regulaciones laborales

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REGULACIONES LABORALESEN ARGENTINA.

EVALUACIN Y PROPUESTAS


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REGULACIONES LABORALESEN ARGENTINA.

EVALUACIN Y PROPUESTAS

LUISBECCARIAPEDROGALIN

FUNDACIN OSDE / CIEPP


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2002 Fundacin OSDE - CIEPP

Impreso en la Argentina - Printed in ArgentinaQueda hecho el depsito que marca la ley 11.723ISBN: 987-

La Fundacin OSDE tiene como uno de sus pilares la defensa del pluralismo,por lo cual el presente trabajo no necesariamente expresa las ideas de la mis-ma, siendo el contenido de este ejemplar de exclusiva responsabilidad delautor.

C.I.E.P.P

Centro Interdisciplinariopara el Estudio dePolticas Pblicas

LUISBECCARIALicenciado en Economa (Universidad de Buenos Aires) y Doctor en Eco-

noma (Cambridge, Inglaterra). Profesor titular de Economa Laboral en laFacultad de Ciencias Econmicas (UBA). Investigador-docente del Institutode Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

PEDROGALINAbogado (Universidad de Buenos Aires) e investigador en NOGAL (Es-

tudios del Trabajo y Desarrollo Institucional). Docente de FLACSO, consul-tor de organismos nacionales e internacionales y vicepresidente de laAsociacin de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET).


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Introduccin

El mercado de trabajo constituye uno de los mbitos dondese delinean los rasgos centrales de la estructura distributiva de

una sociedad, y su funcionamiento facilita o dificulta el creci-miento econmico. Este funcionamiento se encuentra, en ma-yor o en menor medida, influenciado por las normas que loregulan; razn por la cual parte de los resultados, tanto en tr-minos de eficiencia como de equidad, estafectada por las ca-ractersticas del complejo entramado de regulaciones jurdicas.Por lo tanto, la influencia de las normas laborales sobre esosfines ha sido objeto de anlisis relevantes y de intensas contro-versias, alimentadas por las diversas perspectivas conceptualescon las que se enfrenta la problemtica y por las limitacionesque suele tener la evidencia emprica. Adicionalmente, la im-portancia de este tema se ha visto aumentada en los ltimosaos debido a la centralidad que las propuestas de modificacio-nes a la normativa laboral han tenido en el paquete de reformasestructurales impulsadas desde diversos sectores en especial

los organismos financieros internacionalese implementado enmuchos pases en desarrollo.

El presente documento analiza los cambios introducidos enlas regulaciones del trabajo de la Argentina durante los noventa,los que fueron realizados en el marco de las reformas estructu-rales iniciadas a principios del decenio y constituyen un ejem-plo, por dems conspicuo, de aquel movimiento general. Esta

discusin se realiza a fin de contar con elementos que apoyen laformulacin de un conjunto de propuestas de adecuaciones alas regulaciones laborales. Tales adecuaciones deben verse como


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REGULACIONES LABORALES EN ARGENTINA. EVALUACIN Y PROPUESTAS

elementos a ser considerados en la definicin de una estrategia,econmica y social, que procure iniciar un proceso drstico dereformas del modo de acumulacin y tienda a sostener un rgi-

men que ubique a la justicia distributiva como su objetivo cen-tral. Debe tenerse en cuenta que se trata de las regulacioneslaborales en sentido estricto, esto es, que no se analizan las cues-tiones de seguridad social salvo en materia de contribucionespatronales (por su relacin con el costo laboral). Tampoco seexamina el salario mnimo, ya que parece oportuno contemplarloen un informe que abarque la cuestin del ingreso mnimo ga-

rantizado o instituciones similares.El documento estorganizado en tres secciones. En la prime-ra se resea la discusin acerca de los principales efectos que lasnormas laborales tienen sobre diversas variables: el nivel y laestructura del empleo, el desempleo y las remuneraciones. Secontemplan los argumentos tericos ascomo los resultados dediversas evaluaciones, especialmente las realizadas luego de laintroduccin de modificaciones en las regulaciones. La mayorparte de la literatura que se revisa estrelacionada con pasesdesarrollados, aun cuando se incluyen investigaciones realiza-das sobre pases en desarrollo y sobre Amrica latina en parti-cular. La segunda seccin analiza las principales reformasintroducidas en la Argentina durante los noventa en las regu-laciones laborales, ascomo los cambios en la eficacia con lasque se aplican. En esta parte del trabajo tambin se revisa infor-

macin secundaria a fin de apoyar ciertas hiptesis acerca delimpacto de esos cambios en las dimensiones sealadas anterior-mente. En la ltima seccin se formulan las propuestas de ade-cuaciones a las regulaciones, las que tienen en cuenta losderechos bsicos sancionados en la Constitucin y otras nor-mas incorporadas a ella.


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IEl debate alrededor

de las reformas laborales

1. Las regulaciones laborales: el debate conceptual

Esta seccin se centra en el anlisis de las diversas perspecti-vas de la teora econmica respecto de la intervencin del Esta-do en el mercado de trabajo. Para ello, se pasa revista tanto a losargumentos ortodoxos neoclsicos como a la extensa gama desus crticos.

Los principios de la posicin ortodoxa en la materia son: enlo que hace a la oferta, todo programa que protege a la pobla-cin de las consecuencias del desempleo provee un incentivopara no trabajar y es una traba para la economa, y, en lo que serefiere a la demanda, la asistencia social cambia las decisionesde empleo de forma socialmente ineficiente1. As, por ejemplo,programas de asistencia a los desempleados o prestaciones de laseguridad social pueden conducir a los trabajadores a elegir elocio antes que el trabajo, lo cual incrementa el bienestar de quie-nes los reciben pero reduce el producto social global y prolonga

el desempleo. A su vez, ciertos beneficios sociales obligatoriospueden constreir la eleccin de los trabajadores, determinan-do resultados subptimos e ineficientes ascomo costos labora-les ms elevados. Por su parte, beneficios por enfermedadgenerosos derivan en una epidemia de dolores de cabeza, de

1. Blank, R. y Freeman, R. (1994), Evaluating the connection between

social protection and economic flexibility en Blank, R. (ed.), Socialprotection versus economic reality: is there a trade-off?, Chicago UniversityPress.


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espalda y enfermedades similares hasta que los das con cober-tura son completamente utilizados.

En trminos de la demanda de trabajo, las normas que limi-

tan el reclutamiento o el despido de asalariados, por ejemplo,pueden distorsionar las seales del mercado laboral y reducir larentabilidad en razn del exceso de trabajadores(por empleoredundante) o conducir a los empresarios a menores contrata-ciones en razn de las expectativas de mayores costos futuros.Por su parte, las leyes que imponen impuestos a los empleadorespara financiar la jubilacin o las prestaciones por desempleo

llevan a que las empresas oculten remuneraciones o tornanantieconmica la contratacin de trabajadores de bajos ingre-sos, dependiendo de la incidencia de tales tributos. Los salariosmnimos determinados legalmente pueden, por su parte, redu-cir el empleo en actividades u ocupaciones de bajas remunera-ciones.

Desde esta perspectiva, se enfatizan los efectos distorsivosque sobre el ahorro y la inversin tienen los impuestos necesa-rios para financiar tales acciones. Estos programas desviarancapital de alternativas ms fructferas de inversin y, por lo tan-to, si estas alternativas tuvieran mayor potencial de creacin depuestos laborales, el gasto monetario en sostener familias de bajosingresos podra reducir permanentemente las oportunidadesocupacionales, dejando tanto a esas familias como al resto de lasociedad en peores condiciones a largo plazo. Adems, muchos

de los programas expanden el empleo pblico, lo que refuerzalas rigideces del mercado de trabajo.

Por ltimo, la ortodoxia plantea un impacto negativo adicio-nal en una economa abierta si la proteccin social tiene algunode los efectos negativos mencionados: al incrementar el costolaboral las normas protectorias pueden reducir la competitividadinternacional. Sobre esto se volverms adelante.

La visin opuesta a la neoclsica ortodoxa, que se nutre dediversas corrientes tericas, articula una serie de reservas res-pecto de posiciones como las recin reseadas. Debe reconocer-


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EL DEBATE ALREDEDOR DE LAS REFORMAS LABORALES

se, antes de entrar a resumir brevemente algunos de estos argu-mentos, que tambin existen a veces disidencias entre autoresneoclsicos acerca de determinadas implicancias de las regula-

ciones.Un primer argumento enfatiza el papel de los programas en

el incremento del capital humanoy de la productividad. Des-de esta perspectiva, las normas laborales pueden crear incenti-vos de largo plazo para la inversin en formacin.2 En la medidaen que existan restricciones al despido de trabajadores, se indu-ce a los empleadores a invertir ms en el entrenamiento de la

fuerza de trabajo; en tanto esas leyes crean relaciones de largoplazo que hacen rentable la inversin en capacitacin especfi-ca. En otros sentidos, las vinculaciones de largo plazo puedenpromover una mayor productividad de los trabajadores a travsde, por ejemplo, la identificacin con los objetivos de la empre-sa y su lealtad.

De alguna manera, la teora de los salarios de eficiencia tam-bin argumenta a favor de los efectos benficos de un tratamientoequitativo de los trabajadores. De acuerdo a esta visin, las remu-neraciones no slo guan la asignacin de recursos sino que cons-tituyen, adems, un medio para incentivar la eficiencia de lostrabajadores; consecuentemente, impedir que la tasa de salariosbaje demasiado tiene un aspecto positivo sobre la productividad.En particular, algunas de sus versiones tienen una perspectivasobre la actitud de los asalariados que es diferente a la neoclsica:

el trabajador no intenta brindar el menor esfuerzo posible durante eldesarrollo de su tarea-visin implcita en la idea de que ese esfuer-zo merma la utilidad del individuo- sino que realiza siempre un

2. Blank and Freeman, op.cit.; Standing, G. (1992), Ajuste estructuraly polticas laborales: hacia el ajuste social?, Estudios del Trabajo, N3,pg. 42 y ss.; Boyer, R. (1994), Do labour institutions matter for economicdevelopment? A regulation approach for the OECD and Latin America

with an extension to Asia, en Rodgers, G. (ed), Workers, Institutions andEconomic Growth in Asia, Ginebra, International Institute for Labour Studies,1994, pg. 54.


