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LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

En Colombia cada día mueren 20 personas co-mo consecuencia de la violencia política, de lascuales 5 son en enfrentamientos armados; cadadía son desaparecidas 4 personas; cada dos díases asesinado 1 sindicalista; cada día se cometen 2masacres (asesinatos colectivos) y se asesina unapersona en campañas de limpieza social (margi-nados, indigentes, niños de la calle, etc.) La si-tuación de violación de los derechos humanos hasido calificada por la Oficina de Naciones Unidaspara los Derechos Humanos en Colombia de “gra-ve, masiva y sistemática”, y responsabiliza al Es-tado por su acción y omisión.

El paramilitarismo forma parte de una políti-ca del Estado dirigida a favorecer intereses de sec-tores determinados de la población, del narcotrá-fico y de empresas transnacionales; su accionarse ha caracterizado por la eliminación física dequien ejerza o pretenda ejercer oposición, y se haorientado a generar el terror. Estos grupos han ac-tuado con el apoyo de las Fuerzas Armadas. En elaño 2001 cometieron 171 matanzas, dentro de lascuales se destacan la cometida contra comunida-des indígenas y afrocolombianas en el sur del pa-ís (Naya- Cauca), donde fueron masacradas másde 70 personas y la de Chengue- Sucre donde fue-ron masacrados 38 campesinos. Así mismo, estosgrupos han cometido más de 14.000 Crímenes deLesa Humanidad entre 1988- 2003.9

La impunidad es un problema estructural delEstado colombiano y se sitúa cada vez más en el

campo de la Justicia, constituyéndose un factorfundamental en la espiral de violencia de la so-ciedad en general. Los responsables de numero-sos crímenes, de desapariciones forzadas y en ge-neral de las violaciones graves a los derechos hu-manos no han sido investigados, e incluso, en al-gunos casos han sido recompensados.

Introducción

Esta impunidad ha sido garantizada a partir deldiseño e implementación de más de 80 mecanis-mos para impedir que sean conocidos y enjuicia-dos los responsables y beneficiarios de los mis-mos; algunos de estos mecanismos son de carác-ter constitucional o legal (el fuero penal militar,ausencia o indebida tipificación de los crímenes yactos crueles e inhumanos); otros son de hecho(antes, durante y después de los crímenes).

9 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política.Cinep, diciembre de 2004.

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Policía apuntando a unmanifestante en un paro

cívico.

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La justicia se ha colapsado debido al excesivocontrol del mismo aparato judicial. El modelode justicia que salió de la Constitución del 91concentró en la Fiscalía General de la Naciónun poder absoluto: maneja el primer discerni-miento de acusaciones, pruebas y medidas deaseguramiento y asume la dirección de todoslos procesos.

En los últimos 10 años se han promulgado va-rias reformas al contenido de derechos humanosde la Constitución de 1991, iniciativas que han te-nido la intención clara de desmontar el Estado so-cial de derecho y volver al viejo estado “regene-racionista” caracterizado por el desconocimientode los derechos fundamentales.

“Las propuestas legislativas han estado ca-racterizadas en general, por el endurecimientode las penas y la creación de nuevos crímenes,así como el debilitamiento de las garantíasconstitucionales y legales”. (Alto Comisiona-do de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos -2004).

• Los decretos 2002 y 2003 promulgados elaño 2002, que crearon las “Zonas de Reha-bilitación y Consolidación” fueron decla-radas inconstitucionales por la Corte Cons-titucional.

• El acto legislativo 02 del 2002, conocido co-mo Estatuto Antiterrorista, limita las liberta-des a la población y extiende las facultades ala Fuerza Pública dándole facultades judicia-les. Declarado inconstitucional.

• Decreto 128 del 2003 que posibilita la entrega deparamilitares y guerrilleros, no en procesos de paz,sino como delatores y desertores, garantizándolesgrandes posibilidades para ser merecedores de unindulto, beneficios económicos e impunidad a cam-bio de que sean funcionales a la guerra, como in-formantes de la Fuerza Pública o la Fiscalía.

• Propuesta de Ley de Alternatividad Penal o deperdón y olvido, que en contra de lo que vienesucediendo en América Latina, pretende ponerpunto final a miles de crímenes cometidos porlos grupos paramilitares en apoyo y connivenciacon las Fuerzas Armadas, aduciendo que estasmedidas contribuyen a la reconciliación y des-activan el conflicto.

• Proyecto de Reforma de la Justicia, que preten-de limitar la Acción de Tutela, y deja sin pro-tección la garantía de los derechos económicosy sociales, viéndose vulneradas las mujeres, lascomunidades indígenas y afrodescendientes,respecto de los cuales se han obtenido avancespor decisión de los jueces y tribunales.

En desarrollo de la política de “Seguridad Demo-crática”, el gobierno de Alvaro Uribe Vélez ha re-tomado fundamentos centrales de la otrora Doc-trina de Seguridad Nacional, donde se define laexistencia de un enemigo interno de carácter co-lectivo, del cual no sólo formarían parte las orga-nizaciones insurgentes, sino también las organi-zaciones sociales, cívicas, sindicales, de derechoshumanos, políticas de oposición, así como quie-nes residen en zonas de conflicto. Las detencio-nes masivas y arbitrarias son utilizadas como unmecanismo de persecución política.

La seguridad democrática ha implicado unaruptura de los principios de distinción y propor-

cionalidad, pues se ha asumido que quienes vivenen zonas de conflicto o desarrollan luchas reivin-dicativas, son soporte de la guerrilla, desencade-nando las masivas, indiscriminadas y arbitrariasprivaciones de la libertad ejecutadas por parte dela Fuerza Pública. Según el Informe “Libertad: re-hén de la seguridad democrática” del 17/07/05 en-tre el 7 de agosto de 2002 y el 6 de agosto de2004, por lo menos 6.332 personas fueron dete-nidas arbitrariamente en Colombia, mientras quedurante los seis años precedentes (desde julio de1996 hasta junio de 2002) lo fueron alrededor de2.869 personas. Esas cifras permiten afirmar fun-dadamente que existe una relación directa entrela implementación de la “política de seguridad de-

Reformas Constitucionales que lesionan los derechos fundamentales

Las Detenciones Masivas

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mocrática” y el aumento de las violaciones al de-recho a la libertad personal a través de detencio-nes arbitrarias.

El diario El Tiempo, ha publicado varios artícu-los sobre el tema, apoyado siempre en posiciones am-biguas. Tituló uno de sus editoriales (19.02.04) “Re-dadas: menos justos y más pecadores”. Pocos díasdespués (22.02.04) la Procuraduría dio a conocer undocumento en el cual evaluaba los casos de 1957 per-sonas capturadas en operativos masivos y acusadasde delitos de “rebelión”, “concierto para delinquir”y “tráfico de estupefacientes”, de las cuales 754 ha-bían sido liberadas. Según la Procuraduría, en mu-chas de las capturas masivas realizadas en 11 depar-tamentos durante el año 2003, no había ni siquieraorden previa de captura y fueron violadas las garan-tías procesales10.

