Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala - SEJUST -

Monitoreo de Noticias Sector Seguridad y Justicia

Equipo de Comunicación y Visibilidad 30/05/2014

Noticias sobre el Sector Seguridad y Justicia

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Contenido PRENSA LIBRE .............................................................................................................................................................2

Fiscalía suiza pide cadena perpetua para Sperisen ................................................................................................2

Ligan a proceso a mujeres implicadas en robo de niños ........................................................................................2

Impugnan por quinta vez la ley de telecomunicaciones ........................................................................................4

Opinión: Caso Sperisen o el mundo al revés ..........................................................................................................5

EL PERIÓDICO .............................................................................................................................................................6

Amparo suspende repetición de juicio del Caso Pavón .........................................................................................6

Pro Justicia señala posibles alianzas dentro de postuladoras ....................................................................................6

El fantasma de las reformas deambula en Día de la Constitución .........................................................................7

SIGLO 21 .....................................................................................................................................................................9

Se inaugura la 3a. academia regional de PNC ........................................................................................................9

Presidente de la CC asegura que reforma debe limitarse al sector justicia ...........................................................9

Documental revela claves sobre masacre en Pavón ........................................................................................... 10

Editorial: Acciones oportunas contra el robo de bebés ...................................................................................... 11

LA HORA .................................................................................................................................................................. 12

Opinión: Pague tres, lleve media ......................................................................................................................... 12

CONTRAPODER ........................................................................................................................................................ 13

Claves para entender la resolución del Congreso sobre el genocidio ................................................................. 13

Opinión: Presidir sin liderar ................................................................................................................................. 14

SOY 502 .................................................................................................................................................................... 15

Quedan integradas las Postuladoras para CSJ y Salas de Apelaciones ............................................................... 16

EMISORAS UNIDAS .................................................................................................................................................. 17

Asignan 100 policías más para programa Escuelas Seguras ................................................................................ 17

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Guatemala, viernes 30 de mayo de 2014

PRENSA LIBRE

Fiscalía suiza pide cadena perpetua para Sperisen

Agencia AFP / Suiza El Procurador General de Ginebra pidió este viernes cadena perpetua para el doble nacional suizo y guatemalteco Erwin Sperisen, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) entre 2004 y 2007, por diez asesinatos de reos presuntamente cometidos en ese país. "Pido se lo declare culpable como coautor (de los asesinatos), y autor directo en el caso del asesinato de Tiniguar (José Abraham) y sea condenado a cadena perpetua", dijo el Procurador Yves Bertossa en sus conclusiones, ante el Tribunal Criminal de Ginebra. Siete de los reos murieron en la cárcel de Pavón en 2006, entre ellos Tiniguar. Otros tres murieron en 2005 en la cárcel de El Infiernito. "Ha sido un crimen de Estado (...) planificado y ejecutado por el Estado", aseguró el Procurador. "Hay que darle dignidad a las víctimas,... las enviaron al matadero, fueron abatidos mientras pagaban sus deudas con la sociedad", recalcó Bertossa, ante una sala repleta de público, dirigiéndose a los siete jueces del tribunal. "La competencia de este juicio se basa en la nacionalidad suiza de Sperisen y que no hubo pedido de extradición por parte de Guatemala", dijo Bertossa, quien luego exclamó: "¡han asesinado las leyes de Guatemala!". Sperisen, de 41 años, es juzgado en Ginebra porque la Confederación Helvética no extradita a sus ciudadanos, y porque la ley local obliga a juzgar a sus nacionales que hayan cometidos crímenes en el extranjero y se domicilien en Suiza. Guatemala lanzó un pedido de captura contra Sperisen en 2010, pero desistió de pedir su extradición a Suiza.

Ligan a proceso a mujeres implicadas en robo de niños

Byron Vásquez / Rigoberto Escobar El análisis de las cámaras de vigilancia del Hospital General San Juan de Dios y un peritaje forense de grafotecnia a un mensaje dejado el día que fue sustraída una menor fueron claves en la investigación sobre este hecho, ocurrido el 2 de agosto del 2013 en ese centro asistencial.