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esfuerzo dado, el cual puede ser influenciado por la remunera-cin que reciben: los trabajadores que se consideran tratadosequitativamente trabajarn seguramente ms duro.3El efecto de

salarios mnimos, criticados -como se mencion- por reducir lademanda de trabajadores con menor calificacin, beneficia a laeficiencia global al incrementar la oferta de esos grupos.

Por otra parte, los argumentos ortodoxos acerca de los efec-tos distorsivos de las regulaciones suelen tomar como marco dereferencia un mundo de competencia perfecta sin analizar el con-texto econmico global, donde existen fallas de mercado y otras

regulaciones. Un ejemplo lo brinda la legislacin britnica so-bre la igualdad de las remuneraciones, a principios de los aossetenta: en contradiccin con la prescripcin neoclsica, no exis-ten evidencias de que el incremento relativo de los salarios delas mujeres que provocesta norma se tradujera en una reduc-cin del empleo femenino, lo cual pudo deberse a que no severificplenamente el paradigma de la competencia perfecta ylos empleadores ejercieron algn grado de control del mercado.En ese contexto, la norma habra permitido incrementar la efi-ciencia global.4

Algunos autores heterodoxos sealan, desde una perspectivams emprica, que si bien las normas protectoras tienen efectosdistorsivos sobre los mercados de trabajo, no se miden los bene-ficios econmicos que ellas generan, los que, por otra parte, re-sultan difciles de cuantificar.5Ellos son, en efecto, indirectos,

ocultos, intangibles, dilatados en el tiempo6y no localizados.

3. Akerlof, G. y Yellen, J. (1988), Fairness and unemployment,AmericanEconomic Review, Vol. 78, N2, pg. 45.

4. Gregg, P., Machin S. y Manning, A. (1994), High pay, low pay andlabour market efficiencyen Glyn A. y Miliband, D. (ed.), Paying for inequality,Londres, Rivers Oram Press, 1994, pg. 109.

5. Blank y Freeman, op. cit., pgs. 31 y 32. Campbell y Sengenberger,pgs. 13-4., Standing (1992), op. cit., por ejemplo, pg. 42.

6. Boyer, R., op. cit, pg. 26.


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As, se ha presentado el ejemplo de los costos impuestos por lasnormas sobre higiene y seguridad, los cuales resultan fciles deestimar; esta caracterstica tambin la tienen algunos de los be-

neficios (en trminos de ahorro de erogaciones) que originan,tales como el del cuidado de los trabajadores accidentados y losgastos para su reemplazo. Ms difcil es estimar la merma deproductividad y de poder de compra ascomo lo perdido en losmuy costosos accidentes industriales recientes,7para no men-cionar valores humanos no mensurables econmicamente comola vida y la salud. Muchos de estos fenmenos ocasionan, ade-

ms, externalidades negativas que en general son difciles decomputar. La denominada economa institucional tambinenfatiza que las instituciones, entre ellas las laborales, contribu-yen a mejorar la eficiencia en cuanto reducen ciertos costos detransaccin. As, por ejemplo, las negociaciones colectivas pue-den considerarse un mecanismo eficiente que permite a la em-presa obviar mltiples acuerdos individuales.

Un completo anlisis costo-beneficio de cada programa so-cial requiere que el incremento en el bienestar econmico de losciudadanos sea contrapuesto con sus costos directos e indirec-tos. La simple demostracin de los efectos distorsivos o costosde ineficiencia no es suficiente.8

Esto ltimo tambin apunta a que los argumentos ortodoxosno suelen tener en cuenta el efecto de las normas e institucionesprotectoras sobre la distribucin del ingreso. Algunas de ellas,

como los sindicatos, cumplen un papel importante no slo des-de el punto de vista de la eficiencia sino que tienden a contra-rrestar la natural diferencia de capacidad negociadora que existeentre trabajadores y empleadores. Incluso, en tanto se reco-nozca que los empleadores ejercen cierto poder del mercado-como se sealanteriormente-, los sindicatos aumentan y nodisminuyen la eficiencia.

7. Campbell y Sengenberger, op.cit.8. Blank y Freeman, op.cit., pg. 32.


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Aun en trminos de la teora econmica ortodoxa, sostienenlos heterodoxos, el sealamiento de que las normas laborales olos programas sociales reducen el crecimiento econmico resul-

ta dbil. Los anlisis indican una prdida de eficiencia en trmi-nos estticos, pero no una disminucin de la intensidad de ladinmica productiva. La teora del crecimiento no brinda pre-dicciones claras respecto a cmo las distorsiones estticas alte-ran el ritmo de desarrollo econmico; ms an, de acuerdo adiversos argumentos arriba mencionados, las ineficiencias decorto plazo pueden ser compensadas por la eficiencia dinmica.

Conviene concluir esta seccin con comentarios especficossobre el tema de la competitividad. La capacidad de competir nodepende slo de la eficiencia o productividad relativa. Un paspuede inundar a otro con bienes que produce menoseficientemente si la diferencia en los precios de los insumos yfactores que intervienen en la produccin son mayores que laexistente en la eficiencia con que esos insumos y/o factores sonempleados. Desde una perspectiva agregada esto significa que

un pas puede ser competitivoa partir de salarios bajos. Portanto, una productividad reducida no implica siempre una me-nor posibilidad de competir sino menor calidad de vida.

La ortodoxia sostiene que la baja relativa de la productividadocasiona una disminucin de la competitividad slo temporaria,en tanto los mecanismos de mercado provoquen una reduccinde los salarios y/o de los precios de otros factores (bajan las

exportaciones y/o suben las importaciones, lo cual promueveuna cada de la produccin y el empleo) que la tienden a recom-poner. Como este mecanismo autoregulador esten parte impe-dido por la existencia de normas laborales, proponen sureduccin para provocar una disminucin del costo salarial que,al mejorar la competitividad, haratractivo un proceso de in-versin. Ello, con el tiempo, elevar la productividad y -en elmarco de un crecimiento del empleo- tambin los salarios.

La crtica heterodoxa a esta propuesta llama la atencin so-bre una serie de puntos. En primer lugar, seala que el mejora-


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miento de la competitividad basado en la baja de salarios: i)lleva a no profundizar la bsqueda del incremento de la eficien-cia, ii) promueve una especializacin en bienes relativamente

simples, los que requieren mano de obra poco calificada y quesuelen tener mercados con bajas posibilidades de expandirsedurante perodos prolongados, iii) no puede considerarse unaestrategiaal no poder repetirse indefinidamente y debido aque sus efectos se vern superados por los incrementos de pro-ductividad de los otros pases. En segundo lugar, recurren a losya mencionados cuestionamientos a la idea ortodoxa de que la

desregulacin y los menores salarios favorezcan el crecimientode la productividad.Por otro lado, una creciente literatura viene sealando que

pases con una ms igualitaria distribucin del ingreso tienencrecimientos ms elevados.9Posiblemente esto obedezca, en-tre otras cosas, a que una sociedad ms equitativa muestra gene-ralmente mayor estabilidad poltica, menor incertidumbre, unamenor tendencia a polticas redistributivas populistas; en talespases tambin hay una escasa influencia de los grupos que pro-mueven tratamientos impositivos especiales. En tanto las regu-laciones laborales ayuden a alcanzar una ms igualitariaestructura distributiva, potenciaran las posibilidades de creci-miento.

2. La evidencia

Una vez presentados sinttica y esquemticamente los argu-mentos tericos en torno a la incidencia de las normas laboralesen la eficiencia y la equidad, es conveniente hacer referencia aciertas evidencias empricas a las que se recurre para sostenerlas respectivas posiciones. Por lo general, stas se han elaborado

9. Stewart, F. (2000), Income distribution and development, QueenElizabeth House Working, Paper N34, Oxford, pg. 8.


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teniendo en cuenta el comportamiento dismil de los pases de-sarrollados, particularmente los de la OCDE, por un lado, y losdel Sur, por otro.

2.1. La cuestin en los pases industrializados

Respecto al mundo desarrollado se han establecido compara-ciones entre las economas europeas -en especial las de la Co-munidad-, con reglamentaciones y proteccin social nutridas, y

los EEUU, con prestaciones de la seguridad social y regulacio-nes laborales ms laxas. Frecuentemente tambin ha entrado enel anlisis el Japn, que cuenta con normas laborales y sistemasde proteccin social ms rgidosque los de los EEUU, aunquecon negociacin colectiva descentralizada y mayor flexibilidadsalarial que Europa continental. En principio, la ortodoxia haconsiderado a los Estados Unidos como pas paradigmade lacompetitividad por sus escasas regulaciones, en tanto que la CEE

encarna el opuesto.

2.1.1. La relacin de las normas laborales con la productividad yla competitividad

Un estudio sistemtico proveniente de canteras ortodoxas

analiza el comportamiento de los pases de la OCDE signatariosde acuerdos comerciales regionales, esto es: la CEE, los pasesdel EFTA (los escandinavos, Suiza y Austria) y los del NAFTA10.Se analizaron las reglamentaciones y disposiciones relaciona-das con el tiempo de trabajo, los contratos, los salarios mnimosy los derechos de representacin de los trabajadoresy se con-cluyque no existe una relacin nica y directa entre las nor-

10. En verdad, Mxico no se analiza porque la informacin no es sufi-ciente.


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mas laborales y los resultados comerciales [...]. Sin embargo, esdemasiado pronto para extraer esta conclusin: es necesario rea-lizar ms investigaciones empricas.11

El escepticismo respecto de las correlaciones entre normasprotectorias y productividad es compartido por varios organis-mos internacionales. As, un documento oficial de la OIT afir-ma: procede contrastar [...] las ventajas tericas de unacompetencia declarada y descentralizada en los mercados de tra-bajo con la constatacin de que las tres economas ms prspe-ras del mundo, Estados Unidos, Japn y Alemania tienen sistemas

de fijacin de los salarios, ndices de densidad sindical, nivelesde negociacin y modalidades de coordinacin de toda la eco-noma muy diferentes. La conclusin ms elemental es que talesdisparidades no cuentan en lo que se refiere al empleo global y aotras variables macroeconmicas.12En la Comisin Europease han elaborado documentos de distinto tenor; en uno de ellosse sealque Existe unanimidad en lo relativo al mal funciona-miento de los mercados de trabajo. El origen de la rigidez es lafalta de flexibilidad del mercado de trabajo, en especial desde elpunto de vista de la organizacin del tiempo de trabajo, de lossalarios y de la movilidad [...]13. En otro documento oficial launanimidadsobre el tema aparece cuestionada: hay quienesarguyen que una normativa laboral excesivamente restrictiva traeconsigo costes que reducen el carcter competitivo de empresasen un pas o regin respecto a otras. Por otra, muchos creen que

la productividad y que las altas normas laborales siempre hansido parte integrante de la frmula competitiva. La tensin en-

11. OCDE (1994), Labour Standards and Economic Integration,Employment Outlook, julio, pgs. 161-2. Traducido en Revista de Trabajo,N5,noviembre de 1995-febrero de 1996, Las normas laborales y la integracineconmica, pgs. 235-6.

