404.Matan y matan y uno sigue ahí. Control paramilitar... - Patricia Madariaga
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Repercusión de la acción paramilitar y de las reformas neoliberales en la organización sindical del sector de la salud: caso ANTHOC (Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia) Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Ciencia Política Bogotá D.C 2013
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Repercusión de la acción paramilitar y de las reformas neoliberales en la
organización sindical del sector de la salud: caso ANTHOC (Asociación
Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia)
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Ciencia Política
Bogotá D.C
2013
Repercusión de la acción paramilitar y de las reformas neoliberales en la
organización sindical del sector de la salud: caso ANTHOC (Asociación
Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia)
KAROL PAOLA MONTAÑO VIDAL
Trabajo de grado para optar a título de politóloga
DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO
VÍCTOR GUERRERO APRÁEZ
Profesor de planta
Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Ciencia Política
Bogotá D.C
2013
Tabla de Contenido
1. Introducción…………………………………………………………………………..5
2. Organización y lucha social de los trabajadores de la salud......................14
2.1 Inicios: caracterización y surgimiento de los sindicatos de salud…………......14
2.1.1 Principales periodos de lucha: resistiendo a la violencia y a la
privatización………………………………………………………………………….…..19
2.1.2 Primer periodo: final de los 80 y principios de los 90………………………....19
2.1.3 Segundo periodo: 1991-2000…………………………………………..………..20
2.1.4 Tercer periodo: 2001-2010………………………………………………..……..22
2.1.5 El paramilitarismo………………………………………………………………...22
3. Paramilitarismo, economía y política……………………………………………24
3.1 Contexto de la relación entre actores legales e ilegales……………………….24
3.1.2 Servicios de salud y corrupción………………………………………………....32
3.1.3 La Costa Caribe como experiencia de la parapolítica y violencia ejercida
contra Anthoc…………………………………………………………………………....33
3.1.4 Cooptación paramilitar de los recursos de la salud…………………………..34
4. Estudio de caso: Sindicato Anthoc. La resistencia frente a la
mercantilización del servicio de salud…………………………………………….36
5. Conclusiones………………………………………………………………………..44
6. Referencias y Bibliografía………………………………………………………....47
7. Anexos………………………………………………………………………………...49
1. Introducción
La presente investigación, surge tanto de los trabajos académicos e investigativos
elaborados por la Corporación Nuevo Arco Iris (2010 y 2011) y el Cinep (2012), y
de producciones teóricas como las de Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo (2012)
con respecto al impacto que la violencia ha producido en los sindicatos y en la
capacidad de lucha de los mismos, como también de la evidencia empírica
recopilada en entrevistas a miembros del sindicato Anthoc (Asociación Nacional
de Trabajadores Hospitalarios de Colombia). El propósito de la investigación es
hacer un análisis crítico por medio de los estudios anteriormente nombrados y de
los testimonios de los trabajadores del sindicato entrevistados, sobre la
transformación del accionar sindical como consecuencia de la violencia ejercida
contra los trabajadores del sector salud y las transformaciones institucionales de
corte neoliberal experimentadas a partir de la década del 90.
Se busca demostrar cómo el sindicato Anthoc específicamente sobrevivió a la
lógica de eliminación desencadenada contra sus afiliados mediante dos vías: la
primera, que obedece a la violencia directa ejercida por grupos armados
organizados ilegales, y la segunda, a la violencia política a manos de senadores y
partidos políticos cuyas reformas constitucionales y legales buscaron debilitar esta
organización determinando una reducción sustancial y progresiva de sus afiliados,
acompañado de la cooptación de los recursos de la salud a nivel nacional en
beneficio de unos y otros.
La hipótesis de partida, es que los dos factores nombrados no se dieron de
manera paralela, es decir que la violencia directa y las reformas institucionales
están íntimamente relacionadas en su accionar a tal punto que hubo una alianza
entre funcionarios del gobierno y los grupos paramilitares específicamente,
durante el periodo de 2002 a 2008 para debilitar la organización sindical. La
metodología que se utiliza es de tipo cualitativo, haciendo uso de herramientas
como las entrevistas semi-estructuradas y la observación participante; la elección
de esta metodología radica en que aspectos como la represión a una organización
sindical y sus consecuencias se deben interpretar y tratar de comprender por
medio del diálogo con los principales implicados para llegar a desentrañar las
causas y las experiencias que produjeron la dispersión del movimiento sindical de
la salud.
Lo que se espera demostrar es cómo y por qué mediante la alianza entre
funcionarios del gobierno y paramilitares al tiempo que modificaron el sistema
público de salud buscaron también acabar de forma selectiva con las
organizaciones sindicales del sector ya que eran los principales opositores de la
reforma.
Esta investigación se desglosa en tres partes. En la primera, se esboza la
organización y la lucha social de los trabajadores de la salud de manera histórica.
Sumado a esto se hace una caracterización y proceso del surgimiento de los
sindicatos del sector entre los que se encuentra Anthoc ya que es el caso de
estudio de la investigación, esto se divide en tres periodos representativos de la
historia social y económica que determinaba el accionar de estos sindicatos: 1984-
1991: fortalecimiento sindical; 1991-2001:lucha contra la privatización del sector
salud; y 2001-2010: decadencia de las instituciones de salud pública y
persecución contra los trabajadores sindicalizados, los dos últimos abren la puerta
hacia la situación de represión que empiezan a vivir los trabajadores de la salud.
La segunda parte desarrolla la manera en que se dio el cambio estructural del
sistema de salud y su sistema de financiación, de cuyo financiamiento entran a
hacer parte directamente los grupos paramilitares, tomando como caso
emblemático el de la Costa Caribe descrito al final del capítulo. Finalmente, en la
tercera parte se hace referencia a la indagación personal de la investigación por
medio del análisis de las entrevistas hechas a los afiliados del sindicato Anthoc
con el fin de comprobar la pertinencia y capacidad explicativa en la hipótesis
planteada y de ser así cómo se vivió esto al interior del sindicato.
Justificación
El examen crítico de la repercusión de la acción paramilitar y las reformas
privatizadoras del sector salud es de total pertinencia para la Ciencia Política, ya
que es casi obligatorio reflexionar de manera crítica frente a las consecuencias
que estos dos factores trajeron para los trabajadores sindicalizados del sector de
la salud pública tanto organizativamente como en materia de violación de
derechos humanos bajo un contexto de conflicto armado profundamente arraigado
como el nuestro. El análisis de la coyuntura de dicho proceso, implica comprender
los factores por los cuales en un contexto de violencia paramilitar y de reformas
institucionales un sindicato como Anthoc (Asociación Nacional de Trabajadores
Hospitalarios de Colombia) se convirtió en principal objetivo de represión
teniendo en cuenta que de manera general, el sindicalismo en Colombia ha sufrido
una crisis organizativa desde los años 70 donde la tasa de sindicalización al día de
hoy es casi la misma de 1947 (4,6%), y ha descendido en los últimos años, luego
de alcanzar el tope de 13,4% en 1965 calificados como el país con el mayor
número de sindicalistas asesinados en el mundo (Cuellar, 2009, p. 357).
Por tanto su importancia radica en cómo la combinación de elementos políticos y
de violencia directa fueron cambiando poco a poco el significado y la praxis de los
sindicatos del sector salud en Colombia, con la particularidad de que en este
proceso influyeron funcionarios públicos que tenían la facilidad de modificar las
reglas de las instituciones o de crear nuevas leyes que sirvieran de marco para
facilitar la corrupción, el fraude electoral, y la desviación de recursos que fueron
cerrando cada vez más el espectro de espacios de debate y deliberación a los
cuales tenían acceso los sindicalistas hace más de diez años y que hoy se
encuentran.
Esto deja el interrogante de cómo los sindicatos deben o pueden asumir hoy su
accionar y organización, de cara a una sociedad desigual y altamente excluyente
con un conflicto social, político y armado para luchar por obtener reconocimiento,
vigencia y pertinencia de su existencia frente a la sociedad y los trabajadores ya
que las modificaciones institucionales llegaron a tal punto de resquebrajamiento
del sector que en la actualidad la gente evita hacer parte de estas organizaciones
ya sea por su estigmatización o por la flexibilización laboral que dispersa a los
trabajadores.
Pregunta de investigación
¿Cuáles son las razones y factores por los cuales en el contexto de la aplicación
de la ley 100 de 1993 y de violencia paramilitar, un sindicato como Anthoc se
convirtió en objeto de ofensiva violenta por parte de los paramilitares?
Hipótesis general
Se parte de la hipótesis, de que la violencia directa ejercida por los paramilitares y
el papel que desempeñaron ciertos políticos en la implantación de la ley 100 de
1993 no se dieron de manera paralela, sino que por el contrario están íntimamente
relacionadas en su accionar a tal punto que hubo una alianza entre estas dos
facciones durante el periodo de 2002 a 2008 para debilitar la organización sindical.
Hipótesis secundaria
Anthoc representa un proceso de organización que le dio fortaleza cuantitativa y
cualitativa a los sindicatos del sector salud, y que en su perspectiva de lucha se
opuso a las reformas neoliberales de privatización. Al convertirse en opositor, esto
se reflejó desde la estrategia paramilitar en una concepción de enemigo y de
obstáculo a su proceso de cooptación de recursos de la salud.
Objetivos específicos
- Detectar y analizar las consecuencias que el ejercicio de la medicina en un
contexto de guerra produjo la persecución por parte de los actores armados
enfrentados entre sí hacia los trabajadores de la salud.
- Conocer la lucha del sindicato Anthoc en medio del conflicto para resistir al
proceso de privatización y violación de derechos humanos contra sus afiliados.
- Mostrar la combinación entre la violencia y los efectos de la reforma que
contribuyeron al debilitamiento de los sindicatos del sector salud.
Marco teórico
La discusión sobre la violencia contra sindicalistas ha retomado fuerza los últimos
años debido a los debates alrededor de los Tratados de Libre Comercio (TLC) que
se esperaba firmar con Estados Unidos y Europa, ya que una de las mayores
objeciones a la aprobación del acuerdo, que expresaba Estados Unidos era la
crítica situación que ubicaba a Colombia como el país con el mayor número de
sindicalistas asesinados en el mundo (Archila et al,. 2012, p. 11). De esta manera
se emprenden una serie de estudios sobre el tema con el apoyo de Naciones
Unidas para ofrecer herramientas analíticas e informativas que permitan
comprender un problema o fenómeno derivado del conflicto social y armado que
ha vivido el país.
En este contexto, el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por
la paz (Cinep/PPP) participó en dicho trabajo el cual se materializo finalmente con la
publicación del libro: “Violencia contra el sindicalismo, 1984-2010” en el año 2012
y que servirá además de sustento empírico, de base teórica para la presente
investigación al hacer referencia al impacto que la violencia ha producido en los
sindicatos y en la capacidad de lucha de los mismos para el sector de la salud.
Violencia y factores económicos como primeras fuentes de debilitamiento del
movimiento sindical
Según dicha investigación: “la violencia contra los trabajadores sindicalizados –
independientemente de sus generadores y de sus móviles-, además de ser una
constatación dramática de la crisis humanitaria que vive el país en los tres últimos
decenios, termina produciendo el debilitamiento del sindicalismo, y en algunos
casos su aniquilación. Este proceso está acompañado de otros factores globales y
nacionales que debilitan el sindicalismo en Colombia, derivados del modelo
aperturista que afecta la capacidad productiva industrial y agropecuaria e
informaliza más la economía nacional, junto con la desregulación y flexibilización
de la fuerza de trabajo –políticas que se articulan con lo que comúnmente se
conoce como neoliberalismo” (2012, p. 16).
Por tanto, además del evidente daño que causa la violencia contra los
trabajadores sindicalizados, el contexto socioeconómico y político es una variable
que adquiere importancia a la hora de analizar las particularidades de los casos,
como lo es el de la salud pública en esta investigación. Pues no se puede dejar de
lado los efectos devastadores que la ley 100 de 1993 tuvo no solo sobre el
sistema de prestación del servicio a nivel nacional, sino sobre los trabajadores
organizados en regiones con presencia paramilitar y políticos adscritos a este
grupo armado.
Se recurrirá entonces a la definición de trabajador sindicalizado aportada por el
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en la investigación
del Cinep para delimitar su significado acorde a este trabajo: “es aquella persona
que deriva el sustento individual o familiar de su propio trabajo y que está afiliado
o afiliada a un sindicato como forma de organización del amplio mundo del
trabajo”. Por tanto, el sindicato: “es la asociación de trabajadores de una misma
profesión, oficio o especialidad constituida para el estudio, desarrollo y defensa de
los intereses comunes a su profesión sin repartición de beneficios” (2012, p. 18).
La cual, como se explicará más adelante ha sufrido cambios a lo largo de la
historia.
Otro elemento crucial que se ha visto violentado y arrebatado por la continua
violación de derechos humanos contra los trabajadores sindicalizados es el de la
autonomía definida por Mauricio Archila y los demás investigadores del Cinep
como: “La capacidad de los sindicatos de proponerse fines propios y obrar en
consecuencia, sin interferencias de los demás actores del mundo social, cuentan
con ideas y prácticas políticas e incluso sus dirigentes y bases pueden militar en
algún partido. Se parte del supuesto de que los trabajadores no están aislados de
la sociedad, pero para que puedan actuar en medio de las múltiples relaciones
que encaran requieren contar con autonomía” (2012, p. 19). Cabe aclarar, que al
igual que la violencia las políticas privatizadoras de mediados de los años 90 y su
eventual aplicación fueron una manera directa de afectar el funcionamiento interno
de los sindicatos, que es algo que mide su fortaleza y capacidad de acción.
Esta aparente combinación entre violencia y reformas institucionales que ha ido
debilitando al trabajador sindicalizado, al sindicato al que pertenece y por ende
rompiendo con la autonomía que lo rige, ha generado también una respuesta por
parte de los sindicatos, por medio de elementos como la huelga, el paro de
actividades laborales, mitin, movilizaciones etc. Que son muestra de un alto nivel
organizativo y de acción colectiva de los sindicatos en momentos en donde se
hace difícil la negociación con el gobierno, que éste ha incumplido algún pacto o
como en el caso colombiano por la constante violación de derechos humanos que
además quedan en la impunidad.
Paramilitarismo, economía y política
Ahora, ya definidos algunos conceptos y siguiendo con los objetivos de esta
investigación es pertinente hacer referencia a la teoría que sustenta la hipótesis de
la relación entre paramilitares y políticos del gobierno, que al planear robarse los
recursos de la salud pública a nivel nacional, vieron en el movimiento sindical el
principal obstáculo y emprendieron una arremetida violenta en contra de los
trabajadores sindicalizados de este sector. Con ello, los sindicatos fueron
atacados en doble vía, la legal que hace referencia a las reformas institucionales,
y la ilegal que hace referencia a la violación de derechos humanos ejercida en
regiones del país con presencia de los grupos paramilitares como lo es el caso de
la Costa Caribe, Casanare, Urabá entre otros y a la corrupción de los funcionarios
públicos en complicidad con este grupo armado irregular.
Para esto se tomará como sustento la teoría de La Reconfiguración Cooptada del
Estado desarrollada por Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo en su libro: “Redes
ilícitas, y reconfiguración de Estados” que presenta las siguientes características:
“la (RCDE) sucede en situaciones de corrupción sistémica y captura del Estado1 en
las que se observan las siguientes características: participación de individuos y
grupos sociales legales e ilegales; beneficios perseguidos no solo de carácter
1 La captura del Estado es definida como la intervención de individuos o grupos económicos legales en la formulación de leyes, decretos, regulaciones y políticas públicas. Esta influencia, por lo general se da con el propósito de obtener beneficios económicos de corto y largo plazo, con la particularidad de que pueden llegar a intervenir grupos ilegales con capacidad de ejercer violencia (Hellman y Kaufmann, 2001).
económico sino penal e incluso de legitimación social; coerción y establecimiento
de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno; y afectación de
diferentes ramas del poder público y diferentes niveles de la administración” (2012,
p. 22 ).
De esta manera, la RCDE se define como la acción de grupos legales e ilegales,
que a través de prácticas ilegales buscan sistemáticamente, desde adentro,
modificar el régimen político e influir en la formulación, modificación, interpretación
y aplicación de las reglas del juego y las políticas públicas. Estas prácticas se
desarrollan con el propósito de obtener beneficios sostenidos y asegurar que sus
intereses sean válidos política y legalmente, así como obtener legitimidad social
en el largo plazo, aunque esos intereses no sigan el principio fundamental del
bienestar social (Garay y Salcedo, 2012, p. 22).
Por tanto, se habla de cooptación para resaltar la “alienación” o “coordinación” de
intereses de los agentes públicos y privados. En este sentido, la RCDE es un
proceso en el que siempre se contempla la participación de funcionarios públicos,
entre otros agentes sociales, que están cooptando o que están siendo cooptados.
Dicho proceso en que tales funcionarios públicos cooptan o son cooptados,
permite la coordinación de intereses y acciones entre agentes privados, legales e
ilegales, con agentes que gozan de facultades y funciones públicas. Así las reglas
de juego que conforman las instituciones formales son reconfiguradas desde
adentro del Estado; es decir, mediante la manipulación de las instituciones del
Estado para lograr su propia transformación en función de intereses criminales
(Garay y Salcedo, 2012, p. 22).
