Presidente y Director General: Mtro. Carlos Ramírez 11 de noviembre de 2019 No. 22

La violencia criminal en Aguilillas, Iguala, Culiacán Bavispe puso un límite de funcionalidad a la estra-

tegia de seguridad pública del gobierno de López Obrador, basada en el cese de perse-cución de narcos, ley de amnistía y un con-sejo para la paz. Lo grave es establecer que esa estrategia sólo creó un vacío de Estado que ha sido ocupado por las organizaciones criminales.

Las agresiones criminales sorprendieron a las autoridades y les dejaron indicios del escalamiento de la violencia: secuestrar pipas de gas, amenazar con estallarlas en zonas ha-bitacionales militares donde habitan esposas e hijos y secuestrar militares con amenazas de asesinarlos en vivo vía Internet, a demás de atacar familias con mujeres y niños en Sono-ra.

En este sentido, la crisis en Culiacán y Bavispe debió de haber puesto a revisión la estrategia nacional de seguridad pública ba-sada en la pacificación de la república. La vía de la paz se ha experimentado en América Latina con grupos guerrilleros prácticamen-

te derrotados y ya sin zonas beligerantes. Y se negocia la paz con grupos que buscan la derrota de los grupos gobernantes y la instau-ración de un sistema de gobierno diferente al democrático, electoral y representativo.

La estrategia de seguridad debe, en pri-mer lugar, defender la unidad del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos. En segundo lugar, debe de garantizar las condiciones de inversión, empleo y producción bajo la rec-toría del Estado. Y en tercer lugar, debe de excluir a los cárteles del crimen organizado de las estructuras políticas, sociales y producti-vas institucionales.

Culiacán y Bavispe probaron en los he-chos la crisis de seguridad interior en México porque mostraron la falta de condiciones de seguridad para la estabilidad. Los cárteles han capturado a partes de instituciones del Estado que debieran estar al servicio de los sectores productivos y de la ciudadanía. En Michoa-cán se ha visto como los cárteles se convierten en empresarios, controlan la competitividad y el consumo por la fuerza criminal y son in-capacidad de darle a esa intervención econó-

mica enfoques de bienestar.La crisis de seguridad de Aguilillas a Ba-

vispe fue mal procesada en el gabinete de seguridad; si bien era necesario detectar in-suficiencias y sobre todo fallas, también re-quirió de una revisión a fondo de las tácticas. La búsqueda de responsables, la exigencia de renuncias y la descalificación de la totalidad de la estrategia debieron ser la reacción in-mediata de las autoridades, no el discurso de reafirmación de la estrategia de “abrazos y no balazos”.

Asimismo, esas crisis de seguridad mos-traron la urgencia de ampliar el consenso de la estrategia de seguridad: la crítica sin con-cesiones de algunos medios y críticos, la fal-ta de acompañamiento del sector privado y el enfriamiento en el consenso con el poder legislativo podrían disminuir los efectos posi-tivos buscados por la estrategia. A la tarea de consolidar un consenso más amplio debería dedicarse el secretario federal de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, cuyo per-fil civil le da mayor sensibilidad y flexibilidad que los altos mandos de las fuerzas armadas.

Seguridad estratégica; Culiacán y LeBarón

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad

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Resumen ejecutivo

Gestión de una crisis en seguridad/ Por Carlos Ramírez / pág. 3

El uso legítimo de la fuerza y el respaldo social / Por Mauricio Farah / pág. 4

Cómo ser activista sin convertirse en carne de cañón / Por Fernando Dworak / pág. 2

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11 de noviembre de 2019

Por Fernando Dworak

Por el contrario, a los individuos nos pre-ocupa un cierto número de temas y solemos preocuparnos por algo cuando afecta nuestra vida o creemos en una causa determinada. Y en la medida que existe una percepción de que un asunto nos concierne a todos cuando pueden aparecer movilizaciones masivas para promoverlo o detenerlo.

Bajo esta premisa, las movilizaciones masivas por un tema tienden a ser pocas, a menos que haya una motivación política para inflarlas. Es ahí donde las personas que en-tran en esos movimientos pueden convertirse en agentes útiles de una agenda particular.

¿Qué tener en cuenta para evitar esto? Van algunos principios.

Todos tenemos interesesSi a todos los individuos nos afecta o no

un tema, vamos a tener intereses distintos so-bre un asunto particular. En algún momento nos tendremos que oponer a alguien más. Puede que ese interés no sea popular o inclu-so que vaya a favor de reglas más equitativas, pero ello no los hace necesariamente “malos”.

