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País PerúAños 2000-2001

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En su informe anual de 1999,Santiago Cantón, Relator especialde la Organización de los EstadosAmericanos (OEA) para la libertadde expresión, expresó su preocu-pación por la existencia de un plandel Servicio de Inteligencia Nacio-nal (SIN) contra la prensa. Al pare-cer, el «Plan Octavio» se inició en1996 para contrarrestar la «ame-naza» que representaban para laseguridad nacional los periodistasque investigaban sobre los méto-dos del ejército. En los tres últimosaños, se han multiplicado las ac-ciones de vigilancia, las escuchastelefónicas, las diligencias judicia-les y las amenazas de muerte porteléfono contra los periodistas.

Además de estas presiones, elchantaje ejercido con la atribuciónde la publicidad oficial ha permiti-do al Gobierno suprimir todas lasemisiones televisadas de carácterpolítico que le criticaban, así comoincrementar su control sobre elmedio de difusión más popular envísperas de la elección presiden-cial de 2000. A principios de no-viembre, los canales de televisión

ATV, América TV y Frecuencia La-tina se negaron a difundir los men-sajes publicitarios de los candida-tos de la oposición a la Presiden-cia de la República.

En las provincias, los periodistasson objeto de amenazas y agresio-nes periódicas si cuestionan lasactividades de las autoridades lo-cales. Además, unos veinte mediosde difusión provinciales han sidovíctimas de intimidaciones por partede policías, militares o funcionarios.A este respecto, la prensa nacio-nal ha denunciado el propósito delestado mayor del ejército de “neu-tralizar” a la prensa de oposición delas zonas interiores del país. Almismo tiempo, están apareciendoórganos de prensa proguberna-mentales en varias capitales de pro-vincia, que se dedican a atacar alos candidatos de la oposición ypresentan al Presidente Fujimoricomo «el político del siglo».

Por último, en 1999 el Gobiernoperuano tomó la decisión de no re-conocer la competencia del CorteInteramericana de Derechos Hu-manos de la Organización de los

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Estados Americanos (OEA), cuan-do está pendiente el veredicto deeste órgano sobre el decreto guber-namental que privó de la nacionali-dad peruana a Baruch Ivcher, prin-cipal accionista del canal de televi-sión Frecuencia Latina. Esta deci-sión del Gobierno priva de todo re-curso a los periodistas que enta-blaron un procedimiento ante eseTribunal, mientras que la creaciónde un sistema de “jueces provisio-nales” controlado por los poderespúblicos pone seriamente en entre-dicho la independencia de la justi-cia en el Perú.

Nuevos elementos sobre pe-riodistas asesinados antes de1999

El 4 de mayo de 1999, fueron des-tituidos Eduardo Macedo Zapata,fiscal de la ciudad de Rioja (Depar-tamento de San Martín), y su ad-junto José Manuel Monteverde,después de que se comprobara laexistencia de irregularidades en suinvestigación sobre la muerte deTito Pilco Mori. Este locutor de laradio Frecuencia Popular de Rioja,

que era muy conocido por sus crí-ticas a los jueces y la policía loca-les, falleció el 3 de septiembre de1997 de resultas de una violentaagresión perpetrada contra él unosdías antes. La familia de Tito PilcoMori siempre ha tenido la convic-ción de que José ManuelMonteverde fue el instigador deesta agresión.

El 16 de junio, Roso Cruz Anas-tasio, José Mercedes AlbinesSandoval e Irineo Marchán Córdovafueron condenados a cadena per-petua por haber asesinado el 6 deabril de 1998 a dos periodistas deRadio Satélite, Isabel Chumpitaz ysu esposo José Amaya Jacinto. Eltribunal estimó que el móvil del do-ble homicidio fue el robo. Docecómplices de los asesinos fueroncondenados a penas de cinco atreinta años de cárcel y otros cua-tro más siguen en paradero des-conocido. Varios periodistas persis-ten en su creencia de que este ase-sinato está relacionado con las po-siciones hostiles a la política delgobierno regional que Isabel man-tenía en su emisión «La voz delpueblo».

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Nuevos elementos sobre unperiodista desaparecido antesde 1999

El 12 de abril de 1999, la fiscalJulia Eguía Dávalos pidió que sereanudara la investigación sobre ladesaparición de Pedro Yauri Busta-mante. A esta magistrada se le haencargado de investigar sobre laimplicación de las fuerzas armadasen las exacciones perpetradas enla época de la lucha contra el terro-rismo, y estima que nunca se llevóa cabo una verdadera investigaciónsobre esa desaparición. El secues-tro de Pedro Yauri Bustamante fueperpetrado el 24 de junio de 1992y en ese entonces se atribuyó al«Grupo Colina», una organizaciónparamilitar. En su programa «Pun-to final» difundido por Radio Nacio-nal de Huacho, el periodista denun-ciaba los «excesos» de las fuerzasdel orden en la lucha antiterrorista.

Periodista herido

El 10 de noviembre de 1999, fueherido a balazos Angel DurandLeón de Radio Qassar, una emiso-

ra de la localidad de Huaraz (De-partamento de Ancash). A princi-pios del mes de septiembre habíarecibido amenazas de muerte porhaber acusado de implicación encasos de enriquecimiento ilícito aFredy Moreno, Viceministro de laPresidencia. En febrero de 1998,el periodista había sido víctima deun secuestro. Sus agresores lehabían maltratado «para que deja-se de hablar».

Periodista encarcelado

El 18 de enero de 1999, JohnnyEduardo Pezo Tello locutor de laradio Doble A de Yurimaguas (Pro-vincia de Alto Amazonas) fue libe-rado por orden del Tribunal Supre-mo de Lambayeque. El tribunal de-cidió dejar sin efecto las diligenciasjudiciales incoadas contra el perio-dista por «apología del terrorismo».

El 17 de noviembre de 1998,Pezo Tello había leído en la radioun comunicado del grupo armadode oposición Movimiento Revolu-cionario Tupac Amaru (MRTA) detendencia guevarista, bajo la coac-ción de miembros de esa organi-

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zación. A finales de diciembre, elfiscal y el juez instructores del ex-pediente habían emitido un dicta-men en el que reconocían que alperiodista no se le podía conside-rar responsable del comunicadoradiado.

Periodistas detenidos

El 5 de octubre de 1999, fuerondetenidos los locutores de dosemisoras de la ciudad de Bellavista(Departamento de San Martín),Fernando Mejía Cornelio y LeninRuiz Dávila de Radio Palmera, asícomo Alberto Medina de RadioCentral, por haber difundido bajo laamenaza un comunicado del MRTAque habían recibido la víspera. Apesar de que avisaron a la policíainmediatamente después de haberrecibido el comunicado, a los tresperiodistas se les acusó de «apo-logía del terrorismo» antes de quefueran puestos en libertad por latarde de ese mismo día.

Periodistas agredidos

El 27 de enero de 1999, tres indi-viduos agredieron a puñetazos ypedradas a Victor Raúl ArroyoHuamán, locutor del programa in-formativo «La Razón» difundido porRadio Exito de Ica (una localidadsituada a 300 km. al sur de Lima).Este profesional había denunciadoalgunas irregularidades de la Uni-versidad de San Luis.