Hay evidencia de que Estados descentralizados con democracias débiles
configuran un entorno propicio para la captura de autoridades en el nivel local. Por
este motivo, en algunos Estados se desarrollan procesos de captura y de
reconfiguración cooptada que inician en el nivel descentralizado, lo cual se ha
denominado como procesos de abajo-hacia-arriba (bottom-up), con afectación
inicial en los niveles locales de la administración pública. Este escenario peligroso
en términos institucionales aparece cuando debilidades técnicas y administrativas
del nivel local se combinan con la presencia de redes y agentes ilegales con fuerte
capacidad para ejercer la violencia (Garay y Salcedo, 2012, p. 23).
En estos casos, gracias a distintos procedimientos de captura institucional como la
captura instrumental de partidos y de políticos, el funcionamiento del órgano
central de la actividad legislativa es infiltrado, cooptado y puesto al servicio de
intereses perversos, contrario a la vigencia de un verdadero Estado de Derecho.
Esto quiere decir que es posible encontrar escenarios de captura en los que
agentes sociales o grupos ilegales intervienen también en procesos legislativos y
públicos y, sobre todo, es posible encontrar escenarios en los que agentes con
funciones públicas inician la interacción necesaria con grupos-agentes ilegales
para aprovechar el ejercicio de la violencia. En este último caso ya no se habla de
captura, en estricto sentido, sino de cooptación (Garay y Salcedo, 2012, p. 24).
Por citar algunos ejemplos, Salvatore Mancuso, por su parte apoyó varias
candidaturas al Congreso en el año 2002 en el año 2002, pero les hizo firmar a
sus socios el llamado Pacto de Ralito. Cuando dichos políticos no respaldaron
debidamente en el proceso de desmovilización filtró el pacto y desencadenó el
enjuiciamiento de varios de ellos. Jorge 40 también les hizo firmar varios pactos a
los políticos que recibieron su apoyo (el Pacto de Chivolo y Pivijai); alias “el
Alemán” forjó el pacto por una Urabá grande y unida; Alias “Martín Llanos”
promovió el pacto de Coordinación en el Casanare y también se dieron pactos
electorales en Caldas y el Magdalena Medio, que a la postre fueron descubiertos
por la justicia y han servido de prueba para judicializar a los firmantes (Arcanos,
2008, 12 de noviembre, p. 62 ).
Además de la distorsión en la competencia electoral, la acción de los grupos
armados paramilitares tuvo un efecto detonante en la corrupción pública. Del
clientelismo, el cohecho y el soborno se pasó a la captura masiva de recursos y
negocios públicos mediante cambios legales, exenciones tributarias, esquemas de
concesión, contratos de estabilidad etc. (López et al., 2010, p,56). Como fue el
caso de la ciudad de Barranquilla con Dieb Maloof, quien se encargó de robar
todos los recursos de la salud pública destinados a la ciudad por medio del saqueo
a la ESE José Fulgencio Padilla en complicidad con Jorge 40.
Según Garay, procesos sistemáticos y sostenidos de CdE pueden llegar a constituir
una forma de impunidad institucionalizada y derivar en procesos socio políticos de
reconfiguración cooptada del Estado en los que “un grupo intenta infiltrar y
usufructuar parcelas del Estado para luego reconfigurarlo con el fin de responder y
servir a sus propios intereses” (2012, p. 59).
2. Organización y lucha social de los trabajadores de la salud
2.1 Inicios: caracterización y surgimiento de los sindicatos de salud
El sindicalismo en Colombia ha cambiado acorde con las dinámicas económicas,
políticas y sociales que ha enfrentado la sociedad, y esto a su vez ha configurado
sus funciones y significado de manera formal y práctica. La definición originaria
que reconoció la legitimidad al fenómeno sindical fue la Ley 83 de 1931 que se
mantiene hasta el día de hoy, y ha sufrido ciertos ajustes2. Por ejemplo, en el
Código Sustantivo del Trabajo de 1950 se especificó que los sindicatos eran de
cuatro tipos: de base o empresa, de rama industrial, gremiales y de oficios varios3,
y consagró además las condiciones para el ejercicio de la actividad sindical para lo
cual prohibió la actividad política partidista de los sindicatos, aspecto que
desapareció con la Ley 50 de 1990 y fue ratificado por la Constitución de 1991
(Archila et al., 2012, p.19).
Por tanto, a partir de ese momento el sindicalista ya no solamente se iba a ocupar
de los aspectos reivindicativos de su gremio sino que iba a poder proyectarse en
otros espacios políticos más amplios si así lo quisiere. Dicho cambio determinará
el contorno bajo el cual el trabajador sindicalizado llevara a cabo sus relaciones
2 Según la investigación del Cinep 2012: “Se llama sindicato la asociación de trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad constituido para el estudio, desarrollo y defensa de los intereses comunes de su profesión sin repartición de beneficios” 3 Artículo 373 del Decreto 2663 de 1950.
laborales, que a su vez estarán marcadas por el modelo de desarrollo del
momento. Para esto se tomaran los tres modelos de relaciones laborales que han
predominado en Colombia y sobre los cuales se ha apoyado la actividad sindical
(Ibíd., p. 20): a comienzos del siglo pasado durante 1910 y 1920, el sindicalismo
colombiano no tenía reconocimiento legal y soportaba todo el peso de un modelo
económico precario con extensas jornadas de trabajo y salarios que dependían de
la bondad de los empresarios; entre los años 1930 y 1980 el país empezó a
experimentar el modelo de relaciones “fordistas”, asentadas en el empleo formal,
la contratación colectiva institucionalizada y el reconocimiento sindical, en el
marco del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones que predominó
en América latina hasta los años 80; finalmente, a partir de 1990, en medio de la
apertura económica y la desregulación laboral, que debilitan hondamente la
actividad productiva industrial y agraria, y flexibilizan la contratación de la fuerza
de trabajo, tomaron cuerpo la formas de relación laboral que debilitaron el
sindicalismo y todo lo que hasta el momento los sustentaba.
En Colombia, como en casi toda América Latina, el segundo periodo descrito fue
la época de auge del sindicalismo, pues creció notablemente su afiliación y obtuvo
reconocimiento y ampliación de derechos civiles y políticos como también sociales
y económicos (Calderón, 1995). Sin embargo esto no significa que los cambios en
las relaciones laborales en Colombia se deban ver de manera lineal ya que a lo
largo del territorio nacional estos procesos no se han dado de manera
homogénea, ya sea por las condiciones propias de cada región o por la
precariedad de la acción del Estado o la ausencia suya y de sus instituciones.
De manera general, el sindicalismo en Colombia ha sufrido una crisis organizativa
desde los años 70. La tasa de sindicalización al día de hoy es casi la misma de
1947 (4,6%), y ha descendido en los últimos años, luego de alcanzar el tope de
13,4% en 1965 (Cuellar, 2009, p. 357). A pesar de esto, y como se expondrá a
continuación específicamente en el sector de la salud, la actividad sindical ha
sobrevivido a las consecuencias del conflicto armado y de apertura económica,
con la diferencia que poco a poco el peso de su actividad se ha ido trasladando de
la industria manufacturera y el transporte al sector de servicios y en especial a los
trabajadores del Estado, que presentan las mayores tasas de sindicalización,
organización y visibilidad contestataria (Archila et al., 2012, p. 23).
Uno de los rasgos característicos de los sindicatos del sector salud y en particular
el gremio que luego representó Anthoc desde sus inicios, es que en su gran
mayoría lo componen mujeres, lo cual se convirtió casi que en una escuela de
formación de lideresas que en los primeros veinte años de consolidación llevaron
a cabo reivindicaciones importantes. Ejemplo de ello fue uno de los primeros
sindicatos ANALFERAUS (Asociación Nacional de Enfermeros y auxiliares) que
aglutinaba cerca de veinticinco mil o treinta mil auxiliares de enfermería del país y
que fue el punto de partida o la base por medio de la cual a mediados de los años
70 se crea ANTHOC con el apoyo de la CSTC (Confederación Sindical de
Trabajadores de Colombia) y después de un largo proceso de concientización de
lucha se unen más sindicatos del sector para lograr constituirse como un solo
sindicato de rama4.
Con la creación del Plan Nacional Hospitalario mediante la ley 12 de 1963 y el
Decreto Ley 3196 de 1965, el derecho de asociación sindical, negociación y
contratación colectiva y huelga en el sector de la salud ha estado ligado a distintos
procesos históricos del país en materia institucional ya que la gran mayoría de las
entidades de asistencia social tuvieron su origen en la iniciativa de comunidades
religiosas o personalidades locales, que pusieron a disposición bienes y recursos
para la construcción de dispensarios médicos y posteriormente de hospitales.
A mediados de los años 70 la Confederación Sindical de Trabajadores de
Colombia (CSTC) crea la primera organización perteneciente al sector industrial de
la salud, la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales, Clínicas y
Consultorios (Anthoc), que luego amplía su cobertura y se llama Asociación
Nacional de Sindicatos de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la
Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia. Sin embargo,
cabe anotar que desde 1958 existía ya otra organización de profesionales médicos
4 Méndez, E. (2013, 5 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá
llamada Asociación Médica Sindical (Asmedas), la cual se mantiene vigente y en
donde el accionar de sus afiliados no se limita a lo sindical.
A partir de entonces los trabajadores de la salud pública se convierten en uno de
los sectores más visibles y luchadores en dos vías, por la mejora de los servicios
que le prestan a la población y por la creciente violencia de la cual han sido
víctimas debido al conflicto armado y social que vive el país, lo cual los ha
debilitado significativamente tanto en su composición como en su capacidad de
movilidad. Al ser asalariados públicos, son excluidos del régimen de negociación
colectiva y del derecho a la huelga por la legislación laboral, ya que están
catalogados como empleados públicos de servicios esenciales, situación que no
ha cambiado hasta el día de hoy pero que no les ha impedido organizarse y
establecerse en el campo gremial de manera fuerte y consolidada.
Pero no solo el conflicto social y armado ha sido el causante del debilitamiento del
sindicato del sector salud, la crisis financiera del sector público y la corrupción
administrativa en los hospitales y en la totalidad del Sistema Nacional de Salud ha
hecho que los trabajadores vayan a la protesta decididamente. Esta etapa se
ejemplifica en la huelga que hasta la fecha se considera la más impactante de ese
sector llevada a cabo entre el 6 de septiembre y el 26 de octubre de 1976 por los
trabajadores del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (Icss), en donde se
opusieron nacionalmente a ser clasificados como empleados públicos por las
limitaciones en el derecho a la huelga en condición de tales, lo cual derivó en
múltiples despidos pero unificó a médicos internos y residentes, a los estudiantes
de las facultades de medicina y a las enfermeras en la actividad sindical; todo un
proceso que dio paso al fortalecimiento cualitativo y cuantitativo de los
trabajadores de esta rama (Archila et al., 2012, p. 323).
Dicha situación fue el motor de impulso para la legitimación de la protesta de un
sector considerado por muchos como privilegiado por su condición de trabajadores
públicos, que en la década de los 80 llevó a cabo acciones mucho más
contundentes para el aumento de salarios, una pronta solución a la crisis
hospitalaria y la defensa del Instituto de Seguros Sociales (ISS) como institución
pública al servicio de los trabajadores y contra los planes de privatizarlo (Archila et
al., 2012, p. 324). Muestra de este proceso se ve en el aumento anual de
huelguistas que paso de ser 8.956 en la década de los 70 a 19.243 en la de 1980
(Archiila y Delgado, 1995, p. 164)5.
Además del gran número de personas que se unieron a la lucha sindical en estos
primeros veinte años, hay que resaltar el papel político y dirigente que
desempeñaron los sindicatos más representativos de sector público como lo fue el
caso de Anthoc, la Asociación Médica Sindical (Asmedas), la Asociación Sindical
de Médicos Internos y Residentes (Anir), la Federación Nacional de Trabajadores
de la Salud (Fentrasalud) y el Sindicato Nacional de empleados de la Salud y la
Seguridad Social (Sindess), que propendieron por establecer una relación
estrecha con las comunidades a nivel local y regional, pauta primordial para lograr
actuar con mucha más conciencia y contundencia (cese de actividades laborales y
movilizaciones) y poder fortalecerse internamente.
Bajo las condiciones anteriores, el agudo fortalecimiento de la organización
sindical expresado en su capacidad de convocatoria a la huelga para la década de
los 80 se superpone a la creciente dimensión del conflicto armado por lo que la
seguridad de los trabajadores de la salud se empieza a poner en riesgo debido a
los señalamientos que reciben por parte del Estado como aliados de los grupos
guerrilleros, situación que los llevó a ser tratados de manera represiva y
estigmatizadora. Se exponen además a la violencia política por el hecho de
prestar un servicio a la población, ya que en su condición de labor profesional
deben atender a las personas sin distinción alguna, sea guerrillero o paramilitar.
Sumado a esto, su conocimiento, herramientas de trabajo, sitio de trabajo y
medios de transporte, son apetecidos por los grupos armados de cualquier tipo, y
es allí precisamente donde está el riesgo, en decidir bajo su criterio profesional o
personal prestar el servicio a un grupo determinado o a sus opositores.
5 Cabe aclarar que en dicha investigación se especifican las categorías de: huelguistas y huelgas, ya que puede haber un gran número de huelguistas pero una baja cantidad de huelgas o viceversa.
2.1.1 Principales periodos de lucha: resistiendo a la violencia y a la privatización
Ahora bien, para poder ver la forma en que el sector salud ha soportado esta
represión al mismo tiempo que ha dado su lucha, se analizarán periodos de
tiempo significativos en este ámbito que den muestra de las variables políticas,
económicas y sociales que han determinado su actividad interna y externa.
2.1.2 Primer periodo: final de los 80 y principios de los 90
La reivindicación principal de los sindicatos para esta época consistió en lograr
que el gobierno no los convirtiera en empleados públicos. Santander fue el
epicentro de movilizaciones y a la vez de las violaciones de derechos humanos
contra sindicalistas en donde la detención arbitraria fue la figura predominante de
represión, como respuesta la toma de instalaciones fue la forma de protesta más
contundente seguida de la huelga (Gráfica 1). Dando paso a partir de 1987 a los
asesinatos que se hicieron frecuentes también en la ciudad de Medellín y otras
partes del país (Archila et al., 2012, p. 333).
Para este momento surge el asunto de la descentralización presupuestal y las
transferencias del gobierno central a los departamentales, situación que se va a
prolongar en los años siguientes y que va a tener consecuencias que recaerán
inevitablemente en los trabajadores de este sector. Para la década de los 90 la
acción sindical de los trabajadores de la salud iba en aumento, pues en 29 de los
32 departamentos esta se manifestó y en particular en los pertenecientes a la
Costa Atlántica que representaban el 41% de la participación total. En este periodo
la ineficacia administrativa de las autoridades departamentales y municipales para
atender los pagos de los trabajadores de manera oportuna, generó que el índice
de protestas y retenciones laborales aumentara significativamente al tiempo con el
de la violación de derechos humanos como lo fue el caso de Atlántico, Bogotá y
Santander, mientras que en Arauca, Antioquia, Cauca, Tolima y Caquetá el índice
de violencia (específicamente asesinatos) fue mayor al de la protesta (Archila et
al., 2012, p. 335).
2.1.3 Segundo periodo: 1991-2000
Con lo anterior, se puede ver como el aumento de la lucha sindical en la salud
pública para este periodo significó también el aumento de la violación de derechos
humanos, siendo el asesinato la modalidad más empleada a nivel nacional
(Gráfica 2). De dicha apreciación, aunque por lo general en la mayoría de los
casos no se disponga de la información de los responsables, son los paramilitares
los que predominan casi en la totalidad de los casos. Se presentó también
complicidad entre las Fuerzas Armadas y paramilitares, como lo fue el secuestro y
asesinato de Jorge Eliécer González, presidente de la seccional de Anthoc en
Natagaima y miembro de la directiva departamental de esa organización, su
cadáver fue encontrado el 27 de noviembre de 2001 cerca de la base militar de El
Paso de la Barca, Tolima. De esta manera los paramilitares empezaron a debilitar
la actividad sindical de este sector en las diferentes regiones del país; para el 8 de
agosto de 2000 asesinaron a cinco trabajadores de la Clínica Primero de Mayo en
Barrancabermeja y dos días después eliminaron a Diego Fernando Gómez,
dirigente de Sintraiss en Barrancabermeja (Archila et al., 2012, p. 335).
El 2 de septiembre de 2001, Carmenza Pungo, trabajadora del Hospital Santa
maría de El Tambo, Cauca, y dirigente del Comité de Reclamos de la seccional de
Anthoc, fue torturada y asesinada por las AUC junto con otro líder de la región, a
raíz de este hecho y de las consecuencias de la política de terror y persecución
selectiva de los paramilitares, los presidentes de las seccionales de Anthoc en el
Tambo y Mercaderes debieron salir de la región junto con su familia. Y por último,
entre muchos otros casos por nombrar, donde las denuncias sindicales no eran
atendidas por el Estado, a mediados de mayo de 2001, los paramilitares
asesinaron al presidente de la seccional de Anthoc en Barranquilla Ricardo
Orozco, hecho que produjo una gran preocupación por parte de los afiliados a este
sindicato pues estaba amenazada la mitad de la junta directiva nacional, los
presidentes de quince seccionales, ciento sesenta directivos y más de trescientos
afiliados que habían sido desplazados forzosamente de sus lugares de origen
(Archila et al ., 2012, p. 341).
Además de los escenarios de violencia anteriormente descritos, la expedición de
la ley 100 de 1993 influyó en el comportamiento de las luchas sociales y en la
acción sindical del sector salud, pues terminó debilitándolos a la par de la
violencia. Sin embargo, llama la atención que inmediatamente expedida la ley no
hubo mayor número de movilizaciones. Parte de esta situación se debe al tiempo
que tardó en hacer efecto dicha ley promovida por el entonces senador Álvaro
Uribe Vélez, que restructuró el sector y lo involucró en una lógica mercantil
poniéndolo a competir, y fortaleciendo las Empresas Promotoras de salud (EPS) y
las Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) al focalizar los recursos
públicos dichos factores de demanda.
