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Políticas de Desarrollo y Seguridad Ambiental, la disyuntiva

Por: Lina María Zuluaga G. – Cristian Sáez.

Semillero del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín

Universidad de Antioquia

“La gran crisis no es ecológica es política, el hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado,

sino que estas lo gobiernan a él (…) No podemos indefinidamente continuar gobernados por el

mercado. La crisis del agua, de la agresión al medio ambiente, no son una causa, la causa es el

modelo de civilización que hemos montado, lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir”.

Discurso de José Mujica en la pasada Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

(Río+20).Junio de 2012

METODOLOGÍA

Este texto parte de una perspectiva fenomenológica desde la cual se entiendan los hechos sociales

a partir de algunos puntos de vista de la población, sobre todo campesina e indígena, y se da

relevancia a la realidad y a su contexto, es decir se busca descubrir la realidad de la población

desde sus propias percepciones, para lo cual se realizó una revisión documental, sumado a esto se

contó con la experiencia de trabajo de campo con la comunidad Tule del resguardo de Arquía en el

municipio de Unguía (Chocó). Además es el resultado de una reflexión nacida de la necesidad de

entender las consecuencias sociales de la implementación de un modelo de desarrollo basado en la

internacionalización de la economía; dicha reflexión se ofrece desde un enfoque de seguridad

humana, con el que se entienden y analizan alternativas a las inseguridades personales,

económicas y ambientales, entre otras que afectan la calidad de vida de dichas poblaciones; para

ello fue necesario realizar un proceso de cuatro fases que se reconstruye a continuación:

1. Delimitar las temáticas a desarrollar, de esta delimitación se obtuvo la necesidad de abordar tres

temas que fuesen la base conceptual del texto, estos son: la seguridad humana, la concepción de

desarrollo aplicada por el gobierno de Juan Manuel Santos y sus “locomotoras del desarrollo”, por

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último conocer las percepciones y concepciones de inseguridad que afrontan algunas comunidades

estudiadas.

2. Una revisión bibliográfica direccionada que permitiera esclarecer algunos puntos con relación a la

conexión existente entre las amenazas y riesgos a la seguridad humana y el desarrollo de

megaproyectos que afectan la calidad de vida de las poblaciones campesinas e indígenas.

3. Sistematización y análisis de la información en donde se confrontan los temas centrales de este

texto y que da como resultado una reflexión sobre las inseguridades que genera el desarrollo de

mega-proyectos en el territorio colombiano, en especial sobre los que se llevan a cabo en

territorios pertenecientes a población indígena y afro descendiente, quienes han sido expuestos

por décadas a unas políticas de abandono estatal.

4. Construcción y elaboración, teniendo como resultado final este texto que acota las temáticas antes

mencionadas y da cuenta de la percepción de sus autores.

PRESENTACIÓN

La idea de escribir este texto surge a partir de una propuesta utópica que se presenta en el

artículo titulado Petróleo e Indígenas, donde la autora1 pone sobre la balanza dos proposiciones

que según la experiencia y la historia han sido incompatibles: de un lado proteger la diversidad

étnica y cultural del país y del otro el interés que comparten las empresas petroleras y el Gobierno

nacional de explorar y explotar nuevos yacimientos de hidrocarburos que garanticen la

autosuficiencia petrolera y el desarrollo económico del país.

Según la relación que la misma autora expone entre el territorio y los grupos étnicos “para las

comunidades indígenas colombianas la relación con los elementos medio ambiente y territorio es

vital para la reproducción de su cultura y costumbres; por este motivo, todas las transformaciones

que estos dos elementos sufren tienen un impacto en su bienestar y su forma de vida” (Burgos,

2006:392). Esta visión riñe con la propuesta antes mencionada, por cuanto es imposible realizar

explotaciones mineras a gran escala y no afectar a las comunidades indígenas, afrodescendientes y

1 Para ampliar ver: Burgos González, Ana Cecilia. Petróleo e indígenas en Colombia: Una mirada desde la seguridad humana. En:

Colombia Desafíos. Bogotá. Vol. 15. Semestre II (2006) 389 – 418.

