Módulo I –

Gerencia pública

“Mejorando la

Implementación de los

Programas Públicos ”

Instituto Interamericano para el

Desarrollo Económico y Social

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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Este documento es propiedad intelectual del Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID) y del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES). Cualquier reproducción parcial o total de este documento debe ser informada a: BID-INDES@iadb.org

Autores:

Juan Carlos Cortazar

Tutor del Curso:

Elizabeth Guerrero

Coordinador del Curso:

Mercedes Di Virgilio

Colaboradores:

Coordinación Aula Virtual: Cynthia Smith

Asesoría Académica y Pedagógica: Nydia Díaz Díaz

5ª Edición

Mayo 2011

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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Índice

Objetivo del Módulo ................................................................... 4

Unidad I.I: ¿ Qué son las políticas públicas? ¿Cuándo es valiosa una

intervención en el ámbito público? .................................................. 4

Objetivos de Aprendizaje:........................................................... 4

Bilbliografía ............................................................................ 14

Unidad I.II: ¿Cómo cambia esta perspectiva sobre los programas

públicos la manera en que entendemos nuestro propio rol como

gerentes? .................................................................................. 15

Objetivos de Aprendizaje:......................................................... 15

Bibliografía ............................................................................. 21

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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Objetivo del Módulo

- Reconocer la noción de políticas públicas, sus características y

relacionarla con la de valor público.

- Identificar las especificidades de la gerencia social.

- Identificar el propósito y características principales del rol de los

gerentes en el ámbito público.

Unidad I.I: ¿ Qué son las políticas públicas? ¿Cuándo es

valiosa una intervención en el ámbito público?

Objetivos de Aprendizaje:

1. Reconocer la noción de programa social y relacionarla con la de

valor público.

2. Identificar las especificidades de la gerencia social.

Todos los que estamos participando en este curso estamos

involucrados en la gestión de políticas públicas en el nivel regional o

local. Comenzaremos reflexionando sobre la noción de políticas

públicas para luego ver que implicaciones puede tener la noción de

valor público en la manera como entendemos las políticas públicas, en

general, y los programas sociales, en particular.

¿Qué es una política pública?

Una política pública puede entenderse como un conjunto-secuencia de

decisiones y acciones, relativas a la elección de fines y/o medios, en

respuesta a problemas y/o necesidades. No es comportamiento

reactivo o casual, sino, por el contrario, propositivo e intencional. La

política pública “se pone en movimiento con la decisión de alcanzar

ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con

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sentido” (Aguilar Villanueva, 1996:24).1 Por su carácter propositivo, la

política denota las intenciones y/o los resultados que las fuerzas

políticas, en particular, los gobernantes desean alcanzar. El conjunto-

secuencia de decisiones y acciones que definen la política es el

resultado de la intervención de numerosos actores políticos y

gubernamentales. Por ejemplo, la política de tierra y vivienda de un

municipio compromete no sólo al conjunto de intervenciones (en

materia de normas, acciones directas y recursos) que realiza la

Secretaría de Planeamiento, sino también las distintas tomas de

posición de otros actores: las empresas constructoras que representan

los intereses del sector privado, el gremio de la construcción que

defiende los intereses de los trabajadores del sector alterado (o no)

por la política pública, las organizaciones sociales con sus demandas y,

también, la población de los barrios y/o zonas objeto de la

intervención.

De este modo, la política pública no debe entenderse como la decisión

centralizada y deliberada del actor gubernamental. Antes bien, toda

política pública incorpora las muchas y diversas decisiones y acciones

de los múltiples actores participantes, gubernamentales y

extragubernamentales, que en sus diversas interacciones preparan y

condicionan la decisión central, le dan forma y la llevan a la práctica,

haciéndola y rehaciéndola, con el resultado muy probable de que los

hechos finalmente obtenidos no se asemejen a las intenciones y/o

planes originales. “La política es entonces un proceso, un curso de

acción, que involucra todo un conjunto complejo de decisores y

operadores, más que una decisión singular, suprema e instantánea.