Un día de madrugada (12/11/02) patrullas mili-tares y policiales atrapan al azar a 2000 personas enSaravena -Arauca-, y las encierran en el coliseo mu-nicipal, las maltratan, las censan y reseñan y las mar-can como al ganado con sellos de tinta indeleble.Luego allanan 70 residencias y sitios de trabajo y cap-turan a 85 personas: fueron expresamente a las sedessindicales, de movimientos cívicos, populares y ju-veniles. La Fiscalía estaba instalada en los mismoscuarteles militares. Cuando se quisieron precisar lasacusaciones, solo pudieron presentar algunas contra10 personas y quién sabe con qué tipo de “pruebas”.

Amedia noche del 16 de octubre de 2002, la Co-muna 13 de Medellín se vio invadida por 1000 hom-bres armados que iniciaban la “Operación Orión”,según se dijo, bajo la dirección inmediata del Presi-dente Uribe. Fue una violación flagrante del Dere-cho Internacional Humanitario que no permite con-

vertir en campo de batalla una zona donde viven mi-llares de niños, mujeres, ancianos y pobladores des-armados. Pero el General Gallego, comandante de laPolicía Metropolitana del Valle de Aburrá, ordenó quese detuviera sin control y que después se investigara.Más de 350 pobladores fueron capturados, amarra-dos como animales y presentados por todos los me-dios de información como “terroristas” (eran muy po-bres y por eso no han puesto las demandas que debe-rían poner contra los medios de “información”). Losfiscales y los mismos procuradores decidieron actuar

al lado de la fuerza pública y dejar a un lado su mi-sión constitucional de proteger a la población civil deabusos y violencias. En la judicialización se utiliza-ron “testimonios” de criminales y se clonaron abo-gados y testigos. Pocos días después cerca de 300 delos detenidos tuvieron que ser puestos en libertad por-que no había de qué acusarlos, ni siquiera utilizandotan perversos mecanismos de “prueba”.

Reiteradamente la oficina del Alto Comisionadode Derechos Humanos de Naciones Unidas, harecomendado al gobierno colombiano romper loslazos existentes entre miembros de la Fuerza Pú-blica y los grupos paramilitares. A pesar de di-chos llamados, los vínculos de apoyo se hanmantenido, siendo además notorio que han sidoprivilegiadas las operaciones encubiertas, en

donde simulando el carácter de paramilitares,personal de la Fuerza Pública ha ejecutado crí-menes contra la población civil. Éste es el casoocurrido en los departamentos de Arauca y laGuajira, en donde miembros de la Fuerza Públi-ca, simulando el carácter de paramilitares, hanacometido, contra las comunidades campesinase indígenas allí residentes, asesinatos de indíge-nas, destrucción de bienes, saqueo y pillaje delos puestos de salud, generando un desplaza-miento forzado.

Acciones encubiertas

10 Ver: Nuevo Siglo, edición del 23 de febrero de 2004, pági-na. 4; El Colombiano, edición del 23 de febrero de 2004,página 12.

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Policía reprimiendo un parocívico.


En Colombia existen medidas que restringen el ac-ceso de la prensa a zonas de conflicto, medidas quehan sido declaradas inconstitucionales. Asu vez dis-tintos funcionarios han incidido en los medios de co-municación para que se “autorregulen” en la difu-sión de la información, medida que coarta la libertad

de expresión. Así mismo, el Vicepresidente de la Re-pública ha manifestado que en medio del conflicto laprensa no puede ser “neutral”. En estas condiciones,varios periodistas han sido asesinados, amenazadosy exiliados e incluso atacados por la Fuerza Públicamientras desarrollaban sus labores.

Para el año 2001, el número de personas privadasde la libertad en Colombia ascendía a 50.775, delas cuales el 94% corresponden a hombres y el6% a mujeres. Según cifras oficiales del InstitutoNacional y Penitenciario (INPEC), el cupo dis-ponible en los Centros carcelarios del país paraese mismo año era de 39.898 personas, lo que ha-ce que se presente un hacinamiento crónico queviene aumentando aceleradamente. Las personasprivadas de libertad en las cárceles y penitencia-rías de Colombia pertenecen a los grupos más vul-nerables y en general soportan tratos crueles y de-gradantes derivados de los altos niveles de haci-namiento crítico y severo.11

Las violaciones derivadas de la situación dehacinamiento se traducen en sistemáticos tratoscrueles, degradantes e inhumanos de los deteni-dos : violencia generalizada dentro de los centroscarcelarios, la no clasificación de los detenidos(detenidos preventivos, sindicados y condenados),falta o ausencia total de atención sanitaria, esca-sez y/o inadecuada calidad de alimentos, insegu-ridad jurídica de las personas privadas de la li-bertad, falta de acceso a la educación, recreacióny trabajo y ausencia de atención especializada re-querida por determinados colectivos como indí-genas, afrocolombianos, mayores de edad y laspersonas con enfermedades terminales

Se han intensificado durante el último período lasfumigaciones por vía de aspersión aérea de los cul-tivos ilícitos, medida con la cual se ha venido afec-tando a centenares de pobladores en su salud y sub-sistencia, afectando a su vez al ecosistema. Segúnla dirección antinarcóticos de la Policía Nacional,desde 1999 a 2002, un total de 325.700 hectáreashan sido fumigadas, de las cuales el 38% corres-ponde al Putumayo, donde la subdirección de Sa-lud Pública ha documentado cómo sólo durante unaño de fumigaciones, 964 personas presentaron

problemas respiratorios, 876 gastrointestinales, 524dérmicos y 516 febriles. Y en el Sur de Bolívar sedeclaró la emergencia por la perdida de 5.315 hec-táreas de cultivos de yuca, plátano, café, frijol, to-mate, cacao, maíz y hortalizas, durante la fumiga-ción de cultivos de coca por la Policía Antinarcó-ticos. También se manifestó que sólo se erradica-ron 188 hectáreas de cultivos de coca, mientras16.715 de cultivos lícitos fueron afectados, ademásde la contaminación de las fuentes de agua y lamuerte de animales domésticos.

