973; Bourdieu, 2000; Nun, 2002; Rancière, 2006). Desde la primera perspectiva
se asume que el gobierno de la élite o la clase política es esencial para el correcto
funcionamiento del sistema social y los procesos políticos. En el segundo enfoque se critica
la legitimación de este fenómeno como fórmula aceptada de acceso al poder político en
democracia22. No obstante, en las dos explicaciones se parte de un hecho irrefutable, el
21 En la era neoliberal el sistema político converge en un modelo organizacional elitista (Roberts, 2002). 22 En las últimas décadas, los enfoques para el estudio de las élites se centraron en los procesos de
modernización política –democracia liberal y capitalismo de mercado– especialmente por las negociaciones y
el consenso político-social que estos generaban (Higley y Gunther, 1992; Higley y Burton, 1989). Así, en la
actualidad el estudio de las élites se ha interesado por asuntos como la cohesión, la integración y el consenso
que existe entre las élites nacionales (Gulbrandsen y Engelstad, 2005; Pakulski, 2012).
12
gobierno y la legislación de un país están en manos de las élites. Ciertamente, la constatación
de que el poder político esté restringido a la fama, el dinero, el estatus social y el
reconocimiento público de un reducido grupo de individuos conduce a que la capacidad de
decisión política pueda estar también reducida a dos tipo de élite, la económica y la política23.
Pero ¿qué se entiende exactamente por elitismo político?
Se podría decir que «el elitismo es el liderazgo o las reglas de una élite, el proceso de
selección de una élite cuando elige nuevos miembros, y/o la conciencia se ser o pertenecer a
una élite» (Best y Higley, 2010: 9). Entonces, el elitismo político consiste en el monopolio
que mantiene ese reducido grupo de individuos, una élite mayoritariamente masculina, del
proceso de toma de decisiones y de los mecanismos de acceso al poder político, sin que la
ciudadanía tenga la capacidad de exigir una rendición de cuentas efectiva a través del
sufragio. En esta condición incide la mayor profesionalización de la política, lo que Weber
(1994) describió como “vivir de y para la política”. Un fenómeno que, además, produce un
modus vivendi elitista, el cual no está reservado únicamente a la pertenencia a una clase social
privilegiada24, sino que también incorpora a aquellos individuos con una dilatada carrera
política en altos cargos públicos y que, en el desempeño de sus funciones, favorecen los
intereses de la clase dominante25. Esta condición nos informa de si el sistema político es
inclusivo o excluyente.
La desigualdad socioeconómica es una de las condiciones que mejor define la era
neoliberal posdemocrática. Esta desigualdad se ha profundizado notablemente en el siglo
XXI aproximándose, y a veces superando, los niveles registrados en las sociedades de finales
del siglo XIX y comienzos del XX (Piketty, 2015). Sociedades que, por cierto, representan
el mundo predemocrático. Una alta desigualdad es lo que más influye en la pérdida de
igualdad política y en la poca efectividad de los derechos políticos en los procesos de toma
de decisiones. Su acentuado avance en las últimas décadas es una consecuencia directa de la
desregulación y la «racionalidad económica» que predomina con el neoliberalismo26. Esta
realidad también provoca un inequitativo acceso a los recursos que despliega el proceso de
modernización política, social, cultural, tecnológica, etc. Dentro de este marco, en el que se
desprotegen los derechos sociales, las prácticas de mediación política de carácter para-
estatal –el clientelismo, la corrupción y el cohecho– adquieren cierta «legitimidad social».
Esto sucede porque allí donde se impone el neoliberalismo el Estado acaba delegando la
23 La referencia a sólo dos tipos de élites tiene el objetivo de restringir el fenómeno de la élite o clase política a
aquellos que componen y definen el poder real en una sociedad, excluyéndose a otras, como las intelectuales,
sociales y artísticas. Además, éstas dependen del influjo de las primeras y no de una interacción igualitaria. Por
lo demás, las primeras utilizan muchas veces a las segundas como una “cantera” de futuros miembros. 24 Esta clase social no tiene que ser exclusivamente la que se compone por la reducida élite capitalista, también
se incluye a todo lo que rodea la organización de los intereses y el bienestar de ese pequeño grupo social, como:
los altos funcionarios, los directivos de empresa, reconocidos intelectuales, empresarios culturales,
profesionales liberales al servicio del capital y, claro está, los herederos de capital político familiar. 25 La excesiva profesionalización de la política conduce a que muchos políticos con una «carrera política
exitosa», sin importar su origen social ni su ideología, eleven su nivel de vida hasta asentarse en una realidad
socioeconómica, no tan sólo superior a la familiar, sino que también a la de la inmensa mayoría de los
ciudadanos. 26 «… el proceso de neoliberalización ha acarreado un acusado proceso de “destrucción creativa” no sólo de
los marcos y de los poderes institucionales previamente existentes (desafiando incluso las formas tradicionales
de soberanía estatal) sino también de las divisiones del trabajo, de las relaciones sociales, de las áreas de
protección social, de las combinaciones tecnológicas, de las formas de vida y de pensamiento, de las actividades
de reproducción, de los vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón» (Harvey, 2007: 9).
13
política social en las dinámicas del mercado, lo que induce a una relación clientelar entre los
sectores de la población económicamente menesterosos y los «mediadores políticos» que
están al servicio de las élites. De este modo, se crea una estructura de poder cimentada en la
corrupción, en la cual el poder económico financia campañas a cambio de decisiones políticas
favorables a sus intereses. Por tanto, saber si se otorgan prestaciones sociales universales que
impidan la mercantilización o la conversión en mercancia a los inviduos es clave para
entender el nivel de desigualdad de un país. Esto es, que exista una desmercantilización de
las personas, que es «cuando se presta un servicio como un asunto de derecho, y cuando una
persona puede ganarse la vida sin depender del mercado» (Esping-Andersen, 1993: 43). Esta
condición permite identificar que grupos sociales se benefician de las políticas económicas
y saber si el sistema político es capaz de responder a los valores materiales del grueso de la
población y, con ello, cumplir con el objetivo de bienestar que se le atribuye a la democracia.
La irresponsabilidad política está determinada por la ausencia o el deficiente
funcionamiento de mecanismos de rendición de cuentas, que complementen el sufragio
universal. A excepción del voto, entendido en su doble dimensión de premio y castigo
(Maravall, 2003), la falta de mecanismos de accountability es también uno de los
componentes determinantes de lo que O’Donnell (1994) definió como «democracia
delegativa». Se institucionalizan formas que impiden o inhiben el control de los políticos. En
la teoría económica de la política (Downs, 1973; Colomer, 1995), el voto tiende a ser definido
como «el» mecanismo que tienen los gobernados para exigir responsabilidades a sus
gobernantes. En esta teoría, el voto opera como una forma de transacción comercial, donde
el elector (consumidor) premia con su voto al partido que mejor satisfaga sus intereses (utiliza
su dinero para comprar el producto que cumpla con sus expectativas de uso y gasto) y castiga
a un partido retirándole su voto o votando por su competencia (utiliza su dinero para comprar
el producto competidor). Sin embargo, para que el voto sea útil como mecanismo de salida,
requiere de cierta igualdad de recursos cognitivos y la colaboración de otros medios de
accountability. De este modo, la irresponsabilidad política se asocia al nulo o escaso control
que pueden ejercer los ciudadanos hacia sus representantes y partidos, ya sea a través del
voto, como por medio de otros mecanismos institucionales.
Una posible consecuencia del despliegue de estos fenómenos posdemocráticos
neoliberales es que el sistema político deje de ocuparse de la tensión política producida por
la desigualdad social. Por consiguiente, la pobreza y la precariedad se estigmatizan,
responsabilizándose a cada individuo de su posición en la estructura socioeconómica. Así, se
promueven subsidios a la pobreza, se disminuyen los impuestos al capital y se privatizan
bienes sociales (educación, salud, pensiones), mientras se atrae toda la acción humana al
dominio del mercado (Harvey, 2007). Ambos fenómenos, que son característicos de la nueva
gobernanza global (Hermet, 2008), provocan el abandono de las decisiones del espacio
tradicional de la democracia (Dahrendorf, 2002), contribuyendo a la pérdida de significancia
de los procesos democráticos para la mayoría de los ciudadanos. Las personas comienzan a
sentir miedo, «no sólo a no poder definir sus vidas, sino también a que las instituciones
democráticas hayan perdido su control en favor de fuerzas que están más allá de su alcance»
(Fundación Alternativas, 2011: 15). Este miedo genera incertidumbre acerca de que la
democracia sea «tanto un medio en sí mismo como un medio importante para lograr otros
fines, tales como el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y una mayor protección
de los derechos humanos reconocidos internacionalmente» (Landman, 2009: 7).