A decir verdad la democracia funciona mejor cuando todos declaramos nuestros intereses, lo cual permite la negociación. En ese sentido, ayuda más a una democracia la existencia de una “telebancada”, entendida como el llamado grupo de legisladores afines a televisoras que tuvo el PVEM hace algunas legislaturas, donde sabemos qué negociar con ellos que un grupo de legisladores, activistas o intelectuales que hablan del interés nacio-nal sin poder articularlo más allá de un con-junto de consignas y juicios de valor. A final de cuentas, si un grupo de legisladores puede

dominar un debate es culpa de los otros par-tidos que no han sabido articular un discurso alternativo o tener legisladores que represen-ten los demás intereses.

Vayamos más allá, a propósito de ese gru-po de legisladores: hay diferencias en los in-tereses de las grandes empresas. Por ejemplo, no es la misma postura de Televisa y Grupo Salinas en materia de telecomunicaciones que la de Grupo Carso. Incluso los dos primeros están aliándose en materia de telecomunica-ciones para más o menos poder competir con el último. ¿A dónde llevó el calificativo de “Ley Televisa”? ¿A quién beneficiamos con el discurso maniqueo?

Es posible que los discursos maniqueos que vemos constantemente son intentos por ocultar la verdadera agenda de alguien más.

Saber qué pedirSi todos tenemos intereses parciales, ¿qué

se puede hacer? Conocer las posturas, ver las correlaciones de fuerzas, qué propone cada parte y de ahí tomar partido.

Por ejemplo, todas las iniciativas que hoy se discuten son polémicas y tienen muchos aspectos perfectibles. Pero poco ayuda redu-cir las posturas de los contrarios a visiones ad hominem, sin realmente ponderar las pro-puestas y agendas de cada uno.

Una forma de entender mejor un proble-ma es ver qué sucede en otros países. No so-mos únicos en el planeta: todos los países se han enfrentado a problemas similares y con-viene analizar cómo han intentado resolver-los. Toda reforma es producto fundamental-mente de adaptación y, en pocos casos donde no hay antecedentes, de innovación. Nos

hace mucho mal reducirnos a descalificar la postura del otro por razones ideológicas.

Evitar las homilías políticasVoy a ser cínico: si muchos debates están

atascados en los mismos términos por años, los apoyan los mismos académicos y perio-distas y aparecen en las movilizaciones casi los mismos políticos, entonces no estamos hablando de un debate público, sino de un ritual repetitivo donde se refrendan las mis-mas creencias de manera constante: una ho-milía política.

Puede que un activista coincida con un tema. Pero si se convierte en una herramienta de golpeo en la lucha por el poder, es tiem-po de reflexionar a qué está dedicando sus esfuerzos. Claro está si acaso lo suyo no es hacer esto por creer en una plataforma parti-dista o para hacer méritos políticos.

Evitar los discursos antidemocráticosEn una democracia no existen los amigos

o los enemigos: sólo intereses contrapuestos que pueden o no ser aliados en algún mo-mento determinado. Por ende todos tenemos derecho a decir nuestras opiniones, por más repugnantes que resulten a otros, si quere-mos seguirnos llamando democracia. Será la fuerza que cada bando tenga en determinado momento lo que podrá modificar o no las le-yes en alguna dirección.

Por ello la pretensión de algunos por obli-gar a ciertos legisladores a no participar en un debate no sólo es perniciosa para la democra-cia, sino que esconde la intención de que sólo una voz esté autorizada para hablar – justo como sucedía en ese viejo régimen que algu-nos dicen combatir con sus movilizaciones.

Finalmente, quiero decir que puedo coincidir con algunas luchas, aunque sea de manera general. ¿Por qué no aprovechan los activistas los periodos de receso del Congreso para elaborar propuestas más acabadas que puedan convencer? Hay tiempo, falta ver si hay interés y capacidad.

@FernandoDworak

Cómo ser activista sin convertirse en carne de cañón

Toda democracia requiere de una sociedad civil acti-va. Sin embargo no se la puede concebir como una entidad uniforme y permanente, aun cuando puede

haber personas u organizaciones que usen ese término a ma-nera de franquicia.

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Boletín de Seguridad y Defensa

agenda de confrontación. Y el gobierno fe-deral cayó en esa celada y por lo menos has-ta el pasado fin de semana no podía romper el sitio mediático. La mala comunicación se percibió en la desesperación de Durazo ante los escasos diputados presente, en lugar de mostrar otra imagen de fortaleza.

Las crisis en los aparatos de poder nun-ca se deben operar con respuestas, sino que se deben gestionar con posicionamientos. El punto central de toda crisis radica en quién define la agenda de los conflictos. El esta-blecimiento de la agenda de la crisis suele otorgarse a los medios, pero en los escenarios políticos en tensión la deben tener las insti-tuciones afectadas. El final de esas crisis no radica en saber quién impuso sus puntos de vista, sino en entender quién fijo los paráme-tros del poder. Los medios carecen de poder, pero ganan exhibiendo los errores del poder institucional.

