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INTRODUCCIÓN El sistema tributario de nuestro País, es uno de los aspectos más complejos en el cual se presentan cambios constantes, generándose de esta forma una gran incertidumbre en lo relativo a disposiciones fiscales, que sin lugar a dudas, el contribuyente o bien los propios estudiantes de las diferentes instituciones académicas podrán conocer en un marco general las disposiciones en comento, que si bien es cierto es de suma importancia. Por tal motivo, en la presente investigación se pretende dar la información necesaria, para que el propio lector o bien el contribuyente o cualquier otra persona que le interesé conocer de la materia, encuentre las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos a través de uno de los medios de defensa que tiene el particular ante las autoridades arancelarias, como lo es, el Recurso administrativo de Revocación o bien, si lo prefiere el Juicio de Nulidad, siendo estos muy utilizado por los particulares, y el cual se encuentra reglamentado en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en el Titulo V del citado Cuerpo de Leyes, presentándose cuando las autoridades fiscales competentes emiten actos o resoluciones en los que se determinen en términos monetarios un crédito fiscal a cargo del particular, considerando que este no se encuentre ajustado a las disposiciones legales vigentes; así como, cuando se niegue la devolución de cantidades que proceden conforme a la Ley o bien que estos los dicten las autoridades aduaneras. 1
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INTRODUCCIÓN
El sistema tributario de nuestro País, es uno de los aspectos más complejos en
el cual se presentan cambios constantes, generándose de esta forma una gran
incertidumbre en lo relativo a disposiciones fiscales, que sin lugar a dudas, el
contribuyente o bien los propios estudiantes de las diferentes instituciones
académicas podrán conocer en un marco general las disposiciones en comento, que
si bien es cierto es de suma importancia.
Por tal motivo, en la presente investigación se pretende dar la información
necesaria, para que el propio lector o bien el contribuyente o cualquier otra persona
que le interesé conocer de la materia, encuentre las herramientas necesarias para
hacer valer sus derechos a través de uno de los medios de defensa que tiene el
particular ante las autoridades arancelarias, como lo es, el Recurso administrativo de
Revocación o bien, si lo prefiere el Juicio de Nulidad, siendo estos muy utilizado por
los particulares, y el cual se encuentra reglamentado en el Código Fiscal de la
Federación, específicamente en el Titulo V del citado Cuerpo de Leyes,
presentándose cuando las autoridades fiscales competentes emiten actos o
resoluciones en los que se determinen en términos monetarios un crédito fiscal a
cargo del particular, considerando que este no se encuentre ajustado a las
disposiciones legales vigentes; así como, cuando se niegue la devolución de
cantidades que proceden conforme a la Ley o bien que estos los dicten las
autoridades aduaneras.
Así mismo, se tiene como objetivo mostrar cuando se determina un crédito
fiscal y formas en las cuales puede ser exigido, mostrando los elementos que tiene el
contribuyente como medio de defensa ante la misma autoridad o bien ante un órgano
representativo que es el Tribunal Fiscal de la Federación; utilizando los elementos
necesarios del Recursos de Revocación y Juicio de Nulidad en el que se indica al
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interesado, las generalidades y requisitos necesarios para hacer legal su defensa en
tiempo y forma, en el cual se indicara ante quien debe presentarse, cuando procede,
cuando resulta improcedente.
Aunado a esto, una vez resuelto el recurso de revocación o el juicio de nulidad,
se muestran las diversas formas o sentidos que se puede emitir resolución o bien en
caso de acudir al juicio de nulidad en que forma se emite una sentencia para dar por
concluido.
De lo anterior se resume la importancia para el particular o el estudiante de
tener en un solo ejemplar donde se indique el proceso que se lleva para
inconformarse ante las autoridades fiscales por medio del recurso administrativo de
revocación, ante el Tribunal Fiscal de la Federación, mediante el Juicio de Nulidad;
evitando de esa manera, que dichos medios se deseche por incumplimiento y/o
omisiones que pudieran evitarse y que se cometen por desconocimiento de los
contribuyentes que requiera interponer un medio de defensa para dirimir un perjuicio
causado teniendo la opción de acudir al Recurso de Revocación o al Juicio de
Nulidad conforme a derecho, sujetándonos en el Código Fiscal de la Federación.
2
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A. DEFINICION DEL PROBLEMA.
En la presente investigación, se pretende mostrar que el sistema tributario de
nuestro País, es uno de los aspectos más complejos en el cual se presentan cambios
constantes; generándose de esta forma, una gran incertidumbre en lo relativo a las
disposiciones fiscales, que sin lugar a dudas, surge una serie de inconformidades del
contribuyente ante las autoridades fiscales, en las cuales el contribuyente o los
propios estudiantes de las diferentes instituciones académicas, podrán conocer en un
marco general conforme a derecho para hacer valer sus inconformidades ante la
propia autoridad, o bien, ante un órgano representativo, que si bien es cierto ,son de
suma importancia.
B. OBJETIVOS.
Mostrar cuando se determina un crédito fiscal y si este es exigible.
Formas de las cuales puede ser extinguido un crédito fiscal.
Aunado a esto, las generalidades de los recursos de revocación y juicio de
nulidad, como también su importancia.
Explicar los elementos que integran los recursos de revocación y juicio de
nulidad, plazos para presentarlos, cuando procede, cuando resulta
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improcedente.
C. HIPÓTESIS.
Por tal motivo, en la presente investigación se pretende dar la información
necesaria, para que el propio lector o el contribuyente, o cualquier otra persona,
obtengan las herramientas necesarias para hacer valer su derecho a través de uno
de los medios de defensa que tiene el particular, como lo es, el recurso
administrativo de revocación y juicio de nulidad; siendo estos medios de defensa muy
utilizado por los particulares y el cual se encuentra reglamentado en el Código Fiscal
de la Federación; los cuales, se presentan cuando las autoridades fiscales
competentes emiten actos o resoluciones en los que se determinen en términos
monetarios un crédito fiscal a cargo del particular; considerando que este, no se
encuentre ajustado a las disposiciones legales vigentes; así como, cuando se niegue
la devolución de cantidades que proceden conforme a la Ley.
D. JUSTIFICACIÓN.
Una vez expuesto, las formas o sentidos que el contribuyente puede hacer
valer sus derechos, ante la Autoridad fiscal o el Tribunal Fiscal de la Federación, nos
podremos dar por concluido la importancia para el particular y el estudiante de tener
en un solo ejemplar el proceso que se lleva para inconforse ante las autoridades
fiscales, por medio del recurso administrativo de revocación o ante los Tribunales
competentes para declarar la nulidad; evitando de esa manera, que dichos recursos
se deseche por incumplimiento u omisiones que pudieran evitarse y que se cometen
por desconocimiento de los contribuyentes que interpolen dichos medios de defensa.
E. DELIMITACIÓN DEL TEMA.
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Este proyecto de tesis, es realizado en un campo de acción ya conocido, lo cual
podremos tomar la información, necesaria para basarnos y utilizarlo como un medio
de información para todo aquella persona que lo requiera y se encuentre interesado
de saber sobre los medio de defensa que tenemos ante la Autoridad Arancelaria;
basándose, en bibliografía y códigos ya conocidos y en la legislación vigente, para el
mayor entendimiento legal.
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CAPITULO II
ANTECEDENTES
A. ANTECEDENTES DEL RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
En la actualidad el sistema que rige nuestro país se ha caracterizado por la
estricta postura que han adquirido las autoridades fiscales en relación a la
recaudación de sus ingresos y por tal motivo se han generado en ocasiones
irregularidades al momento en que las autoridades ejercen sus facultades. La Ley
protegiendo a los particulares de las violaciones que el Estado pudiese haber
cometido, estipula el uso de medio de defensa de los cuales el contribuyente se
puede hacer valer para impugnar los actos o resoluciones emitidas por la
Administración Pública y que obran en perjuicio de los propios particulares por
violación al ordenamiento establecido, siendo la falta de aplicación de alguna
disposición legal que se debió haber aplicada, por lo que el contribuyente puede
presentar impugnando dichas violaciones un escrito conocido como Recurso de
Revocación o Juicio de Nulidad, siendo precisamente éste materia del presente
trabajo de investigación.
El recurso administrativo da la pauta para la iniciación legal del desacuerdo o
controversia entre el fisco y el contribuyente, teniendo sus orígenes más inmediatos
cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el año de 1928, con apoyo
6
en algunos criterios los cuales se consideraban firmes, provenientes del siglo
pasado, habla rechazado la pretensión de que en las leyes administrativas existieran
recursos administrativos cuyo conocimiento fuera previo al procedimiento judicial; en
esa época se había aceptado como última opción un juicio de oposición ante los
Juzgados de Distrito contra resoluciones emitidas por la Hacienda Pública Mexicana,
pero dejando la opción al opositor de acudir al juicio de garantías.
Para el año de 1929, dichos criterios fueron derogados por nuestro más alto
Tribunal al variar su jurisprudencia y establecer que la prosecución del recurso
administrativo constituía un trámite obligatorio para el particular, previo a la
interposición de su demanda de amparo.
Subsecuentemente la Ley de Amparo, estableció en su Articulo 73 Fracción XV,
que es improcedente el juicio de garantías contra actos de autoridades distintas de
las judiciales, cuando deban ser revisadas de oficio, conforme a la Ley que lo rija, o
proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud de la
cual puedan ser modificados, revocados o bien nulificados, siempre que conforme a
la misma Ley se suspendan los efectos que produzcan dichos actos mediante la
mencionada interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el
agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la propia Ley consiga para
conceder la suspensión definitiva.
La naturaleza técnica y jurídica del recurso administrativo radica no solo en los
hechos del caso, sino también los agravios que causa el acto impugnado, es decir, la
lesión jurídica que cause el acto realizado por la autoridad. Al agotar un recurso el
interesado debe formular debidamente las alegaciones jurídicas que demuestren la
ilegalidad del acto impugnado como también presentar las pruebas pertinentes del
caso, con los que acredite sus alegaciones, pues si el agraviado pretende recurrir
directamente en juicio de nulidad y posteriormente el juicio de amparo en contra de la
resolución recaída al recurso previamente interpuesto, no podrá corregir las
7
irregularidades en que haya incurrido respecto de los requisitos que debe cumplir el
escrito de revocación y documentos que sin cortapisa alguna deben acompañarse,
pues el órgano jurisdiccional juzgará la resolución impugnada con los mismos
elementos que tuvo a su alcance la autoridad administrativa para emitir dicha
resolución.