14
4.- Hipótesis y metodología del estudio
Nuestra principal hipótesis es que las políticas neoliberales de desregulación de los mercados
y de desprotección social de las personas, también conocidas como reformas estructurales,
han conseguido desestructurar la relación entre capitalismo y democracia, así como
minimizar la igualdad política de los ciudadanos. La combinación de estos fenómenos
describe la presencia de una etapa política posdemocrática, que se ha acentuado a partir de la
crisis económica mundial de 2008. Esta hipótesis se sostiene a su vez en tres hipótesis
auxiliares, que explican las tres condiciones de la posdemocracia neoliberal y que se busca
constatar respondiendo a las tres preguntas que plantea esta investigación.
Hipótesis auxiliares
1.- La profusa elitización de la política colabora en el desplazamiento de la toma de
decisiones a espacios no democráticos. Este es uno de los motivos que explicaría, durante la
última década, los bajos niveles de legitimación y satisfacción con la democracia en
Latinoamérica (Latinobarómetro, 2013) y en la Europa Meridional (Encuesta Social Europea,
2012). Este fenómeno ha ido acompañado de un aumento del número de individuos con
mayor capital cultural –estudios universitarios especializados– en los espacios en que se
adoptan las decisiones políticas. Con ello, se ha «debilitado la capacidad representativa de la
política, pues reduce el círculo de los que pueden acceder al poder institucionalizado a
quienes han disfrutado previamente de las oportunidades para acumular educación y capital
cultural en general» (Delamaza, 2013: 2)27.
2.- La nueva gobernanza mundial se ha convertido en un equilibrio de conveniencia entre la
élite política y la élite económica, en la que la democracia tiene el rol de designar a
representantes políticos que son financiados por poderosos agentes económicos. De este
modo, todo lo que concierne a la deliberación pública queda constreñido al criterio de
«especialistas, legitimados por el conocimiento dominante o por sus propios pares»
(Delamaza, 2013)
3.- La democracia no es únicamente una adición de procedimientos que regulan la
competencia política (Mouffe, 2012), es también un régimen que supone una relación
coherente entre la elección de los gobernados y las decisiones de los gobernantes, y unas
normas comunes que tienen como objetivo el bienestar de la población. Es decir, «las
democracias suelen tener un valor propio y no sólo instrumental, pero dicho valor depende
también del rostro humano de estos regímenes, que forma parte esencial de su legitimidad»
(Maravall, 1995: 138).
Para comprobar la hipótesis principal, y así dar respuesta a los tres interrogantes
planteados, las condiciones se comportan como variables independientes y explicativas de 27 Por ejemplo, en Chile el estudio del PNUD (2005) denominado El poder: para quién y para qué, establece
que el origen social es el factor preeminente para acceder a los círculos de poder. La selección de la clase
dirigente ha estado reservada a una red de individuos que parecen tener un origen e intereses en común, más
allá de su heterogénea composición ideológica. Eso sí, no se trata de una red de notables, sino de una clase
política que se constituye de la interacción de las relaciones sociales de origen –familiares y amistades
compartidas– y de las culturales –colegios y universidad común.
15
las dos variables dependientes, que son la igualdad política y el quiebre de la relación entre
capitalismo y democracia. Su análisis sigue algunas pautas metodológicas utilizadas
comúnmente en varios índices de democracia. Dichos índices son una referencia obligada
para este estudio, pero sólo eso. Se utilizan de forma orientativa, porque, en primer lugar, no
es objetivo de este trabajo medir la calidad de la democracia en los casos estudiados y, en
segundo lugar, porque algunos de sus indicadores valoran positivamente aspectos
conformantes del liberalismo económico, que no se corresponden con la tradición
democrática, como el derecho de propiedad y el libre mercado. Por lo demás, como señalan
Levine y Molina (2007), vincular la democracia a un particular sistema económico parcializa
el análisis de la calidad de la democracia en contra de países gobernados por partidos de
izquierda.
Las tres condiciones se miden por diversos indicadores que buscan comprobar nuestra
hipótesis por medio de secuencias de datos provenientes de diversas fuentes secundarias
(Banco Mundial, OECD, UE, IDEA, WVS, ESS, Latinobarómetro, CIS, PELA). Estas
fuentes proporcionan información sobre el origen e identidad de la élite política, las actitudes
y opiniones políticas, y la desigualdad política y socioeconómica de cada país.
Para medir el elitismo político se utilizan cinco indicadores 1) la representación de
una élite social en los respectivos Congresos; 2) el salario de los parlamentarios en relación
al ingreso per cápita de cada pais; 3) la representación política de los grupos de menores
ingresos y nivel educacional; 4) el grado de convergencia programática entre las élites
políticas y la ciudadanía; y 5) la representatividad de las mujeres en el Parlamento. En el caso
de la desigualdad socioeconómica se mide 1) el nivel de desigualdad de ingresos; 2)
concentración de la renta nacional en el decil más rico de la población; 3) el impacto
distributivo de la tasa tributaria de las empresas versus el impuesto al valor agregado; y 4) el
porcentaje de gasto del PIB en educación, salud y pensiones. Por último, la irresponsabilidad
politica se compone de 1) el grado de desproporcionalidad de los sistemas electorales; 2) el
derecho a voto en el exterior; 3) normas que facilitan la financiación privada de los partidos
y candidatos; 4) la presencia y utilización de mecanismos de democracia directa. La relación
esquemática de las condiciones e indicadores queda reflejada en la tabla 4.1.
Tabla 4.1
Relación de las condiciones con sus indicadores
Condiciones
(variables)
Indicadores
Elitismo político
Composición social de los representantes, a partir del nivel
educacional y el trabajo anterior de los Diputados.
Nivel de ingresos de los parlamentarios en relación al ingreso
per cápita de cada pais.
Distribución de los votantes por clase social.
Grado de convergencia programática entre élites políticas y
ciudadanía.
Representatividad de las mujeres en los Parlamentos
16
Desigualdad socioeconómica
Nivel de desigualdad de ingresos (índice de Gini).
Concentración de la renta nacional en el decil más rico de la
población.
Tasa tributaria de las empresas versus el impuesto al valor
agregado.
Porcentaje de gasto del PIB en educación, salud, pensiones y
seguro de desempleo.
Irresponsabilidad política
Nominación de candidatos por las direcciones partidarias y
competencia en listas cerradas o binominales.
El derecho a voto en el exterior.
Presencia y utilización de mecanismos de democracia directa.
Normas que facilitan la financiación privada de los partidos.
Fuente: elaboración propia
5.- Las condiciones posdemocráticas neoliberales en el Sur de Europa y el
Cono Sur
Una vez conceptualizada la posdemocracia neoliberal, definidas sus condiciones, descrito
sus indicadores y explicada la metodológica de la investigación, podemos comenzar a
examinar los seis países para 1) verificar si concurren las tres condiciones posdemocráticas
en cada país y 2) describir cómo afectan a la igualdad política y a las actitudes y opiniones
de los ciudadanos respecto al sistema político. Hay que tener en cuenta que las condiciones
de la posdemocracia neoliberal describen una representación política elitista, un proceso de
toma de decisiones excluyente y una rendición de cuentas inexistente. En otras palabras, estas
condiciones crean un sesgo elitista en los procesos políticos y en la representación, al mismo
tiempo que las decisiones del poder político quedan mediadas por los intereses de las élites
corporativas sin ningún tipo de control democrático. Esto acaba dañando dos componentes
básicos de la democracia: la soberanía popular y el progreso social.
5.1.- Alto nivel de elitismo político
El elitismo político describe la relación que tienen las élites políticas con las demandas
ciudadanas. Esta condición permite establecer la existencia de una representación simbólica
y sustantiva de la ciudadanía en las instituciones políticas.
Composición social de la representación política: nivel de estudios y trabajo anterior
al de diputado.
