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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA TESIS LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN BAHÍA MAGDALENA, BCS: EL ROL DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Que como requisito para obtener el Grado de MAESTRA EN ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PRESENTA: DOLORES ZÚÑIGA ELIZALDE DIRECTOR INTERNO: Dr. Manuel Ángeles Villa DIRECTOR EXTERNO: Dr. Germán Ponce Díaz La Paz, Baja California Sur, Noviembre de 2013
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR
ÁREA DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
TESIS
LA SUSTENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN BAHÍA
MAGDALENA, BCS:
EL ROL DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Que como requisito para obtener el Grado de
MAESTRA EN ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LOS RECURSOS NATURALES
PRESENTA:
DOLORES ZÚÑIGA ELIZALDE
DIRECTOR INTERNO: Dr. Manuel Ángeles Villa
DIRECTOR EXTERNO: Dr. Germán Ponce Díaz
La Paz, Baja California Sur, Noviembre de 2013
La tierra no le pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra
Jefe Seattle de la Tribu Suwamish, 1855
DEDICATORIA
Dedico este documento con amor, a mi hijo, Martín, quien ha sido el motor para
superarme y lograr metas.
A la memoria de mi madre y mi padre, que están siempre conmigo.
A Everardo, con amor.
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mi hijo, por el tiempo y la atención que distraje para realizar este
posgrado, quien compartió conmigo venturas y desventuras para lograr este
trabajo.
A Everardo, por su amor, apoyo, comentarios y constante animo durante todo el
posgrado y realización de este documento.
A mis compañeros y amigos de clase, Susana, Ernesto y Bárbara, por su apoyo,
empuje y buen humor durante el transcurso de la maestría.
A mi maestros, directores de tesis, Dr. Germán Ponce, por su valiosos
comentarios y muy especialmente al Dr. Manuel Ángeles, por su comentarios,
ayuda y paciencia.
A mis amigos Arturo y David, por todo su apoyo, y a todas aquellas personas que
de alguna u otra manera me apoyaron en este camino.
INDICE
Introducción ........................................................................................................... 1
I. El tránsito del desarrollo sustentable a la sustentabilidad ........................ 6
Conceptualización y evolución ............................................................................. 9
Del desarrollo sustentable a la sustentabilidad .................................................. 15
La pesca sustentable ......................................................................................... 23
II. Caracterización de la zona de estudio ....................................................... 32
III. La inspección y vigilancia como instrumento para conocer si contribuye
a la sustentabilidad de las pesquerías en Bahía Magdalena. .......................... 48
IV. Uso o Abuso de los Recursos de Uso Común: el caso de las pesquerías
en Bahía Magdalena ............................................................................................ 72
Conclusiones y recomendaciones .................................................................... 82
Bibliografía ........................................................................................................... 86
Anexos ................................................................................................................. 98
1
Introducción
A partir de los trabajos de la Comisión Brundtland, se ha establecido que el
desarrollo sustentable es aquel que asegura la satisfacción de las necesidades
presentes sin poner en riesgo las necesidades de futuras generaciones (Nuestro
Futuro Común, 1988). En el caso particular de la pesca, esta afirmación se ve
fuertemente comprometida en la práctica, pues la sustentabilidad se ve expuesta
ante una problemática pesquera cada vez más severa, donde existe un alto índice
de sobreexplotación. Entonces, ¿qué hacer ante esta disyuntiva de no poner en
riesgo la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras, a la vez que
cumplan las aspiraciones del presente?
Las pesquerías son un claro ejemplo de la popular tesis de “La tragedia de los
comunes”, que plantea que la propiedad común de los recursos puede poner en
riesgo la sustentabilidad de los mismos. El argumento se debe a Garret Hardin
(1968), investigador estadounidense que postuló el siguiente escenario: En un
pastizal abierto a todos y donde cada usuario, en el ánimo de maximizar su
ganancia, introduce tanto ganado como le sea posible, hay dos posibles
resultados. En primer lugar, se da una ganancia privada, individual, cuando un
usuario introduce una cabeza de ganado al pastizal y posteriormente recibe
beneficios por su venta; el beneficio al particular se obtiene en tanto su ganado
pueda alimentarse de la hierba que hay en el terreno de uso común. Sin embargo,
hay resultados significativamente negativos cuando todos los usuarios comparten
el pastizal, pues al introducir cada vez más ganado, se provoca el sobrepastoreo,
2
de forma que el terreno se degrada y se pierde la fuente de alimento del ganado.
La explicación de este fenómeno más comúnmente presentada respecto de este
tipo de utilización de los recursos comunes por agentes maximizadores, es que
cuando no es posible excluir a una persona (un “agente económico”) de los
beneficios que se proporcionan a otra, y un recurso (el ganado) es propiedad
exclusiva del agente, éste no necesariamente muestra interés en coadyuvar al
beneficio colectivo: más bien, los agentes usarán al máximo el recurso de uso
común, sin que nadie asuma la responsabilidad por hacerlo sustentable. La
conclusión que generalmente se deriva de este argumento es la imposibilidad del
manejo autónomo de los recursos comunes, es decir, solo la privatización, por un
lado, o una excesivamente fuerte reglamentación pública, por el otro, puede evitar
la sobreexplotación y la destrucción de los comunes.1
Esta tesis trata de un caso especial del uso de los comunes: la pesca ilegal, que
queda definida como aquella actividad pesquera que se realiza contraviniendo
toda reglamentación, y que se expresa, al no respetar vedas, al pescar sin
permiso o realizar la actividad con artes de no permitidos o prohibidos, en
embarcaciones que no están autorizadas, entre otras, y es una clara
manifestación de esta “tragedia”, donde la sobreexplotación de los recursos es
motivada por un lado, por quienes buscan la maximización de su beneficio, y por
otro lado, por quienes deciden realizarla para satisfacer sus necesidades. Como
1 Nótese que tanto el argumento como la conclusión dependen de los supuestos usuales sobre el homo
economicus que forman la base formal de la economía neoclásica, fundamentalmente la racionalidad del
egoísmo maximizador (de utilidad o de ganancias). Queda abierta, en el ejemplo del autor citado, la pregunta
de cuál sería el comportamiento si ambos recursos fueran de uso común, o si hubiera otros tipos de reglas,
formales o informales, que propiciaran el interés colectivo.