La naturaleza jurídica del recurso administrativo queda contenida en el precepto
132 del Código Fiscal de la Federación, manifestando que la resolución del recurso
será fundada en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios presentados,
teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios, pero en el caso de que
uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la propia validez del acto que sea
impugnado, bastará con el análisis de dicho punto. La autoridad puede corregir los
errores que advierta, examinar los agravios, como los demás razonamientos del
recurrente, pero sin cambiar lo citado en el recurso. De igual manera podrá revocar
los actos administrativos cuando advierta alguna ilegalidad y los agravios sean
insuficientes, dicha manifestación debe ser fundada cuidadosamente por los motivos
por los cuales consideró ilegal el acto.
SU IMPORTANCIA
Cuando en el ordenamiento conforme al cual se emitió el acto existe un medio
de defensa ante la propia autoridad administrativa, pues de estar previsto la
resolución no tiene, el carácter de definitiva. Pues el recurso administrativo es todo
medio de defensa al alcance de los particulares para impugnar, ante la
administración pública, los actos y resoluciones por ella dictados en perjuicio de los
propios particulares, por violación al ordenamiento aplicado a falta de aplicación de la
disposición debida.
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“Los recursos administrativos son importantes porque permiten a la
administración revisar sus actos a instancia del particular cuando éste se
considera agraviado por una resolución que estima ilegal y si resulta
fundada la inconformidad puede modificarlo o nulificarlo a fin de resolver
rápidamente la legalidad en el ejercicio de la función administrativa”.1
B. ANTECEDENTAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN
En la constitución de 1857 ni en la de 1917, se encuentra la existencia de un
órgano jurisdiccional para dirimir contiendas entre los particulares y las autoridades
administrativas fuera del poder judicial, pero la inquietud de lo contencioso
administrativo asombraba una y otra vez cuando se advertía que aparte de los juicios
civiles y criminales expresamente mencionados por las normas constitucionales, que
las contiendas requerían una jurisdicción propia.
La constitución de 1824 adopto un consejo de Gobierno, dotado de facultad
de consulta y dictamen en ciertos negocios de la administración publica, mas no así
de facultades jurisdiccionales.
En las siete leyes Constitucionales de 1836 se regulo la existencia de
Tribunales de Hacienda como órganos del poder judicial de la República; Las bases
orgánicas de 1843 facultaban a la suprema Corte de Justicia para conocer de las
demandas intentadas por los particulares contra el estado en juicios contenciosos y
ordenaban que subsistieran, al lado de los tribunales civiles y penales, los ejercicios
1 calvo, Enrique y Eliseo Montes. Sumario Fiscal, 1995, México, Themis, 20 ma. ed, 1995.
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de Hacienda.
Con la aparición de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en
agosto de 1934, se definió la situación de duda imperante y ya sin embargo se dio
competencia a los Jueces de Distrito y a los Tribunales de Circuito, en la primera
instancia y en la apelación respectivamente, para decidir controversias subsistidas
con motivo de la aplicación de ley federales acerca de la legalidad o subsistencia
acerca de actos y procedimiento administrativos.
En resumen, podemos decir que en aquellas épocas no existía un sentido
definido, ni principios, ni procedimientos que constituyeran medios de defensa
adecuados en contra de las irregularidades administrativas que se tramitaban ante la
Secretaria de Hacienda y el Juicio de amparo, en virtud de que todos ellos
funcionaban en un ambiente precario, complicado y confuso.
Actualmente, el apoyo constitucional sobre la existencia de los Tribunales de
lo contencioso- administrativo, lo encontramos en la fracción XXIX-H del articulo 73
Constitucional al establecer que; El congreso tiene facultad para expedir leyes que
instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo dotado de plena autonomía
para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten
entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y los particulares,
estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento
y los recursos contra sus resoluciones.
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CAPITULO III
DETERMINACIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL
A. NACIMIENTO U ORIGEN DEL CRÉDITO FISCAL.
En medida de que se brinden más facilidades para el establecimiento de
nuevos organismos económicos y se generen más fuentes de trabajo, proporciona al
particular una forma de obtener ingresos; generándose así la obligación que señala
el Artículo 31 en su fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la cual menciona la obligación de los mexicanos de contribuir para los
gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en donde residan,
dicha contribución se efectuará de manera proporcional y equitativa dependiendo de
los ingresos que se perciban.
Se hace mención nuevamente en el Código Fiscal de la Federación en su Titulo
1, Capítulo único, Articulo 1º.
“Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos
públicos conforme a las leyes fiscales respectivas; las disposiciones de éste
Código se aplicarán en su defecto y en su perjuicio de lo dispuesto por los
tratados internacionales de que México sea parte. Sólo mediante Ley podrá
11
destinarse una contribución a un gasto público especifico.”2
De lo trascrito se sustenta el hecho general de contribuir con el Estado para
hacer frente a los gastos públicos que surjan; es obligación expresa para los
mexicanos nacidos en el país y o bien de extranjeros que residan en territorio
mexicano y que realicen actividades dentro de la república. El Código prevé la
situación que se presentará o se presenta en relación a los tratados internacionales
estipulando su aplicación según sea el caso que se presente.
Actualmente dicha obligación se encuentra reglamentada en el Articulo 6 del
Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice textualmente:
“Las contribuciones se causarán conforme se realizan las situaciones
jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso
en que ocurra”.3
Para comprender mejor lo expuesto anteriormente es necesario definir tanto
situación jurídica como hecho jurídico; la primera se refiere al modo de ser de un
sujeto en un conflicto singular de intereses, o sea las posiciones que la norma
jurídica asigna al sujeto frente a un conflicto de intereses; dichas posiciones pueden
ser de necesidad, libertad o bien de supremacía. Se considera situación de hecho, a
todo acontecimiento o suceso que tiene trascendencia jurídica, esto es, en todos los
hechos naturales o humanos que no dependen de la actividad del ser humano; como
son los terremotos, inundaciones, nacimiento o muerte.
El momento característico para el nacimiento de la obligación tributaria es aquel
en que se manifiesta o realiza el acto jurídico en la cual la Ley condiciona la
2 Código Fiscal de la Federación. Editorial Themis. México, D.F. 1995. Pág. 1-2.3 ibid, Art. 6, Pág. 2-6
12
obligación del ciudadano de pagar el tributo. Desde el nacimiento de dicha obligación
se comienza a contar cronológicamente y jurídicamente la iniciación de los actos que
directa o indirectamente se encuentran vinculados en la relación entre el Estado y el
sujeto pasivo.
Se entiende por crédito fiscal todas aquellas cantidades que tiene derecho a
percibir el Estado o sus organismos descentralizados los cuales provengan de
contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, como también de los que se
deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores
públicos o de las personas físicas o morales; así como aquellos a los que las leyes
les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
Así mismo, la recaudación proveniente de todos los ingresos de la federación;
aún cuando se destinen a un fin específico, se hará por medio de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaria autorice para sus
efectos.
B. DETERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL.
La obligación que inicia es siempre única; nace con todos los elementos que le
conciernen. La determinación del crédito fiscal no origina el nacimiento de la
obligación tributaria; dicha obligación nace en el momento en que se realizan las
situaciones jurídicas o de hechos previstas por la Ley, la determinación del crédito es
un acto posterior al nacimiento de la obligación; porque para que exista crédito fiscal
es necesario que el sujeto pasivo de la obligación tributaria realice un acto o incurra
en una omisión que se encuentre comprendida dentro de la situación jurídica que
define la Ley y que la autoridad demuestre que encontró un hecho gravado o
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imponible conforme a una disposición fiscal que le sea aplicable.
Como ya se mencionó anteriormente el Artículo 6 del Código Fiscal de la
Federación, establece que la obligación fiscal se causa conforme se realizan las
situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes, durante el
lapso en que ocurran. Entonces cuando la obligación tributaria se determina en
cantidad liquida (cuantía monetaria) se crea la existencia de un crédito fiscal, la
determinación se encuentra prevista en el mismo Artículo 6 del Código Fiscal, en su
segundo párrafo, en el cual señala que:
“Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones
vigentes en el momento de su causación, pero le serán aplicables las
normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad”.4
Es decir, el monto de una contribución se efectuará atendiendo a lo estipulado
en la Ley cuando dicha contribución se generó y a la cual se le aplicarán las normas
que se lleguen a expedir posteriormente. Es necesario hacer mención que conforme
a esta disposición se contrapone a lo que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece claramente que a ninguna Ley se dará efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna siempre y cuando sea en beneficio de ella
misma.
A los sujetos pasivos le corresponden la determinación de las contribuciones, la
cual es realizada en forma extemporánea sin necesidad de intervención o presión del
sujeto activo, por lo cual también es llamada “autodeterminación” o “auto imposición”.
Cuando las leyes fiscales lo ordenen la determinación o liquidación del crédito fiscal
debe ser realizada por las autoridades correspondientes; en esta situación los
contribuyentes tienen la obligación de informar al fisco sobre los hechos que dieron
4 Ídem.
14
origen a la obligación fiscal y a la creación de un crédito, dicha información se
presentará dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación, según los
prescrito por el Articulo 60. Del Código Fiscal de la Federación. Una tercera forma
para efectuar la liquidación es cuando se celebra un acuerdo o convenio entre el
fisco y el particular, fijándose el monto a pagar y la forma de efectuar el pago entre
ambos.
Se puede precisar la existencia de un crédito, originado desde que se realizó la
situación considerada en leyes, independientemente de que se fijen las bases para
su liquidación. Esta abarca la determinación de la obligación fiscal, es decir la
liquidación cumple con el reconocimiento de la existencia del crédito fiscal a cargo de
algún contribuyente y así mismo cuantifica en términos monetarios dicho crédito. De
lo cual se desprende que no es posible afirmar que un particular deba al fisco una
cantidad considerada si no es cumpliendo las operaciones que vienen implícitas en la
liquidación.
