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Lunes 25 de Julio de 2016

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Los contratiempos que generan en diferentes barrios platenses las continuos cortes de luz siguen a la orden del día. Ahora donde expresaron su fastidio por los apagones fue en la zona de calle 143 y 60, de Los Hornos, donde frentistas denunciaron que el servicio eléctrico tuvo interrupciones desde la mañana y hasta bien entrada la tarde. Ulises Suárez, uno de los vecinos que se comunicó con EL DIA para denunciar esta situación, dijo que en su caso el suministro se interrumpió a las 7.30 y continuaba en el mismo estado a las 16. “Nos pasa lo mismo todas las semanas”, lamentó el hombre, quien aclaró que, según entendía, el mismo problema afectaba a calles aledañas. En tanto que también se produjeron inconvenientes en la zona de calle 147 y 38, según comentó Hernán, frentista que dijo que hizo numerosos reclamos a la distribuidora de energía eléctrica sin obtener una respuesta satisfactoria. “En mi caso arrancó a las 9. Nos cansamos de reclamar pero hasta ahora no apareció nadie”, dijo, ayer, a las 15.30. También hubo un corte puntual en la cuadra de calle 1 entre 56 y 57. Por su parte, Edelap informó que en el caso de 143 y 60 el servicio fue normalizado “a la mañana”. En tanto, 147 y 38 “hubo un corte breve por una maniobra” que ya fue resuelto. Al cierre de esta edición, estimaba, se iba a resolver lo de 1 y 55.

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EL “COSTO” DEL AGUA Néstor Oscar Cusimano señala: “El metro cúbico del agua potable tiene un costo elevado dado que el agua cruda del Río de la Plata captada en el canal convenientemen te dragado, debe ser conducida hasta el establecimiento potabilizador en Punta Lara. Llega a aproximadamente 8 metros de profundidad y debe ser bombeada a planta baja para su tratamiento. Requiere aproximadamente 50 g/m3 de sulfato de aluminio, 20 g/m3 de cal hidratada de buena calidad, no de construcción; 5 g/m3 de cloro, limpieza periódica de decantadores de 1.800 m3 cada uno, limpieza de filtros con agua potable; reposición de arena en los filtros de calidad y granulometría especial; conducción por acueducto de 2 metros de diámetro y aproximadamente 10 kilómetros de longitud a la usina del Bosque de La Plata a 20 metros de profundidad de donde debe ser bombeada a la red de distribución; análisis químicos y microbiológicos durante el proceso; almacenamiento y distribución con reactivos preparados con drogas pro análisis, la mayoría importadas y de la mayor pureza; gastos de mantenimiento de bombas de impulsión, dosificación de productos químicos y cañerías de distribución”.

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Más allá de los trabajos en la zona céntrica de la ciudad, la empresa Aguas Bonaerenses SA resaltó en las últimas horas que continúan con los trabajos de recambio de colectores cloacales también en la localidad de Ingeniero White, obra que supone una inversión superior a los 4.500.000 pesos. "Se están concluyendo obras que habían quedado pendientes desde el año pasado. Ya se ejecutó el remplazo de las cañerías correspondientes a la red domiciliaria sobre calle Plunkett entre Cárrega y Rubado, y las conexiones de esa cuadra. En tanto aún está pendiente y próximo a ejecución el recambio sobre calle Lautaro, entre Plunkett y Avenente. En ambos casos se instalaron conductos de PVC de 160 milímetros", indicó un comunicado de la firma. A estos trabajos se agrega la necesidad de intervenir la cañería troncal con el fin de lograr la optimización de los servicios de desagües cloacales en el sector, en las siguientes cuadras: Plunkett, entre Cabral y Lautaro; Plunkett, entre Sisco y San Martín; y San Martín, entre Plunkett y Vélez Sarfield. Los recambios de cañerías en el centro empezaron hace varias semanas, en especial teniendo como eje a la calle Rodríguez.

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Obras Sanitarias Sociedad del Estados (OSSE) confirmó que por el comienzo de los trabajos en el marco de la importante obra fluvial “Cuenca Arroyo del Barco” desde este lunes se producirán modificaciones en el tránsito en el tramo que va por la Avenida de los Trabajadores entre 12 de Octubre y Juan B Justo. Se adelantó desde la empresa sanitaria municipal que el lunes 25 se efectivizará el corte para ir delimitando el área de trabajo y comenzar así en los primeros días de agosto con las excavaciones que –a priori- se extenderían en el sector hasta el próximo mes de diciembre. Quienes circulen en consecuencia por la arteria mencionada con dirección sur – norte podrán divisar desde la semana entrante carterlería próxima al semáforo de avenida de los Trabajadores y la cancha de Aldosivi alertando que a 800 metros hay “obra en construcción” (intersección con 12 de octubre cortada). Luego, 50 metros previos a su intersección con av. Dorrego, podrá verse la leyenda “mantenga su derecha”. Los profesionales a cargo de la obra contemplaron en este último trazo una primera opción de desvío hacia la zona costera, con posibilidades de retomar. Esto es, se podrá retomar hacia el centro de la ciudad girando hacia la izquierda y seguir por Ortíz de Zárate, pero también estará la alternativa de de girar en la rotonda de calle 337 (continuación de Ortíz de Zárate) para continuar por av de los Pescadores hacia el norte. Aquí habrá posibilidad de retomar por 12 de Octubre o continuar por la costanera. Ante esta situación, desde Osse difundieron este afiche donde se muestra las calles que estará afectadas y las recomendaciones de cómo circular si se pasa por la zona. La obra de desagües pluviales “Cuenca Arroyo del Barco” tendrá en este tramo una excavación de 170 mts de largo aproximadamente por 10 mts de ancho y 4,5 mts de profundidad para la construcción del conducto pluvial que permitirá conducir la lluvia. Se delimitará con alambre tejido en todo su perímetro y será acompañada con una malla especial. Como bien ha informado oportunamente Obras Sanitarias, la obra –que se divide en 6 etapas- contempla en esta primera intervención una inversión de $99.438.602 (financiamiento a cargo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación), siendo en definitiva el paso inicial para beneficiar a quienes habitan en los barrios Las Avenidas, Villa Lourdes, Puerto, El Progreso, Cerrito y San Salvador, Cerrito Sur, San Martín, Florencio Sánchez, Juramento, Termas Huincó y Colinas de Peralta Ramos. Siempre en este sentido es de hacer hincapié en que dadas las dimensiones del conducto madre se podrá, a la postre, evacuar las aguas de toda la zona del puerto y barrios aledaños, como los mencionados. Es que justamente se dispone una estructura de 7,40 mts y un alto de 3,70 mts.

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MIRAMAR (Corresponsal).- A pesar de las obras de reestructuración que comenzó a realizar el gobierno de la Provincia, la ruta 88 sigue siendo una de las más peligrosas del país, o al menos donde mayor cantidad de accidentes viales se registran debido a numerosos factores que muchas veces desencadenan en consecuencias fatales. De acuerdo a los registros llevados por LA CAPITAL, entre la jurisdicción distrital de General Alvarado y Lobería, desde fines de 2010 y lo que va del 2016, hubo al menos 12 siniestros, en su mayoría frontales, donde perdieron la vida 21 personas, a quienes se sumaron numerosos heridos. Pero esto no termina allí ya que en otros choques de menor envergadura, protagonizados casi siempre entre vehículos y en menor medida con caminos o motos también involucradas, el número de personas afectadas con distintas lesiones se eleva mucho más. Hay elementos puntuales que determinan esta lamentable realidad, como la falta de una planificación seria de obra pública reclamada hace años por los usuarios, especialmente relacionada a la ampliación de la ruta con la necesidad de transformarla en una autopista que brinde mayor seguridad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la 88 es una vía de enorme importancia por su comunicación entre los puertos de Mar del Plata y Quequén, con el aliciente que está rodeada de una de las zonas agropecuarias más ricas del país, por lo que la circulación de camiones y maquinaria agrícola es constante todo el año.

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Por otra parte, hay que considerarla también por su valor turístico y la conexión con otros puntos geográficos importantes de la provincia, y especialmente el empalme con otras rutas que derivan en el sur del país. Más allá de los errores e imprudencias humanas siempre existentes y falta de señalización vertical, otro dato de trascendencia determinado por especialistas es que entre los kilómetros 50 y 75 la ruta 88 mide 6 metros de ancho, cuando la legislación impone un mínimo de 6,70 metros. El resto ostenta 7,30 metros. Al ser tan angosta, muchas veces obliga a los camiones a pisar la banquina para no tocarse -al menos con los espejos- y al cruzarse uno con otro. Las banquinas son de pasto, barro y existe un pronunciado desnivel que aumenta el peligro en los despistes. “‘Cualquier vehículo que la muerde’ e intenta retomar la ruta sale despedido a la mano contraria”, aseguran los usuarios con total veracidad. Justamente, en ese tramo es donde mayor cantidad de accidentes fatales ocurrieron los últimos años. Una estadística mortal . 30-10-2010: Accidente frontal a la altura del paraje San José. Mueren 4 personas entre ellos un menor (16). . 24- 8-2011: Accidente por impacto frontal contra de un vehículo escolar contra un camión en kilómetro 58. Fallece el miramarense Jorge Mir (51). . 24-3-2012: Accidente por despiste y choque contra un árbol en el kilómetro 83. Muere el miramarense Germán González (30). . 14-5-2013: Despiste y posterior vuelco en Km. 52. Muere una joven (18) oriunda de Necochea. . 27-9-2013: Accidente frontal en Km 51. Mueren 2 personas. . 7-5-2014: Fallecen las hermanas Gladys Andreasen (62) y Mabel Andreasen (58), ambas oriundas de Juan N. Fernández. A la altura del kilómetro 33. Impacto de frente de un remís con otro auto y caída a un arroyo. . 14-2-2015: Accidente frontal entre dos vehículos Km 52 (a 3.000 metros del acceso a Mechongué). Muere el músico marplatense Marcos Soler (30), su mujer, María Laura Santoro (28) y su hijo de 1 año y medio. También fallecen, los ocupantes del otro vehículo, Marcelo Laringer y Mirta Arrieta (70). . 18-2-2015: Vuelco en Km 65 (inmediaciones paraje San José), muere una marplatense, Perla Valenzuela (50). Fue un despiste, no hubo terceros involucrados. . 18-3-2016: Impacto de frente entre un Citroën C3 y una camioneta Ford Rangerd en cercana paraje Las Toscas, jurisdicción del Partido de Lobería. Dos días después fallece el abogado marplatense, Pablo Cerone (36), producto de las graves heridas. . 2-4-2016: Muere un joven (32) tras perder el control de su motocicleta en el tramo entre Batán y Comandante Nicanor Otamendi. . 13-5-2016: Mario Torres (57), un hombre de Quequén murió tras chocar con su motocicleta contra un remís de manera frontal a la altura del kilómetro 103, cercanías al acceso del balneario loberense, Arenas Verdes. . 21-7-2016: Choque frontal en kilómetro 58, inmediaciones Paraje San José. Fallece Valeria Vázquez (25), conductora de un Chevrolet Corsa.