Una política no es sólo una decisión (por ejemplo, la decisión de no

actuar). Es, ante todo acción, un conjunto de acciones” (Aguilar

Villanueva, 1996:24). Desde esta perspectiva, la política pública no es

1 Aguillar Villanueva (1996) señala que aún en el caso de la inacción, media una decisión deliberada de no

actuar frente a un problema público. Dicha decisión de no actuar se basa en el supuesto de que el dejar hacer o ignorar la situación constituye la mejor estrategia frente a la cuestión.

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resultado de un proceso lineal, coherente y necesariamente

deliberado, sino que es el resultado de un proceso social y político que

configura -- en consecuencia -- un campo en disputa (Chiara y Di

Virgilio, 2009).

La política pública es, en suma, a) el curso de acción

deliberadamente diseñado, b) el curso de acción efectivamente

seguido y c) los hechos que dichas acciones producen (Aguilar

Villanueva, 1996).

La política pública habitualmente se expresa en dispositivos técnicos

(leyes, reglamentos y/o programas) que prescriben los cursos de

acción a seguir para enfrentar el problema al que refiere. Entonces, si

la noción de política pública hace referencia necesariamente a

procesos políticos y sociales que se desarrollan en el tiempo, cuando

se habla de programa público se hace referencia a una construcción

meramente técnica que establece las prioridades de la intervención,

identificando y ordenando las acciones a seguir, definiendo el marco

institucional y asignando los recursos que se van a utilizar (ONU,

1984).

De este modo, los programas públicos pueden entenderse como

conjuntos estructurados de actividades mediante las cuales los

organismos públicos diseñan y producen bienes y servicios, como

medio para “satisfacer necesidades básicas, construir capacidades,

modificar condiciones de vida o introducir cambios en los

comportamientos, en los valores o en las actitudes que los sustentan”

(Martínez Nogueira, 1998:7). Los programas públicos forman parte del

proceso más amplio de desarrollo de políticas públicas (entre las

cuales se incluyen las sociales), estando más cercanamente vinculados

-- como la definición anterior propone -- al diseño, producción y

entrega de bienes y servicios para los ciudadanos.

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Programas públicos: conjuntos estructurados de actividades

mediante las cuales las organizaciones públicas diseñan, producen y

entregan bienes y servicios, con la finalidad de satisfacer necesidades

básicas, construir capacidades, modificar condiciones de vida o

introducir cambios en determinados comportamientos.

Hay tres elementos constitutivos de los programas y políticas públicos

sobre los cuales es importante reflexionar:

El interés de los actores involucrados por enfrentar una situación

que es considerada como un problema público, es decir, que

requiere una intervención desde el espacio público. Así las

necesidades básicas, la ausencia de capacidades, las condiciones

de vida, el desempleo, etc. son objeto de política pública en la

medida en que sean percibidos como problemas. Es a partir de

dicha percepción que se ponen en marcha un conjunto de

actividades para ofrecer bienes o servicios que respondan a las

necesidades o problemas percibidos. La realización de un

conjunto organizado (estructurado) de acciones. Las políticas y

programa no consisten solamente de un discurso sobre un

problema colectivo. Su existencia efectiva depende de la

ocurrencia de acciones que generan situaciones, bienes o

servicios que buscan enfrentar el problema en cuestión.

La toma de una serie de decisiones por parte de un conjunto

relativamente amplio de actores. Como señala Subirats

(1994:41) a lo largo del proceso de desarrollo de políticas y

programas públicos es necesario “decidir que existe un

problema, decidir que se debe intentar resolver, decidir la mejor

manera de proceder, decidir legislar sobre el tema, etc.”

Toda política y programa público pretende enfrentar de manera más o

menos explícita alguna situación que es considerada problemática.

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Entonces, ¿qué entender por un “situación problemática”? Aquella

situación que determinados actores o grupos consideran negativa

(pues muestra una brecha entre sus aspiraciones y la realidad), que

creen debe cambiar y que estiman posible cambiar mediante la acción

pública.

Problema público: Situación que determinados grupos o sectores

sociales consideran negativa, creen que debe cambiar y respecto a la

cual exigen una intervención pública.