Los derechos a la libertad de expresión e información en alto riesgo

Las fumigaciones: atentado a los derechos a la salud y subsistencia

Situación carcelaria y presos políticos

Una situación permanente de violación a la vida y a la dignidad humana

11 El Consejo de Europa elaboró en el año 1999 un Informe es-pecial acerca de la sobrepoblación carcelaria y definió los sis-temas penitenciarios con un índice del 160%.La Misión In-ternacional de Derechos Humanos y Situación Carcelariaconvocada por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado

de Naciones Unidas (OACNUD) constató en algunos Cen-tros carcelarios visitados un hacinamiento superior al 300%y hasta del 800% en Centros adscritos a la VIII Comisaría,Distrito de Kennedy, Bogotá, D.C., en las celdas para “casti-gados”, mujeres y menores infractores.


Por otra parte el trato que reciben por parte delas autoridades judiciales, policiales y peniten-ciarias constituye una flagrante violación a los de-rechos humanos. Una de las principales causasque explica esta situación radica en la ausencia deuna “política criminal” que de respuestas concre-tas frente a los diversos problemas sociales, eco-nómicos y políticos que han dado lugar a la so-brecriminalización de conductas, al aumento enla calificación de delitos inexcarcelables y en ge-neral al aumento de las penas.

Las autoridades penitenciarias aducen cons-tantemente que las causas de la violencia intra-carcelaria obedece al conflicto armado inter-no, pero solo el 8% de las personas privadas delibertad están vinculadas directamente al con-flicto armado. Según la Misión Internacionalque visitó Colombia en octubre del 2001 cons-tató que “es la marcada prevalencia de ingo-bernabilidad y la corrupción, aunada a la faltade medidas efectivas contra la violencia, la quecondiciona y favorece los brotes de violencia yenfrentamientos entre las personas detenidasque ha causado varias personas muertas en losCentros Carcelarios del país”.

Los prisioneros políticosEn las cárceles de Colombia cerca de 7.000 per-sonas cumplen condena por motivos políticos. Sinembargo, no se les otorga el estatus de Presos Po-líticos, entendiendo que un Preso Político es “des-de un sindicalista, un campesino, un estudiante oun defensor de Derechos Humanos, hasta una per-sona que se ha alzado en armas contra el Estado”.El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelariode Colombia (INPEC) tampoco reconoce la ca-tegoría de Preso Político, pero en sus documen-tos estadísticos aparecen clasificados con esa ca-tegoría. Esta situación se presenta porque el go-bierno colombiano se empeña en desconocer queexiste un conflicto armado interno y, además, ase-gura que las personas privadas de libertad son te-rroristas.

Esta cifra ha ido aumentado con los años, pe-ro con los ajustes llevados a cabo en la legislaciónen la “lucha contra el terrorismo”, se ha dado unaenorme represión contra la población civil. LosPresos Políticos son sindicalistas defensores dederechos humanos, líderes sociales, campesinose indígenas y el 12% son mujeres.

La situación jurídica es grave, en un 70% laspersonas no tienen situación definida, es decir, nihan tenido juicio ni sentencia.

Los delitos que se les imputa a los Presos Po-líticos se han venido desvirtuando; a partir de loshechos del 11 de septiembre de 2001 en NuevaYork, el gobierno ha venido adoptando una seriede legislaciones que introducen el delito de Te-rrorismo y aunque el Código de ProcedimientoPenal Colombiano ha tipificado el delito de rebe-lión, éste se viene tergiversando

Las penasNo existe la pena de muerte en el país ni la cade-na perpetua. La pena máxima estaba en 40 años y,con la reforma del año 2003, se elevó a 60 años.Hay mucha gente sentenciada a 40 años, sobre to-do por el delito de secuestro con extorsión u ho-micidio. Pero existen muchos casos de detenidospolíticos y combatientes condenados a 30 o 40años y con otros procesos pendientes.

El sistema judicial en Colombia funciona co-mo un mecanismo más de impunidad. En la ma-yoría de las investigaciones se utilizan como prue-ba los testimonios de personas pagadas por la Fis-calía, con el fin de poder enjuiciar y condenar alas personas. Esta práctica es mucho más eviden-te en lo concerniente a los delitos políticos. Es tanescandalosa que hay mucha gente que es proce-sada, juzgada y condenada y posteriormente es de-clarada inocente.

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Manifestación pidiendo lalibertad de un preso político.


En el contexto nacional, en el marco social,económico, político y cultural también se reflejanclaras formas de violación a los derechos humanosde la mujer. Se calcula que Colombia, tiene43.070.704 habitantes de los cuales el 51% son mu-jeres (un 76% de ellas viven en las áreas urbanas).Colombia sigue teniendo una población muy jovencon el 50% de mujeres menores de 25 años.

Diversas fuentes estiman que en Colombiase producen entre 350.000 y 400.000 abortos alaño, de los cuales una cuarta parte son espon-táneos. Colombia es uno de los pocos paísesque sigue penalizando el aborto en todas suscausas, situación que ocasiona un grave pro-blema de salud pública y una vulneración a losderechos de la mujer.

Situación de la mujer

El índice de desarrollo relativo al género IDGes más bajo cada vez. En 1977 era de 0.771 y enel 2001 continua la misma cifra demostrando unadisminución en la garantía de los derechos. Don-de hay mayor desigualdad es en el ingreso; sigueexistiendo una gran inequidad en cuanto a la re-muneración de las mujeres. En el año 2000, se-gún el Informe de Desarrollo Humano 2002, laestimación del ingreso por trabajo remunerado erade 3.996 dólares anuales para las mujeres y de8.558 para los hombres, lo que muestra una dife-rencia anual de 4.562 dólares a favor de los hom-bres. La taza de desempleo general es del 18% ydel 55% para las mujeres.

Violencia sexual contra las mujeres. En elaño 2002 se practicaron 14.421 dictámenes se-xológicos. De éstos, sólo en uno de cada trespresuntos delitos hay evidencia física y la pro-porción es de 6 mujeres por un hombre agredi-do y una de cada 23 personas agredidas presen-ta alguna enfermedad de transmisión sexual.Aproximadamente un 85.7 % de las víctimasfueron mujeres con un promedio de edad de 14años. El 74% de los casos corresponde a meno-res de edad. El 6% de las menores de 17 añosagredidas resulta en estado de embarazo. Conrespecto al agresor, en el 77% de los casos enque se encuentra evidencia y en el 81% de los

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que no se encuentra evidencia, es una personaallegada a la víctima.