Este indicador mide e identifica la pertenencia de clase de los parlamentarios en función del
capital cultural y económico que predomina entre ellos. Es una formulación descriptiva de la
élite política, que permite conocer si los ciudadanos se encuentran sustantivamente
representados en las instituciones políticas.
Con la profesionalización y tecnificación de la política, la mayor parte de los
parlamentos están conformados por políticos que tienen un alto capital cultural y económico.
En prácticamente todos ellos la representación de las clases trabajadora y baja es marginal.
17
No es distinto en las seis democracias comparadas. Como se puede observar en la tabla 5.1.1,
más del 85% de los diputados cuentan con estudios universitarios completos y posgrado, y
más del 80% tiene profesiones y/o desempeñó trabajos pertenecientes al grupo de rentas más
altas de cada país. Mientras que los diputados que sólo alcanzaron estudios primarios y/o
secundarios y que provienen de los sectores de rentas bajas representan un porcentaje muy
minoritario, que no supera el 5% de los integrantes de la Cámara o Congreso28. La excepción
es Uruguay, donde sólo un 48,1% de los diputados tiene estudios universitarios y de
posgrado.
Tabla 5.1.1
Composición por profesión y estudios de cada Congreso
País
% de
diputados con
grado
universitario
y/o posgrado
% de
diputados que
cuentan solo
con estudios
primarios y
secundarios
% de diputados
provenientes de
profesiones
liberales y dirección
de empresas
privadas, y
Administración del
Estado
% de diputados
provenientes del
sector primario
(obreros y
artesanos)
Período
Argentina 86,9 4,7 84,6 3,5 2007-2011
Chile 91,1 3,3 82,3 4,4 2006-2010
España 85,9 3 81,3 3,7 2008-2011
Grecia s/d s/d s/d s/d s/d
Portugal 91,7 5 94 3,3 2010-2015
Uruguay 48,1 31,1 78,9 9,3 2005-2010
Fuente: elaboración propia en base a los datos del Proyecto de Elites en América Latina, el estudio 2827 del
CIS y Parlamento de Portugal.
Nivel de ingresos de los parlamentarios en relación al ingreso per cápita
Este indicador informa acerca de la sintonía que pueden tener los representantes políticos con
las demandas sociales que provienen de los distintos grupos sociales. Está vinculado tanto a
la representación sustantiva como descriptiva de los ciudadanos. En este sentido, mientras
más se alejen las rentas de los parlamentarios del ingreso per cápita menor identificación
tendrán con las demandas de sus electores y más se tenderá a una relación clientelar con ellos.
En la tabla 5.1.2 se observa que este indicador describe una situación diferente en cada país.
España y Portugal presentan la menor brecha entre los dos ingresos, 1,7 y 2 veces
respectivamente. Argentina, Grecia y Uruguay amplían esa brecha en más de 3 veces,
mientras que Chile presenta la brecha más alta con un ingreso parlamentario que supera en
11,3 veces el ingreso per cápita del país.
De este modo, los parlamentarios tienen una calidad de vida muy superior a la media
de sus países. No obstante, es el caso chileno el que llama más la atención. Con niveles de
vida por debajo de los países del Sur de Europa, sus parlamentarios alcanzan niveles de vida
más propios del grupo económico de los súper ricos. Entonces, es esperable que los
representantes políticos sean incapaces de crear sinergia con la mayor parte de sus electores,
especialmente en los países del Cono Sur.
28 No se encontró información sobre Grecia
18
Tabla 5.1.2
Diferencia entre el PIB per cápita y el sueldo parlamentario
País
PIB per cápita por PPA
en M$ 2014
Sueldos de
parlamentarios en los seis
países en M$ 2014
Relación de sueldo
parlamentario/
PIB per cápita 2014
Argentina 22.716 70.044 3,1
Chile 21.385 252.505 11,8
España 33.501 57.485 1,7
Grecia 26.784 96.664 3,6
Portugal 28.287 56.336 2,0
Uruguay 20.220 62.562 3,1 Fuente: elaboración propia en base a datos de informe de la OECD de 2014 y Banco Mundial 2013
Distribución de votantes por clase social
Este es un elemento relevante para describir el tipo de participación electoral en la era
neoliberal29. Que los individuos voten más o voten menos, de acuerdo a la pertenencia a una
clase social, permite establecer el sesgo de clase que pueden tener los resultados electorales.
Si las clases trabajadora y baja votan menos que las clases medias y la clase alta, esto se verá
reflejado en una representación política que no atenderá del mismo modo los intereses de
unos y otros. En la tabla 5.1.3 se puede observar esta asociación de datos para los seis países
cuando se cruza la intención de voto con la variable clase social. Para ello se utiliza la
frecuencia «siempre voto en las elecciones nacionales» de la ola 2010-2014 de la Encuesta
Mundial de Valores (WVS). Como no se cuenta con esta información para los casos de
Grecia y Portugal, se cruza el recuerdo de voto con una variable socioeconómica, como el
tipo de trabajo y el nivel de estudios de los individuos, de las olas 2010 y 2012.
Tabla 5.1.3
Distribución de la participación electoral por clase social en %
País
Serie temporal 2010-2014
Siempre voto
(clase alta)
Siempre voto
(clase media
alta)
Siempre voto
(clase media
baja)
Siempre voto
(clase
trabajadora)
Siempre voto
(clase baja)
Argentina --- 90,3 84,7 84,9 83,1
Chile 72,7 80,3 70,4 78,0 75,5
España 100 75,9 67,8 43,3 55,4
Grecia --- 86 70,4 74,7 85,5
29 W. Merkel (2014) apunta a que el incremento de las desigualdades socioeconómicas provocadas por el
capitalismo desregulado, que fomenta el neoliberalismo, causa una menor participación política de las clases
bajas, lo que se traduce en una selectividad social de los electores, viéndose afectado el principio democrático
de la igualdad política.
19
Portugal 85,4 86 75,5 62,5 66
Uruguay 87,5 91,2 90,8 90,3 77,8
Fuente: elaboración propia en base a la serie temporal 2010-2014 de WVS y las olas 2008, 2010 y 2012 de la
ESS.
De esta manera, los partidos estarían siendo votados mayoritariamente por las clases
medias y alta, mientras que la abstención sería un comportamiento mucho más asociado a la
clase trabajadora y la clase baja. Tampoco hay clara identificación de los partidos con una
clase social. Los partidos obtienen una proporción similar de votos en cada clase social,
asumiendo que para ganar elecciones los partidos apuestan por una representación inter-clase
(Roberts, 2002). Esto impide una cristalización más evidente de los intereses y demandas de
los grupos sociales bajos en las instituciones políticas de la democracia.
Convergencia programática entre élites políticas y ciudadanía
Este indicador es medido en función de la convergencia o divergencia entre élites políticas y
ciudadanía en tres aspectos que están vinculados al encaje entre capitalismo y democracia.
Así se compara a las élites políticas y ciudadanía en cuanto a las preferencias por una
economía de libre mercado; el posicionamiento ideológico en el eje izquierda-derecha; y la
importancia de la distribución de la riqueza. Para conocer las características programáticas
da las élites utilizamos como fuente las encuestas del Observatorio de Élites Parlamentarias
en América Latina y el Estudio 2827 sobre Elites Políticas del CIS Mientras que para conocer
las inclinaciones programáticas de la ciudadanía se utiliza el Informe 2013 de
Latinobarómetro y los barómetros del CIS.
Como se observa en la tabla 5.1.4, no hay una convergencia programática entre las
élites políticas de cada país y la ciudadanía en los países que ofrecen datos comparables30.
Lo más evidente es que no existe convergencia en dos asuntos claves. La preferencia de las
élites políticas por una economía de mercado, salvo en Uruguay, no es compartida por los
ciudadanos. En tanto que el problema de la distribución de la riqueza es importante para los
ciudadanos pero no lo es para las élites políticas.