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Entre los detenidos figuran tres enfermeras del nosocomio y una persona que podría ser la cabecilla de la red dedicada al robo de menores. Una de las aprehendidas es Mónica Maritza Orellana Pérez, de 33 años, presunta jefa de la estructura criminal y quien se cree que sustrajo a la niña. Ella fue aprehendida en la 11 calle 9-59 zona 1, barrio Playa Blanca, San Benito, Petén, por plagio o secuestro, según la orden emitida el martes último por un juzgado de turno de la capital. Las enfermeras detenidas son María Romualda Xiquitá Xinicó, 40; sindicada de incumplimiento de deberes, y María Dorsa López Pichiyá de García, 36, por el delito de falsedad material e incumplimiento de deberes. Ambas capturas se efectuaron en Socobal, Chimaltenango. En el hospital fue aprehendida Cecilia Martín Quim Catún, 48, también sindicada de incumplimiento de deberes. Video y nota son claves Según fuentes policiales, a Orellana Pérez se le seguía la pista desde que se pudo determinar en las grabaciones de las cámaras de video del hospital que fue ella quien tomó a la niña y la sacó, escondida en un reboso, bajo la vigilancia de las otras enfermeras. Cuando fue detenida, a las 6 horas, en un cuarto de alquiler, Orellana Pérez dijo que desconocía el motivo de su captura y se limitó a decir que tenía amigas de estudio —en alusión a las enfermeras capturadas—, pero que era un atropello lo que estaban cometiendo contra ella, y no dejaba de llorar. Peritaje El 5 de agosto del 2013, la bebé fue abandonada, envuelta en colchas y bolsas, en la acera de la 13 calle A y 2a. avenida, barrio El Gallito, zona 3 de la capital. Junto a ella había una nota en la que se informaba que se trataba de la niña que había sido sustraída del Hospital General San Juan de Dios y que quienes se la habían llevado eran menores que querían tener la experiencia de ser padres. Un análisis de grafotecnia permitió a los investigadores identificar a la presunta responsable del robo de la niña. Asimismo, tanto el video como el peritaje de la nota llevaron a considerar a Orellana Pérez como la persona que cometió el secuestro. Antecedente Según investigadores, el 2 de agosto del año pasado, una supuesta médica vio sola a Micaela Tziac y le dio una pastilla para dormir y le robó a la bebé. Ese día, Mario Alberto Ajpacajá, esposo de Tziac y padre de la menor, no pudo ingresar a la visita porque llevaba a su hija de 2 años, por lo que esperaba regresar al siguiente día. Después de que se publicó en los medios de comunicación que las autoridades investigaban por medio de las cámaras del Hospital el robo de la bebé, sus captores la abandonaron en el lugar mencionado. El secuestro El 2 de agosto de 2013 se reportó el robo de una recién nacida en el Hospital General San Juan de Dios, cometido por una mujer que se hizo pasar por médica.

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La madre, Micaela Tziac, de 26 años, comentó que la desconocida le dio una pastilla, minutos después regresó e indicó que llevaba a la niña a hacerle unos exámenes, pero después de 15 minutos no regresó. La niña fue localizada tres días después en la zona 3 capitalina, con una nota en la que los captores se disculpaban con los padres de la menor. Casos similares Hasta agosto del año pasado, la Procuraduría General de la Nación (PGN) tenía 22 denuncias de robos de niños o recién nacidos en similares circunstancias. Las autoridades creen que los menores son utilizados para adopciones ilegales o venta de órganos.

Impugnan por quinta vez la ley de telecomunicaciones

Claudia Palma Una nueva acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Control de Telecomunicaciones fue presentada ayer en la Corte de Constitucionalidad por el Movimiento Cívico Nacional (MCN). Según la acción, con la aprobación de la ley fueron violentados los artículos: 35, que estipula la libertad de emisión del pensamiento; 39, que garantiza la libertad privada; 40, referente a la expropiación; el inciso h del artículo 119, que impide la concentración de bienes y medios de producción; y el 130, que prohíbe los monopolios. Rodrigo Arenas, del MCN, insistió en que la Ley de Telecomunicaciones viola el derecho a la propiedad privada y que está en riesgo incluso el derecho a la utilización de las propiedades de las familias más pobres, porque la normativa permite la instalación de antenas sin previo permiso. Arenas se refirió al artículo 39 de la Carta Magna, que alude a que es inconstitucional la frase “podrán solicitar a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) autorización para instalar antenas que se usen para transmisión inalámbrica de datos, en propiedad privada o en bienes de dominio público”. Hoy se tiene previsto que el pleno conozca la impugnación promovida por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Historial Desde que la Ley de Telecomunicaciones fue aprobada, el 8 de abril último, se han promovido cinco acciones de inconstitucionalidad. Delegados de los pueblos indígenas presentaron una acción de inconstitucionalidad el 16 de mayo recién pasado. La asociación de alcaldes y autoridades indígenas accionaron contra la ley, con el argumento de que prevalecen intereses de las grandes compañías de telecomunicaciones. La Anam también se sumó a las impugnaciones.

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Según los alcaldes, la ley vulnera el artículo 253 de la Constitución Política de la República, que delega a las comunas la administración jurisdiccional de los municipios, así como la recaudación y ordenamiento territorial. La comuna capitalina argumentó en su acción que la ley, además violentar la autonomía municipal, también viola seis artículos de la Carta Magna.