En lo referente a violencia intrafamiliar elInstituto de Medicina Legal realizó en el año2002, 64.979 dictámenes de lesiones personales,a causa de denuncias instauradas a nivel judicial;de estos casos el 62% corresponde a maltratoconyugal y de este total 785 de las agresionesfueron contra las mujeres-

Violencia Política Contra las MujeresEn 2001 hubo 38.406 muertes por causas vio-lentas, 12% de las víctimas eran mujeres. Lacausa más frecuente de muerte violenta en mu-jeres es el homicidio (44.2%); le sigue en ordende importancia, para las mujeres, las muertes enaccidentes de tránsito (29.4%). El número de ho-micidios en mujeres perpetrado con arma de fue-go aumentó de 2000 a 2001 en 30.1%, frente alincremento del 20% en los hombres. Ésta situa-ción es alarmante:

• Según el PNUD, las mujeres son víctimas dela violencia política en cuatro escenarios: co-mo blanco directo de acciones violentas, comovíctimas incidentales de abusos sexuales en elmarco de dichas acciones, como miembro deuna red de relaciones familiares y afectivas, asícomo víctima de actos de violencia sexual y demenoscabo a su libertad dentro de los propiosgrupos armados.

• Entre el 2000 y el 2002 aumentó en un 114%el número de mujeres muertas en combate y enun 20% los homicidios fuera de él.

• Las mujeres fueron víctimas del 6% de los ho-micidios en combate, fuera de combate y des-apariciones forzadas, del 10 % de las torturas,del 11% de las lesiones por explosión de minasantipersona y del 18 % de los secuestros.

• En el desplazamiento forzado la mujer repre-senta el 47% de la población afectada.

• El 17% de los defensores de derechos huma-nos asesinados o desaparecidos eran mujeres,16% de los sindicalistas y 16% de los indíge-nas muertos.

Las mujeres sufren de diversos tipos de pre-sión por parte de los actores armados del conflic-to: Sufren amenazas directas contra su vida o lade sus familiares, son sometidas a cualquier tipode coacción, bien sea por su pertenencia a organi-zaciones de mujeres, organizaciones de base o dederechos humanos en general. Así mismo, sonamenazadas o asesinadas por su parentesco o vín-culo afectivo con algún actor del conflicto, por ladefensa de sus familiares frente a las amenazasque pesan sobre ellos o por la oposición de las mu-jeres al reclutamiento forzado de sus hijos, cón-yuges o familiares y, en general.

Entre julio de 2001 y julio de 2002, el82.5% de las mujeres que perdieron la vida fuepor homicidios políticos y ejecuciones extra-judiciales, porcentaje seguido de lejos por el6.7% en razón del combate entre actores arma-dos. Otra de las prácticas generalizadas de losactores armados que afecta especialmente a lasmujeres es la imposición de ‘Códigos de con-ducta’ de evidente enfoque patriarcal, en loscuales se restringen sus derechos a la libertad,a la autonomía, a la intimidad y al buen nom-bre, entre otros. El control del tipo de vestido,modo de arreglo personal, hasta la libre elec-ción de su pareja y el ejercicio de sus derechossexuales y reproductivos, como el de decidir li-bremente su planificación, son aspectos que losactores armados entran a regular, desconocien-do la autodeterminación de las mujeres y enmuchos casos, sus prácticas culturales tradi-cionales.

Naciones Unidas se ha pronunciado al res-pecto: “Las mujeres son igualmente sometidasa sanciones crueles por no seguir los códigosde conducta impuestos por los grupos parami-litares en distintas zonas del país”. Por tales cir-cunstancias, las mujeres deben suministrar in-formación, preparar alimentos y permanecer re-tenidas en sus hogares hasta que los grupos ar-mados lo ordenen. Estas infracciones al Dere-cho Internacional Humanitario además expo-nen a las mujeres a ser acusadas de colabora-ción con estos grupos ilegales.

La violencia contra las organizaciones de mu-jeres está siendo generalizada. Las amenazas con-tra la vida de sus líderes, los atentados a su in-fraestructura y la presión para obligar a su des-plazamiento o cese de actividades son, entre mu-chas otras, las afrentas más graves sobre los espa-

En Colombia existen cerca de 81 pueblos indíge-nas distribuidos en 450 comunidades que consti-tuyen una población cercana al medio millón depersonas. Su ubicación se encuentra especial-mente en los departamentos del Cauca, Guajira,Nariño, Chocó, Córdoba, Vaupés, Putumayo, Vi-chada, Guanía, Amazonas, Antioquia y Tolima.

Históricamente los pueblos indígenas se hanvisto afectados por los conflictos armados que sehan vivido y se viven en el país, con especial vul-nerabilidad por el poco reconocimiento que se ha-

ce de sus derechos. Aunque la Constitución de1991 abrió una posibilidad para la defensa de susderechos al reconocerse como una nación pluriét-nica y multicultural. No obstante, son las minorí-as étnicas las que de manera más aguda sufren lasconsecuencias del conflicto armado interno, al serexpropiados de manera violenta de sus tierras porlos intereses económicos, militares y políticos queestán en juego en el marco del conflicto interno.Yaen varias regiones del país se han venido presen-tando procesos de desplazamiento forzado pro-vocados por los actores armados que respaldan in-


cios de participación activa de las mujeres y unade las consecuencias más evidentes y graves delconflicto en el tejido social. Las organizacionesque han tenido todo tipo de agresión tanto por par-te del Estado como de los grupos paramilitares

han sido la Organización Femenina Popular(OFP), La Asociación Nacional de Mujeres Cam-pesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) ylas Organizaciones del Madres Comunitarias deCúcuta, Norte de Santander, entre otras.

Genocidio de los Pueblos Indígenas512 años resistiendo

Reparto de semillas entre unamujer arahuaca y una mujer

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tereses de megaproyectos cuya implementaciónrequiere de los territorios de los pueblos indíge-nas. Ante esta violación sistemática de los de losderechos de los pueblos indígenas, y de los dere-chos humanos de estas poblaciones, las autorida-des del Estado no se pronuncian y por el contra-rio se presentan iniciativas como la ley forestalque busca legitimar los procesos de exterminio delos pueblos indígenas, su forma de vida, la ex-propiación de sus territorios a favor de interesescomerciales, financieros e individuales. Visiónque respalda y se ampara en los procesos de gue-rra. Por el contrario para los pueblos indígenas lanaturaleza ampara su proyecto de vida.

Así mismo, el Estado colombiano suscribió elConvenio 169 de la OIT, sin embargo, viene apli-cando el Decreto 1728 de 2002, que pretendedesmontar toda la protección ambiental y los de-rechos territoriales y humanos de los pueblos in-dígenas, ante la explotación de recursos y la eje-cución de megaproyectos.

Neocolonialismo y BarbarieLa puesta en marcha del Tratado de Libre Co-mercio (TLC) y el Acuerdo de Libre Comerciopara las Américas (ALCA) en Colombia, poneen riesgo la existencia de los pueblos indígenas,la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el co-nocimiento ancestral indígena, la inalienabilidad,inembargabilidad e inpresciptibilidad del territo-rio y sus recursos. Estas estrategias han ido acom-pañadas de un componente militar altamente re-presivo contra los pueblos indígenas y ejecutadaspor el gobierno colombiano con la ayuda de losEstados Unidos a través del Plan Colombia.