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Un grupo de científicos argentinos creó un sistema para sanear las aguas del Riachuelo. Con una combinación específica de enzimas y bacterias, lograron limpiar parte de uno de los afluentes más contaminados, el arroyo del Rey, en Lomas de Zamora. Fue una prueba piloto convocada y aprobada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el ente estatal tripartito que debe sanear el curso de agua, pero su avance está trabado dentro del organismo. Liderados por el investigador y auditor ambiental Sergio Raúl Ferrari, los profesionales que trabajaron en el hallazgo habían comenzado la tarea mucho antes de la convocatoria de la Acumar. "Para todos los que trabajamos con el agua, el Riachuelo es el máximo objetivo", confesó Ferrari a LA NACION. El equipo -también integrado por los ingenieros Alberto Gauna, Andrés Aymonino, Ángel Alberto García y María Soledad Ali- se había concentrado en crear una planta de biorremediación, hasta entonces instalada en un laboratorio, para encontrar cómo revertir la contaminación de esas aguas. Ferrari explicó: "Íbamos todos los lunes a sacar agua del Riachuelo. Es un agua muy difícil porque hay más de 1000 industrias que vuelcan desechos indiscriminadamente. Cuando hay un solo efluente, es tratable. Cuando mezclás dos, se empieza a complicar. Cuando tenés 3000, es casi imposible". Pero para ellos no lo fue: consiguieron armar un sistema que limpia el agua y la separa de los vertidos contaminantes. A mediados de 2011, cuando la Acumar estaba a cargo del entonces secretario de Ambiente Juan José Mussi (hoy procesado por el uso de fondos en el ente tripartito), hubo una convocatoria a diferentes propuestas, para lograr la tan anunciada depuración del Riachuelo y que su agua consiguiera ser "de uso 4", es decir, que permitiera la actividad recreativa pasiva y el desarrollo de vida acuática. El equipo se presentó con su empresa MDT y ganó la licitación para la prueba piloto de validación de tecnología. El sistema constaba de seis etapas: la elevación del agua a la planta mediante bombas sumergibles; el tratamiento biológico con un complejo enzimático que acelera el proceso, filtros que ayudan a separar las partículas del agua y la inoculación de bacterias que sacan los restos de suciedad; un proceso de ozonización, y, por último, el control de las aguas tratadas (una instancia química y otra biológica). La planta en el arroyo del Rey era para tratar 10.000 litros de agua por hora; se montó a mediados de 2012 y funcionó hasta fines de ese año. El resultado fue mejor de lo esperado. Los estudios de la Acumar no sólo mostraron mejoras notables en los índices de carbono orgánico, hidrocarburos y coliformes, sino que además se habían generado bancos de peces. y los vecinos -contentos de haber dejado de sentir olor a podrido- se ocuparon de cuidar los espacios verdes que bordeaban el arroyo. La investigación del grupo de ingenieros químicos, agrónomos y sanitaristas -cuya lista se completa con Daniel Adamantino, Luis Eduardo Pérez Farras, Jorgelina Gossio, Miguel Ángel Zuccaro y Luciano Silva Vizzi- indica que el problema del Riachuelo se concentra en nueve arroyos que llevan la contaminación industrial desde el interior de la cuenca hacia el cauce central: Cildáñez, Morales, Chacón, Don Mario, Ortega, Santa Catalina, Del Rey, Cañuelas y Cebey.

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Por eso, proponen colocar una planta en la desembocadura de cada arroyo, para que el agua llegue limpia. Los especialistas sostienen que la tarea podría llevar dos o tres años en todos los arroyos a la vez, con un costo de 300 millones de dólares, o sanear de a uno en un plazo mayor. "No están pudiendo controlar a las industrias -argumentó Ferrari-. Proponemos que, hasta que las industrias se reconviertan y vuelquen como corresponde, paguen un canon para sostener la planta. Si no se reconvierten, la planta va a seguir funcionando y el agua va a estar limpia. Pero a la larga, a la industria le va a salir más barato reconvertirse que pagar el canon por contaminar." La licitación para la prueba piloto preveía que, si resultaba exitosa, podía replicarse en el resto de las áreas de la cuenca. Eso no ocurrió y, hasta hace unos meses, la gestión kirchnerista no había dado una respuesta. Tras el cambio de gobierno, y con los papeles en la mano de las mejoras que la propia Acumar había reconocido, los científicos volvieron a intentar desplegar su descubrimiento, pero no lo lograron. Daniel Guevara, director general ambiental de la Acumar, aseguró a LA NACION que, por el momento, lo que sugieren "no es una solución alternativa" porque "se trata de una inversión enorme, cuando hay que concentrar esfuerzos en evitar la fuente de contaminación, que son los vertidos industriales". Según el funcionario, "se está aumentando la exigencia a las empresas", aunque todavía no pueden verse los resultados porque "el mejoramiento es gradual".

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"La gente que no tiene agua de un río o un arroyo tiene que hacer un pozo. De ese pozo sale agua contaminada con arsénico, algo que está en la estructura del suelo. Nosotros desarrollamos una tecnología, única en su tipo, por la cual eliminamos el arsénico, metales pesados y todo tipo de microorganismos", detalló a LA NACION Sergio Ferrari, líder del equipo de investigadores que hace años estudia la limpieza de las aguas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que "la exposición prolongada al arsénico a través del consumo de agua y alimentos contaminados puede causar cáncer y lesiones cutáneas. También se ha asociado a problemas de desarrollo, enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes". El hidroarsenicismo crónico regional endémico (Hacre) es una patología que afecta en especial a habitantes del norte argentino, incluidas las provincias de Santiago del Estero y Chaco, como consecuencia de la ingestión de agua de pozo con contenidos de arsénico superiores a las máximas compatibles con el criterio de potabilidad que determina la OMS (hasta 0,05 mg por litro). Además de analizar cómo sanear el Riachuelo, Ferrari y su equipo se ocuparon de elaborar un filtro que, con una serie de fórmulas con minerales reacondicionados, remueve el arsénico pero mantiene los elementos beneficiosos para el organismo, como las sales. Es un proceso combinado de filtración y absorción, que saca el arsénico en un 99% y remueve bacterias, turbidez y hasta el 80% de productos nocivos. Ese sistema fue instalado en 2012 en cinco localidades del Chaco, todas cerca del Impenetrable: ocho plantas comunitarias, cada una para 1000 personas. Se trató del proyecto Agua Segura, con financiamiento del Estado nacional. Cada planta costaba cerca de un millón de pesos, por única vez, y después había que renovar una parte, cada dos años. "El problema era que la gente tenía que ir a las plantas con sus bidones y llevarlos a la casa. Eso les resultaba trabajoso, entonces cada vez lo usaban menos", describió Ferrari. Por eso trabajaron en algo más chico, consiguieron miniaturizarla y armaron plantas domiciliarias. "La gente trae agua de pozo, de un arroyo, de lluvia, de donde sea, la pasa por este sistema y la puede tomar sin problemas. Es una especie de dispenser", detalló el líder del grupo. Se lo llamó "Planta abatidora de arsénico unifamiliar" y fue pensada para poblaciones dispersas, donde no se justificaba una planta comunitaria. Son equipos preparados para producir hasta seis litros de agua segura por hora.

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Entre diciembre del año pasado y el corriente mes de julio, la provincia de Buenos Aires recibió 5.115 millones de pesos del gobierno nacional en concepto de fondos discrecionales, que son los que no están establecidos por ley y llegan de forma automática sino los que quedan a criterio del Poder Ejecutivo Nacional. El distrito de María Eugenia Vidal, que representa un 38% del país en términos de Producto Bruto Interno y de realidad demográfica, encabeza así una lista que concluye con San Luis, como el territorio que menos dinero recibió en el mismo lapso de tiempo y por el mismo concepto. De aquellos 5.115 millones enviados por el presidente Mauricio Macri alrededor del 26% fueron fondos para obras públicas y viviendas. Equivale a unos 1.330 millones de pesos. Son trabajos que estaban parados desde la gestión nacional anterior y ahora se reanudaron. Otros 285 millones de pesos es dinero proveniente de los llamados Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Creadas por la ley 23.548 en el año 1988, estas partidas deberían ser para asistir a las provincias en “situaciones de emergencia” y ante “desequilibrios financieros”. Pero desde la época del menemismo, en verdad, se vienen usando con un criterio mucho más político. “ADELANTOS” El resto de la asistencia que recibió Buenos Aires en estos primeros siete meses de gestión y que completan el monto final son 3.500 millones de pesos por “adelantos de coparticipación”. Esto

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significa que es dinero que posteriormente deberá ser devuelto o, en todo caso, retenido por la Nación en futuras repartijas de los impuestos nacionales. Vidal necesitó ayuda de este tipo, sobre todo, cuando a fin de 2015 debió afrontar el pago de sueldos y aguinaldos, apenas asumida, y se encontró con una caja bonaerense que era insuficiente para cumplir con esos compromisos esenciales. En el ministerio de Economía provincial recalcan con vehemencia este último punto, el de los 3.500 millones de pesos que fueron una suerte de préstamo, porque detestan que se los califique como parte de una provincia que recibe privilegios especiales de parte de la Casa Rosada. Sin embargo, está claro que el presidente Macri se juega buena parte de su gestión de gobierno en la tierra de Vidal. Es por eso que en la gobernación están seguros de que si la actualización del Fondo del Conurbano no puede salir por ley porque el resto de las provincias frenan esa posibilidad, el dinero que representa el mismo llegaría –al menos este año- en forma de asistencia directa. No es poca cosa: anualizados, son más de 40 mil millones de pesos, un alivio financiero importantísimo para la gobernadora. Los datos antes mencionados fueron difundidos hace pocos días por el ministerio del Interior y ratificados por Economía de la Provincia en diálogo con este diario. Los más de 5 mil millones de pesos que recibió Buenos Aires representan algo así como el 21% de los 24.131 millones que repartió el gobierno nacional a los distritos. Una lectura posible, que no gusta nada en Cambiemos, es que la mayoría de ese dinero –un 41%- se repartió entre provincias gobernadas por el oficialismo o aliados. Como Jujuy, Mendoza, Corrientes o la Ciudad de Buenos Aires. Se reitera: el reparto incluye los adelantos de la coparticipación. Puede no gustar, pero es un dato objetivo. Como también lo es que la provincia de Vidal, aún con las aclaraciones del caso, es la que encabeza la nómina.

