¿Más Tierra Para Campesinos? Reforma Agraria, Adjudicación ...
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¿Más Tierra Para Campesinos? Reforma Agraria, Adjudicación Irregular de Tierra y Paramilitarismo en Colombia 1991-2003 * Felipe Orjuela-Ruiz † 23 de enero de 2020 Resumen Este trabajo estima el efecto de la presencia paramilitar en la adjudicación des- proporcionada de baldíos después de la reforma agraria de 1994 en Colombia entre 1991 y 2003. Para esto, se utiliza la metodología de diferencias en diferencias usando la variación de asesinatos selectivos de los grupos paramilitares en el año de la refor- ma agraria para construir un grupo de tratamiento y el tamaño de Unidad Agrícola Familiar (UAF) asignada a cada municipio para medir la magnitud de la adjudica- ción irregular de baldíos. Se encuentra que después de la reforma agraria de 1994 hubo una reducción importante en la cantidad de adjudicaciones irregulares en municipios con presencia violenta paramilitar. Igualmente, se reduce la cantidad de hectáreas y el número de adjudicaciones. Estos resultados son importantes para entender los costos económicos del conflicto armado y, sobre todo, cómo este ha afectado negativamente objetivos de políticas de desarrollo económico en el país como el acceso a tierras por parte de población campesina. Keywords: Reforma Agraria, Tierra, Paramilitarismo JEL Classification: O1, Q15, R52, D74 * . Quiero agradecer a María del Pilar López-Uribe por su asesoría en esta tesis de grado, a Juan Sebastián Galán y Nicolás Lillo por sus comentarios y recomendaciones, a Ana María Ibáñez, Fabio Sanchez, Adriana Camacho, Juan David Torres, Paula Neira, Santiago Torres, Santiago Perez, Diego Parra, Daniel Hernandez, Nata Daniela Caro y a Jorge Andrés Escobar por sus aportes y comentarios. Esta tesis está dedicada a Máximo Jiménez. Todos los errores son míos. † Código Uniandes: 201424035. Facultad de Economía, Universidad de los Andes. [email protected]
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¿Más Tierra Para Campesinos? Reforma Agraria,Adjudicación Irregular de Tierra y Paramilitarismo en
Colombia 1991-2003 ∗
Felipe Orjuela-Ruiz†
23 de enero de 2020
Resumen
Este trabajo estima el efecto de la presencia paramilitar en la adjudicación des-proporcionada de baldíos después de la reforma agraria de 1994 en Colombia entre1991 y 2003. Para esto, se utiliza la metodología de diferencias en diferencias usandola variación de asesinatos selectivos de los grupos paramilitares en el año de la refor-ma agraria para construir un grupo de tratamiento y el tamaño de Unidad AgrícolaFamiliar (UAF) asignada a cada municipio para medir la magnitud de la adjudica-ción irregular de baldíos. Se encuentra que después de la reforma agraria de 1994 hubouna reducción importante en la cantidad de adjudicaciones irregulares en municipioscon presencia violenta paramilitar. Igualmente, se reduce la cantidad de hectáreas y elnúmero de adjudicaciones. Estos resultados son importantes para entender los costoseconómicos del conflicto armado y, sobre todo, cómo este ha afectado negativamenteobjetivos de políticas de desarrollo económico en el país como el acceso a tierras porparte de población campesina.Keywords: Reforma Agraria, Tierra, Paramilitarismo
JEL Classification: O1, Q15, R52, D74
∗. Quiero agradecer a María del Pilar López-Uribe por su asesoría en esta tesis de grado, a Juan SebastiánGalán y Nicolás Lillo por sus comentarios y recomendaciones, a Ana María Ibáñez, Fabio Sanchez, AdrianaCamacho, Juan David Torres, Paula Neira, Santiago Torres, Santiago Perez, Diego Parra, Daniel Hernandez,Nata Daniela Caro y a Jorge Andrés Escobar por sus aportes y comentarios. Esta tesis está dedicada aMáximo Jiménez. Todos los errores son míos.†Código Uniandes: 201424035. Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
“Después de presentar mi investigación sobre conlfictos por
terrenos baldíos a comienzos de los años treinta como
antecedentes de la Violencia, Ángel Tolosa, un líder campesino de
la ANUC, Línea Sincelejo, se acercó para contarme que su gente
en el Magdalena Medio estaba viviendo en ese entonces lo que yo
había descrito sobre el pasado. Me sorprendió y me conmovió: el
pasado y el presente convergían.”
— Catherine LeGrand, Nota introductoria del origen del libro
“Colonización y Protesta Campesina en Colombia (1850-1950)”
1. Introducción
Las reformas agrarias en Colombia han buscado democratizar el acceso a la tierra. En-
tender los distintos mecanismos con los que el Estado asigna tierras baldías en un país en
donde la alta concentración de la tierra no ha variado (Ibañez & Muñoz, 2010) es una manera
de evaluar la política de democratización del acceso. El efecto de las reformas agrarias en
el desarrollo económico ha sido estudiados tanto en el contexto internacional (Dai & Tai,
1974) como en el caso Colombia (Galan, 2018) llegando a conclusiones diferentes respecto a
sus beneficios y consecuencias. Aunque se conocen los efectos de largo plazo de este tipo de
reformas en el desarrollo económico de largo plazo del país (Sanchez & Villaveces, & Faguet
et al 2018, Galan 2018) se ha estudiado poco la forma en que se ha asignado tierra desde la
reforma agraria más reciente (1994), sobretodo en contextos en donde el conflicto armado ha
prevalecido y ha sido asociado a conflictos de tierras (Florez (2014), Reyes Posada (2009)).
Es por esto que en este trabajo de investigación se busca estimar el efecto de la presencia
paramilitar en la adjudicación desproporcionada de baldíos después de la reforma agraria de
1994.
Desde la Ley de Tierras de 1936 han sido varios los intentos en Colombia por regular
el acceso a tierras a campesinos, terratenientes y empresas privadas. Uno de los factores
determinantes en la lucha por democratizar el acceso a la tierra se ha dado de la mano de
los reclamantes de tierras. Las constantes ocupaciones de tierras por parte de campesinos y
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las diferentes protestas y luchas sociales originadas por el acceso a tierras generaron varios
intentos del Estado por frenar estos enfrentamientos violentos tal como lo muestran Archila
(2003), Fals Borda (1976) y López-Uribe (2018). Albertus & Kaplan (2013) y Florez (2014)
muestran que la adjudicación de tierras y la formalización de estas han beneficiado a terra-
tenientes y poderosos regionales en el país. Reyes Posada (2009) y Mazzei (2009) muestran
como los grupos paramilitares favorecieron a terratenientes y promovieron la acumulación de
tierras para favorecer intereses económicos de estos últimos. Aunque esta literatura es valiosa
para entender cómo se ha asignado la tierra y quienes son los actores detrás de la asigna-
ción, no logra cuantificar cuanta de la tierra ha sido asignada de forma desproporcionada e
irregular.