Aunque declaró la defensa del ISS y la cobertura universal del nuevo sistema de
salud, la creciente informalidad laboral (consecuencia de la apertura económica)
acompañada de un régimen contributivo que disminuía y uno subsidiado que
aumentaba rápidamente, y la liquidación de la Caja de Previsión Social de
Empleados y Obreros Nacionales (Cajanal) que afectó directamente el régimen
pensional de los trabajadores del Estado, llevaron a que esas dos condiciones se
desdibujaran en lo absoluto, pues en un principio Anthoc, que logró un incremento
salarial, no se opuso a la ley, al considerar favorable y fundamental la
preservación de la ISS y la cobertura universal del nuevo sistema de salud.
Al entrar en vigencia la ley 100 en 1996, los sindicatos de salud empezaron a ver
los efectos negativos y decidieron prepararse para enfrentarla convocando a
numerosas protestas, pero ya la crisis hospitalaria había avanzado a tal punto que
para el año 2000 enfrentaban un creciente déficit por lo cual varias de estas
entidades dejaron de existir, pues los recursos que antes recibían directamente del
Estado, eran ahora destinados a las EPS como nuevas intermediarias del sistema,
que al acarrear con tales problemas de corrupción no cumplían con su función,
evidentemente.
2.1.4 Tercer periodo: 2001-2010
En este contexto, se describirá ahora el último periodo, en donde las políticas
públicas propendían por la restructuración y fusión de hospitales y centros de
atención médica. Ello acarreó el creciente aumento de despido de trabajadores, el
incumplimiento en el pago de servicios a los hospitales por parte de las ARS y EPS,
los déficits presupuestales en los centros de atención médica, la privatización de
las entidades de salud a través de la entrega de servicios a particulares, el recorte
de las transferencias territoriales, y el diseño de planes de desarrollo y
transformaciones en el régimen de seguridad social. Aspectos que a su vez fueron
la motivación de las luchas que se incrementaron por la reapertura de hospitales
que habían sido cerrados ya hace algunos años.
La violación de derechos humanos siguió siendo algo preocupante para los
sindicalistas de la salud pública, con la particularidad que para este periodo la
modalidad más empleada fue la de amenaza de muerte (Gráfica 3), podríamos
nombrar algunos casos: el asesinato de Carlos Barrero Jiménez, enfermero del
Hospital General de Barranquilla y miembro de Anthoc el 23 de julio de 2003,
perpetrado por un grupo denominado “Muerte a Sindicalistas”. Días después Yezid
Camacho, presidente de Anthoc y miembro del consejo de seguridad de esa
ciudad, manifestó: “aquí hay un Estado y un para- Estado, que están combinado
para imponer una política a los colombianos, aquí podemos solucionar cosas
como carros, escoltas, y algunos recursos, pero lo que realmente queremos es
que el Estado garantice el derecho a la salud, a la existencia de hospitales
públicos y a la vida de los sindicalistas” (Archila et al., 2012, p. 344).
2.1.5 El Paramilitarismo
De esta manera aumentan los casos de amenaza a los sindicalistas por conducto
de las AUC mediante sufragios y comunicados firmados por ellos mismos y por un
grupo denominado Masin (Muerte a Sindicalistas) que se adscribió a los
paramilitares. Como se anotó anteriormente la profesión médica es riesgosa y
despierta enemigos de todo tipo, en un contexto de conflicto donde el actor
armado contrainsurgente se encuentra vinculado de diversos modos a una porción
considerable de actores políticos nacionales, regionales y locales . En un reporte
hecho por El Tiempo, basado en información brindada por Anthoc en el año 2004,
se afirmaba “que entre enero de 2001 y septiembre de 2003 fueron detenidos 24
médicos por haber prestado auxilio a actores armados” (principalmente
guerrilleros). El informe de este diario estableció que para ese año habían sido
capturados 16 trabajadores de la salud, ocho de ellos en el Cauca (Archila et al.,
2012, p. 348).
Los casos son numerosos, no solamente en la Costa Atlántica sino también en
Casanare, Arauca y Caquetá, en donde muchas veces los paramilitares y
miembros del gobiernos justificaban sus actos argumentando que los trabajadores
asesinados tenían vínculos con la guerrilla y que por tanto habían muerto durante
un enfrentamiento.
A pesar de la fuerte represión las movilizaciones seguían en pie para protestar en
contra de los crímenes del paramilitarismo y las constantes amenazas a los
familiares de las víctimas que en algunos casos eran también testigos de los
hechos. Sin embargo, era de esperarse que para ese entonces la mayoría de los
trabajadores del sector salud fueran a evitar sindicalizarse por los evidentes
riesgos que ello suponía. Debido a la tercerización de los contratos, el 80% de los
280.000 empleados del sistema estatal de salud no son trabajadores de planta lo
cual genera un índice de sindicalización bastante bajo (Archila et al., 2012, p. 352).
Estamos hablando entonces de dos aspectos que al combinarse, cierran casi que
totalmente el espectro de acción y organización del trabajador de la salud.
La violencia que se desató contra este sector articula una serie de procesos
locales y regionales en donde la obtención de los recursos públicos es el foco de
violencia y corrupción que fueron debilitando el sindicalismo de manera mucho
más profunda con la implementación de la ley 100 de 1993 como se explicó
anteriormente, en donde no solamente el trabajador afiliado teme por su vida,
también se arriesga a ser despedido y a tener que soportar las consecuencias de
la privatización de un servicio que presta, entre ellas que su sitio de trabajo cierre
las puertas por déficit presupuestal.
3. Paramilitarismo, economía y política.
3.1. Contexto de la relación entre actores legales e ilegales
En este capítulo se analizara la forma en que parte de la elite política del país se
sirvió de los paramilitares para llegar por la vía electoral al congreso (proceso que
inicia con la nueva Constitución de 1991). Más allá de la violencia ejercida a nivel
nacional por este grupo ilegal contra los trabajadores sindicalizados, se hizo
necesaria la llegada de ciertos de sus integrantes a la arena legislativa, donde una
vez posicionados, llevaron a cabo reformas que fueron en detrimento de la
sociedad, y para este caso de los trabajadores que prestan el servicio de la salud,
como lo fue la ley 100 de 1993, la cual partió en dos la vida orgánica de sindicatos
como Anthoc donde su identidad y proyecto de lucha se vio afectado de manera
significativa. Por tanto la intención acá es ver la repercusión que la combinación
de violencia y política tuvo sobre este sindicato en particular al tiempo que
paramilitares y políticos iban llevando a cabo el proceso de cooptación de los
recursos de la salud.
Habría que empezar haciendo referencia muy brevemente a como este grupo
ilegal empezó a tener peso en la vida política del país. En la década de 1970 los
baronatos liberales en Antioquia, el eje cafetero, la Costa Caribe y el Valle, entre
otros, encabezaron el fenómeno de alianzas anti-subversivas entre actores
violentos legales e ilegales, que hasta 1995 y bajo presión de Estados Unidos
actuaron libremente y no fueron capturados ni asesinados, lo cual evidencia una
fuerte complicidad de este fenómeno con el Estado (Gutiérrez, 2007, p. 10). Cabe
anotar que hasta allí su accionar no trascendiera a escenarios políticos concretos
como sucedería años más tarde, ya que hasta este momento se constituían en la
lógica de autodefensas, y va a ser luego con el paramilitarismo que empieza un
plan de expansión territorial, acumulación de riqueza y representación política.
La dinámica política que impone el Uribismo es el agrupamiento de una gran
cantidad de políticos vinculados a las autodefensas en el nivel nacional de la
política. Esta dinámica indica que no ha habido en las últimas décadas ningún otro
grupo con tanta capacidad de influencia en la política como hasta el momento lo
han sido los paramilitares, pues manejan el poder local y a la vez son receptores
de una cadena de mando más grande en la cual pueden hacer parte de las
decisiones nacionales (Ibíd.: p. 13). Ante esto, los sindicatos de salud iban a ser
considerados como un obstáculo, debido a la resistencia que oponían frente a las
distintas reformas dictadas por el congreso y a la misma violencia.
Pero la relación con los políticos contiene aspectos diferentes, es complicada de
parte y parte. Los paramilitares cuentan con el recurso de la coerción y la
violencia, que pueden vender y a la vez usar en contra de sus socios, por tanto,
poseen una autonomía fuerte así hayan sido financiados por entes estatales,
empresarios o trabajadores, situación que les ha proporcionado en muchos casos
un lugar central en la redes establecidas en departamentos como por ejemplo el
Casanare (López et al., 2010, p. 25). Con lo anterior, se podría pensar que existe
cierta subordinación a este grupo ilegal, pero estos últimos presentan serios
problemas organizativos, de acción colectiva, se encuentran en permanente
disputa entre si y necesitan que la sociedad no pueda identificar a los empresarios
o políticos como contratistas suyos, lo cual les da un amplio margen de maniobra
a estos últimos, pues no cabe duda que han sido los políticos quienes han usado a
los paramilitares para maximizar su éxito electoral, lo que pasa es que al ser una
relación poco honesta, cada uno cuenta con fuertes recursos coercitivos hacia el
otro (Ibíd.: p. 24).
Esto se hace más evidente cuando empezaron a revelarse las primeras
investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris en 2005 sobre los posibles
vínculos entre paramilitares y Congresistas, los indicios apuntaban a unos treinta
Congresistas y una decena de partidos electos en 2002 (Ibíd.: p. 29). Y 2008 la
misma investigación corrobora oficialmente que la Fiscalía General de la Nación
reportó estar investigando a 264 funcionarios públicos, 83 de ellos congresistas,
por presuntos vínculos con el paramilitarismo, cifra que para 2010 subió a 400
políticos de elección popular, de los cuales 102 son Congresistas6 (Ibíd.: p. 30).
Como lo muestra la gráfica 4, las cifras reveladas por la Unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía General de la Nación, al menos una tercera parte de los alcaldes,
gobernadores y congresistas de la última década pudieron haber sido promovidos
por el paramilitarismo y cogobernaron con ellos, y otra parte con las guerrillas
(Ibíd.: p. 30), lo que inevitablemente trajo serios efectos sobre la institucionalidad y
la política colombiana a nivel nacional. Y es allí donde se hace evidente la fuerte
relación que para éste caso existe entre violencia, política y economía, pues dicha
penetración se llevó a cabo de manera ilegal y violenta.
En 2002 los congresistas electos con apoyo del paramilitarismo obtuvieron el 34%
de las curules y más de dos millones de votos, equivalentes al 25% de la votación
para el Senado. Ocho de cada diez de esos congresistas entraron a hacer parte
de la coalición del presidente Uribe y gobernaron con él desde entonces hasta el
2006, en donde casi todos fueron reelegidos (López et al., 2010, p. 33).
De esta manera fueron confluyendo los intereses de las élites políticas y estos
actores armados ilegales, quienes decidieron dar el salto a la escena
gubernamental o política para lograr mantener sus intereses, el bipartidismo había
caducado con el fin del Frente Nacional, y era necesario crear nuevas alianzas y
facciones (que llegó a influir incluso la Constitución del 91) que salieran de allí
para dar cabida a todos aquellos políticos que venían preparándose para llegar al
Congreso por vía ilegal como se acaba de explicar; por tanto no fue solo una
respuesta política a estos cambios constitucionales, fue también una respuesta de
violencia directa a todos aquellos que amenazaran con esa nueva iniciativa que
empezaría con el mandato del presidente Uribe, entonces, que acompañado de un
gran número de congresistas se emprendería todo un andamiaje institucional que
reformara el sector de la salud pública.
6 Oficina del alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, Informe Ejecutivo, mayo de 2010.
Producto de dicha coalición, estos sectores empezaron a tener presencia en
alcaldías y gobernaciones, en instancias regionales del ejecutivo nacional, como
las universidades públicas y las Corporaciones Autónomas Regionales,
controlando también instancias regionales de carácter judicial y de seguridad,
como las Direcciones Seccionales de la Fiscalía y el DAS (López et al., 2010, p.
44). Por tanto, iba avanzando un proyecto político que al parecer necesitaba
constituirse primero por la vía electoral para luego apoderarse de las instituciones
que pudieran garantizar su estadía a largo plazo y promover sus fines, al mismo
tiempo, los cuantiosos recursos de la salud que se destinaban a las regiones del
país eran un objetivo directo para su financiación.
Para lo cual desde 2002 la mayoría de esas estructuras de poder consolidadas a
nivel regional y nacional y han confluido en unos cuantos partidos políticos
creados en los noventa o a partir de la reforma de 2003 y que no en vano se
vieron involucrados en los casos de parapolítica como lo fue el caso de Colombia
Viva, Colombia Democrática, Alas y Convergencia ciudadana, cuya creación fue
específicamente para representar los intereses de actores legales e ilegales,
mientras que en el Senado los investigados por parapolítica representan el 39%
de los miembros de la corporación, en la coalición uribista representan el 50% de
sus miembros (López et al., 2010, p. 51).
Además de la deformación de la competencia electoral, la acción de esta alianza
legal-ilegal en el Congreso pasó del uso de mecanismos como el clientelismo, el
cohecho y el soborno a la captura masiva de recursos y negocios públicos
mediante cambios legales, exenciones tributarias, esquemas de concesión,
contratos de estabilidad, zonas francas y carteles de contratación (Ibíd.: p. 57);
para este tipo de acciones se necesita contar con una importante posición política
en el gobierno y una fuerte coalición conformada por personas de alto estatus
económico, político y social que las legitimen.
De esta manera se fue tejiendo toda una red institucional y política que iba en
detrimento del sector de salud pública y sus trabajadores, poco a poco les iban
quitando su autonomía y capacidad de movilizarse frente a las demandas que
surgían, ya a causa de la violencia o de los pactos incumplidos por parte del
gobierno. Sin embargo, como muestra la gráfica 5, los sindicatos del sector salud
seguían movilizándose y resistiendo a todo este cambio, en especial desde el año
2000 y 2001 ocho años después de implantada la ley 100, ya fuera por
incumplimiento de pactos, por pliegos no dirimidos, Derechos, políticas que los
afectaban, por la represión de las autoridades etc. Si se contrasta con la gráfica 6,
las violaciones de derechos humanos y los asesinatos se intensifican
simultáneamente desde 2002 en adelante y desde allí descienden notablemente
las luchas y las huelgas del sector con muy pocos periodos de intensificación.
3.1.1. Paramilitarismo, parapolítica frente a un enemigo común: Anthoc
La ley 100 de 1993 impulsada por el entonces Senador Álvaro Uribe Vélez, que
reformó el sistema de salud y de seguridad social, dispuso las condiciones para su
privatización, que finalmente se logró diez años después, en 2003, cuando ya se
había posicionado como presidente y estaba corriendo su primer periodo (2002-
2006. Su gobierno decreto la separación de la vicepresidencia prestadora de salud
del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), y la creación de siete Empresas
Sociales del Estado (ESE) cada una con jurisdicción territorial (ver cuadro 1). Lo
que implico el cierre del Instituto de Seguros Sociales, entidad que hasta el
momento había sido la más representativa para los trabajadores del sector.
La reforma trató de presentar una modernización estatal del sector salud, lo cual
implicaba el fortalecimiento de la empresa privada, la existencia de un régimen
contributivo y no subsidiado y el comienzo de una ampliación en la cobertura de
salud. De allí se crearon la Empresas Promotoras de Salud (EPS), encargadas de
recaudar y administrar los cuantiosos recursos del sector, las Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) encargadas de la prestación del servicio, y las
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), modalidad de asociación entre los
profesionales de la salud promovida por sus empleadores, la cual reducía los
costos laborales, evitaba los derechos de asociación sin violar la ley, y sin
garantizar una mejor calidad de atención (Ávila et al., 2011, p. 16). A partir de
entonces la contratación de los servicios de salud se ha hecho entre estas nuevas
entidades y el sector público, en donde el manejo de los recursos del sector que
no son nada despreciables, pasaron de las manos del Estado a las de las
instituciones privadas.
Antes de la reforma, el Sistema de Salud funcionaba con una estructura dividida
en cuatro áreas definidas por las leyes 10 de 1990, y 60 del 12 de agosto de 1993
(Ávila et al., 2011, p. 22): el Sistema Nacional de Salud Pública que representaba
la red pública de hospitales y centros de salud; el Sistema Nacional de Previsión
de Seguridad Social que comprendía el Instituto de Seguros Sociales y las Cajas
de Previsión, manejando el régimen de salud y pensiones a nivel nacional y
territorial; el sistema docente asistencial de hospitales universitarios; y el sistema
privado como forma de operar de algunos profesionales y de las Cajas de
Compensación Familiar. Aunque estas recibían financiación de parafiscales,
tenían un carácter privado y entre sus servicios prestaban el de la salud a las
familias de sus trabajadores afiliados. El cuadro 2 muestra el funcionamiento de
este sistema y sus principales críticas.
Por tanto, se crearon las Empresas promotoras de Salud (EPS), las Instituciones
Prestadoras de Salud (IPS) como nuevos actores del funcionamiento del sistema
de salud y pensiones, y se otorgó a las cajas de compensación la posibilidad de
formar parte del nuevo sistema de seguridad social bajo el fundamento de generar
una integración de recursos entre distintas fuentes de financiación, y con el
objetivo de ampliar la cobertura y evitar la duplicidad de gasto. Con la ley 100 el
esquema de salud cambió en dos aspectos, en la estructura de las fuentes de
financiación y administración de recursos humanos, financieros y de servicios
médicos y en la infraestructura de la red de hospitales, instalaciones de dotación
hospitalaria, servicios de apoyo, etc. Y se establece la posibilidad de que
empresarios privados entren a competir en el campo de la salud, las pensiones y
los riesgos profesionales (Ibíd.: p.24).