Las crisis se gestionan con política y po-der, no con sentimientos de culpa.

Pero las crisis no anulan intenciones y objetivos válidos. La reacción del gobierno federal buscando enemigos o desviando la atención contrastó con la serenidad del ge-neral secretario Luis Cresencio Sandoval González de reconocer las fallas y de orde-nar un replanteamiento de los mecanismos de operaciones similares. Al final, el Chapito será capturado para cumplimentar una orden de extradición, como su padre fue capturado tres veces, dos de ellas después de espectacu-lares fugas.

Las crisis sirven para afinar estrategias, no para abandonar planes.

Aunque a muchos no es guste la referencia, la crisis del operativo en Culiacán el 17 de octubre es

equiparable con la noche de Ayotzinapa del gobierno de Enrique Peña Nieto: en Igua-la fue una reacción tardía y equivocada del gobierno y el suceso colapsó al Estado; en el caso de Culiacán ha sido una reacción desor-ganizada del aparato público ante una falla en un operativo. Al final, el resultado es el mismo: asuntos de seguridad se convierten en colapso de gobernabilidad.

En el caso Culiacán se pueden identificar cuando menos cinco crisis correlativas, todas, para desgracia del gobierno, con espacios para utilización:

1.- Una crisis política. Durante dos sema-nas, de la tarde del conflicto el 17 de octubre a la comparecencia del secretario de Seguri-dad, Alfonso Durazo, ante un pleno men-guado de diputados el jueves 31 de octubre, el gobierno federal no se salió del espacio del debate político. Al abrir toda la información dio un paso audaz, pero careció de habilidad para centrar el asunto en la seguridad. La oposición y los medios críticos encontraron huecos para colarse a la confrontación directa con el presidente de la república. El presiden-te y Durazo, solos, se metieron al circo de la política donde no caben las razones.

2.- Una crisis de Estado. En tanto garan-te de la seguridad, el gobierno privilegió la defensa de su estrategia de paz y no violencia por encima del pánico social que analizó, de manera equivocada, el repliegue de las fuer-zas de seguridad como una evidencia de in-capacidad para proteger a la sociedad. La ver-sión de que fue una derrota del Estado nunca pudo ser respondida por los funcionarios del gabinete de seguridad. Faltó lo indispensable en crisis similares: la fuerza institucional del Estado como el monopolio del poder, y no tanto como fuerza, sino como capacidad de decisión: el Estado se la pasó justificando un operativo, en lugar de reconocer una batalla

perdida. El mensaje que debió quedar vigen-te sería la intención de extraditar al hijo de El Chapo se deslizó con demasiado cuidado. Los Estados pierden batallas, pero desapare-cen cuando pierden una guerra.

3.- Una crisis de poder. Las tres carac-terísticas de los Estados modernos son --en versión de Alessandro Paserin d’Entrèves-- poder, fuerza y autoridad. El poder define al Estado: la capacidad de la institución de imponer un orden sobre todos. Lo impor-tante no fue el repliegue del operativo y la liberación del hijo de El Chapo, sino la falta de precisión de la fuerza del Estado. Así, el poder del Estado parecido ser vencido en los hechos, aunque no en la realidad. Como ocu-rrió con las dos fugas de El Chapo, el poder del Estado lo persiguió hasta atraparlo y ex-traditarlo. La sociedad debe ver en el Estado la imagen del poder superior, indivisible y en acto.

4.- Una crisis del poder ejecutivo. Y resul-ta paradójico que el poder presidencial hoy es similar al de los caudillos revolucionarios, pero la exposición de ese poder a debates con medios en las mañaneras ha disminuido la imagen presidencial en cuanto a poder supe-rior. El debate en la conferencia de prensa del jueves 31 puso al presidente a dar explicacio-nes ya dadas por sus funcionarios y a chocar con la prensa. La centralización del gobierno en la figura presidencial debiera ser flexible, no absoluta. Los presidentes deben dar órde-nes ejecutivas, no explicaciones.

5.- Una crisis de comunicación política del Estado, del gobierno y del gabinete de seguridad. Al mantenerse el operativo como agenda central durante dos semanas, la estra-tegia de comunicación quedó sin activos po-líticos. Aquí el problema ya no es Culiacán, sino la asunción de la comunicación política como un instrumento de poder. Los medios críticos encontraron vetas en los resquicios ciegos de la operación y de las explicaciones oficiales y las potenciaron como parte de su

Gestión de una crisis en seguridadPor Carlos Ramírez

Enfoque Estratégico

El autor es director del Centro de Estu-dios Económicos, Políticos y de Seguridad.

seguridadydefensa@gmail.comwww.seguridadydefensa.mx

@carlosramirezh

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El uso legítimo de la fuerza y el respaldo social

A los hechos de Culiacán ha seguido un intenso y sano debate. En buena hora que así sea porque sólo lo que se discute pública y abiertamente encuentra cauce colectivo y, por lo tanto, da camino a la actuación del Estado en su conjunto.