Tabla 5.1.4
Convergencia programática entre élites políticas y ciudadanía (2008-2015)
Elites Políticas
Ciudadanía
Países
Preferencia
por una
economía
de
mercado
Preferencia
por los
mecanismos
del
liberalismo
democrático
Es la
distribución de
la riqueza un
problema
importante
Preferencia
por una
economía
de mercado
Preferencia
por los
mecanismos
del
liberalismo
democrático
Es la
distribución de
la riqueza un
problema
importante
Argentina Si Si No No Si
Chile Si Si No No Si
España Si Si No No Si
Grecia s/d s/d s/d s/d s/d s/d
Portugal s/d s/d s/d s/d s/d s/d
30 Ni Portugal ni Grecia pudieron ser analizadas al no ofrecer series datos contrastables para estas cuestiones.
20
Uruguay Si Si No Si Si
Fuente: elaboración propia
Mayor presencia de representantes masculinos que femeninos
Una baja representación de las mujeres en los Congresos nacionales indicaría que las políticas
adoptadas por los partidos y el proceso de toma de decisiones, basado en la representación
democrática, reproduce las desigualdades entre hombre y mujeres. El poder político tendría
un carácter marcadamente masculino que redundaría en una carencia de políticas dirigidas a
la igualdad de género es sus aspectos económicos, laborales y educacionales. Por tanto, una
representación minoritaria de las mujeres en el Congreso también puede coincidir con una
fuerte brecha salarial entre hombres y mujeres que favorezca a los primeros. En la tabla 5.1.5
se presenta una relación de datos para los seis países que evidencian el bajo porcentaje de
diputadas en cada Congreso y la amplia brecha de salarios inexplicada que hay en cada uno
de ellos, según los datos de OIT (2014). La presencia de mujeres en cada uno de ellos es
inferior al 40%, donde Argentina y España son los que presentan una mayor cantidad de
mujeres al acercarse a ese porcentaje; Portugal queda en una posición intermedia; Chile,
Grecia y Uruguay son los que muestran los resultados más bajos con porcentajes inferiores
al 20%.
Tabla 5.1.5
Porcentaje de diputadas en cada Congreso y brecha de ingreso entre géneros
País
Media de representantes mujeres
período 2008-2015 (%)
% de ingresos de las mujeres frente a
los hombres (2015)
Argentina 38,0 -27
Chile 14,6 -24
España 37,4 -18
Grecia 18,9 -22
Portugal 29,4 -14
Uruguay 13,6 -27
Fuente: elaboración propia con los datos del Banco Mundial y OIT.
5.2.- Alto nivel de desigualdad socio-económica
Una alta desigualdad socioeconómica influye negativamente en el funcionamiento y los
resultados de la democracia, ya que impide que los ciudadanos cuenten con los mismos
recursos cognitivos para participar en el proceso de toma de decisiones (Dahl, 2002; Roberts,
2002; Merkel, 2014). Este es uno de los rasgos identitarios de la posdemocracia neoliberal;
una de las variables que mejor explica las actitudes que tiene la ciudadanía hacia la
democracia. Los resultados de estos indicadores son trascendentales para el adecuado
ejercicio del control democrático a través del voto. Como se ha comprobado, el voto como
premio o castigo exige un electorado sofisticado y con niveles mínimos de conocimiento e
información de la actividad política que un alto nivel de desigualdad imposibilita (Fraile,
2007).
21
Gran desigualdad de ingresos
Este indicador se basa en la medición del índice agregado de Gini. La frontera entre una
situación de mayor igualdad y otra de desigualdad se introduce en el punto 30 de este índice.
En el caso de una «gran desigualdad» el índice debe marcar un valor superior a 40. Como se
puede ver en el gráfico 5.2.1, en los países del Cono Sur se produjo una mejora en la
distribución de los ingresos, reduciéndose los niveles de desigualdad entre 2008 y 2015. Pero
siguen manteniendo una gran desigualdad de ingresos, especialmente Chile. Por su parte, los
países del Sur de Europa siguieron la secuencia inversa, la distribución empeoró aumentando
la desigualdad entre su población. Tanto el aumento como la reducción de la desigualdad, en
los respectivos países, se produce a partir de 200831. En Argentina, Chile y Uruguay se
revirtió la tendencia desigualitaria, aunque no han abandonado unos niveles de desigualdad
estructurales32. En cambio, España, Grecia y Portugal, elevaron sus niveles de desigualdad
cuando profundizaron las reformas estructurales de la ortodoxia neoliberal acercándose a los
datos que exhiben los países sudamericanos.
Gráfico 5.2.1
Índice Gini de desigualdad de ingresos entre 2009-201433
Fuente: elaboración propia en base a estadísticas de Eurostat y Banco Mundial
Concentración de la renta nacional en el decil más rico de la población
Este indicador permite establecer el grado de desigualdad que existe entre los grupos de
mayores y menores rentas de un país. Una mayor concentración de la riqueza en los sectores
31 En los países del Cono Sur la desigualdad fue incrementándose con las reformas estructurales implementadas
en las décadas de 1980 y 1990, las que parecen revertirse con un mayor gasto social en los últimos años. En los
tres países de la Europa meridional la desigualdad, con las políticas de cohesión de la Unión Europea, había
remitido hasta acercarse a niveles de países altamente desarrollados. Pero en 2008 los Estados miembros de la
UE, ante la Gran Recesión, decidieron introducir reformas a sus estructuras socioeconómicas que entregaron a
la dinámica del mercado la transferencia de rentas entre ricos y pobres, lo que aumentó la desigualdad en los
países más afectados con la crisis. 32 De acuerdo a la CEPAL, «en algunos países de la región –como Argentina, Brasil y Uruguay– el marcado
incremento del salario mínimo habría contribuido al descenso de la desigualdad» (Amarante y Jiménez, 2015:
16). 33 En el caso de Chile no existen datos para 2008, 2012 y 2014. Para Argentina y Uruguay tampoco hay registro
de datos para 2014. Para ninguno de los casos hay datos publicados en 2015.
0
10
20
30
40
50
60
Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
22
de más altos ingresos puede dejar en evidencia una escasa incorporación al proceso político
de los intereses de los sectores de menores rentas, dejando espacio a una representación más
elitista de los intereses de la sociedad.
En los gráficos 5.2.2 y 5.2.3 se puede constatar que la evolución de este indicador no
ha sido similar en cada uno de los seis países desde 2008. Aunque si se observa un
comportamiento similar por zona geográfica. En lo que respecta al decil más rico de la
población, sólo España y Grecia tienen un leve aumento de la concentración de la riqueza en
ese grupo. Los demás países evidencian una tendencia a la baja en este aspecto. Aunque hay
que mencionar que los países sudamericanos son los que concentran más riqueza en el 10%
más rico de la población superando, en el caso de Chile, el 40% del ingreso nacional.
La participación en la riqueza nacional del primer decil de la población es baja en los
seis países si se compara con las democracias occidentales más desarrolladas. Siguiendo la
tónica de la concentración de la riqueza a partir de 2008, son nuevamente los países de la
Europa meridional los que reducen la participación de los grupos de menores rentas en el
ingreso nacional.
Gráfico 5.2.2
Participación en la riqueza nacional del 10% de rentas más altas
Fuente: elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial y la OECD.
Gráfico 5.2.3
Participación en la riqueza nacional del 10% de rentas más bajas
Fuente: elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial y la OECD.
0
10
20
30
40
50
Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay2008 2009 2010 2011 2012 2013
23
De acuerdo con estos datos, el diferencial que se obtiene, de la participación de las
rentas más altas y más bajas en la riqueza nacional, marca el desigual reparto de la riqueza
en la población. Como se refleja en la tabla 5.2.1 la diferencia promedio del período 2008-
2015 entre el decil de menores y el de mayores ingresos supera las veinte veces en los casos
de Argentina y Chile –son los más altos de los seis países–, mientras que los otros cuatro
países mantienen una diferencia que va de las once veces (Portugal) a las 18 veces (Uruguay).
Esto significa que, por ejemplo, en Chile el ingreso familiar del décimo decil supera en 25
veces al del primer decil.
Tabla 5.2.1
Relación de desigualdad entre el 10% más y el 10% más pobre
% Participación del decil
más rico (1)
% Participación del decil
más pobre (2)
Diferencia (1) / (2)
Argentina 32,0 1,47 21
Chile 42,0 1,67 25
España 26,0 1,82 14
Grecia 26,1 2,06 13
Portugal 28,2 2,52 11
Uruguay 33,1 1,87 18
Fuente: elaboración propia en base a los datos representados en los gráficos 5.2.2 y 5.2.3
Tasa tributaria total de las empresas34 versus impuesto al valor agregado
La relación que tiene este indicador con la democracia está determinada por el hecho de que
este régimen político se constituye en la lógica de la soberanía popular y, por lo tanto, las
políticas que emanan de sus procesos de toma de decisiones tendrían que ir en beneficio de
la mayoría social y no de los pequeños grupos previlegiados. Permite verificar la existencia
de políticas redistributivas de la riqueza, confeccionadas en razón al incremento de los
impuestos directos y progresivos a las altas rentas del capital y del trabajo, y a una reducción
de los impuestos indirectos y regresivos como el IVA. La importancia de este factor como
indicador posdemocrático viene dada al permitir observar las diferencias que establece el
proceso democrático entre los ciudadanos y las élites económicas en materia tributaria.