3
medida de control de la pesca ilegal, se erige la inspección y vigilancia pesquera
como un instrumento coercitivo de política pública, cuyo propósito declarado es el
de contribuir al aprovechamiento sustentable y responsable de los recursos
mediante el cumplimento de la normatividad (CONAPESCA, 2007).
La sustentabilidad no es solamente un asunto del ambiente, de justicia social y de
desarrollo. También se trata del futuro de las especies existentes, incluyendo la
humana, de la gente y de nuestra sobrevivencia como individuos, sociedades y
culturas. De hecho, la nueva literatura sobre el movimiento hacia la
sustentabilidad, celebra a los diversos grupos que han adaptado exitosamente sus
herencias culturales, sus formas especiales de organización social y productiva y
sus tradiciones específicas de relacionarse con sus ambientes naturales. La
sustentabilidad es entonces acerca de una lucha por la diversidad en todas sus
dimensiones (Barkin, 1998). Entre los factores que afectan negativamente la
sustentabilidad pesquera se encuentran los siguientes:
1. El crecimiento poblacional y su desplazamiento a los estados con litoral,
(inmigración externa e interna), ocasionan un incremento en el número de
personas dedicadas a la pesca, lo que implica un aumento en el esfuerzo
pesquero y por tanto un gran impacto sobre los recursos.
2. El uso de métodos y artes de pesca prohibidos o no autorizados y
sustancias contaminantes, inciden negativamente sobre los ecosistemas,
afectando la sustentabilidad de los recursos marinos.
4
3. La participación (complicidad) del sector organizado para acreditar
productos pesqueros obtenidos de forma ilegal (sin permiso) y de tallas
inferiores a las permitidas y en periodos de veda, incide en la reproducción
de las especies y la recuperación de las poblaciones.
4. El otorgamiento de permisos a personas u organizaciones sin arraigo en la
comunidad pesquera y dejar sin ellos a los pescadores locales, es lo que
repercute en un acceso desigual a los recursos, saqueando o destruyendo
el medio ambiente por no contar con alternativas económicas para subsistir.
La ordenación de la pesca tiene el objetivo de fomentar el mantenimiento de la
calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos pesqueros en cantidad
suficiente para las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la
seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, y el desarrollo sostenible. Las
medidas de ordenación aseguran la conservación no sólo de las especies objetivo,
sino también de aquellas especies pertenecientes al mismo ecosistema o
dependientes o asociadas con ellas (FAO, 1995). En México, sin duda, uno de los
principales obstáculos para la ordenación de la actividad pesquera y uno de los
grandes desafíos que los estados ribereños deberán enfrentar es la pesca ilegal, y
que para ello deben establecerse mecanismos de seguimiento, control y vigilancia
pesquera y observar el cumplimento de las medidas de conservación y
ordenación.
5
El presente trabajo pretende analizar la labor de la inspección y vigilancia
pesquera en la sustentabilidad de las pesquerías, mediante la observación
participante, y expresar si cumple con el propósito de lograr la pesca sustentable y
plantear recomendaciones que favorezcan el camino a la sustentabilidad. Para
ello, el trabajo se estructura de la siguiente manera, luego de esta breve
introducción, en un primer capítulo se describen las diferentes corrientes sobre el
origen y el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable, para continuar
con la descripción de la zona de estudio, que para este caso es Bahía Magdalena,
Baja California Sur; en un segundo capítulo; para complementar lo anterior en el
tercer capítulo, se definen conceptos de inspección y vigilancia, y se realiza un
recuento y análisis de la pesca ilegal y de las acciones de inspección y vigilancia
en la zona de Bahía Magdalena, para conocer si estas acciones colaboran con la
sustentabilidad de las pesquerías, en un cuarto capítulo, veremos la problemática
las pesquerías, como bien común y la posibilidad de resolver esta problemática;
cerramos este documento con algunas conclusiones y recomendaciones.
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I. El tránsito del desarrollo sustentable a la sustentabilidad
El tema de la relación entre desarrollo y ambiente ha causado muchos debates
por largo tiempo (Gallopin, 2006). El primer concepto, el de desarrollo,
frecuentemente se identifica por muchos autores con el crecimiento económico, si
bien se reconoce que los dos no son sinónimos (Naredo, 2010, cap. 1). El
segundo concepto se problematiza al visualizarse como equivalente a la suma de
los “recursos naturales,” es decir, a aquellas porciones del entorno cuyas
funciones son capaces de proveer “servicios ambientales” (McAfee y Shapiro
2010). Alternativamente, hay también fuertes críticas al concepto mismo de
desarrollo y se han identificado una serie de problemas, tanto conceptuales como
de medición y agregación, con respecto al “capital natural,” elemento clave de la
primera línea de argumentación (Burkett 2006, cap. 2).
Esta discusión llevó a científicos de diversas disciplinas a realizar estudios
científicos y presentar informes sobre el tema del desequilibrio ambiental, quienes
lo identificaron primeramente. Pierri (2005) enumera la siguiente lista de autores y
trabajos que fueron significativos en la evolución de la conceptualización de la
relación sociedad-naturaleza en las pasadas cinco o seis décadas:
• En 1949, Farfield Osborn, presidente de la Sociedad Zoológica de Nueva York,
en su obra Le planete au pillage, anunciaba la inmensidad del riesgo creado por la
misma humanidad.
7
• En 1962, “Silent Spring”, el libro de la norteamericana Rachel Carson que
denunciaba el efecto de los agroquímicos en la extinción de las aves, selló la
alianza entre el movimiento ambiental naciente y los científicos radicales como
Barry Commoner.
• En 1966, Barry Commoner, destacado biólogo norteamericano, activista
antinuclear y uno de los artífices del ecologismo fundamentado científicamente,
lanzó la “ciencia crítica” en Science and Survival, obra en la que llamaba la
atención sobre los riesgos del complejo tecnocientífico y denunciaba lo que
entendía como orientación biocida de la civilización industrial. En el mismo año, el
economista Kenneth E. Boulding publica su tesis del anti crecimiento en el artículo
“The economics for the Coming Spaceship Earth”, donde propone sustituir la
economía del “vaquero” (cowboy), dependiente de una gran disponibilidad de
tierras, por una economía de recinto cerrado, adecuada al “Navío Espacial Tierra”
que dispone de recursos limitados, y de espacios finitos para la contaminación y el
vertido de desechos.