12. OIT (1995), El empleo en el mundo 1995, Ginebra, OIT, pg. 166.

13. Comisin Europea (1994), Crecimiento, competitividad, empleo. Retosy pistas para entrar en el siglo XXI. Libro Blanco, Luxemburgo, pg. 149. n-fasis del documento citado.


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tre estos dos puntos de vista ha sido muy evidente [...]. Hay quedecir que no hay ningn consenso claro en este punto [...].14

Un estudio publicado por la UNCTAD afirma que no existe evi-

dencia empricaque refute o apoye la tesis que afirma que losderechos laborales laxos conducen a una ventaja competitivacomercial, por lo cual es preciso profundizar los estudios sobrecada una de las normas en consideracin.15

En el mbito acadmico tampoco se encuentran estudios queaporten evidencias concluyentes. En el trabajo de Blank yFreeman ya citado, se indica que si se revisan los argumentos

acerca de las relaciones entre los programas de proteccin so-cial, la flexibilidad del mercado de trabajo y el bienestar econ-mico agregado, se comprueba la escasa evidencia disponible sobrenumerosas cuestiones.16En el IV Congreso Regional Europeode la Asociacin Internacional de Relaciones Industriales se dis-cutieron Las ventajas competitivas de las relaciones industria-les europeas, americanas y japonesas. El relator oficial indicque los documentos preparados [...] estn caracterizados porlas actitudes cautelosas y los juicios reservados al evaluar lasventajas y los desarrollos potenciales de los bloques europeo,japons y americano. De acuerdo con esos documentos, ningu-na de las propiedades que se encuentran tras los tres grandesbloques mundiales tiene una superioridad general sobre sus com-petidores, teniendo cada uno de ellos sus mritos y desventajasrelativas17. En otro estudio se indican las complejidades de la

14. Comisin Europea (1994), La Poltica Social Europea. Un paso adelan-te para la Unin. Libro Blanco, Luxemburgo, pg. 36.

15. De Castro, J. (1995), Trade and labour Standards. Using the wronginstruments for the right cause, Discussion Papers N99, UNCTAD, pgs. 9y 10.

16. Op.cit., pg. 36.17. Jacobi, O. (1994), Competitive Advantages of European, American

and Japanese Industrial Relations, 5, en Kauppinen, T. y Kykk, V. (ed.).The competitive advantages of European, American and Japanese industrialrelations,Helsinki, IIRA 4th Regional Congress, pg. 18.


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cuestin, las simplificacionesen que incurren las diversas in-terpretaciones y la dificultad de adjudicar efectos a determina-dos incentivos econmicos. En algunos casos parece estar

suficientemente probado que algunas instituciones laborales,como las extremadamente rgidas normas italianas sobre reclu-tamiento o la falta de normas de proteccin de seguridad en elempleo en Estados Unidos, pueden ser asociadas con una prdi-da de eficiencia econmica global.18No son categricas las con-clusiones de un estudio comparativo de la competitividad decinco pases industrializados (Estados Unidos, Francia, Gran

Bretaa, Alemania y Suecia) y el Estado de Bienestar: [...] lafalta de disciplina econmica hace que el estatismo del bienes-tar entre en conflicto con la competitividad de precios [...] peropor el contrario, la productividad y la calidad se benefician delEstado de Bienestar [...]19. En otra investigacin ms recientese afirma que la evidencia terica y emprica provee pocas razo-nes para esperar que las diferencias en la normativa laboral con-tribuyan, significativamente, a diferencias en los costos de

produccin y, con ello, a las pautas de inversin y comercio.20

18. Buechtemann, C. (1993), Introduction: Employment Security and

Labor Markets, en Buechtemann, C. (ed.), Employment Security and Labormarket Behavior. Interdisciplinary Approaches and International Evidence, Ithaca,ILR Press, 1993,pg. 62.

19. Pfaller, A., Gough, I. y Therborn, G. (comp.) (1993), CompetitividadEconmica y Estado de Bienestar. Estudio comparativo de cinco pasesavanzados, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pg. 368y ss.

20. Anderson, K. (1995), The entwiting of trade policy withenvironmental and labour standards, Documento presentado a la Con-

ferencia del Banco Mundial Uruguay Round and the DevelopingEconomics, 26-27 enero 1995, citado por Juan A. De Castro , op.cit., p.10, nota 13.


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2.1.2. La relacin de las regulaciones con el comportamientodel mercado de trabajo

En este apartado se revisa la evidencia disponible respectodel impacto de regulaciones especficas sobre el comportamien-to del mercado de trabajo.

i) La regulacin protectora del empleo

Una de las instituciones ms cuestionadas es la regulacin pro-tectora del empleo: indemnizaciones por despido, preaviso, nece-sidad de autorizacin administrativa, etc. La tesis ortodoxa sostieneque si bien tales regulaciones permiten suavizar los movimientoscclicos del empleo, significa un costo adicional que provoca unadisminucin de la ocupacin promedio. Tambin tendran efec-tos distributivos negativos porque afectaran en mayor medida alempleo de los menos calificados. Algunos estudios provenientes

del mundo acadmico tienden a mostrar algn efecto negativo deesta legislacin sobre el nivel de empleo medio, aunque no sobreel desempleo21. En 1999 la OECD dio a conocer un estudio querelaciona la legislacin protectora del empleo (EPL) y laperfor-mancedel mercado de trabajo. Se considera la legislacin protec-tora de veintisiete pases entre fines de los 80 y fines de los 90tomando en cuenta, especficamente, las regulaciones relativas a

las indemnizaciones por despido en los contratos de trabajo portiempo indeterminado y las normas sobre contratos por tiempodeterminado. En forma coincidente con otros estudios previos,aparece poca o ninguna vinculacin entre la estrictez de la EPL yel desempleo global. No se advierte una asociacin esta-dsticamente significativa entre el volumen ocupacional, por un

21. Blau, F. y Kahn, L. (1999), Institutions and laws in the labor marketen Ashenfelter, O. y Card, D. (ed.) Handbook of labor economics, Amsterdam,Elsevier, 1999, Vol. 3A.


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lado, y la EPL, por otro, si se los considera de manera conjunta oseparada22. Sin embargo, la estrictez de la EPL es un factor signi-ficativo en la expansin del empleo por cuenta propia, pero no se

encuentra confirmacin de su asociacin con el empleotemporario. Por el contrario, muchos de los coeficientes estima-dos son altos, pero sus signos son uniformemente inconsistentescon las predicciones tericas que auguran que la regulacin delempleo tpico incrementa la incidencia del empleo temporario,en tanto que su desregulacin la reduce. La evidencia es asimis-mo inconsistente respecto del empleo total. Cuando se utilizan

regresiones multivariadas para aislar el impacto causal de las EPLde otros determinantes del empleo, las correlaciones son dbilesy estadsticamente no significativas. Tampoco se advierten clarosvnculos entre las EPL y las dimensiones del empleo temporario;por el contrario, la evidencia es robusta respecto a que las EPLtienden a expandir las ocupaciones autnomas.23

ii) Los salarios mnimos

La crtica al salario mnimo como generador de desempleotiene tambin una larga tradicin en el pensamiento neoclsico.La evidencia recogida en las ltimas dcadas en el mundoindustrializado tiende, sin embargo, a mostrar un escaso si nonulo efecto negativo sobre el nivel ocupacional no slo agrega-

do sino incluso de los grupos potencialmente ms afectados comolos jvenes o las personas con baja calificacin.24Se ha mencio-

22. Para lo que se computa un indicador que combina scoresasignadosa los diferentes componentes de manera tal de diferenciar la situacin entrepases.

23. OECD (1999), Employment protection and labour market perfor-manceen Employment Outlook, pg. 88.

24. Brown, C. (1999), Minimum wages, employment and the distributionof incomeen Ashenfelter, O. y Card, D. (ed.) Handbook of labor economics,Amsterdam, Elsevier, 1999, Vol. 3A.


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nado, sin embargo, que este escaso efecto se verifica debido aque se parte de niveles de salarios mnimos moderados y queincrementos (en el salario mnimo) suficientes para eliminar

las mayores desigualdades de ingresos [...] tendran un efecto.25Otros estudios sealan que los pases con salarios mnimos rela-tivamente altos tienen menos desigualdades de ingresos, unareducida incidencia de bajos ingresos y pobreza, ascomo me-nores diferencias de ingresos entre distintos grupos demogrfi-cos de trabajadores.26

iii) El nivel de la negociacin colectiva

La ortodoxia sostiene que la negociacin colectiva debe serdescentralizada a fin de adecuar salarios y condiciones de tra-bajo a cada firma, lo que redundaren mayor eficiencia. Ladescentralizacin reduce el costo laboral e incrementa el nivelde actividad y la demanda de trabajo. La evidencia en los pa-ses industrializados indica que no hay relacionesestadsticamente significativas entre la performanceeconmi-ca (medida por tasa de desempleo, la relacin empleo-pobla-cin, la inflacin, el crecimiento de los ingresos reales y lainequidad de ingresos27) y la negociacin colectiva -utilizandodiferentes indicadores para caracterizar el grado y tipo de ne-gociacin: densidad sindical, cobertura de la negociacin co-

lectiva o centralizacin y coordinacin de la negociacin- . Lanica excepcin es la clara y robusta relacin entre la desigual-dad de ingresos y la estructura de la negociacin. Economascon mayor centralizacin-coordinacin de la negociacin ob-

25. Modigliani, F. (et al), An economistsmanifesto on unemploymentin the European Union, Mimeo, s/d, pg. 6.

26. OECD (1998), op. cit.27. Calculada en base a la relacin entre el 9decil de la distribucin de

ingresos con el 1decil.