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Las fricciones entre la UCR y el PRO por la inclusión de una "pata peronista" a Cambiemos anticipó la puja en la alianza gobernante por el armado electoral de cara a las legislativas del año próximo. El epicentro de la pelea tiene como escenario a la provincia de Buenos Aires, donde los radicales hicieron sentir su queja por la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de sumar a dirigentes con pasado kirchnerista y de otros sectores del peronismo con el objetivo de ampliar su base de sustentación electoral para el 2017, aunque los conflictos entre los principales socios de Cambiemos también se evidenciaron en otros distritos, como Córdoba y Santa Fe. El Comité Provincia, que preside Ricardo Alfonsín, manifestó su "preocupación" por la decisión "inconsulta" del PRO de sumar a otras fuerzas a la coalición, que también integra la Coalición Cívica-ARI, "sin la debida participación del resto de las fuerzas". El documento advierte sobre la inclusión de sectores alejados de "la ética republicana" y afirma que "una actitud semejante terminaría debilitando la confianza de la sociedad en Cambiemos, y a la postre, la misma gobernabilidad". Para eso los radicales reclamaron al macrismo la constitución de una "mesa de diálogo" para debatir distintos temas y que la UCR sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones. El documento aprobado en un plenario partidario el martes pasado fue una respuesta directa a la incorporación de los intendentes Hernán Bertellys (Azul) e Ismael Passaglia (San Nicolás), alejados del Frente para la Victoria, así como la del ex massista Joaquín de la Torre, quien desplazó al único ministro radical, Jorge Elustondo, de la cartera de Producción, a una de menor rango. Enseguida el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador, salió a desmarcarse de la declaración del Comité Provincia que -dijo- "no salió por unanimidad" y evaluó como "sumamente positivo" que intendentes del peronismo se sumen a Cambiemos para "fortalecer" la alianza gobernante."Somos gobernantes

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de Cambiemos y ese es nuestro compromiso principal", resaltó Salvador, en declaraciones a radio Eco, y agregó: "En Buenos Aires hay 65 intendentes de Cambiemos, 40 de ellos son del radicalismo". Lo cierto es que las fricciones con el PRO quedaron atrapadas en la interna radical por la nueva conducción del Comité Provincia, que deberá resolverse en octubre próximo y que tiene al propio Salvador, al vicepresidente del Senado provincial, Carlos Fernández (impulsado por Alfonsín) y al diputado provincial Maximiliano Abad, un dirigente cercano a Ernesto Sanz, como los candidatos a conducir al partido en suelo bonaerense. Con todo, en la cumbre partidaria realizada semanas atrás en Tucumán el titular del Comité Nacional de la UCR, José Corral, le hizo saber al macrismo que su partido peleará por tener "protagonismo" en el armado para el decisivo test electoral del año próximo y que no aceptará acuerdos "unilaterales" con gobernadores del PJ o la incorporación de dirigentes peronistas a Cambiemos. El mensaje de Corral ocurrió pocos días después de las declaraciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio (encargado de las negociaciones con los gobernadores), quien en Córdoba había deslizado la posibilidad de un acuerdo con el peronismo no kirchnerista: "Todos debemos ser muy generosos y amplios en la conformación de la base de sustentación política que apoye esta transformación de la Argentina", disparó Frigerio, tras un encuentro con Schiaretti. En Santa Fe, en cambio, el radicalismo hace equilibrio entre el macrismo y su alianza con el socialismo y anunció que competirá junto al PRO en las legislativas nacionales y dentro del gobernante Frente Progresista para cargos provinciales, aunque los ruidos internos persisten. "El presidente Macri tiene derecho a nombrar a quien considere conveniente para su gestión. Ahora, Cambiemos en términos políticos es otra cosa, esa es una cuestión de consensos, ahí no hay imposiciones", dijeron desde el Comité Nacional y alertaron sobre la desconfianza hacia el peronismo que, sostienen, "tiene dos estadios: o está en el poder o está en la conspiración para volver al poder". En ese sentido, advirtieron que "la mejor gobernabilidad" para los dos últimos años de gestión del líder del PRO e incluso para una eventual reelección de Macri en el 2019 "la darán quienes desde el inicio estuvimos comprometidos con el destino de Cambiemos, construyendo mayorías propias, no con balconeros que especulan a ver como le va al gobierno y, si le va bien, cambian la camiseta y pretenden candidatearse o subir sus candidatos a nuestro espacio". Entre los "balconeros" ubicaron al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y a la referente del GEN, Margarita Stolbizer, quien mantiene un fluido contacto con Vidal. Más allá de la cuestión electoral, los radicales ven con preocupación el "costo político" que pueda significar para Cambiemos el fuerte aumento en las tarifas de los servicios públicos y una economía que "aún no muestra signos de recuperación". "Estamos en una situación muy compleja por la situación de las tarifas. No está claro cuál será la salida económica que a su vez sea compatible con una salida política. Hoy tenemos dos problemas el déficit y el costo político", dijo a esta agencia un encumbrado dirigente radical.

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La de por sí compleja relación entre la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, registró nuevos incidentes en los últimos días. La jefa comunal apuntó contra la gobernadora en reiteradas ocasiones por la situación social, con el foco puesto en la ayuda alimentaria creciente que reclaman los comedores de La Matanza. El sábado 16 de julio, un timbreo de Vidal, Marcos Peña y Carolina Stanley en Ramos Mejía despertó la bronca de Magario, quien lamentó no haber sido invitada porque le habría gustado "hacerle llegar [a la gobernadora] algunos reclamos que nos hacen los vecinos". Además, dijo que quiere llevar a Vidal a ciudades menos prósperas, como González Catán o Laferrère. Dos días después, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, contribuyó para subir un poco más la tensión. Encabezó un acto para presentar operativos antidroga en el Centro de Coordinación Estratégico de la Policía Bonaerense, en Puente 12, junto a Ariel Sujarchuk, intendente peronista de Escobar, y los alcaldes de Cambiemos Martiniano Molina (Quilmes), y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). Pero Magario, aunque se trató de una actividad en su distrito, no fue invitada. El vínculo entre Vidal y la ladera de Fernando Espinoza no parece encontrar el rumbo de la concordia. Awada: la primera dama se mueve al ritmo de Peppa Pig En los jardínes de la embajada británica el sol caía sesgado y servía apenas de alivio para mitigar el invierno porteño. En un semicírculo, niños y adultos seguían con atención las instrucciones para buscar el tesoro de Peppa Pig, el dibujo animado inglés que hace furor en la Argentina. Entre los invitados, estaban Juliana Awada y su hija Antonia. Como una más, la primera dama se divirtió con el resto de los presentes. Saltó como un sapo, caminó como un pato y hasta simuló volar como una mariposa. También disfrutó de Peppa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien hizo un alto de su rutina en su oficina de Gelly y Obes para comer un pedazo de torta con sus sobrinos. A pesar del ambiente infantil y súper distendido, Bullrich tuvo a su custodia como una sombra. A esa misma hora, declaraba Ibar Pérez Corradi. Elecciones: el Pro, a la caza de peronistas para el 2017 En la Casa Rosada ya piensan en las elecciones de 2017. Presumen que el rival peronista a vencer en la provincia será Sergio Massa, del Frente Renovador, aunque podría haber más candidatos del justicialismo fragmentado. Por eso, en el Ministerio del Interior hablan de conformar el "Pro-nismo", que es la posibilidad de sumar dirigentes del PJ a Pro que quieran jugar en 2019 con Mauricio Macri. En ese contexto, el presidente viajó a Catamarca acompañado por el senador Dalmacio Mera, del PJ subordinado a Miguel Pichetto, y enfrentado a la gobernadora catamarqueña Luicía Corpacci, quien se sorprendió al ver que llegaban juntos. Macri no le habló de alianzas futuras pero en la Casa Rosada aspiran a seducirlo. A más largo plazo, el macrismo pone la mira en el senador Omar Perotti (Santa Fe), y en algunos intendentes del conurbano.

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Un informe sobre el manejo de dinero en negro por parte de la Policía de la Provincia fue difundido anoche en el programa que conduce Jorge Lanata, en el que se afirmó que sólo la comisaría primera de nuestra ciudad maneja por mes 25 millones de pesos, en concepto de horas adicionales. Al mismo tiempo, un relato anónimo de alguien que afirmó ser suboficial de la fuerza narró los mecanismos por los que se sostienen verdaderas “cajas negras” de dinero. Durante la entrega del programa Periodismo Para Todos que se emitió anoche Lanata indicó que en los primeros seis meses de 2016 se han presentado en Asuntos Internos unas 20 mil denuncias por este tipo de irregularidades, al tiempo que se iniciaron 5 mil sumarios administrativos. En medio de una “purga” por la que fueron separados de sus cargos más de 1.600 efectivos de la Policía de la Provincia, y de que la gobernadora María Eugenia Vidal dispusiera la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas para altos funcionaros de la fuerza, los objetivos de las investigaciones que se están desarrollando apuntan al manejo de dinero no declarado de las horas adicionales (Polad), consistentes en el servicio de seguridad en espectáculos deportivos y custodia de edificios públicos. Se trata de un sistema que, como viene publicando este diario, ahora pasaría a ser administrado por personal civil para frenar el descontrol. Pero durante el programa, a través del denunciante anónimo, el conductor explicó cómo buena parte del dinero destinado a esos fines es objeto de corrupción. Según se indicó, “en general, el 40% de los efectivos que deberían destinarse a un evento en este sentido no asiste a cubrir esa función (son

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´efectivos fantamas´), y, en su lugar, un listado de suboficiales presta su legajo a cambio de un porcentaje, para los jefes que manejan las ´cajas´ de esos adicionales cobren el total”. Por eso se subrayó a la comisaría primera de La Plata como objetivo de la investigación que se desarrolla porque canaliza la totalidad de los fondos de las Polad de toda la Provincia, unos 25 millones de pesos mensuales. OTRAS “CAJAS” Por otra parte, el equipo del programa y el entrevistado anónimo explicaron otros mecanismos de recaudación que manejaría la Policía Provincial. Entre ellos, se ejemplicó con la forma de robar dinero a partir de los alimentos para caballos. En este sentido, explicaron que en la Policía se encuentran, además de los animales de la Policía Montada, aquellos secuestrados por distintas contravenciones que no son retirados. Y, computada su existencia en los once escuadrones de la Provincia -se afirmó-, se solicita la compra de alimento que luego no es adquirido. La denuncia difundida ayer también muestra una situación similar con el combustible para vehículos policiales. En este otro caso, se dijo que “800 de los 3.000 móviles que cobran nafta para circular están arrumbados, fuera de funcionamiento por distintos motivos pero que los efectivos continúan percibiendo los montos por el combustible que deberían usar, a través de una tarjeta que canjean en estaciones de servicio”. Un sistema similar indicaron que se monta en torno a la verificación policial de automotores, así como con el “canon” que “pagan los arbolitos que canjean dólares” en la avenida 7 de nuestra ciudad “de forma semanal a la comisaría primera y a la Departamental La Plata”. Lo mismo -dijo el entrevistado- ocurre con los comerciantes, y ejemplificó que en el caso de los supermercados chinos “cambian seguridad por 1.500 pesos semanales”. Y similar operación se haría en allanamientos de investigaciones vinculadas al narcotráfico. EN LOS ALTOS MANDOS Los periodistas de Periodismo Para Todos explicaron que, según la investigación realizada y sus distintos testimonios, la estructura de recaudación de la Policía Bonaerense abarca desde los grados bajos hacia arriba en la pirámide de mando. Incluso, sostuvieron que “si un titular o alto funcionario policial no recauda es relevado de su cargo”. En ese sentido, se insistió en que desde los subcomisarios hacia arriba en la escala de mandos tienen hasta el 31 de agosto para presentar sus declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno, pero que, sin embargo, en Asuntos Internos la fecha ya venció y los datos entregados están siendo investigados.