El 1º de abril, el fiscal de Jaénpudo estar implicado en las ame-nazas y agresiones contra ocho pe-riodistas de Radio Marañón, segúnafirmó una comisión de investiga-ción creada por asociaciones dedefensa de los derechos humanos.Uno de esos periodistas, José LuisAltamirano, resultó gravementeherido por disparos de bala. La ra-dio había denunciado las activida-des del magistrado por su presun-ta implicación en casos de corrup-ción.

El 30 de abril, dos individuosagredieron a Indulfo MilcíadesGutiérrez Cipriano de Radio Espa-cial, una emisora de Otuzco (De-partamento de La Libertad), y le

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amenazaron con matarle si prose-guía sus revelaciones sobre elmunicipio de esta localidad. El pe-riodista había publicado los resul-tados de una auditoría de las cuen-tas del ayuntamiento en la que sedenunciaba la existencia de irregu-laridades. Los dos agresores fue-ron detenidos. Uno de ellos era unapersona a la que se considera «so-brino adoptivo» del alcalde.

El 4 de mayo, varios miembros dela policía agredieron a ArmandoSánchez Ortiz, fotógrafo de la re-vista mensual Cono Norte, yAgripino Figueroa, del diario La Vozde los Andes, cuando estaban cu-briendo los enfrentamientos entrevendedores ambulantes y funciona-rios municipales.

El 27 de junio, seis desconocidosagredieron a Marco Antonio CossíoVega de la emisora Radio Mix deParamonga. Este periodista y eldirector de la radio, Rafael Huer-tas, presumen que el instigador dela agresión fue el alcalde de la lo-calidad, Domingo Ortega Narváez.Marco Antonio Cossío Vega habíadenunciado en su emisión «La vozdel pueblo» algunas irregularidades

en la gestión del municipio y habíapedido la dimisión del alcalde.

El 2 de julio, los partidarios del al-calde de Satipo (Departamento deJunín) agredieron a Abel RoblesVéliz y Nelly Pachari de Radio Es-tudio 99 de Satipo y Jorge LuisRomero Mendoza de Radio Side-ral en el transcurso de una reuniónorganizada por el municipio. El al-calde, que fue condenado por lajusticia en mayo de 1999 por abu-so de poder, ataca regularmente alos medios de comunicación, acu-sándoles de participar en la «per-secución política» de la que se con-sidera víctima.

El 3 de septiembre, algunos par-tidarios de Manuel Garrido, ex al-calde de Los Órganos (Departa-mento de Piura), agredieron a KelaLeón y Paul Vallejos del semanarioCaretas, durante una manifesta-ción de apoyo a Garrido. Despuésde haber golpeado a Paul Vallejos,los incondicionales del ex alcaldese apoderaron de su cámara foto-gráfica y de su cédula de periodis-ta, antes de sustraerle la suya aKela León. Los dos periodistas rea-lizaban un reportaje sobre las pre-

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suntas irregularidades cometidaspor Manuel Garrido durante su ges-tión municipal.

El 27 de octubre, unos descono-cidos secuestraron a Hugo Borjas,ex responsable de la sección so-cial del diario El Chato, y se lo lle-varon en un vehículo. Después deamenazarle, lo agresores le libera-ron cinco horas más tarde. El 22de octubre, Hugo Borjas reveló queRafael Documet, propietario del dia-rio El Chato, recibía 180.000 dóla-res mensuales (180.000 euros) acambio de la publicación de notacríticas, e incluso difamatorias, so-bre políticos y periodistas de la opo-sición. Según Hugo Borjas, la per-sona que transmitía esas notas eraAugusto Bresani, una persona delos círculos allegados al Gobiernoy las fuerzas armadas. Desde elmes de marzo de 1998, muchosdiarios sensacionalistas como ElChato han desencadenado unacampaña para denigrar a persona-lidades de la política y la prensa queson miembros de la oposición. Al-gunos observadores atribuyen la or-ganización de esta campaña a losservicios secretos peruanos.

Periodistas amenazados

El 21 de abril de 1999, en Satipo(Departamento de Junín), quincehombres allanaron los locales deRadio Estudio 99, y destruyeronuna parte del material de la emiso-ra, al mismo tiempo que proferíanamenazas contra Fernando SantosRojas, el locutor del programa «Li-bertad de prensa», que había cues-tionado la gestión municipal del al-calde de esta localidad. El locutorya había recibido amenazas tresmeses antes.

El 23 de agosto, Rubén Trujillo dela emisora de televisión Canal 9ATV manifestó que había sido ob-jeto de múltiples amenazas desdeprincipios de ese mes. Según elperiodista, las amenazas comenza-ron como consecuencia de las re-velaciones que había hecho en suprograma sobre la mala administra-ción de diversos organismos públi-cos.

El 30 de agosto, Juan SánchezOliva de Radio Qassar, una emi-sora de la localidad de Huaraz, fueamenazado por varios desconoci-dos que le dijeron «vamos a hacer-

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te desaparecer». Tres días antes,el hermano del periodista fue agre-dido por seis hombres armados yencapuchados. Posteriormenteotros dos miembros de su familiafueron objeto de agresiones o ame-nazas. Juan Sánchez Oliva habíadenunciado en varias ocasiones losabusos e irregularidades de lasempresas mineras de la región.

El 3 de septiembre, se amenazóde muerte a Jorge Salazar, direc-tor de la organización de defensade la libertad de prensa “InstitutoPrensa y Sociedad” (IPYS). Ante-riormente, ya había sido blanco delos insultos de una determinadaprensa popular. En varias ocasio-nes, el correo informático del IPYSfue inutilizado y la organización sevio obligada a recurrir a otrasmensajerías electrónicas.

El 28 de septiembre, se amena-zó de muerte a Juan Sausa Seclén,corresponsal del diario La Repúbli-ca de Jaén (noroeste del país).Pocos días antes, el periódico ha-bía revelado que uno de los guar-daespaldas del alcalde era miem-bro de los servicios de informacióny que anteriormente había pertene-

cido a un grupo paramilitar, al quese acusa del asesinato de variosestudiantes. Según algunos obser-vadores, los ejemplares de La Re-pública que contenían esas revela-ciones y estaban destinados a serdistribuidos en la localidad de Jaénfueron comprados para impedir sudifusión.

El 21 de diciembre, Carlos Infan-te Yupanqui, director del semana-rio Democracia de la ciudad deAyacucho (al sur de Lima), denun-ció las amenazas y la campañadestinada a denigrarlo que se ve-nían produciendo desde quincedías antes. Al parecer, esa campa-ña había sido organizada por fun-cionarios del municipio de Huaman-ga porque el semanario había de-nunciado varias irregularidadescometidas por distintas institucio-nes y organizaciones locales.