Opinión: Caso Sperisen o el mundo al revés

Alfred Kaltcshmitt “Erwin Sperisen. Caso Pavón. Alucinante. Trasladémoslo a Suiza para comprensión de la realidad. Imagine la prisión Champ-Dollon de Ginebra. Un ‘comité’ conformado por líderes de organizaciones de asesinos psicópatas y narcotraficantes. Imagine tal grupo, con plenos poderes y sin rendición de cuentas a nadie, con derecho de vida y muerte dentro del penal. Viven en apartamentos con jacuzzi. Abren tiendas, casinos, gimnasios, etc. Los candados se colocan en el interior; las autoridades no se les permite entrar en su fortaleza; sólo para dejar la comida en la entrada... las autoridades no tienen el control del ‘registro de los habitantes’, no se sabe quién está ahí y por qué... En el exterior, la comisión es muy activa, con amplia red de espías, socios, ejecutores, traficantes, pandillas. Las acciones se preparan desde Champ-Dollon, la prisión se convirtió en el centro del crimen: asesinatos, secuestros, (las víctimas son llevadas al interior de la cárcel hasta el pago del rescate), extorsiones. Comerciantes de Ginebra deben pagar el ‘impuesto de protección’, los individuos son seleccionados al azar por teléfono y amenazan de muerte si no pagan una ‘contribución’; carros robados son modificados en los talleres penitenciarios para ser vendidos en el extranjero, etcétera. Los altos funcionarios del Estado de Ginebra, quizás se hacen de la vista gorda, o peor, participan en las ganancias, hasta que un día llega al poder un nuevo gobierno que quiere restaurar el Estado de Derecho, desmantelar este ‘comité’ y recuperar el poder en Champ-Dollon. El jefe de Estado se rodea de personas rectas, confiables y valientes, del ejército, policía, dirección general de prisiones, y desarrollan una estrategia común para retomar el control. Se espera que el ‘comité’, y sus guardaespaldas, armados hasta los dientes, no les darán las llaves de los candados, al contrario, opondrán una resistencia armada feroz para mantener sus privilegios. El gobierno de Ginebra, en aras de la transparencia y para recuperar la confianza de la población, invitan a la prensa, televisión y representantes de Derechos Humanos para la ofensiva. El día de la toma el ‘comité’ atrincherado en un lugar, abre fuego y los ‘atacantes’ replicaron. Los prisioneros, finalmente son censados y transferidos a otras prisiones. Hay muertos. La prisión es tomada, el Estado de Derecho restaurado bajo los aplausos de la población quien celebra sus héroes. Y luego, mucho más tarde, en búsqueda de publicidad, el representante de los Derechos Humanos en Ginebra convence al fiscal de que hubo ejecuciones extrajudiciales de miembros del ‘comité’ y que los derechos humanos de estos ‘pobres’ asesinos del ‘comité’ no se han respetado, y se debe procesar a los responsables de la recuperación de Champ-Dollon (que era mucho mejor cuando la cárcel era gobernada por sicópatas). Tres funcionarios del Estado de Ginebra son encarcelados, juzgados y liberados. Queda un cuarto, el jefe de la policía de Ginebra, que encontró refugio en Guatemala para proteger a su esposa e hijos. Fue detenido a su vez en ese país lejano, por un fiscal que quedó hechizado por el canto de las sirenas. El héroe se transformó en monstruo, y ahora va a juicio en un tribunal enteramente dedicado a los ‘derechos humanos’, y será condenado en un país

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que no sabe nada de la realidad de Ginebra. La población de Ginebra, antes víctima del ‘comité’, mira cómo uno de sus héroes irá a la cárcel. Imposible pero es la realidad. Champ-Dollon es Pavón, todo lo demás es transpuesto en Guatemala”.

EL PERIÓDICO

Amparo suspende repetición de juicio del Caso Pavón

Á. Montenegro La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia amparó provisionalmente al Ministerio Público (MP) y ordenó dejar en suspenso la decisión de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que dictaminó que se debía repetir el juicio por el Caso Pavón, donde murieron siete reos durante la incursión de las autoridades a ese centro de privación de libertad, el 25 de septiembre de 2006. El MP interpuso el amparo alegando que la resolución de la Sala de Mayor Riesgo carecía de fundamentos legales. El fiscal del caso, José Antonio Morales, dijo que esperan que en tres meses se decida si se repite el juicio. El 8 de agosto de 2013 fueron condenados por el Tribunal de Mayor Riesgo B el exjefe del Servicio de Investigación Criminal Víctor Soto Diéguez, a 33 años de prisión; y los investigadores Axel Martínez Arriaza y Víctor Ramos Molina, a 25. Además, fue sentenciado a 15 años de cárcel Aldo Figueroa, hermano del ex subdirector policial Javier Figueroa, por tenencia ilegal de armas y explosivos en su vivienda. Luego, la Sala de Mayor Riesgo se trajo abajo la condena aduciendo que el tribunal aceptó pruebas contradictorias, y ordenó que el juicio se realizara de nuevo. Actualmente, se lleva a cabo en Suiza el debate contra el exdirector de la Policía Nacional Civil Erwin Sperisen, acusado de participar en la matanza. Javier Figueroa fue absuelto por un tribunal austriaco, y Carlos Vielmann, ex ministro de Gobernación, espera que inicie su juicio en España.

Pro Justicia señala posibles alianzas dentro de postuladoras

Carmen Quintela Alerta sobre el poder que tendrán el Gobierno y el Rey del Tenis con la mayoría de comisionados. El Movimiento Pro Justicia presentó hoy un informe en el que analiza los vínculos que se podrían formar en las próximas comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.