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Tal como lo adelantó Hoy en una serie de informes durante este año, la corrupción policial en la Provincia se transformó en un escándalo. Nuevas denuncias: un fiscal, en la mira La corrupción de un sector de la Policía Bonaerense dejó de estar debajo de la alfombra y durante este año se conocieron varios episodios donde jefes de la fuerza fueron denunciados por llevar adelante “operativos” millonarios de recaudación ilegal. Nuestro diario fue pionero en advertir sobre la existencia de mafias dentro de la Policía que reciben dinero a cambio de permitir actividades ilícitas como el narcotráfico, el juego clandestino, la prostitución y la instalación de desarmaderos de autos y motos ilegales, entre otras. Aunque hay que aclarar que lo que más ha contribuido a esa “caja negra” ha sido el manejo millonario del pago de las Polad (Policía Adicional) y las Cores. Dirigentes de distintos espacios políticos le confirmaron a Hoy que la cúpula de la Policía Bonaerense llega a recaudar entre 90 y 100 millones de pesos al mes, producto del cobro de estos cánones a delincuentes y otros negociados, lo que sin duda influye en que aumenten todos los índices de inseguridad. Bressi, muy complicado Entre los denunciados figura el actual jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi. Sipoba (Sindicato de la Policía de Buenos Aires) y el abogado penalista Damián Odetti fueron los que indicaron los antecedentes del número uno de la fuerza. Bressi fue el titular de la Dirección de Drogas Ilícitas durante los últimos 18 meses del gobierno de Daniel Scioli, y está acusado de haber recibido todos los lunes sobres con dinero de la mano de los encargados de las 18 delegaciones de narcotráfico distribuidas en la Provincia. Y, en el periodo en el que Bressi comandó Drogas Ilícitas, se reconoció oficialmente que aumentó un 40% la venta de estupefacientes. Distintas fuentes de recaudación Un informe de la productora PPT difundido anoche repitió casi todas las denuncias realizadas por este diario. Las “cajas negras” de la Bonaerense se nutren del narcotráfico, del juego clandestino, de la venta ilegal de divisas (arbolitos), con el manejo de las Polad, las tarjetas de combustibles de los patrulleros, las Plantas Verificadoras de automóviles y hasta de la comidas de caballos (ver más abajo). Esta semana trascendió que la comisaría Primera de La Plata recibía en marzo 25 millones de pesos mensuales para el pago de Polad y solo enviaba la mitad a los agentes. El dinero, sospechan en la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, no moría en los bolsillos del jefe de la seccional, quien ya fue apartado de su cargo. Fuentes judiciales sospechan que el grueso de los billetes “subía” hacia la Departamental y que también llegaban a algunos fiscales platenses.

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Los sobres de la Departamental Todo parece indicar que la corrupción atraviesa la estructura de los altos mandos de la Bonaerense, y las autoridades de nuestra región no fueron la excepción. Como se recordará, el 1º de abril pasado personal de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia halló en la sede de la Departamental La Plata 36 sobres con más de 157.000 pesos, luego de que un policía denunciara que, cada primer día de mes, desde todas las dependencias de La Plata se llevaba dinero de la recaudación ilegal para el jefe, el subjefe, el jefe de Operaciones y el secretario de esa dependencia. Producto del secuestro de los sobres fueron imputados por “asociación ilícIta y cohecho” el titular de la Departamental, Darío Camerini, su segundo, Rodolfo Carballo, el jefe de Operaciones, Ariel Huck y el secretario Walter Skramowskyj. El secreto de un robo a un superintendente impune El denunciante anónimo que dio origen a la pesquisa de los sobres en la Departamental La Plata habló en varias oportunidades con Hoy, tal como también lo hace habitualmente el Sindicato Policial de Buenos Aires (Sipoba). Ambos apuntan a una de las manos derechas del jefe de la Bonaerense, Pablo Bressi, como uno de los principales artífices del escándalo. Nos referimos al superintendente de la región Capital, Fernando Grasso. Según la presentación judicial realizada por el Sipoba el 6 de abril pasado, Grasso fue víctima de un misterioso asalto en la puerta de su casa de Quilmes Este. Lo habrían interceptado a las 2.30 de la madrugada cuatro sujetos armados: le habrían pegado un culatazo en la cabeza, sustrayéndole un bolso con al menos 450.000 pesos, dinero que sería de las recaudaciones ilegales de La Plata. “Adviértase que la permanencia en funciones del citado comisario general Fernano Grasso favorece la impunidad, el desvío y la eliminación de huellas y elementos de compromiso, con la finalidad de mantener el statu quo delictivo”, indican desde el sindicato. Las amenazas de muerte a Carrió Hace dos semanas el fiscal federal Jorge Di Lello dispuso un “fuerte refuerzo” de la custodia personal de la diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió. ¿Los motivos? Una denuncia de la legisladora referida a la presunta existencia de una banda narco contratada por la cúpula de la Policía Bonaerense con la finalidad de matarla. El hecho denunciado se dio tras la pública denuncia hecha por Carrió sobre una presunta vinculación del jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, con el narcotráfico organizado, que incluyó una carta de la legisladora dirigida a la gobernadora María Eugenia Vidal para que lo saque de la fuerza. Denuncian otra millonaria estafa en la fuerza Se cometería en las once delegaciones del Cuerpo de Caballería distribuidas en la Provincia. Reciben cupos por los animales de la Policía y por los “contraventores”, pero en el proceso los titulares se quedarían con el dinero destinado a la manutención Un exproveedor del Estado denunció ayer que jefes policiales se quedan con importantes sumas de dinero falseando expedientes en la cantidad de animales, a fin de apropiarse de los fondos destinados a la compra de alimento. El denunciante, en diálogo con Hoy, dijo que “en el Aras de Gutiérrez, una dependencia de la Policía Bonaerense, hay cerca de 500 caballos en un predio de unas 400 hectáreas, por los que los jefes reciben la plata para comprar la ración de alimentos, pero esos animales comen el pasto de ese campo”. El hombre, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, detalló también que “en la delegación de Caballería de Mar del Tuyú tienen cerca de 100 ovejas por las que reciben un cupo para su manutención, pero toda esa plata va al bolsillo de las autoridades”. Al respecto, un vocero de la fuerza le explicó a Hoy que “en la Provincia funcionan once delegaciones del Cuerpo de Caballería” y que “en esas dependencias conviven los equinos de la Policía con los animales secuestrados (conocidos en la jerga como los contraventores): caballos, ovejas, chanchos, etc”. “Por lo general, los animales contraventores se incluyen en el pedido de cupo de alimentos pero luego comen pasto o pasan hambre”, explicó el denunciante. Por este tipo de maniobras hay varias denuncias en la UFI Nº 8 de Delitos Complejos en La Plata, a cargo de Jorge Paolini, pero las causas, según el denunciante, “duermen el sueño de los justos”.

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Un fiscal sospechosamente remolón El fiscal Marcelo Martini es el titular de la UFI Nº 3 de La Plata e investiga a los jefes policiales locales luego del secuestro de 36 sobres con más de 157.000 pesos en la Departamental de 12 entre 60 y 61 el 1º de abril pasado. Por el hecho fueron imputados cuatro uniformados, los que permanecen excarcelados, pero lo que llama la atención es que recién hace unos días, es decir, con casi tres meses y medio de demora, dispuso un peritaje caligráfico sobre los sobres, con la intención, tardía por cierto, de identificar a los generadores del envío de ese dinero. Desde el sindicato de la Policía de Buenos Aires (Sipoba) le adelantaron a Hoy que los abogados del gremio analizan pedir un jury de Martini. Es que a mediados de abril se presentaron en la fiscalía para ampliar la denuncia contra los jefes policiales involucrados en el escándalo de los sobres, y no les quiso recibir el escrito. Se sospecha que Martini estaría siendo “apretado” por un sector de la Bonaerense. Nuestro diario ya había advertido la imperiosa necesidad de que el magistrado pidiera en tiempo y forma el análisis caligráfico de las tintas de las impresoras y hasta el ADN de la saliva que hubiera quedado en los sobres con dinero remitidos desde distintas seccionales de La Plata. Declaraciones juradas y control sobre las Polad El gobierno de María Eugenia Vidal enfrenta un gran desafío con la corrupción policial, y tomó algunas medidas que tienden a acotar el poder de las “cajas negras”. Fue así que obligó a todos los jefes de las fuerzas a presentar sus declaraciones juradas a partir de la jerarquía de subcomisarios, y ahora avanza en la quita del manejo de las horas Polad, que son los adicionales que suelen contratarse para servicios de seguridad extras a las guardias comunes. La clave de la resolución oficial radica en cortarle a las autoridades policiales la posibilidad de decidir sobre el destino de los dineros enviados en materia de las horas Polad, y que a partir de ahora sea el propio Ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo, el que dirija administrativamente la distribución. Además, se firmó otra resolución que tiene que ver con la administración de las siete plantas verificadoras de automotores que tiene la Provincia, donde se detectaron maniobras corruptas, y que hoy son manejadas por los efectivos. Asimismo fueron sumariados 1.600 policías en lo que va del año, de los cuales 150 fueron exonerados.