En el país la presencia de grupos paramilitares ha significado mayor violencia y despojo de
tierras (Reyes Posada, 2009). La definición de una medida de un tamaño de tierra estándar y
comparable entre municipios, siendo esta la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en la Reforma
Agraria de 1963 permite identificar, cuándo se entrega baldíos de forma desproporcionada
e irregular. El Centro Nacional de Memoria Histórica (2012) muestra que la mayoría de los
predios adjudicados irregularmente a actores relacionados con grupos paramilitares sobrepa-
saban esta medida. Luego de la reforma, los grupos paramilitares se apropiaron de terrenos
adjudicados a través de la integración de tierras de menor tamaño que no sobrepasaban las
UAFs establecidas por ley. Debido a que con la reforma agraria de 1994 se definen nuevas
medidas de UAFs y se establece que no se podrá adjudicar baldíos que sobrepasen estas, se
espera una caída en la adjudicación irregular de baldíos en las zonas con mayor violencia
histórica de paramilitares relativo a otras zonas con menor violencia de ese tipo.
Este trabajo estima el efecto de la presencia paramilitar en la adjudicación irregular
de baldíos después de la reforma agraria de 1994. Para esto se utiliza la metodología de
diferencias en diferencias y se estima el cambio en la adjudicación irregular de baldíos en
municipios con presencia paramilitar después de la reforma agraria. Se utilizan datos de
adjudicaciones de baldíos, del tamaño de las Unidades Agrícolas Familiares (UAFs) y de
la presencia de asesinatos selectivos de grupos paramilitares. Se encuentra que, después de
la reforma, disminuyó la adjudicación irregular de baldíos en los municipios con presencia
paramilitar medida como la presencia de acciones bélicas de este grupo. Los resultados de
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esta investigación muestran que la reforma agraria tuvo efectos positivos de corto plazo dado
que redujo la asignación irregular de baldíos.
La estructura del presente trabajo es la siguiente: la sección 2 describe brevemente la
literatura relacionada con la concentración de tierras y el desarrollo económico en contextos
de violencia, la sección 3 es describe el contexto histórico de la asignación de baldíos, en la
sección 4 se muestra la relación entre paramilitarismo y la tierra, en la sección 5 describe la
metodología utilizada para construir la variable que mide la adjudicación irregular, la sección
6 describe los datos utilizados en este trabajo, en la sección 7 se aborda empíricamente la
pregunta de investigación, en la sección 8 se hacen pruebas de robustez y en la sección 9 se
dan unas conclusiones preliminares.
2. Literatura
En la literatura se menciona la distribución de tierra como una estrategia por parte del
Estado para lograr objetivos de política pública y/o satisfacer intereses de la agenda política.
Para entender y explicar los canales económicos que intervienen en la asignación de baldíos
en Colombia, el entendimiento de los propósitos de estas estrategias estatales es fundamental
debido a que los mecanismos de asignación de tierras cambian dependiendo de dichos motivos.
los mecanismos de asignación de tierras y reformas agrarias han sido utilizados en diferentes
países para frenar o evitar conflictos violentos por parte de demandantes de tierras y/o
movimientos revolucionarios (Albertus (2012), Bardhan y Mookherjee (2010), Grossman,
(1994), Horowitz (1993) López-Uribe (2018)). Siguiendo esta hipótesis, es posible que la
asignación de baldíos haya sido usada como estrategia para mitigar actos violentos de grupos
organizados en las diferentes áreas rurales del país.
En la literatura reciente, López-Uribe (2018) muestra uno de los mecanismos que afectan
la asignación de tierras por parte del Estado: la redistribución de tierras para mitigar hechos
violentos en el corto plazo. Ella muestra como el Estado utilizó la asignación de tierras para
apaciguar conflictos de tierras con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)
y que lo hizo a través de asignaciones seleccionadas de tierra a líderes de esta organización.
En este tipo de asignación es evidente que el propósito no es la democratización del acceso
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a la tierra sino utilizar la asignación de tierra como mecanismo para apaciguar el campo y
satisfacer intereses particulares del Estado. Esto va de la mano con Centeno (2001) quien
argumenta que parte de la política agraria es el resultado de coordinación de intereses entre
grupos económicos y políticos en el país. Aunque esta asignación es per se una asignación
irregular de tierra, no es posible decir que toda asignación irregular de tierra está ligada
a un proceso de negociación ni que toda asignación irregular está ligada a conflictos con
organizaciones campesinas.
Otra estrategia por parte del Estado es la utilización de reformas agrarias como estrate-
gia de presencia estatal en la periferia (Montenegro, 2017) para aumentar el recaudo fiscal
(Vargas et al, 2018) . En los lugares periféricos en donde el Estado no es capaz de ejercer
el monopolio de la violencia legítima, este buscará asignar tierras para poder, de cierto mo-
do, obtener capacidades fiscales, legales y administrativas que antes no tenían sobre estos
territorios. De esta estrategia se evidencian condiciones que permitirían esclarecer el sentido
de la causalidad entre asignación de baldíos y presencia de grupos armados: un territorio en
donde el Estado no puede ejercer el monopolio de la violencia legitima y no puede garantizar
un marco institucional fuerte, es un territorio propenso a presencia de grupos armados con
intereses de controlar el territorio (Albertus et al, 2012). Vargas et al (2018) encuentran que
hubo más formalización de tierras y más recaudo fiscal en los municipios con presencia de
grupos armados de derecha (paramilitares) y menos formalización de tierras y menos recaudo
fiscal en los municipios con presencia de grupos armados de izquierda (FARC-EP y ELN 1).
Podemos entonces entender la asignación de tierras como un proceso de expansión agrícola y
fiscal que está fuertemente afectado por la presencia de grupos armados ilegales de derecha
que impiden la formación de Estado (Vargas et al, 2018).
Los dos mecanismos anteriores muestran cómo la política agraria del país ha dejado atrás
sus objetivos de democratización del acceso a la tierra y ha primado intereses particulares
del Estado. Por un lado, la presencia de grupos armados y de hechos violentos causados por
estos hace que el Estado intente, en palabras de López-Uribe (2018), “comprar” la revolución
y mitigar los hechos violentos con la distribución de tierras y por el otro, el Estado asigna1Las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo) y el ELN (Ejercito
de Liberación Nacional) son movimientos guerrilleros marxistas fundados a mediados de los años 60s. Sánchezy López Uribe (2018) muestran que el origen de grupos como las FARC-EP está ligado a conflictos agrarios.
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tierras para poder controlar el territorio y ejercer el monopolio de la violencia legítima
(Montenegro (2017), Vargas et al (2018). Siguiendo la hipótesis de Reyes (2009), Fals Borda
(1976) y Molano (2017), y agregando evidencia internacional (Joshi et al, 2008) podemos
afirmar que los grupos armados subversivos de derecha buscaron presionar los procesos de
reformas agrarias y que estos también jugaron un papel importante en la forma en la que el
Estado por asignó tierra en el país.
