Segunda República española (1931-1936/39)

HISTORIA DE ESPAÑA

2º BACHILLERATO

Pro. Antonio Parada Moreno

Ud. La Segunda República (1931-1936)

HISTORIA DE ESPAÑA Ud. La II República

2º BACHILLERATO Página 2

La proclamación de la II República despertó entre las clases populares

grandes esperanzas de cambios en la distribución de la renta y la riqueza.

Pero también provocó temor y desconfianza entre los propietarios de la

tierra y los empresarios, cuyas inversiones eran decisivas para el aumento

de la producción y la creación de empleo.

El cambio de régimen coincidió, además, con la fase más grave de la

depresión económica mundial iniciada con el hundimiento de la Bolsa de

Nueva York en octubre de 1929. Esta crisis, aunque incidió débilmente en

la economía española, paralizó la emigración a América, que constituía

una “válvula de escape” para el paro crónico de regiones como Galicia o

Andalucía.

Y finalmente su efímera existencia coincidió en el tiempo con el

descrédito en buena parte de Europa occidental de la democracia

parlamentaria y el auge de los totalitarismos fascista italiano y

nacionalsocialista alemán.

1. EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931.

La proclamación de la República.

La II República se proclamó en 14 de abril de 1931. Inicialmente la

proclamación tuvo lugar en Eibar, después en Valencia, Sevilla, Oviedo,

Zaragoza, Barcelona,… y finalmente en Madrid cuando el Comité

Revolucionario se hizo cargo del poder.

El cambio de régimen político fue consecuencia de los resultados de las

elecciones municipales celebradas el 12 de abril de ese mismo año

mediante sufragio universal masculino. El resultado electoral fue

favorable para las candidaturas republicanas en 41 de las 50 capitales de

provincia; no así en los núcleos rurales, donde triunfaron las candidaturas

monárquicas; el número de concejales monárquicos elegidos era



ligeramente superior al de concejales republicanos. Las elecciones fueron

interpretadas como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía,

profundamente desprestigiada para esas fechas. La razón de dicho

desprestigio se encontraba, fundamentalmente, en la crisis política que la

dictadura de Primo de Rivera había supuesto para la monarquía de

Alfonso XIII.

Los partidos republicanos vencieron en las cinco capitales de provincia castellano-manchegas y en grandes localidades de tradición comercial y/o industrial como Puertollano, Talavera de la Reina y Almadén. Por su parte, el sindicato agrario socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT-UGT) arraigó con fuerza en Albacete, Ciudad Real y Toledo.

El Gobierno Provisional: reformas y conflictos.

El Comité Revolucionario se constituyó en Gobierno Provisional después

de haber negociado la salida de Alfonso XIII de España. Ya constituido

como gobierno provisional, adoptó las primeras medidas de carácter

político como la amnistía para los delitos políticos, sociales y de imprenta.

La composición del gobierno provisional reflejaba los acuerdos que, desde

el Pacto de San Sebastián, habían forjado los partidos republicanos.

Destacaban en el mismo políticos procedentes del ámbito monárquico

como Niceto Alcalá-Zamora (que sería su presidente) y Miguel Maura;

radicales como Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio; republicanos

como Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga; y socialistas como

Francisco Largo Caballero.

Las actuaciones del Gobierno Provisional, además de la convocatoria de

elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de junio, fueron de tres

tipos: sociales, militares y de política territorial.

Reformas sociales. El nuevo ministro de trabajo, Largo Caballero,

impulsó dos iniciativas:

o Decreto de Términos Municipales por el que se prohibía la

contratación de jornaleros de fuera del municipio.

o Ley de Jurados Mixtos en el ámbito rural con objeto de

satisfacer las demandas

de los jornaleros y pequeños arrendatarios rurales.