En ese mismo sentido, no es menos importante señalar, que para que se de la
existencia de un crédito fiscal, es necesaria la relación jurídica- tributaria entre el
sujeto activo y el pasivo respectivamente, el primero de ellos es definido por el
maestro Adolfo Arrioja Vizcaíno como “aquel en cuyo favor se establece el crédito o
el deber de dar, hacer o prestar, que dicha obligación trae aparejada”.5 Pudiendo
manifestarse de tres maneras distintas tales como la Federación, como Entidad
Federativa y como Municipio; y por lo segundo como” aquel a cuyo cargo se
encuentra el cumplimiento de la obligación o el deber de dar, hacer o prestar”.6 Por
otro lado Delgadillo Gutiérrez afirma que los sujetos pasivos son “aquellas personas
físicas o morales que se encuentran obligados al pago de la obligación tributaria en
virtud de haber realizado el hecho generador que la Ley prevé”.7 Esta última
5 Adolfo Arrioja Vizcaíno. Derecho Fiscal. Ed.. Themis, Primera Edición, 1982. Pág. 88.6 Adolfo Arrioja Vizcaíno. Op. cit. Pág. 88.7 Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Principios de Derecho Tributario. Ed. Limusa. Tercera Edición. 1992.
15
definición que consideramos más completa y la que nos identifica con mayor claridad
al sujeto opuesto del beneficiario de la obligación que siempre será el estado en
cualquiera de sus diferentes formas.
C. EXIGIBILIDAD DEL CRÉDITO FISCAL.
En ocasiones se llega a confundir los términos de nacimiento y exigibilidad de
la obligación fiscal, por tal motivo es necesario precisar con claridad la diferencia que
existe entre ambos conceptos. Como ya se había mencionado anteriormente el
nacimiento consiste en la aparición o creación de un vínculo entre el acreedor y el
particular. En cambio, la exigibilidad consiste en que la autoridad fiscal esta
legalmente facultada para obligar al contribuyente a que realice el pago del crédito
fiscal; siendo este la obligación fiscal determinada en cantidad liquida y el cual debe
pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado para tal efecto en consideración a
las disposiciones establecidas; cuando no es pagado un crédito fiscal en la fecha o
plazos que se establecieron, se considera que el crédito ya es exigible.
El plazo que la Ley señala para que el sujeto pasivo pague o impugne un
crédito fiscal se encuentra reglamentado por el Articulo 65 del Código Fiscal de la
Federación, que dice lo siguiente:
“Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como
consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los
demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse, junto con sus
accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya surtido efectos su notificación”. 8
La exigibilidad de la obligación fiscal es la posibilidad de hacer efectivo un
8 Ibíd., Art. 65, Pág. 64-66
16
crédito, aún en contra de la voluntad del sujeto pasivo, siempre y cuando el plazo
para ser pagado dicho crédito ya halla transcurrido, si el plazo no ha vencido la
obligación fiscal no es exigible.
Una vez fijado el importe liquido de la obligación, se lleva a cabo la diligencia
de- notificación, esto es se da a conocer al deudor de la existencia de una
contribución en contra de éste, según lo reglamentado en los Artículos 134, 135, 136
y 137 del Código Fiscal de la Federación, dicha notificación es en virtud de que sea
pagado el crédito fiscal o bien impugnar la resolución de la cual se hace mención.
D. FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FISCAL
Las obligaciones Tributarias pasan por un proceso de nacimiento, vigencia y
extinción, toda vez que como fenómenos jurídicos no pueden permanecer por
siempre, al igual como sucede con las demás figuras jurídicas.
El maestro Margain Manautou dice que la obligación tributaria se extingue
“cuando se cubren los créditos fiscales que se originaron o cuando la ley los
extingue o autoriza su extinción”.9
Las obligaciones fiscales se extinguen por regla general, cuando el sujeto
pasivo cumple con la obligación tributaria, o cuando la Ley extingue o declara
extinguida la obligación. Las leyes fiscales consideran como medios para extinción
de créditos: El pago, la compensación, la condonación, la caducidad, la prescripción
y la cancelación.
9 Emilio Margáin Manautou. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. Ed. Porrúa. 11 va. ed.. 1993. Pág. 303
17
El Pago.
“El pago es el principal medio de extinción de la obligación fiscal, puesto que
es el cumplimiento del sujeto pasivo, satisfaciendo a favor del sujeto activo
el crédito fiscal. El Articulo 21 del Código Fiscal de la Federación establece
que: cuando no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo
fijado por las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará
desde el mes en que debió hacerse el pago hasta que el mismo se efectúe,
además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco
federal por falta de pago oportuno”. 10
Las contribuciones, actualización y recargos se determinarán y saldarán en
moneda nacional. Y en el caso de que dichas contribuciones se efectúen en el
extranjero se podrán liquidar en la moneda del País de que se trate. El mismo
precepto dispone además del efectivo, como medios de pago los cheques
certificados, giros postales, telegráficos o bancarios como también los cheques
personales no certificados; éstos últimos solamente se aceptarán en los casos
específicos y bajo las condiciones que establezca el reglamento del Código Fiscal.
La orden de ampliación de los pagos, según el citado Código, define que los
pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de
la misma contribución y antes del adeudo principal, a los accesorios en el siguiente
orden:
1.- Gastos de ejecución.
II.- Recargos.
III.- Multas.
10 Emilio Margáin Manautou. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. Ed. Porrúa. uva. ed.. 1993. Pág. 303
18
IV.-La indemnización a que se refiere el antepenúltimo párrafo del Articulo 21 del
mencionado Código.
En lo relativo a pagos fiscales se consideran las siguientes clases:
1.- Pago Espontáneo, Liso o Llano.
Este pago es el que se considera natural, automático, sencillo o liso; es el que
realiza el contribuyente sin hacer objeción alguna al efectuar el pago. En ocasiones
se efectúan pagos indebidos, es decir, el sujeto pasivo entera a la autoridad fiscal
una cantidad mayor al adeudo; o bien, en ocasiones paga el total del crédito sin estar
obligado conforme a la ley. El pago indebido se crea cuando la persona que
determina la liquidación por error estipula el monto equivocado. El contribuyente al
encontrarse en esta situación puede pedir al fisco el reembolso del pago realizado
indebidamente, previsto en el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, dicha
devolución se puede solicitar inmediatamente sin necesidad de ningún requisito
previo, solamente con el llenado de la forma destinada para esa diligencia,
proporcionando los informes y documentos que respalden el hecho del pago
indebido. En esta situación el sujeto activo es el contribuyente y el sujeto pasivo es el
fisco.
2.- Pago en Garantía.
Este tipo de pago se lleva a cabo sin que exista obligación fiscal, y se
proporciona a la autoridad hacendaría para que de alguna manera se asegure el
cumplimiento de la obligación fiscal, en el caso de que la contribución sea definitiva
en el futuro. Se da el pago en garantía, según lo previsto en el Articulo 142 del citado
Código, cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de
ejecución, se solicite prórroga para el pago de créditos fiscales o cuando se pretende
cubrir dichos créditos en parcialidades, cuando se solicite la aplicación del producto
19
en los términos del Artículo 159 de este Código y en los demás casos que se señalan
en este ordenamiento y leyes fiscales. Los gastos de ejecución no son referencia
para otorgar garantía, salvo que estos sean el interés fiscal únicamente.
3.- Pago en Defensa
Este pago anteriormente se le denominaba pago bajo protesta, y es el que se
presenta cuando el sujeto pasivo no esta de acuerdo con el crédito fiscal que se le
impone, y pretende impugnarlo a través de algún recurso.
4.- Pago Provisional.
Este pago es determinado por parte del contribuyente, y ésta determinación
puede ser verificada en cualquier momento por la autoridad hacendaría y consiste en
que el contribuyente realiza estimaciones ya sea mensual o trimestral (según sea el
régimen que lleve) de sus impuestos, y si éste resulta a favor del fisco se realizan
pagos provisionales. Al final del ejercicio se formula la declaración anual en la cual se
determina el impuesto real del ejercicio; restándole a ese importe los pagos
provisionales efectuados, siendo la diferencia el saldo a pagar al fisco o bien a favor
del contribuyente.
5.- Pago de Anticipos.
El pago de anticipos es el que se entera en el momento de que se grava un
ingreso y de antemano se conoce que una parte le corresponde al fisco. Es
necesario distinguir perfectamente este tipo de pago al de pagos provisionales,
puesto que se puede llegar a confundir; el pago provisional se basa sobre
estimaciones, en realidad no se sabe si se le adeuda al fisco o no; por otra parte el
20
pago de anticipos se efectúa cuando en realiza se tiene la certeza de que existe un
crédito fiscal.
6.- Pago Definitivo.
Este tipo de pago se genera de una autodeterminación por parte del
contribuyente la cual se encuentra sujeta a verificación por parte de la autoridad
hacendaría. El sujeto pasivo presenta la declaración definitiva para el pago de la
contribución y el fisco la acepta considerando que dicha declaración es correcta.
Cabe mencionar que el fisco aún en el caso de no verificar inmediatamente en el
momento de su presentación posee las facultades para efectuar la verificación
posteriormente.
7.- Pago Extemporáneo.
Este pago es el que se realiza fuera del plazo legal y puede presentarse en dos
formas: espontáneo o a requerimiento. El primero es el que se efectúa sin necesidad
de cobro de la autoridad hacendaría y según el precepto de Ley en este caso no se
impondrán multas cuando el contribuyente cumpla con su obligación tributaria o bien
cuando no se haya cumplido con la obligación por causa de fuerza mayor o de caso
fortuito. Y a requerimiento cuando el fisco interviene en su gestión de cobro, es decir,
la Secretaría tiene que intervenir para recuperar su ingreso, puesto que el
contribuyente no efectuó su pago en forma espontánea. El Articulo 73 del Código
Fiscal considera que el cumplimiento no es espontáneo cuando el fisco descubre
omisiones de impuestos, o cuando la omisión ha sido corregida por el mismo sujeto
pasivo después de que la autoridad haya mediado alguna gestión de cobro o bien
cuando la omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad a los
tres siguientes de la presentación del dictamen formulado por contador público al
fisco federal y en el cual se hubieren señalado las omisiones.
21
8.- Pago a Plazos.
I.- El pago a plazos es el que autoriza la S.H.C.P. a petición del contribuyente, en
relación a contribuciones omitidas y sus accesorios. El pago a plazos puede ser
diferido o en parcialidades, las cuales no pueden ser mayores de 36 meses. Las
contribuciones deben de ser actualizadas, a partir de los meses en que debieron
de ser pagadas hasta que se conceda la actualización, cada parcialidad se
actualizará desde la fecha que se autorizó hasta el mes en que cada parcialidad
se cubra. Se calcularán recargos sobre el saldo insoluto incluyendo los
accesorios. La actualización se efectuará por lo dispuesto en el Artículo 17-A del
Código Fiscal de la Federación.