No hay que ignorar que el encargado de asignar la tierra es el Estado. Berry (2006)
muestra cómo la alternancia entre partidos y la ambigüedad y falta de voluntad política por
parte de este han sido fundamentales en el no funcionamiento de políticas de asignación de
la tierra. La alternancia en el poder político y sus constantes cambios frente a la política
de baldíos es sin duda una institución nociva (North, 1991) que tiene consecuencias directas
en la asignación. Si a esta ambigüedad política se le agregan los mecanismos anteriormente
planteados, es posible notar que preguntarse por las causas de la asignación irregular de
baldíos cobra más sentido: siendo Colombia un país con una alta concentración la tierra
(Ibañez y Muñoz, 2010) y un país en donde los efectos de las reformas agrarias en el desarrollo
económico ha siso completamente heterogéneo (Faguet et al, 2018), entender la asignación
irregular de estos es calcular un costo directo de las políticas falladas de democratización del
acceso a la tierra.
3. Contexto histórico de la adjudicación de baldíos
Con la Ley de Tierras de 1936, el Estado colombiano decidió por primera vez intentar
regular el acceso a tierras tanto por usuarios campesinos como terratenientes y empresas
privadas. Esta primera Ley de Tierras, expedida por el gobierno de López Pumarejo , 14 y
16 presidente de Colombia en su primer mandato, buscaba darle a la tierra una función social
por medio de la entrega de tierra a campesinos ocupantes de tierras, prohibir los desalojos
de tierras a población campesina que invadía tierras para cultivarlas, permitirle al Estado
expropiar tierra improductiva para adjudicarla a campesinos sin tierra y reconocía el derecho
de los colonos a reclamar la propiedad (incluso privada) que han poseído en buena fe por más
de 5 años (Ley 200, 1936). El problema de esta Ley, según LeGrand (1988)era el contexto de
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derechos de propiedad en el que se enmarcaba. En pleno auge exportador, la expansión de la
frontera agrícola a principios del siglo XX por parte de los colonos, que se daba desde antes
de la Ley de Tierras, ya mostraba los problemas que traían consigo los derechos de propiedad
mal definidos. LeGrand (1988) divide este proceso de expansión de la frontera agrícola en
dos fases:
Primero, familias campesinas se trasladaban a las fronteras y limpiaban y sembra-
ban la tierra, aumentando así su valor por el trabajo que en ella habían invertido.
Estos pioneros eran similares a los propietarios campesinos de otras partes del
país, pero con una diferencia crucial: no tenían títulos legales sobre la tierra que
trabajaban. En la segunda etapa entran en escena los empresarios acomodados,
empeñados en formar grandes propiedades y en transformar a los colonos origi-
nales en arrendatarios al hacer valer sus derechos de propiedad de la tierra.
Este ciclo muestra cómo los derechos de propiedad mal definidos de las tierras de frontera
llevaron no solo a conflictos entre terratenientes y campesinos sino a la concentración de
tierras por parte de terratenientes y empresarios. La Ley de Tierras buscó corregir el problema
de los derechos de propiedad permitiendo que estas tierras de fronteras trabajadas por más
de 5 años se pudieran adjudicar al campesino pero igualmente, estos procedimientos jurídicos
eran muy complicados para los campesinos; mostrar los años y la propiedad de la tierra era
difícil para el campesino y los terratenientes podían fácilmente bloquear cualquier decisión
favorable al colono. Igualmente, esto generó incentivos perversos a los terratenientes que,
luego de la Ley, empezaron a desalojar a colonos de sus tierras para que no reclamaran. Esta
ley terminó perdiendo fuerza en 1944 con la Ley 100 que terminó beneficiando al sistema de
aparcería y debilitó la adjudicación y expropiación de tierras, debilitando las instituciones de
adjudicación de tierras establecida en 1936 y, finalmente, acabó con el primer intento real de
implementar una reforma agraria que democratizara el acceso a la tierra (LeGrand, 1988).
Esta dinámica de intento de reforma y contrarreforma se dio de nuevo en 1963 con la
Ley de la Reforma Agraria en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, 40y 46 presidente de
Colombia, en donde se fundó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y
con la Ley 135 de 1968 con la creación del concepto de Unidad Agrícola Familiar UAF. Esta
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fue impulsada tambien por actores externos. Con la Alianza para el Progreso, la administra-
ción Kennedy, preocupada por la expansión del comunismo en Latinoamérica, entregó dinero
y asistencia técnica a través de USAID para implementar la reforma (Galán, 2019). Con el
INCORA, se buscó facilitar el acceso de predios rurales a campesinos y así intentar democra-
tizar el acceso a tierras, mitigando los enfrentamientos violentos y ocupaciones a propiedad
privada por parte de estos. En 1967 nace la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
(ANUC), movimiento esencial en el entendimiento de la reforma agraria en Colombia y de
los movimientos de campesinos que surgieron a raíz de las políticas agrarias del país (Rivera,
1987). Autores como Reyes (2009) y Fals Borda (1976) han mostrado la relación entre la
ANUC y movimientos guerrilleros como el ELN y FARC, estos últimos interesados en ocupar
y obtener posición de territorios para establecerse.
Una novedad de la reforma agraria de 1963 fue la definición de la Unidad Agrícola Fa-
miliar (UAF). Una UAF es "la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola
o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tec-
nología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio". Este era el mecanismo con el
cual el INCORA iba a hacer comparable la adjudicación de baldíos en to do el país teniendo
en cuenta, para antes de la reforma agraria de 1994, la productividad promedio de la tierra
en la heterogeneidad del país. Después de 1994, más específicamente después de la Resolu-
ción No. 041 de 1996, la UAF tuvo en cuenta, no solo la productividad por hectárea sino la
heterogeneidad de los municipios y variables económicas como lo son el acceso a mercados.
A pesar de las intenciones de democratizar el acceso a la tierra por parte de la Ley de la
Reforma Agraria, el pacto de Chicoral en el gobierno de Misael Pastrana en 1972 eliminó, a
través de varias leyes, las capacidades reales del INCORA de poder lograr esto. No fue sino
hasta 1994 con la Ley 160 que se volvió a hablar desde el Estado de democratización del
acceso a la tierra y que se definió como unidad de asignación a la UAF reglamentada bajo
parámetros más restrictivos y claros.