Presiones y trabas

El 13 de enero de 1999, se retiródel orden del día del Congreso unanteproyecto de ley sobre las es-cuchas telefónicas, en el que sepreconizaba replantearse la cues-

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tión del carácter secreto de lasfuentes de información. Ese ante-proyecto fue presentado por la Co-misión de Defensa del Congreso,a la que se había encomendadoinvestigar sobre las escuchas deque habían sido objeto algunaspersonalidades del mundo del es-pectáculo y de los medios de laoposición, así como unos diez pe-riodistas. A finales de mayo, en unavotación nocturna organizada porsorpresa, el Congreso aprobó apesar de todo las conclusiones dela Comisión y exoneró al SIN detoda responsabilidad por esas es-cuchas.

A principios de mayo, los directo-res y periodistas de una docena deradios del Departamento de Caja-marca (al norte del país) señalaronque habían recibido la visita de po-licías para interrogarles por susactividades y posiciones políticas.A este respecto, el jefe regional dela policía declaró que se había pro-ducido un «malentendido», pero losperiodistas mencionaron las rela-ciones tensas que los medios decomunicación mantienen con lasautoridades locales, especialmen-

te con los alcaldes de Rioja y Nue-va Cajamarca que pertenecen almismo partido político que el Pre-sidente Fujimori.

El 15 de abril, siete periodistas co-nocidos por haber denunciado lasactividades del SIN presentaronuna denuncia contra Ricardo Fai-sal, representante oficial de la Aso-ciación Pro Defensa de la Verdad(Aprodev), habida cuenta de que enel sitio Internet de esta organizaciónse difundían informaciones calum-niosas sobre ellos. Un mes mástarde, las dos magistra-das quehabían iniciado las diligencias judi-ciales de este caso fueron sustitui-das inmediatamente después dehaber declarado la denuncia con-forme a derecho. A principios deagosto, Ricardo Faisal fue absuel-to y este veredicto fue confirmadoen apelación el 5 de octubre; conmotivo de este juicio también fue-ron sustituidos dos jueces del tri-bunal de apelación.

El 9 de junio, varios funcionariosdel Ministerio del Interior se incau-taron del material de Radio HGV,una emisora de Santa Cruz (Depar-tamento de Cajamarca). La incau-

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tación se debió a una denuncia pre-sentada por el alcalde de esa loca-lidad, Cruz Anacario Díaz Mego, yel gobernador Alberto Coronel. Laradio había denunciado casos demalversaciones y nepotismo en elmunicipio.

El 9 de julio, el Gobierno peruanodecidió no reconocer la competen-cia de la Corte Interamericana deDerechos Humanos. Esta decisiónse adoptó cuando la denuncia pre-sentada por Baruch Ivcher contrael Estado peruano estaba pendien-te de examen por parte de esta ins-titución de la Organización de losEstados Americanos (OEA). En1997, este accionista mayoritariodel canal de televisión FrecuenciaLatina se vio privado por decreto desu nacionalidad peruana, y por con-siguiente del control de su emisorade televisión (la ley peruana prohi-be a los extranjeros la posesión demedios de difusión) que había de-nunciado las actividades del SIN enun caso de escuchas telefónicas.Desde esa denuncia, no sólo semultiplicaron las diligencias judicia-les contra este hombre de nego-cios, que hoy en día se halla exila-

do en los Estados Unidos, sinotambién contra sus allegados. El 6de julio de 1999, Baruch Ivcher fuecondenado a cuatro años de cár-cel con suspensión de ejecución dela pena por “falsificación de docu-mentos” a raíz de un proceso en elque abundaron las irregularidades.

El 27 de julio fue suprimido el pro-grama de noticias «Tigre Informa»de la emisora privada Tigre deIquitos (nordeste del país). Los doslocutores de esta radio, CarlosManuel Rosas Matos y Luis Chana-mé, se habían hecho eco la víspe-ra de las acusaciones de nepotis-mo formuladas en un diario nacio-nal contra el general Enrique SoteroNavarro, comandante en jefe de lasfuerzas militares de la provincia.

El 11 de agosto, cinco radios dela ciudad de Huancavélica (sudoes-te del país) recibieron una carta delcomandante militar local en la quese les pedía que pusieran en su co-nocimiento todas las informacionesdifundidas en sus programas. Enesa carta se hacía referencia a unaorden «de la superioridad» para«controlar todos los programas in-formativos difundidos en la zona».

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Dos días más tarde, el firmante dela carta fue destituido de sus fun-ciones. Este «incidente» se produjodespués que la prensa nacionalhiciese revelaciones sobre el pro-pósito del ejército de «neutralizar»a la prensa de la oposición en laszonas del interior del país.

El 16 de agosto, Ricardo BullónMatos de Radio Señorial, una emi-sora de la localidad de Huancayo(centro del país), fue condenado ados años de cárcel con suspensiónde ejecución de la pena, al pago deuna indemnización de 15.000 so-les (unos 4.200 euros) en concep-to de daños y perjuicios, y a la pro-hibición de ejercer su profesión deperiodista durante dos años. JaninaSoria de Véliz, Presidenta de laSociedad de Beneficencia Públicade Huancayo, le había denunciadoante los tribunales por «difama-ción» después de que el periodistahubiera publicado los resultados deuna auditoría interna en la que secuestionaba la gestión de esa so-ciedad.

El 23 de agosto, Eduardo CenepoEljarratt, director del semanario ElClarín de la localidad de Pucallpa,

fue convocado ante el jefe militarde la región, el teniente coronel Jor-ge Martínez Fernández. En su nú-mero de fecha 19 de agosto, el se-manario se había hecho eco de lasdeclaraciones de algunos dirigen-tes políticos locales sobre las irre-gularidades cometidas por un altomando militar. Según el tenientecoronel, la nota publicada en la re-vista semanal “atentaba contra laimagen de la institución militar”.

El 3 de septiembre se publicó enPuno (sur del país) La Repúdicadel Gran Sur. Es el tercer órganode prensa, junto con la La Repú-dica y Repudio de Lima, creado en1999 con el objetivo de atacar aGustavo Mohme, director del dia-rio de oposición La República, y aEdmundo Cruz y Ángel Páez, pe-riodistas de este mismo diario co-nocidos por sus reportajes sobre elejército o los servicios secretos. Ensu número del 29 de julio, ArturoCáceres, director de Repudio dijo:“Nuestro único objetivo es poner untérmino a las ironías malévolas deLa República”. Por su parte, LaRepúdica trata a Gustavo Mohmede «homosexual» y «comunista»,

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y profiere amenazas de muerte con-tra Edmundo Cruz.

El 20 de septiembre, el sacerdo-te Pedro Ancorri, gerente de la ra-dio católica La Voz de Allinccapacde Macusani (Departamento dePuno), fue convocado por la poli-cía para que presentase los docu-mentos probatorios de que la emi-sora estaba en regla con respectoa las normas legales. Anteriormen-te, la radio había acusado a dospolicías de la muerte de un joven alque habían propinado una paliza.

El 24 de septiembre, se incoarondiligencias judiciales contra losmiembros de la asociación PrensaLibre, que agrupa a diez periodis-tas y miembros de la oposición,porque había difundido un reporta-je en el que se acusaba a los servi-cios de información del ejército dehostigar a los candidatos de la opo-sición que tiene la intención de pre-sentarse a la elección presidencialde 2000. Las diligencias se han ins-truido a petición del Consejo Su-premo de Justicia Militar, que acu-sa a Prensa Libre de presentaciónde documentos falsificados.