Reforma del Ejército. Las reformas, impulsadas por el ministro de

la Guerra, Manuel Azaña, tenían como objetivo modernizar el

ejército (estaba atrasado técnicamente e hipertrofiado por el

excesivo número de mandos en relación a la tropa) y adecuarlo o

someterlo al nuevo poder civil. Para ello:

o Se promulgó Ley de Retiro por la que un 40% (unos 7.500

oficiales) de la oficialidad abandonó el ejército.

o Se suprimió la Academia General de Zaragoza.

o Se derogó la Ley de Jurisdicciones.

o Se redujo el número de capitanías generales.

Pero estas medidas no se vieron acompañadas de una política

específica de orden público, pese a la creación de una policía de

carácter urbano (la Guardia de Asalto) lo que propició que el

ejército tuviera que intervenir con frecuencia en la represión de

conflictos sociales.

Política territorial. Se trataba de un asunto especialmente

delicado en tanto que el mismo día de la proclamación de la

república, el 14 de abril, Francesc Macià había proclamado el

Estado catalán.

El gobierno invocó los acuerdos de San Sebastián para adecuar la

situación a la nueva legalidad republicana. Se consiguió mediante

la constitución de un gobierno provisional para Cataluña (la

Generalitat).

Paralelamente, la actuación del Gobierno Provisional se vio acompañada

de conflictos de diferente naturaleza:

Conflictos religiosos como la quema de conventos o la expulsión

del cardenal Pedro Segura. Aunque estos hechos no

entorpecieron las relaciones con el Vaticano, alentaron la

hostilidad de la Iglesia hacia el nuevo régimen político y

propiciaron el enfrentamiento entre el ministro Maura y el resto

del gobierno.

Conflictos anarcosindicalistas. La CNT convocó las primeras

grandes huelgas. Tuvieron especial seguimiento en Madrid y

Sevilla y se saldaron con una fuerte represión y decenas de

muertos.

La alegría del 14 de abril ya no era compartida universalmente aunque

con el proceso electoral constituyente, la utopía republicana todavía

seguía básicamente en pie.



La Constitución de 1931

Las elecciones a Cortes Constituyentes se celebraron el 28 de junio de

1931. Tuvieron una alta participación (70,14%) y los resultados dieron una

victoria aplastante a la conjunción republicana y socialista que estaba en

el gobierno (un 90%). La representación de partidos conservadores o anti-

sistema fue muy escasa.

Desde el punto de vida social, las Cortes incorporaron a la vida política a

las nuevas clases medias urbanas y, de forma muy especial, a profesores e

intelectuales.

El nuevo texto constitucional fue elaborado con la máxima celeridad y

aprobados por las Cortes el 9 de diciembre de ese mismo año. Los rasgos

definitorios de la nueva constitución pueden resumirse así:

Se definió España como una república democrática de

trabajadores de toda clase.

Se reconoció el voto femenino.

Se regularon medidas de protección social y cultural de los

ciudadanos.

Se concretó la división de poderes:

o Las Cortes quedaron constituidas por una sola cámara.

o Los gobiernos debían contar con la confianza del

parlamento.

o Los conflictos entre los poderes del Estado se sometían a

cuanto resolviese un Tribunal de Garantías

Constitucionales.

o Como correspondía a un sistema republicano, se creaba la

figura del presidente de la República, de elección

indirecta.

Se consagró la separación entre la Iglesia Católica y el Estado. La

cuestión religiosa se convirtió en uno de los ejes de la política de

la II República. Se tradujo en:

o La aprobación de la libertad de cultos y el matrimonio

civil.

o La prohibición de ejercer la enseñanza a las

congregaciones religiosas.

o La supresión de la compañía de Jesús.

Se estableció una nueva organización territorial de modo que se

consideraba a la República como un Estado integral, compatible

con la autonomía de los municipios y las regiones. Se abría por



tanto la posibilidad de constituir regiones autónomas con sus

respectivos estatutos.

Así mismo se reconocía una amplia declaración de derechos y libertades:

igualdad ante la ley, la educación y el trabajo; la no discriminación por

razón de origen, sexo o riqueza; y la capacidad del gobierno para

expropiar bienes de utilidad pública.

La constitución no consiguió el consenso de todas las fuerzas políticas y

aunque fue aprobada por una amplia mayoría, existían profundas

discrepancias entre la izquierda y derecha políticas.