Además de la historia de las reformas agrarias en el país, es importante mencionar el
desarrollo del conflicto armado y sobretodo del nacimiento de grupos paramilitares a finales
de los años noventa. Desde la historiografía tradicional del conflicto, se puede ver que el
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accionar de los grupos paramilitares está relacionado con las dinámicas de tierras en el
país; los grupos paramilitares favorecieron a terratenientes y promovieron la acumulación de
tierras para lavar activos relacionados con narcotráfico y para incentivar economías de escala
basadas en agricultura y ganadería (Reyes Posada, 2009). Las AUC fue fundada en 1997
como una unión entre las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las de Córdoba
y Urabá y las de los Llanos Orientales y estuvieron siempre ligadas fuertemente a procesos
de despojos de tierras y como ejércitos privados de terratenientes y elites locales. Es por
esta importancia histórica del paramilitarismo y la tierra que se explota la presencia de este
grupo armado ilegal en la adjudicación irregular de baldíos. Se espera que, en un contexto de
reforma agraria en donde se limitan los tamaños de hectáreas posibles para adjudicación, se
disminuya la adjudicación irregular de baldíos en lugares en donde los paramilitares actuen
de forma violenta.
4. El Paramilitarismo y la Tierra
El interés del paramilitarismo en el control del territorio puede explicarse por la potencia-
lidad económica de las zonas en las que operaban. Fue el interés de la Casa Castaño, cabeza
del paramilitarismo en Colombia, controlar el territorio y liberarlo de movimientos guerrille-
ros de izquierda para poder explotar beneficios económicos de este. Estos son, en resumidas
cuentas, beneficios obtenidos de la ganadería extensiva, las drogas ilícitas, el contrabando y
explotación de otros recursos naturales (Laverde, 2010). Un ejemplo de este interés del pa-
ramilitarismo en la explotación de recursos naturales puede verse a mediados de los 80s con
el surgimiento de las Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla San Fernando comandado
por José María Barrera. Testimonios ante los juicios del tribunal de Justicia y Paz, instancia
creada luego de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2005 en
donde se buscó conocer la verdad sobre los actos cometidos por estos grupos, muestran que
el surgimiento de estos grupos paramilitares “respondía a la demanda de seguridad de los
ganaderos y bananeros de esta región, quienes, ante la ausencia estatal, optaron por formar
cuerpos privados de vigilancia que intentaban repeler las acciones de la guerrilla” (Tribunal
Superior Distrito Judicial, Sala de Casación de Justicia y Paz, 08-001-22-52- 000-2011-8334,
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2014). Igualmente, las alianzas entre las élites regionales y políticas potencializaron el accio-
nar de estos grupos ilegales; ganaderos, políticos y comerciantes financiaron y colaboraron
con las AUC con recursos y protección (González, 2015) (SAC, 2009) para poder “conseguir
nuevas medidas de seguridad ante la presencia guerrillera, mantener su estatus económico
y político tradicional e, incluso, sacar provecho de los actos delictivos paramilitares como el
despojo de tierras y la economía del narcotráfico, entre otros” (Quinche et al, 2018).
¿Cuál es la relación entre el paramilitarismo y la tierra? El Centro Nacional de Memoria
Histórica en su informe ‘Justicia y Paz, Tierras y Territorios en las Versiones de los Paramili-
tares’ del 2012 hizo un esfuerzo por detallar con precisión la forma en que el paramilitarismo
se apropió de la tierra aprovechando los testimonios de los paramilitares que se acogieron a la
Ley de Justicia y Paz, el proceso de desmovilización y reparación promovido por el gobierno
de Álvaro Uribe en el año 2005. En este se menciona como líderes paramilitares de alta
jerarquía en el paramilitarismo como Freddy Rendón, Rodrigo Tovar Pupo y Pedro Hasbún
estaban directamente involucrados en casos de despojos de tierras. La comisión describe en
este informe la participación del paramilitarismo como parte de una “empresa de legalización
de despojo” en donde también operaban servidores públicos y agentes económicos legales e
ilegales (CMH, 2012). En investigaciones realizadas por la Superintendencia de Notariado
y Registro en el 2011 se confirma esto: Servidores públicos del Instituto Colombiano de la
Reforma Agraria INCORA facilitaron la legalización del despojo de baldíos. Estas fueron
adjudicadas o legalizadas a dos tipos de actores: 1) Testaferros y determinadores del despojo
de la tierra y 2) empresarios vinculados al paramilitarismo como, por ejemplo, en el caso
del despojo de Jiguamiandó y Cuvaradó en donde está involucrado el Fondo Ganadero de
Córdoba (CNMH, 2012).
5. Proporción Mayor a la UAF
Para poder definir la proporción de asignaciones por encima de la Unidad Agrícola Fami-
liar se debe tener en cuenta la forma en que se ha venido asignando la tierra y como esta ha
cambiado en la historia de la política agraria del país. En 1961 con la Ley 135 se estableció
la UAF como criterio para adjudicar tierras baldías. El propósito de la introducción de la
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UAF en la delimitación de la adjudicación de tierras fue el de crear un referente geográfico
comparable para poder adjudicar tierras de forma equitativa entre regiones y municipios. el
INCORA utilizaba la siguiente formula para calcular el área correspondiente a la UAF de
cada municipio:
UAF “Ie
U ´ C
En donde Ie es el ingreso anual esperado, U es la utilidad por hectárea por año y C es la
cuota de amortización por hectárea por año. Si bien se puede utilizar esta fórmula para definir
las asignaciones por encima de la UAF, Tobón (1972) muestra que en promedio esta fue de 17
hectáreas y que el ingreso anual esperado solo se podía conseguir con la producción de 30-40
hectáreas (Tabla 1.). Teniendo en cuenta esto se puede definir, de forma más razonable, que
toda asignación mayor a 30 hectáreas es una asignación que no cumple con lo buscado en
la reforma agraria: democratizar el acceso a la tierra. Si se asigna más de la tierra necesaria
para garantizar el ingreso anual esperado, se está asignando, por definición, una cantidad de
tierra que no debería estar asignándose. Si se ve la repartición de tierra como un juego de
suma cero y no hay excedentes de tierra, la tierra de más que se está asignando a alguien
es tierra que un campesino reclamante está perdiendo directamente; asignar tierra de más
es un costo directo en términos de desarrollo económico. Aunque la nueva ley de reforma
agraria se expidió en 1994, no fue sino hasta la Resolución 041 de 1996 que se reglamentaron
las extensiones de las UAFs para todo el país. Estas extensiones se definieron teniendo
en cuenta criterios de “potencialidad productiva agropecuaria de: los suelos, el clima y los
recursos hídricos, su desarrollo socioeconómico, la infraestructura vial,los servicios básicos,
así como el encadenamiento a los mercados dentro y fuera de la zona (INCORA, 1996).” A
diferencia de las UAFs de 1961, estas nuevas UAFs se definieron en rangos de hectáreas; la
UAF ahora estaría dentro de un mínimo y un máximo que varia según el municipio.