El 3 de octubre dejó de publicarse

el diario de oposición Referéndum.Su director, Fernando Viaña, de-nunció las presiones ejercidas porla administración fiscal. Seis sema-nas más tarde este periódico vol-vió a publicarse con el nombre deLiberación. En ese mismo momen-to, apareció en los quioscos deprensa otro periódico con el títulode Referéndum y una orientaciónclaramente progubernamental. Elequipo encabezado por FernandoViaña está compuesto por periodis-tas que habían trabajado en el ca-nal de televisión Frecuencia Latinacuando lo dirigía el hombre de ne-gocios Baruch Ivcher.

El 25 de noviembre, los juecesCésar Castillo Palacios y RogerReyes García amenazaron condetener a Rolando Rodrich Saran-go, director del diario Correo dePiura publicado en la localidad delmismo nombre situada al norte delpaís, si el periodista no respondíaa sus convocatorias. Gerardo AdánSoto Quiroz, Presidente de la Cor-te Superior de Piura y su esposaVilma Herrera de Soto denunciarona Rodrich Sarango por «difama-ción», después de que su diario les

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hubiera acusado de abuso de po-der. El periodista estima que no sedan las condiciones exigidas paraque el proceso sea justo e impar-cial, habida cuenta de que el de-nunciante es el superior jerárquicode los dos jueces.

El 9 de diciembre, un funcionariodel Ministerio de Transportes yComunicaciones ordenó el cierrede la emisora Radio Libertad deTrujillo (Departamento de La Liber-tad), arguyendo que no cumplía losrequisitos legales para emitir. Unosdías antes, el director de la radio,Carlos Burmester, se había nega-do a difundir una publicidad delGobierno. Al día siguiente de la in-tervención del funcionario, el Minis-tro de Transportes y Comunicacio-nes denunció los «excesos» deéste y declaró que se comprome-tía a respetar la libertad de prensa.

El 21 de diciembre, un juez expi-dió una orden de arresto por mal-versación de fondos contra GenaroDelgado Parker, ex presidente dela Asociación de Radio y Televisiónde Perú y ex director del canal detelevisión Red Global. SegúnGenaro Delgado Parker, las diligen-

cias del juez son infundadas y pre-tenden sancionar exclusivamentesus críticas al Gobierno. En efec-to, a principios de noviembre habíaafirmado que el Gobierno ejercía unchantaje con la publicidad para con-trolar el contenido de los noticierostelevisados.

El 21 de diciembre, la policía ju-dicial intentó incautarse del mate-rial de la Impresora, en cuyos talle-res se edita el diario Liberación.Una semana antes, este periódicohabía revelado que VladimiroMontesinos, asesor del Presiden-te, había cobrado dos millones dedólares (dos millones de euros), locual obligó al Fiscal de la Nación aabrir un expediente por «enrique-cimiento ilícito». Liberación se ha-bía pronunciado también en contrade la posible candidatura de Alber-to Fujimori a la elección presiden-cial de abril de 2000. La legalidadde esa candidatura ya había sidocuestionada por tres jueces del Tri-bunal Constitucional que fuerondestituidos poco tiempo después.

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A raíz de la difusión, a mediadosde septiembre de 2000, de un cin-ta de vídeo donde se veía a Vladi-miro Montesinos, jefe del Serviciode Inteligencia Nacional (SIN), so-bornando a un parlamentario de laoposición, Alberto Fujimori anuncióla destitución del responsable delSIN y la celebración de eleccionesanticipadas a las que él no se pre-sentaría. En unas semanas, losacontecimientos se fueron suce-diendo rápidamente. El aparato re-presivo contra la prensa creado porVladimiro Montesinos, el llamado«Rasputín andino», se desmoronó:el sistema judicial recobró su inde-pendencia, el SIN fue desmantela-do y las presiones a las que estabasometida la televisión se fueronsuavizando.

A principios de noviembre, unasnuevas revelaciones sobre unascuentas en Suiza de VladimiroMontesinos y sobre la presunta fi-nanciación de la campaña presi-dencial de 1990 de Alberto Fujimoripor el Cartel de Medellín motivaronla dimisión de este último. El Par-lamento rechazó por “incapacidadmoral” esta dimisión, emitida por

Fujimori desde Japón donde sehabía refugiado.

Alberto Fujimori había sido reele-gido como presidente seis mesesantes al cabo de una campañamarcada por las irregularidades yla negativa de Alejandro Toledo, elcandidato de la oposición, a parti-cipar en la segunda vuelta de loscomicios. La campaña había deja-do patente, una vez más, el espa-cio de libertad limitado otorgado porel gobierno a la prensa. Los obser-vadores internacionales explicaronque “numerosos canales de televi-sión manifestaron abiertamente suhostilidad contra los candidatos dela oposición”.

Sometidos a las presiones ejer-cidas por el gobierno mediante laatribución de las frecuencias, lapublicidad pública y amenazas dedenuncia, los canales de televisiónfavorecieron a Alberto Fujimori.Tres de estos canales estaban ges-tionados por personas nombradaspor el propio poder judicial, queperdió su independencia cuando seinstauró en 1992 el sistema de “jue-ces provisionales”. El canal porcable Canal N, el único que había

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permitido expresarse a la oposición,fue el único canal sancionado porel Consejo Nacional de Elecciones.

La prensa escrita tampoco se sal-vó de las presiones durante la cam-paña. El diario El Comercio, el másrespetado por su tono moderado,fue amenazado con acciones judi-ciales tras revelar que la mitad delas firmas de apoyo a Perú 2000,la coalición reunida en torno a lacandidatura del presidente, eranfalsas. En cuanto al diario de opo-sición La República, fue el blancode los ataques de la prensa popu-lar que, según declararon unostránsfugos en octubre de 1999,estaba financiada por el SIN y pu-blicaba los artículos que este ser-vicio le transmitía.

El periodismo de investigaciónsiguió en la línea de mira: CeciliaValenzuela, directora de la agenciaonline imediaperu.com, fue agredi-da y seguida durante varios díastras haber publicado una serie deartículos inculpando al SIN en unasunto de tráfico de armas y dedroga.

Bajo los auspicios de la Organi-zación de Estados Americanos

(OEA), se celebró en el mes deagosto una mesa redonda de ne-gociaciones entre el gobierno y laoposición con el fin de “reforzar lasinstituciones democráticas”. A raízde esta mesa redonda, el 3 de no-viembre, las Comisiones Ejecutivasdel poder judicial, que permitían alpoder político intervenir en el fun-cionamiento del sistema judicial,fueron suprimidas.

A finales de septiembre, el SINya estaba desmantelado. Finalmen-te, a principios de diciembre, elgobierno formado por el nuevo pre-sidente, Valentín Paniagua, publi-có el decreto que restituyó el con-trol del canal de televisión Frecuen-cia Latina al hombre de negociosBaruch Ivcher, poniendo fin a tresaños de acciones judiciales. ABaruch Ivcher le habían privado dela dirección del canal tras una acu-sación lanzada por el canal contrael SIN.