La ubicación de Bases Militares en sus terri-torios en el marco de “la seguridad democrática”aplicada en los últimos años, viene incrementan-do las violaciones a los Derechos Humanos de losPueblos Indígenas. Estadísticas de organismos deDerechos Humanos ubican a los indígenas den-tro del mayor porcentaje de comunidades despla-zadas por la violencia, más de 3.500 indígenashan sido asesinados, dentro de los cuales, más de150 eran de los pueblos Kankuamo, Wayúu, Wi-was y Embera ubicados en el norte del país.

El auge de la guerra viene siendo una amena-za permanente para los pueblos indígenas: se lesprohíbe el libre tránsito por sus territorios, el ac-ceso a alimentos y medicinas, existen pueblos se-cuestrados en sus propios territorios como el pue-

blo Bari en la región del Catatumbo- Norte deSantander ó los Kankuamos en la Sierra Nevadade Santa Marta, entre otros.

El desplazamiento forzado es uno de los másgraves problemas de violación a los derechos hu-manos que enfrentan los pueblos indígenas de Co-lombia. En 10 años se estima que más de 15.000indígenas salieron desplazados de manera forza-da, ya sea al interior de sus resguardos o haciaotros lugares del país. El mayor desplazamientose concentra en la Sierra Nevada de Santa Martacon el desplazamiento del pueblo Kankuamo, Ar-huaco y Wiwa.

En el departamento del Putumayo, ubicado enel sur del país y epicentro de la guerra desatadaen los últimos cinco años con la ejecución del Plan

Colombia, las fumigaciones, las presiones de losgrupos armados, las petroleras, la ampliación dela vía Mocoa-Puerto Asís, entre otras causas, hanprovocado la salida de los pueblos Kofán y Qui-chua hacia el Ecuador, junto a desplazamientoscampesinos, hacia el oriente del departamento. Enotros puntos de la Amazonía, los pueblos indíge-

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nas empiezan a sentir los estragos de la guerra. Seestiman entre 2.400 y 3.000 indígenas desplaza-dos por presiones de los actores armados ocu-pando sus territorios para la expansión del culti-vo de la coca.

Según informes del Grupo Temático de Despla-zamiento presentados en el Informe Anual de AC-NUR, “el 38 % de la población desplazada corres-

Igualmente, este drama está marcando con-secuencias profundas en los pueblos indígenasque les ha llevado a la desterritorialización, haprovocado la ruptura de las redes de familias ylos intercambios económicos, el debilitamientode las organizaciones y comunidades, la vulne-rabilidad de los jóvenes ante el reclutamiento, lapérdida de rol de autoridades y médicos tradi-cionales, el incremento en los niveles de desnu-trición y la pérdida de educación étnica.

Cinco siglos después, continúa el exterminio de los pueblos indígenasEl asesinato de los pueblos indígenas es unaconstante en la historia colombiana. En el año2005 fue asesinado Miguel Domicó, uno de losúltimos líderes indígenas Embera-Katio que que-daban en las comunidades del nudo del Parami-llo -resguardo indígena ubicado entre los de-partamentos de Córdoba y Antioquia-. Asímis-mo en los últimos tres años fueron eliminados177 indígenas Kankuamos y 35 indígenas Wa-yuu, y en el primer semestre del 2005 fueron ase-sinados 15 indígenas Paeces. Todos ellos lo fue-ron a manos del ejército bajo la acusación de serguerrilleros.

Hoy nos preguntamos, ¿responden estos ase-sinatos a razones raciales? O ¿es debido a la cre-ciente figuración política que pueden llegar a te-ner los movimientos indígenas?

Los pueblos indígenas no se han escapado delas detenciones masivas y de la criminalizaciónde su lucha. Actualmente hay 375 indígenas de-tenidos arbitrariamente y amenazados dirigen-tes de la Organización Indígena del pueblo Kan-kuamo, del Consejo Regional Indígena de Cal-das y Gobernadores del Departamento del Cau-ca. Todos estos hechos se han presentado en elmarco de las negociaciones que adelanta el go-bierno de Álvaro Uribe Vélez con los grupos pa-ramilitares colombianos.

Los efectos psicológicos de la represión ejer-cida contra los pueblos indígenas vienen cobran-do vidas. Fenómenos como el del suicidio se vie-nen propagando en la población joven del puebloEmbera de bajo Atrato en el departamento delChocó. En los últimos cinco años 14 jóvenes sehan suicidado que para el total de su etnia -Em-bera- significa un 1.8%, cifra significativa paracualquier pueblo indígena en Colombia.

ponde a grupos étnicos. Comparando lo ocurrido enel año 2000 y el primer trimestre del año 2001, se ob-serva que la afectación de las comunidades negras eindígenas ha aumentado en un 80%”.

La Defensoría del Pueblo sostiene, que el des-plazamiento forzado indígena implica “...una degra-dación acelerada de la vida de la población étnica, da-do que el desarraigo territorial altera gravemente suidentidad, integridad y cultura; situación que planteauna impotencia a tal punto que el ordenamiento jurí-dico nacional e internacional que los protege resultainsuficiente”.

En el Departamento del Chocó, en el Bajoy Medio Atrato, los indígenas de Riosucio, de Vigía,Murindó y Bojayá están sufriendo de manera siste-mática desde el año 1997 múltiples desplazamientoshacia su Capital Quibdo y hacia la zona del Darién-Panamá, por consecuencia de la llamada “OperaciónGénesis” que ha desatado una serie de hechos de vio-lación a los derechos humanos mediante masacres ydesapariciones forzadas en una disputa por el controldel territorio; el cual viene siendo entregado a em-presas multinacionales para el cultivo agroindustrialde palma africana.

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Casa abandonada por acosode los paramilitares en elmunicipio de San Calixto(Departamento de Norte

de Santander).


Varios pueblos indígenas en Colombia pose-en medidas Cautelares ordenadas por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos (CIDH):El Pueblo Embera Katío del Alto Sinú (Departa-mento de Córdoba), comunidades indígenas, ne-gras y campesinas del Alto Naya (límites entre Va-lle y Cauca). Por un lado el gobierno colombianono ha tomado medidas para evitar el exterminiosistemático de estas comunidades y por otro, lasinvestigaciones en casos de desapariciones for-zadas, masacres y ejecuciones extrajudiciales desus líderes siguen en absoluta impunidad.

Los recursos hídricos, eje del conflictodel pueblo KankuamoEl pueblo Kankuamo es uno de cuatro pueblos in-dígenas que habitan la Sierra Nevada de SantaMarta en el norte de Colombia, junto a los Ara-huaca, Wiwa y Kogui. Habitan las laderas surorientales de dicha sierra y son aproximadamen-te 13.000 personas.