Al comparar los datos del gráfico 5.2.4 con los de la tabla 5.2.2 se puede observar que
la trayectoria entre países es disímil. Están los que han aumentado la carga tributaria a las
empresas en los últimos años, ligeramente, como Chile y Grecia, o de manera notoria, como
Argentina (30% más). Y lo que la han aminorado ligeramente (Uruguay y Portugal) o
marcadamente (España un 9% menos). Este dato podría revelar un comportamiento más
contextual que estructural de la política tributria en cada país. No obstante, los cambios,
excluyendo a Argentina, se encuentran dentro de los parámetros neoliberales de disminución
34 La tasa tributaria total mide el monto de impuestos y contribuciones obligatorias que pagan las empresas
después de justificar las exenciones y deducciones permitidas como porción de las utilidades comerciales. Se
excluyen los impuestos retenidos (como impuesto al ingreso personal) o cobrados y remitidos a autoridades
fiscales (como impuestos al valor agregado, impuestos a las ventas o impuestos a los bienes y servicios) (Banco
Mundial, 2016).
24
del gravámen a las empresas en todos los países. En cuanto al IVA, el régimen general de
este impuesto aumentó en dos de los tres países del Sur de Europa que introdujeron políticas
restrictivas de gasto público y de fuerte flexibilización de la legislación laboral en favor de
las empresas. Entre 2008 y 2015 España y Portugal aumentaron el gravamen a la compra de
bienes y servicios en 3 y 2 puntos, respectivamente. Los países del Cono Sur no modificaron
este impuesto durante este período, manteniendo el mismo porcentaje desde antes de la Gran
Recesión, un porcentaje que ya era alto.
Gráfico 5.2.4
Evolución tasa tributaria total de las empresas 2008-2015
Fuente: elaboración propia en base a los indicadores del Banco Mundial.
De este modo, se comprueba que la política tributaria en cinco de los seis países no
es utilizada para mejorar la distribución de ingresos. Chile es el que muestra un peor
desempeño de este indicador para todos aquellos que no forman parte de la élite económica.
Uruguay es el siguiente. Los países del Sur de Europa evidencian, a partir de 2008, un
comportamiento similar al aumentar el IVA y disminuir la tasa impositiva de las empresas.
Argentina es el único de estos paises que evidencia un comportamiento opuesto a estas
políticas. También se constata que las reformas exigidas por los organismos financieros
internacionales han ido en claro detrimento de la gran mayoría de ciudadanos. Como lo
demuestra el incremento de un tipo de impuesto indirecto y regresivo que tiene como
consecuencia final una transferencia de rentas desde los sectores de menores a los de mayores
ingresos.
Tabla 5.2.2
Evolución del Impuesto al Valor Agregado País IVA Reducido 1 Reducido 2 Última
Modificación
Variación
Argentina 21% 11% No hay 2006 0
Chile 19% No hay No hay 2005 1
España 21% 10% 4% 2012 3
Grecia 23% 13% 7% 2015 0
Portugal 23% 13% 6% 2011 2
107,3 107,3 107,4 107,4 107,5119,4
137,4 137,4
25,1 24,8 24,5 24,5 27,7 27,7 27,9 28,9
58,8 55,8 55,5
37,9 37,9
57,1 58,250
46,7 46,7 46,7 45,9 44,144 50,7 49,6
42,5 42,3 42,6 42,8 42 42,3 42,4 4143 41,9 41,9 41,9 41,9 41,8 41,8 41,8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Argentina Chile España Grecia Portugal Uruguay
25
Uruguay 22% 10% No hay 2008 -1
Fuente: elaboración propia en base a los datos publicados por Economipedia.
Disminución del gasto en eduación, salud, pensiones y seguro de desempleo
Este indicador de gasto social supone establecer el comportamiento de las decisiones
políticas en lo que se refiere al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de la
población. Un gasto
País
% promedio del gasto total
período 2008-2014
Educación
Salud
Pensiones
Argentina 4,9 5,9 7,2
Chile 4,3 7,3 3,4
España 4,7 9,3 9,7
Grecia s/d 9,3 13,4
Portugal 5,1 9,9 12,3
Uruguay 4,8 8,6 8,7
Fuente: elaboración propia en base a los datos del Banco Mundial, OECD y CEPAL
5.3.- Nivel de irresponsabilidad política
Esta es una condición pre-existente al período que se investiga. Sus indicadores describen el
marco institucional en el que se desenvuelve la rendición de cuentas y se exige la
responsabilidad política. No obstante, aquí recogemos su funcionamiento a partir de la Gran
Recesión. De esta manera
Nominación de candidatos por las direcciones partidarias y competencia en listas
cerradas o binominales
Este indicador permite establecer las facilidades que tiene la élite política para auto-
reproducirse y evitar rendir cuentas individuales gracias a la existencia de mecanismos
institucionales que les «blindan» frente a los electores. Una nominación jerárquica y un
blindaje a la elegibilidad de los candidatos de los partidos hace muy difícil exigir la
responsabilidad política y una rendición de cuentas a los representantes y gobiernos a través
del voto. Por este motivo, el modo en que se designan los candidatos a las elecciones y el
tipo de lista que se utiliza en la competencia electoral son elementos conformantes del
indicador. Es decir, una selección de candidatos exclusivamente partidaria –sin ninguna
intervención de sus votantes– y la existencia de listas cerradas y/o bloqueadas, indicarían que
los votantes tienen una escasa capacidad para controlar a las élites políticas.
Tabla 5.3.1
Formas de designación de los candidatos
País
Modo de designación de candidatos
al Congreso
Tipo de lista
26
Argentina Partidos Cerrada y bloqueada
Chile Partidos Abierta y binominal
España Partidos Cerrada y bloqueada
Grecia Partidos Cerrada
Portugal Partidos Cerrada y bloqueada
Uruguay Partidos Cerrada y bloqueada
Fuente: elaboración propia
Instituciones de Democracia Directa
El valor que alcanzan las instituciones o mecanismos de democracia directa viene dado por
la posibilidad que ofrecen a la ciudadanía de intervenir o revertir una decisión del incumbent
cuando no se esté de acuerdo con ella. Por tanto, es un medio que permite a los ciudadanos
intervenir de una forma directa en la toma de decisiones, más de lo que era posible en el
pasado (Schmitter, 2015). Es una forma de corrección y control que obliga a los políticos a
mantenerse más alerta en el proceso de toma de decisiones. Además, como señala Altman
(2015), estas instituciones son un complemento muy efectivo de la representación, siempre
que sus resultados sean vinculantes. En las seis democracias analizadas se encuentra regulada
de forma muy dispar. Como se puede observar en la Tabla 5.3.2, en todos se consideran
disposiciones para el referendo facultativo, pero sólo en la mitad está considerado el
referendo obligatorio. En el caso de la iniciativa ciudadana sólo Uruguay la contempla. La
iniciativa de agenda está disponible en cuatro países, no siendo parte del sistema político ni
de Chile ni Grecia. Por último, en ninguno de estos países existe la revocación de mandatos.
Tabla 5.3.2
Presencia de mecanismos de democracia directa (MDD)
País
Disposiciones jurídicas o legales a nivel nacional para:
Referendo
obligatorio
Referendo
facultativo
Iniciativa
ciudadana
Iniciativa de
agenda
Revocación de
mandatos
Argentina No Sí No Sí No
Chile No Sí No No No
Uruguay Sí Sí Sí Sí No
España Sí Sí No Sí No
Grecia No Sí No No No
Portugal Sí Sí No Sí No
Fuente: elaboración propia en base a la información de IDEA.