Se cree que los últimos cambiospolíticos van a permitir que la si-tuación vuelva a la normalidad tam-bién en el interior del país donde,según la asociación de defensa dela libertad de prensa IPYS (Institu-

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to Prensa y Sociedad), ocurrió el95 % de los atentados contra la li-bertad de prensa. En las provincias,los periodistas deben hacer frentea las amenazas y agresiones de lasautoridades locales que no acep-tan sus críticas.

Nuevos elementos sobre unperiodista desaparecido antesde 2000

El 26 de diciembre de 2000, sehizo público que los restos del cuer-po de Pedro Yauri Bustamante, pe-riodista de Radio Nacional de Hua-cho, habrían sido descubiertos enla región de Huacho (norte deLima). El periodista desapareció el24 de junio de 1992 tras ser rapta-do por el grupo paramilitar «GrupoColina». En su programa «PuntoFinal», denunciaba los “excesos”de las fuerzas del orden público enla lucha antiterrorista.

Periodistas agredidos

El 6 de enero de 2000, BayronHorna y Miguel Ascencios del ca-nal de televisión Frecuencia Latina,

John Ariza y Dany Felipa del canalAndina de Televisión, y Aldo Kcomtdel canal de noticias Canal N, fue-ron agredidos por unos manifestan-tes mientras cubrían una manifes-tación contra la candidatura a lapresidencia de Alberto Fujimori.El 9 de febrero, Gilmer Días, repor-tero del canal Municipal, José Flo-res Burgos, corresponsal del canalde televisión Panamerica Televi-sión, así como John Seclén y Ma-nuel Peirera, respectivamente re-portero y cámara de FrecuenciaLatina, fueron víctimas de lanza-mientos de piedras mientras cu-brían la baja de las tarifas de la elec-tricidad.

El 22 de febrero, José Abanto yJohny Laurente, fotógrafos del dia-rio La República, fueron agredidosmientras investigaban las presun-tas irregularidades en la financia-ción de la campaña de AlbertoFujimori. Dos días antes, el diariohabía publicado datos sobre la su-puesta participación de miembrosde la policía nacional y de los ser-vicios de inteligencia en esta cam-paña.

El 26 de febrero, Teobaldo Me-

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néndez Fachín, de la radio StaciónX de la ciudad de Yurimaguas, enel departamento de Loreto, fueagredido por dos desconocidos quele amenazaron con matarle si se-guía criticando a Nely Salinas,candidata de Perú 2000 en las elec-ciones legislativas.

El 7 de abril, un coche intentóatropellar a Perla Diana VillanuevaPérez, de Canal N, delante de sudomicilio en Trujillo (noroeste delPerú). Tres días más tarde, cincohombres armados siguieron a lahermana de la periodista e intenta-ron atropellarla. Perla DianaVillanueva afirmó que desde el 7 deabril, su domicilio había estadoconstantemente vigilado y que envarias ocasiones había sido foto-grafiada mientras realizaba susactividades profesionales.

El 9 de abril, víspera de las elec-ciones presidenciales, un equipodel canal de televisión Panameri-cana fue agredido por un grupo deindividuos cuando cubrían unamanifestación de apoyo al candida-to de la oposición Alejandro Toledo.El vehículo del canal también su-frió daños.

El 3 de mayo, Ismael Horna, re-portero de Frecuencia Latina, afir-mó haber sido agredido por LuisGálvez, guardaespaldas de Alejan-dro Toledo cuando intentó acercar-se al político durante una entrevis-ta en el aeropuerto de Lima. Ale-jandro Toledo pidió excusas al pe-riodista.

El 4 de mayo, Uriel Meza Mayhua,de Radio Sicuani, fue agredido pordos funcionarios de la localidad deCanchis, en el departamento deCuzco, tras haber difundido infor-maciones sobre las supuestas irre-gularidades cometidas en dicha lo-calidad.

El 12 de mayo, Hugo GonzálesHinostroza, corresponsal del diarioLiberación en la provincia deCarhuaz (norte de Lima), OmarRobles Torre, de la revista bimen-sual Presencia, y Roger Luciano,fotógrafo autónomo, fueron agredi-dos cuando tomaban fotos y filma-ban la distribución de ayuda alimen-ticia gubernamental a un centenarde personas que llevaban camise-tas de Perú 2000.

El 25 de mayo, la dirección de Ra-dio Ancash decidió suspender el

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programa informativo Ancash en laNoticia» presentado par HernánCarrión, al considerar que la segu-ridad de este periodista podía es-tar en peligro. Ya había sido vícti-ma de un atentado fallado el 3 deabril, en el que dos desconocidosdispararon contra su coche. Des-de entonces el periodista recibíaregularmente amenazas e insultos.Hernán Carrión había denunciadolas condiciones desiguales en lasque se desarrollaba la campañapresidencial.

El 26 de mayo, Lincol Díaz, di-rector del diario Ahora, y LuisVelásquez, corresponsal en Hua-nuco del diario La República, fue-ron agredidos por las fuerzas deseguridad cuando cubrían unamanifestación de apoyo a Alejan-dro Toledo.

El 29 de mayo, Elddy MozombiteLinares, de la radio Santa Rosa, fueagredida por cuatro desconocidoscuando salía de los locales de laemisora, con base en Lima. Cincodías antes, otro periodista de la ra-dio, Jaime Pedroza Ruiz había sidoagredido por dos desconocidos.Estos últimos le habían golpeado

mientras se referían a sus reporta-jes y le encargaron de avisar a Mi-guel López, Juana Martínez, IsmaelSoto y Mary Ann Lynch, periodis-tas de la misma emisora, que “tu-vieran cuidado con lo que decían”.

La radio Santa Rosa es conocidapor su tono crítico hacia la políticadel gobierno de Alberto Fujimori.El 4 de junio, Oscar Elón Cubas,locutor del programa «La voz deSan Miguilena» emitido en RadioComas, emisora de la provincia deCanta (norte de Lima), fue agredi-do por unos desconocidos que leordenaron dejar de criticar al gobier-no.

El 28 de junio, Alejandra Brun, fo-tógrafa de la AFP (Agence France-Presse), fue agredida por unospartidarios de Alejandro Toledomientras cubría una manifestaciónde apoyo a este político. Unos pe-riodistas de las agencias ECO-TVy Associated Press-TV tambiénfueron increpados durante estamanifestación.

El 14 de agosto, AlexanderCarbajal Soto, realizador del pro-grama informativo “Centinela : Tes-tigo de la Noticia” emitido por la ra-

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dio Éxito, basada en Cerro dePasco, fue agredido por dos des-conocidos. Los dos individuos leavisaron al periodista de que “susdías estaban contados” y de que leiban a “cerrar el pico”. SegúnAlexander Carbajal Soto, el equipodel programa llevaba varias sema-nas recibiendo llamadas y cartas deamenazas. Había denunciado su-puestas irregularidades en el senode la Dirección Regional del Tra-bajo.