La aprobación de los artículos referidos a la cuestión religiosa provocó la

dimisión de los ministros católicos del gobierno así como de su presidente

Niceto Alcalá-Zamora. Manuel Azaña lo sustituyó al frente del gobierno y

Alcalá-Zamora fue designado presidente de la República.

2. EL BIENIO DE LOS GOBIERNOS DE AZAÑA.

La coalición azañista y su actuación política.

El gobierno presidido por Manuel Azaña es conocido como bienio

reformista si bien algunas de las reformas decisivas ya habían comenzado

con el Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora.

Aparte de la cuestión religiosa y la reforma militar, destacaron la reforma

agraria y la puesta en funcionamiento de las autonomías regionales.

El gobierno tuvo que hacer frente además a fuertes conflictos de orden

social, político y militar, destacando por su gravedad la sublevación del

general Sanjurjo en agosto de 1932, rápidamente abortada.

Pero el programa de reformas tuvo que realizarse en un contexto social y

político caracterizado por la polarización social, el descrédito del

parlamentarismo y el auge de los totalitarismos en el entorno europeo de

modo que los problemas de orden político comenzaron a tener su origen

cada vez menos en el parlamento y más en la calle.

Como ya hemos indicado, Azaña accedió a la presidencia del gobierno en

octubre de 1931 tras las dimisiones de Alcalá-Zamora y de Miguel Maura

por la “solución” dada en las Cortes Constituyentes a la cuestión religiosa.

No obstante, aprobada la Constitución se eligió para el cargo de

presidente de la República a Alcalá-Zamora. El gobierno de Azaña (líder de

un partido minoritario, Acción Republicana, pero de gran prestigio por su

participación en los debates parlamentarios y con el apoyo de los

socialistas) lo constituía una coalición republicano-socialista que se

mantuvo en pie hasta el verano de 1933. Fue el gobierno más estable de

la República (casi dos años) y el responsable de las principales acciones

reformistas aunque su constitución supuso una importante escisión en el

seno del republicanismo porque su constitución implicó dejar fuera del

mismo a los radicales de Lerroux.

Entre las actuaciones desarrolladas por la coalición azañista caben

destacar:



La política de obras públicas, diseñada por el socialista Indalecio

Prieto y que recuperó el impulso que la dictadura de Primo de

Rivera había dado a las obras públicas y ferroviarias.

La política educativa y cultural impulsada por el socialista

Fernando de los Ríos: se duplicó el número de escuelas de

educación primaria (se crearon 10.000 escuelas y 7.000 plazas de

maestros) y se incrementó en un 50% el presupuesto en

educación; se adoptó un modelo de escuela mixta, laica,

obligatoria y gratuita; se crearon las misiones pedagógicas, y se

apoyó la expansión universitaria.

La búsqueda del saneamiento económico del Estado por parte del

ministro de Hacienda, el catalanista Jaume Carner.

El desarrollo de una ambiciosa política social a través los decretos

de intensificación de cultivos (1932) o la Ley de Contratos de

Trabajo (1931).

Pero a los problemas crónicos de la economía española (déficit comercial,

baja productividad, paro,…) se sumaron los derivados de parte de la

política económica del gobierno azañista. El aumento de salarios

decretado por el gobierno aunque elevó el nivel de renta de los

trabajadores y estimuló el consumo no se tradujo en un aumento de la

productividad por lo que los beneficios empresariales disminuyeron. En

consecuencia, aumentó el descontento y desconfianza de los propietarios

agrícolas e industriales. Como consecuencia, la inversión privada se redujo

notablemente.

No obstante, la reforma más emblemática del gobierno Azaña fue la que

afectó a los latifundios.

La reforma agraria.

En 1931, la población activa de España era de unos 8,5 millones de

personas y casi la mitad trabajaban en el campo. Unos dos millones eran

jornaleros, arrendatarios y aparceros. En Andalucía, castilla y

Extremadura, más del 50% de la tierra estaba en manos de un reducido

número de grandes propietarios.