II.- La Secretaria puede cesar la autorización de pagos en parcialidades, cuando:
III. Desaparezca o resulte insuficiente la garantía, sin que el contribuyente de una
nueva o la amplíe.
IV. Cuando el contribuyente sea declarado en quiebra o solicite su liquidación
judicial.
V. Cuando el contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas, con sus
recargos.
La Compensación
En el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación nos dice:
“La compensación es otro de los medios extintivos de la obligación fiscal y
22
se efectúa cuando dos personas, en este caso contribuyente y Estado
reúnen la envestidura de deudores y acreedores simultáneamente. Para que
se puedan compensar dos saldos es necesario que las deudas sean
homogéneas, que sean liquidas y que a su vez sean exigibles, es decir que
las deudas no puedan ser rehusadas conforme a derecho”. 11
En el Artículo mencionado, estipula que los contribuyentes pueden optar por
compensar los saldos que se encuentren a su favor contra los que tenga a cargo ya
sea por adeudo de ellos mismos o por retención a terceros, siempre y cuando ambos
sean de una misma contribución, inclusive sus accesorios.
La compensación se actualizará desde el mes en que fue presentada la
declaración hasta cuando se realice la compensación. Cuando las cantidades a
compensar no se deriven de una misma contribución, la S.H.C.P. establece ciertos
casos y requisitos para poder realizar la compensación. Si la contribución se efectúa
y ésta no procediera se generarán recargos de adeudo al Articulo 21 del Código
Fiscal. No se podrán compensar cantidades una vez solicitada la devolución de ellas
o bien cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.
Se considera de una misma contribución si se trata de un mismo impuesto,
aportación de seguridad social, contribución de mejoras o derecho.
La Caducidad
El autor De La Garza nos señala que:
11 Emilio Margáin Manautou. Introducción al Estudio del Derecho Tributario Mexicano. Ed. Porrúa. 11va. ed.. 1993. Pág. 303
23
“La caducidad consiste en la extinción de las facultades de la autoridad
hacendaría para determinar la existencia de obligaciones fiscales,
liquidarlas, exigir su pago o bien para verificar el cumplimiento e
incumplimiento de las disposiciones fiscales y sancionar las infracciones
cometidas”.12
El plazo que la Ley estipula para que opere la caducidad es de cinco años y
son contados a partir del día siguiente a aquel en que:
1.- Se haya presentado la declaración del ejercicio, cuando se tenga dicha
obligación, en relación a estos casos las facultades de las autoridades fiscales serán
extintas por ejercicios completos, incluyendo todas aquellas facultades relacionadas
con la exigibilidad de las obligaciones fiscales.
El Articulo 67 del Código Fiscal de la Federación hace mención de que en el
caso de presentar declaraciones complementarias el plazo empezará a contar a
partir del día siguiente a aquel en que se presentan.
2.- En el caso de presentar o que se debió haberse presentado ya sea
declaración o aviso de una contribución que no se calcule por ejercicios a partir de
que se crearon las contribuciones y no exista la obligación de pagarlas a través de
declaración.
3.- Cuando se hubiere cometido alguna infracción a las disposiciones fiscales y
si dicha infracción fuese de carácter continuo, el término correrá a partir del día
siguiente al que hubiese cesado la consumación, o se hubiere realizado la última
conducta o hecho.
12 De la Garza, Sergio Francisco. Derecho Financiero, Mexicano, Ed. Purrúa, 3ra. ed. 1995. Pág. 476
24
La Ley prevé un plazo de diez años, cuando el sujeto pasivo no haya
presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve
contabilidad o no la conserve durante el tiempo que señala la Ley o no presente
declaración anual cuando se está obligado a presentarla, en este caso el plazo
empezará a contar a partir del día siguiente a aquel en que debió haber presentado
la declaración anual. Cuando el contribuyente en forma espontánea presente
posteriormente la declaración omitida, y que esta todavía no haya sido requerida por
la Secretaria, el plazo será de cinco años. Sin que en ningún caso este plazo más el
tiempo transcurrido entre la fecha en que debió presentarse la declaración omitida y
la fecha en que se presentó espontáneamente, exceda de diez años, no se
encuentran comprendidos en lo expuesto anteriormente los pagos provisionales.
El plazo será de tres años contados a partir de que la garantía del interés fiscal
resulte insuficiente, en los casos de responsabilidad solidaria la cual hace referencia
el Artículo 26 fracción III del Código Fiscal.
Por lo que se refiere a la suspensión del plazo de la caducidad, sólo puede
ocurrir cuando se interponga algún recurso o juicio.
La Condonación
El Código Fiscal de la Federación en el artículo 39 fracción 1 menciona lo
siguiente:
“La condonación es el medio de extinción en el cual la autoridad
hacendaría se permite renunciar legalmente al cobro de un crédito fiscal o
bien a las obligaciones fiscales que se relacionen con él”. 13
13 Delgadillo, Gutiérrez Luis Humberto. PrinciDios de Derecho Tributario, 3ra. ed. Pág. 119.
25
El Articulo menciona nos señala que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de
condonar total o parcialmente el pago de contribuciones como también sus
accesorios, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de
algún lugar o región del país, una rama de actividad, casos de catástrofes sufridas
por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
En lo relativo a multas éstas también podrán ser condonadas, cuando se
generen por infracción a las disposiciones fiscales para lo cual apreciará
discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos que tuvo la autoridad que
impuso la sanción. La condonación de multas se podrá realizar solo en cantidades
que queden firmes y siempre que un acto administrativo ligado no sea materia de
impugnación.
La Prescripción
“Se define la prescripción como la extinción de un crédito fiscal por el sólo
hecho de transcurrir un tiempo determinado”.14
Considerándose dos especies de prescripción, la positiva y la negativa. La
prescripción positiva es aquella que esta a favor del fisco federal y se encuentra
estipulada en el Artículo 22 del Código Fiscal de la Federación en su antepenúltimo
párrafo. La prescripción negativa es cuando la autoridad pierde la facultad de cobro
de un crédito fiscal por el transcurso del tiempo, el cual prescribe a los cinco años en
términos de lo dispuesto por el articulo 67 de Código Fiscal de la Federación;
empezándose a contar a partir de la fecha en que el pago pudo haberse exigido
legalmente, a excepción, cuando se interponga cualquier medio de defensa; la
prescripción se puede interrumpir evitando así su terminación con cada gestión de 1 4 Ibíd.
26
cobro que el fisco notifique o haga de su conocimiento al deudor. El Código Fiscal
define que cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento
administrativo de ejecución, y que el deudor tenga conocimiento, se considera
gestión de cobro.
La Cancelación
El artículo 146 del Código menciona en su último párrafo lo siguiente:
“Por último se considera como medio de extinción, cuando la autoridad
decide cancelar un crédito por estipular que el mismo es insolvente o bien
incosteable el cobro de dicho crédito. Aquí la autoridad se reserva el derecho
de cobro y por consiguiente, no se extingue la obligación fiscal, pues para
que se extinga la obligación es necesario que se pague o prescriba el
crédito”. 15
El Artículo mencionado en este último párrafo nos hace mención
específicamente a la cancelación de créditos fiscales, por incosteabilidad en el cobro
o por insolvencia del deudor o de los responsables solidarios, haciendo la aclaración
que aún cancelados los créditos no se liberan del pago de éstos.
CAPITULO IV
15 Arriola, Vizcaíno Adolfo, Derecho Fiscal, Ed. Themis, 1ra. Ed. 1982. Pág. 97.
27
EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACION
La inestabilidad del sistema que rige nuestro país, como los constantes
cambios que se manifiestan en dicha estructura hacen de alguna manera se creen
irregularidades e imperfecciones por parte de las autoridades fiscales, y por ende,
ocasionan desacuerdo por parte de los particulares, haciendo manifiesta legalmente
su inconformidad, dando lugar a una litis o controversia.
A. DEFINICIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN
Cuando la extinción de un crédito fiscal no se efectúo por medio de alguna de
las formas mencionadas en el capitulo anterior, como son el pago, la compensación,
la caducidad, la condonación, la prescripción y la cancelación; y persiste la existencia
del crédito fiscal estando en desacuerdo con dicha liquidación el contribuyente, podrá
promover el Recurso de Revocación o el Recurso de Oposición al Procedimiento
Administrativo de Ejecución; dependiendo cual sea el hecho que originó el crédito
fiscal y la etapa de cobro en que se encuentra.
Esta investigación se enfocó específicamente al estudio del Recurso
Administrativo de Revocación el cual se define como el medio de defensa que
permite combatir las resoluciones que con carácter de definitivas dicten las
autoridades administrativas, con el objeto de que sean nulificadas.
En materia fiscal, el Articulo 117 del Código Fiscal de la Federación expresa,
28
que éste tipo de recurso se interpone en contra de las resoluciones definitivas que:
Determinen contribuciones o accesorios.
Existe una variada gama de supuestos en los que procede la autoridad
hacendaría en la emisión de resoluciones liquidatorias o determinantes de
contribuciones omitidas, después de haber ejercido sus facultades de comprobación
y de verificar que en realidad el contribuyente fue infractor en algún momento; dicha
comprobación puede ser derivada de omitir una declaración, de una revisión de
gabinete o en su caso de una visita domiciliaria; formulándose así un oficio
liquidatorio en el cual se señala la omisión, el precepto de ley en la cual la autoridad
se basa para determinar el crédito fiscal, la cantidad omitida y la multa (s) a las
cuales se hizo acreedor según el supuesto.
Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la
Ley.
El Artículo 22 del Código Fiscal estipula que; “las autoridades fiscales están
obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que proceden de
conformidad con las leyes fiscales, los impuestos que están sujetos a devolución
son: el Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Activo, el Impuesto al Valor
Agregado y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. La devolución se
presenta cuando el contribuyente ha tributado en exceso, o bien se encuentra dentro
de los lineamientos que la ley establece existiendo saldo a favor. El tipo de
devolución que más se efectúa es la denominación “devolución de I.V.A.”.
29
Cuando la autoridad no quiera realizar la devolución del impuesto que solicita el
contribuyente, por razones que ella considera aceptables y el particular no aprueba,
podrá impugnar por medio del recurso en cuestión.
Siendo diversas a las anteriores dicten las autoridades aduaneras.