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En el caso de la primera postuladora y, según recuerda la organización, la representación de los intereses del oficialismo y de Roberto López Villatoro, alias el Rey del Tenis, “van a determinar la correlación de fuerzas en la toma de decisiones y selección de los candidatos”. Si se suman los representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y los del Instituto de Magistrados, habría 11 comisionados respaldados por el Rey del Tenis y ocho por el Gobierno, previene Pro Justicia. Para la postuladora de Salas de Apelaciones, el oficialismo gana en representantes al Rey del Tenis con 11 a su favor: cuatro de la planilla 2 del CANG, el decano Ortiz, y seis de los 11 magistrados de la CSJ. En este caso Villatoro tendría el apoyo de sus tres comisionados del CANG. Alianzas En ambas postuladoras, tanto el oficialismo como Villatoro carecen de las dos terceras partes necesarias para la toma de decisiones, que en este caso suman 23 votos. Por lo tanto, el papel de los decanos tendrá un papel crucial en ambos procesos. Pro Justicia diferencia tres grupos: los de las universidades Rural, Panamericana, Mariano Gálvez, Da Vinci y Occidente, sin una posición definida; Del Itsmo, San Pablo, Francisco Marroquín, Mesoamericana y Rafael Landívar, que suelen trabajar conjuntamente. Los decanos del segundo grupo podrían hacer alianza con los representantes de la planilla 4 del CANG -conformada por abogados del sector privado- y con los rectores, que presidirán las postuladoras, y que previsiblemente serían Roberto Moreno, de la Universidad del Valle, y Félix Serrano, de la Mesoamericana. “Se especula que la planilla 3 del CANG podría arreglar una alianza con el grupo de Villatoro”, afirma ProJusticia. Sumarían dos comisionados en la postuladora para CSJ y tres en la de Salas de Apelaciones. Los comisionados “bisagra”, que serían los decanos del primer grupo y los magistrados de la CSJ Mynor Franco, Rogelio Zarceño, Gabriel Gómez, Gabriel Medrano y Luis Archila, serán foco de atención. De los tres últimos se estima que podrían aliarse con el grupo de los abogados del sector privado.

El fantasma de las reformas deambula en Día de la Constitución

E. García, P. Vega Los discursos en la sesión solemne fueron cuidadosos, pero el tema de la ampliación del mandato fue el plato fuerte de declaraciones del Presidente y conversaciones de diputados. En medio de la celebración de los 29 años de vigencia de la Constitución, los diputados platicaban ayer sobre la idea de ampliar el periodo presidencial y otros cargos de elección popular. Nadie habló oficialmente del tema, pero los representantes del Partido Patriota (PP) aseguran que la iniciativa ingresará en los próximos días al Congreso. La legalidad o ilegalidad de la iniciativa es estudiada por un pequeño grupo de diputados oficialistas, asesorados por varios militares que han apoyado al presidente Otto Pérez Molina, desde la Secretaría Técnica de Seguridad.

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Aunque en la sesión solemne los presidentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto; Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra; y del Congreso, Arístides Crespo, se cuidaron de hablar sobre el tema en su discurso, el único ausente, Pérez Molina, sí se tomó el tiempo para recomendarle a los diputados los cuatro cambios que a su criterio se deben realizar en la Constitución. “Hay reformas políticas que también habrá que discutir, ojalá que se animen en el Congreso. En el sector justicia nosotros vemos una (reforma) que también es importante, que el periodo de los magistrados de la CSJ pudiera extenderse a diez años, y que el presidente de dicho organismo fuera electo por cinco años”, dijo al momento que periodistas le preguntaron su opinión sobre el discurso del presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), sobre la necesidad de realizar reformas a la Carta Magna en el tema de justicia. También se refirió a la ampliación del mandato presidencial de cuatro a seis años. “Creo yo que si se discute la ampliación del periodo presidencial también se debería incluir el periodo de los diputados. Pero debería haber relevo a mitad de periodo, es decir, cada tres años hacerse una evaluación tanto para los diputados como para el Presidente. Porque eso sirve también para medir si el Presidente está haciendo bien el trabajo y la población tiene oportunidad de votar”, dijo. Además, explicó que es necesario que el número de diputados quede fijo en 160. Cambios sugeridos Valentín Gramajo, diputado del PP y fundador de la agrupación, aseguró que la propuesta de modificar la Constitución como aumentar el periodo de mandato, el tiempo de la presidencia de los magistrados o un Ministro de la Defensa civil han sido debatidos, pero aclaró que incluirlas en un proyecto “será otra cosa”. “La Constitución no está escrita en piedra, no son las Sagradas Escrituras”, dijo Gramajo, al referirse que serán los jefes de bloque del Congreso quienes “levanten” la iniciativa. Crespo declaró no tener conocimiento de posibles propuestas para ampliar el mandato a dos años más, por lo que recomendó discutir el tema. Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), afirmó haber escuchado al diputado Gramajo “hablar” de reformar la Constitución, con el fin de que algunos busquen perpetuarse en el poder. Molina Barreto expuso que la reforma constitucional deberá de ser enfocada “exclusivamente” en el sector justicia, carrera judicial y selección de jueces. Sierra agregó que una Constitución, no puede permanecer inalterable ante los cambios de la evolución de la “vida social y política”. Para María Eugenia Mijangos, magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las reformas políticas deberán de ser aprobadas por la población por medio de una consulta popular. Dijo que el tema podría ser punto de agenda para discutirlo de forma oficial en el Tribunal. La propuesta de Pérez El mandatario propuso cuatro cambios: la ampliación del mandato presidencial, de los diputados y alcaldes a 6 años. Diez años para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y un cambio de presidencia de dicho organismo cada cinco años. También un número fijo de diputados (160) y una revisión del mandato cada tres años.