Una serie de primeros decretos gubernamentales establecieron la

prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento, la jornada



laboral de ocho horas en el campo y el establecimiento de salarios

mínimos.

Pero, la decisión de abordar la reforma de la propiedad de la tierra en

España y de promover una política específica para el sector agrario no era

nueva en la España del primer tercio del siglo XX sino que ya se había

intentado en periodos anteriores. Se pretendía pues elaborar una Ley de

Reforma Agraria que modificase sustancialmente la realidad del campo

español.

Había dos grandes alternativas para afrontar el problema agrario:

Llevar a cabo una reforma técnica con la intención de aumentar la

productividad de las explotaciones o bien para recuperar tierras

para su explotación.

Emprender una reforma de carácter social que combinase el

aumento de la productividad y una mejor distribución de la tierra,

excesivamente concentrada en manos de una minoría de grandes

propietarios absentistas.

La política republicana aspiraba a cumplir con ambos objetivos aunque

concediendo mayor importancia a su dimensión social. El reformismo

agrario había comenzado ya con el Gobierno Provisional, que adoptó

medidas favorables a los arrendatarios. Pero el núcleo de la reforma

agraria se centró en las regiones latifundistas; esto es, las situadas al sur

del río Tajo, dado que estaba claramente aceptado que las causas del

problema agrario español radicaban en la desigual distribución de la

propiedad de la tierra.

La Ley de Reforma Agraria de 1932 fue objeto de un duro debate en el

parlamento. Los pilares de la nueva ley eran:

La necesaria expropiación de fincas no explotadas directamente

por sus propietarios mediante la indemnización y el asentamiento

de labradores en régimen de arriendo.

Responsabilizar a nuevos organismos, el Instituto de Reforma

Agraria apoyado económicamente por el Banco nacional Agrario,

de desarrollar la ley.

Pero los resultados de la reforma agraria fueron limitados por varios

motivos:

La complejidad del proceso.

La fuerte oposición social que provocó en las regiones

latifundistas.

La lentitud de la burocracia del Instituto de Reforma Agraria.



La falta de presupuesto destinado a indemnizaciones.

En el primer año de vigencia de la ley sólo se habían asentado en nuevas

explotaciones unos 2.500 campesinos. De los más de dos millones y

medio de hectáreas susceptibles de ser expropiadas, sólo se vieron

afectadas algo menos del 5%, donde se habían asentado algo más de

12.000 colonos. Esto provocó decepción entre los campesinos sin tierras y

mayor conflictividad en el campo.

La Ley de Reforma Agraria (1932) aumentó la conflictividad social dada la lentitud de su aplicación. Toledo y Ciudad Real fueron las provincias más afectadas por las disposiciones del Instituto de Reforma Agraria (IRA) sobre tierras susceptibles de ser expropiadas. La tensión creciente entre campesinos, patronos y guardia civil derivó en hechos sangrientos.

La cuestión territorial. La descentralización del Estado.

Desde la crisis del 98, la organización territorial había sido uno de los

problemas centrales de la vida política española. Los tímidos pasos dados

por los gobiernos de la Restauración (mancomunidad catalana) se

cortaron de raíz con la dictadura de Primo de Rivera.

La solución dada por la II República y la constitución de 1931 (ya abordada

en el pacto de San Sebastián de 1930) fue la de definir a España como un

Estado integral, ni unitario ni federal que en la práctica suponía la

posibilidad de su descentralización territorial a través de estatutos de

autonomía. Los procesos estatutarios fueron impulsados por partidos

políticos de carácter nacionalista aunque de desigual implantación social.

Cataluña. La autonomía catalana fue liderada por Esquerra

Republicana, partido hegemónico en Cataluña durante la

República. En su seno convivían el nacionalismo radical (Francesc

Macià) y el republicanismo de izquierdas (Lluís Companys). La

organización de la autonomía catalana comenzó, incluso antes de

la aprobación de la constitución, con la elaboración del estatuto

de autonomía (estatuto de Nuria). Fue plebiscitado en agosto de

1931 pero aprobado por las Cortes en septiembre de 1932. La

oposición parlamentaria a la concesión de autonomía era muy

fuerte en distintos sectores (socialistas, conservadores,

republicanos).