El 4 de septiembre, Vicki BazánCossi, Esmeregildo Paz Pinto yAlejandro Anoneyra Provincia, pe-riodistas del canal de televisiónCanal Fénix de Camana, fueronagredidos por unos policías mien-tras cubrían una operación de des-alojamiento llevada a cabo por lapolicía municipal de Majes (sur delPerú). Los policías empezaron aincrepar a los periodistas cuandose dieron cuenta de que estabanfilmando su intervención y a conti-nuación les incautaron su material.El 5 de septiembre, se hizo públicoque Cecilia Valenzuela, directora dela agencia de prensa onlineimediaperu.com, estaba vigilada

desde que publicó una serie de ar-tículos inculpando al SIN en unasunto de tráfico de armas y dedroga. La periodista afirmó que, apartir del 31 de agosto de 2000, unacamioneta con cristales oscurosestuvo aparcada delante de las ofi-cinas de la agencia y que, el 4 deseptiembre, un coche intentó atro-pellarla delante de su domicilio.Cecilia Valenzuela también fue ob-jeto de una campaña de denigra-ción en la prensa popular, contro-lada por el SIN.

El 12 de septiembre, Alexis Fies-tas Quinto y Víctor Granda, perio-dista y fotógrafo respectivamentedel diario El Popular, fueron golpea-dos por Ricardo Chiroque, alcaldede San Juan de Lurigancho, en eldistrito de Lima, que también seincautó de su material. Los dosperiodistas cubrían una marcha deprotesta contra la política munici-pal.

El 15 de septiembre, JuanHerrera, corresponsal de la radioCutivalú en la localidad de Bellavis-ta (norte del país), fue agredido porunos desconocidos. Según el pe-riodista, esta agresión se debía a

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unas revelaciones que había hechorespecto a unas irregularidades enque se veía involucrado el alcaldede la localidad, Emilio PasaperaCalle. Juan Herrera también se dis-ponía a realizar un programa conuna asociación opuesta al alcalde.El 22 de septiembre, Rosa Reyna,del diario La República, fue agre-dida e insultada por el diputado LuisCáceres Velásquez. Ocho díasmás tarde, con motivo del día delos periodistas, éste le pidió públi-camente disculpas.

El 15 de noviembre, Willy ZárateAraujo, fotógrafo del periódico ElTío, recibió una granada de gaseslacrimógenos en la cadera mientrascubría la intervención de la policíadurante una manifestación. Losautores de la agresión fueron unospolicías que previamente le habíanamenazado, exigiéndole que aban-donara el lugar.

Periodistas amenazados

El 1 de febrero de 2000, JuanRamírez Vásquez, responsable delprograma «Hechos», emitido poruna antena local de Global Televi-

sión, en Pucallpa, solicitó protec-ción a la prefectura de Ucayali trasconocer la existencia de un planpara asesinarlo. Juan RamírezVásquez acababa de denunciar elcomportamiento sospechoso de unmiembro del Tribunal Superior deUcayali.

El 26 de febrero, Luis VillanuevaLópez de la radio Los Ángeles,emisora de la ciudad de Chepén,fue amenazado por Lorenzo Sán-chez Cabanillas, alcalde de la ciu-dad y responsable local del movi-miento Perú 2000. El periodistahabía denunciado las irregularida-des cometidas en la gestión muni-cipal y había inculpado al alcaldeen casos de corrupción y de abusode bienes ajenos.

El 30 de abril, Ronald RipaCasafranca de Radio Panorama deAndahuaylas, en el departamentode Apurimac (sur del país), recibióamenazas de muerte tras su inter-vención en el canal de televisión porcable Canal N. El periodista habíaleído un comunicado de prensa enel que un sindicato agrícola des-mentía haber llegado a un acuerdocon el gobierno.

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El 18 de mayo, se hizo públicoque Santiago Gonzáles Coronado,corresponsal de los diarios La Re-pública y El Popular de Iquitos (no-reste), había sido vigilado y habíarecibido amenazas de muerte. Ha-bía acusado a Pablo Cumary As-hanga, alcalde de Putumayo, dehaber cometido irregularidades yhabía criticado en repetidas ocasio-nes a Cirilo Torres Pinchi, directorregional de educación, y a su es-posa, miembro del Congreso. Otrosperiodistas de la oposición tambiénfueron acosados en la región deIquitos: Raúl Celis y Luis UgazEspinosa, de Radio Astoria, Car-los Martínez y James Beuzeville, deRadio Arpegio, así como CarmenRosa Bardales, del diario La Repú-blica.

El 26 de mayo, Nancy Villacortay Armando Murrieta, de Radio 10,basada en Iquitos, denunciaron serobjeto de una campaña de denigra-ción a través de octavillas. NancyVillacorta recibió amenazas telefó-nicas “encomendándole” no criticara Alberto Fujimori en sus progra-mas. También fue insultada y ame-nazada por Mendo Alcalde, coor-

dinador de la formación Perú 2000en el departamento de Loreto (no-reste). Además, dos desconocidosavisaron al hijo de la periodista quesu madre podía “sufrir un acciden-te” en cualquier momento.

El 8 de junio, Monica Vecco, deldiario La República, recibió ame-nazas por correo electrónico. Elmismo día, había publicado un ar-tículo acusando a la formación Perú2000 de haber utilizado los localesdel SIN para preparar documentosdestinados a la campaña electoral.El mensaje que recibió estaba fir-mado por “Grupo 5 de abril”, enreferencia al “golpe de Estado ci-vil” del 5 de abril de 1992 por Al-berto Fujimori.

El 13 de octubre, César AscuesUribe, periodista del diario Libera-ción, y César Romero Calle, del dia-rio La República, recibieron ame-nazas de muerte por teléfono. Losperiodistas investigaban un asun-to de tráfico de armas en el queestaban implicados altos funciona-rios.

El 23 de noviembre, se hizo pú-blico que Marilú Gambini Lostanau,corresponsal del diario Liberación

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en la ciudad de Chimbote (norte deLima), había sido víctima de unacoso permanente desde el mes deagosto. La periodista atribuyó lasnumerosas llamadas anónimas querecibió a la policía nacional y al SIN,a los que estaba investigando ycuyas actividades ilícitas había de-nunciado.

Presiones y trabas

El 25 de enero de 2000, el minis-terio fiscal desestimó las denunciascontra la asociación Prensa Libre.En septiembre de 1999, el Consejosupremo de la justicia militar habíaacusado a los miembros de dichaasociación de haber “utilizado docu-mentos falsos” en un reportaje en elque se vinculaba a los servicios deinteligencia a la campaña de acosode la que fueron víctimas los candi-datos de la oposición durante laselecciones presidenciales. El fiscalordenó que estas denuncias se sus-pendieran hasta que la policía “en-contrara nuevos datos que proba-ran que los miembros de la prensahabían cometido un delito”.

El 26 de enero, el partido de la

oposición Avancemos afirmó queseis canales de televisión privadase negaban a emitir los mensajespublicitarios de su candidato a laselecciones presidenciales. Cuatrocanales – Frecuencia Latina, Pa-namericana Televisión, Andina deTelevisión y Global Televisión – afir-maron que se trataba de “una de-cisión de sus directivos”. Los otrosdos canales, Televisión Nacional yAmérica Televisión, no facilitaronninguna explicación.