Teniendo en cuenta lo anterior, toda adjudicación de baldío debe cumplir con la siguiente
regla de asignación:
UAFi,m,t ´ Adjudicacioni,m,t ě 0
10
UAFmt son las cantidades de hectáreas de baldíos asignadas a la Unidad Agrícola Familiar
del municipio m en el tiempo t y Adjudicacionimt son la cantidad de hectáreas adjudicadas
por la resolución i en el municipio m en el tiempo t. Se puede construir también una variable
indicadora de asignación mayor a la UAF de esta forma:
AsignacionMayorUAFi,m,t “
$
’
&
’
%
1 Si UAFmt ´ Adjudicacioni,m,t ă 0
0 DLC
Para cada municipio se puede construir la proporción de adjudicaciones mayores a la
UAF respecto a las adjudicaciones totales I en el municipio por año t de la siguiente forma:
Ym,t “ ProporcionMayorUAFm,t “
Iÿ
i“0
AdjudicacionMayorUAFi,m,t
I
Con esta fórmula de proporción es posible calcular las proporciones mayores a la UAF
máxima. Como antes de 1996 se utilizaba el amaño de UAF definido antes de la reforma
agraria de 1994, también se puede calcular una variable de proporción irregular de baldíos
teniendo en cuenta la medida de UAF anterior.
6. Datos
Para este trabajo se utilizan datos de adjudicaciones de baldíos a nivel municipal para
1010 municipios desde 1991 hasta el 2003. Se utilizan datos desde 1991 debido a que a
principios de esta década se da el escalamiento del accionar de grupos paramilitares como
las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá o las Autodefensas Unidas del Madalena Medio. Finalmente, se utilizan datos hasta el
2003 debido a que en el 2003 se funda el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
remplazando al INCORA. Se excluye de la muestra Bogotá y Medellín debido a que la
política de reforma agraria iba encaminada a asignar tierra en áreas rurales . Igualmente,
se excluyeron municipios con reservas naturales, zonas turísticas no adjudicarles y tierras de
comunidades negras bajo titulación colectiva debido a que estos no tiene UAF asignada.
Se utilizan datos a nivel municipio debido a que las adjudicaciones de tierras se daban a
11
este nivel y a que se puede construir, utilizando el número de adjudicaciones por municipio,
la proporción de estas que asignaron más de la Unidad Agrícola Familiar. Si bien se podría
utilizar datos a nivel adjudicación, hacerlo de esta forma no brindaría más información debido
a que todas las adjudicaciones comparten las mismas características geográficas, políticas y
económicas para el mismo municipio y el mismo año. En cambio, utilizar la proporción a
nivel municipal permite mirar el efecto del tratamiento a nivel municipio ya que todas las
variables dependientes se encuentran a este nivel.
El área de UAFs utilizadas en este trabajo viene de dos fuentes de información. La
primera, para la UAF anterior a 1996, es la UAF del Censo de Minifundio en Colombia de
1995. Para las UAFs de después de 1996 se utiliza la resolución 041 de 1996 en donde se define,
en número de hectáreas, la UAF mínima y máxima asociada a cada municipio. Esta cambia
en distribución considerablemente para los rangos menores de hectáreas como se puede ver en
la tabla 2. Estos datos provienen de la digitalización de la resolución utilizada en el informe
"Tierras y conflicto rurales; Historia, políticas agrarias y protagonistas"del CNMH (2016).
Se puede ver en la tabla 2 que antes de la resolución 041 de 1996 la asignación irregular de
baldíos era en promedio del 25% mientras que después de 1996 están pasan a ser del 3%
para la UAF máxima y del 15% para la UAF mínima.
El cambio entre UAF mínima de 1996 y la UAF de 1995 no es verdaderamente signifi-
cativo. Esto se puede comprobar con la densidad del kernel de la resta entre ambas UAFs.
La densidad de esta resta debe estar concentrada en cero para probar que son comparables
(Figura 1.) Debido a esto se utilizará la UAF máxima de 1996 para poder calcular la propor-
ción irregular de asignación. La UAF máxima, por construcción, es la medida máxima con
la que una familia campesina puede "(...) remunerar su trabajo y disponer de un excedente
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio (Ley 160, 1994)", la variable de
interés en términos de proporción mayor a la UAF será la de proporción legal máxima por
esta razón.
Para poder construir la proporción de asignación por encima de la UAF se necesitan
datos a nivel adjudicación por cada municipio. Estos datos están disponibles para todo el
siglo XX por resolución de adjudicación de tierras por predio adjudicado gracias al panel de
adjudicaciones del Sider-Incoder. Cada resolución contiene el número de hectáreas adjudi-
12
cadas. Igualmente, se utiliza el número de adjudicaciones otorgadas en cada municipio para
cada año. Para la presencia violenta de los grupos paramilitares y de las FARC se utilizarán
datos del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que contiene información sobre
las acciones bélicas cometidos por los grupos paramilitares desde 1980 hasta el 2015.
De estos datos se utilizarán los asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares.
Se utilizan estos datos debido a que los asesinatos selectivos representan un alto grado de
presión a la población civil y no está relacionado con enfrentamientos directos con el Ejercito
Nacional u otro grupo armado ilegal.
7. Aproximaciones Empíricas
En esta sección se mostrarán las aproximaciones empíricas que buscan responder a la
pregunta de investigación planteada anteriormente. Se utilizará una modelo de diferencias en
diferencias para evaluar si la presencia paramilitar afectó la adjudicación irregular de baldíos
después de la reforma agraria de 1994 en Colombia. Luego, se hará el mismo ejercicio con las
hectáreas adjudicadas y el número de adjudicaciones. En cada ejercicio empírico planteado
se hacen pruebas placebo y de tendencias paralelas para poder afirmar que lo encontrado es
un efecto causal y no hay problemas de endogeneidad. Finalmente, se presentan e interpretan
los resultados encontrados.
7.1. Proporción mayor a la UAF
La pregunta principal que este trabajo busca responder es si la presencia paramilitar
afectó la adjudicación irregular de baldíos después de la reforma agraria de 1994 en Colombia.
Para responder esto, se utilizan dos grupos: los municipios en los que no hubo presencia
violenta paramilitar y los municipios en los que sí hubo accionar violento de este grupo.
Se utilizará el método de diferencias en diferencias para estimar el efecto de la violencia
paramilitar en la adjudicación mayor a la UAF después de la reforma agraria. Si bien la
reforma agraria debería modificar la forma en que se adjudica tierra en todos los municipios,
se puede argumentar que este cambio solo se dará en aquellos municipios en donde terceros,
como los grupos paramilitares, afectaban la forma en que se adjudicaban tierras baldías. El
13
modelo a estimar es el siguiente:
(1)
PropAdjum,t “ αm ` λt ` γpd1994t ˆ ASmq ` Um,t
en donde PropAdju es la proporción del número de adjudicaciones mayores a la UAF
máxima del municipio m en el tiempo t, alpha y lambda son efectos fijos de municipio y de
año, AS es un indicador que toma el valor de uno para todos los periodos si en el municipio
m hubo asesinatos selectivos de grupos paramilitares en 1994, año de la reforma, y d1994 es
una variable dummy que toma el valor de uno desde 1994, año siguiente a la reforma agraria.