Entre otras muchas responsabilidades del Estado, la crucial es hacer prevalecer el Estado de derecho y garantizar la seguridad pública, tareas mayúsculas a las que se suma otra, indispensable: respetar y proteger los derechos humanos.

No se trata de responsabilidades optati-vas ni excluyentes. No es una u otra, como tampoco cumplir una implica renunciar a las otras.

Para hacer prevalecer el Estado de derecho y garantizar la paz pública el Estado debe ase-gurarse de que el aparato de justicia funcione bien, lo que incluye oportunidad, legalidad y certidumbre. Y, desde luego, conservar el monopolio del uso legítimo de la fuerza.

No hay duda de que el Gobierno Federal acierta al optar por orientar sus esfuerzos a la pacificación del país mediante la atención de

las causas estructurales de la inseguridad, lo que implica una visión de largo aliento.

Infortunadamente tampoco hay duda de que los cárteles de la droga se mantienen en pie de guerra entre ellos y también en contra de cualquier otra fuerza que se oponga a sus intereses, léase el Estado.

Tenemos, así, a un Estado que quiere hacer prevalecer la paz y a una delincuencia de múltiples cabezas y estructuras que quiere conseguir sus fines mediante la violencia.

Entendemos la política gubernamental, que en palabras de Baruch Spinoza podría sintetizarse así: “El estado más deseable es aquel que recurre a todos los medios para evi-tar la guerra esforzándose con ardor extremo en proteger la paz.”

Más allá de este principio, la realidad nos dice que es de prever que habrá más ocasio-nes en las que las Fuerzas Armadas, la Guar-dia Nacional y otras corporaciones se enfren-tarán a la delincuencia organizada.

En esos casos y de manera consistente, oficiales y elementos de las fuerzas armadas necesitan nuestro respaldo. También nuestro

escrutinio en cuanto al respeto a los derechos humanos. Pero no podemos llegar al absurdo escenario en que los delincuentes puedan ha-cer cuanto quieran y la autoridad sea juzgada con rigor extremo.

Si bien, como dice Jean-Jacques Rous-seau, “la fuerza no hace derecho”, la fuerza del Estado, aplicada de manera legítima, necesaria y proporcional, sí puede hacer que prevalezca el derecho.

El Ejército, la Marina y la Guardia Na-cional deben contar con el respaldo de la po-blación para que sea posible el goce del dere-cho humano a la tranquilidad, la seguridad y la paz pública.

Para recuperar la paz que hemos perdi-do en más de 12 años, requerimos un Esta-do con instrumentos de seguridad sólidos, sobradamente superiores a cualquier desafío delincuencial y holgadamente apoyados por la sociedad.

El autor es especialista en Derechos Hu-manos.

Artículo publicado en el periódico El He-raldo de México el lunes 4 de noviembre.

Secretario general de servicios adminis-trativos del Senado y especialista en derechos humanos.

mauriciofarag@hotmail.com@MFARAHG

Por Mauricio Farah

No se trata de responsabilidades optativas ni exclu-yentes; no es una u otra, como tampoco cumplir una implica renunciar a las otras.

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Boletín de Seguridad y Defensa

Papel estratégico del ejército y creciente apoyo social

El apoyo se ha reforzado en sondeos que se han hecho en lo general y en casos parti-culares: el ejército se encuentra rentre las tres primeras instituciones mejor calificadas. Le-jos han quedado los tiempos en que los mi-litares provocaban críticas que los mantenían lejos de la sociedad; su participación decidida en la lucha contra el crimen organizado ha revaluado el papel de los soldados.

Alrededor de la crisis en Culiacán circu-laron tres encuestas con datos muy precisos:

1.- Una encuesta de Consulta Mitofsky levantada después de la crisis del hijo de El Chapo en Culiacán reveló una opinión bue-na y regular de 88.9% a nivel nacional y de 85.3% en Sinaloa a favor del ejército. Y el grado de confianza de los ciudadanos en los militares en escala de 1 a 10 fue de 77.1% en nivel alto de 0 a 10 y de 14.7% a nivel medio de 5 a 7 a nivel nacional y de 66% y 21.3% respectivamente en Sinaloa. La calificación consolidada fue de 8.3% en la república y de 7.78 en Sinaloa.