En noviembre de 1999, Frecuen-cia Latina, América Televisión yAndina de Televisión ya se habíannegado a emitir los anuncios de otrocandidato de la oposición, AlbertoAndrade, pretextando las “deudas”debidas por su formación política.El gobierno peruano ejercía presio-nes sobre los canales de televisióna través de la atribución de las fre-cuencias o de amenazas de denun-cias judiciales, con el fin de que noemitieran los mensajes de la opo-sición.

El 4 de febrero, Angel Páez, jefedel servicio de investigación del dia-rio La República y corresponsal deldiario argentino Clarín, fue citado a

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comparecer como testigo ante elConsejo Supremo de la JusticiaMilitar, respecto a un asunto impli-cando al comandante de la policíanacional. Según el periodista, quenunca investigó este asunto, se tra-taba de una medida de intimidacióndebida a la reciente publicación porsu periódico de un artículo en el quese revelaba que el gobierno estuvonegociando con el grupo armadoSendero Luminoso en octubre de1999. Desde 1996, el periodista hasido objeto de un acoso constante.

El 17 de febrero, unos militaresde la ciudad de Bagua Grande, enel departamento de Amazonas, sepresentaron en los locales de Ra-dio Galaxia y del canal de televisiónmunicipal. Los militares, que senegaron a enseñar su acreditaciónoficial, pidieron información sobrelos periodistas y los programasemitidos. También solicitaron datossobre Donald Mejía Yoplac, candi-dato de la oposición en las eleccio-nes legislativas.

El 1 de marzo, Walter ChipocoEspinoza confiscó y borró unasgrabaciones de Ana María TejadaPurizaca, corresponsal del diario La

República en Tacna (frontera conChile), cuando la periodista le en-trevistaba. Walter Chipoco Espin-oza era el jefe de campaña de Car-men Lozada Gamboa, candidata dePerú 2000 en las elecciones parla-mentarias.

El 3 de marzo, se hizo público queGustavo Mohme, director del dia-rio La República y candidato de laoposición en las elecciones legis-lativas, había sido víctima de unacampaña de descrédito a través dela distribución de octavillas en todoel país. Estas octavillas se basa-ban en acusaciones ya realizadaspor la prensa popular, en las quese reprochaba al periodista estarvinculado con el antiguo presiden-te Alan García y haber hecho peli-grar la operación antiterroristaChavín de Huantar (nombre delasalto a la embajada de Japón en1997, ocupada por miembros delgrupo armado de oposición MRTA).La República culpó al SIN de estacampaña de descrédito. GustavoMohme, quien había sido reelegi-do en su escaño en el Parlamento,falleció de un infarto el 23 de abril,dos días antes de cumplir setenta

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años.El 5 de marzo, un paquete bom-

ba explotó ante la sede de RadioJunín, emisora de la ciudad deJunín, causando leves daños ma-teriales. Unos testigos vieron a tresdesconocidos huyendo. Tras habercubierto manifestaciones contra lapolítica de las autoridades localesen materia de contaminación, laredacción había recibido en variasocasiones amenazas telefónicas.El 20 de marzo, se inició una in-vestigación preliminar sobre la su-puesta utilización fraudulenta deunas ayudas del Estado otorgadasal diario El Comercio en 1990. Eldiario acababa de revelar que sesospechaba que más de la mitadde los dos millones de firmas deapoyo a la candidatura de AlbertoFujimori eran falsas. Tres mesesmás tarde, un diputado de Cambio90 (en el poder), acusó al diario dehaber basado sus acusaciones enunas grabaciones telefónicas ilega-les. La dirección de El Comerciodenunció en varias ocasiones quese siguiera tramitando la denunciacuando el juez encargado del ex-

pediente la había desestimado por“prescripción”.

El 6 de abril, Alberto Ramos Ro-mero, director de la información deRadio Ancash, emisora de la ciu-dad de Huaraz, fue despedido. Estedespido se debió a las presionesejercidas sobre los propietarios dela radio a raíz de que el periodistacriticara al gobierno. A principios demarzo, los periodistas Robin HoodIpanaque, de Radio Visión Alegría,Edgar Palma Huerta, de la revistabimensual La Jornada, y GerardoRocha Chocos, de Radio Huasca-rán, fueron despedidos por los mis-mos motivos. Hugo Gonzáles, pre-sidente de la sección local de laAsociación Nacional de Periodis-tas, fue amenazado de muerte porteléfono después de que denuncia-ra estos despidos.

El 6 de abril, el Comité Nacionalde las Elecciones condenó al ca-nal de televisión por cable Canal Na pagar una multa de 290.000 so-les (aproximadamente 84.000euros). La víspera, el representan-te de un instituto de encuestas ha-bía hecho públicos en este canal

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los últimos datos de su organismopese a la ley electoral que prohibea los medios de comunicación pu-blicar los resultados de sondeos enlos quince días anteriores a loscomicios. Gilberto Hume, directordel canal, explicó que Canal N nofue citado para poder defenderse yrecordó que las multas a las quefueron condenados dos canales detelevisión por motivos similares du-rante las anteriores elecciones de1995 fueron de un monto diez ve-ces inferior.

El 7 de abril, un tribunal de Limaordenó el embargo de las rotativasde la empresa Impresora Ela, im-prenta de los periódicos de oposi-ción Liberación y Punto Final. Estadecisión, tomada dos días antes dela primera vuelta de las eleccionespresidenciales, fue motivada por ladenuncia tramitada contra el pro-pietario de los locales. Según Fran-cisco Loayza Galván, director dePunto Final, el objetivo era silenciara la oposición. En diciembre de1999, la policía judicial ya habíaintentado embargar el equipamien-to de la imprenta por los mismosmotivos.

El 12 de abril, a mañana de la pri-mera vuelta de las elecciones pre-sidenciales, en Huaraz, unos par-tidarios de Alejandro Toledo lanza-ron piedras contra los locales delperiódico Ya, de las radios Ancashy Huaraz Stereo, conocidas por suapoyo a Alberto Fujimori.

El 24 de abril, Flores Borja, de Ga-laxia Súper Stereo, emisora de laprovincia de Bagua Grande (depar-tamento de Amazonas), recibió lavisita del coordinador regional dePerú 2000, del coronel RaymundoFlores y de Flavio Flores, de RadioUtcubamba. Los tres hombres leofrecieron al periodista dinero acambio de tomar una postura favo-rable al presidente Fujimori. A prin-cipios de abril, un desconocido ha-bía avisado a Flores Borja de queiba a tener “problemas” si seguíamandando informaciones a RadioMarañón, una emisora crítica ha-cia el gobierno, basada en la ciu-dad de Jaén.

El 22 de mayo, la IPYS denuncióla interceptación de sus mensajeselectrónicos. La organización com-probó que desde hacía tres meseslas informaciones mandadas al

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IFEX, un organismo encargado desu difusión acerca de las organiza-ciones internacionales de defensade la libertad de prensa, no eranrecibidos por su destinatario. LaAsociación Peruana de Defensa deDerechos Humanos (Aprodeh) y laoficina del Defensor del pueblo afir-maron que habían experimentadolos mismos problemas.