El recurso de revocación procede en relación a materia aduanera contra toda
clase de resoluciones administrativas que se dicten, como son aquellas que
resuelven una consulta o controversia en materia de importación o exportación, o
nieguen la aplicación de un subsidio, o determinen diferencias en los impuestos de
importación o exportación.
El Artículo 142 de la Ley Aduanera establece la obligación de interponer el
recurso de revocación contra las resoluciones definitivas que dicten las autoridades
aduaneras, antes de interponer demandas ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
B. ELEMENTOS DEL RECURSO DE REVOCACION
Como todo documento jurídico el recurso de revocación se encuentra
constituido por elementos que integran en su totalidad la formación del escrito como
también su estructura jurídica.
Los elementos del recurso de revocación se pueden clasificar en esenciales y
secundarios. Son elementos esenciales aquellos que necesariamente deben de
aparecer para que se haga valer un recurso; se consideran elementos secundarios
aquellos cuya ausencia no vician o constituyen una parte primordial para la validez
del recurso de revocación.
30
Los elementos o principios necesarios para agotar un recurso administrativo
son los siguientes:
1) QUE EL RECURSO ESTE ESTABLECIDO EN EL ORDENAMIENTO LEGAL
CORRESPONDIENTE.
El recurso debe estar previsto en ley, para considerarse formalmente
Impugnado. El acto administrativo y no se dará lugar a que se configure el
conocimiento tácito del acto. El recurso de revocación se encuentra estipulado en el
Código Fiscal de la Federación en el Artículo 117; por tal motivo si se encuentra
dentro de un ordenamiento legal.
2) EXISTENCIA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA CONOCER Y
RESOLVER EL RECURSO.
De nada serviría que la ley, estableciera el recurso sino existiera la autoridad
competente para resolver dicho recurso. Por tal motivo la Ley estipula cual será la
autoridad que lo conocerá y resolverá y debe dotarla de competencia y señalar sus
atribuciones.
3) EXISTENCIA DE UNA RESOLUCION ADMINISTRATIVA.
El recurso administrativo, sólo es procedente para impugnar las decisiones de
la autoridad administrativa, o sea, que es absolutamente ineficaz para impugnar las
decisiones de autoridades de otro tipo.
La sola existencia de una resolución administrativa, expedida a un particular, no
implica que ésta puede ser impugnada por medio de un recurso administrativo, sino
que ella debe de reunir ciertas características, para que sea una resolución
31
impugnable mediante recurso administrativo. Las características que debe reunir
dicha resolución son:
3.1.- Que Sea Definitiva.
Una resolución administrativa es definitiva cuando no admite revisión de oficio,
o sea, que la autoridad no puede por si modificar su propia resolución. Por revisión
de oficio se entiende que la resolución dictada en perjuicio de un particular deberá
ser revisada, examinada, por el superior jerárquico o una comisión de dependencia
especial, quien decidirá si la confirma, modifica o en su caso lo revoca.
El Código Fiscal de la Federación de 1938 establecía que las multas de
$500.OO en adelante que imponían las Oficinas Federales de Hacienda eran
provisionales, por cuanto que de oficio debería ser revisadas por la Procuraduría
Fiscal de la Federación y si ésta unidad administrativa la confirmaba o la modificaba
disminuyendo el monto de la sanción, el acto que con tal motivo emitía era definitivo
e impugnable por el infractor.
3.2. Que Sea Personal y Concreta.
Tiene que estar dirigida a una persona determinada afectando su esfera jurídica
y verse sobre una situación especifica. Si una resolución es general, abstracta e
impersonal no puede deparar perjuicio a una persona sino hasta que se produce un
acto de aplicación, que es cuando con apoyo en ella se expide una resolución a
cargo de determinado particular.
3.3.- Que Cause Un Agravio.
Se entiende que una resolución causa agravio, cuando la misma origina un perjuicio
o lesiona un interés legitimo directo o indirecto: Es interés directo cuando afecta a
quien va dirigida la resolución y es interés indirecto cuando el afectado es persona
32
distinta del titular de la resolución, pero que por su relación con éste la Ley le imputa
Responsabilidad en el cumplimiento de una obligación.
3.4.- Que Conste Por Escrito, Excepción de la Derivada de Una Negativa Ficta.
Todas las resoluciones de la autoridad administrativa deben constar por
escrito, lo cual se encuentra estipulado en el Articulo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que expresa
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.16
En cuanto a la resolución negativa ficta, esta no puede constar por escrito, pues
representa el significado que se da al silencio de una autoridad, una vez transcurrido
el término de cuatro meses, según lo expuesto en el Articulo 37 del Código Fiscal,
transcurrido dicho plazo sin que sea notificada la resolución, el interesado podrá
considerar que la autoridad resolvió negativamente y podrá interponer los medios de
defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la
resolución, o bien esperar a que ésta se dicte.
3.5- Que Sea Nueva.
Que el contenido de la resolución no haya sido del conocimiento del particular
con anterioridad, a través de otra resolución definitiva de la autoridad administrativa,
y haya sido consentida expresa o tácitamente, o bien sea materia de algún medio de
defensa, como un recurso administrativo, juicio o un recurso especial.
16 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Edit. Delma, S.A. México, D.F. 1996, P. 9.
33
C. PLAZOS PARA PRESENTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN
Por regla general el Articulo 121 del Código Fiscal de la Federación, el escrito
de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o
ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en
que haya surtido efectos su notificación; cuando en alguna Ley se omite la fecha en
la cual debe de ser presentado el recurso, se puede presentar en cualquier
momento.
Cuando el recurrente tiene su domicilio fuera de la población en que sé
encuentra la autoridad que emitió o ejecutó el acto impugnado, el escrito podrá
presentarse en la oficina exactora que se encuentre más cercana al domicilio de éste
o bien, ser enviado a la autoridad por correo certificado con acuse de recibo, siempre
que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos se
considerará como fecha de presentación del escrito, la del día en que se entregue a
la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos.
Cuando el afectado, por un acto o resolución administrativa fallece durante el
plazo anterior, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo
de representante de la sucesión.
COMPUTO DE PLAZOS
Las autoridades, consideran en el cómputo de plazos fijados en días, algunos
días como inhábiles; estos, se encuentran expresamente señalados en el Código
Fiscal de la Federación en su Artículo 12, y son:
“Los Sábados y Domingos, 10 de Enero, 5 de Febrero, 21 de Marzo, 10 y 5
34
de Mayo, 10 de Septiembre, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, 1 de
Diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder
Ejecutivo Federal, y el 25 de Diciembre”. 17
Anteriormente, no se contaban para dichos plazos los días de vacaciones
generales de las autoridades Fiscales Federales, excepto cuando se trate de plazos
para presentar declaraciones y pago de contribuciones; exclusivamente, en cuyos
casos se contarán como hábiles. No se consideran vacaciones las que se otorguen
en forma escalonada.
Al respecto, a dicho articulo, el 28 de Marzo de 1994, el Diario Oficial de la
Federación publicó algunas modificaciones en las cuales mostraba a manera de
ejemplo las vacaciones generales de la S.H.C.P. las cuales comprendieron del día 19
hasta el 30 de Diciembre de 1994; así mismo los días correspondientes a Jueves y
Viernes Santos de 1995, los cuales no se encontraban señalados expresamente
como inhábiles, serán computados para los plazos fijados en días aún cuando
durante el horario normal de labores permanezcan cerradas las oficinas de las
autoridades fiscales ante las cuales se deba de presentar la promoción con la cual se
cumpla el plazo, sin embargo, si en alguno de esos días se cumple con el
vencimiento del plazo, se prorrogará hasta el día hábil siguiente en que durante el
horario normal de labores permanezcan abiertas las oficinas de la autoridad fiscal.
Las autoridades competentes, para tramitar y resolver los recursos de
revocación, se encuentran definidas en el Articulo 125 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y son las siguientes:
1. La Administración Local Jurídica de Ingresos, cuando se controviertan
resoluciones dictadas por ella misma o por cualquier unidad administrativa
adscrita a la Subsecretaria de Ingresos, o por las autoridades fiscales de las
17 Código Fiscal de la Federación Vigente, Pág. 116. Prontuario Tributario 1998.
35
entidades federativas en materia de ingresos coordinados, incluyendo los incisos
B) y C) que se mencionen.
2. La Administración de Recursos Administrativos, cuando se impugnen
resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que dependan de las
Direcciones Generales o de las Administraciones Generales adscritas a la
Subsecretaría de Ingresos, por las Administraciones Locales, por las unidades
administrativas que dependan de éstas, las Aduanas o por las autoridades
fiscales de las entidades federativas en materia de ingresos coordinados. La
Administración Especial Jurídica de Ingresos, será competente cuando se
impugnen resoluciones dictadas por ella misma o por las Administraciones
Especiales de Recaudación y de Auditoria Fiscal o por sus unidades
administrativas.
3. Las Administraciones Locales Jurídicas de Ingresos, cuando se controviertan sus
propias resoluciones, las dictadas por las Administraciones Locales de Auditoria
Fiscal y las de Recaudación, o las dictadas por las unidades administrativas que
de ellas dependan, o por las autoridades fiscales de las entidades federativas en
materia de ingresos coordinados, respecto a contribuyentes o personas
domiciliadas en la circunscripción territorial de la Administración Local Jurídica de
Ingresos. También serán competentes dichas Administraciones Locales Jurídicas
de Ingresos, cuando se impugnen resoluciones de una autoridad aduanera cuya
sede se encuentre comprendida dentro de su circunscripción territorial.
4. La Tesorería de la Federación, cuando se controviertan resoluciones dictadas por
las unidades administrativas que la integran.
5. La Procuraduría Fiscal de la Federación, en las materias de su respectiva
competencia.
6. La Administración General Jurídica de Ingresos, en los demás casos de
36
competencia de la Secretaria.
Cuando se alegue que un acto administrativo impugnable mediante recurso de
revocación, no fue notificado o que lo fue ilegalmente, será competente la unidad
administrativa que, conforme a los incisos anteriores, lo sea para conocer el recurso
contra dicho acto.
El mencionado Reglamento, en su Artículo 111, inciso C), fracción V; especifica
claramente como función de la Administración Jurídica de Ingresos la resolución de
los recursos de revocación, al citar:
“V. Resolver los recursos administrativos hechos valer contra actos o
resoluciones de ella misma, de las Administraciones Locales de Recaudación,
de Auditoria Fiscal, de las Aduanas de su misma circunscripción territorial o
de las unidades administrativas que de ella dependan, así como los recursos
de revocación que interpongan los contribuyentes de su competencia contra
las resoluciones en materia de certificación de origen y los actos que apliquen
cuotas compensatorias definitivas.”18
D. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN
Para efectos de la procedencia, el recurso de revocación debe de contener una
serie de requisitos o formalidades que el propio Código Fiscal de la Federación,
establece en sus ordenamientos 18, 19, 122 y 123.