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Los ingresos y egresos de Los Sauces S.A., propiedad de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, no cierran. Al menos ante los ojos de la Justicia. Las sospechas recaen sobre los movimientos contables de la firma dedicada al rubro inmobiliario que entre sus principales inquilinos tuvo a Lázaro Báez y aún mantiene vínculos comerciales con Cristóbal López. Tanto es así, que en el marco de la causa que lleva el juez Claudio Bonadio se decidió un nuevo peritaje contable. Los libros contables que analiza la Justicia no coinciden con los movimientos bancarios de Los Sauces. Por la documentación encontrada en la oficina de Romina Mercado, sobrina de Cristina y, a su vez, presidenta de Hotesur, y ante la falta de coincidencia en los números, se ordenó la nueva pericia. Los Sauces se dedica al rubro inmobiliario, con la mayoría de sus propiedades en Río Gallegos y Capital Federal. El principal inquilino hoy es Cristóbal López, que paga más de $ 120.000 por mes por la oficina y cinco cocheras en Madero Center. Los pagos se hacen por intermedio de Alcalis. Es uno de los principales ingresos de la empresa que cuenta con un complejo de departamentos en la capital santacruceña construidos por Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. Los números de esta firma “siempre fueron sospechosos”, sostuvo Silvina Martínez, abogada de Margarita Stolbizer, denunciante en esta causa. La empresa no tuvo movimientos oficiales de arranque: entre 2007 y 2008 no volcaron a sus libros ganancias, ya que no realizaron ninguna operación. En 2009 realizan una inversión de $ 9.625.758,51, “pese a no haber operador antes ni tener ganancias”, explicó Martínez a Clarín. Para el año siguiente, la inversión superó los $ 10 millones. La principal sospecha denunciada por la diputada del GEN es el retiro de más de $ 20 millones en concepto de “anticipo de dividendos”. Una similar a las deudas declaradas. Tras los allanamientos realizados en Río Gallegos y con los libros contables en mano, a la Justicia los números le siguen resultando “incongruentes, egresa más de dinero que lo que entra pues no hay coincidencia entre libros comerciales y movimientos bancarios”

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En las entrevistas que dio en los últimos días a distintos canales de TV, Mauricio Macri admitió por primera vez que podría intentar quedarse más allá de 2019. Anoche El Trece transmitió el reportaje que concedió a PPT y ante una pregunta de Jorge Lanata el Presidente avanzó otro paso: afirmó que “sería una locura decir que no voy a estar ocho años, como también es una locura hablar de eso a los siete meses. Es una posibilidad, hay una obra por hacer”. Hasta ahora, Macri venía esquivando una definición sobre sus futuras aspiraciones, al punto que en el PRO ya se empezáron a barajar posibles sucesores, como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En otro tramo de la entrevista realizada con Lanata en una pequeña oficina de Olivos, Macri trazó un breve balance del primer semestre y habló de inflación, tarifas, empresarios, Justicia y fútbol. Macri le dio la razón al periodista cuando le calculó una inflación del 33% para este año. “Pero tendiente a la baja”, le respondió. Y aseguró que en 2017 será “menor al 20%”, a la vez que confirmó que estimó un crecimiento de “3 ó 3,5%”. Lanata chicaneó: “La lluvia de inversiones por ahora es una tormentita...” a lo que Macri contestó: “Es una tormenta in-crescendo, por ejemplo el campo está en una revolución de inversión”. En un momento, Macri les apuntó a los empresarios. “Antes gastaban suela de zapato recorriendo ministerios para ver si a Moreno o a De Vido le caía simpático, pero ahora deberán gastar suela para caminar su fábrica”. Aprovechó y les tiró un palo respecto a la remarcación de precios: “Muchos se equivocaron al decir: ‘aprovechemos que no está Moreno’”. En ese sentido, el mandatario aclaró que durante su mandato "no" va a haber más empresarios como "Cristóbal López, que no pagan sus impuestos", por lo que sentenció que "acá se acabó la joda para todo el mundo". Con respecto a la velocidad de causas judiciales que estaban dormidas, Macri consideró que “es un avance aunque sea inentendible que durante 10 años no hayan hecho nada. Hay que investigar el pasado y el presente y es por eso que no me enojé cuando un fiscal pidió investigar los papeles de Panamá Papers”. La polémica por el tarifazo se llevó buena parte de la charla. El Presidente se refirió a un “despilfarro energético de reservas” (estimó pérdidas por 150.000 millones de dólares) y defendió a su ministro de Energía, Juan José Aranguren cuando Lanata opinó que “si un funcionario se equivoca tres veces hay que echarlo”. Macri replicó: “El país era un avión en caída con el instrumental roto”. El tema del gas había arrancado antes de la nota: cuando entraron al salón que conducía a la oficina donde se grabó la entrevista, Macri dijo: “Qué calor hace acá, allá hay una ventana abierta” y alguien corrió a cerrarla. Lanata reveló en el estudio: “El único motivo por el que no nos morimos de frío son las luces”. Y Macri se apuró a decir: “Tengo que hacer lo que predico”.

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Tras los dichos del titular del PAMI que se interpretaron como un gesto en pos de aumentar la edad jubilatoria más allá de los 65, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que el asunto no está en la “agenda” del Gobierno y que el funcionario lo había planteado como “un tema médico”. Sin embargo el jefe de ministros aclaró que el tópico “sí se ha planteado en la ley de reparación histórica de los jubilados”, y reforzó la idea de que “es importante crear una comisión para debatir el futuro del sistema previsional”. Peña se refería a que el proyecto de ley “Programa de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, contempla la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, para garantizar la solvencia y justicia del sistema. La semana pasada el director del PAMI, Carlos Regazzoni, había afirmado en un reportaje con La Nación que “la medicina dice que lo mejor es seguir trabajando porque es lo que mejor mantiene la cabeza”. Al respecto, Peña aclaró en una entrevista en el diario el Tribuno de Salta, que “lo planteó como un tema médico, como médico que es. Hoy por hoy, nosotros no hemos planteado ese debate, aunque donde sí se ha planteado es en la ley de reparación histórica de los jubilados”. Y agregó: “es importante crear una comisión para debatir el futuro del sistema previsional, pero no hay ningún punto en este momento de agenda con la edad”. El debate sobre la edad jubilatoria es bastante antiguo, y se dio sobre todo en Europa debido a que su población envejecía más. Pero en América Latina, Argentina no envejeció a las mismas tasas que la región: era hace 25 años el segundo más envejecido, y hoy está en el séptimo lugar. Según estimaciones, a nuestro país le quedan 20 años para que su población se haga vieja, y la proporción de personas en edad de trabajar en relación con la población total es máxima, por lo que se cuenta con “un bono demográfico”, con el que el país podría hacerse rico antes que viejo, según el economista José María Fanelli. En los últimos años a partir de la extensión de la esperanza de vida y la complicaciones económicas, ha aumentado en algunos países la edad jubilatoria. Por ejemplo: en España (67), en Francia (62), y en Italia (66). En 2012 el FMI había desatado la polémica al afirmar que una longevidad inesperada constituía “un riesgo financiero”. “No alcanza con una comisión, debe haber un debate de cara a la sociedad con todas las fuerzas políticas”, afirmó a Clarín Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. El funcionario explicó que la financiación de las jubilaciones proviene del trabajo y de los impuestos. “El gravamen que más aporta es el IVA, que es el impuesto que más afecta a los pobres. Imaginen la sustentabilidad de un sistema previsional en donde los pobres financian a los pobres jubilados”, evaluó. En este sentido, señaló que “antes de cuestionar la variable edad, me preguntaría por los que aportan cero a las jubilaciones: la renta financiera, la minera y el juego”, concluyó Semino.

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Desde 1989, año en que se tipificó por primera vez el lavado de activos en la Argentina, el Estado recuperó de manera definitiva en causas por ese delito apenas US$ 1.600.000 y unos $ 85.000, un porcentaje irrisorio del dinero que se sospecha que se lavó durante los últimos 27 años. Para tener una idea de lo que se perdió basta un dato: sólo desde 2012 la Justicia dictó embargos preventivos por $ 17.300 millones en causas de lavado. El embargo es una medida que congela los bienes bajo sospecha, a la espera de una decisión definitiva, pero no les cambia la titularidad. Lo recuperado en 27 años, menos de $ 25 millones (al cambio de hoy), no llega al 0,15% de lo embargado en cuatro años. Los bienes recobrados en casi tres décadas también se tornan insignificantes si se los compara con los, al menos, US$ 32 millones que lavó el empresario kirchnerista Lázaro Báez, según determinó el juez Sebastián Casanello, en el procesamiento que le dictó en el caso de "La Rosadita", la causa más voluminosa de corrupción de los últimos años. La situación del recupero de activos en todo el universo de causas penales podría modificarse, coinciden los principales actores del sistema, si se avanza en la sanción del proyecto que introduce la figura de extinción de dominio, impulsado por la Casa Rosada. Pero la media sanción que obtuvo iniciativa en Diputados encuentra resistencias en el Senado, por lo que su aprobación puede demorarse (de lo que se informa por separado). En estos últimos 27 años se recuperaron también unos 20 inmuebles y 50 vehículos. Las cifras de recupero definitivo surgen de un relevamiento del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), al que accedió LA NACION, elaborado sobre la base de los juicios por lavado en los que se dictó una condena. Son apenas diez, según pudo constatar este diario. Autos y propiedades El mismo contraste se presenta cuando se compara lo recuperado con los embargos preventivos sobre bienes muebles e inmuebles dictados en los últimos cuatro años: afectan a 176 propiedades y 567 vehículos. Las cifras de embargos y del total de condenas provienen de las estadísticas oficiales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). A partir de la creación de ese organismo, en 2012, se disparó la cantidad de embargos y secuestros preventivos de activos en causas por lavado, pero la Argentina sigue estando muy atrasada en comparación con otros países. Según cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en Brasil hubo más de 290 condenas por lavado desde 2007; en Colombia, 320 desde 2009; en Chile, 80 desde 2007; en México, más de 200 desde 2004; en Estados Unidos, más de 3300 desde 2010; en Alemania, más de 2800 desde 2009, y en España, más de 300 desde 2013. La escasa cantidad de bienes recuperados en investigaciones por lavado cobra mayor relieve todavía si se tiene en cuenta otro dato: no hubo ningún caso en que se hayan recuperado bienes para el Estado antes de la finalización del proceso judicial, pese a que desde 2011 está permitido el decomiso previo a la condena en causas por delitos contra el orden económico y financiero. "La principal razón por la cual existen tan pocas condenas por lavado y delitos económicos en general es la falta de voluntad política de quienes intervienen en la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de estos hechos", dijo a LA NACION Agustín Carrara, director ejecutivo del Cipce. "A la falta de voluntad política se suman otros obstáculos, como por ejemplo la falta de capacitación