El siguiente paso en la implementación del sistema neoliberal en la salud
(desregulación, privatización, tercerización y flexibilización de los contratos) se dio
en 1995 cuando nacen las aseguradoras, y entran a competir con las EPS bajo la
regulación estatal. La reforma establece el régimen subsidiado y contributivo, que
en lo teórico tendría como únicas diferencias las fuentes de financiación y la
población objetivo, por lo cual los planes de beneficios serían igualados para el
año 2000. Bajo esta lógica, en noviembre de 1998, la Superintendencia de Salud
por medio de la Resolución 2080 de octubre de ese año, le prohíbe a las EPS del
Instituto de Seguros Sociales admitir, por un lapso de casi dos años, nuevos
afiliados por no cumplir con el margen de solvencia necesaria y no estar
garantizada la calidad y oportunidad en los servicios de salud. El efecto inmediato
que esto causo fue que los nuevos trabajadores tuvieron que afiliarse a EPS
privadas (Ibíd.: p.24)
En 2003 inicia otro proceso de cambio del sistema de salud que finalizaría en 2006
con la aprobación del proyecto de ley No. 52. Se reconoce que no había una
cobertura universal de salud, así como problemas de desviación de recursos del
régimen subsidiado, debido a la politización en el otorgamiento de subsidios, que
se convirtieron en un medio de negociación en los espacios clientelistas.
Adicionalmente, la red de hospitales públicos agudizó sus crisis debido a las
nuevas reglas que imponía el sistema, el cual no consideraba los antecedentes
financieros del sistema como los pasivos, la dificultad para reducir costos, las
nuevas exigencias sin compensación económica, los problemas de flujo de caja, la
acumulación de cartera, entre otros (Ibíd.: p.25).
Los senadores Dieb Maloof y Eduardo Benítez impulsaron el nuevo proyecto por
medio del cual se reformaba la ley 100 y que finalmente fue aprobado el 6 de
diciembre de 2006. El objetivo de la reforma era generar nuevas afiliaciones que
cubrieran al régimen subsidiado, por medio del aumento en la base de cotización
en salud en 0,5 puntos porcentuales y establecer un cambio entre las
Administradoras del Régimen Subsidiado de ARS a Empresas Promotoras de
Salud EPS, para administrar este régimen. Para esto, en el espacio de un año se
estableció un margen de integración vertical del 30% (Vélez, 2007): “en el
contenido de la ley 100 del 93 las Empresas Promotoras de Salud tenían por
función intermediar entre el afiliado y una institución de salud (IPS), con la cual
contratarían la atención. Sin embargo, las EPS empezaron a ofrecer por sí mismas
atención en salud, construyendo sus propias unidades médicas y contratando con
las IPS sólo aquellos eventos de alto costo y alta especialidad”.
Maloof y Benítez buscaban por medio de la reforma, que los subsidios se
financiaran con los recursos destinados a la oferta, es decir con los recursos de la
red hospitalaria pública, fortaleciendo las Empresa Promotora de Salud, las
posibilidades de monopolio de estas empresas privadas para el manejo de los
recursos públicos, y las oportunidades de fraude de los paramilitares y sus socios
en las regiones en donde mandaban. De esta manera se fueron construyendo las
condiciones para apoderarse de los recursos de salud entre estos dos actores,
donde se hizo evidente la necesidad de cambios institucionales y financieros a la
par del uso de la violencia en los casos que fuera necesario mantener el poder en
la región.
En junio de 2003 la vicepresidencia de la IPS del Instituto de Seguros Sociales (que
contaba con 37 clínicas y 213 centros de atención ambulatoria o CAA en donde se
atendía a los 2´275.675 afiliados, cotizantes y beneficiarios) fue separada del resto
de vicepresidencias, dejando de ser la infraestructura hospitalaria propiedad del
Seguro Social. Al mismo tiempo se crearon por distribución geográfica del Seguro
Social siete empresas sociales del Estado (ESE), las cuales dependerían del
ministerio de Protección Social. En términos teóricos el cambio facilitaría la
administración de la prestación de los servicios de salud pública. El cuadro 3, hace
un recuento de los cambios normativos entre 1998 y 2006, mediante los cuales dio
un mayor impulso a los a los agentes privados (EPS) para el manejo de recursos
públicos, se podría decir que el paso final para debilitar definitivamente al Instituto
de Seguros Sociales (Ávila et al., 2011, p. 27).
La figura 1, muestra la transformación del sector público para fortalecer el sector
privado. Como se ha venido mostrando, las reformas fueron el punto de partida
para que, tanto actores legales como ilegales entraran a robar los recursos de la
salud pública, bajo un marco legal que les permitió crear o modificar la realidad
social y política de las regiones por medio de una red corrupta y clientelar que
además contaba con la herramienta de la coerción; esta combinación de violencia
y política es la que finalmente va a generar toda una dinámica saqueo y aumento
de violación de derechos humanos en las regiones con presencia paramilitar.
3.1.2. Servicios de salud y corrupción
Como se dijo al principio, la modernización estatal emprendida en 1993 fortaleció
la empresa privada y se demarcaron claramente las diferencias entre un régimen
contributivo y uno subsidiado de la mano de una cobertura de salud mucho más
amplia. Además de las EPS y las IPS, las Cooperativas Asociadas de Trabajo (CTA)
desempeñaron un papel específico bajo la dinámica de las reformas del sector que
promovió la contratación de trabajo asociado como contraposición al asalariado.
Por tanto, la organización de cooperativas prestadoras de servicios de salud se
convirtió en una fuente de ganancias y de poder clave en relación con las EPS
como intermediarios de la salud, pues esto abrió el camino a nuevas formas de
poder regional.
Desde el año 2000 se fue fortaleciendo la imagen de las CTA con base en la
flexibilización laboral y con ellos la racionalización de gastos. Adicional a esto, el
Ministerio de Protección dio la posibilidad de que las ESE pudieran desarrollar sus
funciones mediante la contratación con terceros o convenios con entidades
públicas o privadas a través de operadores externos, campo en el que entran a
jugar las CTA, las cuales cuentan con marco regulatorio que favorece a sus
entidades en la participación de planes de desarrollo locales y de entes
territoriales así como en la contratación con el Estado, lo cual se encuentra
estipulado en los artículos 8 y 9 de la ley 617.
Pero estos nuevos espacios de contratación y privatización dispararon la alarma
de interés de los paramilitares en sus zonas de dominio, lo cual se materializo en
prácticas clientelistas y corruptas con los líderes políticos regionales quienes se
pusieron a la orden del momento, mostrándose como únicos e indispensables
intermediarios de contratación, honorarios, descuentos y otros “favores” a quienes
a cambio les podían dar su voto. Según CONFECOOP el sector cooperativo tenía
gran peso en el Sistema de Seguridad Social pues para el 2003 (Ávila et al., 2011,
p. 38): “había cuatro EPS (régimen contributivo), nueve ARS (régimen subsidiado) y
dieciocho IPS de carácter cooperativo, lo cual significaba que de los 37 millones de
colombianos afiliados a los dos regímenes en ese año, 9´781.504 estaban
atendidos por el sector cooperativo, representando cerca de un 25% del total, una
cifra bastante significativa”.
3.1.3 La Costa Caribe como experiencia de parapolítica y de violencia ejercida
contra Anthoc
Se expondrá el caso de la costa Caribe con base en la investigación de la
Corporación Nuevo Arco Iris: “La economía paramilitar, redes de corrupción,
negocios y política” del año 2011. Allí, las reformas privatizadoras del sistema de
salud y los cambios en su financiación buscaban propiciar el escenario de
incentivos para dar paso a la formación de otro tipo de empresariado. La entidad
que remplazo al Instituto de Seguros Sociales en los siete departamentos del
Caribe colombiano fue la ESE José Prudencio Padilla, la cual contaba con casi un
millón de afiliados antes de su liquidación en 2006 debido a la mala
administración, la corrupción y la pésima calidad del servicio (Ávila et al., 2011, p.
17).
Todo comenzó con la red familiar y de políticos creada por el ex senador Dieb
Maloof, elegido al Congreso por el partido Colombia Viva en 2002 y 2006, a su vez
esta red estaba ligada a los paramilitares del Bloque Norte, juntos finalmente
empezaron el robo de los recursos de la ESE José Prudencio Padilla. La justicia
ordinaria condenó a Maloof en 2008 por concierto para delinquir agravado,
constreñimiento al elector, y fraude electoral pero nunca hubo acusación en
relación con la desviación de recursos públicos ni corrupción, lo cual deja abierto
un gran interrogante en cuanto a la capacidad de la Superintendencia de salud
para juzgar debidamente el proceso.
La fórmula establecida para el robo de los recursos era una mezcla de amenazas,
violencia directa y la ubicación de personas de confianza en puestos de
administración local, instituciones prestadoras de servicios, y cooperativas.
Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, puso a las estructuras financieras del
Bloque Norte a operar el sistema de la costa atlántica, triángulo que al parecer
sigue operando con los herederos de las AUC (Ávila et al., 2011, p. 20).
Junto con la reorganización y privatización del sector salud, el Congreso modificó
la estructura legal de su financiamiento. El Bloque Norte de las AUC, bajo el
comando de Jorge 40, inició una etapa de expansión y ubicación de sus redes en
la administración pública y el sector privado. En los pactos de Pivijai y Chivolo,
(municipios del Magdalena) se selló la alianza entre políticos y paramilitares en el
2001 (Arcanos, 2008, 20 de noviembre p. 62), con dos objetivos inmediatos: la
conquista de los cargos de elección popular en Atlántico, Magdalena y Cesar
durante los dos años siguientes, y la canalización ilegal de los recursos públicos
hacia los jefes del Bloque.
3.1.4. Cooptación paramilitar de los recursos de la salud
La Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla con sede en Barranquilla
fue designada para cubrir los departamentos de la región de la costa atlántica de
acuerdo con el decreto 1750 del 2003. Tres años después, la Contraloría General
de la Nación realizó una auditoría a los resultados fiscales del año 2004 a 2005, la
cual presentó resultados críticos (Ávila et al., 2011, p. 27): “La gestión de
resultados de la ESE José Prudencio Padilla en sus áreas, procesos y actividades
auditadas es desfavorable, y no logró desarrollar de manera eficiente ni logró
alcanzar sus objetivos y metas de manera eficaz, pues no había coherencia entre
lo registrado y la realidad”. Al mismo tiempo la revisión fiscal de la ESE mostro que
(Ibíd.: p. 27): “Desde el año 2004 persiste un alto riesgo de pérdidas económicas
por errores e irregularidades en el manejo de los fondos e insumos de la empresa
y por la ausencia de controles internos de autorización, registro, existencia y
salvaguarda sobre las transacciones y el control de los activos y pasivos de la
entidad”. Con esta situación, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez emite el 29 de julio
de 2006 el decreto 2505, por el cual se ordena suprimir y liquidar dicha empresa
social del Estado.
Lo mismo ocurrió con las otras seis Empresas Sociales del Estado (cuadro 1), que
en 2009 se encontraban en proceso de liquidación por los graves problemas
financieros y administrativos. En el proceso de liquidación se define un mecanismo
de venta de activos públicos a entidades privadas para que éstas se hagan cargo
de la prestación y contratación de los servicios, y como se estableció en el Decreto
2505 de 2006: “sea el sector privado el que garantice el crecimiento económico y
la renovación tecnológica en el sector”.
En los procesos de liquidación de las ESE, FIDUAGRARIA es la entidad encargada de
dicha tarea, y CAPRECOM de la administración provisional. Sin embargo esta última
tenía un proceso de investigación por parte de la Superintendencia de Salud por la
deficiencia en su margen de solvencia e incumplimiento de normas y además
hacía mucho tiempo se encontraba por fuera del negocio de la salud contributiva
por lo cual su personal de planta estaba inactivo. Esta situación hizo que se
contratara la operación de clínicas y Centros de Atención Ambulatoria (CAA) con
Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) en los distintos municipios, que como en
el caso de la costa Caribe, estaban bajo el dominio de las AUC.
Siguiendo con el caso de la ESE José Prudencio Padilla, cerca de un 50% de su
proceso de contratación para el 2005 se hizo con cooperativas de trabajo
asociado, y parte de esa cantidad se llevó a cabo con cooperativas pertenecientes
a la red administrada por familiares cercanos y amigos políticos del senador Dieb
Maloof, quien reforzó por medio de la ley 100 el papel de las cooperativas en los
servicios de salud. En la lista de proveedores de servicios de la ESE en el 2005,
aparecen COLVIVIR Y COOPITRAS de Barranquilla, COOPISALUD, MARSALUD LTDA. y
COOSERVISALUD. Trece cooperativas contrataron con esta ESE un valor de $23.245
millones en 2005, y las trece tenían relación con la red del Senador Maloof.
Lo cual terminó en 2006 con la liquidación y desaparición de la ESE, por medio del
Decreto 2505 expedido por el gobierno, debido a los problemas financieros y
administrativos. Un informe de la Contraloría General de la Nación respaldó la
decisión, señalando deficiencias en los procesos de contratación y supervisión de
los contratos, falta de capacidad comercializadora de los servicios de la ESE, una
mayor contratación con las cooperativas de trabajo asociado sin que esto reflejara
mayor facturación en venta de servicios o mejora de la calidad de los mismos,
entre otras irregularidades (Ávila et al., 2011, p. 39). Luego del decreto de
liquidación de la ESE del Caribe, siguieron los seis que ordenaron lo mismo para
las restantes en las otras regiones del país (ver cuadro 1).
En el contexto de consolidación del paramilitarismo en la Costa Caribe, la
privatización del sector de salud pública fue una ventana de oportunidad para la
llegada del Bloque Norte a la región. La acción armada y los pactos con políticos,
empresarios y funcionarios públicos fue la táctica pertinente para la cooptación de
los recursos de dicho sector, como se acaba de explicar con el caso de la ESE José
Prudencio Padilla, y adicional a este, los casos del Hospital Central de Santa
Marta, el Hospital Materno Infantil de Soledad y el Hospital San Juan de Dios de
Magangué.
Cabe resaltar lo cuestionable de la no intervención del Estado en este caso y el
poco alcance operativo de entidades como la Superintendencia de Salud debido al
aumento en sus responsabilidades y su escasa capacidad para responder a ellas
debido a los problemas organizativos y de intereses que manejaba en su interior.
Se puede ver entonces bajo el contexto de conflicto armado y político, la llegada
de personalidades clave para el proceso de reforma del sector y la construcción de
relaciones a nivel local con los paramilitares, quienes venían de un proceso de
expansión después del fracaso de los diálogos del Caguán que les dio carta
abierta no solo para emprender una lucha anti guerrillera, sino para financiarse
con los recursos públicos de manera “legal” y posicionar su proyecto hegemónico
en la región de la costa Caribe.
4. Estudio de caso: sindicato Anthoc. La resistencia frente a la
mercantilización del servicio de la salud.
Este capítulo recoge el trabajo de indagación personal que se hizo con los
afiliados al sindicato (entre ellos fundadores, responsables de derechos humanos
y secretarios políticos), para poder tener una visión mucho más completa de lo
que ha sucedido en términos de violación de derechos humanos y de la
repercusión de los cambios institucionales que llegaron con la ley 100 de 1993.
Además de esto, tuve la oportunidad de asistir a la Asamblea Nacional de Anthoc
que se llevó a cabo los días 8, 9, 10, y 11 de marzo en la cuidad de Bogotá, para
conocer más a fondo la dinámica interna del mismo y los puntos de lucha actuales
que ayudarían a responder las principales preguntas de la investigación.
Por otro lado, se contrastarán las cifras obtenidas de la investigación del Cinep de
violación de derechos humanos a los trabajadores del sector salud en su conjunto
entre los años 2002 y 2008, con las cifras oficiales del Departamento de Derechos
Humanos de Anthoc7. Esto para analizar y corroborar si ha sido este sindicato el
más asediado del sector salud y las implicaciones que esto ha traído en el
accionar del mismo.
Anthoc nace de la iniciativa de los integrantes de la Confederación Sindical de
Trabajadores (CSTC) de conformar un sindicato de rama de la salud que agrupara a
todos los sindicatos del sector que existían a nivel nacional, pues consideraban
que de manera dispersa iba a ser imposible conquistar los puntos de los pliegos
de lucha. Luego de un largo proceso de unidad y concientización de los
trabajadores, como lo explica la Señora Esneda Méndez en la entrevista, nace en
1972 bajo la federación de todos los sindicatos, Anthoc con presencia en 27 de los
32 departamentos del país y con aproximadamente 34.000 afiliados. Diez años
después se empiezan a ver los resultados de dicho proceso y comienzan a
conquistar puntos de debate con el gobierno, como por ejemplo establecer las 42
horas de trabajo, obtener uniformes de trabajo, alivianar la carga laboral por medio
de una distribución adecuada del personal, evitar el cierre de hospitales etc.