Normas permisivas para la financiación privada de partidos y candidatos
Este indicador informa de la capacidad legal que tienen los agentes económicos, nacionales
o transnacionales, para defender sus intereses a través de los partidos y los representantes
políticos. Los aportes que puedan otorgarse por esta vía privada tienden a condicionar las
decisiones de los políticos y partidos a favor de quienes hicieron económicamente viable su
elección. En una democracia basada en la igualdad política, esta vía debería estar restringida
y limitada a un aporte individual y mínimo de los ciudadanos a los partidos y candidatos de
su preferencia. De este modo, que sea posible contribuir a las campañas de los partidos con
27
dinero o empréstitos, por parte de empresas, sociedades y bancos, somete el proceso
democrático al interés de los financistas, no al control ciudadano.
En la tabla 5.3.3 se muestran las prohibiciones respecto a los distintos tipos de
donaciones privadas para campañas electorales a partidos y candidatos. Como queda
reflejado en la tabla mencionada, en los seis países están prohibidas las donaciones privadas
a partidos y candidatos desde el extranjero. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otro tipo
de donaciones. Los aportes privados a partidos provenientes de empresas están prohibidos en
cuatro de las seis democracias, Argentina y Chile los permiten por medio de una autorización
administrativa o legal previa. En el caso de los candidatos individuales, son Chile y Uruguay
los únicos dos países que lo consideran.
Tabla 5.3.3
Prohibición de donaciones a los partidos y candidatos
País
Desde el
extranjero
a
Desde
empresas
privadas a
Desde empresas que
tengan contratos con el
Estado o una
participación parcial en
propiedades estatales a
Desde los
sindicatos a
Donaciones
anónimas a
P C P C P C P C P C
Argentina Si No (1)
No (2)
No (1)
Si No (1) Si No (1) Si No (1)
Chile Si Si No
(3)
No
(3)
Si (4) Si (4) Si Si No (5) No (5)
España Si No (1)
Si No (1)
Si No (1) No No (1) Si No (1)
Grecia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Portugal Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si
Uruguay Si Si Si No Si (4) Si (4) Si Si No (5) No (5)
Fuente: elaboración propia en base a la información de IDEA
P significa partidos; C significa candidatos
(1) En Argentina no está permitido a los candidatos individuales participar en las elecciones, sólo a los partidos. En España
las donaciones sólo cubren la financiación de los partidos.
(2) Se permiten los aportes legales para las campañas electorales.
(3) Las donaciones de este tipo deben ser autorizadas por la autoridad administrativa competente.
(4) Se establece una cantidad o porcentaje mínimo para que opere la prohibición.
(5) Se establece un límite para este tipo de donaciones. En Chile no pueden exceder las 20 UTM y en Uruguay los 4.000
dólares o el 15% de los ingresos percibidos por el receptor durante un año.
Para las empresas que mantengan contratos con el Estado o que participen de la
propiedad estatal se encuentra totalmente prohibido realizar aportes a los partidos y
candidatos. Eso sí, hay dos países que establecen una excepción que posibilita un aporte
mínimo, que son Chile y Uruguay. En lo que respecta a donaciones provenientes desde los
sindicatos, éstas están prohibidas en todos los países, salvo en España. Por último, las
donaciones anónimas sólo están permitidas en Chile y Uruguay pero con un límite fijado por
la ley. De acuerdo a estas constataciones, de los actores económico-sociales es el mundo de
la empresa y las altas rentas el que cuenta con mayores facilidades para incidir, por medio de
la financiación, en las decisiones que adopten los partidos una vez que lleguen al gobierno.
28
De nuestros seis casos, esto se puede dar con mayor facilidad en los países del Cono Sur, que
cuentan con una legislación más permisiva, que en los países del Sur de Europa.
Sufragio inclusivo: el derecho a voto en el exterior
La posibilidad cierta de emitir el sufragio desde el extranjero no está solamente vinculado a
la igualdad política que ofrece el sistema a sus ciudadanos, sino también a su grado de
inclusión y de control de los políticos en general. Muchas personas emigran de sus
respectivos países por diferentes motivos sin perder su nacionalidad, por lo que tampoco
deberían perder sus derechos políticos. El reconocimiento de este derecho en el extranjero es
vital para países que tienen un alto flujo de emigración. Además, el derecho a sufragio desde
el exterior amplifica la capacidad de control de los gobernantes al ampliar los márgenes de
participación electoral.
Como se puede constatar en la tabla 5.3.5 sólo la mitad de las democracias analizadas
han establecido el derecho a voto desde el exterior.
Tabla 5.3.5
Reconocimiento del derecho a sufragio en el exterior
País
Derecho a voto en el exterior
Tipo de elecciones
Método de votación Año de implementación
Argentina
Presidencial
Legislativas
Personal
1991
Chile ----- ---- No aplica
Uruguay ----- ---- No aplica
España
Legislativas
Sub-nacionales
Referendo
Postal
1985
Grecia ---- ---- No aplica
Portugal
Presidencial
Legislativas
Referendo
Personal
Postal
2001
Fuente: elaboración propia en base a la información publicada por IDEA.
5.4.- Resultados de los indicadores para las tres condiciones
La medición de los quince indicadores que componen las condiciones posdemocráticas
neoliberales arroja los siguientes resultados para los seis países.
Elitismo político. Los cinco indicadores que miden la intensidad de esta condición
demuestran que Chile es el país con mayor elitismo político de los seis. Dicho país exhibe
una escasa representación sustantiva de los grupos sociales de menor capital educacional y
económico; sueldos parlamentarios que superan en casi doce veces el ingreso per cápita; un
sesgo de clase que hace más selecto al electorado; una divergencia programática entre élites
políticas y ciudadanía; y una baja presencia de mujeres en el Congreso. Un peldaño más
abajo se ubican España y Argentina, países en los que estos indicadores también dan cuenta
29
de la existencia de un elitismo político, pero menos acentuado que en Chile. Esta distinción
se produce porque tienen unos salarios parlamentarios más cercanos al ingreso per cápita y
una mayor presencia de mujeres en el Congreso. Lamentablemente no se ha contado con
toda la información para examinar adecuadamente a Grecia y Portugal. Aún así, se puede
intuir que, de contar con ellos, estos dos países se ubicarían junto a España. Por último,
Uruguay también demuestra tener rasgos de elitismo político, aunque en menor grado. En
todos estos países se comprobaría la principal tesis de la posdemocracia, que los acutales
procesos democráticos escasamente obtienen su legitimación de la participación del pueblo,
por lo que los resultados del proceso político no responden a los intereses de la ciudadanía
(Crouch, 2004; Jörke, 2008).
Desigualdad socioeconómica. Durante el período 2008-2015, los cuatro indicadores
de esta condición tres tienen un desempeño que hacen distinguible nuestros casos de estudio
por zona geográfica. Así, los tres países del Cono Sur tienen una mayor desigualdad de
ingresos, una mayor concentración de la riqueza nacional en el decil más rico y un gasto
social menor al de los tres países europeos. No obstante, las tendencias son opuestas,
mientras España, Portugal y Grecia aumentan sus niveles de desigualdad de ingresos y de
concentración de la riqueza, y reducen el gasto social, Argentina, Chile y Uruguay hacen
todo lo contrario. De seguir estas tendencias habrá algún momento en que todas estas
trayectorias se intersecten. Respecto al indicador que mide el tipo de política tributaria,
contraponiendo la tasa impositiva de las empresas con la tasa fijada para el Impuesto al Valor
Agregado, se constata la política de ingresos vía impuestos ha ido favoreciendo cada vez
más a los grupos de mayores ingresos, ya que se ha privilegiado una disminución, cuando
no era baja, de la tasa tributaria para las empresas al mismo tiempo que se incrementó la
carga impositiva al consumo. La excepción es Argentina que incrementó el impuesto a las
empresas de forma considerable. De acuerdo con estas mediciones, los seis países tienen
altos grados de desigualdad social derivados de políticas que han privilegiado una mayor
inversión privada, un menor gasto social y un asistencia directa de la pobreza. Todos han
seguido las recetas de la ortodoxia económica neoclásica que han precarizado a sus
poblaciones, ya sea en la década de los noventa o durante este siglo. Por tanto, los sistemas
políticos de estos países están condicionados por la desigualdad social.