--A nivel nacional, en la misma encuesta posterior al operativo en Culiacán, 82% dijo a nivel nacional que es correcta la utilización del ejército en labores de combate al crimen organizado y de 82.6% a nivel de Sinaloa. En términos generales, el 82.7% a nivel nacional dijo que tenia sensación de seguridad, tran-quilidad y alivio con los militares en labores sociales sociales y el 84.2% a nivel de Sinaloa.

Sobre el operativo en Sinaloa contra uno de los hijos de El Chapo, la encuesta arrojó datos interesantes:

--55.3% a nivel nacional afirmó que el

gobierno hizo bien en liberar al capo y a nivel de Sinaloa el apoyo a la decisión guberna-mental subió a 71.4%.

--Una de las preguntas fue diferente: ¿qué hubieran hecho los ciudadanos si hubieran estado en posición de decidir? A nivel na-cional el 56% dijo que liberarlo para evitar muertes civiles y el 69.7% a nivel de Sinaloa dijo que también liberarlo.

--El 68.1% de encuestados a nivel nacio-nal y el 73% de sinaloenses aceptaron que los criminales si hubieran cumplido su amenaza de matar civiles.

--En el delicado tema de negociar o no con organizaciones delictivas, el 41% a nivel nacional y el 56.6% a nivel estatal dijeron que sí se debe negociar en condiciones es-peciales. A nivel nacional el no negociar fue mayor: 47.6%.

--En la calificación de comportamientos, el 51.8% a nivel nacional y el 56.1 a nivel Si-naloa dijeron que el presidente López Obra-dor había hecho decidido bien; y respecto al ejército, el 58.6% a nivel nacional y 52.3% a nivel Sinaloa apoyaron al ejército.

--A partir de la parte fallida del operativo, el 53% de encuestados a nivel nacional y el 54% a nivel Sinaloa afirmaron que debe mo-dificarse la estrategia de seguridad porque no está dando buenos resultados.

--El 49.6% de mexicanos a nivel nacio-nal y el 56.8% a nivel de Sinaloa refirmaron que el objetivo de la estrategia de seguridad, como lo señala el modelo presidencial, debe evitar la pérdida de vidas humanas.

2.- Otra reciente encuesta de la empresa Consulta Mitofsky sobre la confianza en las

Análisis Estratégico

instituciones en 2019 arrojó datos sobresa-lientes:

--El ejército ocupa el segundo lugar en confianza con 7.0 de calificación después de las universidades, empatado con la imagen presidencial. En 2018 el ejército calificó 7, en tanto que la presidencia de Peña Nieto quedó en lugar 16 con 5.1, lo que quiere decir que López Obrador hizo subir la institución pre-sidencial 1.9 puntos para situarla en un em-pate en segundo sitio con 7 con los militares.

3.- Y la última Encuesta Nacional de Se-guridad Pública Urbana del INEGI (10 de octubre de 2019) colocó a las fuerzas arma-das como las instituciones más confiables en materia de seguridad: 86.1% para la Mari-na-Armada de México y 83.2% para el ejérci-to, contra 63.6 para la policía federal, 50.6% para las policías estatales y apenas 41.7 para las policías municipales.

En estas tres encuestas se revela el alto grado de aceptación social de las fuerzas ar-madas a nivel nacional y también estatal en Sinaloa. A pesar de que el general secretario Luis Cresencio Sandoval González reconoció con honor de soldado que el operativo había tenido fallas militares, la respuesta social fue de apoyo por la sencilla razón de que las fuer-zas armadas son la última línea de defensa de la seguridad ciudadana y su participación tiene que ver con una crisis de seguridad in-terior ante la incapacidad de las fuerzas civiles de seguridad.

El papel relevante de las fuerzas arma-das quedó de manifiesto con la organización de la primera generación de efectivos de la Guardia Nacional creada este año con la in-corporación de policñias militares y policías navales en tareas de seguridad civil, no mili-tar. Los policñias militares y navales se encar-gaban de hacer respetar las leyes de las armas en sus respectivas funciones, sin realizar acti-vidades operativas.

La responsabilidad de los militares se lo-caliza en la fase de planeación y operación de las decisiones tomadas por los mandos civiles y el gabinete de seguridad.

La crisis en Culiacán, con todo y sus fallas, mostró el papel fundamental del ejército en la vida nacional. Cuando el presidente primero reveló el nombre del

jefe del operativo en Culiacán y luego cuando denuncio un “golpe de Estado”, la respuye4sta en las redes fue de absoluto apoyo al instituto armado.