• En 1968 Paul Ehrlich publica “The Population Bomb”, obra fundamental para la
vertiente neomalthusiana del ambientalismo contemporáneo.
• En 1969, el informe Resources and Man, de la Academia Nacional de Ciencias
de Estados Unidos llamaba dramáticamente la atención sobre el agotamiento de
los recursos y la explosión demográfica.
• En 1970, Paul y Anne Ehrlich publican “Population, Resources and Environment”,
que insiste en plantear el crecimiento demográfico como clave de la crisis
ambiental.
8
• En 1971, Barry Commoner publica “The Closing Circle” que plantea los efectos
de la industrialización y la tecnología en la crisis ambiental y la calidad de vida
humana.
• En el mismo año, Jean Dorst publica “Avant que la Nature meure,” un llamado de
atención ante lo que ve como la posibilidad de la muerte de la naturaleza.
• En 1972 René Dubos y Bárbara Ward, publican “Only one Earth”, este mismo
año E. Goldsmith, R. Allen, M. Allaby, J. Davoll y S. Lawrence publican “El
manifiesto para la supervivencia”, que recibió 37 adhesiones de conocidos
biólogos, zoólogos, bacteriólogos, geógrafos, genetistas y economistas del Reino
Unido, incluyendo dos premios Nobel. Presenta un conjunto de pruebas
concatenadas sobre los graves problemas ecológicos y concluye que el mundo no
puede hacer frente al incremento continuo de la demanda ecológica. También ese
año se publica el primer Informe del Club de Roma, elaborado por un equipo de
científicos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, Estados
Unidos) dirigido por Dennis Meadows, llamado “The Limits to Growth”, que
sustenta la propuesta del crecimiento cero y es considerado el documento más
influyente para establecer la alarma ambiental contemporánea.
Estos informes ponían de manifiesto diferentes perspectivas de como veían el
futuro de la sociedad. Se referían a una alerta con signos catastrofistas, debido a
que concebían la situación de forma considerablemente grave y de no tomarse
medidas enérgicas se sucedería un colapso. El planteamiento principal fue los
límites físicos al crecimiento, y la propuesta central, el crecimiento cero,
económico y poblacional (Pierri, 2005).
9
Ante esta situación, se plantearon dos respuestas paralelas y mutuamente
influenciadas: la primera de ellas, con la instauración del movimiento
ambientalista, a través del establecimiento de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, principalmente en los
países desarrollados y, en segundo lugar, en la admisión del tema y en diseñar
políticas institucionales internacionales y nacionales, centrándose en la
celebración de conferencias y convenciones internacionales de la ONU y la
creación de instituciones internacionales específicas en temas ambientales, e
instituciones nacionales para los países, dando como resultado en la promulgación
de las primeras leyes ambientales (Deléage, 2000 citado por Pierri, 2005).
Conceptualización y evolución
Rojas (2003) señala que tres sucesos internacionales han marcado la evolución
de la visión del desarrollo sustentable a partir de los años setenta: la Conferencia
de Estocolmo de 1972, la Conferencia de Río de 1992 y la Cumbre de
Johannesburgo de 2002, porque estos eventos representan el resultado
institucional de las exigencias de los especialistas para que los gobiernos e
instituciones internacionales enfrenten la crisis ambiental.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Entorno Humano, llevada a cabo
en Estocolmo en 1972, fue de gran importancia por la preocupación mostrada por
la sociedad de los países industrializados, por los impactos acumulativos de la
contaminación, dicha preocupación se manifestó en la publicaciones, como “Los
10
Límites del Crecimiento” de Meadows de 1972, como un reflejo de lo que estaba
sucediendo, porque se describió el peor panorama ambiental como consecuencia
de la reducción de los recursos, el incremento de la contaminación y de la
población. A diferencia de los países más ricos (“desarrollados”), que mostraban
su preocupación por los problemas que ha acarreado la industrialización, los
países en vías de desarrollo, manifestaron su acuerdo que el remedio de la
pobreza era su desafío más grande para evitar problemas del deterioro del
ambiente, tales como la erosión de la tierras, la deforestación de los bosques, la
reducción de los acuíferos y la sobrepesca (Rojas, 2003). El argumento era,
básicamente, que los límites del crecimiento de la humanidad eran de naturaleza
física y por consecuencia inflexibles, lo que generó gran controversia (Gallopin,
2006).
En esa misma conferencia, se reconoció que el desarrollo y medio ambiente no
eran inherentemente incompatibles, pero que era indispensable crear un nuevo
camino de desarrollo alternativo, que fuera social y ambientalmente compatibles.
Esta nueva estrategia de desarrollo alternativo fue denominada como
“ecodesarrollo”, término fijado por Maurice Strong, Secretario de la Conferencia y
primer Director del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). El ecodesarrollo se fundamentaba sobre tres bases, a saber,
autonomía en la toma de decisiones -autodependencia- equidad y equilibrio
ecológico (Gallopin, 2006).
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Según Bifani (1997) el concepto de ecodesarrollo deriva del concepto de
ecosistema, que abarca el sistema natural y el contexto sociocultural, y reconoce
el fenómeno de diversidad sugiriendo una pluralidad de soluciones a la
problemática del desarrollo. Mientras que para Leff (1994), proviene de la
concepción de la economía ambiental que interpreta los problemas ambientales
como externalidades del sistema, de donde el ecodesarrollo buscaría integrar lo
ambiental al proceso de desarrollo (internalización) (Pierri, 2005).
El “ecodesarrollo” fue reemplazado posteriormente por el término “desarrollo
sustentable”, que originalmente se usó en la estrategia Mundial para la
Conservación de la Naturaleza, lanzada en 1980 por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, y que tuvo un gran difusión por la presentación del
“Informe Brundtland” en 1987 (Gallopin, 2006).
El informe Brundtland (Nuestro Futuro Común) parte de la idea central de que
desarrollo y medio ambiente no pueden ser separados: “Medio ambiente y
desarrollo no constituyen desafíos separados; están inevitablemente interligados.