Así, tenemos que el Artículo 18 del citado Ordenamiento Legal, señala:
18 Ídem.
37
Dicho recurso debe constar por escrito en forma clara y precisa, no
necesariamente tiene que ser mecanografiado el escrito, pues la autoridad
admite recursos en forma manuscrita siempre y cuando éste reúna los
requisitos necesarios y sea legible.
Es indispensable el nombre del contribuyente en caso de ser persona
física, denominación o razón social cuando se es persona moral; El
Registro Federal de Contribuyentes también debe de ser anotado para fijar
la competencia de la autoridad y la clave que le corresponda en dicho
registro; así mismo el domicilio fiscal del recurrente.
Es necesario señalar en el escrito a la autoridad a la cual va dirigido el
recurso y el propósito de la promoción.
Se debe señalar, en su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y
el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas.
A su vez toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá
estar firmada por el interesado o por la persona que esté legalmente autorizado para
ello, cuando el promovente no sepa o no pueda firmar se imprimirá su huella digital.
En los casos de que no se cumpla con alguno de los puntos señalados
anteriormente las autoridades requerirán al recurrente para que en un plazo de 10
días cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanar la omisión cometida se
tendrá por no presentada la promoción.
Conforme al Articulo 19 del Código Fiscal la representación de los
contribuyentes por terceros se hará por medio de escritura pública o en carta poder;
la cual será firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante la Secretaria de
38
Hacienda o Notario Público; el recurrente o sus representantes pueden autorizar por
escrito, sin necesidad de poder notarial a personas que a su nombre reciban
notificaciones, ofrezcan o rindan pruebas y presenten promociones relacionadas con
sus propósitos. Cuando se promueve a nombre de otro la representación debe ser
otorgada a más tardar en la fecha en que se va a presentar la promoción.
Además, el escrito por el que se interponga el recurso deberá contener los
siguientes requisitos contemplados en el Artículo 122 del citado Código vigente.
I. EL ACTO QUE SE IMPUGNA
El acto de autoridad, es una manifestación unilateral y expresa de un órgano
del estado o autoridad, que envestido de su potestad pública y su poder de decisión,
afecta en alguna forma la esfera jurídica de los particulares con las decisiones o
determinaciones que se susciten.
Es necesario expresar, en el escrito, contra que acto se está revocando, es
decir la liquidación formulada por la autoridad fiscal y con la cual el contribuyente no
esta de acuerdo; siendo el hecho generador, de la discrepancia entre el fisco y el
contribuyente, y por el cual se pretende entablar la disputa o controversia.
II. LOS AGRAVIOS QUE CAUSE EL ACTO IMPUGNADO
En el escrito que se interponga, el particular deberá expresar el agravio o
agravios que le cause el acto impugnado, se debe señalar en la resolución o la parte
de ésta que lesiona alguno de sus derechos, hace mención, también el precepto o
los preceptos jurídicos que a su juicio dejo de aplicar o aplicó indebidamente la
autoridad exactora, estipulando asimismo los razonamientos lógicos jurídicos por los
39
que concluye que efectivamente existe omisión o indebida aplicación de los
preceptos aplicables a determinado caso en particular. Si falta alguno de estos
requisitos no se considerará como agravio.
III. LAS PRUEBAS Y LOS HECHOS CONTROVERTIDOS DE QUE SE TRATE
Es bien sabido, que en todo litigio es necesario aportar evidencias suficientes
que acrediten lo sustentado por las partes en controversia. El tipo de pruebas
admisibles como su valorización, de los recursos administrativos, se encuentra
comprendidas en el precepto legal articulo 130 del Código Fiscal de la Federación,
manifestando que serán admitida toda clase de pruebas, con excepción la prueba
testimonial y la confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones; esta
prohibición no comprende la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto
de hechos que consten en sus expedientes o de documentos anexados a ellos.
La prueba testimonial, es aquella, que consiste en declaraciones de terceros a
los que les consten los hechos sobre los que se les examina. Y prueba confesional
mediante absolución de posiciones es la que somete a una de las partes en el
proceso, por la otra, a un interrogatorio especial que debe referirse a hechos propios
del declarante, cada posición debe comprender un hecho y estar formuladas de
manera que el absorbente responda simplemente si o no.
Las pruebas que se susciten, después podrán presentarse siempre y cuando
no se haya dictado la resolución del recurso. Hará prueba plena la confesión expresa
del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así
como los hechos legalmente afirmados o certificados por autoridad en documentos
públicos; pero si en estos documentos se contienen declaraciones de verdad o
manifestaciones de hechos de particulares, si le probarán plenamente que, ante la
autoridad que los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no
probarán la verdad de lo declarado o lo manifestado.
40
La prueba plena es aquella que se considera suficiente para la demostración de
la existencia o la inexistencia de un hecho o acto jurídico alegado en el proceso.
Las demás pruebas presentadas quedarán al prudente juicio de la autoridad
encargada de resolver el recurso. Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las
presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción o convencimiento
distinto acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin
sujetarse a lo dispuesto anteriormente (articulo 130 C.F.F.), debiendo en ese caso
fundar razonablemente esta parte de su resolución.
Cuando no se expresen los agravios a que se refiere la fracción II, la autoridad
fiscal desechará por improcedente el recurso interpuesto; en caso de no señalar el
acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas
atendiendo a las fracciones 1 y III, la autoridad fiscal requerirá al promovente para
que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro del citado
plazo no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; al
tratarse de los hechos controvertidos o al ofrecimiento de pruebas, se perderá el
derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por no ofrecidas las pruebas.
Considerando todos los señalamientos o requisitos que dictan las leyes, se
formula el recurso de revocación (anexo 1) con el cual se pretende hacer manifiesta
la impugnación del acto en cuestión.
Es importante para que proceda el recurso anexar además al escrito de
interposición, según lo estipulado en el artículo 123 del citado Código Fiscal los
siguientes documentos:
Los documentos que acrediten, la personalidad cuando se gestione en
41
nombre de otro, o bien cuando se trate de una persona moral; es decir,
es la presentación del documento legal idóneo, por medio del cual se
demuestra que una persona tiene facultades para actuar en
representación de otra, ya sea física o moral.39
El documento en el cual conste el acto impugnado; es el oficio en el
cual se manifiesta la omisión o infracción del particular y el cual es
formulado por la autoridad que determina el crédito.
La constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió
constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo
certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la
notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última
publicación y el órgano en que se hizo.
El correo certificado del cual la Ley hace mención, representa una de las
formas por medio de la cual el Servicio Postal Mexicano presta el servicio de llevar
alguna pieza postal a un destinatario caracterizándolo un número de control y
registro que se le asigna al ser recibida dicha pieza postal por su envío. La tarjeta
empleada para el control y registro de la pieza postal se le llama acuse de recibo y
en la cual se plasma la fecha y firma de la persona que la recibió o el sello de la
autoridad a la que fue entregada, quedando como constancia de notificación o bien
como constancia de recibido del remitente.
Cuando no se conoce el domicilio, en donde se puede llevar la notificación a un
particular, se notifica por medio de edictos, haciéndose la notificación a través de una
publicación en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de amplia
circulación, con el objeto de que el afectado se entere de su contenido.
Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.
Cuando las pruebas documentales no se encuentran en poder del recurrente,
42
por no haber podido obtenerlas, aún tratándose de documentos que
legalmente deben de estar a su disposición, el recurrente debe señalar el
archivo o lugar en que se localizan para que la autoridad fiscal requiera su
remisión cuando sea legalmente posible, en este caso deberá identificar con
toda exactitud los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su
disposición, será suficiente con que acompañe la copia sellada de la solicitud
de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los
documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los
originales o de las constancias de éstos.
La autoridad fiscal, podrá recabar las pruebas que obren en el expediente en
que se haya originado el acto impugnado, cuando el interesado no haya tenido
oportunidad de obtenerlas, esta facultad se podrá realizar si el recurrente lo pide o
solicita.
En caso de no acompañar al recurso de revocación, alguno de los documentos
mencionados, se requerirá al promovente para que en un plazo de cinco días sean
presentados. Si no son presentados dentro de ese término y tratándose de los
documentos a que se refieren las fracciones 1 a III, se tendrá por no interpuesto el
recurso, así mismo si se trata de las pruebas que señalan la fracción IV se tendrán
por no ofrecidas.
Cabe mencionar, que la reforma al Código Fiscal de la Federación, a la que se
ha hecho referencia y por medio de la cual se prorroga cinco días para que la
autoridad fiscal requiera la citada documentación, la cual fue publicada el día 28 de
Diciembre de 1994 por el Diario Oficial de la Federación.
43
E. SENTIDOS EN QUE PUEDE SER RESUELTOS LOS RECURSOS DE REVOCACION.
Los recursos de revocación, deben ser resueltos y notificados en un plazo de
cuatro meses, contados a partir de la fecha de interposición del recurso. Cuando esto
no se efectúe se entenderá que la autoridad confirmó el acto que se esta
impugnando lo que se conoce como la figura jurídica de la negativa ficta.
DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO.
Desechar por improcedente el recurso administrativo es cuando en el escrito de
interposición no se cumpla con algunos de los requisitos que establece el artículo
124 del Código Fiscal de la Federación; lo cual fue explicado en el capitulo anterior,
así mismo, se tendrá como no interpuesto el recurso y por consiguiente se desechará
cuando no se presenten adjunto con el escrito de interposición el documento en el
cual se acredite la personalidad del representante que se encuentre en su caso
gestionando el recurso, el oficio en el cual se encuentre plasmado el acto que se
impugna, así mismo la notificación respectiva a la cual dio lugar el acto.
Las autoridades pueden sobreseer, el caso cuando consideran que no es
necesario continuar con él y prefieren suspender el proceso por considerar que faltan
causas que justifiquen su interposición.