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servan menor desigualdad de ingresos comparados con aque-llas que cuentan con arreglos ms descentralizados-descoor-dinados. Los pases que se movieron en los 80 hacia

negociaciones ms descentralizadas o menos coordinadas hanexperimentado declives en la tasa de empleo superiores a losque registraron cambios en la otra direccin (OECD, 1997).

Un trabajo notable de Freeman concluye, despus de exami-nar la literatura disponible en materia de regulaciones laboralesen los pases desarrollados, que la idiosincrasia de institucio-nes o polticas laborales afectan los resultados econmicos de

manera significativa [...] las instituciones asociadas con la ne-gociacin colectiva y otras formas de determinacin institu-cionalizada de los salarios reducen la dispersin de ingresos [...]pero las instituciones tienen ms dbiles e inciertos efectos en laeficiencia resultante [...]. A nivel nacional las intervencionesinstitucionales tienen impactos escasamente discernibles en laasignacin de recursos [...]28.

En sntesis, los salarios mnimos de cierto nivel, la negocia-cin centralizada o la proteccin contra el despido no parecenestar asociados con mayor desempleo, menor eficiencia o bajacompetitividad, pero sestn inversamente relacionados con ladispersin e inestabilidad de los ingresos y la pobreza.

2.2. La cuestin en los pases en vas de desarrollo

Se ha argumentado intensamente que la liberalizacin delmercado de trabajo es un ingrediente esencial de los programasde ajuste estructural en los pases en vas de desarrollo, la cuales necesaria para tornar dinmica la economa e integrarlaexitosamente al mercado mundial, mejorando su competitividad.

28. Freeman, R. (2000),Single peaked vs. Diversified capitalism: therelation between economic institutions and outcomes, Working Paper N7556, Cambridge, NBER, pgs. 28-9.


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Esta tesis ortodoxa ha entendido que la excesiva reglamenta-cin del mercado de trabajo en Amrica latina ha exacerbado eldualismo estructural entre un sector urbano estructurado, muy

protegido, y un sector urbano no estructurado que lo estape-nas, y que ese exceso de reglamentacin ha impedido que elmercado de trabajo se adaptara a la evolucin de las fuerzasdel mercado mientras que en los pases asiticos de industria-lizacin reciente el mercado de trabajo estmuy poco regla-mentado, a lo cual se debe el xito de las estrategias dedesarrollo de las exportaciones29; a esto habra contribuido la

represin a los sindicatos sobre todo en su funcin de fijacinde los salarios.

2.2.1. La discusin en torno a los nuevos pases industrializadosdel sudeste asitico

Sin embargo, los heterodoxos han sealado que en vista deesas intervenciones represivas es poco ingenuo pretender quese evitaran las distorsiones de precios en los casos exitosos decrecimiento industrial.30 Por otra parte, se ha argumentado quela represin a los sindicatos no fue generalizada: en Hong Kongse respetaron las tradiciones liberales britnicas y tuvo un com-

portamiento econmicamente tan exitoso como los restantes tigres.En los pases restantes, los modelos de intervencin de los sin-

dicatos fueron diversos: en Singapur y Taiwan se ha mantenidoel control sobre ellos a travs de un partido nico. El movimien-to sindical de Singapur, gracias a su participacin en el ConsejoSalarial Nacional, ha podido ejercer cierta influencia en las pol-ticas econmicas y sociales dentro de lmites reconocidamenteestrechos. De todas formas, durante los aos setenta, cuando se

29. OIT (1995), op.cit., pg. 93.30. Standing, op. cit., pg. 26.


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tendia restringir alzas de las remuneraciones para que se man-tuvieran por debajo del incremento del PBI, se establecieronpolticas de correccin salarial para enfrentar la escasez de mano

de obra y estimular a las empresas a emprender actividades detecnologa ms compleja. Ahora bien, se ha planteado el inte-rrogante acerca de si eran necesarias estas pautas de control delmercado de trabajo para el xito competitivo del sudeste asiti-co. Segn el mismo Banco Mundial, En general, los trabajado-res estn ms dispuestos a aceptar la flexibilidad salarial conuna tendencia rpida al alza, porque un ajuste a la baja implica

un ritmo ms lento de aumento y no un descenso absoluto delos ingresos laborales reales.31En otras palabras, la elevacinconstante de los salarios reales verificados en los tigreshabrafacilitado la aceptacin generalizada de la flexibilizacin sala-rial, aunque el ritmo de incremento haya sido menor al de laproductividad. Adems, el grado de intervencin del Estado enla economa fue muy intenso, con polticas industriales muyactivas y coercitivas, las que pudieron haber determinado mu-

cho ms decisivamente el xito econmico que la desregulacindel mercado de trabajo, o mejor dicho, su regulacin represiva opaternalista, como dice Standing.32Se ha afirmado que proba-blemente uno de los ms importantes rasgos del desarrollo eco-nmico coreano es el fuerte rol del Estado, particularmente porsu capacidad para influenciar y disciplinar a las grandes empre-sas que dominan la economa coreana.33Tambin se considera

que Lo que permitia los pases del este asitico disciplinar asus empresas fue la relativa debilidad tanto de los grupos indus-

31. Fields, G. (1994), Changing labor maket conditions and economicdevelopment in Hong Kong, the Republic of Korea, Singapore and Taiwan,World Bank Economic Review, Vol 8, N3, citado en OIT, 1995, op. cit.,pg. 95.

32. Op.cit., pg. 38.

33. Young -ki Park, Contemporary challenges to labour standardsresulting from globalization: The case of Korea, en Sengerberger andCampbell (ed.), op. cit., pg. 209.


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triales como agrarios en los comienzos del desarrollo industrialde la posguerra34

Por ltimo, la progresiva incorporacin de instituciones pro-

tectoras el salario mnimo en Corea del Sur y Taiwan (China) yel seguro de desempleo en la primeray el grado creciente deindependencia del movimiento sindical no parecen haber alte-rado el grado de crecimiento de esos pases. Esa evolucin nor-mativa en Asia pone, pues, de manifiesto que para el xito en losmercados de exportacin no es indispensable ni un mercado detrabajo totalmente liberalizado ni la represin de las reivindica-

ciones de los trabajadores.35

Otras perspectivas ponen en cuestin incluso que el tipo deintervencin estatal en Corea haya sido exclusivamente represi-vo, ya que deben tomarse en cuenta los importantes ingredientespaternalistas de las polticas laborales en los ltimos treinta aos.Con vistas a ganar competitividad en los mercados internaciona-les, el trabajo fue extensamente regulado por el gobierno, lo cualno necesariamente implicque la intervencin en el mercado detrabajo se orientara exclusivamente al beneficio empresarial. Enorden a prevenir la explotacin de los trabajadores ante la ausen-cia de derechos laborales (colectivos), el gobierno estableciunaserie de disposiciones protectorias e incluso alent a losempleadores a mejorar las condiciones de trabajo hasta un nivelcompatible con el grado de desarrollo econmico.36Un estudiodel Banco Mundial ha hecho notar, incluso, que el gobierno

coreano se implicfuertemente para asegurar tanto que los sala-rios no se incrementaran por encima de la productividad comoque los trabajadores participaran en los frutos del crecimiento de

34. Amsden, A. (1995), A theory of government intervention in lateindustrializationcitado por Hikino, T. y Amsden, A. (1995), La industria-lizacin tarda en perspectiva histrica, Desarrollo Econmico, Vol. 35, N137, pg. 6.

35. OIT (1995), op. cit., pg. 95.36. Young-bum Park, State regulation, the labour market and economic

development: The Republic of Korea, en Rodgers (ed.), op. cit., pg. 149 y ss.


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la misma.37Aunque se restringila autonoma sindical, las revi-siones de la ley laboral a comienzos de los 60 reforzaron la pro-teccin individual. A pesar de la severa opresin sobre los

derechos colectivos, las revisiones de la ley del trabajo de 1970incluyeron algunas medidas destinadas a elevar el bienestar delos trabajadores y, en 1981, una serie de disposiciones fueronadoptadas para mejorar las regulaciones de salud y seguridad.Un examen de la historia de la legislacin laboral revela que elEstado continuincrementando la proteccin de las relacionesindividuales de trabajo, en tanto al mismo tiempo reduca las

disposiciones legales protectorias de las relaciones colectivas.Los salarios reales crecieron desde 1965 a una tasa anualacumulativa del 7,5%, lo que excedicualquierperformancedelos pases industrializados, incluido Japn, en los perodos derpido crecimiento. La distribucin del ingreso tambin mejorsustancialmente tornndose ms igualitaria, y la participacinde las remuneraciones de los asalariados en el ingreso nacionalpasdel 31,8% en 1965 al 59,7% en 1990. Si bien tanto la exten-sin de la jornada de trabajo como la tasa de incidencia de losaccidentes resulta en Corea la mayor entre las correspondientesa todos los pases con datos en el Anuario de Estadsticas de laOIT, aquella ha decrecido sustancialmente desde 1980, mien-tras que los accidentes seran registrados en forma ms comple-ta que en las otras naciones.38

2.2.2. La situacin en Amrica latina

La argumentacin ortodoxa es bien conocida en Amrica la-tina: la elevada injerencia del Estado alterando las rentabilidades

37. Mazumdar, D. (1994), The Republic of Korea, en Horton, S., Kanbur

R. y Mazumdar D. (ed.), Labor Markets in an Era of Adjustment, Case Studies,Washington, The World Bank, 1994, Vol. 2, pg. 45.

38. Young-bum Park, op.cit.


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relativas de los sectores y las barreras arancelarias ha generadoeconomas con escasa capacidad de crecimiento y/o fuertesinestabilidades macroeconmicas. Las normas laborales, en par-

ticular, han quitado flexibilidad al mercado de trabajo, aumenta-do los costos no salariales y elevado desmedidamente -en algunoscasos- la capacidad de presin de los gremios. Todo ello explicaun costo salarial que no ha estado de acuerdo con la productivi-dad alcanzada, lo cual ha perjudicado a la competitividad de estaseconomas ascomo su capacidad de generar ocupaciones pro-ductivas. Este ltimo resultado se ha traducido en un alto grado

de subutilizacin de la mano de obra que se manifiesta en la ele-vada proporcin de trabajadores informales. La segmentacin re-sultante explica en gran medida la desigual distribucin personaldel ingreso. La escasa dinmica productiva y generadora de em-pleo ha llevado tambin a que, a largo plazo, no pueda crecer laparticipacin de los salarios en el ingreso nacional.