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Veracruz

Entrega Gobernador casas a familiares de policías caídos en cumplimiento de su deber

Reconociendo que los integrantes de la Policía exponen la vida con motivo de sus funciones y muestran vocación de servicio por de-lante de cualquier hecho y circunstancia, así como responsabilidad y compromiso hacia la institución a la que sirven y, primordialmente, a la defensa de la ciudadanía en general; el Gobierno del Estado entregó 40 viviendas en beneficio de 139 familiares deudos de policías caídos en el cumplimiento de su deber.

En este sentido, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en una ceremonia de honor, enalteció la labor por demás heroica que realizan día a día los integrantes de la Policía; y expresó además su profunda gratitud, conjuntamente con el sentir moral e institucional, hacia aquellos elementos que, por su entrega, valor, compromiso, ac-titud de servicio, y lealtad demostrada como servidores públicos, han perdido la vida; por lo que en este día se les concede justicia social y respeto de los derechos humanos

A través del Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIEN-DA) se otorgaron escrituras y llaves de casas habitación, resultando así 4 en el municipio de Tuxpan, 18 en Xalapa, 4 en Medellín, 7 en Veracruz, 4 en Orizaba y 3 en Minatitlán, por un total de 19 millones 962 mil 79 pesos; informó al Gobernador el gerente general de IN-VIVIENDA, Hazael Flores Castro.

“Con honestidad y transparencia en adquisición de viviendas se dio cumplimiento a la Ley 290, bajo la cual las secretarías de Segu-ridad Pública y de Desarrollo Social, de manera coordinada y con atención humana, aportaron respectivamente, 10 millones de pesos la primera; en tanto que la segunda 10 mdp más, a través de INVI-VIENDA; otorgando casas con las debidas características para cada una de las familias”, detalló.

Oaxaca

Buscan acreditaciónInicio el pasado 5 de noviembre, la reunión de trabajo para ini-

ciar el proceso de subvención, con miras a la Acreditación ante CA-LEA-INL, de la Policía Estatal de Oaxaca, del Instituto de Profesiona-lización Policial y del Centro de Control, Comando y Comunicación (C4) Oaxaca; con el apoyo de la Iniciativa Mérida.

En conjunto con Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, inauguramos el “Curso de especialización sobre Actuación Policial en Materia de Violencia de Género contra las Mujeres”, dirigido a policías de los 40 municipios con Alerta de Violencia de Género contra las Muje-res. Trabajamos en acciones claras que promuevan una vida libre de violencia.

Nuevo León

Detalla Estado acciones en Seguridad y Justicia

Asisten Secretario General de Gobierno y el Secretario de Segu-ridad Pública al Congreso del Estado para el análisis de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno.

Manuel González, Secretario General de Gobierno y Aldo Fasci, de Seguridad Pública explicaron a detalle los logros obtenidos en el rubro de seguridad y justicia durante el análisis de la Glosa del último Informe del Gobierno estatal.

Ambos funcionarios destacaron los avances en materia de Centros Penitenciarios, feminicidios, capacitación policiaca y el proyecto con la Universidad de Stanford para homologar los programas sociales hacia los grupos vulnerables y migración.

El Secretario General de Gobierno destacó la creación del nuevo Centro Femenil, la construcción de nuevas celdas en el Penal de Apo-daca que hoy ocupan los internos que trasladados del Penal del Topo Chico, clausurado el 30 de septiembre.

“Desde el inicio el proyecto fue tomar el control, tomar el Go-bierno de los penales y cerrar el Topo Chico... Nosotros queríamos ubicar a las mujeres en un penal exclusivo para ellas preservando sus derechos”, señaló el funcionario.

Los Centros Femenil, Juvenil y el Penal de Cadereyta se encuen-tran actualmente en proceso de certificación por parte de la Asocia-ción de Correccionales de América (ACA), mientras que la certifica-ción de los Penales I y II de Apodaca inicia en el mes de enero.

En el tema de migración, el Gobierno del Estado, rescató a más de 9 mil migrantes que cruzaban por la entidad, brindándoles atención jurídica, médica y alimentaria hasta su repatriación de igual forma a las personas que son repatriadas de Estados Unidos a México por las fronteras de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo.

González Flores destacó también la creación del mapa georrefe-renciado luego de que el Gobierno del Estado firmara un acuerdo con la Universidad de Stanford para atacar los delitos de pandillerismo, violencia familiar y drogadicción por medio de programas sociales.

Guerrero

Aseguran Policía Estatal y Guardia Nacional en Ometepec a masculino por posesión de probable droga

Elementos de la Policía Estatal destacamentados en la región de Costa Chica y personal de la Guardia Nacional, aseguraron el pasado 2 de noviembre en Ometepec, a un masculino por posesión de pro-bable droga.