Después de un proceso de recuperación cul-tural en los años 70 y 80, lograron su reconoci-miento como pueblo indígena en el año 1992basándose en la Constitución Política de 1991.No fue hasta el final del siglo XX que sus te-rritorios fueron reconocidos como resguardoindígena, siendo entonces tierras colectivas yno enajenables.

Durante buena parte de ese proceso, los Kan-kuamos, igual que los otros tres pueblos, hancompartido la Sierra con grupos armados. Pri-mero llegaron las guerrillas del ELN y las FARCen los 80 y luego los grupos paramilitares de lasAUC. Si bien es cierto que la guerrilla se impu-so en los 80 ajusticiando delincuentes en la co-munidad y opositores, la mayor parte de los apro-ximadamente 250 asesinatos que se han produci-do son responsabilidad de los paramilitares y deesos, la mayoría (177), han sucedido bajo el go-bierno de Álvaro Uribe.

Según la ONG, Colectivo de Abogados Jo-sé Alvear Restrepo el 66% de los asesinatos deKankuamos en el 2003 fueron a manos de lasAUC, el 13% a manos de las FARC, el 2% di-rectamente de la fuerza pública y el resto por au-tores desconocidos o sin identificar. En el 2004todos los asesinatos, salvo dos, fueron perpetra-dos por las AUC.

La intensidad del conflicto en los últimos añostiene una explicación que en parte tiene que vercon su ubicación estratégica, pues la Sierra se ex-tiende desde la ciudad de Valledupar hasta SantaMarta con una amplia costa que le hace servir co-mo ruta de contrabando, tráfico de armas, etc. Sinembargo, estas razones son consecuencias delmismo conflicto y no su causa.

La explicación más ajustada tiene que ver conlos planes que hay para la zona. La Sierra Neva-da es rica en recursos hidrográficos y se prevé

construir un sistema de suministro de agua paralas ciudades a pie de la Sierra y el riego de losgrandes monocultivos que están en manos de em-presas agroindustriales, paramilitares y grandesterratenientes.

El Estado colombiano propone tres megapro-yectos para la zona. El primero es la represa so-bre el río Guatapurí para el proyecto arriba men-cionado de acueducto y riego. El segundo pro-yecto pretende desviar el río Ranchería para faci-litar la extracción de carbón por parte de empre-sas multinacionales en el Cerrejón (BHP Billitonplc. Anglo American plc. Glencore AG). El últi-mo plan es para construir un teleférico desde San-ta Marta hasta la “Ciudad Perdida”. Los ríos afec-tados tienen un gran valor cultural y espiritual pa-

Vista panorámica deAtanquez, capital de los

kankuamo.


ra los Kankuamo y la “Ciudad Perdida” es un si-tio sagrado para ellos.

Como muestra de la relación entre los pla-nes para la zona y la violencia basta mirar el fe-nómeno del desplazamiento forzado. Más de2.000 Kankuamos han sido desplazados en losúltimos años de una población total de apenas13.000. El pueblo Kankuamo cuenta con doceasentamientos, sin embargo en la realidad solo

ofensivas militares de los actores en conflicto nocoincide con las lógicas de una guerra de guerri-llas, y que, por el contrario, las fuerzas paramilita-res asientan y consolidan proyectos económicos ypolíticos que apuntan a escenarios de posconflic-to. Incluso pensando en proyectos de gran enver-gadura, como lo puede ser el megaproyecto delValle del río Sinú, se explicaría el genocidio de losEmbera Katios.

El debate de Urrá generó una gran contro-versia por los enormes daños ambientales y so-ciales a costa de unos beneficios controverti-bles, una represa que embalsaba las aguas delrío Sinú, en la que se instalaron 320 MW de po-tencia cuando en el país están instalados 12.000MW a costa de un enorme impacto social yambiental. Pero la construcción de Urrá puedeverse también como el eje de un proceso detransformación integral del territorio, como unambicioso proyecto que convierte a las plani-cies de Córdoba en un poderoso enclaveagroindustrial insertado en la economía globa-lizada, en el que la regulación de los caudalesde agua del río que llegó con la represa condi-cionó absolutamente todas las actividades an-trópicas del valle.

Actualmente en el valle del río Sinú se con-centran agrocultivos sumamente riesgosos co-mo son algunas especies transgénicas de Sorgoy Algodón, se implementan agresivamente pro-yectos camaroneros en los litorales y se cons-truyen distritos de riego con recursos del Ban-co Mundial. Sin embargo, esta región ha sufri-do uno de los procesos más graves de concen-tración de la tierra, en el que los grandes pro-pietarios también son los grandes señores delparamilitarismo. Desde ese punto de vista pue-den verse los procesos de negociación de San-tafe de Ralito como procesos de legitimaciónde capitales, entre los que están los del narco-tráfico, o como plataformas de validación po-lítica del proyecto de extrema derecha en Co-lombia, que espera dejar en el olvido las terri-bles violaciones a los derechos fundamentalesque han perpetrado.

Con los Megaproyectos relacionados con laconstrucción de infraestructura que integra lospolos económicos locales y globales, y la mo-dificación de los regímenes hídricos que modi-

tienen once, pues el pueblo de Murillo ya noexiste al ser sus habitantes expulsados por losparamilitares después del asesinato de sus diri-gentes. Murillo está dentro del resguardo perosobre terreno donde se construiría la represa.Como la tierra indígena no es enajenable se tra-baja con base en hechos consumidos. Expul-sando a la gente se limpia el camino para losmegaproyectos.

Megaproyectos en territorio indígena y afrodescendienteAl hablar de megaproyectos puede pensarse en laconfiguración de la guerra en términos no necesa-riamente militares, es decir, el sentido de que las

Casa sagrada de los mamosde los kankuamo enChemesquemena.


fican los usos de la tierra, aparecen proyectosde gran envergadura que buscan asegurar elabastecimiento de insumos fundamentales delos aparatos productivos como son la energíafósil, y minerales como el oro, yeso o materia-les de construcción.

El carbón mantiene el 25% de la energía pri-maria que se consume en el mundo, y Colombiaes el tercer exportador mundial con cerca de 40millones de toneladas; el 95% de la producciónse concentra en las minas de la Guajira y Cesar.El megaproyecto que contempla la explotaciónmasiva de carbón durante los próximos 25 añosse ha valido de la ofensiva de las multinacionalesque cuentan con las concesiones de explotaciónpara la disminución de los requisitos legales y lasobligaciones fiscales, asegurando tasas de retor-no sumamente altas, como por ejemplo la dismi-nución de las regalías del 15% al 0,4% gracias apresiones en las altas esferas del gobierno, con locual el estado pierde cerca de 400 millones de dó-lares con las operaciones de Carbón en el Cesar,realizadas por Drummond, demandada por cienmillones de dólares en la Corte penal de Alaba-ma, Estados Unidos, por el asesinato de dos líde-res sindicales.