Las investigaciones comparativas realizadas en el contextolatinoamericano comparten, sin embargo, el escepticismo res-

pecto de la contundencia de la evidencia disponible acerca delefecto de las regulaciones sobre la eficiencia global. As, inclusoen un estudio del Banco Mundial se ha afirmado que si se con-trastan, por ejemplo, el relativamente exitoso ajuste de CostaRica y el problemtico de Bolivia es evidente que el desmante-lamiento de las instituciones laborales no es ni necesario (CostaRica) ni suficiente (Bolivia) para un ajuste exitoso. Asimismo,

se agrega que en futuros estudios sera fructfero analizar el rolde las instituciones laborales, los sindicatos y la poltica econ-mica, antes de lanzarse a una defensa global del desmante-lamiento de esas instituciones.39

Desde una ptica diversa se afirma, al analizar los regmenesde proteccin de Mxico, Colombia, Per, Argentina, Chile,

39. Horton, S., Kanbur, R. y Mazumdar, D., Labor markets in an era ofadjustment: an overview, en Horton, S., Kanbur R. y Mazumdar D. (ed.),op.cit., pgs. 45 y 57.


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Brasil y Uruguay, que no es evidente que la legislacin laboraltuviera efectos precisos sobre la productividad industrial global[...] el presente estudio confirma que el principio que inspira las

actuales propuestas polticas en algunos pases latinoamerica-nos a saber, que basta con flexibilizar los despidos y los contra-tos de trabajo para mejorar los resultados econmicosse basaen una concepcin muy equivocada40.

Otro estudio intenta responder a la cuestin de si la reduc-cin de los costos laborales es necesaria para mejorar lacompetitividad. El anlisis se concentra en la evolucin del sec-

tor manufacturero en el perodo 1990-1995 en la Argentina,Brasil, Chile, Mxico y Per. Se concluye que aunque los costoslaborales crecieron en cuatro de los cinco pases estudiados, tam-bin lo hizo la productividad y a una tasa ms elevada. Estosugiere que los costos laborales no son un impedimento para elcrecimiento de la competitividad, ya que su evolucin se en-cuentra determinada en mayor medida por la productividad deltrabajo que por los costos laborales. La investigacin ilustra elfenmeno de costos laborales elevados con productividad altacomparando los costos promedio de los pases analizados, queeran en 1994 un sexto de los de EEUU y la mitad de los deCorea del Sur, en tanto que la productividad de estos ltimosera tres veces y una vez y media ms alta, respectivamente, quela de los pases latinoamericanos considerados. No se encontra-ron otros datos, pero los expuestos parecen ilustrativos. El estu-

dio concluye que el incremento de los costos laborales medidosa precios internacionales -que pudo afectar la competitividad-fue generado principalmente por las polticas macroeconmicasque han establecido tipos de cambio sobrevaluados respecto deldlar y, consecuentemente, alteraciones en precios relativos endetrimento de bienes primarios e industriales. Esto determin

40. Marshall, A. (1994), Consecuencias econmicas de los regmenes deproteccin de los trabajadores en Amrica latina, Revista Internacional delTrabajo, Vol. 113, N1, pgs. 76-7.


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que el aumento de los costos laborales para los empleadores debienes transables no necesariamente implicara mejoras propor-cionales en el salario real de los trabajadores. El salario indus-

trial crecien el perodo analizado, pero se encuentra debajodel de 1980 en la Argentina (- 21%), Mxico (-38% ) y Per(-57%), en tanto que es un 10% ms alto en Brasil y un 29% msalto en Chile.41Esto es, no se cuenta con datos contundentesrespecto de la asociacin entre regulaciones laborales (expresa-dos como costos laborales totales) y competitividad, ya que sonotras las variables decisivas.

El predominio generalizado de las polticas neoliberales enprcticamente toda la regin, impulsado por los organismos deBretton Woods, indujo a desmontar el sistema de proteccin so-cial y desregular el mercado de trabajo. Sin embargo, tal comolo sealan Marshall42y Marn y Vega43, el grado e intensidad delas reformas han variado en los diversos pases dependiendo delas caractersticas previas de la legislacin, la naturaleza de lascoaliciones gobernantes y la energa y capacidad de las oposi-ciones; de cualquier manera, las reformas fueron de carcterflexibilizador en la mayor parte de los casos.

Los acuerdos de prstamo firmados con el Fondo Monetarioy el Banco Mundial incluyen condicionamientos tendientes adesregular o flexibilizar la legislacin del trabajo y de la seguri-dad social. En un texto ejemplar del Banco Mundial se sostiene

41. Tokman, V. y Martnez, D. (1995), The impact of labour costs oncompetitiveness and worker protection in the manufacturoing sector of LatinAmerica. Trabajo presentado en la Conference on Labour Market Policy inCanada and Latin America Under Economic Integration, University ofToronto, diciembre de 1995.

42. Marshall, A. (1996), Proteccin del empleo en Amrica latina: lasreformas de los aos 1990 y sus efectos en el mercado de trabajo, Estudiosdel Trabajo, N11.

43. Marin, Enrique y Vega, Mara (2000), La reforma laboral en Amricalatina. Un anlisis comparado, Lima, Oficina Regional de la OIT para Amricalatina y el Caribe, pg. 9.


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que el problema del desempleo se solucionara travs de lassiguientes medidas: i) reducir los costos laborales, lo que inclu-ye la eliminacin de las rigideces institucionales que obstaculi-

zan la flexibilidad salarial; ii) disminuir las contribuciones a laseguridad social (llamadas impuestos al trabajo44); iii) bajar elcosto del despido; iv) descentralizar la negociacin colectiva45.La receta, se asegura, solucionarel problema del desempleo loque a su vez mejorar, supuestamente, la proteccin social delos trabajadores. A continuacin analizamos tales recetas.

i) Regulaciones protectoras del empleo

Los estudios disponibles en este campo se interrogan si enAmrica latina las reformas al rgimen jurdico de proteccindel empleo, que facilitaron despidos y contrataciones flexibles,fueron instrumentos efectivos. Si en base a las evidencias analiza-das nos centramos en su impacto inmediato, la respuesta parece

ser positiva, en el sentido que la desproteccin se reflejen unaintensificacin de los despidos y en una sustitucin del personalpermanente por trabajadores temporarios. Sin embargo, la res-puesta es indudablemente negativa si examinamos los efectos delas reformas sobre la creacin de empleo, precisamente el prop-sito declarado de la flexibilizacin: [...] los recortes a la protec-cin no se tradujeron en un mejor desempeo del empleo: si

tuvieron algn efecto ste fue precisamente el opuesto, a causa dela expansin de los despidos y el avance del empleo temporario46.

En un sentido similar, respecto del empleo temporario ge-neralmente sin proteccin contra el despido- se ha sostenido

44. Esta cuestin seranalizada en la seccin correspondiente al anlisisde las reformas argentinas, ya que es el caso ms ilustrativo.

45. Guasch, JosLuis (1999), Labor Market Reform and Job Creation, Was-hington, The World Bank, pgs. 49-57.

46. Marshall (1996), op. cit., pg. 25..


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que en todos los casos analizados se produce una reduccin enlos costos laborales pero a costa de una mayor precarizacin dela estructura. La precarizacin se deriva de la mayor inestabili-

dad ocupacional que introducen los contratos por tiempo deter-minado y la no-declaracin de la relacin laboral en los noregistrados.47

Cierto es que el debate no ha finalizado: se ha sostenido quenuestra evidencia sugiere que las regulaciones sobre seguridaden el empleo son un mecanismo extremadamente ineficiente einequitativo para proveer seguridad en el ingreso a los trabaja-

dores,48

y se sugiere un considerable impacto negativo de lasregulaciones de proteccin del empleo en las tasas de empleoascomo en su distribucin, con efectos ms graves entre jve-nes, mujeresy no calificados. Sin embargo, esa evidencia no pa-rece ser concluyente: el mismo documento admite que el efectode las regulaciones en el empleo en los pases latinoamericanoses ms bajo que en los industrializados, que el impacto sobre larelacin formal-informal no es concluyente, y se acepta que re-sulta necesario contar con ms evidencia para entender la rela-cin entre el empleo no cubierto y las regulaciones sobreseguridad en el empleo en Amrica latina49. Asimismo, se debetener en cuenta que este estudio reconoce limitaciones en susdatos50e incluso algunos son incorrectos.51

47. Tokman, V. y Martnez, D. (ed.) (1999), Inseguridad laboral y

competitividad: modalidades de contratacin, OIT, pg. 16.48. Heckman, J. y Pages, C. (2000), The cost of job security regulation:

evidence from Latin American labor markets, Working Paper 7773,Cambridge, NBER.

49. Incluso, afirma que los efectos de las regulaciones cambian de positi-vos a negativos y no estn asociados significativamente con la tasa de empleofemenino (pg. 18).

50. Se trata de unas pocas series de observaciones por pas, no necesaria-mente consecutivas (pg.16).

51. Por ejemplo, sostiene que en la Argentina las causas econmicas jus-tifican el despido (pg. 27), en tanto que la regulacin vigente estableceindemnizaciones de 1/2 a 2/3 del despido incausado.


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ii) Los salarios mnimos

La evidencia en Amrica latina indica que el salario mnimo

puede constituir un instrumento para mejorar los ingresos delos pobres: Nuestros resultados indican que los incrementosdel salario mnimo estn asociados con cadas en las tasas depobreza en los pases en desarrollo52. En una investigacin seseala que su efecto resulta positivo y llega, pero no supera, aun nivel cercano a los dos tercios del salario pagado por lasmicroempresas; de esta manera es posible elevar los salarios

mnimos sin que dicho efecto sea compensado por prdidas decobertura, aumentos de la informalidad o del desempleo. Elmismo trabajo concluye que si el salario mnimo supera dicholmite, el mayor costo laboral para las empresas medianas y gran-des redundara en reducciones de la cobertura y en aumentos deinformalidad de los asalariados; a pesar de ello, el desempleopodra disminuir.53

iii) Descentralizacin de la negociacin colectiva

La evidencia en los pases latinoamericanos sugiere que entiempos de relativa libre negociacin colectiva, y de manera si-milar a lo encontrado en pases de la OECD, el grado de centra-lizacin de las estructuras de negociacin estinversa, aunque

no estrechamente asociada con los grados de inequidad salarial.La dispersin salarial intra-industria es ms fuerte donde preva-

52. Lustig, N. y Mc Leod, D. (1995), Minimum wages and poverty: aCross-Section analysis for Developing countries,Documento presentado ala Conferencia sobre mercados de trabajo en Amrica latina, Buenos Aires,pg. 20. Este trabajo estbasado en resultados de un ejercicio que compara

datos de varios pases, la mayor parte de los cuales (pero no todos) son deAmrica latina.