Durante los patrullajes para prevenir la comisión de delitos que los uniformados realizaban en el tramo carretero estatal Santa Ma-ría-San Cristóbal, en la comunidad de Santa María Asunción, asegu-raron a quien dijo llamarse Marco Antonio “N” de 24 años de edad, luego de que en una mochila le fueran localizadas 2 bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca con características propias de la marihuana y la cantidad de 700 pesos en efectivo. Razón por la que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Estados

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Boletín de Seguridad y Defensa

Sinaloa

Usuarios de los centros de rehabilitación en Sinaloa tendrán acceso al derecho de la salud

Para que todos los usuarios de los Centros de Rehabilitación en Sinaloa tengan acceso a la salud, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS) y la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración.

El Dr. Efrén Encinas Torres, Secretario de Salud, hizo énfasis en la importancia de este convenio para dar atención médica que como derecho corresponde a las personas albergadas en los más de 140 Cen-tros de Rehabilitación que se encuentran en Sinaloa y sus familias.

“Lleva como propósito fundamental afiliar desde luego a todos los que están albergados en los más de 140 centros, hombres y mujeres en estado vulnerable que requieren atención médica y a sus familiares; el buscar la manera de afiliarlos y que tengan la prestación de servicios médicos es uno de los principales derechos del ser humano como es la atención a la salud”, puntualizó.

Serán un aproximado de 7 mil 836 internos beneficiados, dando cobertura a los Centros de Rehabilitación que se encuentran en los municipios de Ahome, El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Culia-cán, Navolato, Elota, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa.

Jalisco

Gobierno de Jalisco brinda apoyo médico y protección a personas agredidas en la población de San Lorenzo

de Atzqueltán en el municipio de Villa Guerrero

Luego del ataque que sufrieron integrantes de la comunidad in-dígena de tepehuanos-wixárikas por un grupo de sujetos no identifi-cados, en la población de San Lorenzo de Atzqueltán en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, el Gobierno del Estado, por instrucciones del Secretario General de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, brindó de inmediato atención médica y protección a los familiares de los integrantes de la comunidad indígena.

Para ello, en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secreta-ría de Seguridad, fue enviado a la población de San Lorenzo de Atz-queltán el helicóptero Black Hawk para realizar el traslado al Hospital Regional de Zoquipan, donde reciben en estos momentos atención médica especializada, 3 personas del sexo masculino y uno más se encuentra en observación médica en un hospital de Zacatecas.

Es importante aclarar, que no se encuentra ninguna persona pri-vada de su libertad, como se dio a conocer en algunos medios de comunicación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública reforzó la seguri-dad en el municipio de Villa Guerrero y el Gobierno de Jalisco dará

acompañamiento a los afectados y a sus familias, a través de la Co-misión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, para coordinar el traslado de los familiares que se encuentran en Colotlán. En tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Jalisco, ha dado seguimiento puntual a este caso, mediante asesorías y acompaña-miento.

Puebla

Captura SSP a implicado en asalto a tienda departamental

Agentes de la Policía Estatal detuvieron a un menor de 15 años, quien presuntamente fue uno de los participantes en el asalto con violencia a una tienda departamental de la 10 Poniente, en el centro de esta ciudad.

La tarde del lunes los servicios de emergencia fueron alertados sobre un robo en proceso en el comercio ubicado entre la 3 y 5 Nor-te, que era cometido por varios sujetos, por lo que de inmediato se acercaron a la zona.

Cuando los elementos llegaban al lugar, señalaron al ahora deteni-do como uno de los participantes, por lo que inició una persecución a pie en la que se logró su captura.

El menor llevaba una mochila en la que se encontraron teléfonos celulares, joyería, presuntamente propiedad de la tienda departamen-tal, además de un marro utilizado para romper los cristales de las vitrinas de la tienda y apoderarse de esos artículos.

Michoacán

En Michoacán, cero tolerancia a la violencia contra la mujer: Carlos Herrera

En Michoacán hay cero tolerancia a la violencia contra las muje-res, fenómeno que se atiende con la participación de los tres niveles de gobierno y los tres poderes del Estado, aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.

“En Michoacán existe cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres y estamos trabajando fuerte desde todos los sectores para erradicarla”, aseguró.

Al encabezar la XII Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres por razón de género, el funcionario estatal indicó que todas las políticas públicas para atender la violencia de género deben crearse con la participación desde el municipio.

Aunado a lo anterior, Herrera Tello expuso que las acciones de-ben ir acompañadas con presupuesto público, por lo que agregó que se trabaja junto con la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) para crear un presupuesto con perspectiva de género, con el cual se pueda crear infraestructura para la atención de mujeres violentadas.