Se incluyen los efectos fijos de municipio en esta especificación para controlar por cualquier
selección en el tratamiento que pueda ser causada por factores invariantes en el tiempo de
los municipios. Los resultados de esta estimación (1) se encuentran en la tabla 3.
La lógica detrás de esta estrategia empírica es comparar el cambio en la proporción de
adjudicaciones irregulares antes y después de la reforma agraria de 1994 en municipios en
donde había asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares. La figura 2 muestra
esta comparación en donde se ve que la proporción de adjudicaciones irregulares bajó más en
los municipios en donde hubo asesinatos selectivos cometidos por paramilitares. Lo mostrado
en la figura 2 es una representación gráfica de que se cumple el supuesto de tendencias
paralelas entre el grupo de tratamiento y el grupo de control antes del tratamiento y que se
puede hablar de un efecto causal del paramilitarismo en la adjudicación irregular de baldíos.
Para testear esto en el periodo pre-tratamiento, siguiendo a Autor (2003) se puede estimar
la siguiente ecuación.
(2)
PropAdjum,t “ αm ` λt `2003ÿ
t“1991
γt ASm,t ` Um,t
Si las tendencias de adjudicación irregular de baldíos antes de la reforma no son diferentes
para los periodos anteriores a la reforma, los coeficientes para los años anteriores a la reforma
no deberían ser significativos. Esto permite interpretar los resultados como resultado de la
reforma y no de algún otro posible efecto. Los resultados de esta validación de supuestos se
pueden ver en la figura 3.
Es posible que la especificación del grupo de tratamiento, AS, genere problemas de endo-
14
geneidad. La construcción del grupo de tratamiento tiene en cuenta aquellos municipios en
donde hubo asesinatos selectivos de grupos paramilitares en 1994 únicamente y no tiene en
cuenta periodos anteriores. Es posible que los grupos paramilitares se hayan anticipado a la
reforma agraria y hayan aumentado o disminuido el número de asesinatos selectivos por la
reforma dificultando la interpretación de lo encontrado en la especificación principal. Para
solucionar este problema se puede construir AS como un indicador que toma el valor de uno
para todos los periodos si en el municipio m hubo asesinatos selectivos de grupos paramili-
tares antes de 1994. Aunque esta forma de construir AS solucionaría los posibles problemas
de endogeneidad comentados anteriormente, no es plausible que los grupos paramilitares se
hayan anticipado a la reforma agraria debido a que esta se implementó a finales de 1994:
la reforma pudo haber afectado únicamente la cantidad de asesinatos selectivos de grupos
paramilitares para los años posteriores a la implementación. Es por esto que la forma en que
se construyó AS originalmente no afecta la aparición de asesinatos selectivos y no genera
problemas de endogeneidad.
En la estrategia empírica principal no se puede asegurar que esto se deba a un cambio
en la cantidad de hectáreas que en promedio se estaban adjudicando o a un aumento en
la cantidad de resoluciones de adjudicación. Esto último es importante para entender como
sucedieron estas adjudicaciones irregulares y desproporcionadas. Puede ser el efecto de un
cambio en el número de adjudicaciones o un cambio en el número de hectáreas adjudicadas
por año. Para esto se puede estimar las siguientes ecuaciones:
(3)
Adjudicacionesm,t “ αm ` λt ` γpd1994t ˆ ASmq ` Um,t
(4)
LogHectareasm,t “ αm ` λt ` γpd1994t ˆ ASmq ` Um,t
donde Adjudicaciones es el número de adjudicaciones en el municipio m en el año t y
LogHectareas el logaritmo de las hectáreas adjudicadas en el municipio m en el año t. La
especificación sigue siendo la misma que en la regresión principal. Los resultados de estas se
encuentran para (3) en la tabla 4 y para (4) en la tabla 5.
15
Estos resultados solo tiene validez si se cumple el supuesto de tendencias paralelas las
especificaciones empíricas. La figura 4 muestra gráficamente el cumplimiento del supuesto
para la especificación (4) y muestra también que después de la reforma parece haber dismi-
nuido más el número de hectáreas adjudicadas. Para comprobar empíricamente este ejercicio
se utilizará la misma especificación de la ecuación 2 pero para la variable de adjudicaciones
y la de hectáreas adjudicadas, las variables dependientes de (3) y (4). Los resultados de estas
validaciones se encuentran en las figuras 5 y 6.
Para corroborar estos resultados, se realizan pruebas placebo en donde se estiman la
ecuaciones (1), (3) y (4) como si la reforma agraria hubiera sido expedida en diferentes años.
Si antes de la reforma hay cambios importantes en la adjudicación desproporcionada, el
número de adjudicaciones y las hectáreas adjudicadas, esto podría poner seriamente en duda
si los resultados encontrados pueden ser adjudicados a la reforma agraria. Los resultados de
estas pruebas se encuentran gráficamente para (1) en la figura 7, y para (2) en la figura 8.
Los resultados de estos ejercicio muestran que, después de la reforma, la adjudicación
irregular de baldíos disminuyó en los municipios con presencia violenta de grupos parami-
litares; la proporción de adjudicación irregular en los municipios con violencia paramilitar
después de la reforma disminuyó en 0.4 puntos porcentuales. Teniendo en cuenta que el pro-
medio de la proporción de adjudicaciones mayores a la UAF es de 15%, se puede considerar
que esta se redujo considerablemente. Esto muestra que la expedición de la Ley 160 de 1994
frenó la adjudicación irregular. Al mejorar la forma en que se entregaba la tierra se hizo mas
difícil para los grupos paramilitares apropiarse de esta de forma legal; la reforma agraria
afectó la “empresa de legalización de despojo” paramilitar y causó una menor cantidad de
adjudicaciones irregulares en el corto plazo.
Esto puede explicar porqué las dinámicas de apropiación de la tierra por parte de actores
paramilitares estén asociadas, para los años después de la reforma, a la compra masiva de
tierras abandonadas. El Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe "Justicia y
Paz, tierras y territorios en las versiones de los paramilitares"(2012) muestra que la mayor
parte de las transacciones irregulares de tierras investigadas por la Fiscalía son de predios
adjudicados por el Estado que sobrepasaban la UAF. La forma en que los paramilitares se
apropiaron de predios adjudicados por el Estado que sobrepasaban el tamaño de la UAF era
16
a través del englobamiento o integración de varios predios más pequeños que no sobrepasaban
esta medida. Como la Ley de reforma agraria dificultó la posibilidad de adjudicar predios de
gran tamaño de forma legal, esta pudo haber llevado a que los paramilitares acapararan tierra
por medio de la compra de varios predios pequeños que finalmente terminarían integrados
en uno solo.