El desarrollo no se mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; el
medio ambiente no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las
consecuencias de la destrucción ambiental” (Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (CMMAyD), citado por Pierrri, 2005). Pero cambia la
formulación del problema: se distancia del ecocentrismo, que veía el desarrollo
como causa del deterioro ambiental, y toma una evidente visión antropocentrista
diciendo que hay que preocuparse por evitar que ese deterioro limite el desarrollo:
12
“Antes, nuestras mayores preocupaciones se dirigían para los efectos del
desarrollo sobre el medio ambiente. Hoy, tenemos que preocuparnos también con
el modo como el deterioro ambiental puede impedir o revertir el desarrollo
económico. Área tras área, el deterioro del medio ambiente está minando el
potencial de desarrollo” (CMMAyD citado en Pierri, 2005).
De acuerdo con Pierri (2005), los principales objetivos de las políticas ambientales
y desarrollistas que derivan del concepto de desarrollo sustentable son, entre
otros, los siguientes:
Retomar el crecimiento;
Cambiar la calidad del desarrollo;
Atender las necesidades esenciales de empleo, alimentación, energía, agua
y saneamiento;
Mantener un nivel poblacional sustentable;
Conservar y mejorar la base de recursos;
Reorientar la tecnología y administrar el riesgo;
Incluir el medio ambiente y la economía en el proceso de toma de
decisiones
En el contexto específico de las crisis del desarrollo y del medio ambiente surgidas
en los años ochenta, la búsqueda de desarrollo sustentable requiere:
13
Un sistema político que asegure la efectiva participación de los ciudadanos
en el proceso decisorio;
Un sistema económico capaz de generar excedentes y know-how técnico
con bases confiables y constantes;
Un sistema social que pueda resolver las tensiones causadas por un
desarrollo no equilibrado;
Un sistema de producción que respete la obligación de preservar la base
ecológica del desarrollo;
Un sistema tecnológico que busque constantemente nuevas soluciones;
Un sistema internacional que estimule padrones sustentables de comercio y
financiamiento;
Un sistema administrativo flexible y capaz de autocorregirse.
Estos requisitos tienen antes el carácter de objetivos que deben inspirar la acción
nacional e internacional para el desarrollo (CMMAyD, citado en Pierri, 2005).
La Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, llevada
a cabo en Río de Janeiro en 1992, denominada “Cumbre de la Tierra”, se realizó
con el objetivo de plantear los problemas sobre deterioro del medio ambiente en el
mundo y en la búsqueda de soluciones para conservarlo (Rojas, 2003).
En dicha conferencia fue preparada como la mayor instancia para instrumentar
globalmente el desarrollo sustentable mediante compromisos jurídicamente
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vinculantes entre los gobiernos, con identificación de plazos y recursos financieros
para implementar las estrategias definidas. Se aprobaron cinco documentos
principales: la “Declaración de Río sobre Medio Ambiente”; la “Agenda 21”, la
“Convención Marco sobre Cambio Climático”; la “Convención sobre Diversidad
Biológica”, y la “Declaración de Principios sobre el Manejo, Conservación y
Desarrollo Sustentable de todos los tipos de bosques” (Pierri, 2005) y varios temas
más, incluyendo el manejo costero y las pesquerías.
En muchos aspectos importantes, la Conferencia de Río 1992 significó un
retroceso respecto a Estocolmo 1972, con aspectos tales como adjudicarle la
gestión de los fondos especiales destinados para el ambiente al Banco Mundial;
dejando relegados temas como el de la deuda externa de los países pobres, los
desechos tóxicos y la energía nuclear. En dicha reunión salieron intactos,
cuestiones como el libre comercio, la deuda ecológica del Primer Mundo con el
Tercero, y las empresas transnacionales, que son responsables del 80 por ciento
del comercio internacional (Guimarães, 1992, citado por Pierri, 2005). Los países
desarrollados, salvo excepciones, defendieron su libertad de agredir el ambiente y
manifestaron no estar dispuestos a pagar por los daños que ya produjeron, tanto a
nivel global como en los países pobres. No sólo eso, sino que pretendieron limitar
el uso que éstos hagan de sus propios recursos, declarándolos patrimonio
universal, como medio de adquirir derechos sobre ellos. (Pierri, 2005).
El tercer suceso que marcó la evolución del concepto de la sustentabilidad fue la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable, realizada en Johannesburgo en
15
2002, donde se evaluó el cumplimiento de la Agenda 21, los avances hacia la
sustentabilidad, y aspectos tan importantes como el agua, salud, biodiversidad y
agricultura. Un acuerdo significativo fue el de Biodiversidad, en el que los grupos
de trabajo acordaron cumplir el objetivo de reducir la pérdida de biodiversidad
antes de 2010 (Rojas, 2003).
Del desarrollo sustentable a la sustentabilidad
Desde el surgimiento del término desarrollo sostenible se han generado debates
sobre el uso y significado del término, que a decir de diversos autores, es
ambivalente y falto de compromiso pues no precisa mucho su contenido ni el
modo de llevarlo a la práctica (Naredo, J.M. 1996, citado en Leal, 2008).
El concepto de desarrollo sustentable es un concepto bastante complejo, ya que al
combinar el término “desarrollo”, que implica un cambio direccional y progresivo
cuantitativo y cualitativo, con el término “sustentable”, que tiene que ver con la
permanencia en el tiempo; “desarrollo sustentable”, por lo tanto, significa que es
un proceso de cambio (mejoramiento) que se puede mantener en el tiempo
(Gallopin, 2006). El desarrollo sustentable como “mantenimiento del cambio”
puede resultar paradójico, pero ahí es donde radica la diferencia entre los
conceptos desarrollo sustentable y sustentabilidad. Esta última denota la
capacidad de mantenimiento en el tiempo de una situación o condición, y el
concepto de desarrollo sostenible implica necesariamente el cambio de situación o
condición, no su mantenimiento (Gallopin, 2006).
16
Un proceso de cambio puede ser sustentable o no. En el caso de pesquerías, por
ejemplo, la sustentabilidad depende de si éstas se realizan mediante artes y
métodos de pesca selectivos, con cuotas de captura cuidadosamente controladas,
esto basado en la información científica disponible de la especie en cuestión, tales
como ciclo reproductivo, biomasa, tallas mínimas permisibles, etc., y evitando la
pesca ilegal y no declarada.