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SIGLO 21

Se inaugura la 3a. academia regional de PNC

Álvaro Alay Autoridades de Gobierno participaron en la inauguración de la tercera sede regional de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) en Salamá, Baja Verapaz, donde se capacitarán a 343 aspirantes, 80 de los cuales son mujeres. La mayoría de estudiantes que albergará la nueva academia llegó proveniente del oriente del país. La nueva sede policial busca descentralizar la formación de nuevos agentes de la PNC. En la apertura del nuevo centro de educación policial participó el presidente de la República, Otto Pérez, quien fue acompañado por el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el director de la institución, Telémaco Pérez. El mandatario explicó que los primero alumnos se graduarán en noviembre de este año. El gobernante dijo que durante su gestión ya egresaron no menos de 9 mil nuevos policías. La reciente academia se suma a la de Huehuetenango y Cuilapa, Santa Rosa.

Presidente de la CC asegura que reforma debe limitarse al sector justicia

Jessica Osorio Roberto Molina Barreto, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC) fue enfático esta mañana durante su discurso emitido en ocasión del XIX aniversario de la Carta Magna y aseveró: “La reforma constitucional debe ser solamente en el sector justicia, por ejemplo, en los aspectos relacionados a la carrera judicial”. Al finalizar el evento, el magistrado recordó que ya hubo un esfuerzo anterior en el Congreso en 2012, en donde por medio de mesas se hizo el planteamiento anterior y evitó comentar respecto al tema de la ampliación del mandato presidencial sugerida por el presidente Otto Pérez Molina. En otro de los discursos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Arturo Sierra, comentó: “No abogo por su no reforma, comparto su rigidez y una Constitución debe ser inalterable”, aunque mencionó que “la Constitución no debe ser pétrea y no puede permanecer irreformable ante los cambios sociales”. Arístides Crespo, presidente del Congreso, evitó en su discurso hacer mención del tema de la reforma y remarcó que “debemos estar orgullosos de nuestra Constitución y como ciudadanos conscientes, respetarla y protegerla como producto de un parto histórico muy doloroso”. Al finalizar la actividad, Crespo dijo que no hay iniciativa de ley que disponga establecer cambios en la Carta Magna y remarcó en que durante su discurso en Escuintla, él habló de la reelección, más no de la ampliación del mandato presidencial.

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Julio Solórzano, presidente en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), explicó que sobre ese tema no puede emitir opinión, esto al ser interrogado sobre la postura del organismo que representa ante una eventual ampliación del mandato presidencial.

Documental revela claves sobre masacre en Pavón

EFE La masacre del penal Pavón centra el documental "Contra la impunidad", una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Guatemala que revela claves sobre la presunta responsabilidad, entre otros, del exministro Carlos Vielmann, procesado en España. "Contra la impunidad", un documental inédito al que tuvo acceso Efe, está dirigido por el periodista argentino Román Lejtman y es resultado de una larga investigación sobre uno de los casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos. El trabajo denuncia "la política de limpieza social que se decidió durante el Gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y que funcionó como una estructura en paralelo, lo que nosotros conocemos como escuadrones de la muerte", dijo a Efe el guionista y productor general del documental, Óscar Feito. La cinta tiene como eje el asalto de las fuerzas de seguridad guatemaltecas a la Granja de Rehabilitación Penal Pavón en la madrugada del 25 de septiembre de 2006 con el fin de recuperar el control del centro carcelario, que estaba en manos de los reclusos, y que terminó con la matanza de siete presos. La investigación, ordenada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dependiente de Naciones Unidas, concluyó que los reos no opusieron resistencia, en contra de lo que sostuvieron los responsables de la operación, sino que fueron asesinados como parte de un plan premeditado. Las imágenes muestran pruebas como un fusil sin cargador con el que supuestamente disparó uno de los presos durante media hora, una foto trucada en la que un reo aparecía con una granada que no tenía, o agujeros de bala en la ropa de los reclusos que no coincidían con los disparos en sus cuerpos. "El Gobierno planeó la muerte de ciudadanos guatemaltecos. Se ordenó ejecutar a siete personas en una cárcel", denuncia ante la cámara el entonces Comisionado Internacional de la CICIG, Francisco Dall'Anese. Los responsables últimos de estas muertes huyeron de Guatemala para burlar a la justicia, pero fueron detenidos en sus países de destino: el exministro de Gobernación Carlos Vielmann en España, el exjefe de la Policía Nacional Civil guatemalteca Erwin Sperisen en Suiza, y el tercero en la cadena de mando, Javier Figueroa, en Austria. "(Vielmann) consintió, aceptó y permitió, aunque no lo hiciera materialmente, que la fuerza pública llevara a cabo esas ejecuciones extrajudiciales. Su responsabilidad es máxima como jefe de la fuerza policial de ese país", explica en el documental el fiscal jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza. "Las penas pueden alcanzar los 30 años de cárcel por cada uno de los delitos; no hay que olvidar que son 10 los delitos de asesinato que se le han imputado como ministro del Interior", agrega Zaragoza sobre Vielmann,