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campesinas y a sus territorios; hasta el momento no hay ningún ejemplo en el país que lo

demuestre.

Este contexto nos conduce a proponer una reflexión que nos centre en las consecuencias sociales

de la persistencia que tiene el gobierno nacional por un enfoque del desarrollo2 basado en

internacionalizar la economía, poniendo de relieve las “locomotoras de crecimiento” o como son

llamadas en el Plan Nacional de Desarrollo “locomotoras para la prosperidad”, las cuales guardan

relación entre sí. Se trata de cinco propuestas que son: nuevos sectores basados en la innovación,

el sector agropecuario, la vivienda, la infraestructura de transporte y comunicaciones, y el sector

minero-energético. Se hace énfasis en que el impulso a las locomotoras debe ser liderado por la

iniciativa privada, por esto es necesario fortalecer las alianzas público‐privadas. Estas propuestas

chocan con la seguridad humana en su concepción más amplia, según la cual es necesario conocer

las expectativas y necesidades de quienes padecen la inseguridad para el diseño de las políticas

públicas en materia de seguridad; no obstante, este concepto aún no es apropiado por el Estado

colombiano, quien con su enfoque tradicional se limita a la simple seguridad defensiva mediante

los armamentos o la fuerza pública.

El concepto de seguridad humana está centrado en el ser humano, en palabras del PNUD (1994:26)

“Se preocupa por la forma en que la gente vive y respira en una sociedad, la libertad con que puede

ejercer diversas opciones, el grado de acceso al mercado y a las oportunidades sociales, y la vida en

conflicto o en paz”. Así mismo alude a siete dimensiones o componentes definidos igualmente por

el PNUD (1996:28), que son: seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, personal,

comunitaria, política y ambiental. Éstas se encuentran relacionadas a tal punto que si una de ellas

se afecta, pone en riesgo a las demás. Esta visión multidimensional es de vital importancia para el

análisis que aquí se realiza, puesto que convoca a una reflexión de las consecuencias que la

minería, los mega-proyectos y los intereses del gobierno nacional están ocasionando al territorio

2 Asumiendo el concepto de la misma manera que lo hace Puerta (2010:150, citando a Tsing, 2000:347) Los proyectos mineros, y en

general los proyectos de desarrollo, pueden ser considerados como conjuntos relativamente coherentes de ideas y prácticas vehiculados por un grupo social, que legitiman la instalación de las actividades de este grupo en un lugar determinado, justificándola mediante la idea del “desarrollo”.

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colombiano y más aún a las poblaciones campesinas e indígenas que son las más directamente

afectadas.

Las aproximaciones desde la seguridad humana relacionan los escenarios de estrés ambiental o

degradación ambiental con amenazas a los valores, la identidad, la cultura, el desarrollo sostenible

y el bienestar económico y social de las personas; es así que Lavaux (2004:14) propone una trilogía

alternativa que relaciona medio ambiente con desarrollo sostenible y seguridad humana. No

obstante, este contexto implica también profundizar en las amenazas que las zonas reservadas a la

minería pueden generar, además de las antes mencionadas, teniendo en cuenta que donde existen

recursos no-renovables, minerales y petróleo, entre otros, por lo regular como es el caso

colombiano, se generan conflictos violentos que dejan como principales víctimas a la población

civil.

En los planteamientos de impulso a la “locomotora minera” el sector rural cumple un papel

estratégico como “locomotora para el desarrollo”, por eso propone el aprovechamiento de las

riquezas y su potencial; la generación de “empleo formal” y el mercado mundial son los ejes sobre

los cuales gira la política agraria. Se contemplan aspectos que necesariamente entran a

transformar las condiciones en que las personas se relacionan con el espacio, asignan nuevos

valores al territorio, generan nuevas dinámicas frente al control de los recursos y ejercen mayor

presión sobre la tenencia y uso de la tierra. Lo anterior bajo un discurso que legitima y muestra los

beneficios para toda la sociedad en términos de reducción de precios en alimentos y bienes

básicos, así como avances en cuanto a la equidad social. Sin embargo no es claro cómo se

garantizará que efectivamente estos beneficios impacten positivamente a toda la sociedad,

disminuyendo la desigualdad que caracteriza al país, sobre todo pensando que los auges

económicos que históricamente han marcado al país han aumentado la brecha socioeconómica.