Por ejemplo, hace 25 o 30 años las situaciones de violencia contra la

mujer no eran consideradas en nuestra región como un problema que

requería la intervención pública. Eran consideradas en tanto problema

privado de las familias e individuos, mas no un área de acción pública

que requiriera tomar decisiones y ejecutar acciones utilizando la

autoridad del Estado para cambiar dicha situación. Ha sido necesario

que diversos actores y organizaciones destaquen esta situación y la

presenten como un problema que atañe a toda la sociedad y no solo a

las familias que la sufren. Lo mismo ha ocurrido (o está ocurriendo) en

nuestros países con situaciones que hoy son consideradas un problema

público, como la depredación del medio ambiente, el trabajo infantil o

la degradación de las culturas indígenas.

Dado que la lista de problemas que son considerados prioritarios por

los distintos sectores de la sociedad puede resultar interminable y los

recursos públicos (dinero, capacidad técnica, personal, etc.) son

limitados, es necesario priorizar. De alguna manera hay que establecer

prioridades, ordenando los problemas según su importancia relativa

¿Cómo decidir qué problemas merecen mayor atención en el ámbito

público? No existe una respuesta unívoca a esta pregunta. Sin

embargo, evaluar las consecuencias de la acción pública en cada una

de esas situaciones puede ayudarnos a tomar esta decisión. De este

modo, el problema que merece mayor atención será aquel cuya

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solución (a través de la acción pública) permita satisfacer mayor

cantidad de demandas y producir el máximo posible de bienestar en la

población. La acción pública será así un vehículo para la generación de

valor público.

¿Qué es el valor público? De manera genérica, el valor se relaciona con

la capacidad de satisfacer demandas, generar gozo, deleite o

bienestar. El valor brota así del encuentro entre determinadas

necesidades o expectativas y los bienes, servicios u oportunidades que

están disponibles. El valor público se distingue de otros tipos de valor

por ser percibido por el conjunto de la sociedad. Es consumido o

disfrutado de manera colectiva y no exclusivamente individual.

Kelly y Muers (2003) definen el valor público de la siguiente manera:

“El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de

servicios, leyes, regulaciones y otras acciones. En una democracia,

este valor es definido en última instancia por el público mismo. El valor

es determinado por las preferencias ciudadanas expresadas a través

de una variedad de medios y reflejados a través de las decisiones de

los políticos electos”

El valor público responde de manera fundamental a las preferencias

y aspiraciones de los ciudadanos, pues ellas determinan a qué

atribuyen o no atribuyen valor. Los ciudadanos tienen preferencias

respecto a los bienes y servicios públicos que reciben (o piensan

debieran recibir) y a sus características. Pero manifiestan también de

manera general aspiraciones respecto a cómo desean que funcione su

sociedad. Estas aspiraciones pueden estar referidas a cuán ordenada,

equitativa o transparente desean los ciudadanos que sea su sociedad y

el manejo de la misma. A partir de sus preferencias y aspiraciones, los

ciudadanos atribuyen valor a tres tipos de efectos que resultan de la

actividad pública: servicios, resultados y confianza. Hagamos una

breve referencia a cada una de estas categorías.

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Los ciudadanos esperan estar satisfechos con los servicios

que reciben (salud, educación o asistencia crediticia, por

ejemplo). Un servicio será considerado valioso si logra

efectivamente satisfacer las necesidades y expectativas de sus

usuarios.

Pero los ciudadanos también desean determinados

resultados que trascienden la satisfacción individual que

obtienen determinados usuarios de los servicios. Así por

ejemplo, más allá de la satisfacción que logren quienes acuden a

los servicios de salud, la colectividad puede considerar que

reducir la mortalidad infantil es un resultado valioso. En

consecuencia –y de manera relativamente independiente al

grado de satisfacción que obtengan los usuarios directos- será

legítimo para los ciudadanos en general asignar recursos a los

servicios que permiten el logro de dicho resultado.

Finalmente, los ciudadanos también valoran la confianza que

pueden depositar en las instituciones encargadas de

generar servicios y resultados para ellos. No basta que los

resultados se obtengan o la satisfacción individual se produzca.