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detenido en Madrid en 2010 tras haberse refugiado en España por su doble nacionalidad, española y guatemalteca. "La CICIG nos pidió hacer el documental, para grabar uno de los casos más paradigmáticos de delitos de lesa humanidad cometidos en Guatemala los últimos años", reveló Feito. Según el productor, la Comisión les encargó el trabajo ante los riesgos que suponía que lo realizaran periodistas guatemaltecos, y quienes colaboraron con ellos en el país para reconstruir la historia prefirieron mantenerse en el anonimato. Aunque la grabación se realizó en 2012, Feito y Lejman aguardan desde hace más de un año a que Naciones Unidas dé el visto bueno para su difusión. Feito confió en que las revelaciones de la investigación reflejada en el documental permitan reabrir el proceso en Guatemala y juzgar a Alejandro Giammattei, director del Servicio Penitenciario cuando se tomó el penal. "Con las mismas pruebas y elementos que la justicia de España, Suiza y Austria han usado para detener y someter a proceso a Vielmann, Sperisen y Figueroa, en Guatemala sigue libre y está en un proceso dilatado Giammattei", denunció. Aunque el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez, también participó en el documental para condenar que en el caso Pavón "era un secreto a voces que las fuerzas armadas actuaron al margen de la ley y se convirtieron en delincuentes", Feito sostuvo que "la situación no ha mejorado" en los últimos años. "Hay un sector dominante que descree de las fuerzas de seguridad y piensa que están cooptadas y se arman sus propios ejércitos. Mientras, Giammattei sigue libre. Puedes verlo en un café", reiteró, y pidió aunar esfuerzos para "luchar contra la impunidad". Según "Contra la impunidad", al menos el 97 por ciento de los crímenes cometidos en Guatemala quedan impunes.

Editorial: Acciones oportunas contra el robo de bebés

La conmoción y repudio marcó a la sociedad en agosto del año pasado cuando se reportó el robo de una recién nacida en el Hospital General San Juan de Dios, perpetrado por una mujer que se hizo pasar por médico de ese nosocomio. Micaela Tziac, de 26 años, relató que la desconocida le dio una pastilla para sedarla y minutos después le manifestó que se llevaba a su hija Linsy Sherlyn Ajpacajá para hacerle unos exámenes, pero después no regresó. Los cuestionamientos hacia el sistema de seguridad del centro asistencial no se hicieron esperar, pues no era el primer caso que se registraba. El rechazo generalizado a esa acción criminal obligó a las autoridades a cercar a los delincuentes quienes luego de tres días de haber raptado a la recién nacida la abandonaron en la zona 3 capitalina, con una nota en la que los captores se disculpaban con los padres de la menor. El caso pudo quedar en la impunidad, pero ayer fueron capturadas cuatro mujeres implicadas, a quienes se les acusa de participar en una red dedicada al robo de niños en el Hospital General San Juan de Dios, tras una serie

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de allanamientos realizados en Chimaltenango, Petén y Guatemala. Tres de ellas laboraban como enfermeras en ese nosocomio y se les señala de incumplimiento de deberes. A otra de las mujeres se le sindica de secuestro, ya que las pruebas de grafía permitieron establecer que esta persona sustrajo a la menor del centro asistencial. La evidencia que la implica es la nota que apareció junto a la niña el día de su localización. El martes pasado se reportó un nuevo caso en el municipio de Amatitlán. Un bebé de dos meses de edad fue raptado. La pronta acción de las autoridades permitió su rescate y la detención de dos supuestos responsables del hecho. Ayer fueron capturados un abogado y cuatro familiares de los implicados en el rapto, lo cual evidencia el interés de las autoridades por este tipo de casos. La Procuraduría General de la Nación (PGN) registra constantemente denuncias de robo de menores o recién nacidos por delincuentes que operan como bandas para obtener réditos económicos. Las autoridades creen que los pequeños son utilizados para adopciones ilegales o venta de órganos. En ambos hechos es encomiable la actuación de las autoridades. En el primero, porque no dejaron el caso en la impunidad y continuaron con las investigaciones hasta dar con las supuestas, responsables apoyándose en el análisis científico. En el segundo, la acción inmediata de localizar al recién nacido y detener a los implicados y dar con el resto de responsables. Es necesario que estos casos sienten un precedente para que esos inhumanos que se dedican a este repudiable tipo de crimen sean castigados con todo el peso de la ley. Es necesario que la sociedad recupere la confianza en las autoridades. Por ahora las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público han cumplido. Ahora toca a los jueces procesar a los sindicados de estos delitos.

LA HORA

Opinión: Pague tres, lleve media

John Carroll Imagine que camina por el mercado y cuando pregunta a cómo la docena de huevos le digan: la docena a Q20 pero hoy tenemos una oferta, pague Q60 y se lleva 6 huevos. Esto es exactamente lo que pretende el Ministro de Gobernación y la administración del presidente Pérez Molina con la brillante idea de someternos a pagar un nuevo impuesto de seguridad. Digo pague tres, lleve media porque en Guatemala pagamos tres veces por el mismo servicio y recibimos seguridad a medias. Pago 1: El Presupuesto General de Gastos de la Nación ya contempla más de Q6 mil millones anuales para gastos de Gobernación y Defensa, entidades que de acuerdo al texto constitucional, están obligadas a prestarnos seguridad. Pago 2: El sector privado empresarial y la sociedad civil gastan varios miles de millones de quetzales al año para pagar guardias, seguros, alarmas, muros perimetrales, razor ribbon y cámaras para cuidar de sus bienes ante la inoperancia del aparato de seguridad estatal. Pago 3: El señor Ministro de Gobernación desea obligarnos a contribuir (leyó bien, “obligarnos a contribuir”) con una nueva partida impositiva de nombre desconocido aún pero que, dicen ellos, sus fondos serán destinados directamente a asuntos de seguridad.