CONFIRMAR EL ACTO IMPUGNADO
Si después del análisis llevado a cabo por las autoridades respectivas, se llega
a la conclusión que el acto por el cual se objetó no causó agravio alguno o bien fue
infundada o ineficaz la defensa presentada por el recurrente, ya sea porque las
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pruebas ofrecidas no respaldaron lo sustentado por el particular o porque en realidad
no se incurrió en alguna infracción, se emite entonces una resolución que ratifica la
anterior, quedando de esta manera la validez del crédito o créditos fiscales
determinados.
MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Este tipo de sentido, se emite por lo general cuando se interpone el recurso de
oposición al procedimiento administrativo de ejecución y se considera que al
ejecutarlo se procedió ilegalmente en alguna parte del mismo, Por tal motivo se
manda iniciar nuevamente el procedimiento que conllevó al crédito del acto
impugnado.
DEJAR SIN EFECTOS EL ACTO IMPUGNADO
Cuando los argumentos presentados por el recurrente, demuestran que se
efectuó el agravio o que uno de los agravios sea suficiente para sustentar la validez
del acto impugnado, bastará con el examen de dicho punto para dejar sin
trascendencia dicho acto.
MODIFICAR EL ACTO IMPUGNADO O DICTAR UNO NUEVO QUE LO
SUSTITUYA
Cuando la autoridad que determinó el importe de los créditos cometió alguna
infracción en dicho acto, ya sea que calculó excesivamente el monto del crédito o
créditos, o que señaló la omisión de algún impuesto a cubrir y que en realidad el
contribuyente no haya cometido dicha omisión; en tal caso la autoridad revisora del
recurso modifica el acto que se está impugnando o dicta uno nuevo que lo sustituya
45
totalmente.
F. OPCIÓN DEL CONTRIBUYENTE PARA PROMOVER EL JUICIO DE NULIDAD
ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Las leyes favorecen a los particulares, puesto que se estipula expresamente en
su ordenamiento 120 y 125 del Código Fiscal, la opción que se tiene de impugnar un
acto a través del recurso de revocación o bien promover directamente su
inconformidad con un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. El contribuyente
deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que
sea antecedente o consecuente de otro, excepto resoluciones dictadas en
cumplimiento de las emitidas en recursos administrativos.
Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal
Fiscal, la impugnación del acto conexo o ligado deberá hacerse valer ante la Sala
Regional del Tribunal Fiscal que conozca del juicio a tratar.
Tal optatividad no es aplicable en materia aduanera pues como se mencionó
anteriormente en el punto (A) de éste capítulo cuando se trate de materia aduanera,
el recurso de revocación deberá ser agotado primeramente antes de que el particular
interponga la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
El porqué es más amplio el recurso de revocación, para la materia aduanera
que para el resto de la materia tributaria es algo incomprensible, pues la Ley no
esclarece en ninguno de sus preceptos de diferencia que existe entre uno y otro acto,
que esclarezca dicha obligatoriedad.
Resumiendo, el recurso es optativo cuando la resolución a impugnarse está
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dictada por una autoridad no aduanera y obligatoria cuando la resolución la expide la
autoridad aduanera.
CAPITULO V
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JUICIO DE NULIDAD
A. JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION
Se otorga Plena facultad del recurrente, presentar su demanda en contra de los
actos administrativos, presentando el juicio de nulidad de un acto en controversia de
carácter legal contra la autoridad fiscal el cual se presenta en el Tribunal Fiscal de la
Federación, el cual goza de plena autonomía para dictar sus fallos resueltos
conforme a la ley, y en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales por un órgano
ajeno a la autoridad administrativa.
Para iniciar un juicio de nulidad, en función de facultades en contra de actos
administrativos, se regirán por las siguientes reglas generales que me permito
señalar para facilitar su aprendizaje y comprender su mecánica en la forma mas
congruente posible, siguiéremos los pasos.
1.- Se regirán por las disposiciones contenidas en el titulo VI del Código Fiscal
de la Federación, denominadas del procedimiento contencioso Administrativo y
supletoriamente se aplicara el Código Fiscal de la Federación.
2.-Siguiendo el principio constitucional de que la impartieron de justicia es
gratuita (articulo 17 de la constitución Política Federal), el juicio no habrá
condenación a costas y cada parte soportara sus propios gastos y las que originen
las diligencias que promueven (articulo 201 del Código Fiscal de la Federación).
3.-Todas las promociones que se hagan deberán ser firmadas por quien las
formulen correspondiente al (articulo 199 del Código Fiscal de la Federación), en
consecuencia quien promueva en nombre de otro, beberá acreditar su personalidad
48
(articulo 200 del Código Fiscal de la Federación).
4.-El juicio que se ventile ante el Tribunal Fiscal de la Federación además del
promovente o su representante legal, también se podrá autorizar por un escrito a otra
persona para oír y recibir notificaciones, pero siempre y cuando sea Licenciado en
Derecho, quienes podrán hacer promociones de tramites, rendir pruebas, presentar
alegatos e interponer recursos (articulo 200 del Código Fiscal de la Federación en
relación con el 26 de la Ley Reglamentaria del articulo 5 Constitucional relativo al
ejercicio de la profesiones en el Distrito Federal).
5.- Toda promoción deberá estar firmada por quien la formule y sin este
requisito se tendrá por no presentada. En el caso que el promovente no sepa firmar o
no pueda firmar, imprimirá su huella digital y firmara otra persona a su ruego (articulo
199 del Código Fiscal de la Federación).
La demanda, se debe presentar por escrito directamente ante la Sala Regional
competente, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la
notificación de la resolución que se impugne ante el Tribunal Fiscal de la Federación
es un Tribunal Administrativo dotado de autonomía plena para dictar sus fallos, con
la organización y atribuciones que la Ley establece; dicho Tribunal se encarga de
dirimir las controversias existentes entre el Órgano del Estado y un particular. Este
Órgano se encuentra integrado por una Sala Superior y por Salas Regionales. La
Sala Superior esta comprendida por once Magistrados especialmente nombrados
para integrarla, pero bastará la presencia de siete de sus miembros para que pueda
celebrar la sesión. En relación con las Salas Regionales estas se integran por tres
Magistrados cada una y para poder efectuar sesiones será indispensable la
asistencia de los tres Magistrados y en el caso de resolver alguna cuestión, será
resuelta por mayoría de votos. Las Regiones se delimitan a lo largo del Territorio
Nacional contemplando una Sala Regional por División a excepción de la
Metropolitana y de la de Hidalgo-México, donde figuran seis y dos Salas Regionales
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respectivamente.
B. JUICIOS DE NULIDAD CONPETENTES ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA
FEDERACION.
El artículo 11 de la ley orgánica de Tribunal Fiscal de la Federación, menciona
que los juicios que conocerá el Tribunal Fiscal de la Federación, en contra las
resoluciones definitivas que sean llevadas a juicio de conformidad a su competencia
y son las siguientes, que se indican a continuación:
1. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales
autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en
cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.
II. Las que nieguen la devolución de un ingreso, de los regulados por el Código
Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución
proceda de conformidad con las leyes fiscales.
lll. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas
federales.
IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las
fracciones anteriores.
V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales
que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y
de la Armada Nacional o de sus familiares o derecho habientes con cargo a la
Dirección de Pensiones Militares o al Erario Federal, así como las que establezcan
obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan
50
dichas prestaciones.
Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un
mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva,
que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o
que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaria de la
Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de
jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del
Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la
prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su
depuración.
VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al Erario
Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.
VII. Las que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos de obras
públicas celebrados por las dependencias de la Administración Pública Federal
Centralizada.
VIII. Las que constituyan créditos por responsabilidades contra servidores
públicos de la Federación, del Distrito Federal o de los organismos descentralizados
federales o del propio Distrito Federal, así como en contra de los particulares
involucrados en dichas responsabilidades.
IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, así como sus organismos descentralizados.
X. Las que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se
contrae el articulo 77 Bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
51
Públicos. El particular podrá optar por esta vía o acudir ante la instancia judicial
competente.
Xl. Las que traten las materias señaladas en el articulo 94 de la Ley de
Comercio Exterior.
XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en
los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las
resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive
aquéllos a que se refiere el articulo 83 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo.
XIV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.
Para los efectos del primer párrafo de este articulo, las resoluciones se
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la
interposición de éste sea optativa.
El Tribunal Fiscal de la Federación, conocerá de los juicios que promuevan las
autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un
particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las
fracciones anteriores como de su competencia.
C. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER LA DEMANDA DEL JUICIO DE
NULIDAD.
52
Una vez conocido, los elementos que competentes al Tribunal Fiscal de la
Federación, se mencionará los requisitos que debe llevar el juicio de nulidad,
interpuesto para la anulación de algún crédito fiscal.
Partes del juicio.
» El demandante.
» Los demandados, ya sea la autoridad o el particular que se beneficie.
» El titular de la secretaria del estado, y
» El tercero perjudicado.
Los requisitos de la demanda deben llevar.
1. El nombre y domicilio fiscal y en su caso domicilio para recibir notificaciones.
2. La resolución que se impugna.
3. La autoridad o autoridades demandadas o el nombre del domicilio del particular
demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa.
4. Hechos que den motivo a la demanda.
5. Las pruebas que ofrezca el demandante.
6. Los conceptos de impugnación.
7. El nombre y domicilio del tercero interesado, cuando lo haya.
En caso de omitirse los puntos 1, 2 y 6 se desechara por improcedente la
demanda interpuesta. Si se omiten los datos previstos en los números 3, 4, 5 y 7 se
requerirán al promovente para que los presente dentro del plazo de 5 días y de no
hacerlo en tiempo se tendrá por no presentada la demanda o por no ofrecidas las
pruebas, según corresponda.
El demandante deberá acompañar al libelo de demanda, lo que a continuación
53
se describe, pues de lo contrario será causa por la cual se deseche la demanda.
1. Copia de la demanda para cada una de las partes, y una copia de los
documentos anexos para el titular que se refiere la fracción III del artículo 198 del
Código Fiscal de la Federación, o en su caso, para el particular demandado.
2. Documento que acredita la personalidad o en el caso conste que fue reconocido
por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento
con el que la acredite ante el tribunal fiscal de la federación, cuando no gestione
un nombre propio.
3. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia la instancia
no resuelta por la autoridad.
4. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante
declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando hubiere
sido por correo. Si la notificación fue por edictos deberá señalar la fecha de la
última publicación y el órgano en que éste se hizo.
5. El cuestionario que debe desahogar el perito, debe de ir firmado por el
demandante.
6. El interrogatorio para el desahogo de las pruebas testimoniales, el que debe de ir
firmado por el demandante.