El gobierno de César Gaviria en el período 1990-1994 se puede marcar como punto de partida de la

política de apertura económica, sin embargo, más recientemente desde el gobierno de Álvaro

Uribe se ha venido estableciendo una etapa de intensificación de esa apertura alimentada por la

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inversión local y extranjera, los flujos de comercio exterior con un crecimiento económico

sostenido que asciende casi al 5% anual. El objetivo para el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos

es definir los lineamientos necesarios para que este crecimiento económico continúe al alza, sea

sostenido en el tiempo, y así mismo sea sostenible social y ambientalmente, al menos así se

considera en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014.

Para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible, el PND 2010-2014 ha definido

tres grandes pilares: 1) la innovación; 2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el

impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. De los anteriores, las

locomotoras se consolidan como el pilar más visible y hacen referencia a sectores que avanzan más

rápido que el resto de la economía. En este sentido, y como afirma el PND, “el sector minero-

energético, la vivienda y la infraestructura de transporte ya son sectores con motores prendidos y

avanzando a un ritmo mayor que los demás. Las locomotoras que están calentando motores para

realmente arrancar con fuerza son los sectores basados en la innovación. Finalmente, el sector

agropecuario es una locomotora que se encuentra en movimiento, pero a una velocidad inferior a

su verdadero potencial” (Departamento Nacional de Planeación, 2010:13). Dentro de estas

locomotoras la más visible probablemente, la que mayor inversión atrae, es el sector minero-

energético pues según el Departamento Nacional de Planeación “representa la oportunidad que

tenemos de aprovechar de manera responsable nuestra riqueza en recursos naturales para generar

crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas

proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza

de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de

exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector

en la economía colombiana en los próximos años. Ahora bien, con el desarrollo del sector minero-

energético, viene atada una enorme responsabilidad de gestión ambiental. El desarrollo de esta

locomotora no puede ir en contravía del desarrollo sostenible del país y de su conservación para las

próximas generaciones” (DNP 2010:15).

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Varias afirmaciones y preguntas surgen al anterior enunciado, en primer lugar, es evidente lo

restringido que resulta el concepto que tiene el gobierno del aprovechamiento de las riquezas

naturales de nuestro país, refiriéndose solo a la extracción de materia prima y nunca a otros usos

de los recursos naturales como el eco-turismo y la agricultura tradicional, entre varias formas

existentes; en segundo lugar, ¿desde qué perspectiva es posible argumentar que el

aprovechamiento de nuestros recursos naturales traerá mayor equidad social? Como ejemplo se

puede citar la explotación carbonera a lo largo de décadas en el departamento del Cesar, donde no

ha habido mayores cambios en cuestión de equidad y superación de la pobreza para la población

de los municipios aledaños a las minas; por último, del aprovechamiento “responsable” de los

recursos naturales, así como de un desarrollo sostenible y de conservación para las siguientes

generaciones sobre el cual se enfatiza en esta locomotora se tiene muy poca certeza de su

veracidad y aplicabilidad sobre todo cuando se tiene como antecedente los anteriores gobiernos y

los laxos manejos a las políticas ambientales que éstos dieron.

La minería es la problemática sobre la cual ahondaremos, pues al igual que en su momento lo fue

la ganadería con la ampliación de la frontera agrícola y también la poca planeación urbana de las

metrópolis colombianas, la seguridad ambiental en nuestro país afronta el riesgo de la explotación

minera, que aumenta los problemas de inseguridad ambiental de nuestro país. El inusitado

descontrol en las licencias ambientales y concesiones mineras desatado desde el pasado gobierno

nacional ha aumentado esta inseguridad en las zonas de explotación minera. La pregunta sería ¿Es

posible tener un crecimiento económico sostenido que a su vez conserve ese otro tipo de riqueza

que va más allá de la extracción de recursos, haciendo posible que las inseguridades ambientales

no se extiendan en nuestro país? Identificar las problemáticas que implican la implementación de

la locomotora minero-energética en Colombia no es tarea sencilla, sin embargo es una tarea que

debe ser efectuada.