Los ciudadanos aspiran a mantener un grado apreciable de

confianza en las decisiones que toman los políticos electos así

como las organizaciones y funcionarios que les sirven. Las

decisiones públicas usualmente exigen que unos actores

pospongan sus propios intereses en favor de los de otros. Ello

solo es posible si los actores tienen confianza en el proceso de

toma de decisiones y lo consideran legítimo, pues de lo contrario

protestarán y no aceptarán la decisión tomada.

La consideración de los servicios, los resultados y la confianza como

objeto de valoración pública, nos conduce a pensar –como

sostienen Gutiérrez y Cortázar (2004) retomando las ideas de Mark

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Moore (1998) - que el valor público tiene dos dimensiones

importantes:

El beneficio que efectivamente se genera para determinados

usuarios o consumidores

El beneficio que de manera global se genera para la ciudadanía

al responder a sus aspiraciones y valoraciones.

Así, por ejemplo, el mejoramiento de los servicios de salud no sólo

crea valor al generar un beneficio concreto para los usuarios que se

atienden en ellos. También genera valor para el conjunto de

ciudadanos -sea que acudan o no a dichos servicios- al permitir el

logro de resultados valiosos (como el control de enfermedades

endémicas o la disminución de la mortalidad infantil) o al generar

mayor confianza de los ciudadanos en los servicios públicos (al

establecer medidas efectivas para resguardar la confidencialidad de la

información de los pacientes, por ejemplo).

Las aspiraciones de los ciudadanos y la satisfacción de los

usuarios (que obviamente no dejan de ser ciudadanos) son por lo

tanto puntos obligados de referencia al reflexionar sobre el valor de las

acciones y programas públicos.

Conclusión: valor público y programas públicos

Retomemos ahora nuestra definición inicial por los programas

públicos: “conjuntos estructurados de actividades mediante las cuales

las organizaciones públicas diseñan, producen y entregan bienes y

servicios, con la finalidad de satisfacer necesidades básicas, construir

capacidades, modificar condiciones de vida o introducir cambios en

determinados comportamientos.” La reflexión sobre el valor público

que hemos realizado nos permite ahora entender que la finalidad

última de los programas públicos no es generar y entregar bienes y

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servicios, sino hacerlo para generar el máximo valor público

posible. Para ello quienes somos responsables de gestionar los

programas debemos tener muy en cuenta tanto las aspiraciones

ciudadanas como la satisfacción de los usuarios directos.

Sin embargo, es necesario reconocer que en numerosas oportunidades

las aspiraciones ciudadanas y la satisfacción de los usuarios directos

de los servicios pueden entrar en conflicto. Es decir, se puede generar

un conflicto entre visiones e intereses. Debemos reconocer que en este

tipo de conflictos entre visiones e intereses no hay una solución única

e incuestionable. No existe una técnica de cálculo que nos pueda decir

de manera inobjetable que es más valioso para el conjunto de

actores. Si bien existen técnicas de cálculo de costos y beneficios

sociales, ellas sólo sirven de soporte para tomar decisiones que por

naturaleza trascienden lo técnico, pues aluden a qué es valioso para

distintos grupos sociales.

La negociación y el acuerdo político son la única manera que las

sociedades democráticas tienen para establecer acuerdos sobre qué es

más valioso para la sociedad en su conjunto (Moore 1998). Ello es así

porque no es posible calcular objetivamente qué es más valioso

partiendo de percepciones, valores e intereses distintos y hasta

contradictorios. Frecuentemente pensamos que la negociación política

es o debiera ser ajena a la definición e implementación de las políticas

y programas públicos, dado que este sería un problema

eminentemente “técnico.” El problema es que sin acuerdos políticos no

es posible establecer que es más valioso en una colectividad. La

tentación de una definición puramente “técnica” de lo que es valioso

esconde muchas veces la tendencia a imponer a las comunidades e

individuos decisiones de valor que corresponden a las propias visiones

e intereses de los funcionarios y técnicos a cargo de la marcha de los

programas.

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Los criterios técnicos en la definición e implementación de los

programas y políticas son obviamente indispensables (insistiremos en

esto a lo largo de todo el curso). Pero no son suficientes para definir el

valor público de una actividad, bien o servicio. Pueden apoyar la

negociación política de los actores, al ofrecer –por ejemplo-

información sobre los costos y consecuencias de las acciones a tomar.