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suficiente y un sistema procesal muy ineficiente, donde las investigaciones son lentas, burocratizadas y oscuras", agregó. Para Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y ex titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), la escasa recuperación de bienes se debe a una combinación de falencias normativas y fallas en la aplicación de las herramientas existentes. "Hoy hay un límite legal, porque el Código Penal está condicionado al Código Civil. Hasta que no modifiquemos la ley, es casi imposible lograr un avance significativos en el recupero de activos", sostuvo. El juez de la Cámara Federal en lo Penal Económico Marcos Grabivker coincidió en que sería muy positiva una reforma legal que incorpore la extinción de dominio. "Hay que disponer de herramientas más efectivas para el decomiso de los bienes, para que no desaparezcan durante el proceso; en caso de que el acusado no resulte condenado en la causa penal, se lo puede indemnizar", evaluó el magistrado. Los datos del Cipce y de Procelac son los únicos disponibles acerca de los bienes recuperados en causas penales, dado que el Poder Judicial no lleva ningún registro de casos, condenas y decomiso. Por esa razón, en la Argentina no hay cifras oficiales ni estimaciones sólidas sobre los bienes recuperados en causas de corrupción. Tampoco se conoce el destino de los pocos activos recobrados por el Estado. De acuerdo con la ley, la regla general es que esos bienes pasan a formar parte del patrimonio del Poder Judicial. La Corte Suprema no lleva por el momento un detalle de esos activos, aunque, ante la consulta de LA NACION, allegados al tribunal indicaron que se está trabajando para crear un registro de acceso público. Es una de las recomendaciones que hizo la Organización de los Estados Americanos (OEA) al Poder Judicial, en 2013. Las causas más emblemáticas Fueron embargos multimillonarios, pero que, prácticamente, no volvieron a la economía María Julia Alsogaray Fue, en 2009, el primer decomiso en casos de corrupción. Se obtuvieron, aproximadamente, $ 3.200.000, mediante el remate de un petit hotel y, en 2014, otros $ 341.507, en concepto de intereses de la pena accesoria a la condena. El Cipce propuso que el dinero se destinara al hospital Garrahan, pero la Corte rechazó el pedido en 2013. Los jueces sostuvieron que asignar este dinero a un hospital público constituía una "liberalidad" que no están autorizados a realizar IBM - Banco Nación La causa empezó en 1995 y la Cámara de Casación condenó a los acusados por contrabando agravado en 2013, 18 años después. Carlos Menem y el ex ministro de Defensa Oscar Camilión estaban en la lista.La fiscalía había calculado que el Estado sufrió por este caso un perjuicio de 400 millones de pesos/dólares. Sin embargo, los decomisos aplicados a los condenados alcanzaron una suma total de US$ 1.272.016 Contrabando de armas En la investigación se comprobó que se había acordado un sobreprecio de entre US$ 80 millones y US$ 120 millones, del que llegaron a pagarse al menos US$ 21 millones. En 2010, se resolvió el decomiso a Mario Dadone de $ 344.000; a Hugo Gaggero, de $ 350.000; y disponer el decomiso del dinero secuestrado (US$ 4.441.507 en una cuenta congelada) y ordenar su transferencia a la Corte. Hoy todavía se discute qué va a ocurrir con este dinero.

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Esta semana, cada jubilado podrá saber si está incluido o no en el plan de reajuste de haberes y pago de juicios que pondrá en marcha la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), establecido por la ley 27.260, que fue publicada el viernes pasado en el Boletín Oficial. Según informó el organismo encargado de pagar las jubilaciones, se habilitará una página de Internet en la que, si se ingresa con una clave personal, se obtendrá esa información. Esto ocurrirá apenas se publique la reglamentación de la ley referida al programa de "reparación histórica" con los jubilados. En esta primera etapa, sólo se notificará si alguien es alcanzado o no por el plan, que será de adhesión voluntaria. En los casos en que la persona no sea beneficiada, según explicaron en la Anses, podrá pedir una entrevista para consultar las razones de la exclusión. El plan alcanza a unos 2,4 millones de jubilados. Para saber cuál es la oferta que hará en cada caso el Gobierno (es decir, cuál sería el nuevo ingreso mensual y, si correspondiera, el monto de la retroactividad), se deberá esperar hasta septiembre. Sólo a partir de ese mes los jubilados contarán con información suficiente para poder analizar la conveniencia de adherir o no al plan. En caso de aceptar, habrá que suscribir un acuerdo que deberá ser homologado por un juez del fuero de la seguridad social. Tanto para recibir los datos como para poder suscribir luego el acuerdo, los jubilados deben cumplir con una serie de trámites y requisitos. El primer trámite es ingresar a la página de Internet www.anses.gob.ar para generar una clave personal. Ésta se obtiene completando datos en la Web (hay que hacer clic en la solapa que dice Mi Anses). Para validar la clave elegida, el sistema hace tres preguntas relacionadas con la vida laboral o el cobro de beneficios de la persona interesada. Si se responde todo correctamente, se habilita el código sin necesidad de ir personalmente a una oficina de la Anses. Una vez en la página, se deberán verificar los datos personales y de contacto que aparecen consignados. Otro requisito es registrar la huella digital, algo que más de 3 millones de pasivos ya hicieron en el banco donde cobran habitualmente sus haberes. De no haberlo hecho, y si el banco todavía no tiene el sistema habilitado, el camino es recurrir a alguna unidad de atención de la Anses habilitada para este trámite (no todas lo están). El organismo también está gestionando acuerdos con las entidades bancarias que habilitaron ya el sistema de la huella para que puedan recurrir allí los jubilados que cobran en otros lugares. Éste es un paso ineludible para adherirse al plan, porque la firma del acuerdo se hará "con el dedo": se utilizarán las huellas digitales del beneficiario y de su abogado (por tanto, los profesionales también deberán hacer antes el empadronamiento). ¿Cuántos jubilados están alcanzados por el plan? Según ya informó la Anses, se trata de más de 2,4 millones de personas. De ellas, 60.000 tienen sentencia judicial firme; otras 400.000 tienen su demanda en trámite, y el grupo más numeroso, de unos 2 millones de personas, es el de quienes no se presentaron a la Justicia, pero se les reconoce que cobran menos de lo que deberían, si se toma en cuenta lo dicho por los jueces de la Corte Suprema en sus fallos. Las sentencias a las que se busca dar cumplimiento con este plan son cuatro, aunque las que abarcan a más personas son dos: el caso Badaro, que estableció que todas las jubilaciones debieron

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haber aumentado entre 2002 y 2006 no menos que la variación que tuvo un índice salarial; y Elliff, una causa en la cual se determinó que deben actualizarse los valores históricos de las remuneraciones de los últimos 10 años de vida laboral de la persona, que son considerados en el cálculo del haber inicial. Las otras dos causas son "Sánchez" y "Monzó". En el recálculo del haber inicial, se actualizarán los salarios de los últimos diez años trabajados en función de la evolución que tuvo un índice llamado remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte), que publica la cartera laboral. Los jueces previsionales, en cambio, disponen en sus fallos, y a partir del caso Elliff (en el que, según destacan en la Anses, se reconoce como una facultad del organismo elegir un parámetro de ajuste), la utilización del índice de salarios básicos de la industria y la construcción (Isbic), que tuvo por lo general una variación más alta. Esto determinará diferencias entre lo que está próximo a ofrecer el Gobierno y lo que podría conseguirse en un juicio. Otra diferencia surgirá, en algunos casos, por el hecho de que el plan de reparación aplicará un tope, que es el haber máximo que rige para el sistema. Ese valor hoy es de $ 36.330 mensuales y se elevará en septiembre por el régimen de movilidad. Un factor a tener en cuenta al analizar la aceptación o no del plan -que, según cálculos de la Anses, derivará en una mejora promedio del ingreso de un 40%- es en qué estado está el juicio, en caso de exisitir. Y el hecho de que se cuente o no con una sentencia firme. En el Gobierno afirman que, a la par de la implementación de este plan, continuarán liquidando los fallos que le van llegando desde la Justicia, y para lo cual este año se presupuestaron $ 12.500 millones. El programa contempla el reconocimiento de una retroactividad sin límite temporal para quienes tengan sentencia firme, en tanto que ese pago se limitará a cuatro años en el caso de quienes estén con un juicio en trámite (se cuentan dos años hacia atrás desde el momento de la notificación de la demanda a la Anses, más el tiempo que haya transcurrido luego). Los montos retroactivos (que surgen de la diferencia entre lo que se debió haber cobrado según el nuevo cálculo y lo que se cobró efectivamente) se percibirán de la siguiente manera: 50% en efectivo y 50% en cuotas trimestrales que se pagarán durante 3 años y serán actualizadas cada 6 meses por el índice de movilidad. Para quienes no iniciaron juicio hasta el 30 de mayo pasado, no habrá retroactividades. El nuevo haber será reconocido desde la fecha de aceptación formal de la propuesta, aunque la fecha de inicio del cobro dependerá de cuánto demore el paso de la homologación judicial. Cómo funcionará el sistema Paso a paso para hacer la consulta Inicio de la consulta en internet: ingresar a www.anses.gob.ar y tras clickear en el apartado Mi Anses, generar una clave de la seguridad social Datos para actualizar: clickear en el ícono de Contacto (este ícono representa un pequeño teléfono) y actualizar los datos personales Registro de huella digital: si aún no lo hizo, registrar la huella digital en el banco donde cobra los haberes o en alguna oficina de atención de la Anses Consulta sobre el ajuste: consultar en la pagina si corresponderá o no un reajuste del haber Firma del acuerdo: en septiembre, al conocer la oferta de pago, se podrá aceptar el acuerdo; se firmará con la huella digital del beneficiario y de su abogado Paso por el juzgado: el acuerdo se transferirá por vía electrónica al fuero de la seguridad social, donde un juez deberá homologarlo Listo para el cobro: se empezará a cobrar el haber actualizado y, de corresponder, el 50% de la retroactividad; el 50% restante se cobrará en cuotas

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La frágil tregua entre el Gobierno y los sindicatos de la CGT se mantiene en pie por dos factores. El primero, netamente económico: la agilización de algunos reintegros a las obras sociales por prestaciones de alta complejidad y la promesa oficial de distribuir los $ 30.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la caja en donde se atesora el aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores de sus salarios. El segundo, más político: las tres vertientes de la CGT pretenden concretar el 22 de agosto la reunificación, antes de activar un plan de lucha para reclamar por la caída del empleo y la suba de tarifas y de la inflación, entre otras demandas. Hay que preservar el proceso de unidad ante todo, dicen, casi en bloque, los gremialistas. Sin embargo, una cadena de episodios acelera la ruptura del acuerdo implícito que hubo a partir del veto presidencial a la denominada ley antidespidos y el ajuste en la economía. Estos son algunos de los puntos que tensan cada vez más el vínculo entre los gremios y el poder: Inflación y tarifas: en un documento cargado de críticas, la CGT calificó de "indiscriminados" los aumentos y advirtió sobre una "crisis social", la caída del empleo y el alza de la conflictividad judicial laboral. A partir de este diagnóstico, crece internamente la iniciativa de presionar en bloque para reabrir las paritarias, algo que no sería sencillo porque cada acuerdo salarial es particular. "Si los salarios aumentan 35%, el gas no puede ser 400% más caro", dijo hace unos días Héctor Daer en una entrevista en El Cronista. Este será el argumento de los gremialistas para reabrir los acuerdos salariales u obtener un adicional a fin de año. Impuesto a las Ganancias: los gremios le enrostran al oficialismo el incumplimiento de la promesa de campaña, en la que Mauricio Macri había planteado la derogación del tributo que pesa sobre los salarios. El Gobierno sólo elevó el piso del mínimo no imponible y se comprometió a modificar por ley las escalas, pero a partir de 2017. Hugo Moyano es el que más cuestiona este ítem por dos razones. La primera, porque casi todos los camioneros son alcanzados por el tributo. Y la segunda, porque él fue uno de los pocos sindicalistas que puso el rostro en la campaña electoral macrista para vencer al kirchnerismo. La iniciativa oficial, que data del 18 de febrero pasado, excluyó inicialmente de Ganancias a 180.000 trabajadores, según precisó Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, la anulación del decreto 1242 de 2013 (que excluía del régimen a los salarios netos inferiores a los $ 15.000) habría sumado a la lista de contribuyentes a 200.000 trabajadores y a más de 100.000 jubilados, según registros de la propia AFIP. Importaciones: hay sectores de la industria nacional que ya sufren los coletazos de la apertura de las importanciones. Las áreas más afectadas son la textil, metalúrgica y las autopartistas. Para ésta, el Gobierno lanzó un incentivo para capitales nacionales. En realidad, fue una propuesta del opositor bloque Justicialista, que encabeza el diputado Oscar Romero, referente de los mecánicos del Smata. Antonio Caló, jefe de los metalúrgicos de la UOM, teme por sus 15.000 afiliados de Tierra de Fuego, polo nacional de la industria tecnológica, si el Gobierno habilita definitivamente el ingreso de telefonía celular y computadoras desde otros países. Pero como Caló, hay otros dirigentes en estado de alerta: los hermanos Rodolfo y Héctor Daer monitorean las importaciones en alimentos y