53. OIT (1998), Panorama Laboral 97, Lima, N4, pg. 44


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lece la negociacin descentralizada (Chile y Per, ascomo elBrasil, si se admite que la descentralizacin tambin caracterizaa este pas), a excepcin de Colombia, donde se observan esca-

sas diferencias entre el salario mnimo y el medio, y una grandebilidad de las organizaciones sindicales. Por otra parte, se con-cluye que los pases con negociacin normalmente descentrali-zada tienen estructuras sindicales extremadamente dbiles,cuando no abiertamente reprimidas.54Es decir, la descentraliza-cin incrementa la desigualdad y se asocia con la debilidad sin-dical.

Los resultados alcanzados por el conjunto de reformas la-borales que se han analizado parecen responder plenamente alos criterios denunciados por Stiglitz55: Estoy terminando yatres aos de servicio como economista jefe del Banco Mundial.Durante este tiempo sin duda surgieron cuestiones relativas almercado laboral, pero muchas veces, en su gran mayora, des-de una ptica econmica estrecha, e incluso en esos casos, conun anlisis an ms estrecho en la medida que se enfocaba atravs del lente de la economa neoclsica. Se crea que la rigi-dez salarial, a menudo fruto de duras luchas de negociacin,era parte del problema que enfrentaban muchos pases, quecontribua adems a un elevado desempleo. El mensaje estndarera que haba que aumentar la flexibilidad del mercado labo-ral. El corolario no tan sutil era que haba que bajar los sala-rios y despedir a los trabajadores excedentarios [...]. Se les pidi

a los trabajadores que escucharan sermones acerca de sopor-tar el sufrimiento, apenas poco despus de haber escuchado,de los mismos predicadores, sermones sobre cmo la

54. Marshall, Adriana (1999), Wage Determination Regimes and PayInequality: a comparative study of Latin American countries, InternationalReview of Applied Economics, Vol. 13, N1, pgs. 32-3

55. Stiglitz, Joseph E. (2001), Desarrollo democrtico y normas labora-

les, Resumen de la ponencia presentada ante la Asociacin de Investigacinde Relaciones Industriales, presentado en enero de 2001, en Boston(http:www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-129_130/analisis01.htm1).


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globalizacin y la apertura de los mercados de capital les trae-ran un crecimiento sin precedentes [...].

Los efectos de la desregulacin y flexibilizacin laboral en

el mundo en desarrollo no parecen, por lo tanto, ser muy dife-rentes en su signo de los que se pueden identificar en losindustrializados.

En sntesis, la evidencia disponible en los estudios de los pa-ses del Sur tampoco es contundente respecto de las relacionesentre instituciones laborales, por un lado, y competitividad y/o

performancedel mercado laboral, por otro. Investigaciones pro-

venientes de distintas fuentes cuestionan las visiones simplistasque asocian en forma directa la desregulacin o la ausencia denormas con las ventajas competitivas. En todo caso, mayoresinvestigaciones resultan necesarias para poder desbrozar las com-plejas interrelaciones entre la multiplicidad de variables quedeterminan la competitividad incluso a corto plazo, pero aunms a largo plazo. En lo que se refiere a los resultados de lasreformas laborales en Amrica latina, vale recordar que [entre]los nuevos rasgos que caracterizan al mercado de trabajo en lospases de Amrica latina en los aos noventa, sobresale la preca-riedad e inestabilidad de una alta proporcin de empleos [...]56.Precisamente tal inestabilidad ha determinado la variabilidadde los ingresos de hogares y ha provocado que una proporcincreciente de familias se encuentre en situacin de vulnerabili-dad frente a la pobreza o que, sin caer en ella, se sumerjan en la

inseguridad.57

56. OIT (1999b), Panorama Laboral 99, Amrica latina y el Caribe, Lima,N6, pg. 54.

57. CEPAL, Desarrollo.


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1. Descripcin de las reformas

Las reformas a las regulaciones laborales en la Argentina cons-tituyeron uno de los ingredientes de las reformas estructuralesllevadas a cabo durante los noventa. Sus fundamentos explci-tos, especialmente los de aquellas encaradas hasta 1998, fueronlos siguientes: reducir el costo laboral no salarial a travs de:

la disminucin de las contribuciones patronales a la segu-ridad social, y

la rebaja de los costos asociados a eventos como el despi-do o el accidente;

aumentar la previsibilidad del costo laboral; flexibilizar la distribucin del tiempo de trabajo; descentralizar la negociacin.

En esta seccin se abordan sucesivamente la reduccin de las

contribuciones patronales, el salario mnimo, la disminucin delcosto del despido (a travs de una baja de las indemnizaciones oel acotamiento total o parcialde su mbito de aplicacin, vala contratacin a prueba y las modalidades promovidas), la ne-gociacin colectiva y la legislacin sindical.

1.1. La disminucin de los aportes patronales

Una de las medidas ms importantes tomadas con relacin al

IILas instituciones laborales argentinas

y las reformas de los noventa


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costo laboral fue la disminucin de algunas de las contribucio-nes que los empleadores deben efectuar a la seguridad social.Hasta el ao 1998 fueron reducidas entre el 30 y el 80% depen-

diendo de la localizacin del establecimiento, proporcin queaumenta a medida que se incrementa la distancia respecto de laCiudad de Buenos Aires y cuando la zona (el partido o departa-mento1) tiene una elevada incidencia de pobreza estructural. Almomento de ponerse en vigencia la medida -en 1994- el benefi-cio se otorgexclusivamente a establecimientos de la industria,la produccin primaria, la construccin, el turismo y las activi-

dades de investigacin y desarrollo. En 1995, y dados los incon-venientes de orden fiscal que se derivaban de los efectos de lacrisis internacional, las proporciones de reduccin de las contri-buciones patronales fueron disminuidas (las que pasaron a va-riar entre el cero y el 50%) pero se extendiel subsidio a todaslas ramas de actividad. Desde enero de 1996 se volvia las pro-porciones de reducciones originales (30 al 80%) y se mantuvola extensin del descuento a todas las actividades.

Se ha estimado, teniendo en cuenta esta ltima situacin, quela tasa promedio de disminucin fue aproximadamente del 40%.2

Las reducciones se aplicaron a todos los componentes de lascontribuciones patronales, salvo para el sistema de obras sociales.En lo que hace a este tem, la disminucin fue de un punto por-centual para todos los casos, esto es, independientemente de lalocalizacin del establecimiento productivo. Por otro lado, las con-

tribuciones se fueron reduciendo adicionalmente para el perodode prueba y las modalidades promovidas primero, y luego (en laLey 25.250 del ao 2000) para las nuevas contrataciones por tiem-po indeterminado en exceso del plantel previo.

1. Que son las entidades en que se divide el territorio de cada provincia.

2. Szretter, H. (1997), Argentina: costo laboral y ventajas competitivasde la industria, 1985-1995, en OIT, Costos laborales y competitividad indus-trial en Amrica latina, Ginebra, OIT, pg. 53, nota 11.


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LAS INSTITUCIONES LABORALES ARGENTINAS Y LAS REFORMAS DE LOS NOVENTA

En el ao 2001 se verificaron una serie de complejas modifi-caciones: en los acuerdos de competitividad (ya derogados) serestablecieron las alcuotas sin rebajas, pero los pagos se consi-

deraron a cuenta del IVA y hubo diferenciales segn activida-des. Durante el ao 2002 se elevaron nuevamente lascontribuciones con destino al INSSPJ (PAMI) y las obras sociales.

En el Cuadro 1 se presenta la evolucin de las contribucionespromedio a lo largo de la ltima dcada.

Cuadro 1Alcuotas de contribuciones patronales

Norma y fecha Alcuota

Ley 23.966. Agosto 1991 32,85%Ley 24.013. Diciembre 1991 32,89%

Decreto 2609/93 (enero 1994) Decreto 385/94 (marzo 1994)

y Decreto 859/94 (abril 1994) 20,20%Decreto 372/95. Marzo 1995 30,10%

Decreto 492/95. Septiembre 1995 26,90%Decreto 492/95. Noviembre 1995 24,20%

Decreto 492/95. Enero 1996 21,50%Decreto 96/99. Febrero 1999 18,50%Decreto 1520/98. Agosto 1999 17,80%

Decreto 1520/98. Diciembre 1999 15,40%Ley 25.453. Julio 2001. 22,99%*

Ley 25.565 y 25.656, Dec. 814/01 y otras normas. Marzo 2002 24,00%**

Fuente: Direccin Nacional de Polticas de la Seguridad Social, en base a datos

de SIJP DGI.Promedio ponderado de las alcuotas vigentes declaradas por los empleadores

en la DDJJ-SIP-AFIP

**Estimacin propia del promedio.

1.2. Regulaciones sobre el despido

La forma de reduccin del costo del despido opera travs

de instrumentos diversos: i) la reduccin de las indemnizacionespropiamente dichas, ii) la reduccin del mbito de aplicacinde las indemnizaciones, por la implantacin de modalidades pro-


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movidas, y del perodo de prueba con indemnizaciones nulas oreducidas.

1.2.1. Reduccin de las indemnizaciones

La legislacin establece como principio general que el con-trato de trabajo es por tiempo indeterminado, un elemento sus-tancial de la conceptualizacin de empleo tpico. La rupturaincausada de este contrato da lugar a indemnizaciones; pero la

reduccin de las indemnizaciones por despido, verificada a lolargo de la dcada, ha limitado la estabilidad y ha tendido a ate-nuar el principio de indeterminacin del plazo al restringir elresguardo ante el despido arbitrario.