Naína Pierri (2005), manifiesta que existen tres grandes corrientes a lo largo del
debate sobre la sustentabilidad:
a) La corriente ecologista conservacionista o sustentabilidad fuerte, que tiene
raíces en el conservacionismo naturalista del siglo XIX, y en las ideas
ecocentristas de emprender una “estética de la conservación” y una “ética de la
Tierra” o “bioética”. En la actualidad, tiene una importante referencia político-
filosófica en la ecología profunda. Cobró forma, principalmente, en la discusión
ambiental iniciada en los años sesenta, mediante la propuesta del crecimiento
económico y poblacional cero, siendo la justificación teórica más clara la dada por
la economía ecológica, a través de del fundador de dicha corriente, el economista
norteamericano Herman Daly (Daly y Farley 2010).
b) El ambientalismo moderado o sustentabilidad débil, que es antropocéntrico
y desarrollista, pero acepta la existencia de ciertos límites que impone la
naturaleza a la economía, lo que la separa de la economía neoclásica tradicional.
17
Se expresa, teóricamente, en la llamada economía ambiental, que es neoclásica,
pero keynesiana (Pearce et al., 1993; Pearce y Turner, 1995, citados en Pierri,
2005), y políticamente en la propuesta hegemónica del desarrollo sustentable con
crecimiento económico y márgenes de conservación.
c) En tercer lugar, la corriente humanista crítica, con raíces en las ideas y
movimientos anarquistas y socialistas. Esta corriente se expresa en los setentas
en la propuesta tercermundista de ecodesarrollo y, posteriormente, asumiendo el
objetivo del desarrollo sustentable entiende que su construcción efectiva requiere
un cambio social radical, centrado en atender las necesidades y calidad de vida de
las mayorías, con un uso responsable de los recursos naturales. De esta corriente
existen, continúa manifestando Pierri, dos subcorrientes importantes: la anarquista
y la marxista.
Existen también:
La subcorriente anarquista pertenece a la tradición comunitaria de esta
ideología, siendo su tesis central la del ecodesarrollo. Tiene por base las
elaboraciones teóricas de la llamada ecología social (Bookchin, 1992 y 1994) y, en
menor medida, la economía ecológica, con la que comparte la referencia en la
ecología y las críticas a las concepciones económicas dominantes, pero no
comparte la tesis de los límites físicos absolutos, ni que la solución se centre en
detener el crecimiento. Su propuesta política está centrada en promover una
“sociedad ecológica” mediante la expansión de la vida y los valores comunitarios,
que reduciría gradualmente el mercado sustituyendo su lógica, así como la
18
dominación estatal. Se inscribe dentro de esta corriente el llamado “ecologismo de
los pobres” y la preocupación por preservar las culturas tradicionales que serían
portadoras de una sabiduría ambiental perdida (Martínez Alier, 1995a citado por
Pierri, 2005).
La subcorriente marxista tiene sustentos teóricos en autores como
Enzensberger, 1979, O’Connor, 1991 Foster, 1994, (citados por Pierri, 2005),y
Burkett (2007), entre otros. Insiste que el problema ambiental no está dado solo
por los límites físicos externos a la sociedad sino por la forma de organización
social del trabajo, que determina qué recursos usar, la forma y el ritmo del uso. El
capitalismo es intrínsecamente expansionista ya que está restringido a los bienes
y servicios (producción) con precios de intercambio en el mercado, excluyendo los
polos “externos” del proceso económico, donde se manifiestan los problemas de
depredación (recursos) y contaminación (desechos). Señala que el pensamiento
neoclásico dominante (ejemplificado por la sustentabilidad débil) busca la solución
a los problemas ambientales a través de la incorporación del mercado; no instante,
la propia historia del capitalismo muestra que la desaparición de especies y el
agotamiento de de recursos no renovables es resultado de su incorporación al
campo o ámbito del capital, Foladori (2005) y pone como ejemplo “el suelo como
tal hace ya siglos que tiene precio y no por ello se evita la erosión rural y/o el
hacinamiento urbano”. Si existen externalidades, continúa señalando Foladori, es
porque las relaciones capitalistas restringen los objetos económicos a aquellos
que tienen precio. No se trata de un problema de voluntad, sino de relaciones
sociales objetivas (Foladori, 2001).
19
Para Barkin, la economía ecológica moderna es un campo multidisciplinario que
se ocupa de analizar la interacción de los procesos económicos con los
ecológicos. Su compromiso para enfrentar los retos mundiales le obliga reconocer
la complejidad de los problemas socioambientales, proporcionando una visión
sistémica de la relación sociedad, economía y ambiente. Y continúa sosteniendo
que esta aspiración implica la construcción de una propuesta metodológica
centrada en una perspectiva multidisciplinaria, históricamente abierta y desde un
pluralismo metodológico (Burkett, 2007). A pesar de ser de reciente
institucionalización, la economía ecológica adelanta una propuesta metodológica
que le permite una mejor comprensión de las causas y soluciones para enfrentar
los problemas ambientales, lo cual le ofrece la posibilidad de generar propuestas
alternativas ante la incapacidad mostrada por la economía neoclásica para
enfrentar la crisis mundial (Barkin, et al, 2012).
Ese mismo campo ha conseguido una confluencia de investigadores de diferentes
disciplinas, lo que ha conllevado al desarrollo de diversas versiones de Economía
Ecológica en función a la postura que se mantenga con respecto a la citada
racionalidad económica capitalista: la conservadora, la crítica y la radical (Fuente
2008, citado por Barkin, 2012).