Lo anterior demuestra, de a acuerdo con lo asegurado por los entrevistados de
manera general, que para la época de los años 80 y hasta finales de los 90 la
7 obtenidas por medio del Señor Henry Rivera, miembro de la Comisión Nacional de Reclamos del sindicato, allí se tienen en cuenta principalmente las categorías de desaparición forzada, homicidio, amenaza de
muerte, desaparición y secuestro como también los actores responsables.
capacidad del sindicato de responder a las políticas que fueran en detrimento de
los trabajadores y de los usuarios del sistema de salud era muy fuerte debido a la
unidad y a la fortaleza que lo caracterizaba, que en parte se debía al gran número
de afiliados y a la gran influencia que ejercía la CSTC, en palabras de Esneda
Méndez: “cuando la gente comenzó a ver las conquistas que se iban logrando, les
demostramos que íbamos avanzando realmente, gracias a las unidad y a la
fortaleza del sindicato”8.
Otra particularidad de la época como lo afirma la entrevistada es que allí la
confrontación era con los patronos y el gobierno directamente, y además este
último podía sentir la capacidad de lucha y contrapeso de los sindicatos, donde las
huelgas, los paros y las movilizaciones tenían mucho más efecto que el día de
hoy. Como se dijo en el primer capítulo esta época puede ser considerada como la
época de oro del sindicalismo, por su crecimiento y continuo fortalecimiento en la
obtención de reivindicaciones y consiguiente flexibilidad por parte del gobierno,
lograban obtener beneficios y de cierta manera el gobierno “permitía” que los
trabajadores se organizaran. Situación que viene a cambiar entrados los años 90
con la apertura económica o implantación del modelo neoliberal, la ley 100 de
1993 y el incremento de la violencia con los fallidos diálogos de paz de Pastrana
con la guerrilla, y el surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia que se
constituyeron oficialmente en 1997; desde allí cambia de manera radical el
espacio y razón de lucha del movimiento sindical en general.
Empieza entonces todo un proceso por parte del gobierno para evadir la
responsabilidad de garantizar el derecho a la salud y pasar este servicio a manos
de empresas privadas para que lo administren en su lógica de mercado lo cual por
un lado iba a afectar directamente a los usuarios del sistema, pero también a los
trabajadores debido a la flexibilización laboral, los ajustes institucionales y con ello
los recortes de personal; lo cual apuntaba también a debilitar y disminuir los
sindicatos del sector. Pero además de esto, iba a disparar la alarma de los grupos
armados ilegales en las regiones del país y de una cantidad considerable de
8 Méndez, E. (2013, 5 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá
políticos para apoderarse de los recursos de la salud, en donde los sindicatos iban
a ser un obstáculo evidentemente.
Alternamente empieza una pugna entre sindicatos y gobierno mucho más
complicada, debido a que el espacio de debate y deliberación se va haciendo cada
vez más estrecho. Así lo cuenta Henry Rivera en la entrevista: “teníamos una
fuerza inmensa para poder entrar a buscar algunos acuerdos con el gobierno
nacional, pero entonces hábilmente en el gobierno del señor Uribe se fusionan el
Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, entonces el Ministro de Seguridad
Social es juez pero a la vez parte, es quien demandamos pero a la vez ante quien
tenemos que hacer la demanda”9. Esto principalmente puso a los trabajadores del
sector en contra del sindicato, pues consideraban que dicha organización no era ni
iba a ser capaz de hacer nada por ellos.
Como se ha expuesto a lo largo del trabajo, la implantación del nuevo modelo de
salud bajo la expedición de la ley 100 de 1993 estuvo siempre acompañado de
violencia y persecución a los trabajadores de la salud, como lo muestran las
gráficas de violación de derechos humanos a los afiliados al sindicato Anthoc a
nivel nacional entre los años 2002 y 2008, en donde la totalidad de los casos los
grupos paramilitares son los responsables mayoritarios si se contrasta también
con la gráfica 9 obtenida de la investigación del Cinep (2102). Lo cual lleva a
pensar que esta reforma no solo buscaba convertir a los usuarios de la salud en
clientes que iban a tener que lidiar con las EPS y pagar antes de enfermarse. Sin
embargo, el sindicato seguía firme en su posición de denunciar los casos tanto de
corrupción como de violación de derechos humanos en las distintas regiones del
país, convirtiéndose en el enemigo directo tanto de los actores legales como
ilegales pues como asegura Esneda Méndez: “comienzan a meterse los
paramilitares a dirigir secretarías de salud, secretarías distritales, y en los
hospitales ponían directores; y ahí comienza el asedio contra la organización
hasta desvertebrarla”10.
9 Rivera, E. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá 10 Méndez, E. (2013, 5 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá
Lo comenta de la misma manera Henry Rivera: “En la Costa Atlántica se logró
demostrar en su momento que miembros de los Concejos eran paramilitares y se
supone que son ellos los que tienen que distribuir los recursos y esos recursos no
los envían a los hospitales y buscan echarle la culpa a la organización sindical de
la situación de que no hayan recursos y de que se vaya a liquidar determinado
hospital público”11. Con esto se podría pensar entonces que estos grupos ilegales
no solo tienen en sus manos el recurso del ejercicio de la violencia sino también el
de ejercer el poder por medio de las ventajas que trae ocupar un puesto
administrativo para ir disminuyendo poco a poco la cantidad de afiliados al
sindicato.
El mismo ejemplo es usado Alfonso Franco durante la entrevista: “Unas de las
regiones más impactadas fue la del Atlántico como la del mismo Córdoba, donde
era el acento del Bloque Central de las Autodefensas, desde esas instancias ellos
controlaban instituciones hospitalarias, Eleonora Pineda por ejemplo, ex Senadora
de la República y agente política de las AUC, fue funcionaria y directora de un
hospital en Córdoba, tanto así que unos estudios que hace la corporación Arco iris
sobre las finanzas de los paramilitares ellos mismos demuestran allí como la
mayor fuente de financiación era con los recursos de la salud y era porque
controlaban las EPS subsidiadas o las solidarias o también porque controlaban la
contratación en las entidades hospitalarias y en últimas porque ponían también los
directores de las entidades hospitalarias”12.
La violación de derechos humanos se da de manera más fuerte en las regiones y
con menor intensidad en las grandes ciudades como se puede ver en las gráficas
de violación de derechos humanos a los afiliados de Anthoc por departamento, en
el periodo señalado (2002-2008) el sindicato cuenta con cerca de mil casos
denunciados antes la Corte Interamericana para que haya una reparación tanto a
las familias de los afectados ya que en palabras de Henry Rivera durante la
entrevista: “al ser Anthoc la organización sindical más grande del país, es la
11 Rivera, H. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá 12 Franco, A. (2013, 20 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá
organización que en el periodo de Uribe específicamente sufre los rigores del
terrorismo también con el objeto de buscar que la organización sindical
desaparezca”13 y aun con mayor frecuencia en regiones con presencia de las AUC
o de las llamadas BACRIM (Bandas Criminales) que amenazaban o asesinaban al
personal de salud de los hospitales.
Pero el problema de violencia que enfrentan los trabajadores del sindicato a nivel
nacional no se debe solo a las denuncias de corrupción y violación de derechos
humanos sino al hecho de atender pacientes que vienen heridos y que sean
guerrilleros o paramilitares, pues en ambos casos estos actores armados
amenazan o arremeten contra los trabajadores por auxiliar a los del bando
contrario, y como señala Henry Rivera: “como servidores públicos y trabajadores
de la salud, estamos en la obligación frente al juramento hipocráticos que
debemos brindar indistintamente nuestro saber a quién los requiera”. Por tanto, los
trabajadores de este sector deben enfrentar y soportar los rigores del conflicto
armado y social que enfrenta el país con el constante enfrentamiento entre
guerrilla y paramilitares o ejército. Siguiendo con la entrevista a Henry Rivera: “en
esos enfrentamientos los heridos llegan a los hospitales de los pueblos, fueran del
bando que fueran había que atenderlos y tenemos casos reportados en donde
Autodefensas y en otros casos el Ejército Nacional entraron a las salas de
urgencias y acribillaron al personal de salud que había ahí por atender al
guerrillero o guerrillera herida; en otros casos amenazaban y le daban 24 horas al
personal para abandonar el municipio”.
Después de esto, el sindicato procede a denunciar cuando son amenazas ante el
Ministerio del Interior para que ayude a salvaguardar de alguna manera la vida de
los trabajadores, pero para obtener una visita que analice el caso deben esperar
cerca de tres meses y después de la visita otros tres meses para obtener el
dictamen, que para estos casos arroja (en palabras de Henry Rivera) que son: “de
bajo perfil, y nunca hemos sabido a que se refieren con eso porque nunca el
Ministerio del Interior nos ha explicado que significa ser un directivo de bajo perfil.
13 Rivera, H. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá
Para nosotros ser de bajo perfil es no importar en el sistema o que somos seres
humanos que no valemos para el sistema, en razón de ellos no se nos brinda
protección por parte del Estado”14. Lo cual evidencia la falta de voluntad y de
incapacidad de garantizar del Estado para evitar o para solucionar la crisis de
violación de derechos humanos que se ha venido viviendo en el país desde hace
más de diez años.
Sin embargo, los miembros de Anthoc a nivel nacional seguían con la firme
intención de denunciar todos los casos de corrupción y de violación de derechos
humanos. Además de la presencia de los paramilitares en las instituciones
hospitalarias, también han denunciado a intromisión de los partidos y movimiento
sociales dentro de la administración de las entidades hospitalarias o en el
despilfarro de los recursos de la salud en municipios del departamento del
Atlántico y de la Costa Caribe en general (aparte de la entrevista a Alfonso
Franco). Además de esto considera que: “En regiones del país como el atlántico
es donde mayor cantidad de muertos se han puesto, además tenemos más de
trecientos desplazados a nivel nacional y tenemos también cerca de unas treinta
personas que se encuentran en el exilio en diferentes regiones del mundo. Eso
nos lleva a afirmar que hay plan persistente tanto de agentes estatales como para-
estatales de eliminar físicamente la dirigencia sindical y generar lo que nosotros
podríamos llamar un genocidio contra la organización sindical”15.
Otro aspecto de coincidencia entre los miembros de Anthoc entrevistados, es la
convergencia y mutua articulación entre la acción represiva ejercida contra los
trabajadores tendiente a eliminar físicamente la organización sindical y el ajuste
institucional privatizador, que condujo al socavamiento de la organización sindical
de los trabajadores de las entidades hospitalarias en el país. Por esa vía la
organización sindical ha perdido un número importante de su base social desde
finales de los años 90 hasta hoy, no en vano ha reducido la cantidad de afiliados
de 34.000 a cerca de 9.000 actualmente, es decir más del 50% de sus integrantes
14 Rivera, H. (2013, 12 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá 15 Franco, A. (2013, 20 de abril), Entrevistada por Montaño, K., Bogotá
por efecto de las adecuaciones institucionales y las liquidaciones de los hospitales.
Sin embargo Alfonso Franco (entrevistado) considera que debido al fuerte trabajo
de concientización y denuncia la movilización de los trabajadores no ha cesado,
pues han construido un modelo alternativo de salud con ayuda del sector social a
través del proyecto de ley 105 del Senado, y del proyecto de ley 233 de este año
que se encuentra radicado en el congreso con ayuda también de los sectores
académicos y laborales en contraposición a la propuesta gubernamental del
modelos de salud.
Por tanto, queda claro que a pesar del bajo índice de sindicalización en el sector
salud y para este caso del sindicato Anthoc, el compromiso de seguir denunciando
y luchando por sus derechos sigue intacto, ejemplo de ello es la gráfica 8 que
combina el elemento de violación de derechos humanos con las luchas sindicales
y que muestra bastante altibajos por ejemplo, para el periodo que aquí es objeto
de análisis (2002-2008) a pesar del enorme aumento de represión contra los
sindicalistas las luchas sociales muestran también cierto crecimiento. Pareciera
que de cierta manera las victimas que les ha tocado poner a lo largo de estos años
les diera una fortaleza interna para construir un modelo alterno de salud y para
seguir ideando la manera de proteger a sus principales líderes regionales. Como
explicaban los entrevistados, este sindicato ha sido el más asediado debido a su
masiva presencia y beligerancia en la gran mayoría de los departamentos del país,
en donde se enfrentaban directamente con los grupos paramilitares o los políticos
corruptos que iban a ocupar los cargos directivos de los hospitales.
Cabe resaltar que el cambio de escenario a mediados de los noventa, en donde el
enfrentamiento ya no era solamente con el gobierno sino con los grupos armados
ilegales, debilita directamente al sindicato al no contar con los escenarios propicios
que garantizaran un debate sano y abierto respecto a sus reivindicaciones. La ley
100 de 1993 no solo busco la mercantilización del servicio de la salud, busco
también cerrar los pocos espacios democráticos y de movilización que tenían los
sindicatos para denunciar o hacer contrapeso a las políticas de gobierno que
fueran en detrimento de la población. Para esto, como se ha expuesto
anteriormente los políticos con la fuerza represiva de los grupos paramilitares por
medio de una alianza político-económica que les permitía robar los recursos de la
salud por medio del manejo corrupto de las EPS y de las CTA (Cooperativas de
Trabajo Asociado) para dispersar a los trabajadores de un mismo hospital y evitar
al máximo la sindicalización.
5. Conclusiones
Después de haber hecho este breve recorrido de investigación se pueden
establecer los siguientes puntos de vista. La transformación del sistema de salud
pública y su privatización fue una ventana de oportunidades propicias para los
actores legales e ilegales, que conformaron una red de violencia y corrupción para
robar los recursos de la salud y a la vez eliminar física o políticamente a todo
aquel que se opusiera a dicho proceso. Allí, evidentemente los principales
contradictores fueron los trabajadores sindicalizados del sector.
Queda claro, o al menos eso se espera, que la alianza entre paramilitares y
funcionarios públicos durante el periodo 2002-2008 bajo un contexto de conflicto
social y armado y una descentralización territorial y política del país, permitió el
asentamiento de poderes regionales y locales para la consolidación de un
proyecto político, económico y expansionista a costa del saqueo de recursos,
elecciones fraudulentas, practicas clientelistas e imposición de leyes y normas que
le dieran legalidad por medio de la cooptación de organizaciones ilegales como los
paramilitares, a políticos de influencia a nivel nacional y regional que contaban con
la facilidad de modificar las reglas de las instituciones del Estado. Aunque cabe
aclarar que dicha cooptación se dio también de manera inversa como lo fue el
caso de Dieb Maloof.
Por tanto, en el momento en que se acaba sistemáticamente con los sindicatos del
sector salud, o por lo menos con sus principales representantes a nivel nacional,
queda la sensación de que esto no era suficiente y que se debía entonces
empezar a atacar estas organizaciones por la vía legal e institucional de lo cual se
encargarían consecuentemente los congresistas involucrados, para este caso, con
la parapolítica. Esto para dar a entender que los trabajadores sindicalizados no
solamente fueron objeto de ataque de los grupos armados paramilitares, fueron
objeto de ataque de los funcionarios públicos que se tenían que enfrentar con ellos
a la hora de responder a la falta de garantías y de protección de sus derechos a
las que llevan expuestos hace más de diez años.
Entonces no es casualidad ni coincidencia que reformas como la ley 100 de 1993
y sus posteriores ajustes llevados a cabo por el ex senador Dieb Maloof entre
otros, se hayan dado al mismo tiempo que se fortalecían los bloques paramilitares
en la región de la Costa Caribe del país, hay suficiente evidencia empírica, desde
las investigaciones académicas utilizadas aquí hasta las entrevistas realizadas a
los integrantes de Anthoc, para asegurar que no solamente se quería debilitar a
los sindicatos asesinando a sus afiliados, pues como se muestra en la gráfica 7
durante el periodo 2002-2008 decrecen con un breve aumento los asesinatos en
comparación con el pico de 1996, y esto se debe en parte a lo que determina la
investigación del Cinep (2012): “La tarea ya estaba hecha a finales de los 90 y
principios del nuevo siglo” haciendo referencia a la oleada de violencia que acabo
con los principales líderes del movimiento sindical y les iba a costar unos años
recuperarse y fortalecerse de nuevo, lo cual no quiere decir que haya
desaparecido la violación de derechos humanos, simplemente se emplean otros
medios como la amenaza.
A pesar de la firme convicción de los sindicalistas de hoy de seguir en pie
denunciando la corrupción y la constante violación de sus derechos y sus
respectivos responsables, y de seguir construyendo su plataforma de lucha y
pliegos de reivindicación, queda la sensación de estar haciendo referencia a un
movimiento que lamentablemente está controlado o apaciguado por el gobierno y
al mismo tiempo por el modelo económico que sigue el país el cual ha ido
reduciendo a su mínima expresión los espacios de participación y deliberación de
estas organizaciones.
De esta manera mientras siga habiendo complicidad entre actores legales e
ilegales frente a la configuración del Estado, sus instituciones y las reglas que
componen su funcionamiento, va a ser muy complicado que se ejerza de manera
legítima el derecho que tiene cualquier trabajador de sindicalizarse y además de
esto que cuente con garantías de protección y expresión por parte del Estado. En
la actualidad las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) son el principal
componente organizativo desde el gobierno para dispersar y debilitar los
sindicatos del sector salud pues van en contra del trabajo asalariado ya que los
hospitales contratan de manera particular (lo que se conoce como flexibilización
laboral) sus servicios administrativos; de esta manera el trabajador nunca va a
tener interés en organizarse pues se rompió completamente con el sentido de
pertenencia al lugar de trabajo y a la problemáticas que lo acompañan.
Por último considero que el sindicalismo en Colombia a pesar de su aguerrida
tarea y disposición para denunciar las problemáticas y constante persecución a
sus afiliados, es un tipo de organización que mientras no se logre cambiar la lógica
mercantilista y avanzar en la salida política y negociada al conflicto social y
armado del país donde se brinden garantías para ejercer una democracia
participativa, no va lograr obtener un reconocimiento legitimo por parte de los
trabajadores y del gobierno para poder ejercer un contrapeso real y contundente
frente a la políticas privatizadoras de los gobiernos de los últimos veinte años del
país.