Pero la definición de qué es valioso depende en última instancia de las

percepciones e intereses de los actores. Y ante la contundencia de las

percepciones e intereses sólo cabe una negociación política para llegar

a acuerdos relativamente estables.

Puede argumentarse que los sistemas políticos en nuestra región están

usualmente marcados por la corrupción y el oportunismo, por lo que

las decisiones que generan respecto a qué es valioso en el ámbito

público no son siempre las más adecuadas o útiles para los

ciudadanos. Sin embargo, viviendo en democracia no tenemos un

mecanismo mejor para llegar a acuerdos colectivos que la vía política.

A fin de cuentas, las dictaduras y sistemas autoritarios que pretenden

decidir “técnicamente” en favor de las mayorías no respetan los

intereses y visiones de individuos y grupos sociales, excluyendo

usualmente a los más pobres. Será entonces necesario elevar la

calidad del debate y la negociación política, disminuyendo el peso que

la corrupción y el oportunismo tienen en la toma de decisiones

relativas a las políticas públicas y sociales.

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Bilbliografía

Aguilar Villanueva, L. (1996); “Estudio introductorio”. En Aguilar

Villanueva, L. (Ed.); La hechura de las políticas. México: Miguel Angel

Porrúa. Primera edición 1991.

Chiara, M. y M. M. Di Virgilio (2009); “Conceptualizando la gestión

social”. En Chiara, M. y M. M. Di Virgilio (Organizadoras); Gestión de la

Política Social. Conceptos y herramientas. Buenos Aires: Prometeo/

Universidad Nacional de General Sarmiento.

Gutiérrez, C.G. y J.C. Cortázar (2004) Sobre la noción de valor

público. Washington DC: INDES.

Kelly y, G. y S. Muers (2003) Creating Public Value: An analyticial

framework for public service reform. Strategic Unit, Cabinet Office.

(http://www.strategy.gov.uk).

Martínez Nogueira, Roberto (1998) Los proyectos sociales: de la

certeza omnipotente al comportamiento estratégico. Santiago de

Chile: CEPAL. Serie Políticas Sociales 24.

Moore, Mark H. (1998) Gestión estratégica y creación de valor en el

sector público. Buenos Aires: Paidós.

Subirats, Joan (1994) Análisis de políticas públicas y eficacia de la

Administración. Madrid: MAP.

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Unidad I.II: ¿Cómo cambia esta perspectiva sobre los

programas públicos la manera en que entendemos nuestro

propio rol como gerentes?

Objetivos de Aprendizaje:

1. Identificar el propósito y características principales de la

gerencia social y del rol de gerente en el ámbito público.

En la anterior unidad concluimos que los programas públicos no sólo

deben generar bienes y servicios, sino que de una manera más amplia

deben crear valor público atendiendo las aspiraciones ciudadanas y

respondiendo a las necesidades de los usuarios. Esta sección busca dar

respuesta a esta pregunta.

¿En qué consiste entonces ser gerente en el ámbito público? En

asumir responsabilidad por el desempeño de un sistema que

genera resultados valiosos para los usuarios y ciudadanos

(Metcalfe y Richards 1993, Moore 1998).

Gerencia: Asumir responsabilidad por el desempeño de un sistema

generador de resultados valiosos para los usuarios y ciudadanos.

Analicemos en detalle esta definición, precisando los posibles cambios

que ella implica para nuestra labor en los programas públicos:

“Asumir responsabilidad..” Los gerentes somos responsables

ante nuestros superiores jerárquicos y políticos, pero en última

instancia somos responsables ante los ciudadanos, pues de ellos

reciben autoridad tanto los políticos electos como nuestros

superiores jerárquicos. A esto alude el concepto de

responsabilización (accountability): a la obligación que tiene el

gobierno, las organizaciones públicas y sus funcionarios de

rendir cuentas a la sociedad. Esto depende de dos factores. En

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primer lugar, de la capacidad de los ciudadanos para participar

efectivamente en la definición de las metas colectivas (es decir,

de deliberar colectivamente qué es valioso). En segundo lugar,

de la existencia de mecanismos institucionales que permitan a

los usuarios y ciudadanos ejercer control sobre la acción del

gobierno y de las organizaciones públicas (CLAD 2000).