Ahora, es posible que el efecto de la reforma haya persistido en el tiempo y haya causado,
en el corto, menos adjudicación irregular con respecto a los municipios en donde no hubo
presencia paramilitar. De las pruebas placebo se puede ver que la proporción de adjudicacio-
nes irregulares disminuyó de forma sistemática y consistente. Antes de la reforma, la prueba
placebo muestra que no hay una diferencia significativa en la proporción de adjudicaciones
desproporcionadas a excepción del año 1993, un año antes de la reforma, por muy poco. Este
resultado no debería poner en duda los resultados principales ya que se ve que, después de
la reforma, la reducción de adjudicación desproporcionada aumenta y persiste en el tiempo.
Los resultados de este ejercicio empírico indican que la reforma agraria tuvo un efecto de
corto plazo positivo en cuanto a que se adjudicó menos tierra por encima de la UAF.
En cuanto al número de adjudicaciones de baldíos, los resultados de la tabla 4 muestran
que se redujeron en aproximadamente 3 adjudicaciones. Dado que el promedio de adjudica-
ciones es de 5, una disminución en una adjudicación representa una reducción del 75%. Esto
muestra que en aquellos lugares en donde había asesinatos selectivos cometidos por para-
militares después de la reforma agraria, el número de baldíos que se adjudicaron disminuyó
de forma importante. La prueba placebo para esta especificación muestra que, en efecto, lo
encontrado en los resultados nos permite hablar de un efecto de la reforma agraria y no de
otra causa.
La disminución en adjudicaciones puede estar asociada con el despojo de la tierra vía
asesinato y desplazamiento. El CNMH (2012) muestra que para el caso de la Casa Castaño,
líderes del paramilitarismo en el Magdalena Medio, el desplazamiento y el asesinato de re-
clamantes y propietarios colaboradores’ de la guerrilla sirvió para adquirir tierras de forma
irregular. Al expedirse la ley de reforma agraria y hacer más difícil la adjudicación irregu-
lar, es posible que el paramilitarismo haya optado por las armas y haya buscado acaparar
tierras a través de la violencia y la apropiación del terreno de sus víctimas. En este caso la
17
reforma agraria podría llevar al escalamiento del conflicto violento dado que dificulta a los
paramilitares acaparar tierras de forma legal; ahora la forma de adquirir predios es a través
del despojo y la violencia.
Hay una reducción en la cantidad de hectáreas de baldío adjudicadas en municipios con
asesinatos selectivos cometidos por paramilitares después de la reforma. En la tabla 5 se
puede ver que se reduce la proporción de adjudicaciones mayores a la UAF en 26%. Esto
quiere decir que la reforma no solo disminuyó el número de adjudicaciones y la adjudica-
ción desproporcionada sino que disminuyó la cantidad de hectáreas totales adjudicaciones.
En la figura 12 se puede ver que este porcentaje se reduce persistentemente después de la
reforma. En los tres ejercicios se cumplen los supuestos de tendencias paralelas por lo que
podemos atribuirle a la presencia paramilitar la reducción en adjudicación desproporcionada,
en número de adjudicaciones y en hectáreas adjudicadas.
8. Pruebas de Robustez
8.1. Tipos de Hechos Violentos de los Paramilitares y de Grupos
Guerrilleros
En todos los ejercicios empíricos se utilizó como medida de violencia paramilitar los asesi-
natos selectivos cometidos por estos grupos. Este tipo de enfrentamiento bélico se caracteriza
por ser un tipo de violencia de control de la población y asesinato de reclamantes de tierras
(Reyes Posada, 2009). Es por esto que se pueden utilizar los datos de los tipos de hechos
violentos cometidos por grupos paramilitares del CNMH para utilizarlos como grupos de
tratamiento "placebo"; el único tipo de hecho violento que debe afectar la forma en que se
adjudica la tierra es aquella destinada a controlar a la población: los asesinatos selectivos.
Para esto se utilizará un grupo de tratamiento ficticio: municipios con hechos bélicos de
grupos paramilitares. Esto debido a que este tipo de hecho está definido como un enfrenta-
miento entre paramilitares y otro grupo armado legal o ilegal. La idea con este ejercicio de
robustez es mantener la especificación original pero cambiar el grupo de municipios tratados
remplazándolos por municipios en donde se cometieron hechos bélicos. Los resultados de este
18
ejercicio son presentados en la tabla 6. De estos resultados se puede concluir que no hay efec-
to de la presencia de hechos bélicos en la adjudicación desproporcionada de baldíos después
de la reforma agraria de 1994. El problema agrario y el surgimiento de grupos guerrilleros
de izquierda ha sido descrito ampliamente por la literatura (Sánchez & López Uribe, 2018).
Es posible que en los municipios en los que grupos guerrilleros hayan establecido presencia,
después de la reforma, se haya cambiado la forma en que se adjudique baldíos. Para esto,
se utiliza la misma aproximación utilizada en la ecuación (1) pero utilizando como grupo
de tratamiento, aquellos municipios que tuvieron hechos bélicos competidos por grupos gue-
rrilleros en 1994. Se puede evidenciar en la figura 10 que el efecto de la reforma en estos
municipios con presencia guerrillera no es significativo y podemos decir que la reducción
de adjudicación irregular se dio en aquellos lugares en donde hubo paramilitarismo y no
movimientos guerilleros de izquierda.
9. Conclusiones
En este trabajo se buscó responder si la presencia paramilitar afectó la adjudicación des-
proporcionada de baldíos después de la reforma agraria de 1994 en Colombia entre 1990 y
2003. Los resultados son alentadores: en vez de aumentar la proporción de asignación mayor
a la UAF, después de la reforma, la adjudicación irregular se disminuyó después de la refor-
ma; la adjudicación irregular disminuyó para los municipios con violencia paramilitar. Esto
puede ser el efecto de haber definido con mayor claridad las reglas de adjudicación; las reglas
de juego. Al establecer y actualizar los rangos de las UAFs y al establecer que no se podía ad-
judicar más de una UAF por resolución, esto pudo haber dificultado la adjudicación irregular
vía instituciones del Estado a paramilitares. Este resultado trae consigo varias preguntas so-
bre la dinámica de despojo y apropiación de tierras por parte de grupos paramilitares como
si, por ejemplo, fueron este tipo de mejoras en las reglas las que hicieron que los grupos
paramilitares prefirieran el despojo de tierras y la adjudicación vía testaferrato y compra de
tierras dado que las leyes que definían como se asignaba la tierra evitaban la adjudicación
irregular. Igualmente, hay efectos de mediano plazo. Parece haber una reducción significativa
o importante de la adjudicación irregular en estos municipios. Esta disminución también se
19
da en número de hectáreas adjudicadas y en número de adjudicaciones. Esto sugiere que la
reforma agraria puedo haber frenado a la “empresa de legalización de despojo” paramilitar
y que, al hacerlo, cumplió su objetivo principal que era democratizar el acceso a la tierra
a población campesina. ¿Más tierra para campesinos? Lo encontrado parece mostrar que si
aunque también podría explicar el escalamiento violento de los grupos paramilitares.