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7. Anexos
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 332. 2012
Gráfica 2. Tipos violación de derechos humanos contra el sector salud entre 1991-2001.
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984.2010, p. 339.2012
Gráfica 1. Tipos de violación de derechos humanos contra el sector salud entre 1984-1990.
Gráfica 3. Tipos de violación de derechos humanos contra el sector salud entre 2002-2010.
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 346. 2012
Gráfica 4. Servidores públicos involucrados con el paramilitarismo.
Fuente: Y refundaron la patria, p.30. 2012
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 325. 2012
Gráfica 6. Todas las violaciones de derechos humanos y asesinatos contra el sector salud,
1984-2010.
………… Violaciones de derechos humanos ____________ Asesinatos
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 327.2012.
Gráfica 5. Luchas sindicales y huelgas de la salud pública entre 1984-2010
Cuadro 1. Empresas Sociales del Estado que reemplazaron al Instituto de los Seguros sociales y
fueron luego liquidadas (2006-2008).
Fuente: La economía de los paramilitares, p. 18. 2011.
Cuadro 2. Organización del Sistema Nacional de Salud antes de la ley 100
Fuente: La economía de los paramilitares, redes de corrupción, negocios y política, p. 30. 2011.
Fuente: La economía de los paramilitares, redes de corrupción, negocios y política, p.27. 2011
Cuadro 3. Cambios normativos para fortalecer a las EPS y liquidar a las ISS.
Figura 1. Evolución de las reformas del sector salud del sistema público al sistema privado.
Fuente: La economía de los paramilitares, redes de corrupción, negocios y política, p. 29. 2011.
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 71. 2012
Gráfica 7. Trayectoria de los tipos de violación de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2010.
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 80.2012
Fuente: Violencia contra el sindicalismo 1984-2010, p. 340. 2012
Gráfica 8. Luchas sindicales y violaciones de derechos humanos contra sindicalistas 1984-2010
Gráfica 9. Presuntos responsables de violaciones de derechos humanos de sindicalistas del sector salud 1984-2010.
Gráfica 10. Amenaza de muerte a trabajadores de Anthoc por departamento (2002-2008)
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos humanos
del sindicato Anthoc.
Gráfica 11. Actores responsables.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
1% 0%
12%
8% 1%
19%
0% 10%
3%
1%
1%
12%
8% 0%
1%
1% 9%
13%
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
65%
30%
3% 1% 1%
AUC
NO IDENTIF
GUERRILL
EMPLEADOR
OTROS
Gráfica 12. Desplazamiento forzado de los trabajadores del sindicato Anthoc por departamento (2002-2008)
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
1%
8%
6%
7%
0%
0%
16%
1% 5%
5% 3%
0% 1%
14%
3%
11%
1%
1% 0%
2%
0%
11%
2% 1%
ANTIOQUIA
ARAUCA
ATLANTICO
BOLIVAR
BOYACA
CALDAS
CAQUETA
CASANARE
CAUCA
CESAR
CHOCO
61%
33%
5%
1% 0%
AUC
NO IDENTIF
GUERRILL
EMPLEADOR
OTROS
Gráfica 13. Responsable del desplazamiento forzado.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
17%
8%
8%
25%
17%
8%
17% ARAUCA
BOLIVAR
CAQUETA
CASANARE
CESAR
CUNDINAMARCA
TOLIMA
Gráfica 14. Desapariciones de trabajadores de Anthoc por departamento (2002-2010)
50% 50%
0% 0% 0%
AUC
NO IDENTIF
GUERRILLA
EMPLEADOR
OTROS
Gráfica 15. Actores responsables de las desapariciones.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
4%
59% 9%
4%
4%
4%
4%
8% 4%
BOLIVAR
CAQUETA
CHOCO
CUNDINAMARCA
GUAJIRA
GUAVIARE
HUILA
N. SANTANDER
RISARALDA
Gráfica 16. Secuestros de trabajadores de Anthoc por departamento (2002-2008)
50% 50%
0% 0%
AUC
NO IDENTIFICADO
GUERRILLA
OTROS
Gráfica 17. Actores responsables de los secuestros.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
Fuente: Elaboración propia basada en datos brindados por el Departamento de Derechos
humanos del sindicato Anthoc.
5%
32%
3%
2% 0%
1%
10%
0%
6%
7%
0%
0%
0% 1% 1%
2%
2%
16%
0%
1% 1%
2%
0%
5% 4%
1% ANTIOQUIAARAUCAATLANTICOBOLIVARBOYACACALDASCAQUETACASANARECAUCACESARCHOCOCORDOBACUNDINAMRACAGUAVIAREHUILAMAGDALENAMETAN. SANTANDERNARIÑOPUTUMAYORISARALDASANTANDERSUCRE
Gráfica 18. Homicidios contra trabajadores de Anthoc por departamento (2002-2008).
56% 27%
14%
0% 3%
AUC
NO IDENTIFICADO
GUERRILLA
EMPLEADOR
OTROS
Gráfica 19. Actores responsables de los homicidios.
Entrevistas
Entrevista a Esneda Méndez
Fecha: abril 5 de 2013
Lugar: Sede de la OCP (Organización Colombiana de Pensionados)
Objetivo:
El objetivo de esta entrevista es conocer más de cerca el proceso de formación del
sindicato ANTHOC (Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de
Colombia) y cómo sobrevivió y resistió a la violencia y a las reformas
constitucionales que modificaron determinantemente su estructura y su accionar.
La persona entrevistada fue fundadora en 1971 y presidenta del sindicato por tres
periodos, estuvo en el comité ejecutivo de FENTRASALUD (Federación de
Trabajadores de la Salud) y se retiró del sindicato en el año 2004.
Karol Montaño
¿Cómo fue el proceso de conformación del sindicato?
Esneda Méndez
Yo empecé trabajando en el hospital de Bogotá en donde me invitaban a varias
actividades sindicales pero para ese momento no me interesaba, no veía la
necesidad, pero después paso a la San Pedro Claver que era uno de los
hospitales emblemáticos de la época junto con Cajanal y el Seguro Social,
imagínese de semejantes entes era el fuerte; y en Bogotá en muchas partes y en
muchas capitales el personal de auxiliares de enfermería, la totalidad eran
mujeres. ANALFERAUS (Asociación Nacional de Enfermeros y auxiliares), una de las
primeras organizaciones, tenía presencia en varios departamentos, en Cartagena,
Barranquilla y era una organización que aglutinaba como unas veinticinco mil o
treinta mil auxiliares de enfermería en el país. Esta organización estuvo en la CTC
(Confederación de Trabajadores de Colombia), y allá eran algunas como muy
revoltositas como muy inquietas y las echaron y fueron a parar en la UTC y las
echaron también, los expulsaron, y finalmente fueron a parar a una Confederación
que tenía una influencia de izquierda muy grande que era la Confederación
Nacional de Trabajadores (CSTC), entonces ellos allá fueron a buscar afiliación y
efectivamente aprobaron la afiliación de ellas y pues se encontraron donde debían
estar, allá las apoyaban mucho, las asesoraban estaban pendientes de ellas, la
CSTC tenía sus federaciones a nivel de las capitales del país y entonces donde
había seccional tenían el apoyo y la asesoría y el respaldo del comité ejecutivo
nacional y de los ejecutivos de las capitales para todas las actividades que ellas
emprendían.
Estando en la CSTC surgió un inconveniente y era que los demás trabajadores de
los hospitales y las clínicas veían que esa era una organización beligerante que
como que mantenían al tanto de las problemáticas que representaban a los
trabajadores y por ello llegaban a pedir afiliación pero no se podían afiliar porque
aglutinaba solo auxiliares de enfermería entonces era el sindicato de gremio de las
enfermeras y su estructura no permitía que se afiliara nadie más, ni los vigilantes
ni los médicos ni el resto del personal de salud de una entidad, entonces esta
situación se llevó al comité ejecutivo de la CSTC y dijeron que lo que había que
hacer era trabajar por constituir un sindicato mucho más amplio, que se cree un
sindicato de rama del sector salud porque la CSTC ya estaba trabajando por
constituir grandes sindicatos de rama que aglutinara a cementeros, conductores,
bueno a todos.
De allí surgió la inquietud para crear ANTHOC y efectivamente hubo que hacer toda
una concientización porque eso no se puede hacer dando una orden sino que se
trazó todo un plan y en eso nos apoyó mucho la CSTC, a hacer los seminarios, los
encuentros, debates con la gente porque había una concepción muy gremialista y
la gente decía que para que hacíamos revueltos, entonces había que mostrar que
los resultados de las luchas no iban a ser igual de efectivas hasta que no se
incluyera desde el señor vigilante hasta el más alto profesional de un hospital o
clínica así las conquistas serían mucho más valiosas para los trabajadores en
donde siempre trabajábamos por la defensa de la salud, cosa que siempre hemos
traído, eso está en la plataforma de lucha de ANTHOC desde su fundación y todo.
Así comenzamos a hacer el trabajo de concientización, no fue fácil, sacar el
gremio y convertir eso en lo que ellos llamaban de manera despectiva “revuelto”,
pero bueno con todo el trabajo que se hizo que duro como dos años, todo ese
trabajo de concientización, y ya entonces se hizo el proceso porque la idea era
que ANALFERAUS fuera la base, que ANTHOC no partiera de ceros sin nada sino que
ALNAFERAUS tenía ya maso menos oficina, funcionaba, tenía sus cositas, no bienes
grandes pero tenía su personería, entonces se comenzó el proceso para la fusión
con la nueva organización que se creaba que ya tenía su base para funcionar
medianamente y tenían conocimiento a nivel nacional, eso se hizo y
efectivamente, aunque algunos se nos quedaron en el camino, alguna gente de
enfermería de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, varias compañeras se nos
quedaron en el proceso, pero fue más lo que ganamos fueron pocos los que se
quedaron en ese proceso de unidad que los que se nos perdieron.
Se citó entonces a la asamblea constitutiva de ANTHOC y de fusión a la vez con
ANALFERAUS, se hicieron las dos cosas, y comenzar entonces a hacer las
acomodaciones necesarias y pasarlas al ministerio, eso se hizo el 22 de febrero
de 1971 y el 22 de febrero de 1972 se le concedió la personería jurídica a ANTHOC,
eso tenía un semillero de dirigentas porque tenía presencia en San Ignacio, San
José, en la Misericordia, en clínicas, en Cajanal, todas ellas muy activas y
consecuentes. Entonces había que darle participación no solo a las de enfermería,
había que tener en cuenta a los de servicios generales que fueran destacados,
tener en cuenta a los médicos o algún administrativo para que la junta quedara
bien repartida y la gente no fuera a sentir que no tiene representación. Eso se hizo
y se comenzó a trabajar, como ya se tenía personería jurídica (con su junta
provisional como se hace en la constitución de un sindicato) lo que establece el
código sustantivo del trabajo es que hay que citar asamblea ya sea general o por
delegados porque es mucha gente, para nombrar una junta directiva legalmente
en posesión para que dirija la organización.
Yo hice parte de la junta directiva no me acuerdo en que cargo y tiempo después
me nombraron presidenta de la junta directiva nacional de ANTHOC con otro grupo
de compañeras y compañeros muy importante, yo dure tres periodos de la junta
directiva nacional de presidenta porque fue una etapa muy difícil, había que salir a
hablar con la gente en las regiones para crear las seccionales y me toco en esos
tres periodos todo ese proceso de constitución, eso fue una etapa muy difícil, pero
con el apoyo y las enseñanzas que nos daban en la CSTC, que todo había que
definirse por los acuerdos de la junta directiva, era un trabajo muy unido y muy
colectivo, ninguno allá hacía lo que quería sino que todo lo que se aprobaba en
una junta era a los que salíamos todos, así se logró.
Tuvimos entonces avances en las entidades privadas sobre las conquistas de
carácter convencional, se pasaban los pliegos, se llevaban puntos para
comunidad, para los trabajadores y logramos avanzar bastante. Por ejemplo, con
iniciativa de ANALFERAUS logramos conquistar para nosotros los trabajadores, con
una recomendación de la OIT, de establecer las 42 horas de trabajo entonces esa
bandera la echamos para adelante a nivel nacional y logramos sacarla
moviéndonos ante el Congreso y al mismo tiempo hacíamos movilizaciones
grandísimas a nivel nacional para respaldar todo eso. También se logró que se le
dieran los refrigerios a los trabajadores que pareciera una bobada, se logró
también la obtención de uniformes para todos, así suene a bobada, a lado de esas
pequeñas luchas se iban construyendo cosas más grandes.
Logramos cambiar la carga laboral, por ejemplo, si el paciente era funcional es
decir, comía solo, se bañaba solo, trataba de tender su cama, entonces pusimos
un tope de 8 pacientes de este tipo máximo, y para los paciente que ya estaban en
una situación que hay que atenderlos, moverlos, paladearlos, bañarlos con
medicamentos y controles permanentes o que fuera bajado de cuidados
intensivos, nosotros establecimos un máximo de tres pacientes para poder dar una
buena atención, porque de lo contrario hubiera pasado lo que pasa hoy, el
personal no tiene ni tiempo para saludar al paciente, es un corre corre terrible.
Para eso se requería adecuar las plantas de personal necesarias a todo nivel, de
médicos, de enfermeras, de bacteriología, de todo, para dar una atención correcta
a la población. Cuando la gente comenzó a ver las conquistas que se iban
logrando, les demostramos que íbamos avanzando realmente, gracias a la unidad,
a la fortaleza del sindicato, a la CSTC que nos apoyaba cuando teníamos
problemas, por esa época si existía solidaridad entre el movimiento sindical, por
ejemplo cuando teníamos esas marchas que presentábamos pliegos y que de
pronto se cerraban las direcciones de los hospitales, nos rodeaban todos los
sindicatos con plata y con presencia, y eso ayudaba a avanzar pero eso hoy en
día está perdido totalmente, si acaso mandan un comunicadito de solidaridad de
resto nada más.
Hasta este punto en el que nos encontrábamos, yo decidí abandonar la
presidencia, porque uno se vuelve rutinario, la misma voz siempre, los mismos
estilos, y eso puede generar un poco de inconformidad, entonces yo dije que
quería darle paso a otra persona que dirija la organización, y ya contábamos todos
con herramientas políticas y tácticas para poder avanzar, entonces como había
presidencia, primera vicepresidencia y segunda vicepresidencia, entonces me
dejaron en la primera vicepresidencia y luego ocupe varios cargos, ya para ese
momento estábamos entrando a la década de los ochenta y fue un compañero de
la clínica Monserrat el que ocupó la presidencia. Entonces todos esos años, desde
1972 fue una etapa de constitución y fortalecimiento del sindicato y la vez del
sector de la salud.
Seguíamos avanzando, en el derecho de negociación y contratación colectiva que
quiere decir que usted nombraba contratos a término indefinido, como
mejorábamos nosotros la parte de la estabilidad laboral que no podía ser
despedido un trabajador o un funcionario de la parte pública que tiene un
tratamiento diferente, porque el sector privado se rige por el código sustantivo del
trabajo y el sector público se rige por sistema ya diferente, por ejemplo los de
mantenimiento, los jardineros, conductores de ambulancia etc. A todos ellos se les
califica en el sector público como sector oficial y en el sector privado si son todos
trabajadores, con derecho a negociar pliegos y con derecho que los nombren con
contrato de trabajo y todo, entonces ellos se rigen por unas normas especiales
pero nosotros a eso también íbamos uniendo lo uno con lo otro a ver cómo íbamos
sacando conquistas importantes de estabilidad y demás.
Karol Montaño
¿Cómo fue la lucha de las reivindicaciones políticas?
Esneda Méndez
Hasta entrados los ochenta la confrontación era con los patronos y el gobierno,
cosa que ya cambio a finales de los ochenta y principios de los noventa en
adelante que fue terrible, por ejemplo en la época del presidente López cuando
quería quitar lo que él llamaba las “arandelas”, que eran todas las primas y todo lo
que se conseguía a nivel de las convenciones de trabajo, los recargos nocturnos,
los festivos, los dominicales, una cantidad de reivindicaciones que usted contaba
con un básico de $500.000 pero con todas esas “arandelitas” se le duplicaba,
entonces fue una etapa así, una confrontación con los patronos y el gobierno pero
no tan fuerte porque había mucho respeto por las organizaciones y su rol o su
papel, éramos muy fuertes, y también por el papel que juagaba la central donde
uno estaba, esa central era muy perseguida y hostigada por su concepción de
clase y las luchas que daban por mejorar las condiciones de los trabajadores.
Después de los ochenta cambio la cosa, porque viene la intentona del gobierno de
arrebatar derechos, pero nosotros seguíamos luchando y avanzando, y
rescatamos la Federación de Trabajadores al servicio del Estado (FENALTRASE)
entonces trabajamos muy al lado de la Federación Estatal para mejorar las
conquistas del sector estatal, de los trabajadores de todos los ministerios que
habían que eso lo han acabado ahora con todas esas restructuraciones y
liquidaciones y ahí entonces fue cuando empezó toda esa situación de acabar con
las entidades del Estado y algunas de la salud no estuvieron exentas de ello, muy
por el ladito, pero ya entonces empezaron a verse los asomos que ponía en
peligro nuestras conquistas y nuestra estabilidad. Nosotros no hacíamos parte de
FENALTRASE como filiales, sino que coordinábamos actividades, íbamos a sus
conferencias, seminarios y talleres para tener elementos, aprendimos a manejar
herramientas jurídicas para poder tener elementos e ir a reclamar con certeza no ir
uno sin saber, y por eso los sindicatos ganaban mucha seriedad y respeto.