Irresponsabilidad política. Los indicadores de esta condición sólo informan de los
mecanismos que ofrece cada democracia para exigir una efectiva rendición de cuentas de los
reprensentantes. En los seis países los candidatos son designados por las direcciones
partidarias. En cinco de ellos la competencia electoral es a través de listas cerradas y
bloqueadas, y en uno de ellos (Chile) es con listas abiertas y binominales. En todos se
contempla el referendo facultativo; en tres hay referendo obligatorio (Uruguay, España y
Portugal); en sólo uno se permite la inciativa ciudadana (Uruguay); en cuatro se establece la
iniciativa de agenda (Argentina, Uruguay, España y Portugal); y en ninguno existe la
revocación de mandatos. El país que contempla más mecanismos de democracia directa para
la incorporación de la ciudadanía a la toma de decisiones y el control del poder político es
Uruguay, con cuatro de los cinco mecanismos. Los que menos son Chile y Grecia que sólo
contemplan el referéndum no vinculante. La financiación privada de los partidos y
candidatos es absolutamente restrictiva en en Grecia y Portugal, donde no se contempla
ningún tipo de donación privada. En España sólo permite los portes desde los sindicatos. Al
contrario, los países del Cono Sur son más permisivos en este tipo de financiación,
permitiéndose las donaciones anónimas y, con ciertas restricciones, de empresas privadas y
empresas que tengan contrataciones con el Estado. En cuanto al derecho a sufragio desde el
30
exterior, tres de los seis países no lo contemplan en lo absoluto, que son Chile, Grecia y
Uruguay. Por tanto, aunque en diferentes grados, todas estas democracias están afectadas
institucionalmente por una alta irresponsabilidad política que no facilita la rendición de
cuentas, más bien la impide.
Con los resultados obtenidos del análisis de todos los indicadores se espera encontrar,
en aquellos países en que más asentadas están las condiciones posdemocráticas neoliberales,
una relación directa con: 1) una disminución de la participación electoral; 2) un incremento
de la desconfianza interpresonal y hacia las instituciones políticas; 3) un ascenso de la
insatisfacción democrática; 4) un aumento de la percepción de corrupción; 5) un escaso
interés por la políticas; y 6) un incremento de la participación política no institucional.
6.- Las condiciones posdemocráticas y el desencaje entre democracia y
capitalismo
Con los resultados obtenidos en el análisis de las condiciones y cada uno de sus indicadores,
se puede inducir que la desigualdad socioeconómica influye decididamente en el
funcionamiento de la democracia y es clave en el avance de la posdemocracia. Pero es la
combinación de las tres condiciones, que describen el quiebre entre democracia y
capitalismo, la que define la etapa posdemocrática neoliberal. De este modo, el elitismo
político, la desigualdad socioeconómica y la irresponsabilidad política tendrían una relación
directa con la desafección de los ciudadanos hacia el sistema político, aunque sucedería lo
mismo en cuanto a la legitimidad difusa de la democracia, que es «ese conjunto de actitudes
positivas que la ciudadanía tiene hacia sus instituciones democráticas; la democracia se
entiende como la mejor forma de gobierno posible» (Montero y Morlino, 1993).
Los valores democráticos representan las actitudes, sentimientos y opiniones que
tienen los ciudadanos respecto al régimen democrático. Se insertan dentro de lo que se
entiende como cultura política (Almond y Verba, 1970; Almond, 1988; Inglehart, 1988;
2001; 2005). Algunos valores que los ciudadanos reconocen como constitutivos de la
democracia son: la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la elección libre de sus
líderes, la protección de los derechos civiles contra la opresión, la equidad de las políticas
impositivas, que las fuerzas armadas estén supeditadas al poder civil y el cumplimiento de
las normas del estado de derecho.
Para comprobar si existe una correlación directa entre la presencia de las tres
condiciones posdemocráticas y una percepción negativa del funcionamiento de la democracia
y sus valores, se presenta una relación de factores que conforman la cultura democrática. Los
datos que se exponen se extraen de las mediciones efectuadas por World Values Survey,
Latinobarómetro, Encuesta Social Europea y Transparencia Internacional, que hacen
referencia a la confianza social y política, la percepción de corrupción, la valoración de la
política, las acciones políticas no institucionales y la satisfacción con la democracia de los
ciudadanos. Por su parte, los niveles de participación electoral se obtienen de los datos
publicados por el Institut of Democracy and Electoral Assistence. De comprobarse una
correlación directa entre ambos grupos de variables, se inferiría que el sistema político –y
sus élites–, así como el capitalismo desregulado, se contraponen a los intereses de la
ciudadanía.
En la tabla 6.1.1 se presenta una comparación de las variables de control por cada
país. En esta se constata que en los países que están inmersos o se inclinan hacia una
31
posdemocracia neoliberal sus ciudadanos desarrollan una actitud más distante y desconfiada
de sus sistemas políticos, y mucho más dispuesta a “desafiarlos”. Así, en Chile, España,
Grecia y Portugal, se confirmaría el supuesto de que la presencia positiva de los indicadores
que componen las condiciones (variables) de la posdemocracia puede tener una incidencia
directa en: 1) una alta desconfianza interpersonal; 2) un aumento de la desconfianza en las
instituciones de gobierno y representación; 3) una mayor insatisfacción democrática; 4) un
incremento de la percepción de corrupción; y 5) un aumento en la participación –o en la
intención de participar– en acciones políticas no institucionales.
Tabla 6.1.1
Actitudes ciudadanas respecto al sistema político (2008-2015) País Alta
desconfianza
interpersonal
Aumento de la
desconfianza
en el
Congreso y el
Gobierno
Aumento de la
insatisfacción
democrática
Incremento de
la percepción
de corrupción
Bajo interés
por la
política35
Aumento en la
intención de
participación
política no
institucional*
Argentina Si Si No Si Si No
Chile Si Si Si Si Si Si
España Si Si Si Si Si Si
Grecia Si Si Si Si Si Si
Portugal Si Si Si Si Si Si
Uruguay Si Si No No Si Si
*Se utilizan dos tipos de participación política que son: la firma de peticiones y la asistencia a manifestaciones autorizadas.
Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos de las series temporales de Latinobarómetro, Índice de Percepción
de la Corrupción de TI y Encuesta Social Europea.
Respecto a la participación electoral, en el gráfico 6.1.1 se comprueba que en la mitad
de las democracias analizadas se produce un descenso en la participación electoral en las
últimas dos elecciones generales efectuadas. Así en Chile, Grecia y Portugal la abstención
aumenta en varios puntos porcentuales en la última elección registrada, llegando a más del
50% de la población con derecho voto en Chile. Al contrario, en Argentina y España la
participación aumenta en dos y cuatro puntos, respectivamente.
Gráfico 6.1.1
Porcentaje de participación en las últimas dos elecciones
35 De acuerdo a las olas 2008, 2010 y 2012 de la Encuesta Social Europea en España y Portugal aumentó el
interés por la política, mientras que en Grecia se mantuvo estable. Eso sí, en ninguno de los casos ese interés
supero el 35%. En el caso de los países del Cono Sur se constata un descenso en el interés por la política en
Chile del 23 al 16% y en Uruguay del 45% al 36%. En Argentina hubo un leve aumento desde un 26 a un 30%.
32
Fuente: elaboración propia en base a los datos de IDEA
Con la utilización de las variables de control se constata que existen claros indicios
de que las condiciones de la posdemocracia neoliberal tienen una correlación positiva con el
capitalismo desregulado y el deterioro del proceso democrático en los seis países analizados.
Sin embargo, no hay una evidencia concluyente para todos los casos.
Finalmente, a la luz de los hallazgos se puede dar respuesta a las tres preguntas que
la han orientado esta investigación.
1) En cuanto a si la democracia está representando los intereses de élites corporativo-
financieras por encima de los intereses y opiniones de los ciudadanos. El trabajo desarrollado
permite constatar que los dilemas y tensiones de las sociedades contemporáneas no están
siendo adecuadamente representados en las instituciones políticas en las últimas décadas.
Incluso, a partir de la gran crisis financiera de 2008, el sistema fue más allá, tensando aún
más la cuerda de la distribución de la riqueza contra la clase trabajadora. Las decisiones del
proceso político han quedado condicionadas a la acción de las agentes económicos
privilegiados. Si consideramos el exámen realizado a las democracias del Sur de Europa y
del Cono Sur, se puede sostener que en aquellos países que han incorporado y/o profundizado
en las políticas neoliberales o reformas estructurales, la democracia ha quedado restringida a
la elección de élites políticas que actúan condicionadas por el poder económico y que
reproducen las condiciones de desigualdad socioeconómica.