La economía ecológica conservadora parte del reconocimiento de la economía
como subsistema abierto dentro de un sistema más grande, pero limitado: la
naturaleza. Sin embargo, desconoce una relación entre el poder, la racionalidad
económica capitalista y la insustentabilidad. Se rehúsa a incorporar el tema del
20
conflicto social (lucha de clases). Esta vertiente muestra dos facetas: una con un
fuerte componente economicista antropocéntrico, que se plantea la compatibilidad
entre el crecimiento económico y el ambiente sin la necesidad de cambiar el
modelo de organización productivo dominante (el capitalista), y otra ecológica
ecocéntrica, esta se propone limitar los procesos productivos desplegados por
comunidades rurales desde un interés de los derechos intrínsecos de la vida
silvestre, preferentemente en ambientes prístinos. A pesar de la aparente
diferencia entre estas caretas, sobresale una perspectiva ética ambiental común:
la negación de que la sociedad es heterogénea en su relación con la distribución
de los costos y beneficios derivados de los procesos de apropiación social de la
naturaleza. (Barkin, 2012)
La economía ecológica crítica advierte sobre el rol de la racionalidad económica
en la insustentabilidad. En su definición de la sustentabilidad no hay posibilidad de
remplazar muchos recursos naturales no-renovables o la pérdida de biodiversidad;
como consecuencia, requiere de medidas no mercantiles para conservar la calidad
de los recursos renovables y restringir el uso de los recursos no-renovables con el
fin de acercarse a una sustentabilidad fuerte.
Por su parte la economía ecológica radical plantea la necesidad de realizar una
ruptura con el discurso de la racionalidad económica neoclásica. Su hipótesis
central es que la crisis ambiental es resultado de una crisis del proyecto
civilizatorio occidental y de su racionalidad económica (Magdoff y Foster 2010
citado en Barkin, 2012); su discurso y sus instituciones se presentan como un
21
obstáculo para abordar el tema de la sustentabilidad. Para este grupo, la
sustentabilidad fuerte no solo implica reconocer y tomar medidas adicionales por
la irreversibilidad de muchos procesos naturales que amenazan a la humanidad,
sino que está mediada por los procesos culturales de las praxis comunitarias de
apropiación social (Leff 2004, citado en Barkin, 2012).
La perspectiva Marxista se basa en el legado de Marx y de las aportaciones de
otros pensadores que han enriquecido el núcleo duro del marxismo, pero se
aparta de versiones dogmáticas emanadas durante el estalinismo. El Marxismo
visualiza una propuesta compleja integrada por diversos niveles de abstracción
altamente interrelacionados; entre ellos su componente teórico (principalmente
derivado de la economía política) y el epistemológico (emanado de su método
dialéctico). A continuación se relacionan diversas categorías que se encuentran
dentro de una propuesta de pluralismo metodológico tendiente a la construcción y
resignificación de una economía ecológica radical.
La categoría de plusvalía.
El carácter estructural de la insustentabilidad de la relación sociedad-
naturaleza en el capitalismo.
La relación entre los derechos de propiedad, el poder, la equidad y la
gestión de los ecosistemas (Barkin, 2012).
22
El marxismo, entiende que la sociedad sólo podrá ser superada por un orden
social que elimine las relaciones capitalistas de producción y, desde allí, buscar
una coevolución hombre-naturaleza que, en el mismo momento que respete las
leyes de la naturaleza, tienda a utilizarla para satisfacer las necesidades del
conjunto de la sociedad y de esta manera, el marxismo y la ecología social centran
la cuestión de la sustentabilidad en los aspectos sociales, y establecen las
alternativas reales de la discusión frente al reduccionismo técnico de los “grados
de sustentabilidad” y la falsa oposición entre el ambientalismo moderado y el
conservacionismo ecologista (Pierri, 2005). Es importante destacar que las
relaciones de producción capitalistas no son discutidas en la teoría del desarrollo
sustentable (Tommasino, et al 2005).
En el afán de que se discutan los alcances de los indicadores de la
sustentabilidad, Achkar, (2005) sostiene que se entiende por sustentabilidad al
estado de condición (vinculado al uso y estilo) del sistema ambiental en el
momento de producción, renovación y movilización de sustancias o elementos de
la naturaleza, minimizando la generación de procesos de degradación del sistema
(presentes o futuros).
En este sentido la sustentabilidad tiene cuatro dimensiones, que interactúan entre
sí:
Dimensión físico–biológica: considera aquellos aspectos que tienen que ver con
preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los ecosistemas, su
productividad, los ciclos naturales y la biodiversidad.
23
Dimensión social: considera el acceso equitativo a los bienes de la naturaleza,
tanto en términos intergeneracionales como intrageneracionales, entre géneros y
entre culturas, entre grupos y clases sociales y también a escala del individuo.
Dimensión económica: incluye a todo el conjunto de actividades humanas
relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Dimensión política: que se refiere a la participación directa de las personas en la
toma de decisiones, en la definición de los futuros colectivos y posibles. Las
estructuras de gestión de los bienes públicos y el contenido de la democracia
(Achkar, et al, 2005).
La instrumentación de esas últimas propuestas pasa, antes o después, por la
necesidad de medir el capital natural, una vez que hay que partir de las cantidades
que existen y decidir las cantidades a usar, conservar o reponer. Esto ha
determinado que en los últimos años vengan proliferando muchas propuestas para
medir el patrimonio natural y la sustentabilidad, de tal forma que la cuestión de los
indicadores se ha vuelto una especie de moda, desplazando en gran medida la
discusión teórica y política (Pierri, 2005).
La pesca sustentable
La antigua percepción de que los mares eran fuente infinita de recursos, ya quedo
atrás. En la actualidad se buscan alternativas para resolver el problema de la
24
sobreexplotación de los recursos. Las pesquerías están enfrentando retos sin
precedentes: 15 por ciento están en estado de sobreexplotación, 75 por ciento en
su máximo nivel de aprovechamiento sustentable y el resto en vías de
recuperación (Cisneros, 2012).
La política pesquera en México ha transitado por diversos rumbos en su cometido.
Después de un periodo de fomento productivo muy intenso, con la premisa de
maximizar la ganancia incluso a costa del recurso natural, sobreexplotando
muchas pesquerías. Después este periodo, Carabias 2012, señala que la política
se reorientó en los años noventa, con el propósito de revertir el daño causado, al
integrar la gestión de los recursos pesqueros con la de los temas ambientales,
pasando a formar parte de la SEMARNAP y que a partir del año 2000 el “gobierno
del cambio” apartó de nueva cuenta al sector pesquero del ambiental,
incorporándolo a la SAGARPA, para dar relevancia al productivismo, favoreciendo
al sector con grandes incentivos, como al diesel marino y gasolina ribereña, entre
otros (Carabias, 2012). No se trata, continua manifestando Carabias, de un simple
cambio de instituciones, sino que la política pesquera tome un nuevo rumbo con
criterios de sustentabilidad.