País Vasco. La autonomía vasca siguió un rumbo distinto al de la

catalana dada la oposición que la coalición gubernamental

presentó al nacionalismo vasco por su carácter foralista y católico.



Además no había acuerdo entre las sociedades vasca y navarra. A

pesar del empeño del Partido Nacionalista Vasco, el estatuto de

autonomía no consiguió ser aprobado en todas las provincias. En

1932 los ayuntamientos de Navarra lo rechazaron y en el

plebiscito de 1933, el apoyo de la población de Álava no alcanzó

la mitad del censo. El proceso autonómico no retornó hasta la

victoria del Frente Popular en 1936.

Galicia. No llegó a concretarse durante la II República a pesar de

haber sido aprobado por los ayuntamientos un texto estatutario

en 1932. Su aprobación en plebiscito tuvo lugar en junio de 1936,

pero el estallido de la guerra impidió su puesta en vigor.

La oposición a los gobiernos de Azaña.

Desde finales de 1932, la coalición azañista comenzó a sufrir la oposición

parlamentaria del Partido Radical de Lerroux, al que progresivamente se

fueron añadiendo otras fuerzas de derecha, monárquicas o católicas.

El principal problema provino, sin embargo, de sectores y grupos

exteriores al parlamento. Procedía de los conflictos obreros y campesinos

promovidos por la Confederación Nacional del Trabajo (CNT); también de

la oposición de las clases medias y acomodadas urbanas, y del ejército,

que protagonizó una primera y fracasada intentona golpista en verano de

1932 de la mano del general Sanjurjo.

La oposición más eficaz resultó ser la de las organizaciones

agrarias y católicas lideradas por Gil Robles y que confluyeron en

1933 en un nuevo partido político, la Confederación Española de

Derechas Autónomas (CEDA). Su táctica consistía en alcanzar

suficiente fuerza parlamentaria como para modificar la

constitución. Y su arraigo social estaba entre los propietarios

agrarios y en gran parte de las clases medias y profesionales

urbanas.

La oposición social procedía tanto de organizaciones patronales,

industriales o agrarias, como del movimiento obrero y campesino

en el que la CNT había alcanzado un gran arraigo.

Pese a los logros de la legislación social del ministro Largo Caballero,

la línea revolucionaria anarquista se impuso sobre la sindicalista,

promoviendo huelgas generales y movimientos de carácter

insurreccional. El episodio de Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933),

donde tuvo lugar una matanza a manos del la Guardia Civil, sirvió de

acicate para los anarquistas, los radicales y agrarios desencadenasen

una feroz campaña de desprestigio del gobierno y, especialmente, de

Azaña. Este tipo de insurrecciones revolucionarias solían consistir en

la toma de los ayuntamientos y la declaración del comunismo

libertario, la quema del registro de la propiedad y la colectivización

de las propiedades.

Desde junio de 1933, la posición del gobierno azañista era cada vez más

difícil por la abundancia de conflictos sociales, por la creciente

organización política de la derecha y por la falta de confianza del propio

presidente de la República, Alcalá-Zamora. En septiembre de 1933, éste

otorgó la presidencia del gobierno a los radicales; primero a Lerroux y,

pocas semanas más tarde, a Martínez Barrio. Su objetivo era la



convocatoria de nuevas elecciones generales por entender que las Cortes

Constituyentes ya no representaban el sentimiento político de los

ciudadanos españoles.

3. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA Y EL TRIUNFO DEL FRENTE

POPULAR.

Un nuevo mapa político.

El periodo de más de dos años que va desde las elecciones de noviembre

de 1933 a las elecciones de febrero de 1936 se caracterizó por una

situación de bloqueo político, debida a dos motivos:

Los sucesivos gobiernos carecían de estabilidad política y

parlamentaria.