2) En lo que respecta a la nominalidad que tienen los derechos políticos y sociales en el
proceso de toma de decisiones, el estudio de las tres condiciones refleja que en los países que
tienen un alto grado de desigualdad socioeconómica, las élites políticas representan
sustantivamente a un grupo reducido de la población y no hay formas de rendición de cuentas
que complementen el sufragio, la posibilidad de que los ciudadanos sean los que
efectivamente decidan la políticas de un país se torna irreal. Por tanto, los derechos políticos
y sociales, como componentes de la igualdad política, se vuelven irrelevantes en el proceso
de toma de decisiones. Es lo que sucede en España, Grecia, Portugal y Chile, cuando se
comprueba que las políticas de los gobiernos no se ocupan de la división social, derivada de
la desigual distribución de la riqueza, y la representación política no se enmarca dentro de
una institucionalidad que facilite la rendición de cuentas.
0
20
40
60
80
100
Uruguay Argentina
España Grecia Portugal Chile
2009-2011 89,91 79,39 68,94 70,92 58,03 59,63
2013-2015 89,62 81,07 73,02 63,6 55,84 49,25
89,9179,39
68,94 70,9258,03 59,63
89,6281,07
73,0263,6
55,8449,25
33
3) La compatibilidad del libre mercado con la democracia es una de las cuestiones que
despierta mayor debate en la actualidad. Como queda explicitado en el análisis de las
condiciones posdemocráticas en el Sur de Europa y el Cono Sur, la profundización en
reformas neoliberales ha incrementado la desigualdad de ingresos y la brecha social en sus
sociedades. El libre mercado como principio rector de la actividad social, económica y
política es lo que explica el avance de la posdemocracia como modelo político del viejo
liberalismo democrático en este siglo. La idea de que las decisiones políticas deben estar
condicionadas a las dinámicas de la economía capitalista hace improcedente vincular la
democracia al libre albedrío del mercado. De hecho, esta visión del mundo ha conseguido
que los fenómenos políticos contemporáneos respondan a lógicas que cada vez menos
comprometidas con el clásico principio liberal de la representación.
Conclusiones
En este trabajo hemos explorado las posibles causas que explicarían la desconexión entre
capitalismo y democracia indagando en las premisas de la teoría de la posdemocracia y la
ideología neoliberal. Para ello el estudio ha abarcado el proceso de reformas estructurales
introducidas a partir de la «Gran Recesión» de 2008. El análisis se ha desarrollado en torno
a tres fenómenos políticos y sociales que denominamos condiciones estructurales e
institucionales de la posdemocracia neoliberal. Con ellas examinamos las actuales
democracias del Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) y tres del Sur de Europa (España,
Grecia y Portugal). Asimismo, a través de este estudio comparado intentamos responder a
tres preguntas de investigación que permiten describir el actual encaje de la democracia en
la versión neoliberal del capitalismo.
En el primer apartado establecimos la relación de antecedentes que vinculan la
historia de la democracia a los diferentes tipos de capitalismo en las décadas posteriores a la
segunda guerra mundial. A grandes rasgos se constató que, desde la década del cincuenta
hasta finales de los setenta, las sociedades occidentales potenciaron la igualdad política y la
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones con la implementación de políticas
de cohesión social y el fortalecimiento de los derechos sociales. Fue durante esta época
cuando se impuso una regulación de las dinámicas económicas del capitalismo a los procesos
democráticos. Aunque no tuvo la misma significancia ni profundidad en todos los Estados
que se constituyeron en democracias durante aquellos años.
Los siguientes dos apartados fueron dedicados al concepto y la descripción de la
democracia desde diferentes perspectivas que y ha conceptualizar y describir la teoría de la
posdemocracia neoliberal, al mismo tiempo que definimos sus condiciones.
El análisis llevado a cabo, en base a datos descriptivos de las mencionadas
condiciones posdemocráticas neoliberales, no nos ha permitido ser concluyentes en lo que
respecta al encaje entre democracia y capitalismo. En gran medida, esto se debe a que los
ciudadanos de todos estos países siguen contando con la posibilidad de escoger a sus
representantes y de premiar o castigar a sus gobernantes. No obstante, esa opción de elegir y
ser elegido, de controlar a los políticos, está mediada por factores que la desdibujan y que
hacen presumir que los seis países estudiados mantienen o se encuentran cercanos procesos
posdemocráticos. Así, hemos hallado en todos ellos niveles de desigualdad social que
condicionan las capacidades cognitivas de sus ciudadanos mientras que el gasto social no
mercantilizante disminuye con la profundización de las políticas neoliberales.
34
Las condiciones que hemos utilizado para determinar la presencia de la
posdemocracia neoliberal, elitismo político, desigualdad socioeconómica e irresponsabilidad
política, representan e interpretan los efectos de la subordinación de la política a los intereses
del poder económico. La estructuración de la sociedad neoliberal requiere de un sistema
político posdemocrático, que consiga infravalorar la representación política de la división de
clases y despolitizar la desigualdad social. De este modo, los agentes económicos no se ven
interpelados por sus ilegitimas intervenciones en el proceso de toma de decisiones. La
economía es la que se encarga de regular la política. Esto es lo que sucede cuando la
democracia se asume como una competencia entre una o más élites políticas que ofertan
propuestas económicas consensuadas al electorado cada cierto tiempo sin ningún contrapeso
social o político. La democracia se termina pareciendo a un ritual dedicado exclusivamente
al sufragio, donde los ciudadanos son invitados a participar en la elecciones de sus
gobernantes, pero no para exigir responsabilidades, proponer leyes u organizarse para así
optar a competir por el poder político. Todo esto está reservado para las élites económicas.
De tal manera, se confirma que las políticas neoliberales implementadas desde 2008 en los
países del Sur de Europa han terminado por desacoplar la democracia del capitalismo. De la
misma manera en que las reformas estructurales (neoliberales) divulgadas e implementadas
durante las décadas de 1980 y 1990 en América Latina produjeron un aumento de la
desigualdad, precarizaron el empleo y concentraron más la riqueza en el sector más rico de
la sociedad, las políticas de austeridad fiscal, flexibilización laboral y
Por último, durante el estudio también se presentan algunos hallazgos colaterales. El
primero es que en los países con gobiernos de izquierdas las políticas de redistribución
disminuyeron la desigualdad de ingresos entre su población. Es lo que demuestra el
comportamiento del índice de Gini en Argentina (izquierda peronista) y Uruguay (Frente
Amplio de izquierdas). En el lado opuesto se encuentran los países que fueron gobernados
por la derecha y que profundizaron en políticas de ajuste económico, como reducción del
gasto social, desregulación financiera y flexibilización del mercado laboral. Así, en Chile
(Alianza de derechas), España (Partido Popular), Portugal (coalición Socialista-Partido
Popular) y Grecia (Nueva Democracia)36, el nivel de desigualdad de ingresos se ha mantenido
o ha aumentado durante los últimos siete años. Un segundo hallazgo de este tipo es que en
los países que impulsaron una política de reducción de las desigualdades durante este período
o donde el sistema político incorporó nuevos actores políticos con capacidad de desafiar a
las élites tradicionales, la participación electoral se mantuvo alta o se incrementó. En el
primer caso están Argentina y Uruguay, mientras que en el segundo está España. A contrario
sensu, en los países donde aumentó la brecha entre rentas altas y bajas, y que no incorporaron
nuevos actores políticos, la participación electoral disminuyó. Son los casos de Portugal y
Grecia. Chile se presenta como una excepcionalidad, ya que su gran nivel de desigualdad y
el declive de la participación electoral son anteriores a la Gran Recesión de 2008. Aun así,
una menor participación en este país también puede estar provocada por la ausencia de
nuevos actores políticos que desafíen a las élites políticas tradicionales.
36 Hay que hacer notar que en estos cuatro países, al comenzar la crisis económica, sus gobiernos estaban
liderados por partidos de centro izquierda, en su mayoría de carácter socialdemócrata. En Chile hasta 2009
gobernó una coalición de partidos de centro-izquierda (Concertación); en España hasta 2011 gobernó el PSOE;
en Portugal gobernó el Partido Socialista hasta 2011; en Grecia el PSOK gobernó hasta 2012.
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