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11 de noviembre de 2019

Índice

DirectorioMtro. Carlos Ramírez

Presidente y Director Generalcarlosramirezh@hotmail.com

Lic. José Luis RojasCoordinador General Editorial

joselrojasr@hotmail.com

Mtro. Carlos Loeza ManzaneroCoordinador de Análisis Económico

Armando LópezRedacción

LDG. Marco Antonio Clemente Diseño

Boletín seguridad Estratégica Para Empresarios, publicación quincenal del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad. Boletín es una

publicación de Seguridad y Defensa. Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los

artículos son de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Durango 223, 3er piso, Col. Roma, Alcaldía de Cuauhtémoc, C.P. 06700,

Ciudad de México, República Mexicana.seguridadydefensa.mx

Lic. Armando Reyes ViguerasDirector editorialarmando.reyesvigueras@gmail.com

Dr. Rafael Abascal y MacíasCoordinador de Análisis Político

Raúl UrbinaDocumentación, archivo.raulzpress82@gmail.com

Ana Karina Sánchez LópezCoordinadora de la Presidenciaanakarinasl08@gmail.com

• Por cierto, las tareas tradicionales del ejército de ser una fuerza disuasiva a inva-siones extranjeras se han extendido a va-rios rubros: seguridad interior, seguridad pública, combate al huachicoleo, apoyo civil en casos de desastre, siembra de ár-boles, patrullajes de seguridad en zonas conflictivas, construcción del aeropuerto internacional en Santa Lucía, misiones de paz en el extranjero y combate a las bandas huachicoleras que roban ductos de Pemex.• Una buena parte de la crisis de seguri-dad del caso Culiacán se localizó en fallas de comunicación social. Primero se negó el suceso, luego se quiso disculpar como un incidente no provocado y al final se tuvo que reconocer que fue un operativo falli-do. En los gobiernos de Calderón y Peña Nieto existió un comando especial de ma-nejo de información formado por opera-dores de prensa de todas las dependencias involucradas. Hoy no hay ningún cuerpo de prensa especializado y al final las críti-cas, reclamos y preguntas recaen en el pre-sidente de la república en sus conferencias matutinas.• Vienen malos números en crecimiento económico: el PIB de 2019 puede ser de

-0.2% y el de 2020 podría ser menor a 1%. La meta de 2% promedio anual que seria la base de una meta anual sexenal de 4% no se alcanzará. El dato mayor indica que una recesión o un estancamiento disminuiría la creación de empleos. Lo más importan-te de estas cifras no es el número, sino las evidencias de que la policía económica del gobierno no está preocupada por reactivar el crecimiento económico, sino que toda su prioridad se enfoca al reparto de recur-sos directos a beneficiarios de programas asistencialistas.• Aunque se ha anunciado en varias oca-siones sin decisiones concretas, podría ser que en el año de 2020 comience el acoso a las bandas criminales en tres de sus puntos de poder: recursos financieros, propiedades y riqueza de los capos. Buena parte de la extradición del Chapito en el operativo de Culiacán fue motivada por una orden de extradición lograda por los EE. UU. como parte de su intención de apropiarse de los recursos financieros de El Chapo, cuya ci-fra nadie conoce con exactitud, pero que muchos sitúan en alrededor de 25 mil mi-llones de dólares.• Otro dato que reveló el fallido operati-vo en Culiacán fue el de detectar la capaci-

dad logística del Cártel de Sinaloa: la forma en que movilizo a sus efectivos, el bloqueo inmediato de la ciudad, los ataques contra unidades habitacionales militares y el se-cuestro de soldados al estilo de los grupos terroristas de Al Qaeda sorprendió a los estrategas militares e inclusive los rebasó. Ello ha llevado a una revisión de los planes operativos de las fuerzas armadas escalando la percepción de la capacidad de fuego y de logística de los grupos criminales.• En los sectores empresariales hubo mu-cha preocupación por la crisis de Culiacán porque pudieron percibirse los datos de la capacidad de organización de los cárteles del crimen organizado. Entre los empresa-rios circuló la versión de que los criminales están metidos hasta el fondo de la sociedad y que no será fácil derrotar a los grupos delictivos porque están protegidos por la sociedad.• Y también como derivación de Culia-cán hay indicios que revelan que las fuer-zas de seguridad estarían preparando dos operativos mayores para tratar de desarti-cular la capacidad de fuerza de combate del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel Santa Rosa de Lima de los huachicoleros.

Agendas, alertas, actores

1.- Seguridad estratégica; Culiacán y LeBarón

2.- Cómo ser activista sin convertirse en carne de cañón

Por Fernando Dworak3.- Gestión de una crisis en

seguridadPor Carlos Ramírez

4.- El uso legítimo de la fuerza y el respaldo social

Por Mauricio Farah5.- Papel estratégico del ejército y

creciente apoyo social6.- Estados

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