La mayoría de sus acciones revelaban que su intención era la de

revisar las reformas del periodo azañista y no contribuir al

afianzamiento de la república desde el conservadurismo.

La polarización de la vida social y política de España que fue en

aumento y cuyo máximo exponente fueron los sucesos de

octubre de 1934.

Las deslealtades al régimen republicano desde la derecha y la izquierda

políticas crecieron a partir de 1934 y se hizo evidente que no era posible

la alternancia política entre partidos leales al sistema.

Los resultados de las elecciones generales de noviembre de 1933

cambiaron profundamente el panorama político y parlamentario. Los

partidos que habían gobernado hasta entonces, republicanos de izquierda

y socialistas, sufrieron una clara derrota mientras que los triunfadores

fueron los partidos de derecha (CEDA, Agrarios, Renovación Española,…).

Este nuevo mapa político tuvo importantes consecuencias:

Los partidos que habían fraguado la llegada de la II República ya

no constituían la mayoría de la cámara.

La inestabilidad de los gobiernos, a partir de este momento, fue

constante. DE 1933 a 1936 se sucedieron cuatro presidentes de

gobierno (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper, Joaquín

Chapaprieta y Manuel Portela Valladares) que formaron nueve

gobiernos, con una duración media de menos de tres meses.

Los radicales en el gobierno.

Los primeros gobiernos del bienio derechista fueron ocupados por los

radicales, con Lerroux o Samper como presidentes, y con el apoyo

parlamentario de la CEDA. El presidente de la República, Alcalá-Zamora

confiaba la formación del gobierno al Partido Radical por la desconfianza

que le generaba el talante extremista y antirrepublicano de la CEDA.

Su programa político consistió en rectificar o suspender algunas de las

reformas del periodo de Azaña, sin proponer nuevas alternativas:



Se modificó la política religiosa, propiciando un acercamiento al

Vaticano y asignando un presupuesto para el sostenimiento del

clero y culto católico.

Se devolvieron tierras a la nobleza, aunque la reforma agraria no

fue suspendida.

Se concedió una amnistía a los condenados por la “sanjurjada” de

1932.

Comenzaron los enfrentamientos con las autoridades de la

autonomía catalana y los poderes locales vascos.

En consecuencia el Partido Radical se vio abocado a una doble tensión:

Dentro del propio gobierno, porque una parte del propio partido,

encabezada por Martínez Barrio, consideraba que se estaban

violando los principios republicanos; por otra, la CEDA

consideraba demasiado moderada la rectificación de las reformas

de Azaña.

En la calle la conflictividad social creció significativamente al

incorporarse a las movilizaciones populares la UGT ahora que los

socialistas no estaban en el gobierno. La huelga campesina de

julio de 1934 que tuvo lugar en Andalucía y Extremadura se saldó

con unas diez mil detenciones.

Las huelgas crecieron en número y se transformaron en actos

políticos, al plantearse como un medio para lograr la revolución

social. El giro a la derecha del gobierno instigado por la CEDA fue

acompañado de la radicalización de los socialistas, hasta el punto

de anunciar un movimiento de carácter revolucionario si la CEDA

era llamada al gobierno. El PSOE se radicalizó y su ala más

izquierdista, liderada por Largo Caballero, se propuso como

objetivo la revolución social, frente al sector moderado, liderado

por Indalecio Prieto, que seguía insistiendo en la necesidad de

colaborar con los republicanos de izquierda para estabilizar la

República.

A comienzos de octubre de 1934, Lerroux confió tres ministerios

(Justicia, Agricultura y Trabajo) a miembros de la CEDA. La

reacción de toda la izquierda fue claramente negativa y condujo a

los sucesos de octubre de 1934.

Los sucesos de octubre de 1934.

Los sucesos de octubre de 1934 pusieron de manifiesto la extremada

polarización a la que había llegado la política española y a la disociación

entre el mantenimiento del régimen republicano y la democracia política.

La respuesta insurreccional dada por los socialistas y republicanos

catalanes a la entrada de la CEDA en el gobierno significaba que preferían

defender la República antes que la democracia, incluso apelando a la

violencia.