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medicamentos, respectivamente, y ya advirtieron sobre los riesgos de relegar productos elaborados en nuestro país. Conflictos y despidos: en la CGT creen también que es momento de poner la guardia en alto porque la conflictividad está en alza. En algunos sectores se mantienen las bajas y suspensiones a pesar de la tregua por 90 días que habían sellado el Gobierno y unos 200 empresarios el 9 de mayo pasado. Por entonces, ese pacto fue rechazado por la central obrera. Los gremios cegetistas están dispuestos a salir de su letargo porque no quieren perder terreno. Un ejemplo: la pasividad de los estatales de UPCN en su seccional bonaerense les hizo perder afiliados que recurrieron al amparo de ATE, que está nucleada en la CTA. Las dos vertientes de la CTA siguen de cerca el proceso de reunificación de la CGT y aspiran a coincidir en una misma jornada de protesta, como lo hicieron el 29 de abril último. Si los nexos se afianzan y se apuran los tiempos, los ceteístas Hugo Yasky y Pablo Micheli confían en sumar el apoyo de la CGT a una gran Marcha Federal, como la que se hizo en la década del 90 para protestar contra el gobierno de Carlos Menem. En principio, la Marcha Federal tendrá su epicentro en la Plaza de Mayo y se prevé para el 24 de agosto, dos días después del surgimiento de la CGT unificada. Puntos en conflicto Los gremios se quejan por promesas incumplidas Reclamos Inflación En vista de los aumentos tarifarios y el desempleo, la CGT pide la reapertura de paritarias Impuesto a las ganancias Reclaman que Macri había prometido la derogación de este tributo y exigen el cumplimiento de la promesa. Importaciones El ingreso de productos que antes estaban bloqueados genera descontento en distintos sectores Despidos Se mantienen las cesantías y bajas, a pesar de la tregua de 90 días con el Gobierno

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Esta semana será la "puesta a punto" para el arranque del blanqueo. Tras la promulgación de la ley el viernes, en los próximos días se irán conociendo los decretos reglamentarios de organismos como la AFIP, el Banco Central, la UIF y la Comisión Nacional de Valores. Uno de los aspectos centrales es de qué forma habrá que instrumentar la presentación de la cuenta radicada en el exterior (finalmente la "foto" con la tenencia de activos sería al 22 de julio) y de qué manera habrá que pagar la alícuota del 10% correspondiente. Y lo mismo sucede con el 5%, que es la multa por el blanqueo de inmuebles no declarados tanto en la Argentina como fuera del país. Será la AFIP la que tendrá la última palabra respecto de cómo avanzar con estos detalles. Una opción que se terminaba de definir en las últimas horas es que el pago de ese 10% de alícuota por el blanqueo de cuentas en el exterior directamente se deposite en una cuenta del Banco Nación en Nueva York. De esta forma, el objetivo es que los dólares que paguen los contribuyentes representen un ingreso para el fisco pero al mismo tiempo se busca evitarle un dolor de cabeza al Banco Central. Con este esquema que definirá el organismo, sería el propio Gobierno el que determina cuándo y de qué manera utilizará esas divisas. Al mismo tiempo, también se evitaría un costo adicional al contribuyente, ya que traer esos dólares a la Argentina aún por canales legales cuesta entre un 1% y un 2% adicional, que se sumaría a la alícuota del 10% del blanqueo. Se estima que la recaudación por el sinceramiento de cuentas en el exterior y de activos podría ubicarse entre u$s3.000 y 4.000 millones hasta fin de año. Esta cifra se suma a las emisiones de bonos por parte del Gobierno nacional y provincias, lo que podría generar mayor presión bajista en la cotización de la divisa justo cuando el atraso cambiario empieza a ser un tema de preocupación. En los últimos días el tipo de cambio volvió a operar a la baja y finalizó la semana a $15,19. Una posibilidad es que a partir de agosto, con el menor ingreso de divisas de la cosecha gruesa, baje la oferta de dólares y eso le dé cierto impulso al tipo de cambio. El economista Orlando Ferreres, por ejemplo, estimó que la cotización podría finalizar a $17 a fin de año, pero otros creen que no llegará a superar los $16, lo que acentuará el atraso cambiario en un contexto de aún alta inflación. La reglamentación también definirá las principales características de la cuenta que deberán utilizar los contribuyentes para blanquear efectivo dentro de la Argentina. Entre otros aspectos, estará exenta del impuesto al cheque y habrá limitaciones para la actuación de la Unidad de Información Financiera en relación con el dinero que se declare. Para quienes entren al blanqueo es clave que una vez exteriorizado su patrimonio no se vean sujetos a una investigación por lavado de dinero u otro tipo de delito. Según dispuso la ley, esas cuentas deberán mantenerse inmovilizadas por el plazo de seis meses. Otro aspecto que aún es incierto es de qué forma habrá que integrar el 5% correspondiente al blanqueo de inmuebles. Por la información disponible, habrá que pagar todo de una vez y no en tres cuotas, según había circulado en un primer borrador elaborado por la AFIP. El planteo en este sentido es que la persona que informa sobre un bien no declarado podría no contar con el efectivo para pagar la alícuota correspondiente, pero el argumento habría sido desestimado por el titular de la AFIP, Alberto Abad. Tras la promulgación de la ley, se estima que hoy o a más tardar mañana se conocerá el decreto reglamentario por parte del Poder Ejecutivo, en el que se divulgarán más detalles respecto de los mecanismos de blanqueo y luego será el turno de los demás organismos. Se estima que entre la primera y la segunda semana de agosto el esquema estará plenamente operativo, aún cuando hay 30 días para avanzar con los aspectos reglamentarios de la ley. Dentro de los detalles que divulgará la AFIP, también habrá un capítulo destinado a la moratoria impositiva, que permitirá el pago de impuestos atrasados con 60 cuotas y límites en el cobro de intereses. En el mismo sentido, también se habilitarán premios para aquellos contribuyentes "cumplidores", como la exención en el pago del impuesto a los bienes personales para los próximos tres años.

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El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que logró la anulación del tarifazo del gas y obligó al Gobierno a desdecirse de sus anuncios de un nuevo tope del 400% en los aumentos, buscará ahora que esos fallos no queden en suspenso mientras se tramita la decisión final de la Corte Suprema. Con plazo hasta el viernes para contestar el pedido oficial de acceder al máximo tribunal, la ONG solicitará que se habilite la instancia, pero que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata conceda un "efecto devolutivo" que mantenga en vigencia su fallo del 7 de julio hasta tanto haya una decisión final sobre la validez del tarifazo. No apelarán la resolución del juez Alberto Recondo, quien el viernes último consideró que no había peligro de aplicación del nuevo tope anunciado por el Gobierno, dado que desde el propio Ejecutivo se había instruido a las empresas a no implementar las resoluciones que habían dictado luego del primer revés judicial. La Sala II de la Cámara ya había rechazado la primera intentona del Gobierno de considerar que el fallo quedaba en suspenso con la mera interposición del recurso para acceder a la Corte. Sin embargo, con el correr del trámite y en caso de conceder la elevación, salvo que los jueces lo consideren expresamente, los efectos del fallo quedarán en suspenso mientras se tramita en la Corte. Eso es lo que buscan conjurar los amparistas con el pedido a la Cámara. Por ahora no hay peligro de aplicación del tarifazo ni del nuevo tope del 400% que el Gobierno fijó pero puertas adentro ordenó no aplicar, pero si el fallo de anulación pierde vigencia y el Ejecutivo da una contraorden, podría comenzar a aplicarse el nuevo tope, que no fue anulado por Recondo, por considerar que no había peligro inminente de aplicación. Esa maniobra es la que Cepis busca arrinconar. Hasta las dos primeras horas del viernes, las partes pueden opinar sobre la viabilidad de que el Gobierno recurra a la Corte, y que el máximo tribunal comience a analizar el "caso" que estaba esperando. Lo más factible es que la sala de feria aguarde al lunes siguiente para que sea la propia Sala II, con su integración habitual, la que defina en una materia tan sensible. Esos jueces ya opinaron que si conceden el recurso, su fallo perderá vigor. La otra opción -menos viable- es que lo rechacen y el Ejecutivo deba ir "en queja" a la Corte. Pero se replicará el escenario: en cuanto la Corte acepte tratar la queja, el fallo de Cámara perderá vigencia. Sin embargo, para ambas circunstancias existen interpretaciones. La Cámara puede conceder la apelación a su fallo con efecto devolutivo (sigue vigente la anulación resuelta) lo que cubriría a usuarios y consumidores de que ningún tarifazo se le aplicará dure lo que dure la definición en la Corte. Es en el máximo tribunal donde ya circula la idea -adelantada por Ámbito Financiero- de arrebatarle al Gobierno la potestad de llamar a la audiencia pública (recién en octubre) y convocarla antes para definir el pleito. El Gobierno tiene una semana más antes de que comience a correrle el reloj de los diez días hábiles para presentar el informe que le solicitó la Corte, con un detallado panorama de cómo se decidió el tarifazo inicial, qué parámetros utilizó para calcular el impacto económico y social que tendría en la población, y qué esquema de costos discriminó para modificar el cuadro tarifario. El viernes último, Recondo reveló que en el informe que le presentó la Procuración del Tesoro, existía una comunicación del Ministerio de Energía del 14 de julio que ordenaba al Enargas "medidas preparatorias" para la aplicación del nuevo tope del 400%. Allí, se notificó que debía "posponerse" su efectiva ejecución.