“...por el desempeño de un sistema que genera resultados..” Al

usuario no le interesa que cada unidad o cada organización

cumpla su función. Le interesa que el resultado responda a sus

necesidades o aspiraciones. Pensar en los resultados nos

conduce a pensar en los sistemas que conducen a ellos, es

decir, en el conjunto de procesos y actividades que permiten

generar bienes y servicios (Barzelay 1988). Estos procesos

atraviesan horizontalmente a varias unidades e incluso

organizaciones, pues los bienes o servicios son resultado de la

colaboración de varias unidades o de varias organizaciones. Si

los gerentes somos responsables por generar resultados valiosos

para los ciudadanos, debemos entonces sentirnos responsables

por el desempeño global de los sistemas o procesos que

permiten producirlos y no sólo por nuestra unidad, función u

organización.

“..resultados valiosos para los usuarios y ciudadanos.” Los

gerentes debemos mirar hacia fuera de nuestra organización,

pues la creación de valor no depende tanto de lo que nosotros

pensamos que es valioso o de lo que dicen las normas y

regulaciones, sino de las necesidades y aspiraciones de los

ciudadanos. La orientación hacia la comunidad y el ejercicio

de una continua mirada hacia afuera de nuestras

organizaciones son así elementos indispensables de una gerencia

preocupada por generar resultados valiosos (Barzelay 1998,

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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Moore 1998). La participación de los usuarios y ciudadanos en el

establecimiento de metas para nuestros programas, e incluso su

participación activa en la generación de los servicios, es así un

ingrediente necesario para la gestión de los programas públicos.

En síntesis, la responsabilización ante los ciudadanos, la mayor

preocupación por los procesos y los resultados así como una clara

orientación hacia la comunidad son elementos clave de una

perspectiva gerencial anclada en la noción de valor público. Como

tales, son útiles para evaluar nuestro propio desempeño como

gerentes en el ámbito público. Al tenerlas en cuenta y orientar

nuestra labor cotidiana hacia la generación de valor público, podemos

ser capaces de enriquecer y superar una visión meramente

administrativa y controladora de nuestra labor.

Al considerar nuestro rol específico de gerentes en el ámbito público es

necesario tomar en consideración los rasgos y características

distintivas de los problemas sociales y de su tratamiento por políticas y

programas públicos específicos.

La complejidad y dinamismo de los problemas sociales imponen

características particulares a los programas que intervienen en el

ámbito social:

Los programas que intervienen en el ámbito social son

responsabilidad de varias organizaciones, dado que su carácter

multidimensional exige la intervención de organizaciones con

mandatos y capacidades muy variadas. A ello se agrega que

muchas veces intervienen organizaciones de diversos niveles de

gobierno (nacional y sub nacional). La coordinación intra

organizacional resulta así necesaria.

Los programas que intervienen en el ámbito social exigen la

intervención de un número amplio de instancias, organizaciones

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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y actores sociales, dado que están vinculados directamente a

algunas de las causas o dimensiones que componen el problema.

Esto complica significativamente el sistema de toma de

decisiones en los programas.

Existen distintas perspectivas respecto a los objetivos a

perseguir y a las acciones a poner en marcha, puesto que cada

actor u organización puede privilegiar alguna dimensión del

problema o establecer una relación distinta entre insumos-

acciones-resultados-efectos. Esta diversidad de perspectivas,

que como veremos afecta también a la implementación de los

programas, remite en última instancia al carácter deliberativo

del valor público.

Como resultado de la intervención de varios actores y

perspectivas, así como de la utilización de tecnologías blandas,

los programas públicos se hallan marcados por una importante

incertidumbre respecto al logro de sus metas e impactos. Como

veremos en el módulo 3, la incertidumbre es un problema que

afecta de manera significativa la labor de los gerentes

responsables de la implementación de los programas públicos.