El 22 de mayo, la retransmisiónde un discurso de Alberto Fujimorien Arequipa (sur del país) por elcanal de televisión por cable CanalN fue repentinamente interrumpidacuando el mitin fue perturbado porunos manifestantes hostiles a lacandidatura del presidente. La ra-zón invocada fue que un cable detransmisión había sido seccionado.Al final del mitin, Carlos Salas, co-rresponsal de Canal N en Arequipa,fue agredido e insultado por unospartidarios de Alberto Fujimori quetambién le robaron su material.Unos días antes, el canal por ca-ble había retransmitido otra inter-vención de Alberto Fujimori enChimbote en el transcurso de lacual unos manifestantes habíanarrojado tomates al presidente.

El 30 de mayo, un teniente de poli-cía les exigió a Hugo Meza, perio-dista independiente, y a MariluGambini, corresponsal del diarioLiberación en Chimbote, que leentregaran su material mientrascubrían el despliegue de las fuer-zas de seguridad en Chimbote(Este del país). Esta operación dela policía tenía como fin prevenir losdesbordamientos vinculados al de-sarrollo de la segunda vuelta de laselecciones presidenciales, contes-tado por la oposición.

El 24 de julio, se prohibió al canalde televisión por cable Canal N vo-lar encima de Lima en el momentoen que estaba prevista una mani-festación de la oposición para pro-testar contra la prestación de jura-mento por Alberto Fujimori, reele-gido en condiciones contestadas.Varios canales de televisión extran-jeros pensaban utilizar las imáge-nes de Canal N o aquellas toma-das desde el aire y puestas a sudisposición por la oposición. El co-mandante militar justificó esta de-cisión invocando la realización devuelos de entrenamiento para losdesfiles militares del 29 de julio, día

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de la fiesta nacional.El 28 de julio, Miguel Carrillo y

José Tejada, de la revista Etecé,Roberto Silva, de la emisora RadioProgramas del Perú (RPP),Guillermo Venegas y VirgilioGrajeada, del diario La República,Fidel Carrillo, del diario Liberación,Luis Choy y Carlos Elzama, del dia-rio Ojo, Rosario Vicentello, del ca-nal de televisión Canal A, PaulVanotti de la agencia norteamerica-na Public Media Center, JaimeRazuri, fotógrafo de la AFP, asícomo un equipo del canal de tele-visión colombiano Caracol Televi-sión fueron agredidos y heridos porunos manifestantes y miembros delas fuerzas del orden público. Losperiodistas cubrían una manifesta-ción organizada por la oposiciónpara protestar contra la investidurade Alberto Fujimori como presiden-te de la república. El mismo día,unos manifestantes arremetieroncontra los locales del canal de tele-visión América Televisión y de laemisora RPP, causando dañosmateriales. El chófer de una unidadmóvil del canal de televisión Andinade Televisión también fue agredido

y su camioneta resultó dañada. Fi-nalmente, en la noche del 28 al 29de julio un vehículo sin matrícula ycon cristales oscuros se acercó endos ocasiones a las oficinas delcanal de televisión privado por ca-ble Canal N. La primera vez, unode sus ocupantes le aconsejó alguardia que “tuviera cuidado” y lasegunda vez hizo cuatro disparosal aire.

El 31 de octubre, Adrián AguilarReyes, director del programa«Huandoy Noticias» de RadioHuandoy en Caraz (noroeste delpaís), fue sentenciado a un año decárcel en suspenso y condenado apagar una multa de 1.500 soles(aproximadamente 500 euros) por“difamación” contra el alcalde de laciudad. El periodista había culpa-do directamente al alcalde de la in-terrupción de la retransmisión deRadio Huandoy a raíz de su denun-cia de las graves irregularidadesocurridas durante las eleccionesmunicipales del 9 de abril.El 20 de diciembre, se hizo públicoque James Beuzeville, locutor delprograma «La Razón» emitido enRadio Arpegio, emisora de Iquitos

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(norte del país), fue sentenciado aun año de cárcel en suspenso ycondenado a pagar una multa de8.000 soles (aproximadamente2.500 euros) por “difamación”. En1997, había acusado a José TomásGonzáles Reátegui de estar involu-crado en unas supuestas irregula-ridades y unos casos de corrupciónmientras era presidente de unaadministración regional. AndrésFerreyra Macedo, director de Ra-dio Arpegio, afirmó que el SIN y susresponsables políticos locales lehabían propuesto dinero, publici-dad pública y un veredicto favora-ble en este asunto, a cambio deponer fin a las críticas difundidaspor la radio. El programa “La Ra-zón” es famoso en Iquitos.

El 17 de agosto de 2000, JamesBeuzeville también había sido ame-nazado por cuatro individuos arma-dos que le reprochaban haber cri-ticado al hombre de negocios Ro-berto Rotondo.

Finalmente, en el año 2000, doshombres de negocio recuperaron elcontrol de su canal de televisión delque habían sido privados tras ha-ber criticado al gobierno de Alberto

Fujimori.El 6 de diciembre, dos días tras

su regreso a Perú, Baruch Ivcherrecobró el control del canal de tele-visión Frecuencia Latina. En juliode 1997, a raíz de que el canal hu-biera acusado al SIN de estarinvolucrado en un asunto de escu-chas telefónicas, las autoridadeshabían pretextado unas “anoma-lías” en el expediente de naturali-zación de este hombre de negociosde origen israelí para despojarle dela nacionalidad peruana. Perdió elcontrol de Frecuencia Latina enbeneficio de los accionistas mino-ritarios, de acuerdo con la legisla-ción peruana que no contempla quelos extranjeros poseen un medio decomunicación. Las denuncias judi-ciales contra él y varios miembrosde su familia se fueron sucedien-do y le obligaron a exiliarse.

Las negociaciones entre el go-bierno y la oposición llevadas acabo bajo los auspicios de la OEAa mañana de la reelección de Al-berto Fujimori desembocaron, el 8de noviembre de 2000, en la anu-lación del decreto que le privaba dela nacionalidad peruana. El 1 de

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diciembre, el nuevo gobierno deValentín Paniagua adoptó un decre-to siguiendo las recomendacionesde la Comisión Interamericana deDerechos Humanos (CIDH): des-estimación de las denuncias con-tra el hombre de negocios y su fa-milia, restitución del control de sucanal de televisión e indemnizaciónen concepto de daños y perjuicios.El 7 de diciembre, Genaro Delga-do Parker recuperó el control delcanal de televisión Red Global araíz de un decreto gubernamentalque seguía las recomendacionesde la CIDH. Genaro Delgado Par-ker había sido apartado de la direc-ción del canal a raíz de un conten-cioso con otros accionistas y los

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acreedores del canal.En diciembre de 1999, una orden

de detención había sido tramitadacontra él después de que afirmaraque el gobierno lograba controlar elcontenido de los telediarios utilizan-do la atribución de la publicidadcomo medio de chantaje. Dos me-ses más tarde, las emisoras deRadio 1160, fueron incautadas pororden de un tribunal. La radio ha-bía empezado a emitir un progra-ma de César Hildebrandt, conoci-do por sus críticas al gobierno. El13 de marzo, hecho sin preceden-te, la CIDH solicitó a las autorida-des que se restituyeran las emiso-ras a la radio y la dirección de RedGlobal al hombre de negocios.