La convocatoria de una insurrección fue realizada por los socialistas para

el 5 de octubre y:

En Madrid, el País Vasco y Andalucía la incidencia de la huelga

general fue muy escasa.



En Cataluña, el conflicto tomó una dirección distinta dado el

protagonismo que asumió la Generalitat catalana.

En Asturias donde la UGT y la CNT actuaron unidas tuvo lugar una

auténtica insurrección de carácter armado.

La revolución de Asturias

Se desarrolló entre los días 5 y 12 de octubre, con su epicentro en la

cuenca minera de Mieres, Sama y La Felguera. Su dirección corrió a cargo

de un comité en el que predominaban socialistas. El objetivo era la toma

del poder por parte del Partido Socialista y poder aplicar un programa de

carácter revolucionario.

Columnas de mineros armados ocuparon pueblos, tomaron parte de los

cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por comités

revolucionarios que asumieron el abastecimiento de alimentos, el

funcionamiento de los transportes y el suministro de agua y electricidad.

El éxito inicial de los revolucionarios fue total. Llegaron a controlar las

zonas mineras y ciudades como Avilés y Gijón. Pero las unidades del

ejército, trasladadas desde África, efectuaron una durísima represión

sobre los insurrectos y sobre la población civil. El balance inicial fue de un

millar y medio de muertos.

La sublevación catalana.

Coincidió en el tiempo con la sublevación de Asturias pero tuvo un

carácter distinto. El origen de la misma hay que buscarlo en el conflicto

institucional entre el gobierno de la República y el gobierno de la

Generalitat a lo largo de 1934 a propósito de la Ley de Contratos de

Cultivo. Esta ley favorecía a los arrendatarios de las comarcas vitícolas. Los

propietarios boicotearon la ley impugnando la competencia del

parlamento catalán para aprobarla.

El 6 de octubre, el presidente Companys proclamó el “Estado catalán de la

República Federal Española”. Esta rebelión, que sólo tuvo apoyos dentro

de ciertos sectores del catalanismo radical fue rápidamente abortada por

el ejército.



El final del Bienio.

Los sucesos acaecidos en octubre y los escándalos que sacudieron al

Partido Radical (casos del estraperlo –una ruleta trucada que bajo soborno

se había tratado de implantar en algunos casinos españoles- y Nombela –

malversación de fondos públicos por parte de políticos radicales-)

reforzaron el papel en el gobierno de la CEDA.

La experiencia de octubre obligó a la izquierda republicana y a los

socialistas a reconsiderar la táctica de la insurrección como el

procedimiento adecuado para recuperar el poder. Los partidos

republicanos de izquierda se reagruparon en dos grandes partidos:

Izquierda Republicana (dirigida por Azaña) y Unión Republicana (liderada

por Martínez Barrio). Ambos apostaron por el entendimiento con los

socialistas; un entendimiento que desembocó en la formación del Frente

Popular.

El triunfo de la derecha en noviembre de 1933 significó un freno a las reformas sociales y laborales del bienio azañista. Tras la negativa del gobierno a negociar acuerdos laborales, al FNTT convocó una huelga general en el campo. Se desarrolló entre el 5 y el 17 de junio de 1934. En Castilla-La Mancha participaron 150 pueblos. A la huelga siguió una fuerte represión. Sólo en Toledo y Ciudad Real hubo más de 300 detenidos; además se destituyeron ayuntamientos (Socuéllamos, Campo de Criptana) y se disolvieron un buen número de comités locales de la FNTT. Con ocasión de la huelga revolucionaria de octubre de 1934 hubo importantes insurrecciones en Tarazona de la Mancha y Villarrobledo donde los socialistas se enfrentaron a la Guardia Civil.

El triunfo del Frente Popular.