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¿Acaso no han entendido los funcionarios públicos que no estamos dispuestos a pagar más impuestos mientras los resultados de la gestión sean menos que mediocres? Es nuestra obligación recordarles de nuevo que la famosa reforma tributaria que nos recetaron hace solo unos meses tuvo como resultado una sensible baja en la recaudación fiscal. ¿Por qué habría de ser distinto esta vez? Claro que antes de enfrentar estas preguntas, el Presidente de la República sale al paso de la opinión pública diciendo que los fondos del impuesto de seguridad serían manejados por un “grupo de notables”. Y por supuesto que lo primero que uno se pregunta es ¿De dónde se sacarán a esos notables? ¿Quiénes son esos notables? Yo propondría al señor Presidente que si estos señores notables en realidad existen y son “notables” para manejar los fondos del impuesto de seguridad mejor que manejen los casi 70 mil millones de quetzales del presupuesto anual entero, porque este gobierno y los anteriores se han caracterizado por ser malos administradores, moralmente distraídos y manirrotos en la función del gasto. No hemos visto, ni de este ni de los anteriores gobiernos, propuestas serias para romper los candados presupuestarios y redistribuir las asignaciones presupuestarias de manera tal que se priorice el uso de recursos. Tampoco se han presentado hasta el momento propuestas de ley que obliguen al Gobierno a trabajar con un presupuesto fiscalmente equilibrado. Es más, las aprobaciones de endeudamiento siguen pasando como mantequilla en el Congreso lo que provocará que en el futuro la recaudación fiscal se vea aún más comprometida en pago de deuda interna y externa en vez de usarse para los gastos primordiales como es la seguridad y justicia. Basta ya de estar yendo por el camino fácil de incrementar los impuestos y los presupuestos, piensen y actúen como administradores y trabajen con lo que hay que es más que suficiente, no pagaremos tres por media.

CONTRAPODER

Claves para entender la resolución del Congreso sobre el genocidio

Sofía Menchú El acuerdo político entre fuerzas oficialistas y opositoras en el Legislativo instó a los organismos del Estado a que eviten la polarización sobre los casos por genocidio y ejerce presión sobre la sala de mayor riesgo que deberá integrarse y decidir si amnistía al general Efraín Ríos Montt. El pronunciamiento del Congreso que invita los organismos del Estado a la reconciliación nacional y considera como jurídicamente inviable la existencia de genocidio durante la guerra interna, coincidió con el primer aniversario de la sentencia por genocidio y con la toma de posesión de Thelma Aldana como nueva fiscal general del Ministerio Público (MP). Se produjo, además, a dos meses de comenzar el proceso de elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, designación que estará en manos del Legislativo. La resolución –propuesta por los dos diputados del Partido Republicano Institucional (PRI) Luis Fernando Pérez, excorreligionario de Efraín Ríos Montt en el extinto Frente Republicano Guatemalteco, y Pedro Gálvez– es una manifestación de voluntad política del Congreso. Aunque no tiene incidencia legal, se prevé que tendrá las siguientes implicaciones en la coyuntura nacional:

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1. El punto resolutivo, aunque no tiene influencia legal, busca influir indirectamente en los magistrados que quieren dirigir la Corte Suprema de Justicia y cuya elección estará en manos del Congreso de la República. 2. Es un punto resolutivo, que fue emitido por el mismo Congreso que decidirá la asignación de recursos al MP a fin de año, advierte a la nueva fiscal general que las investigaciones por el delito del genocidio polarizan a la sociedad. 3. Genera más presión para la integración de la sala de mayor riesgo que decidirá si se otorga amnistía a Ríos Montt. A la fecha, más de 100 jueces se han excusado de conocer el caso. 4. Sienta el precedente político de la opinión negativa del Legislativo sobre casos relacionados con genocidio. Cinco claves para entender cómo se aprobó: 1. Desde principios de año, la bancada binomial del PRI, partido heredero del desaparecido FRG, buscó apoyos entre los bloques mayoritarios para la aprobación del punto resolutivo. Pero hasta abril los diputados Pérez y Gálvez lograron los acuerdos. Los dedos en el hemiciclo apuntan a Arístides Crespo, presidente del Congreso, amigo y excorreligionario de Ríos Montt en el FRG, como la persona que logró el acuerdo político que apoyó la resolución. Crespo reconoce haber incluido el punto en agenda, pero niega ser el responsable del consenso entre los partidos para su aprobación. 2. Hace un mes, en reunión de jefes de bloque, Crespo planteó una agenda legislativa con 12 temas no urgentes que reunían los intereses de varios partidos (como la declaración del maíz como patrimonio nacional) entre los que estaba el punto que exhortaba a los organismos del Estado a la reconciliación nacional. 3. El punto fue aprobado el 13 de mayo por de 87 de los 158 diputados. Durante el breve debate solo Amílcar Pop, de Winaq, y Orlando Blanco, de la UNE, tomaron la palabra para rechazar que un pronunciamiento negara actos de genocidio cometidos durante el conflicto armado e interfiriera en las facultades del Organismo Judicial. 4. De los 87 votos favorables, el 72 por ciento fue del oficialismo y de Lider, un partido de oposición que había quedado fuera de la designación de magistrados para Tribunal Supremo Electoral, y que optó por “canjear” sus votos por la controversial resolución a cambio de tener espacios en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y de apelaciones. 5. Once de los 14 exeferregistas dieron su aprobación para la resolución, según la tabla de votaciones del Congreso. Entre los votantes aparecen diputados que estuvieron en el Ejército y otros que tienen vínculos familiares con militares.