Aun quedan varias preguntas por responder. La reforma agraria también utilizó como
política de focalización de adjudicación de tierras las condiciones socioeconómicas de los
reclamantes. Para poder reclamar un baldío, el reclamante tenía que ser un campesino/a
sin tierras. Como los datos de este trabajo no están desagregados a nivel beneficiario, no
es posible saber si las adjudicaciones se dieron únicamente a población campesina o si esta
también se adjudicó a personas de ingresos altos con propiedades. Es posible que la adjudi-
cación irregular se haya dado también a nivel beneficiario. Por ahora, lo encontrado en este
trabajo sugiere que los esfuerzos de una reforma agraria se ven reflejados en una disminución
en la adjudicación desproporcionada.
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23
11. Anexo 1. Tablas y Figuras
Figura 1. Densidad del kernel de la resta entre UAFs0
.00
2.0
04
.00
6.0
08
De
nsid
ad
−1000 −500 0 500 1000Resta de UAFs
kernel = epanechnikov, bandwidth = 1.1006
Datos del Censo de Minifundio en Colombia y la Resolución No.041 de 1996. Esta gráfica presenta la densidad de la resta entre UAF mínima de 1996 y la UAF del Censo de Minifundio
Estimación de la densidad del kernel
24
Figura 2. Proporción de asignaciones irregulares por año por presencia de
asesinatos selectivos de grupos paramilitares.0
.02
.04
.06
Pro
po
rció
n irr
eg
ula
r d
e b
ald
ios a
sig
na
do
s
1985 1990 1995 2000 2005
Tratamiento (Paramilitares) Control
Tratamiento medio suavizado Control medio suavizado
Nota: esta figura representa el promedio de adjudicaciones irregulares por año por presen-
cia de asesinatos selectivos de grupos paramilitares.Los triángulos representan municipios
en donde hubo asesinatos selectivos cometidos por paramilitares (tratados), mientras que
los círculos representan el grupo de control. Igualmente, las líneas muestran suavizaciones
polinómicas locales de grado tres. La línea puntuada gris corresponde al grupo de control.
La linea roja representa el año de la reforma: 1994
25
Figura 3. Tendencias Paralelas: γt para proporción de adjudicaciones irregu-
lares según la UAF máxima de 1996.
Nota: esta figura esta basada en una regresión de la proporción de adjudicaciones irregu-
lares según la UAF máxima de 1996 y la interacción entre una dummy que toma el valor de
1 para el grupo de tratamiento y dummies que toman el valor de uno para cada año t.
26
Figura 4. Logaritmo de hectáreas de baldío adjudicadas por año por presencia
de asesinatos selectivos de grupos paramilitares.0
12
34
Lo
ga
ritm
o d
e h
ectá
rea
s d
e b
ald
ío
1985 1990 1995 2000 2005
Tratamiento (Paramilitares) Control
Tratamiento medio suavizado Control medio suavizado
Nota: esta figura representa el promedio del logaritmo de hectáreas de baldío adjudicadas por
año por presencia de asesinatos selectivos de grupos paramilitares.Los triángulos represen-
tan municipios en donde hubo asesinatos selectivos cometidos por paramilitares (tratados),
mientras que los círculos representan el grupo de control. Igualmente, las líneas muestran
suavizaciones polinómicas locales de grado tres. La línea puntuada gris corresponde al grupo
de control. La linea roja representa el año de la reforma: 1994.
27
Figura 5. Tendencias Paralelas: γt para número de adjudicaciones de baldíos
Nota: esta figura esta basada en una regresión del número de adjudicaciones de baldíos
y la interacción entre una dummy que toma el valor de 1 para el grupo de tratamiento y
dummies que toman el valor de uno para cada año t.
28
Figura 6. Tendencias Paralelas: γt para el logaritmo de las hectáreas de baldío
adjudicadas
Nota: esta figura esta basada en una regresión del logaritmo de las hectáreas de baldío
adjudicadas y la interacción entre una dummy que toma el valor de 1 para el grupo de
tratamiento y dummies que toman el valor de uno para cada año t.
29
Figura 7. Test Placebo: Estimador de Dif-Dif (γen ecuación (1)) por año de
corte
Nota: esta figura muestra los coeficientes de interés en la ecuación 1, γ, y sus intervalos de
confianza cuando este varía entre los años 1990 al 2003. El coeficiente de interés viene de de
la interacción entre una variable dummy que toma el valor de 1 para el grupo de tratamiento
y una variable dummy que toma el valor de 1 desde el año t en adelante. cada punto en la
figura representa una regresión diferente.
30
Figura 8. Test Placebo: Estimador de Dif-Dif (γde ecuación 3) por año de corte
Nota: esta figura muestra los coeficientes de interés en la ecuación 2, γ, y sus intervalos de
confianza cuando este varía entre los años 1990 al 2003. El coeficiente de interés viene de de
la interacción entre una variable dummy que toma el valor de 1 para el grupo de tratamiento
y una variable dummy que toma el valor de 1 desde el año t en adelante. cada punto en la
figura representa una regresión diferente.
31
Figura 9. Test Placebo: Estimador de Dif-Dif (γde ecuación 4) por año de corte
Nota: esta figura muestra los coeficientes de interés en la ecuación 4, γ, y sus intervalos de
confianza cuando este varía entre los años 1990 al 2003. El coeficiente de interés viene de de
la interacción entre una variable dummy que toma el valor de 1 para el grupo de tratamiento
y una variable dummy que toma el valor de 1 desde el año t en adelante. cada punto en la
figura representa una regresión diferente.
32
Figura 10. Grupo Placebo: Estimador de Dif-Dif para grupos guerrilleros
Nota: El coeficiente de interés viene de de la interacción entre una variable dummy que
toma el valor de 1 para el grupo de tratamiento placebo y una variable dummy que toma el
valor de 1 desde el año t en adelante. El grupo placebo se construyó utilizando la presencia
de hechos bélicos de grupos guerrilleros. Cada punto en la figura representa una regresión
diferente.
33
Tabla 1. Ingresos por rangos de propiedad en 1971
34
Tabla 2. Estadísticas descriptivas
35
Tabla 3. Estimador de diferencias en diferencias. Proporción de adjudicaciones
irregulares usando la UAF máxima de 1996 por presencia de asesinatos selectivos
de grupos paramilitares
36
Tabla 4. Estimador de diferencias en diferencias. Número de resoluciones de
adjudicaciones de baldíos por presencia de asesinatos selectivos de grupos para-
militares
37
Tabla 5. Estimador de diferencias en diferencias. logaritmo de las hectáreas de
baldío adjudicadas por presencia de asesinatos selectivos de grupos paramilitares
38
Tabla 6. Prueba con grupo placebo. Estimador de diferencias en diferencias.
Proporción de adjudicaciones irregulares usando la UAF máxima de 1996 y la
UAF anterior a la reforma por presencia de hechos bélicos de grupos paramili-
tares
39