Colombia cuenta con yacimientos de oro y plata, es el segundo productor mundial de níquel

después de Japón y es el único productor de platino en Latinoamérica, son conocidos sus

yacimientos de esmeraldas; como minerales industriales se mencionan las calizas utilizadas

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principalmente para construcción y sales. En la locomotora minera hay 115 millones de hectáreas

en las que existen cerca de 9.000 títulos mineros vigentes, más una solicitud del 20% del territorio

nacional para explotación. Actualmente la empresa surafricana Anglo Gold Ashanti tiene 363

licencias, seguido por la colombiana Mineros S.A. con 80, y las canadienses Medoro con 77 y

Continental Gold con 72. Pese a esto, con la modificación de la Ley del Código Minero el Gobierno

manifestó que no habrá legalización de pequeños y medianos mineros, ya que la política minera

está diseñada para darle paso a la gran minería transnacional en la que le dan vida al PND, y

además está la estrategia de que bajo el control de la minería ilegal se está sacando de

competencia la minería informal y tradicional. La entrega de todos esos títulos mineros ha revelado

irregularidades como títulos otorgados en zonas protegidas, ya es conocido que se dieron más de

30 títulos en parques naturales, en lugares tan claves como el Macizo Colombiano, donde nacen

los principales ríos del país y en el Páramo de Santurbán donde espera explotar oro la empresa

canadiense Grey Star.

Las actividades como construcción de oleoductos, carreteras y minería, entre otros

megaproyectos, además de los procesos de colonización que éstos impulsan y la llegada de los

grupos armados ilegales que se insertan causando terror como “protectores” de dichos

megaproyectos y en otros casos con fines extorsivos, producen impactos directos en el territorio

de las comunidades como la fragmentación y alteración de los ecosistemas, la profanación de sitios

sagrados, problemas de salud colectiva, contaminación y disminución de territorios; esto

constituye una amenaza a la seguridad de las comunidades campesinas, indígenas y afro, cuyos

territorios y recursos de subsistencia se ven disminuidos empobreciéndolos cada vez más;

adicionalmente, la destrucción de los recursos naturales y la disminución de los territorios ponen

en riesgo la cultura de estos grupos humanos, pues afecta sus valores, identidades, tradiciones,

autoridades y, en general, su forma de vida.

En este punto es importante considerar, la experiencia de los indígenas Tule del departamento del

Chocó, quienes se están ubicados en un territorio estratégico en la frontera con Panamá, además

por su alta biodiversidad. Las problemáticas y preocupaciones que les atañen giran en torno a los

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proyectos de desarrollo estipulados para su región que amenazan la supervivencia cultural. Sus

principales reflexiones se dan respecto a los impactos y aspectos negativos de proyectos como la

interconexión eléctrica con Panamá, que a la vez se integrará a la red SIEPAC en América Central,

ésta afecta el territorio indígena colombiano (Arquía) e igualmente el panameño (comunidades de

Paya y Pucuru, entre otras); similar ocurre con la carretera Panamericana (otro proyecto

intercontinental). Se suma a esto la preocupación por el deterioro ambiental y la presión de la

economía de mercado que hace inmanejable el aumento de desechos sólidos en el ecosistema que

comparten, así como la colonización indiscriminada, la tala y los incendios voluntarios para ampliar

la frontera agrícola.