Las actividades carboneras en el Cesar y laGuajira, tienen remociones de tierra cercanas alos 300 millones de toneladas al año, dejando in-mensos agujeros en la tierra del tamaño de unpueblo, interrumpiendo las corrientes de agua enlos ríos, modificando los microclimas al removermasivamente las coberturas de árboles y espe-cialmente por el desplazamiento forzado de lascomunidades que tienen sus territorios sobre lasáreas mineras. En este sentido aparecen de nuevolos grupos paramilitares como la más efectiva es-trategia de control social que doblega cualquieroposición a los intereses de los grandes operado-res mineros. Y es así como algunas organizacio-nes sociales ven la reciente masacre de los indí-genas Wayuu que supera las treinta personas; esdecir, en la necesidad de asegurar las operacionesde Glencore, Angloamerican y BHP Billiton (ca-da una con nefastos antecedentes en el mundo) enel escenario de ampliación de sus exportaciones.

En el año 2030, tal vez podamos ver en loque fue una región agrícola un desolador paisa-je lunar, lleno de cráteres y de tierra árida. Cabe

recordar que, según el IDEAM, el departamentode la Guajira sufre un acelerado proceso de de-sertificación en el 55% de su territorio, del quenunca se han aclarado sus verdaderas causas, en-tre las cuales necesariamente aparecerán las con-secuencias de las actividades mineras.

Al hablar de hidrocarburos en Colombia ne-cesariamente hay que referirse al petróleo. Pa-radójicamente, el petróleo se ha exportado encoyunturas de precios bajos, mientras que Co-lombia ha tenido que importar a precios altos,como sucedió en el 2005. Los yacimientos másimportantes de Colombia se encuentran enArauca y Casanare, operados por OccidentalPetroleum y BP-Amoco respectivamente, dosempresas que se han visto envueltas en gravesescándalos por su patrocinio a grupos militaresgravemente implicados en violaciones a los de-rechos humanos.

Al leer de manera integrada las explotacio-nes de hidrocarburos en los llanos orientales, seencuentra un proyecto de explotación con unaestrategia militar, política y social integrada,que se ha servido de la construcción masiva dela infraestructura dirigida a extraer petróleo engrandes cantidades, y es precisamente en Arau-ca donde ha encontrado los mayores obstácu-los. Por un lado, dado el notable nivel de orga-nización social y política de las comunidadeslocales y, de otro, por la actividad insurgenteasentada durante décadas en la región. Las ac-tividades de exploración y explotación se man-tienen y estimulan por regresivas reformas almarco normativo petrolero. Mientras, tambiénen la región se asienta y consolida el proyectoparamilitar del bloque Centauros, patrocinadopor las AUC, que llega a la región como el ac-tor militar dominante que garantiza las inver-siones petroleras.

En la implementación de cualquier proyec-to de infraestructura, ya sea en la construcciónde una represa, una vía, o un pozo petrolero, sepresentan graves tensiones por las propiedad dela tierra, originadas por la valorización o los cos-tos que puede significar la adquisición de terre-nos para la rentabilidad del proyecto. Bajo la ló-gica de la apropiación forzada de la tierra porparte de grupos paramilitares, se producen al-gunos desplazamientos masivos. Diversos es-

La población negra es de aproximadamente 5millones, constituye el 11% de la población co-lombiana y se ubica en los litorales de las costascolombianas. En la Costa pacífica se concentrala mayor parte de toda la población negra de Co-lombia. Se caracteriza por tener una mezcla delas diferentes culturas africanas, la de los con-quistadores y la de los indígenas. A pesar de laimposición de la cultura, idioma, y religión quesufrieron, han logrado mantener muchos rasgosde su identidad cultural. La única lengua que seconserva es la “Palenque” en el municipio deSan Basilio, en el departamento de Bolivar.

En el contexto nacional las comunidadesafrocolombianas se encuentran en condicionesde extrema pobreza formando parte de los cin-turones de miseria de las grandes ciudades, con

un índice de necesidades básicas insatisfechaspor debajo del promedio nacional. La coberturaactual de los servicios de acueducto en las cabe-ceras municipales alcanza un promedio del 48%y el alcantarillado apenas el 10% en las áreas ur-banas, la mitad de los promedios nacionales. Lacobertura de acueducto en las zonas rurales lle-ga al 13%, mientras la de alcantarillado está al-rededor del 2%.

Las condiciones de salud son precarias, se es-tima que cerca del 60% no tiene acceso a este ser-vicio, el índice de mortalidad infantil en la CostaPacífica es de 117 por cada mil nacidos vivos, cua-tro veces el promedio nacional. La morbilidad es-tá representada por enfermedades típicas de lascondiciones de pobreza, como la gastroenteritis ylas enfermedades respiratorias agudas.


pecialistas estiman que los paramilitares hanasegurado la propiedad de 6.5 millones de hec-táreas de tierra, por lo que se ha sostenido undoloroso proceso de contra reforma agraria enel país. Reforma que se concentra en el César,Bolívar, Córdoba, Montería, Casanare y Mag-dalena Medio.

La apropiación de la tierra, por lo general, seacompaña de cultivos agroindustriales, como pue-den ser algodón, cítricos y especialmente palmaafricana. Actividades que transforman de maneraradical las relaciones sociales y la relación con latierra, introduciendo de manera drástica la utiliza-ción de mano de obra barata de campesinos, trans-formándolos en obreros rurales. En una entrevis-ta realizada recientemente en la revista Semana aMiguel Arroyave, comandante del bloque centau-ros de las AUC, señalaba la siembra de palma afri-cana como mecanismo de contención a los gruposguerrilleros. Se encuentran plantaciones en Tu-maco Nariño, la Cuenca del río Atrato, en el Ca-sanare, Magdalena Medio, entre otros. Por lo queparece ser un proyecto productivo-militar promo-vido por los grupos paramilitares buscando ase-gurar sus áreas de influencia en la perspectiva dedesmovilización de las actuales negociaciones.

Miramos con mucha preocupación a la Sel-

va Amazónica, una de las regiones de mayorriqueza en el mundo. En esta región hay queestar atentos a las futuras ofensivas por el con-trol de sus recursos, entre los que están oro,minerales, agua, maderas finas y biodiversidaden general. La biodiversidad entendida comola posibilidad de encontrar conocimientos ge-néticos y biológicos que son aprovechados porlos grandes conglomerados farmacéuticos yalimenticios altamente desarrollados, que tie-nen un alto nivel tecnológico y disponibilidadamplia de capitales de inversión e investiga-ción que competitivamente superan a los es-fuerzos locales por consolidar la biotecnologíanacional.

