Para estudiar el modelo de desarrollo rural del Meta. Alternativas reales para las víctimas del desplazamiento

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Para estudiar el modelo de desarrollo rural del Meta. Alternativas reales para las víctimas del desplazamiento Durante el siglo XX se propusieron alternativas para resolver el problema agrario en Colombia: redistribuir las tierras, elevar la productividad o buscar la equidad. El problema no se resolvió porque cada iniciativa fue contrarrestada por intereses económicos y políticos contrarios que empantanaron y volvieron inocuos los proyectos que se adelantaron. Las políticas del Estado en materia de redistribución terminaron resquebrajadas y persistieron los problemas de concentración, desigualdad, desempleo, pobreza, exclusión, e incluso de debilitamiento de las instituciones. Los esfuerzos de reforma agraria han estado sujetos a un constante tira y afloje, sin que prime la voluntad de solución. Esto debilita la democracia y agrava la inestabilidad social; además reduce las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. A comienzos del nuevo siglo, el sector rural se inscribe en un contexto más complejo que impone nuevos retos a la sociedad. Queda atrás más de un siglo de políticas que prometían la redistribución y el acceso a la tierra, pero no modificaron la estructura sociopolítica del sector, y por ende la de la nación. La extrema desigualdad en la distribución de la tierra, la fragilidad de los derechos de propiedad, sobre todo de los campesinos, y la permanencia de la estructura latifundista son fuente de viejos y nuevos problemas sociales. Entre las posiciones que se identifican sobre la llamada reforma agraria, se encuentran dos algo enfrentadas. La primera, es la que plantea la necesidad de superar la idea de reforma agraria como la redistribución de la tierra a los campesinos más pobres y jornaleros agrícolas, porque el “modelo” de la economía campesina es improductivo y no se corresponde con el actual contexto de economía. Incluso, se propone reconstruir la fragmentación para crear unidades productivas con mayores posibilidades. (Ver entre otros Balcázar, A. et al. Colombia: alcances y lecciones de su experiencia en reforma agraria, Santiago de Chile, CEPAL y Naciones Unidas, 2001.

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Frente a este planteamiento, se encuentra la posición de defender la economía campesina, reconociendo sus aportes en cuanto a seguridad alimentaria, centros permanentes de comercio y protección de los recursos naturales. Y para ello se plantea la necesidad de redistribuir 5 millones de hectáreas de latifundio aptas para la agricultura (Ver Mondragón, H. “Colombia: o mercado de tierras o reforma agraria”, ANUC-Fensuagro, 2002, [http://www.cnrr.org.co]. Sin embargo, las dos posiciones se aproximan a la necesidad de superar el actual modelo de desarrollo del sector rural, por ejemplo, respecto a la concentración de la propiedad por ser excluyente tanto de la tenencia de la tierra como de la distribución de los ingresos y atentar seriamente contra los recursos naturales. Pero el impacto de la guerra al crear una masa de población desplazada esta en contradicción con este punto en común. En primer lugar, porque la fuerte reconcentración de la propiedad que es uno de las causas de la guerra, está creando una demanda mayor de tierra a la calculada hace 15 años para satisfacer las necesidades de los campesinos pobres. La investigación puede tener como uno de sus intereses precisar esta demanda adicional creada por el conflicto y confrontarla a las posibilidades actuales del país, pues se encuentran comprometidas áreas de protección ambiental, áreas de grandes humedales y riveras de ríos. Recordemos que el desplazado es ante todo, desalojado de su tierra (Éxodo, Patrimonio e Identidad. V cátedra anual de historia. Museo Nacional. 2001. Bogotá., página 32). En segundo lugar, las alternativas reales de una parte de los desplazados, ya sean campesinos o indígenas, es ampliar la frontera de colonización. Ha esto se le ha llamado “movimiento invisible”, pues no tiene seguimiento y es de difícil identificación. Este crecimiento de la colonización coloca en riesgo las reservas ambientales del país. Y es más grave cuando se centra en los departamentos de Putumayo, Guaviare, sur del Meta y Caquetá, o sea, en la Amazonía colombiana y es donde no ha cesado el conflicto. Es posible decir lo mismo del Chocó. Por lo tanto, es importante establecer el impacto de los desplazados en el proceso de colonización.

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Otro elemento a tener en cuenta es que la reconcentración de la propiedad al desplazar las pequeñas unidades campesinas, crea posibles problemas de seguridad alimentaria. en las zonas de mayor desplazamiento. Y con ello el posible incremento de los productos agrícolas. Además, el cambio en el uso de la tierra puede afectar seriamente los recursos naturales. Es necesario identificar el impacto que pueda causar la ganadería extensiva, los grandes proyectos de explotación y extracción maderera, minera, petrolera, de monocultivos intensivos, etc., propias de la gran propiedad. Recordemos que la economía campesina, a pesar de su impacto en los recursos naturales, por su propia sobrevivencia conserva las fuentes de agua, parte de los recursos forestales y la diversidad ecológica. Cosa opuesta a las grandes explotaciones. Otros interrogantes. Alfredo Molano (2010b), con prudente optimismo, hace referencia a las expectativas sobre la disposición del nuevo gobierno para solucionar el problema de la tierra: El gobierno de Santos ha prometido devolver a los campesinos un millón de hectáreas confiscadas a los narcos. Bien, diría Apolinar, como cuota inicial. Pero hay cuatro millones más por ahí de notaría en notaría, que pertenecieron a campesinos desplazados. Quizá pueda Juan Camilo [Restrepo] –un político que entiende, por fin, la conveniencia que para la paz y para la prosperidad tiene la economía campesina– devolver sus tierras a los campesinos y, además, tomar medidas para que lo que se devuelva ahora no regrese a las manos de los de siempre en la próxima década. (Molano, A. “Primera cuota”, El Espectador, 15 de agosto de 2010b, p. 35. Para pensar la reubicación de los desplazados en el campo es necesario que se aborde la pregunta obligatoria. ¿Qué tanta validez tienen la producción de la unidad de economía campesina, a partir de su pretendido “modelo a escala humana” para la conservación de los recursos naturales?

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Además, y esto de manera colateral, la necesidad de “elaboración de cálculos socio-económicos de tipo microregional sobre impactos del desplazamiento de población rural.” (Fabio Lozano y Flor Edilma Osorio. Población rural desplazada por la violencia en Colombia), pues se supone que el desplazamiento destruye las relaciones económicas y productivas.

Este análisis del marco histórico y legislativo muestra la falta de voluntad de la élite política para atacar los males de raíz y enfrentar las causas del conflicto agrario y de la violencia en el sector rural colombiano. Esa voluntad es la que se requiere del actual gobierno y del Congreso de la República, para que la nueva iniciativa no culmine en otro fracaso más ( Albán, A. y J. Rendón. Crecimiento, desarrollo y democracia en Colombia. Los contrapesos de un proceso incompleto, Cali, Universidad Libre, 2010).