Aunque históricamente los derechos de las poblaciones indígenas y afro han cambiado y su

autonomía e integridad son protegidas por la Constitución, las comunidades siguen teniendo una

alta vulnerabilidad frente a la intervención de sus territorios ancestrales; si bien se ha avanzado de

forma importante en la normatividad dedicada a la protección de sus derechos, siendo la acción de

tutela y el mecanismo de la consulta previa herramientas para que las comunidades puedan

defender la integridad de sus territorios y para obligar a que durante los proyectos de explotación

de recursos naturales sus intereses sean tenidos en cuenta, estas se quedan cortas y tienen límites,

debido a que en el caso de la consulta previa, si no es posible concertar o llegar a un acuerdo con la

comunidad, es el Gobierno quien en últimas tiene la potestad de autorizar o no la realización de un

proyecto, es decir que un proyecto puede llevarse a cabo incluso si la comunidad se opone a su

realización.

Desde la perspectiva de seguridad humana podríamos entender la serie de inseguridades que se

generan para los pobladores de una zona donde hacen presencia los megaproyectos, en primer

lugar, se afecta la seguridad personal, pues como señala Manuel Rodríguez Becerra, el primer

ministro del medio ambiente de Colombia en 1993, al hablar sobre el caso del pacífico colombiano

expone que “Por años fue una región de paz, pero la guerra y los narcotraficantes llegaron y,

paulatinamente, el desplazamiento, la inseguridad y los homicidios se hicieron parte de la

cotidianeidad en amplias zonas de la región. Así nos lo recuerdan indecibles tragedias como el

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genocidio de Bojayá o el despojo de tierras comunales en el bajo Atrato, para no mencionar la

violencia del Urabá antioqueño. En ocasiones, grupos armados ilegales se han fundido con

actividades empresariales como lo corroboran las empresas palmeras que despojaron a las

comunidades negras de sus tierras comunales en Curvaradó y Jiguamiandó, deforestándolas

radicalmente, o los recientes desplazamientos de comunidades por la actividad minera” (Rodríguez,

2011:29); como ya se ha mencionado, la seguridad ambiental se ve fuertemente lesionada, las

poblaciones cercanas a los grandes proyectos mineros no cuentan con un ambiente saludable que

sea favorable para el desarrollo humano, los impactos negativos de dicha extracción son nefastos

además a una escala más amplia de la local y lo peor no hay reglas claras para compensar el daño

causado. Por otro lado, “la exploración es otro problema, un ejemplo es el petróleo que, por la falta

de tecnologías avanzadas que minimicen el impacto ambiental del proceso, tiene un efecto

indirecto grave, se están afectando las cuencas hídricas, además los sitios por fuera de la frontera

agrícola como las selvas. Al abrir carreteras de acceso se promueve la deforestación y se abren

trochas que se convierten en invasiones no previstas por el Estado, desequilibrando ecosistemas y

hábitats. Por esto, para exigir que se cumplan los parámetros de una extracción limpia, pero

también de una exploración que minimice los daños, es necesaria la efectividad de las instituciones

existentes, la fuerza con la que apliquen y exijan la ley” (Eusse, Rodríguez: 2010).

Por otro lado, continuando con las inseguridades, es evidente que la dimensión alimentaria y la

salud son afectadas, ya que por ejemplo las fuentes hídricas se ven vulneradas. La minería a cielo

abierto produce gran contaminación, las excavaciones acaban con las fuentes de agua

subterráneas y éstas, a su vez, alteran el ciclo básico del líquido. Éste es uno de los peores efectos

de la minería y una catástrofe para la población, pues el agua que se extrae por medio de los pozos

en la mayoría de las poblaciones rurales o pequeñas zonas urbanas que no cuentan con acueducto,

se ve disminuida y contaminada, sin mencionar las afectaciones de las primeras capas de tierras

fértiles.