La pesca representa, para muchas regiones del país, la principal, por no decir que
la única, en algunos casos en particular, alternativa de desarrollo económico. En
México, la flota de pesca artesanal se conforma por unas 103 mil embarcaciones
menores o pangas reportadas oficialmente en 2006. En cuanto a la pesca
industrial, los 2 mil 500 barcos activos generan unos 25 mil empleos directos y
25
otros 125 mil indirectos. Sin embargo, esta actividad genera el 0.2 % del Producto
Interno Bruto (PIB), no obstante lo anterior, su participación en la generación de
alimentos de alto contenido proteico para consumo humano sea de vital
importancia. (Cisneros, 2012).
La pesca ribereña o artesanal genera 65 por ciento de la producción destinada al
consumo humano directo y constituye una fuente importante de empleo: 85 por
ciento de los pescadores del país son ribereños y más del 90 por ciento de las
embarcaciones registradas participan en este tipo de actividad extractiva que
genera el 80 por ciento del valor económico de la producción pesquera nacional.
(Cisneros, 2012).
Ordenar la actividad pesquera y lograr la sustentabilidad no es tarea fácil, debido a
que las pesquerías son sistemas dinámicos, sujetos a variaciones ambientales
(Cambio Climático), efectos antropogénicos y complejidades del mercado. El
manejo debe ser un proceso igualmente dinámico y basado en el mejor
conocimiento científico e información posibles, incluyendo el conocimiento de los
pescadores (Cisneros, 2012). Para atender estos retos, las políticas pesqueras, en
los hechos, deben asumir la responsabilidad de transitar por el sendero de la
sustentabilidad, tomando en cuenta, con equidad, las dimensiones sociales,
económicas y ambientales, en aras de encontrar el verdadero desarrollo de las
comunidades pesqueras. Estas políticas, sostienen diversos autores, deben
comprender que para la administración y manejo de los recursos pesqueros es
importante y necesario, por no decir, impostergable, atender las pesquerías con
26
enfoque ecosistémico. (Cisneros, 2012). Se trata de ir Integrando objetivos
sociales, económicos y ambientales, reconociendo a la sociedad como elemento
primordial de los ecosistemas y que se considere que lugar de fronteras políticas,
considera las ecológicas de los sistemas naturales, como los límites geográficos
de una cuenca o el rango de distribución de una especie marina altamente
migratoria (Cisneros, 2012).
El enfoque ecosistémico, según Cisneros (2012) reconoce la complejidad de los
procesos naturales y sus propiedades emergentes, así como la incertidumbre que
resulta cuando aquéllos interactúan con los sistemas sociales. Se lleva a la
práctica de forma adaptativa, incorporando la investigación científica al manejo y
conservación. Integra al diseño, manejo y monitoreo en la prueba sistemática de
supuestos con el objetivo de adaptar y aprender, en busca de estrategias o
tácticas de manejo en pro de la sustentabilidad de los sistemas de producción. El
enfoque ecosistémico involucra a los actores en un proceso participativo en el
diseño de soluciones en el planteamiento de sus hipótesis y en las medidas de
manejo de los sistemas naturales.
El manejo con enfoque ecosistémico:
Busca mantener la estructura, funcionamiento y productividad de los
ecosistemas.
Incorpora los usos humanos de los ecosistemas y los bienes y servicios
naturales.
27
Reconoce que los ecosistemas son dinámicos y cambian constantemente.
Se basa en una visión y misión compartidas de todos los interesados.
Se fundamenta en el conocimiento científico adaptado mediante el
monitoreo y el aprendizaje continuo.
Es urgente que se realicen evaluaciones a fondo de las condiciones de la pesca
en el país y modifique la actual política. Muchos sectores de la sociedad han
insistido en la conveniencia de fusionar en una sola institución la gestión de las
actividades pesqueras con las de medio ambiente. No se trata de un simple ajuste
institucional, sino de asegurar que la política pesquera se rija bajo criterios de
sustentabilidad ambiental y con la mayor evidencia científica (Carabias, 2012).
Para logar este fin y asegurar una vía hacia la sustentabilidad, el ordenamiento
debe considerar la diversidad geográfica y social porque los recursos acuáticos no
tienen distribución, abundancia, diversidad o dinámica homogénea en el territorio
nacional. La mayor parte de las pesquerías nacionales están en estado de
saturación del esfuerzo pesquero, maximización de las capturas y pesca ilegal
creciente (Carabias, 2012). Por ello, la política pesquera debiera incluir un
incremento en el presupuesto, tanto en recursos humanos como financieros, para
el ejercicio de quienes tienen funciones de inspección y vigilancia, mismas que
debiera separarse de la institución administrativa y reubicarse en otra institución,
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sostiene Carabias, debido a
que las actividades de inspección y vigilancia se relajaron, aunque a la fecha no se
ha evaluado si se tuvieron resultados más halagüeños, los obtenidos desde
cuando el sector pesca forma parte de la SAGARPA.
28
La propuesta sugiere que separar aquellas instituciones que tienen como función
otorgar las autorizaciones, permisos y concesiones (administrativa), de aquella
que tiene la facultad para hacer cumplir la normatividad de protección y
conservación de los recursos, (normativa) en aras de no ser, como se dice
popularmente, juez y parte en el conflicto. Esta separación debería garantizar que
el órgano que tiene facultades para efectuar acciones de inspección y vigilancia,
fuera independiente de las instituciones, que por un lado tiene entre sus
facultades llevar la política pesquera y por el otro, la ambiental, tal como sucede
en el área de comunicaciones, donde convergen varias instituciones para manejo
de las telecomunicaciones, dentro de las cuales se encuentra la SCT, el IFETEL y
la COFETEL. Una política de pesca sustentable no es únicamente una necesidad
y oportunidad para la actividad sino que es una obligación del Estado, y sólo
puede construirse si el sector ambiental y el productivo están alineados para el
logro de este objetivo común (Carabias, 2012).