Pero entonces la CSTC nos planteó que no bastaba con tener a ANTHOC como la
principal de sindicato de rama de la salud, como este sector es tan complicado
había mucha dispersión, casi que en cada hospital o clínica a nivel nacional había
un Sintra (sindicato de trabajadores) y esa dispersión nos hacía mucho daño y las
luchas en consecuencia no iban a ser igual de fuertes así ANTHOC liderara esa
situación era un obstáculo. Entonces la CSTC nos reúne a la junta directiva, y
tuvimos un plenario nacional para plantear mecanismos de unidad para el sector
salud, ya se tenía una base importante pero todavía no era suficiente. Entonces
desde ANTHOC surge la idea de hacer parte de FENALTRASE con la que trabajábamos
muy unidos, pero los compañeros de la CSTC nos dieron otras alternativas para
aglutinar a todos los trabajadores de la salud, que fueron dos, una era que
lucháramos por el sindicato único y que ese sería ANTHOC que ahí ya estaba
creado y dos, como sabíamos que se iba a encontrar resistencia por sus bienes
por las cositas que tenían, por soltar cargos y demás, nos abalanzamos primero
con esa opción que dio para mucho debate y para mucha discusión y en esas
estuvimos desde el ochenta al noventa, y encontramos que eso no era factible y
entonces cogimos la otra opción que era crear la Federación de Trabajadores de
la Salud y la Seguridad Social (FENTRASALUD), y la creamos.
En la Federación ya no había tanta resistencia porque la componían los sindicatos
con sus personerías jurídicas en cambio con el sindicato único si tenían que
diluirse y venirse con sus bienes si el caso hubiera sido así, entonces la salida fue
la Federación de los Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (FENTRASALUD)
y allí entraron la gran mayoría de sindicatos con ANTHOC a la cabeza, los únicos
que no entraron fueron los del hospital San Juan de Dios que tenían unos estilos
de lucha muy terribles y otros sindicatos del Valle y de
Manizales, que no se subieron a ese carro de la Federación sino que se quedaron
como independientes. Nosotros le dimos un plazo de diez años al proceso de la
Federación para que todos los sindicatos llegaran allí y así alcanzar al objetivo
final que era llegar a ANTHOC como sindicato nacional de rama y en eso nos dio
toda una década que fue el proceso entonces de mirar la estructura de ANTHOC,
sus estatutos y rehacerlos si no llenaban las expectativas de la gente de los otros
sindicatos, sus principios, su plataforma de lucha por eso duramos toda una
década completa.
Finalmente llego ANTHOC, todos llegaron fusionados, sindicatos de base,
departamentales, con todos ellos se discutió la estructura y todo lo que le acabo
de decir. Para ese momento, que estábamos saliendo de todo ese proceso de
unidad y ya entrados en los noventa y enfrentamos en conjunto de manera más
fuerte los problemas con el gobierno, llegamos a hacer varias tomas cuando no
nos cumplían, cuando se veía amenazada la estabilidad o cuando habían
sobrecargas de trabajo etc. Entonces llega la famosa ley 100, pero antes el
sistema de salud era el 694, ese sistema todavía seguía, y el gobierno era el que
respondía con ese derecho constitucional para que en Colombia toda la población
tenga salud.
Karol Montaño
¿Cómo resistían a la ley 100 y al mismo tiempo a la violencia?
Esneda Méndez
Bueno pues otra cosa era ya los que trabajábamos que ya teníamos lo que se
llama ahora régimen contributivo, estaba el Seguro Social y para el sector público
estaba la Caja Nacional de Prevención y estaban las Cajas Municipales y
Departamentales para todo lo de salud y pensión. Después viene la ley 10 de
1990, que dura poquito de la cual fuimos gestores pero ni se sintió. Pasamos de
esas dos leyes, cuando hay esa experiencia a nivel continental, a nivel
latinoamericano, impulsada por el gobierno de Estados Unidos, el Fondo
Monetario Internacional, la Banca Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo
y traen el modelo económico neoliberal que ya venía haciendo carrera en todos
los ámbitos, y de eso estaba supremamente impregnada la ley 100, de ese
modelo, y le insertan la parte de los intermediarios y la parte del negocio y
entonces pierde, en primer lugar empieza el gobierno a quitarse esa
responsabilidad por medio del Ministerio de Salud y las Secretarias de Salud a
nivel de la regiones, y se vuelve un lucro, hasta llegar a decir por medio de la ley
100 que ya no es paciente sino cliente, y aunque nos movimos duro y resistimos,
eso paso pues porque en el Congreso siempre han pesado más los intereses de la
oligarquía.
Aunque tuvimos un auge de carácter político cuando el proceso de paz que hizo
las FARC y surgió la UP, tuvimos muchos representantes y muchos concejales,
representantes a la asamblea, alcaldes. Pero eso fue un auge que lo vio el
gobierno como un peligro y comenzó a asesinar, a desaparecer y a desplazar
tanta gente, y comenzó toda esa guerra sucia. Esa guerra sucia empezó a afectar
a todas las organizaciones sindicales porque de una u otra manera casi que todas
eran simpatizantes y compartían políticamente, se recibía la orientación y se
apoyaba y todo o estaban en las filas, entonces se da toda esa guerra sucia tan
terrible en ese proceso que se llevó todos los años noventa y después con don
Uribe y toda su gente y comienza la situación crítica.
Y no es por ser quejosos, pero yo siempre lo he dicho, que el sindicato más
asediado siempre ha sido ANTHOC porque hay que ver que Asmedas y la,
Federación Odontológica, la Federación Médica y la Asociación de Enfermeros de
Colombia y todos estos gremios grandes no hacían lo que hacía ANTHOC el
sindicato de rama, aunque estaban en FENTRASALUD y salían a marchar, pero no
como ANTHOC de manera masiva, que era la presentación a nivel nacional de la
presentación de la lucha, de la beligerancia, de la negociación. Por esto ANTHOC
cuando empieza esta situación de violencia es asediado tremendamente, desde
los gerentes, los directores, desde los departamentos de enfermería, desde los
departamentos de personal, y comienza toda esa situación paramilitar y además
que teníamos presencia a nivel nacional en todos los departamentos, solo en
cinco ANTHOC no tiene presencia que son el Cesar, Magdalena, Putumayo, Vaupés
y el otro se me escapa, de resto en todos, pues llegamos a tener 33.000 afiliados
a nivel nacional.
Karol Montaño
¿Después de la ley 100 y el asedio sufrido, en qué cambio el sindicato?
Esneda Méndez
La resistencia fue bien dura, y no bajábamos la guardia pero definitivamente ese
asedio en varias regiones como en el Cauca, Arauca, Bolívar, Atlántico, Tolima,
Guaviare y otras regiones mire cómo comenzaron, y fue dándole en la cabeza, por
los principales dirigentes, los más destacados, nosotros teníamos la siguiente
estructura y así funcionábamos que era con seccionales municipales, y las
departamentales que funcionaban en las capitales, entonces esas municipales
coordinan con la departamental y la departamental con la junta directiva nacional y
a la inversa. Entonces comienzan los paramilitares en las municipales y
departamentales lo mejor que se tenía, desde médicos, enfermeras, conductores,
porteros, y eso a pesar de la solidaridad y la resistencia nos fue desgastando poco
a poco y se agrega a ello lo que establece la famosa ley 100 que ya le conté.
Con esa guerra sucia, comienzan a meterse los paramilitares a dirigir las
secretarías de salud, las secretarías distritales, en los hospitales ponían los
directores y los gerentes y de ahí comienza el señalamiento y el asedio contra la
organización hasta desvertebrar la organización, ese era su objetivo, como
hicieron con la UP, y eso por más resistencia nos quedamos sin dirigencia y ya no
se trabajaba igual con los que quedaban por el temor infundido, a todo momento
eran llamadas, pasquines, persecución y todo eso. Entonces en las asambleas
nacionales que eran la máxima instancia teníamos que discutir como
conservábamos el sindicato y de qué manera sin que bajáramos la guardia
definitivamente, tenemos mucha gente que tuvimos que sacar del país, otra gente
que le bajo a la intensidad de la lucha como mucha otra que salió de los
municipios para acá para Bogotá y nosotros empezar a ver como gestionábamos
esa situación, y abrimos el departamento de derechos humanos y misión medica
sanitaria en coordinación con el Ministerio de Salud para atender toda esa racha
de asesinatos, de desplazamiento y hacinamiento.
El gobierno también reforma el código sustantivo del trabajo con la ley 50 y la ley
60 todas ellas al asecho del trabajador y con escasos meses de diferencia,
comienzan las reestructuraciones y liquidaciones de entidades y ministerios, los
despidos masivos, empiezan a funcionar las EPS las ESE y después con otras
reformas las CTA donde se llegaba con otras condiciones de trabajo. Comienza
también otra estrategia del gobierno que es la de comprar conciencias de la gente
que persistía, pero como no todo tienen ese amor a la causa sino que empiezan a
comprar los fueros sindicales, a renegociar que eso se puso al orden del día, eso
se llamó retiros voluntarios para evitarse los pleitos y les pagaban a los
trabajadores para que se fueran, muchos cayeron en eso, y todo eso fue
afectando al movimiento sindical en todas las ramas, el sector cementero,
petrolero, de transporte y demás y es algo que sigue a la orden del día, la compra
de conciencia de los dirigentes sindicales.
Yo estuve en el sindicato hasta el 2004, y sigo en contacto con algunos
compañeros y compañeras porque también coordinamos actividades con la
Organización Colombiana de Pensionados OCP que es donde me encuentro ahora,
y el cambio ha sido tremendo, ya había dificultades, había oposición, habían
estilos y un poco de dificultades que ya era evidentes, pero uno trataba de dar el
debate fraterno, después de que salgo o un poco antes se empieza a vivir en las
centrales ese estilo de estar muy con los patronos o con el gobierno llevándoles la
idea y en una conciliación permanente, no decimos que no hay que hablar pero
hay que seguir firme, pero no, empezó la gente a doblegarse por cosas muy
sencillas, le fueron bajando a la guardia, a la movilización, a la preparación y a la
educación de la gente y se ha caído, el sindicato en este momento da tristeza, en
la teoría se es muy beligerante porque hay compañeros que siguen ahí y conocen
al dedillo toda la problemática de salud y como hay que confrontarla, pero en la
práctica eso no se ve y le quedan hoy 11.300 afiliados, me se la cifra porque
dentro de poco vamos a tener las elecciones de la CUT.
Pero la gente está hoy en un acomodamiento, la gente tiene la idea en la cabeza
de llegar al sindicato por tener protección que es el fuero sindical, viáticos de
gente que dice que se tiene que venir a vivir a Bogotá para que la dirección
funcione, ven solo el objetivo plata y llegar en carros con escoltas y cosas de esas,
y como que van olvidando la lucha y se van acomodando, y pues en esas
estamos. Las asambleas ya no tienen ni parecido a las de antes, yo a pesar de
salirme del sindicato cuando me pensione seguí muy al tanto de todo y orientando
o coordinando muchas decisiones y acciones en las que tenía experiencia y me
preguntaban. Pero le fui cogiendo mucha pereza a esa negligencia y ese
acomodamiento ya la gente no lucha ni se piensa las problemáticas internas, la
verdad está en decadencia y ver todos los sacrificios personales que hacíamos
antes cuando no existía el fuero sindical que le permitía a usted faltar a unas horas
de trabajo para llevar a cabo sus responsabilidades como sindicalista, antes uno
salía del trabajo a las seis de la tarde y seguía de largo toda la noche haciendo
cosas y al otro día empezar turno a las siete de la mañana, o si nos sobraban
viáticos de un viaje los devolvíamos para tener para otro, todo eso se ha perdido.
Ahora adquieren el fuero sindical es para andar faltando al trabajo, todo eso le da
mucha tristeza a uno, ver la sede hoy que esta tan dejada y todas las
proyecciones que se tenían para arreglarla y poco de cosas más, pero bueno así
es la vida, quedan buenos recuerdos.
Entrevista a Henry Javier Rivera Hernández
Miembro de la Junta Directiva Nacional de Anthoc de la Comisión Nacional
de Reclamos Anthoc
Fecha: abril 12 de 2013
Lugar: Barrio Normandía
Objetivo:
Para esta entrevista la intensión fue hacer referencia a las dinámicas de violencia
vividas por los miembros del sindicato a nivel nacional, y un análisis propio del
entrevistado acerca de los responsables de la violación de derechos humanos
hacia los afiliados y de por qué históricamente Anthoc ha sido más asediado que
el resto de sindicatos de la salud desde finales de la década de los 90 hasta
finales del gobierno de Uribe. Pasando a corroborar si ha existido entonces una
complicidad entre el Estado y los paramilitares en la persecución a los
trabajadores de la salud.
Karol Montaño
¿Señor Henry, podríamos hablar un poco del antes y después de la ley 100
en Anthoc?
Henry
Antes de la ley 100 la organización nacional tenia cerca de 34.000 afiliados en 27
departamentos, tenía subdirectivas y al interior de estas en su gran mayoría se
negociaban pliegos de peticiones y se tenía convención colectiva.
Con la expedición de la ley 100 el gobierno nacional estableció nuevas reglas de
juego en donde se limita la clasificación de trabajadores oficiales en las diferentes
entidades hospitalarias y por ende se comienza disminuir el número de afiliados a
las diferentes organizaciones.
Yo vengo de un sindicato de base que teníamos en Bogotá en el Hospital
Universitario de La Samaritana que se fundó en 1962 y hasta 1992 pacto
convenciones-acuerdo, convención para trabajadores oficiales y acuerdos para
empleados públicos con el gobierno nacional en cabeza del Ministro de Salud o su
delejado y en cabeza del Gobernador de Cundinamarca o su delegado, pactos
que se han venido desconociendo sobretodo esos acuerdos para empleados
públicos porque supuestamente en Colombia no se había legislado para
negociación de empleados públicos, en razón de ello se entra a desconocer todos
eso acuerdos que se habían celebrado desde 1964 hasta 1992.
Paulatinamente se empieza a aplicar la ley 100 y los entes departamentales tenían
dos años más para la aplicación de la ley, es decir pasar de las cajas de previsión
departamentales que teníamos al sistema nacional como fue la creación de las EPS
nacionales y lo mismo que al sistema pensional del régimen de prima media que
tenía en su momento el Seguro Social, allí ya se coartan ciertas limitantes porque
el hospital público pensionaba su gente al despedirla, después de trabajar 20 años
la persona tenía derecho a reclamar su pensión sanción sin importar la edad, por
eso la gente salía muy joven a disfrutar de su pensión pero eso se acaba con la
ley 100.
Por otro lado se normatiza que no todo el mundo es empleado oficial en la
entidades hospitalarias y se establecen unos parámetros para quienes son
empleados públicos y quienes son trabajadores oficiales. A pesar de que la Ley 10
de 1990 estableció que en la trasformación de las entidades públicas debía
respetarse el vínculo laboral que traían los trabajadores hasta tanto se diera su
retiro, cosa que ni se respetó ni se ha respetado.
Entonces ya con la ley 100 cambia todo, afecta a los trabajadores, cambia el
régimen pensional, todos deben estar en una EPS para el sistema de salud y todos
deben estar en un régimen de pensiones específico escójalo el trabajador, el
régimen de prima media que es el que tiene el Seguro Social o los fondos privados
de pensiones en donde se engatusa a los trabajadores para que se vayan del
régimen de prima media para el régimen de ahorro individual que hoy en día
vemos que no son funcionales al obrero porque hoy en día para volverse un
funcionario del régimen de ahorro individual al Seguro Social debe llenar una serie
de requisitos y los fondos le cobran una serie de intereses donde el funcionario
sale perdiendo más que si hubiese estado todo el tiempo en el régimen de prima
media.
En la parte administrativa el cambio que se da con la ley 100 es que todo el
mundo pasa a ser empleado público, se rompen las plantas de personal y dentro
de ser empleado público deben existir cargos de libre nombramiento y remoción
de designación por parte del gobernador que son los gerentes de los hospitales y
de otro lado los trabajadores oficiales disminuyen en razón de ello el beneficio
convencional disminuye porque si la convención colectiva de trabajo beneficiaba
un 70% u 80% de los funcionarios de las entidades públicas de salud con la ley 10
que hace la descentralización de la salud en Colombia y la ley 100 se reduce el
número de trabajadores oficiales en las entidades hospitalarias. Y se dan los
planes retiros voluntarios por parte de las administraciones a los funcionarios pero
iban dirigidos específicamente a los trabajadores oficiales para disminuir el
número de beneficiarios de la convención. Lo cual viene mermando y
disminuyendo sustancialmente los afiliados a la organización sindical.
Nosotros teníamos 34.000 afiliados para ese tiempo éramos la organización
sindical más grande del sector salud, dentro de ese espacio teníamos una fuerza
inmensa para poder entrar a buscar algunos acuerdos con el gobierno nacional
pero entonces hábilmente en el gobierno del señor Uribe se fusionan el Ministerio
de Salud y el Ministerio de trabajo entonces el ministro de seguridad social del
país es el mismo juez pero es la misma parte, es a quien demandamos pero es a
quien tenemos que hacer la demanda, entonces como organización sindical
continuamos fue perdiendo, fue una jugada hábil para poder desmontar los
beneficios que se tenían por parte de la organización sindical que eran extensivos
tantos a trabajadores públicos como a trabajadores oficiales y eso nos pone en
contra a los empleados públicos porque ellos entran a considerar que la
organización sindical no sirve para nada ni hace nada por ellos.