Otra dimensión afectada es la seguridad política, representada en la poca o nula incidencia de la

población sobre las políticas implementadas a nivel ambiental así como el escaso nivel de control

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de los entes administrativos municipales y nacionales sobre los mega-proyectos. Para comenzar a

entender esta problemática podríamos identificar ciertos puntos:

1. Existen pocos casos de investigación académica sobre las actividades mineras y petrolíferas,

indispensable para determinar sus beneficios y costos económicos, sociales y ambientales y

evaluar a ciencia cierta en qué consiste "el milagro minero"; la inexistencia de estas evaluaciones

sobre los desastres dejados por las minas cerradas y abandonadas, que con frecuencia conllevan

altos riesgos para el medio ambiente y la población. En este punto específico Rodríguez (2012)

señala que “en una determinada región puede suceder que a pesar de que cada empresa cumpla

individualmente con la normatividad, el conjunto de los impactos de todas las empresas lleguen a

generar una crisis ambiental de mayores proporciones. Así, por ejemplo, antes de seguir otorgando

títulos mineros en La Guajira, debería hacerse un estudio minucioso de la oferta y demanda de

agua en el largo plazo, y a partir de allí determinar la escala a la cual se podría llevar la actividad

minera, sumada a otras actividades económicas, sin que exista el riesgo de que en la región se

presente una escasez crónica de agua. La gran crisis del agua que está viviendo el norte de Chile, en

donde se desarrolla una amplia actividad minera, debería servirnos de lección”.

2. En Colombia no existe la voluntad política para exigir a las empresas mineras un adecuado

desempeño ambiental. Se ha dicho mucho, más no lo suficiente, sobre la debilidad de la política

pública minero-ambiental que se evidencia, entre otras, en el caótico otorgamiento de títulos

mineros, en la incapacidad de fiscalización, en la persistencia de actividades mineras ilegales de

origen criminal, y en el práctico desconocimiento de los pasivos ambientales dejados por la

actividad, todo lo cual se traduce en un balance de destrucción, degradación ambiental, y daños a

la salud humana, originado por empresas mineras, tanto de carácter legal como ilegal.

Obviamente, existen firmas que hacen la excepción, pero no son la regla. Otra razón por la que no

estamos listos es la incapacidad de aplicar la ley de cierre. Según la ley sancionatoria las empresas

que generen actividades mineras ilícitas deben entregar su maquinaria, ésta debe ser expropiada y

decomisada. Pero las leyes de cierre son débiles, no hay actuaciones fuertes de las entidades, un

claro ejemplo de esto se ve reflejado en los municipios de Caucasia y Zaragoza en Antioquia. Este

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punto se puede resumir en unas autoridades ambientales y mineras raquíticas que no dan ninguna

seguridad para que la actividad minera se realice en forma tal que se garantice a los colombianos

su derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente sano.

3. En Colombia la minería está desbocada, tanto la legal como la ilegal, especialmente cuando

se entregan todo tipo de licencias de minería, de manera arbitraria, es lamentable lo que ha

ocurrido en los últimos años. De 2.000 títulos mineros se pasó casi a 9.000, que representan el 8 %

del territorio nacional; como se mencionó, se han dado licencias hasta en los páramos y en los

parques naturales. En Colombia hay 3.600 operaciones de minería ilegal según reciente informe de

la Defensoría del Pueblo y se dieron títulos, lo cual es muy grave, en sitios donde hay minería

tradicional. Muchas de esas familias no tienen documentos que los acrediten, pero han vivido de la

pequeña minería por generaciones.

4. Algunas investigaciones periodísticas han dado un nuevo matiz a la ya problematizada

locomotora, la puerta giratoria en donde las grandes multinacionales contrataban a altos

funcionarios del ejecutivo colombiano, este fue un caso claro donde se podía observar la

corrupción en las labores de lobby de estos ex funcionarios que iban desde tramitadores de

licencias ambientales con sus influencias por su reciente paso por el Estado; otros entregaban la

información que acaban de recopilar como funcionarios del Estado y otros más con su poder de

lobby se atraviesan ante cualquier modificación del código minero; un ejemplo del poder de estos

ex funcionarios fue la excesiva concesión de licencias ambientales a mineras por parte del

Ingeominas, que resulta en casos penosos como el de la canadiense Grey Star quien pretendía

explotar suelos protegidos por el actual código minero como lo son los páramos con, la anuencia

de las autoridades nacionales.