Las elecciones de febrero y la formación del gobierno

Las últimas elecciones de la República tuvieron lugar el 16 de febrero de

1936. Se presentaron muchos partidos. Los partidos de derecha

concurrieron separados pero encabezados por la CEDA. Coincidían en su

intención de reformar la constitución de 1931. Y el Frente Popular, que lo

integraban partidos republicanos de izquierda (Unión Republicana,

Izquierda Republicana), regionalistas (Ezquerra Catalana,…), socialistas y

comunistas (PSOE, POUM y PCE). Su intención era la de recuperar las

reformas adoptadas durante el bienio azañista, así como conceder una

amnistía general para los represaliados por los sucesos de octubre.

Los resultados de las elecciones cambiaron por completo el mapa político

de España:

Vencieron las candidaturas del Frente Popular por un estrecho

margen de votos. Vencieron en Madrid, Cataluña, Asturias y la

España mediterránea.

Las candidaturas de derechas vencieron en Castilla y Aragón.

La mayor novedad fue la práctica desaparición del Partido Radical que

quedó reducido a cinco escaños. Los grandes triunfadores fueron los

partidos republicanos de izquierda: Azaña, Martínez Barrio y Companys

con 150 diputados.

El gobierno que se constituyó era exclusivamente republicano, sin

participación de los socialistas. Las primeras medidas que adoptó fueron



el restablecimiento de las instituciones autonómicas catalanas, la

liberación de presos y el impulso a la reforma agraria que había quedado

desdibujada durante el bienio radical-cedista.

A los pocos meses, Azaña fue promovido a la presidencia de la II

República.

Hacia al Guerra Civil

Las elecciones de febrero no lograron sosegar la vida política y ciudadana.

Tanto por la izquierda como por la derecha, las posiciones más radicales e

intransigentes fueron ganando terreno.

Los sindicatos CNT y UGT empezaron a actuar conjuntamente lo

que se tradujo en una importante movilización obrera y

numerosas huelgas.

Los grupos extremistas de derecha, desde Falange Española

(fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933) al Bloque

Nacional, empezaron a movilizar en la calle a sus afiliados y

simpatizantes.

El punto de encuentro de esta polarización política y social fue la lucha

callejera, que se convirtió en el escenario de una intensa violencia

política. Cientos de asesinatos, incendios de iglesias y escaramuzas

convirtieron la violencia en la principal arma política, sin que el gobierno

de Casares Quiroga controlase el orden público. A ello se añadió la

división en el seno del ejército. Parte de sus mandos, coordinados por el

general Mola, participaron en una conspiración contra el gobierno de la

República.

El asesinato del teniente Castillo y del líder derechista Calvo Sotelo en

julio de 1936 acabaron por precipitar el golpe de Estado que daría paso a

la Guerra Civil (1936-1939).

El triunfo en las elecciones de 1936 no fue para el Frente Popular en las provincias de la actual Castilla-La Mancha. La derecha ganó en todas las provincias. El nuevo gobierno se apresuró a aplicar una Ley de Reforma Agraria, iniciándose, en consecuencia, la ocupación de tierras en Albacete, Ciudad



Real y Toledo. Las tensiones entre campesinos y propietarios se acentuaron y en algunos lugares los enfrentamientos entre jornaleros y fuerzas de orden público tuvieron graves consecuencias. La violencia desencadenada en Yeste (Albacete) por la invasión de tierras se saldó con la muerte de 17 campesinos y un guardia civil.

VOCABULARIO

Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de noviembre de 1931, por la que se regulaban los

convenios colectivos (negociados por los representantes de las patronales y de los sindicatos

por períodos mínimos de dos años y que obligaban a ambas partes) y dictaminaba las

condiciones de suspensión y rescisión de los contratos. Además establecía por primera vez

el derecho a vacaciones pagadas (7 días al año) y protegía el derecho de huelga que, bajo

ciertas condiciones, no podía ser causa de despido.

Misiones pedagógicas: Proyecto educativo español patrocinado por el Gobierno presidido

por Manuel Azaña durante la II República e inspirado en la filosofía de la Institución Libre

de Enseñanza. Fueron fundadas en 1931 y finalizaron con el comienzo de la guerra civil de

1936. Incluían servicio de biblioteca, museo, cine, coros y teatro.

Segunda República española (1931-1936/39)

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