Karol Montaño
¿Cómo se dio esa etapa de ir perdiendo afiliados por las reformas y por la
violencia?
Henry
Hoy contamos con cerca de 9000 afiliados nada más. Además de eso vienen
problemas grandísimos de derechos humanos, en las ciudades grandes se vive en
menor cantidad la serie de hechos, tenemos cerca de 1000 casos denunciados de
violación a los derechos humanos a miembros de la asociación sindical ante la
Corte interamericana para que haya una reparación tanto a las familias de los
afectados como a la organización sindical porque de igual manera al ser la
organización sindical más grande del país es la organización sindical que en el
gobierno de Uribe específicamente sufre los rigores del terrorismo también con el
objeto de buscar la desaparición para que la organización sindical desaparezca.
Pero si nos vamos a la periferia no más en Cundinamarca en donde hay presencia
de las AUC y que supuestamente van a acabar con la guerrilla que era
supuestamente para lo que habían sido creadas y hoy en día se transforman esas
AUC en las mal llamadas BACRIM y se comienza a asesinar y a amenazar al
personal de salud. También se hace una fusión de cargos, antes de la ley 100
existía la división de saneamiento ambiental y los promotores y promotoras de
salud que estaban en los campos y eran todos los que hacían los planes y
campañas de vacunación y manejo de promoción de la salud y resulta que
nosotros como servidores públicos como trabajadores de la salud estamos en la
obligación frente al juramento hipocrático que debemos brindar indistintamente
nuestro saber a quien lo requiera, tenga una estado de salud deteriorado o
desmejorado hay que atenderlo.
Entonces ese juramento ha sido un karma para los trabajadores de la salud en el
área rural, entonces esas personas nombradas anteriormente desaparecieron
porque la ley 100 acabo con eso también y queda un solo cargo que termina
reduciendo la planta de personal, es un solo cargo que puede hacer de todo.
Vienen entonces las AUC y como tienen enfrentamientos con los frentes de la
guerrilla para ocultar el conflicto social en Colombia y mostrarle al mundo que aquí
no hay una guerra interna sino que aquí son unos terroristas, se sacan normas
que reforman la Constitución a pedacitos y hoy en día cualquier persona que tire
una piedra o pinte una pared es terrorista y será juzgado como terrorista. En esos
enfrentamientos los heridos llegan a los hospitales de los pueblos fueran del
bando que fueran, y habían que atenderlos y tenemos casos reportados en donde
Autodefensas y en otros casos el Ejército Nacional entraban a las salas de
urgencias y acribillaron al personal que había ahí de salud por atender al
guerrillero o guerrillera herida y en otros casos amenazaban y le daban al personal
24 horas para abandonar el municipio, y si usted tiene su familia es peor pues
terminaban dejando sus enseres y se iban a vagar prácticamente, pedían ayuda al
sindicato y nosotros tratábamos de llegar los más lejos posible en la ayuda y le
avisábamos al Ministerio del Interior o a la Cruz Roja para que los trasladaran acá
a Bogotá, donde llegamos nosotros a tener 70 familias desplazadas a nivel
nacional.
Este flagelo se observó a gran escala también en le Meta, Valle, Caquetá y el
Huila entonces quien va a trabajar en un centro de salud, si por el hecho de
atender a una de estas personas ya tiene problemas y tiene que abandonar su
tierra, si para mí es un paciente es un enfermo que necesita ser atendido no es un
cliente como dicta la ley 100. La guerrilla no masacro dentro de los puestos de
salud, si amenazaba y le daba la orden de salir y si usted no lo hacía se atenía a
las consecuencias; en cambio los paramilitares si llegaron muchas veces a los
puestos de salud y masacraban tanto al personal como al guerrillero herido.
Entonces es una situación en la cual el trabajador se encuentra entre la espada y
la pared en el área rural y hoy en día mucho más porque como los centros de
salud desaparecieron como tal entonces lo municipios cercanos ya no tienen
puestos de salud entonces se creó un sistema mediocre de salud, hospitales de
primer, segundo, tercer y cuarto nivel, los de primer nivel habitualmente están en
la cabecera municipal y por numero poblacional entonces le corresponde a ese
municipio atender a esa población, ahí es donde llegaron las famosas EPS y ARS a
enriquecer a los entes financieros y dentro de eso espacios el único que sigue
jodido es el trabajador de la salud y los pacientes.
Karol Montaño
¿Por qué Anthoc más que otros sindicatos?
Henry Rivera
Tenemos 1005 casos reportados solo en el periodo de Uribe de violación a los
derechos humanos a trabajadores de Anthoc. Y primero, porque es el sindicato en
salud más grande, segundo porque logro extenderse y extender su campo de
acción y sus beneficios logro extenderlos a la mayoría de las departamentales
donde tiene sus sedes en razón de ello se convierte en un enemigo porque de una
u otra manera al ser el mayoritario pues es el que tiene más gente regada en el
país y al tener más gente regada en el país nos volvemos problema porque
atendemos al paciente, al enfermo o al herido entonces somos más amenazados y
violentados y cuando denunciamos la corrupción somos declaramos objetivo
militar de parte de las AUC básicamente y somos enemigos del sistema capitalista
que sigue emperando en nuestro país.
Cuando se presentan las amenazas que son por medio telefónico o por fax con
nombres propios, se demora el Ministerio del Interior que se supone debe
salvaguardar nuestras vidas y nuestra integridad, se demora cerca de 3 meses
para venir a hacer la visita y hecha la visita en la que le hacen una serie de
preguntas y se van, pasan otros 3 meses y viene el dictamen y se manifiesta que
somos de un bajo perfil y nunca hemos sabido a que se refieren con eso porque
nunca el Ministerio del Interior nos ha explicado que significa ser un directivo de
bajo perfil. Para nosotros ser de bajo perfil es no importar en el sistema o que
somos seres humanos que no valemos para el sistema, en razón de ello no se nos
brinda protección por parte del Estado.
Karol Montaño
¿Quiénes han sido los mayores responsables de la violencia ejercida contra
ustedes?
Henry Rivera
Las AUC, alimentadas por el sistema gubernamental que nosotros tenemos, desde
el gobierno y desde el congreso se alimentan y se mantienen esas AUC para que
vengan a destruir la reclamación del derecho fundamental a la salud y se venga a
dejar quieto el negocio para que siga creciendo el negocio de la salud por parte de
los privados.
Hay complicidad entre el gobierno y las Autodefensas, nosotros no podemos
olvidarnos en este momento cuantos proyectos de ley que hasta el momento van
cuatro que la Anthoc ha construido con la sociedad y hemos manifestado que la
ley 100 no sirve, cuántas personas más necesitan seguir muriendo o cayendo para
demostrar que existe el paseo de la muerte?, cuántas personas más deben morir
en nuestro país para que se entienda que el sistema de salud no garantiza la
salud de los colombianos sino que garantiza un sistema económico sólido para las
EPS a punta de violencia y represión también a los sindicalistas del sector para
callarnos.
En la Costa Atlántica se logró demostrar en su momento que miembros de los
Concejos eran paramilitares y entonces se supone que son ellos los que tienen
que distribuir los recursos y dentro de esos recursos pues no los envían a los
hospitales y buscan echarle la culpa a la organización sindical de la situación de
que no hayan recursos y de que se vaya a liquidar determinado hospital público.
Se busca culpar a la organización sindical que de los beneficios que tienen los
trabajadores y de lo que reciben los empleados de la entidad hospitalaria es que
se quiebra el sistema y por eso no es rentable el hospital porque en Colombia se
busca después de la ley 100 los hospitales públicos sean rentables y entren
formar parte del sistema financiero.
Entrevista a Alfonso Franco
Dirigente sindical
Secretario Técnico de Anthoc a nivel nacional actualmente
Fecha: 20 de abril de 2013
Lugar: Sede Nacional de Anthoc, Bogotá
Karol
¿Cuál es su punto de vista respecto a la implantación de la ley 100 del 93 y
cómo los afecto a ustedes?
Alfonso
El modelo neoliberal que se implementa en el país es desarrollado de manera
agresiva en el sector de la salud toda vez que allí confluyen la mayor cantidad e
intereses económicos de diferentes sectores y actores del sistema de salud
particularmente en lo que tiene que ver con la implantación del modelo de
mercado y la expoliación de los servicios públicos destinados a la atención de la
salud de la población colombiana.
Durante la implementación de la ley 100, una de la organizaciones sindicales que
más ha confrontado el modelo de mercado y de manera directa es la organización
sindical Anthoc tanto en su etapa de discusión y debate que se desarrolló en el
congreso hasta su consolidación como proyecto de ley que más tarde fue la ley
100, nosotros siempre la hemos confrontado. Esto ha implicado que los diferentes
actores armados especialmente los grupos paramilitares hoy las llamadas Bacrim
siempre hayan tenido como objetivo militar la organización sindical Anthoc y su
dirigencia sindical precisamente porque se caracteriza la organización y su
dirigencia por denunciar y confrontar de manera expedita y sin ambigüedades todo
lo que tenga que ver con focos de corrupción en el sector salud.
Así como hemos denunciado que en algunas regiones del país las entidades
hospitalarias se constituyeron en la caja menor de grupos armados como ocurrió
en algunos municipios del departamento del Atlántico y de la Costa Caribe en
general, también hemos denunciado la intromisión de los partidos y movimientos
políticos dentro de las administración de las entidades hospitalarias o en el
despilfarro de los recursos de la salud. Hemos denunciado también todo ese
cumulo de acciones fraudulentas que han conducido a hechos tan bochornosos
como los que hemos conocido dos años atrás con todo lo que correspondió al
proceso de desviación de recursos del sistema de salud a través de Solsalud de
Saludcoop y de otras EPS tanto del régimen contributivo como del régimen
subsidiario entonces esa sistemática acción de la organización sindical ha hecho
que además de que como es una organización profundamente comprometida con
los intereses de los trabajadores y la defensa de sus intereses como una clase
social entonces seamos el objeto de la represión tanto de los agentes estatales
como también de agentes para-estatales.
Eso ha conducido a que la organización haya puesto un número bastante alto de
muertos, no en vano podemos decir que tenemos más de 100 asesinados. En
regiones del país como el Atlántico es donde mayor cantidad de muertos se han
puesto además tenemos más de 300 desplazados a nivel nacional y tenemos
también cerca de unas 30 personas que se encuentran en el exilio en diferentes
regiones del mundo. Eso nos lleva a afirmar que hay un plan persistente tanto de
agentes estatales como para-estatales de eliminar físicamente la dirigencia
sindical y generar lo que nosotros podríamos llamar un genocidio contra la
organización sindical.
Pero adicionalmente a la acción represiva del Estado y de los grupos armados
ilegales encontramos también otra fase tendiente a eliminar físicamente la
organización sindical y es a través de lo que se ha llamado el ajuste institucional o
la restructuración de entidades hospitalarias en el país. Por esa vía la organización
sindical ha perdido un importante número de su base social hacia la década de los
años 1990 y 1999 que empieza el programa de ajuste institucional este sindicatos
tenía alrededor de 25.000 afiliados y actualmente no alcanzamos a 12.000
afiliados quiere decir que un interregno de más o menos diez años la organización
ha perdido más del 50% de su militancia sindical por efectos de la
restructuraciones, las adecuaciones institucionales y las liquidaciones de las
diferentes entidades hospitalarias en el país.
Para esa época de restructuración, según información del Ministerio de Salud de
la época, existían cerca de 2873 entidades hospitalarias clasificadas en los niveles
de tercer, segundo y primer nivel de atención. Según la información que se expide
en una resolución que determina el nivel de riesgo financiero de las entidades que
expidió el Ministerio el año pasado, encontramos que solo existe en el país 991
entidades hospitalarias del sector público sobre más o menos unas 3000 que
habían. Esto quiere decir que así en gobierno pretenda ocultar que en el ejercicio
de la aplicación de la ley 100 no se ha eliminado instituciones hospitalarias la
evidencia nos demuestra que casi más de dos mil entidades hospitalarias han sido
suprimidas, fusionadas o sacadas del mercado de la salud para permitir el ingreso
de todo lo que es la competencia privada.
Entonces esos son elementos que tienen que ver con toda esa acción y de una
cultura anti sindical no solamente por parte del Estado sino del conjunto de la
sociedad colombiana, no en vano Colombia es el país de América Latina que más
índice de sindicalización tiene, producto de una cultura anti democrática y anti
sindical. Ello conduce entonces a que la organización sindical a pesar de toda esta
arremetida no haya bajado su accionar en defensa de los derechos de los
trabajadores, en su lucha por reivindicar la salud como un derecho humano
fundamental y tal es así que ha desarrollado por iniciativa propia la mayor cantidad
de movilizaciones que se haya dado del sector salud en la historia del país.
En los dos últimos años del periodo Uribe se inventó la llamada “emergencia
social” para hacer unas modificaciones a la ley de salud que se materializo a
través de la ley 1122 y que fue objeto del llamado de atención de la organización
sindical a través de unas tomas de iglesias y de unas vigilias que llamo
poderosamente la atención y que condujo que la sociedad a través de las redes
sociales se gestionara una importante movilización social en el país y que de
alguna manera condujera a que la Corte Constitucional declarara inconstitucional
la mayoría de las normas que se expidieron al amparo de la “emergencia social”
ello ha permitido que entre la sociedad colombiana a pesar de que pesista todos
los efectos perversos del modelo de salud mercantilista que tenemos en el país
haya generado una conciencia social hacia la denuncia y hacia la movilización.
Karol
¿Cuáles son sus propuestas actuales?
Alfonso
Hoy tenemos incluso desde el sector social de construcción de un modelo
alternativo de salud que lo hemos materializado a través del proyecto de ley 105
del Senado, y a través del proyecto de ley 233 de este año que se encuentra
radicado en el congreso y que son las iniciativas que presentan los sectores
sociales, académicos, laborales en contraposición a lo que es la prepuesta
gubernamental del modelo de salud que entre otras cosas no está resolviendo los
problemas estructurales que padece el sistema de salud colombiano sino que lo
está profundizando e implementado de manera más radical todo lo que es los
elementos del neoliberalismo y del mercado del sector de la salud.
Esto implicara en consecuencia que habrá nuevamente movilizaciones sociales en
máxime, ahora que hay como un auge de la movilización social en el país. En
consecuencia nosotros planteamos que a pesar de estas acciones violentas con el
sector de la salud, nuestro compromiso como organización sindical y de los
usuarios de la salud que tienen conciencia es ayudar a construir un verdadero
modelo de salud que reivindique el derecho a la salud y que sea prestado con
recursos públicos y que seccionalmente el sector privado pueda prestarlo solo en
aquellos casos es que el sector público no lo pueda atender. De esa manera
nosotros creemos que estamos contribuyendo a garantizarle a la sociedad un
bienestar colectivo, una dignificación en sus condiciones de vida.
Hay una reducción de la base social en los departamentos de Atlántico, Bolívar,
Córdoba, Sucre, en esos cuatro departamentos nosotros alcanzamos a contar en
su momento con cerca de 10.000 afiliados, hoy no alcanzan a 5.000, producto del
impacto tan grande que genero la penetración de los grupos paramilitares. Unas
de las regiones más impactadas fue la del Atlántico como la del mismo Córdoba,
donde era el acento del Bloque Central de las Autodefensas, desde esas
instancias ellos controlaban instituciones hospitalarias, Eleonora Pineda por
ejemplo, ex Senadora de la República y agente política de las AUC, fue
funcionaria y directora de un hospital en Córdoba, tanto así que unos estudios que
hace la corporación Arco iris sobre las finanzas de los paramilitares ellos mismos
demuestran allí como la mayor fuente de financiación era con los recursos de la
salud y era porque controlaban las EPS subsidiadas o las solidarias o también
porque controlaban la contratación en las entidades hospitalarias y en últimas
porque ponían también los directores de las entidades hospitalarias.
Eso quiere decir que el sistema de salud colombiano es profundamente perverso,
con los recursos de la salud del pueblo colombiano se le financio para que se
asesinara al mismo pueblo. Es esa alianza del político tradicional y todo lo que
tiene que ver con el poder para-estatal, como se ponen de acuerdo para
cogobernar las entidades territoriales y públicas, pero con un agravante más y es
que también se ponen de acuerdo para sobrexplotar al trabajador de la salud a
través de la consolidación de Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) que eran
controladas por los paramilitares o por lo políticos adeptos a ellos, ese ejercicio lo
ve usted fundamentalmente en todo lo que es el departamento del Atlántico,
Córdoba, Antioquia, Sucre, Norte de Santander, Santanderes, casi todo el país.
El mayor ejemplo de eso se da en el control que tenía Dieb Maloof en todo lo que
era el Seguro Social, como él controlaba todo lo que era la contratación y asuntos
laborales de la ESE José Prudencio Padilla en Barranquilla, y así sucesivamente
encontramos la misma circunstancia. En Santander por ejemplo, encontramos el
partido político Convergencia Ciudadana tenía toda una infraestructura que
además era contratada por la gobernación de Santander en cabeza del Coronel
Hugo del Pinar. Uno observa todas esas situaciones y no se puede decir que sean
esporádicas sino que son circunstancias y hechos que se pueden definir como
premeditados o planeados, es decir cómo se apoderaron del Estado colombiano, y
si así lo hacían tenían a la cabeza a su mayor ejemplar, no en vano el presidente
Uribe representa una cultura traqueta de los mafioso y todo lo lumpesco que
pueda existir, sin embargo para unos es el mejor residente de Colombia.