7. Las pruebas que se ofrezca.
Al respecto, si no se adjuntan a la demanda los documentos mencionados se
otorgará un plazo de cinco días para que cumplan con la omisión.
54
A la contestación de la demanda, y la contestación de la aplicación de la
demanda, y los anexos, se basaran a lo siguiente:
1. Señalar los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar, los
cuales pueden ser:
» Incompetencia.
» De acumulación de autos.
» De nulidad de notificaciones.
» Interrupción por causa de muerte.
» La recusación por falta de impedimento.
2. Las consideraciones que a su juicio impidan se emita sentencia en cuanto al
fondo, o demuestre que no a nacido o se ha extinguido el derecho el que el
actor apoya su demanda.
3. Afirmar o negar los hechos que el demandante le impute de manera expresa,
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o
exponiendo como ocurrieron, según sea el caso.
4. Los argumentos por medio de los cuales se demuestren la ineficacia de los
conceptos de impugnación.
5. Las pruebas que ofrezca.
La autoridad demandada deberá acompañar a su contestación lo siguiente:
55
1. Copia de la demanda y de los documentos que acompañen para el demandante y
para el tercer perjudicado.
2. El documento que acredite su personalidad cuando el demandado sea un
particular y no gestione el nombre propio.
3. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el
demandante.
4. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida
por el demandante.
5. Se deroga.
6. Las pruebas documentales que ofrezcan.
Después de ser admitida la demanda la autoridad demandada siendo notificada
legalmente tendrá un plazo de 45 días para que la conteste.
El magistrado instructor, 10 días después de que haya concluido la tramitación
del juicio, notificará a las partes que tienen un plazo de 5 días para formular alegatos
y vencido el plazo quedará cerrada la instrucción.
D. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
Se entiende por improcedencia, la imposibilidad jurídica para realizar el objetivo
de la acción que se intenta. Y sobreseimiento del juicio, es el acto procesal que
concluye el juicio sin el estudio del asunto en cuanto al fondo, y en virtud de haberse
presentado la falta de algunos de los elementos esenciales, ha nacido a la vida
56
jurídica pero no llega a su fin, es decir, no se estudia en cuanto al fondo de la
legalidad de la resolución impugnada. “cuando son las causas de improcedencia de
un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación”.
El artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, señala que es improcedente
el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los casos, por los cuales y contra
los actos siguientes:
Que no afecten el interés jurídico del demandante.
Cuando la impugnación no sea de la competencia del Tribunal.
Que haya sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal Fiscal cuando
exista identidad de partes y la resolución impugnada sea la misma.
Respecto de los cuales hubo consentimiento.
Que sea materia de recursos o juicio pendiente de resolución.
Que pueden impugnarse por medio de un recurso; a excepción de cuando la
interposición sea optativa.
Conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso.
Que haya sido impugnado en un procedimiento judicial.
Contra ordenamientos que den normas o instrucción de carácter general.
Cuando no se haga valer agravio alguno.
Cuando de las constancias de autos apareciere que no existe el acto
reclamado.
Los que puedan ser impugnables en términos del Articulo 97 de la Ley de
Comercio Exterior.
Así mismo, se consideran causales de sobreseimiento en los siguientes
casos.
Por desistimiento del demandante.
Por alguna causal de improcedencia anteriormente citada.
Muerte del demandante, durante el juicio.
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Cuando la autoridad deje sin efecto el acto impugnado.
Cuando existe impedimento para emitir resolución en cuanto al fondo. La
procedencia del juicio será examinada aun de oficio. En relación a la fracción
IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de evitar
abuso de autoridad, ya que en ocasiones aprovechándose del estado de
ánimo del contribuyente le hacen firmar resoluciones que contienen créditos
fiscales que son improcedentes e ilegales.
Cuales son las causas de sobreseimiento, de un juicio ante el Tribunal Fiscal
de la Federación. De conformidad con el articulo 203 de Código Fiscal de la
Federación.
Por desistimiento del demandante.
Cuando durante el juicio aparezcan o sobrevengan algunas de las causales
de improcedencia.
En el caso que el demandante muera durante el juicio, si su presentación es
intransmisible o si su muerte deje sin materia el proceso.
Si la autoridad demandada deja sin efectos el acto impugnado.
En los demás casos en que disposiciones legales haya impedimento para
emitir resolución en cuanto al fondo.
El sobreseimiento del juicio podrá ser total o parcial.
E. SENTIDOS EN QUE PUEDE SER RESUELTA LA DEMANDA DEL JUICIO DE
NULIDA.
Una vez valorados los argumentos de cada parte, se dictara la sentencia, la
cual es pronunciada por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados pudiendo
dictarse voto particular en contra, lo cual en ningún momento afecta la resolución,
misma que se dicta dentro de los 60 días siguientes a aquel en que se cierre la
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instrucción en el juicio. Para lo cual el magistrado formula un proyecto dentro de los
45 días siguientes al cierre de la instrucción. Cuando se dicta resolución en los casos
de sobreseimiento, no será necesario que se cierre la instrucción. Si alguno de los
magistrados no está de acuerdo con el proyecto formulado emitirá un voto particular
razonado.
Una vez que la sentencia sea definitiva podrá:
I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.
II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
Ill. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos.
Una vez que dictó la sentencia el Tribunal Fiscal de la Federación, y dicha
resolución fue a favor del contribuyente, la autoridad demandada podrá interponer el
recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito de la Sala Regional que le
compete dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la
notificación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá interponer el recurso
de revisión cuando se considere que la resolución o sentencia afecte el interés Fiscal
de la Federación y a su juicio, el asunto tenga importancia, independientemente de
su monto, por tratarse de la interpretación de leyes o reglamentos, de las
formalidades esenciales del procedimiento, o por fijar el alcance de los elementos
constitutivos de una contribución.
En los casos de que la sentencia sea dictada por el Tribunal Fiscal de la
Federación, y sea contraria a los intereses del contribuyente, éste podrá solicitar el
amparo y protección de la Justicia Federal mediante el juicio de amparo, mismo que
deberá interponerse en un plazo de 15 días, ante la propia autoridad responsable y
dirigido al H. Tribunal Colegiado del Quinto Circuito en turno.
CAUSAS POR LAS CUALES SE CONSIDERA QUE UNA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA ES ILEGAL:
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I. Por incompetencia del funcionario que la haya dictado.
II. Omisión de los requisitos que la Ley exige.
III. Vicios del procedimiento que afecten la defensa.
IV. Si los hechos que motivaron la resolución administrativa no se realizaron, fueron
distintos o se apreciaron en forma equivocada.
V. Si la resolución fue dictada en ejercicio de facultades discrecionales y no sean los
mismos fines que la Ley confiere para dichas facultades.
CONCLUSION
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I.- Cuando se hayan determinados créditos fiscales en su contra; se
puede concluir que cada paso a seguir representa una ayuda de gran importancia
para los contribuyentes, pues una vez integrado en su totalidad el procedimiento, se
está brindando la oportunidad o bien el derecho que existe de inconformes ante las
autoridades fiscales o bien ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
Como se observó en el desarrollo de los antecedentes, se mencionó
particularmente el fundamento legal que sustenta el actual recurso administrativo, así
mismo destaca la importancia de éstos en apoyo a los particulares y al igual la
facultad que tiene el contribuyente de acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación
dotado de plena autonomía para dirimir y resolver controversias entre el particular y
el fisco siendo este un órgano independiente de la autoridad fiscal.
II.- En lo que respecta a la determinación de un crédito fiscal se puede decir que
desde el momento en que existe la obligación tributaria se puede originar el crédito
fiscal, el cual debe de ser determinado líquidamente, es decir en términos
monetarios; es importante resaltar que las autoridades fiscales pueden exigir dicho
crédito después de concluido el plazo que estipula la ley, antes del plazo no tiene
ningún derecho de gestionar el cobro. De igual manera se debe tener conocimiento
de las diferentes formas por las cuales un crédito fiscal puede ser que extinguido,
entendiéndose que el pago no es la única forma que existe sino que hay otras de las
cuales se pueden valer para saldar dichos adeudos.
III.- En lo concerniente el cuerpo mismo del presente trabajo de investigación
que son los aspectos que engloban el Recurso de Revocación y Juicio de Nulidad, es
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importante subrayar que dicho recurso de revocación no debe de ser interpuesto en
todos los casos, sino en situaciones especificas las cuales son señaladas por la
propia ley; el recurso debe ser presentado dentro del tiempo establecido, puesto que
sino se interponer en su plazo se tendrá por no presentado. Por otro lado se tiene
que tener consideración respecto de los requisitos o formalidades que debe de
contener el escrito para su procedencia, así mismo se deben de acompañar al mismo
los documentos necesarios para que no sea desechado por la autoridad, de igual
manera se deben de analizar previamente las causales de improcedencia antes de
que el recurso sea presentado, puesto que representa una parte importante que no
debe de ser descuidada, por lo que de ser así traería consecuencias fatales tales
como perder el derecho de ser impugnadas ante el Tribunal Fiscal de la Federación.
Esto conlleva a que una vez analizado el recurso de revocación, como las
pruebas presentadas se emitirá una resolución administrativa, la cual si es favorable
para el contribuyente será el término de su gestión, en caso contrario podrá recurrir a
una instancia mayor, en la que deberán reunirse otras características o formalidades,
tales como a las que se hizo referencia en el apartado correspondiente del presente
trabajo de investigación, es decir constituirá propiamente una demanda formal
presentada ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en la que la autoridad será parte
en el juicio en igualdad de circunstancias que el contribuyente afectado, por el acto o
resolución que se impugne, resolviendo la controversia planteada un órgano
diferente.
IV.- Por último cabe señalar, que en si, todo el procedimiento el cual podemos
denominar como fase administrativa es de vital importancia y por ello antes de
formular el Recurso de Revocación o el Juicio de Nulidad se deben de tomar muy en
cuenta los requisitos a seguir para la interposición de dichos medios de impugnación;
consecuentemente es motivo para que en los casos en los que nos veamos
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perjudicados por resoluciones administrativas de carácter fiscal, en todo momento
contemos con la asesoría profesional de la materia como lo sería en este caso el
Licenciado en Derecho para acudir el juicio de Nulidad el cual sin duda alguna
contará con los conocimientos suficientes para que la resolución que fue emitida en
forma ilegal sea Resuelta conforme a derecho.
63
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