El despido incausado de los trabajadores con contrato deduracin indeterminada, segn la Ley de Contrato de Trabajo(N20.744 de 1974 modificada, aunque no sustancialmente eneste aspecto, en 1976), deba ser indemnizado con el pago de unmes por cada ao de servicio o fraccin mayor a tres meses,considerando la mejor remuneracin normal y habitual, con untope a la base de clculo: tres salarios mnimos. La indemniza-cin mnima era de dos meses de sueldo. Adems, debapreavisarse con un mes de anticipacin a los trabajadores quetenan hasta 5 aos de antigedad y con dos meses a los de ma-yor antigedad, debiendo agregarse los das restantes del mes

en el que se efectuaba la comunicacin (integracin del mes dedespido). La falta de este preaviso deba indemnizarse.

En 1989, la primera regulacin del gobierno de Menem en estamateria tendia incrementar el costo del despido al eliminar eltope antedicho (Ley 23.697, de emergencia econmica). En 1991la Ley 24.013 estableciun nuevo lmite: la base de clculo de laindemnizacin no poda exceder el equivalente al triple del pro-medio de las remuneraciones convencionales, salvo la antige-dad. Este mximo redujo las indemnizaciones promedio, pero anel tope siguisiendo ms elevado que el de la Ley de Contrato de


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Trabajo. La reduccin del costo del despido en esta ley surge delas modalidades promovidas, lo que se analiza ms adelante.

Con la vigencia de estas normas, se calculque el costo de la

indemnizacin por despido alcanzal 3,2% y el del preaviso al1,4% de la masa salarial, o sea un total del 4,6%.3

En 1995, la Ley 24.467 incluyun captulo sobre el rgimenlaboral de la pequea empresa. A travs del mismo se eliminlaintegracin del mes de despido y se lo redujo a un mes, cualquie-ra fuere la antigedad del trabajador, pero rige exclusivamentepara los trabajadores contratados a partir de la sancin de dicha

ley. Adems, sta autoriza los convenios colectivos a modificarel rgimen de extincin del contrato de trabajo, incluso a travsde la introduccin de mecanismos de capitalizacin individual,lo que en algunos convenios se ha pactado. Esta reduccin delcosto laboral, sumada al perodo de prueba (analizado ms aba-jo), fue estimada como del orden del 1% de la nmina.4

Con la sancin de la Ley 25.013, en 1998, se modificaron laspautas de indemnizacin por despido reduciendo la mnima yestableciendo una proporcionalidad ms estricta (la regla es 2,5das por mes o fraccin de ms de 10 das); tambin puedenobservarse otras reformas en los Cuadros 2 a 4. La incidencia encostos ha sido levemente bajista, en tanto se establecieron re-ducciones en el mximo del perodo de prueba y se eliminlaintegracin del mes de despido. Por otro lado, regula una nuevarelacin entre el despido incausado y el motivado por razones

de fuerza mayor, falta o disminucin de trabajo; en tanto quehasta 1998 el despido por razones econmicas equivala a la

3. Clculo que considera una rotacin de 0,18. Vase, al respecto, Galin, P,Monza, A. y Szretter, H. (1993), El costo laboral del despido, Informe 5,Proyecto ARG/92/009, Buenos Aires. Clculos relativamente similares, del or-den del 5% en FIEL (1995), Costos laborales en el Mercosur, Buenos Aires,FIEL; y Bour, J. (1995), Los costos laborales en Argentina, en MTSS, Libro

Blanco sobre el empleo en la Argentina, Buenos Aires, MTSS, 1995.4. Szretter, H. (1999), Los costos laborales en Argentina, en Tokman, V.

y Martnez, D. (ed.), 1999, op. cit., pg. 39.


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mitad del incausado, a partir de esa fecha alcanza los dos ter-cios, lo que implicuna elevacin de su costo. Tambin se in-corporaron normas que agravan la indemnizacin por despido

discriminatorio. Por otra parte, esta norma impuso el criterio deflexibilizacin en el margen, ya que se aplica a los nuevos con-tratos y no a los precedentes.

Las reformas de la Ley 25.250 en el 2000 tambin tuvieronefectos ambiguos en el costo: nuevamente extienden el perodode prueba, como se ver, pero disponen que durante el mismodeben pagarse contribuciones por todos los conceptos. Adems,

se redujeron a la mitad o a un tercio, segn los casos, las contri-buciones patronales en caso de que el empleador renunciara alperodo de prueba por trabajadores contratados, incrementandola dotacin. La experiencia ha indicado que algo ms de un 50%de los trabajadores incorporados con estos descuentos lo fueronfraudulentamente (ms de 30 mil), o que su regularidad esincomprobable porque el empleador no declarel mes de con-trol del incremento de la nmina (ms de 61 mil). El costo fiscalde esta norma superaba hacia febrero de 2002 los 21 millonesde pesos.5La eliminacin del mnimo indemnizatorio de la Ley25.013 alenteste curso, ya que la renuncia del empleador alperodo de prueba ahorra establemente costos ms relevantes(del orden del 10 al 15%) que los indemnizatorios promedio(alrededor del 4%). La conjugacin de ambas reformasincrementla rotacin espuria.

Por ltimo, la Ley 25.165 del 2002 duplicla indemnizacinpor despido incausado durante la emergencia que abarcar, porun decreto de necesidad y urgencia posterior, hasta entrado el2003. Decretos reglamentarios establecieron que la duplicacinabarcaba todos los rubros indemnizatorios, instituyeron proce-dimientos administrativos previos y limitaron la posibilidad dedespidos por fuerza mayor, falta o disminucin de trabajo.

5. Datos elaborados por la Direccin Nacional de Relaciones Federalesdel Ministerio de Trabajo.


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Cuadro2

Pre

aviso

Antigeda

d

Hasta1995

1995-1998

1995...

Ley25.013

Ley25.565

Ley20.744

Ley24.465

Ley24.467(para

(1998

....)

(Primer

laspequeas

S

eaplicaalos

semes

tre2002)

empresas)

cont

ratoscelebrados

desdesusancin

Hasta30das

Unmes

Sinpreaviso

Sinpreaviso

Sinpreaviso

Duplicacin(segnla

norma

aplicable)

De31da

shasta

Unmes

Sinpreaviso

Sinpreaviso

15das

Duplicacin(segnla

tresmese

s

norma

aplicable)

Detresm

esesa

Unmes

Unmes

Unmes

Unmes

Duplicacin(segnla

cincoaos

(Sielperododepruebase

(Sielperododepruebase

norma

aplicable)

prorrog,sinpreaviso)

prorrog,sinpreaviso)

Msdecincoaos

Dosmeses

Dosmeses

Unmes

Dosmeses

Duplicacin(segnla

norma

aplicable)

Integraci

ndelmes

S

S

Eliminado

Eliminado

Duplicacin(segnla

norma

aplicable)


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Cuad

ro3

Indemnizacinpordespidoincausado

Mnimo

Regla

General

Hasta1995

(Ley20.744)

Dosmeses

Unmesporaodeservi-

ciosofraccinmayor

de3

meses

1995...

(Parapequeaem

presa.

Ley24.467)

LosCCTpuedenmo

dificar

elrgimen(incluida

slas

cuentasdecapitalizacin

individual)

LosCCTpueden

modificarelrgimen

(incluidascuentasd

e

capitalizacinindividual)

1998...

(Ley25.013.Seaplicaa

loscontratoscele

brados

desdesuvigencia)

5das

2.5daspormeso

fraccin

mayora10das

2002(Ley25565

)

(primersemestre)

Duplicacin,segnlanor-

maaplicable

Duplicacin,segnlanor-

maaplicable.


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Cuadro4

Indemnizacinpora

ntigedadencasodedespidoporfuerzamayor,faltao

disminucindetrabajo

Mnimo

Regla

Genera

l

Hasta1995

(Ley20.744)

Unmes

Mediomespora

odeservicioso

fraccinmayorde

3meses

1995...

(Parapequeasempresas.

Ley

24.467)

Los

CCTpuedenmodificarelrgim

en

Los

CCTpuedenmodificarelrgim

en

(incluidocuentasdecapitalizacin

in-

dividual)

1998...

(Rgimengeneral.

Ley25.013)

3,33das

1,66dasporme

so

frac-

cinmayora10

das


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1.2.2. El perodo de prueba

El perodo de prueba se introdujo por primera vez en la legis-

lacin argentina en la Ley 24.465 de 1995. Se ha consideradoque la previsin del perodo de prueba en el contrato de trabajocumple la finalidad de permitir apreciar las aptitudes y destre-zas del trabajador, y al dependiente experimentar si el empleo leresulta conveniente. El Mensaje de elevacin del Poder Ejecuti-vo fundaba su introduccin en la finalidad principal de facili-tar la entrada de nuevos trabajadores y en evitar las

contrataciones en negro, las que eran utilizadas por losempleadores ante la falta de perodo de prueba.6

En la regulacin original del perodo de prueba se establecique el contrato se presume celebrado a prueba7y que cualquie-ra de las partes puede extinguir la relacin laboral sin expresinde causa ni derecho a indemnizacin alguna. As, se eliminelpreaviso para la terminacin del contrato de trabajo para losempleados con hasta tres meses de antigedad, el cual podaextenderse hasta seis meses si se acordaba por convenio colecti-vo. Durante la vigencia del perodo de prueba no se efectuabanaportes al sistema previsional ni al Fondo Nacional de Empleo(con lo cual no se computaba para el acceso a las prestacionespor desempleo sino solamente como tiempo de servicio para lajubilacin8).

La accidentada evolucin de las regulaciones del perodo de

prueba se presenta en el Cuadro 5. La Ley 25.013 de 1998 redu-

6. Ley 24.465. Modificacin de la Ley de Contrato de Trabajo, Antece-dentes Parlamentarios, Ao 1995, N6, Ed. La Ley, pg. 16.

7. En otras legislaciones se admite el perodo de prueba por contratoindividual o colectivo, pero no estpresumido por la ley como en esta ley(legislaciones italiana, francesa y espaola).

8. En el contexto del nuevo rgimen previsional, el tiempo de servicios es

indiferente para la adquisicin de derechos previsionales, ya que se compu-tan exclusivamente los aos de servicios con aportes (Art. 19, inc. c) Ley24.465).


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jo la duracin del mismo a slo 30 das, perodo en el que con-tinuaban rigiendo las exenciones a la seguridad social. Durantela extensin convencional (de hasta 6 meses) procedan el

preaviso y las indemnizaciones por despido, pero podan ser re-ducidas hasta en un 50%. La Ley 25.250 del ao 2000 establecique la extensin convencional poda llegar hasta un ao; duran-te ese lapso no regan las indemnizaciones, pero se eliminaronlas exenciones a la seguridad social en todos los casos.