¿Qué características debe tener el rol gerencial de quienes

gestionamos programas que intervienen en el ámbito social? A la luz

de las exigencias que nos impone por un lado la necesidad de generar

valor para los ciudadanos y, por el otro, la particular naturaleza de los

problemas sociales, Mokate y Saavedra (2004) señalan las siguientes

características de la gerencia social:

Es adaptativa, pues debe reformular de manera continua las

acciones a realizar para responder a objetivos múltiples y

móviles, así como a un mejoramiento de las tecnologías en uso.

La adaptabilidad responde también a la existencia de distintas

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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visiones por parte de un número significativo de actores que

constantemente interactúan y negocian entre sí. Los cambios

que se producen en la manera como los actores conciben el

problema y las acciones necesarias para enfrentarlos exigen así

una gestión adaptativa. Finalmente, la adaptabilidad es también

necesaria para responder a problemas que muestran una

dinámica de permanente cambio.

Es integral, pues debe considerar la complejidad e interrelación

de los problemas sociales (puesta de manifiesto en la existencia

de objetivos múltiples). Así, los programas públicos que

intervienen en el ámbito social deben buscar capturar la

integralidad del problema que enfrentan, considerando las

diversas dimensiones y causas que en él intervienen.

Recurre a la gestión interorganizacional, promoviendo el

trabajo en redes, puesto que es la única manera de perseguir

objetivos múltiples y responder a dimensiones diversas.

Promueve la participación y la concertación de objetivos y

prioridades entre actores que tienen distintas visiones del

problema y de las soluciones, así como distintos grados de

poder. El necesario involucramiento de distintos actores y

organizaciones exigen a los gerentes realizar un continuo

esfuerzo de concertación. Por otra parte, como hemos visto en la

unidad 1.1., la deliberación entre los involucrados (y los

ciudadanos en general) es el principal mecanismos del cual

disponemos para identificar y seleccionar resultados valiosos.

Promueve la responsabilización de las organizaciones y

personas dedicadas a enfrentar los problemas sociales, pues la

necesaria “orientación hacia la comunidad” exige hacerse

responsable ante los usuarios y ciudadanos de los recursos

Mejorando la Implementación de los Programas Públicos” Módulo. I

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utilizados, las acciones realizadas y los resultados e impactos

logrados.

Conclusión: nuestro rol como gerentes en el ámbito público

¿En qué consiste entonces el rol de los gerentes en el ámbito público?

En síntesis, recogiendo lo que hemos aprendido en este módulo y en el

anterior, proponemos que los gerentes en el ámbito público

debemos asumir responsabilidad por procesos y resultados que

responden de manera eficaz y eficiente a problemas públicos

que son importantes para los ciudadanos. Ello mediante la

gestión adaptativa, integral, participativa y responsable de las

políticas y programas públicos. Todo esto con la finalidad de

promover el logro de un desarrollo social equitativo y

sostenible.

Gerentes públicos: actores que asumen la responsabilidad por

procesos y resultados que responden de manera eficaz y eficiente a

problemas públicos que son importantes para los ciudadanos;

mediante la gestión adaptativa, integral, participativa y responsable de

las políticas y programas públicos. Todo ello con el objeto de lograr un

desarrollo social equitativo y sostenible.

Para profundizar en los contenidos de esta unidad, sugerimos a todos

leer los textos de Sulbrandt (2002) y de Mokate y Saavedra (2004).

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Bibliografía

Barzelay, M. (1998) Atravesando la Burocracia. Una nueva perspectiva

de la administración pública. México: Fondo de Cultura Económica

CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo)

(2000) La Responsabilización en la Nueva Gestión Pública

Latinoamericana. Buenos Aires: CLAD, BID, EUDEBA.

Metcalfe, L. y Richards, S. (1993) Improving Public Management.

Londres: European Institute of Public Administration, SAGE.

Mokate, K. y Saavedra, J.J. (2004) La Gerencia Social y el Valor

Público. Washington DC: INDES.

Moore, Mark H. (1998) Gestión estratégica y creación de valor en el

sector público. Buenos Aires: Paidós.

Sulbrandt, José (2002) Introducción a la Gerencia Social. Washington

DC: INDES.