En este panorama, el territorio colombianoofrece posibilidades insospechadas a los inte-reses del gran capital, no solamente en sus sel-vas amazónicas sino en los ecosistemas queaún quedan en el Chocó y algunos parques na-turales. En ese sentido la ofensiva militar quetrata de acorralar los grupos insurgentes del surdel país, en el llamado plan “Patriota”, busca-ría además de otras cosas consolidar el accesodel gran capital a los recursos de las zonas sel-váticas del país, a costos sociales y ambienta-les incalculables.

Comunidades Afrocolombianas .Mas allá de la piel


La situación educativa es muy deficiente, lacobertura del servicio para el año 1993 en pri-maria se estimaba en el 77% y en secundaria so-lamente en el 36%, mientras que los valores pro-medios a nivel nacional eran para ese año, del86% y 46% respectivamente. De igual manera,existen deficientes condiciones de infraestructu-ra y dotación de los establecimientos educativosy baja calidad de la educación por falta de reco-nocimiento de su particularidad étnica.

Las viviendas, además de ser afectadas porlas bajas coberturas en servicios públicos domi-ciliarios, presentan dificultad con la legalizaciónde predios y lotes, alto porcentaje de hacina-miento y baja calidad. Por otra parte, existenasentamientos en zonas de inundación periódicao en zonas de riesgo, tanto en campos como enciudades.

En las zonas urbanas la ocupación de manode obra de los afrocolombianos se orienta mayo-ritariamente al sector informal de la economía:venta ambulante, construcción y servicio do-méstico entre otras; todas ellas caracterizadas poruna remuneración muy baja, sin seguridad so-cial, ni garantías en las prestaciones.

El Proceso de Comunidades Negras (PCN)es el organismo que representa la mayoría de lascomunidades negras organizadas mediante losConsejos Comunitarios. Esta organización, ade-más de enfrentar los problemas propios de la di-námica del conflicto social y armado lucha porla superación de problemas propios de las mino-rías étnicas como la autonomía, el territorio y laidentidad cultural.

Comunidades afrocolombianas del Cacarica, ChocóLa dignidad IntactaDesde el 24 de febrero de 1.997, 23 Comuni-dades del Cacarica, localizadas en el norte deldepartamento del Chocó, municipio de Riosu-cio, frontera con Panamá, fueron desplazadasforzadamente de sus tierras a raíz de bombar-deos indiscriminados, y un operativo por tierray agua en el que participaron miembros de lasfuerzas militares y sus grupos paramilitares(llamados Autodefensas Campesinas de Córdo-ba y Urabá). Éste operativo fue llamado “Ope-ración Génesis”.

En la incursión militar en algunas comunida-des, luego del asesinato de uno de sus lideres, laquema de algunas viviendas y el robo de bienesde las familias, los paramilitares obligaron a salirde su territorio hacia el municipio de Turbo, loca-lizado sobre el Golfo de Urabá, Departamento deAntioquia, a 450 familias. En otras comunidadesubicadas en bocas del Río Atrato (Bahía Cupica)

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Cartel reivindicativo de lascomunidades del Cacarica


desaparecieron, torturaron y asesinaron a 5 líde-res y por lo menos otras 60 familias fueron des-plazadas hacia Panamá, quienes posteriormentefueron repatriados gracias a un acuerdo entre losgobiernos de Colombia y Panamá.

Después de permanecer cuatro años hacina-dos en un coliseo deportivo del municipio de Tur-bo, las 450 familias presentaron una propuesta deretorno en medio de una situación de permanen-te violación a los derechos humanos. Durante suestancia en Turbo, en condición de refugiados,fueron asesinados 80 integrantes de estas comu-nidades. Los militares y paramilitares que parti-

Las matanzas, los desplazamientos, los bom-bardeos, las desapariciones y el engaño del go-bierno, desvelan que el propósito es frenar la apli-cación de la Ley 70 de 1993, que les permite a lascomunidades negras del departamento del Chocóacceder a un título colectivo sobre 103 mil hectá-reas bajo una instancia presidida por el ConsejoComunitario Mayor del Cacarica. Con este retra-so se pretende seguir expropiando a las comuni-dades las tierras para el uso de ganadería extensi-va, la proliferación del cultivo de palma africanay la siembra de coca.

La pretensión de lograr el desarrollo de losproyectos agroindustriales de modo legal se vie-ne dando a través de la nueva configuración delos Consejos Comunitarios y con el desarrollo depropuestas productivas competitivas. Poco a po-co, las comunidades sitiadas por bloqueos eco-nómicos, con control a sus movilizaciones y encondiciones de marginalidad, han ido cediendo alas pretensiones de los sectores empresariales pri-vados con las propuestas de la Palma Aceitera.

En el contexto de la desmovilización de losgrupos paramilitares, las propuestas agroindus-triales en territorios colectivos asegurarán su em-pleo y su participación en el esquema de seguri-dad de la propiedad, al tiempo que la participa-ción en la siembra de Palma Aceitera de los po-bladores afrodescendientes y mestizos, será elmedio de producción bajo el cual se generará lareconciliación entre las víctimas y los victimarios,que como expresión de perdón resarcirán los da-ños causados con supuestos proyectos “colecti-vos”. La impunidad anunciada para el fomentodel “progreso”.

Cuadro estadístico del Departamento del Chocó

Condiciones de pobreza: 80%

Ingreso inferior al salario mínimo: 50%

Hogares en miseria: 34%

Desempleo en Quibdo, capital departamental: 98%

Viviendas con servicios completos: 29%

Agua potable: 23%

Alcantarillado: 15%

Salud: 1 médico por cada 10.000 habitantes

Esperanza de vida: 47 años

Mortalidad infantil: 144‰

Desnutrición infantil: 79%

Analfabetismo: 47%

ciparon en los operativos aéreos fueron ascendi-dos y las investigaciones sobre los responsablesde este desplazamiento y asesinatos no han avan-zado y permanecen en la impunidad.

Esta zona tiene una de las mayores reservasde biodiversidad en el mundo con diez mil espe-cies por kilómetro cuadrado y será violentado porla construcción del Canal Interoceánico por el ríode Atrato. En el tiempo que estas comunidadesestuvieron desplazadas, empresas madereras degran poder (Maderas del Darién), arrasaron grancantidad de hectáreas de árboles nativos con con-secuencias directas en la modificación del eco-sistema, todo con la complicidad de las autorida-des ambientales regionales y nacionales a travésdel Ministerio del Medio Ambiente.

Comunidad negra deBellavista (Chocó).

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