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El Gobierno prepara un "centro de reunión de información" que permita "tener una alerta temprana" sobre eventuales acciones terroristas, en tanto comenzó a interactuar con Interpol en los pasos más importantes del país. Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La titular de esa cartera enmarcó estas decisiones en "la preocupación cotidiana" del Ministerio por la seguridad ciudadana, no por un hecho específico como el acontecido la semana pasada en Brasil, donde las autoridades detuvieron a diez personas que dieron indicios de estar perpetrando un atentado en el marco de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que comenzarán la próxima semana. "Estamos muy prevenidos junto con la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) con un trabajo muy sustantivo, y con análisis de inteligencia con todos los servicios del mundo", precisó en declaraciones al diario Clarín. Respecto de los Juegos Olímpicos, la ministra ratificó que viajarán a Brasil efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura para tomar parte del operativo de seguridad que involucrará en total a 55 países en tareas de colaboración, inteligencia y patrullaje. La coyuntura internacional, con eje en Europa, activó en todo el mundo las alertas anti terroristas y en los análisis que suelen realizarse se recuerda de Argentina los atentados a la Embajada de Israel (1992) y la sede de la mutual judía AMIA (1994), que al momento incluso están sin que se hayan esclarecido.

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El presidente Mauricio Macri aseguró que la Justicia laboral debería ser más ecuánime, en favor de los empresarios. El mandatario consideró que, para que lleguen las ansiadas inversiones, hace falta “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. El Presidente también fustigó a los jueces que “obstaculizan” su gestión (por ejemplo, frenando el aumento de tarifas) y responsabilizó a Justicia Legítima. En respuesta, el jefe de bloque del kirchnerismo en Diputados, Héctor Recalde, afirmó que “lo que están buscando es la flexibilización laboral”. En un reportaje al diario La Nación, Macri dejó en claro que considera que la Justicia laboral falla demasiado en favor de los trabajadores. Reclamó que sea “más equitativa” con los empresarios. Y lo mencionó como uno de los pilares para que lleguen las inversiones, junto con que “el peronismo se muestre racional, más comprometido con políticas permanentes de Estado”. “Está muy mal informado de la realidad, de las estadísticas, de la Constitución y de la ley. Lo demás, todo fenómeno”, retrucó Recalde en diálogo con Página/12. “El artículo 14 bis de la Constitución, establece la protección de los trabajadores. Cuando uno revisa las estadísticas –que ahora no funcionan porque las cambió la Corte– en materia de accidentes de trabajo, se puede ver un estudio de la socióloga Irene Vasilachis de Gialdino, que indicaba que el trabajador perdía el 65 por ciento de los juicios en el derecho civil”, advirtió Recalde. “Con la ley vigente, y hago la autocrítica porque la aprobamos, los juicios van a derecho civil, que no tienen que ver con el derecho del trabajo”, indicó. Para el dirigente kirchnerista, las declaraciones de Macri apuntan a una mayor flexibilización laboral. “Eso se ve también en el acuerdo que hicieron con McDonald’s y con lo que va a pasar con el sistema previsional. Este es un gobierno para ricos, no para los trabajadores. Es un regreso al pasado”, señaló. Jueces en la mira No fue el único comentario que hizo el presidente sobre el Poder Judicial. Dejando de lado el discurso sobre la independencia de poderes, Macri fustigó a los jueces que fallan contra su Gobierno y responsabilizó a la agrupación Justicia Legítima por todos los fallos en contra del aumento de tarifas. “El kirchnerismo se fue, pero Justicia Legítima sigue ahí”, indicó el Presidente, sin decir si tienen intenciones de buscar removerlos. “Hay jueces y fiscales de esa agrupación en todos lados que obstruyen la política (como sucedió con las tarifas) o que creen en la abolición del Código Penal”, lanzó el mandatario. “Traban las decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales”, los acusó. Para completar el tono amenazante, dijo: “Los conozco. Me hacían lo mismo en la Capital”. En su paso por la gestión porteña, Macri tuvo el récord de recusar en miles de causas a un juez, de intentar modificar las mayorías del Consejo de la Magistratura (finalmente, lo consiguió) y de cuestionar a los magistrados por limitar decisiones de su Gobierno que afectaban derechos sociales. Esto ocurrió, especialmente, en los primeros años de su gobierno, hasta que el macrismo consiguió

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ubicar jueces propios en los distintos estamentos y asegurarse un Tribunal Superior de Justicia que suele fallarle en forma favorable. Contra Tinelli Macri también tuvo un párrafo contra el conductor televisivo Marcelo Tinelli, quien acusó al Gobierno de enviar un ejército de trolls (cuentas falsas de Twitter que insultan) en contra de él por las imitaciones que se hacen del presidente en su programa ShowMatch. Ayer, una consultora citada por el periódico Perfil confirmó que hubo un ataque orquestado con cuentas falsas contra el conductor de televisión. Ajeno a estos datos, Macri esbozó su teoría sobre lo sucedido: “Él decidió satirizarme y recibió 150.000 tuits de crítica. Investigamos el tema. No hubo trolls ni el Gobierno tuvo nada que ver”, aseguró el presidente. “Sí hubo 30.000 tuiteros que lo criticaron. ¿Cómo no va a haber 30.000 tuiteros que simpatizan con el Gobierno, si este gobierno es producto en gran medida de las redes sociales? Es increíble que se ofenda”, indicó Macri, quien no alcanzó a explicar como 30 mil personas repitieron mensajes exactamente iguales contra el conductor. Macri, quien días antes había dicho que no le molestaban las parodias de Tinelli, se contradijo: “Me satiriza de mala manera ante tres millones de personas en televisión y se ofende porque lo critican 30.000 tuiteros”. El estudio citado, atribuido a un grupo de expertos contratados por Tinelli, indica que esos usuarios se activaron en simultáneo y se comportaron con respuestas automatizadas (publican las 24 horas de manera uniforme y los mismos mensajes se repetían en un 88 por ciento de los casos), y se eliminaron masivamente luego de la operación de instalar el hashtag #TinelliMercenarioK. Sólo el 2 por ciento de las personas eran reales y la mayoría de las cuentas falsas se pudieron vincular a nodos PRO. El Presidente no detalló como sus seguidores consiguieron tal grado de sincronización, propios de un software operado por pocas personas.

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Alemania parece no poder regresar a su habitual calma. Ayer, dos hechos violentos volvieron a agudizar el miedo entre los alemanes. Temprano, un refugiado sirio de 21 años asesinó con un machete a una chica polaca aparentemente embarazada e hirió a otras dos personas en Reutlingen, en el suroeste del país. Aunque según la policía todo indica que se trató de un femicidio, sin en apariencia ningún trasfondo terrorista, el nuevo incidente incrementa la crispación social y la desconfianza hacia los refugiados. Pero hacia la noche, una bomba estalló ante un restaurante cerca de la entrada a un festival de música al aire libre en la ciudad de Ansbach, en inmediaciones de Nuremberg, también en el sur alemán. Al principio, la prensa habló de una explosión de gas. Pero hacia medianoche la policía informó que se trataba de una bomba que estalló en las manos de quien la transportaba. Se desconocía al cierre de esta edición la identidad del atacante, aunque se presumía que intentaba detonar el artefacto en el festival. La alcaldesa de la ciudad, Carda Seidel, dijo que había al menos diez víctimas. Al festival, que fue cancelado, asistían alrededor de 2.500 personas. El episodio de Nuremberg y el más temprano de Reutlingen incrementan la crispación pública en un país donde estos hechos no son comunes, en medio de una debate nacional sobre los refugiados. En una semana, ya hubo cuatro hechos de violencia. El lunes pasado, otro joven sirio había atacado con un cuchillo y un hacha a los pasajeros de un tren cerca de Wurzburgo, en el sur del país. Cinco personas resultaron heridas en este ataque, que luego fue reivindicado por el grupo terrorista ISIS. El viernes último, un chico de 18 años de nacionalidad alemana e iraní, con graves problemas psíquicos y fanático de los tiroteos múltiples, mató a nueve personas y se suicidó en Munich. Por lo que se sabía hasta anoche, los cuatro casos no tienen conexión entre sí y sus móviles parecen distintos. Pero al menos el hecho de violencia de ayer, protagonizado por un refugiado sirio aún no identificado, podría derivar en más presión sobre el gobierno de la canciller Angela Merkel para que endurezca su política migratoria, sobre todo por parte de la extrema derecha. “Después de los sucesos de Munich y Wurzburgo, la gente tiene miedo, está insegura”, advirtió Thomas Strobl, ministro del Interior de la región de Baden–Wurttemberg, donde se encuentra Reutlingen. “Por eso las fuerzas de seguridad están muy sensibilizadas ante hechos violentos como el de hoy”, agregó. Las imágenes del centro de una localidad como Reutlingen acordonado por la policía, con ambulancias y patrulleros por todos lados, además de un helicóptero en el cielo, generaron impacto. Pese a tratarse casi seguramente de un caso de violencia de género, el asesinato de la joven polaca podría alimentar la desconfianza que crece en algunos sectores de la sociedad hacia los cientos de miles de refugiados que llegaron a Alemania en el último año. El nuevo episodio podría incluso empeorar el clima social como sucedió después del acoso y manoseo a cientos de mujeres por parte de grupos de hombres mayoritariamente oriundos del norte de Africa durante las celebraciones del último año nuevo en Colonia, en el oeste del país.

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Poco después de estos sucesos que conmocionaron a la sociedad alemana, el gobierno de Berlín restringió el derecho de asilo para denegárselo a personas oriundas de los países del Magreb, entre otros. Después del tiroteo del viernes en Múnich, los sectores conservadores piden ahora que las fuerzas armadas puedan intervenir en el interior del país en casos de emergencia como un ataque terrorista. Según testigos, el asesino del machete de Reutlingen estaba “completamente fuera de sí” y podría haber herido a más personas si no hubiera sido atropellado por otro joven que manejaba un BMW y que, al ver lo que estaba pasando, lanzó el auto contra el agresor. Siete minutos después, la policía detenía al peticionario de asilo sirio e informaba que tenía antecedentes por lesiones y había participado en varias riñas y peleas. El homicidio tuvo lugar delante de un restaurante de comidas rápidas turcas llamado Mangal poco antes de las cuatro y media de la tarde en el centro de Reutlingen. El joven sirio sería oriundo de Aleppo, habría llegado a Alemania hace un año y medio y trabajaba en el mismo restaurante que su víctima.

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Un tirador mató a por lo menos una persona e hirió a otras 14 en un club nocturno de Florida anoche. Testigos aseguran que se escucharon unos 30 disparos. Las autoridades investigan el trasfondo de lo sucedido. El hecho se produjo en un boliche llamado Club Blu, ubicado en la ciudad de Fort Myers, en una fiesta en la que, según los primeros reportes, se celebraba una fiesta de adolescentes y había menores de edad. Aunque aún es muy pronto y no hay información que indique que se haya tratado de un acto de terrorismo, el incidente remite a episodio ocurrido el mes pasado en un boliche gay de Orlando, en el que Omar Mateen, un estadounidense nacido en Nueva York, de 29 años y padres afganos, abrió fuego y provocó la muerte de 50 personas. Se supo luego del ataque que el hombre integraba el grupo yihadista Estado Islámico.