Opinión: Presidir sin liderar

Juan Luis Font La batalla por el impuesto para la seguridad pone en evidencia el escaso poder de convencimiento del gobernante. La iniciativa no fue suya, pero demasiado pronto opinó que el asunto merecía debatirse a nivel nacional como para creer que se le hacía antipática la idea. El debate, sin embargo, nació muerto. En el actual orden de cosas, un comunicado del CACIF en rechazo a la sola opción de prorrogar el mandato presidencial es como un portazo en la nariz de cualquiera. La señal le llega fuerte y clara a la Corte de Constitucionalidad –en plena sintonía con el empresariado en asuntos de orden político jurídico–.

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Lo sentimos mucho, don Otto, pero toda su popularidad en las encuestas y la propaganda oficial no alcanzan para retrasarle el plazo de la jubilación. Si le sirve de consuelo, lo mismo le ha ocurrido a todos sus antecesores. Puesto en cuatro palabras: su liderazgo no alcanza. Para aspirar a cambiar las reglas constitucionales de permanencia en el cargo (vía la reelección, vía la ampliación del mandato) se necesita de un proyecto nacional atractivo para la mayoría y unas características personales que los gobernantes nacionales aún no muestran. Aquí no hay un Chávez, un Uribe, un Evo Morales o un Rafael Correa. Mucho menos un Lula o una Bachelette. Malaya. Una cosa es que muy pocos los quieran reelegir, pero mucha más pena inspira que el liderazgo político del presidente ni siquiera alcance para un proyecto más modesto, puntual y necesario. Su poder de persuasión se muestra insuficiente para que el sector privado organizado escuche antes de descartar una iniciativa de impuesto directo a los mayores capitales para financiar la modernización del sistema nacional de seguridad. Las críticas surgen de inmediato. El ministro de Gobernación no había terminado de plantear la idea cuando los voceros de cámaras y líderes empresariales ya expresaban rechazo. A dos años y cuatro meses de gobierno, en la cintura de su mandato, los dirigentes empresariales le regatean al presidente el crédito sobre lo realizado en materia de seguridad. Eso significa que su trabajo en esa materia hasta hoy no les ha persuadido. Más allá de la permanente renuencia del contribuyente guatemalteco a asumir nuevas cargas tributarias, este hecho refleja ausencia de liderazgo del gobernante. Si Otto Pérez Molina, un presidente que le ha dado gusto por oficio al empresariado, es incapaz de persuadir sobre un asunto de orden lógico para la buena marcha de los negocios como el afianzamiento de un sistema moderno de seguridad, ¿de qué será capaz entonces de convencer? ¿De la necesidad de un plan nacional de combate a la desnutrición crónica? Por favor. Queda en evidencia que no ha logrado persuadir sobre eso ni siquiera a sus ministros. Hay muchos elementos para evaluar en el escepticismo frente a su propuesta: el abuso de las compras por excepción, el enriquecimiento ostensible de quienes gobiernan, el favorecimiento de grupos empresariales específicos frente a sus competidores (esos celos que matan). De todo eso hay. Pero su liderazgo ni siquiera alcanza para llevar a buen término un asunto sobre el cual no cabe el menor cuestionamiento ideológico. ¿A qué quieren que le recorte el famélico estado guatemalteco para costear Q4 millardos en la construcción de cárceles, comisarías, sistemas de vídeovigilancia y transporte para las fuerzas de seguridad? ¿A la educación? ¿A la salud pública, quizá? Si los políticos no son capaces de convencer de asuntos fundamentales ni siquiera a aquellos a quienes bien les sirven, su papel se queda en el de meros administradores de la precariedad, incapaces de cambiar un ápice la realidad que se vive. Más allá de enriquecerse a sí mismos y llenarse de vano orgullo al aparecer a cada rato en la TV gracias a la propaganda oficial, ¿de qué le sirven a la sociedad?

SOY 502

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Quedan integradas las Postuladoras para CSJ y Salas de Apelaciones

Soy 502 Tras la elección de los candidatos del Colegio de Abogados y Notarios, han quedado conformadas con 33 integrantes las Comisiones de Postulación para designar a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. Solamente resta la elección de los rectores de las Universidades del país que encabezarán, como presidentes, las Postuladoras. Dicha elección está prevista para el lunes 2 de junio. A la espera de cumplir con ese requisito, detallamos cómo quedaron integradas las Comisiones de Postulación:

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EMISORAS UNIDAS

Asignan 100 policías más para programa Escuelas Seguras

El encargado de la dirección departamental Guatemala norte, Roberto Hernández, informó que fueron asignados 100 elementos más de la Policía Nacional Civil para el programa Escuelas Seguras, que son los que brinda seguridad a inmediaciones de establecimientos educativos públicos en la zona 1. Hernández indicó que los patrullajes no serán incrementados solo los viernes, sino que serán de manera constante.