5. Las regalías son otro de los puntos que se suma a la lista que representa la inseguridad

política. Es inexplicable por qué en Colombia se cobra tan solo un 4 % de regalías para el oro y un

12 % para la sal. No existe una tarifa como en otros países para que las regalías sean progresivas a

medida que aumenta el precio internacional del oro, sin embargo esto si se aplica en nuestro país

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sobre el impuesto a la gasolina. Por otro lado, junto a las regalías las exenciones de impuestos son

otro gran vacío que afronta el país.

CONCLUSIONES

La problemática expuesta se agudiza cuando se piensa que somos un país de “seguridad

democrática”, donde el peso está concentrado en el desarrollo económico y la seguridad militar o,

más bien, “estrategia de guerra” que permita una reconfiguración de los nuevos actores globales e

institucionales y sus políticas transnacionales. En ese sentido la seguridad de una nación y de una

sociedad no puede estar referenciada solo con la seguridad militar; se concibe la seguridad de los

individuos como el vivir en paz, contar con los medios económicos, políticos y ambientales para

una existencia digna, y por el contrario se debe ver como expresiones de inseguridad, el hambre, el

aumento de la delincuencia, la ausencia de oportunidades, la pobreza, la destrucción de los

recursos naturales, el hacinamiento y las inadecuadas condiciones de vivienda. Por lo tanto, se

hace necesaria la reconceptualización de la seguridad que en palabras de Delgado (2008:117)

“implica entonces prestar atención a cómo los conflictos ambientales, la lucha por los recursos

naturales, las migraciones, el terrorismo, las organizaciones criminales transnacionales, la

privatización de la seguridad, las pandemias, las hambrunas, el desempleo, la proliferación de

estados fallidos, las nuevas guerras y los estados canallas, entre otros, se conciben como amenazas

y desafíos para su obtención y consolidación”. En tal sentido, el Observatorio de Seguridad Humana

de Medellín trabaja un concepto de seguridad más amplio que el tradicional, el cual se piensa

consolidar “desde abajo”, es decir desde las poblaciones afectadas, obviamente con base en

políticas públicas que se elaboren escuchando la gente, abriendo espacios de interacción humana,

ofreciendo caminos distintos a la violencia y los autoritarismos. Como se ha expresado, se requiere

entonces de un gran compromiso del Estado, así lo demuestra el (Observatorios de SH, 2010:9)

cuando dice que “Las políticas de seguridad no han funcionado para la ciudad porque requieren un

compromiso y voluntad nacional de hacer de la política de seguridad un instrumento para

potencializar a los colombianos y colombianas en la construcción de las condiciones para que el

país viva sin violencia”.

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Es necesario también posibilitar una visión que vaya más allá de la protección personal y

patrimonial, de lo contrario se seguirán justificando medidas de fuerza y choque que no atienden a

las necesidades de protección de las comunidades y a su vez incrementan la violencia, el abandono

y despojo de los territorios y recursos naturales, además del aniquilamiento de las comunidades

rurales que son quienes garantizan en su mayor medida la seguridad alimentaria del país.

Por otro lado, se podría afirmar que la pasividad en la aplicación de las normas por parte de las

empresas no puede servir de excusa para que suceda lo mismo con la falta de control de los entes

estatales; de igual manera la atracción al país de inversión extranjera hace que los controles sobre

estas inversiones sean escasos y que las exenciones de impuestos a estas grandes compañías

impliquen la reducción de hasta un 50 % de los dineros que deben ingresar a las arcas del país y

que podrían servir, entre otros para la mitigación de las inseguridades vividas por los moradores de

las zonas cercanas a los mega-proyectos así como para la optimización del control estatal a los

mismos.

También, en esta incesante telaraña de problemas que coinciden en dicha locomotora, las pocas

regalías que como finalidad última deberían suplir algo de los estragos causados por los mega-

proyectos, se convierten en fuente de despilfarro público dejando a la población de las zonas más

vulnerables cada vez más pobre y con menos cobertura estatal. Cabe añadir nuevamente en esta

cuestión, que la política del código minero y de las reformas que por más de una década han

funcionado, se han hecho para la complacencia de las grandes multinacionales. Ahora la nueva

excusa para una reforma al código es la minería ilegal, que si bien hace parte del problema no es la

total responsable de las catástrofes ambientales en Colombia.