1.2.3. Las modalidades contractuales

Entre las modalidades contractuales diferentes a las del con-trato por tiempo indeterminado pueden distinguirse las tradi-cionales, de naturaleza causal, y las nuevas, instauradas a partirde 1991. Estas ltimas, que constituyen un aspecto sustancialde las reformas, son aquellas a ser analizadas en esta seccin.

La Ley 24.013, de 1991, incorpora la legislacin nacionalnuevas modalidades de contratacin, inspiradas en la legisla-cin espaola, que se apartaban de un principio de derecho la-boral argentino, el de la necesaria causalidad objetiva para lacontratacin temporal. Estos contratos no podan exceder el 30%del plantel total permanente de cada establecimiento de ms de25 trabajadores, establecindose proporciones ms amplias paralas empresas de menor tamao.

Las modalidades contractuales establecidas fueron cuatro: dosorientadas a los jvenes con la exencin del 100% de las contri-buciones patronales al sistema jubilatorio y asignaciones fami-liares (trabajo formacinyprctica laboral para jvenes), y otrasdos con exencin del 50% (de fomento del empleo y de nuevaactividad). Hasta el mes de abril de 1995 se registraron 303 milcontratos bajo estas modalidades, entre los cuales ms del 50%correspondan a los Programas Intensivos de Trabajo (PIT), efec-tuados con recursos del Fondo Nacional de Empleo, todos se-gn la modalidad de fomento del empleo. Se ha estimado que


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CuadroN

5

Perodod

eprueba

Regulacin

Perodom

ximolegal

PorCCT

Preaviso

Pequeaempresa

Contribucionesyaportes

Hasta19

95

(Ley20.744)

Noprevis

to

1995-1998

(Ley24.465)

3meses

6meses

No

Aplicalanorma

general

Sloobrassocialesy

asignaciones

1998-2000

(Ley25.013)

30das

6meses(con

Indemni-

zacionesreduc

idashas-

tael50%

apartirdelos

30das)

Deunoatresm

eses:15

das

3a6meses:1mes.

Aplicalanorma

general

Sloobrasso

cialesy

asignaciones

2000-...

(Ley25.250)

3meses

6meses

(sinindemniza

cin)

No

6mesesprorrogables

porCCT

hastaunao

Sinexencione

s


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este tipo de contrataciones alcanzaron un nmero significativopero limitado9.

Sin embargo, el Gobierno estimque algunos requisitos de

estas modalidades haban dificultado su efectiva utilizacin yeran innecesarios, inconvenientes o implicaban cargas adminis-trativas adicionales (Mensajes N1950 del 4-11-94 y 84 del 10-1-95), y por lo tanto promoviotras que fueron sancionadas enla Ley 24.465 (especial de fomento del empleoy de aprendizaje).Asimismo, la Ley 24.467 estableciun rgimen laboral para lapequea empresa (de hasta 40 trabajadores, lmite que se exten-

dipara algunos convenios colectivos) que redujo las exigen-cias para utilizar las modalidades promovidas, ya analizadas,originalmente establecidas en la Ley 24.013.

Tambin se ampliaron los porcentajes de los planteles quepodran estar contratados bajo estas modalidades: 10% adicio-nal en el caso de la especial de fomento del empleo, ms otro10% del contrato de aprendizaje. En las empresas que tenanhasta 5 trabajadores, las proporciones podan llegar hasta el 100%para cada una de esas modalidades, y para las de 6 a 25 ocupa-dos hasta el 50%. El mximo de contratos del sector privadocon estas modalidades se observhacia agosto y setiembre de1998, meses en los que superaron los 245 mil10, incluyendo elperodo de prueba, descendiendo luego a partir de la sancin dela Ley 25.013, que las derog.

Estas leyes de 1995 incorporaron otras formas contractuales

que, aunque no eran estrictamente modalidades, redujeron laproteccin y flexibilizaron la contratacin:

i) El contrato de trabajo a tiempo parcialdetermin regla-mentariamente las prestaciones de la seguridad social tenien-do en cuenta el tiempo trabajado y las de salud. El Decreto

9. Ver prxima seccin.10. Revista de Trabajo, N13, noviembre 1999, Cuadro 1.11.1, pg. 175.


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492/95 establecique el trabajador a tiempo parcial cuyas re-muneraciones fueran inferiores a cierto lmite11podroptarpor los beneficios de la obra social, integrando el aporte a su

cargo y la contribucin del empleador, correspondientes a unsalario de 3 AMPOS [...] Cuando no se ejerza la opcin [...] eltrabajador y el empleador quedarn eximidos de sus respecti-vos aportes y contribuciones para este rgimen. Con ello seestableciun contrato en el cual puede ser voluntaria la cober-tura de salud.

ii) El contrato de aprendizajeestableciuna relacin contrac-tual especial que vinculaba a un joven sin empleo con unempresario que, de acuerdo al decreto reglamentario, tena uncarcter no laboral, no contribua a la seguridad social, tenacobertura de salud reducida y de riesgos slo a travs de plizasde seguro.

Otras normas establecieron diversas formas contractuales quetambin flexibilizaron la contratacin:

Las pasantas fueron reguladas en principio por el Decreto340/92, originado en el Ministerio de Educacin. Las mismasconsisten en la concurrencia de alumnos y/o docentes a lasentidades pblicas y privadas a fin de que completen su for-macin terica con una experiencia prctica y se les paga unaasignacin, lo que no crea ningn vnculo entre el pasante

y la entidad pblica o privada. Algunas perspectivas crticasentienden que se trata de verdaderos contratos de trabajodonde no se acuerda ningn derecho laboral al pasante-tra-bajador. Esta contratacin sigue persistiendo como no labo-ral ni causada, y ha sido nuevamente regulada por la Ley25.165 y reformada otra vez por el Decreto de necesidad y

11. 3 AMPOS o sea $225 mensuales a esa fecha y $240 posteriormente,cuando se los denominMOPRES.


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urgencia N487/2000 (ste en un sentido ms flexible). Seha sealado que si bien no se cuenta con informacionesglobales sobre el alcance cuantitativo de las pasantas en sus

diversos tipos, los datos parciales de algunas facultades yuniversidades, ascomo de algunas empresas lderes sugie-ren que su alcance es considerable: seguramente varios mileso quizs decenas de miles de pasantes se desempean en elpas. La diversidad de los tipos y experiencias ha quedadoaludida en algunos estudios o por datos parciales. La legisla-cin de otros pases brinda, por lo general, una proteccin

equivalente (de seguridad social y de salud) o vinculada ala del trabajador (en la remuneracin en algunos casos). Eneste sentido, la legislacin argentina vigente [] seemparenta ms con la peruana que con las otras estudia-das12. Otro estudio ha constatado que en muchos casos seusa la argucia legal de la pasantaslo para precarizar a lostrabajadores ya que bajo la figura de la formacindel de-creto de pasantas no se establece relacin laboral ni se pagancargas sociales13.

Con respecto a las cooperativas de trabajo, el Art. 27 de laLey de Contrato de Trabajo establece que los socios que pres-tan a la sociedad toda o parte principal de su actividad enforma personal y habitual, con sujecin a las instruccioneso directivas que le impartan o pudieran impartrsele, sernconsiderados como trabajadores dependientes de la socie-

dad.En tensin con esta solucin, resoluciones del Instituto Na-cional de Accin Cooperativa (183/92) y de la Administra-

12. Batistini, O. y Galin, P. (1998), Informe sobre pasantas, Documen-to de Trabajo N2, CIAL, Buenos Aires, MTSS, pg. 12.

13. Novik, M. (1998), Experiencias exitosas de capacitacin de empre-

sas innovadoras en Amrica Latina y el Caribe: su articulacin con el apren-dizaje de la empresa, CEPAL-GTZ, (FRG/96/S38), Santiago de Chile, pg.29, nota 9.


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cin Nacional de Seguridad Social (784/92) establecieron quelos trabajadores de las cooperativas de trabajo son de carcterautnomo o asociativo, y en consecuencia estn exentos de la

proteccin de la legislacin laboral. Debe anotarse, sin embar-go, que la Resolucin del INAC prevque debe brindarsecobertura, adems de la previsional, de salud al trabajador-socio y a sus familiares, ascomo proteccin en el caso deincapacidad o muerte derivada de enfermedad o accidentesprofesionales, en condiciones que no podrn ser inferiores alas que establezcan las leyes aplicables a los trabajadores en

actividad. El cumplimiento de estas ltimas normasprotectorias parece muy reducido. La caracterizacin de lossocios de las cooperativas de trabajo como autnomos porva normativa tiene una importancia significativa: ms de102.000 socios revistaban en casi 2.500 cooperativas. Reite-radamente se las ha sealado como vehculo de fraudes labo-rales, especialmente en ramas como la agrcola, los serviciosde vigilancia y limpieza, etc.

A partir de 1998 (Ley 25.013) fueron eliminadas la mayorade las modalidades promovidas (las cuatro de la Ley 24.013 yla especial de fomento del empleo de la Ley 24.465). El con-trato de aprendizaje, aunque se mantiene, ha perdido el carc-ter no laboral de la Ley 24.465, por lo que en sentido estrictopuede considerarse una modalidad causaday su utilizacin

parece haber disminuido drsticamente desde esa fecha.


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1.3. La regulacin de la jornada de trabajo

La dictadura militar tendi, a travs de diversas reglamenta-ciones, a extender la jornada de trabajo ampliando el nmerode horas extras que poda autorizarse. En 1979 estableciqueesa cantidad deba ser de 320 anuales y 3 diarias, incrementadoel lmite vigente desde 1933 de 200 anuales y 30 mensuales.

En la dcada de los 90 la prctica administrativa fue librrima,salvo algn perodo, puesto que autorizvirtualmente cualquier

tipo de peticiones violando asla Ley 11.744 que dispone quelas autorizaciones deben otorgarse teniendo en cuenta el nivelde desempleo.

El Decreto 484 del ao 2000, so pretexto de reducir el nme-ro mximo de horas suplementarias, dispuso que el nmero delas autorizadas pueda ser superior a 30 horas mensuales y a 200horas anuales. Sus considerandos, que sugieren volver al crite-

rio ms restrictivo establecido en 193

regulaciones laborales

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