Todo lo anterior apunta a justificar que Colombia no está lista para un auge minero como el que ya

se está dando en nuestro país y cabe hacerse la pregunta si el Estado es garante de nuestros

derechos, ¿por qué sigue infringiéndoles de tal forma? Más allá de la cuestión ambiental y política

podemos ver la poca relevancia del problema ambiental que trae consigo la locomotora minero-

energética, además de la poca voluntad política de los gobernantes. Por otra parte, se concluye

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que la propuesta de proteger la diversidad étnica y cultural del país y a la vez realizar explotaciones

mineras y proyectos como los intercontinentales, es en definitiva, incompatible. Tal vez exista la

posibilidad de disminuir impactos negativos, sin embargo los ecosistemas y las poblaciones se

verán altamente transformados.

Bibliografía

Ávila, Ricardo. La minería y el medio ambiente no siempre son compatibles: ex ministro Manuel

Rodríguez. Publicado en: Portafolio, febrero 7 de 2011. Disponible:

http://www.portafolio.co/economia/%E2%80%98la-mineria-y-el-medio-ambiente-no-siempre-son-

compatibles%E2%80%99

Burgos González, Ana Cecilia. Petróleo e indígenas en Colombia: Una mirada desde la seguridad

humana. En: Colombia Desafíos. Bogotá. Vol. 15. Semestre II (2006) 389 – 418.

Colombia rural, Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo humano. Programa de

las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-. Bogotá. 2011.

Delgado Barón, Mariana. Reconceptualizando la seguridad: Cambio de dilemas y amenazas. En:

Revista de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. Bogotá. Vol. 03. #2 2008.

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad

para todos” -resumen ejecutivo-Bogotá. 2010.

Eusse, Miguel; Rodríguez, Manuela. Boom Minero-energético. Entrevista con Manuel Rodríguez, Ex

Ministro de Medio Ambiente. Publicado en: Revista Económica Supuestos,

Universidad de los Andes, Facultad de Economía. Noviembre 17 de 2010.

15

Lavaux, Stéphanie. Medio ambiente y seguridad: Una relación controvertida pero necesaria.

Capítulo publicado en: Encrucijadas de la Seguridad en Europa y las Américas. Centro de Estudios

Políticos e Internacionales (CEPI). Bogotá. 2004.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre desarrollo humano

1994: Nuevas dimensiones de la Seguridad Humana. Fondo de Cultura Económica. México. 1994.

PUERTA SILVA, Claudia. “El proyecto del Cerrejón: un espacio relacional para los indígenas wayuu,

la empresa minera y el Estado colombiano”. En: Boletín de Antropología Universidad de Antioquia,

Vol. 24 N. 41, Medellín, 2010. pp. 149-179.

Re-Pensando la Seguridad: Percepciones y Representaciones en Torno a la Seguridad Humana en

Medellín, 2009. Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, 2010.

La olla podrida de Ingeominas. Revista Semana. Publicado junio 4 de 2011. Disponible en:

http://www.semana.com/nacion/olla-podrida-ingeominas/157933-3.aspx

Rodríguez Becerra, Manuel. Minería Responsable: de las intenciones a la Realidad. Publicado en:

Portafolio, febrero 29 de 2012.

___________________ Alerta Verde. En: Somos Pacífico, Especial de la Revista Semana, páginas

28-29, Noviembre. 2011.

___________________ Desastre minero-ambiental. Publicado en: El Tiempo, 15 de enero de 2012.

Rueda, María Isabel. En Colombia la minería está desbocada, dijo Manuel Rodríguez en entrevista

con María Isabel Rueda. Publicado en: El Tiempo julio 11 de 2011.

Velásquez Vargas, Alejo. La especificidad colombiana: seguridad democrática. Universidad Nacional

de Colombia. Bogotá. 2006. 121-149.