Es importante señalar que a nivel internacional existen reconocidas
organizaciones que cumplen con la función de certificar pesquerías como
sustentables, entre las que se encuentran el Marine Stewardship Council (MSC),
que utilizan como plataforma para el programa de certificación voluntaria e
independiente de quienes realizan las actividades de pesca. Para lograr la
certificación, dicha organización, emite Principios y Criterios que se crearon por
medio de un extenso proceso internacional de consulta en el cual se reunieron las
opiniones de los principales representantes del sector pesquero en el mundo.
29
Estos Principios y Criterios reflejan el conocimiento que la pesca sustentable debe
basarse en lo siguiente:
Mantener y restablecer a niveles saludables las comunidades de las
especies a ser capturadas.
Mantener la integridad del ecosistema.
Elaborar y mantener un sistema de manejo eficiente de las pesquerías,
tomando en consideración todos los aspectos biológicos, tecnológicos,
socioeconómicos, ambientales y comerciales y,
Cumplir todas las leyes y normas nacionales y locales así como los
acuerdos y tratados internacionales.
Los Principios y Criterios también se diseñaron para reconocer y hacer resaltar
que los esfuerzos de manejo tienen más probabilidad de lograr los objetivos de
conservación y uso sustentable de los recursos marinos si hay una completa
cooperación entre todas las pesquerías y de los involucrados del sector pesquero,
incluso entre aquellos que dependen de la pesca para su alimento, empleo e
ingreso.
Las pesquerías que acaten voluntariamente estos Principios y Criterios podrán
estar en posibilidades de solicitar la certificación a las empresas certificadoras que
son acreditadas por terceras partes independientes. Se exhorta a los
procesadores, comerciantes y revendedores de pescado a comprometerse
30
públicamente a comprar sólo productos pesqueros de las fuentes con dicha
certificación, lo que permitirá al consumidor seleccionar el producto pesquero con
la confianza de que proviene de una fuente sustentable y bien manejada. De la
misma forma, se beneficiará a los pescadores y a la industria pesquera que
depende de la abundancia del abastecimiento de los recursos pesqueros,
proporcionando incentivos de mercado para ejercer prácticas sustentables. A su
vez, los procesadores, comerciantes y revendedores que compren de fuentes
sustentables certificadas, se verán beneficiados con la seguridad de que habrá
continuidad de abastecimiento futuro y por lo tanto de la sustentabilidad de su
propia empresa.
Para la certificación se toma en cuenta las implicaciones de la dimensión, escala,
tipo, ubicación e intensidad de la pesca, la singularidad de los recursos y el
impacto en otro ecosistema. Además, el MSC reconoce la necesidad de respetar
los intereses a largo plazo de aquellos que dependen de la pesca para su
alimento, empleo e ingreso al punto que sea coherente con la sustentabilidad
ecológica y también reconoce la importancia de que el manejo de la operación
pesquera sea coherente con las normas y estándares locales, nacionales e
internacionales.
En México existen pesquerías certificadas por el Marine Stewardship Council
(MSC), tales como la langosta en la parte central de la Península de Baja
California, de 2004 a 2010 y recibió la recertificación en el año 2011, así como la
pesquería de sardina en el Golfo de California en ese mismo año, estas
31
certificaciones permiten mejorar la comercialización de dichos recursos a
mercados internacionales. (INAPESCA)
32
II. Caracterización de la zona de estudio
Baja California Sur, cuyas coordenadas geográficas son al norte 28°00’, al sur
22°52’ latitud norte; al este 109°25’, al oeste 115°05’ de longitud oeste, cuenta con
una extensión territorial de 73,992 km2, que representa el 3.8% del territorio
nacional. Colinda al norte con Baja California y el Golfo de California; al este con el
Golfo de California; al sur y oeste con el Océano Pacífico. Además es el estado
que cuenta con el litoral más extenso del país, 2,705.39 km. de litoral, que
representa el 23.33% del total nacional. Tiene 52,303 km2 de mar territorial,
23,552 Km2 de plataforma continental, y 224 mil hectáreas de aguas protegidas, la
cual representa el 14% de la superficie de lagunas litorales del país. (Casas y
Ponce, 1996).
Baja California Sur corresponde a la región natural árida, con un grupo de climas
seco y templado, con un rango de temperatura media anual de 14 a 26º C, con un
rango de precipitación total anual de menos 100 a 700 mm (INEGI, 2011). La
población se presenta de la siguiente manera:
33
Tabla I. Número de habitantes del Estado de Baja California Sur por
Municipio
Municipio Habitantes 2005 Habitantes 2010
Comondú 63,830 70,816
Mulegé 52,743 59,114
La Paz 219,596 251,871
Los Cabos 164,162 238,487
Loreto 11,839 16,738
TOTAL 512,170 637,026
Fuente INEGI.
Baja California Sur es la entidad federativa con menor población en el país y
menor densidad poblacional, resultando ser 9 habitantes por Km2, del total de la
población el 86% es urbana y el 14% es rural. Es el estado que menor emigración
interna reporta, de acuerdo con datos del INEGI 2010, y por lo que respecta a la
inmigración interna, ocupa el lugar 17 nivel nacional, con 73,920 inmigrantes,
como lo demuestra el censo los resultados del censo de población y vivienda
2010, y donde se observa que la población a partir del año 2000 creció de 424 mil
habitantes a 637 mil en 2010 lo que representa poco más del 50% en tan solo 10
año.
Baja California Sur ocupa el octavo lugar en el Índice de Competitividad Estatal.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competividad (IMCO), entre los
34
factores que contribuyen a mejorar la competitividad están “el manejo sustentable
de medio ambiente”, donde el estado ocupa la quinta posición al nivel nacional,
22% por encima de la media nacional: se identifican en particular problemas del
volumen de aguas tratadas y el porcentaje de energía proveniente de fuentes
contaminantes.
En lo que respecta a indicadores sociales, Baja California Sur es uno de los
estados con menor rezago. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010, la población tenía 9.4 años promedio de escolaridad, y sólo 3.9% de su
población no sabía leer ni escribir. Ocupó la posición 6 en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH) y la posición 9 en el Índice de marginación. Es el estado con menor
porcentaje de población que vive en condiciones de pobreza multidimensional; en
2008, 21.06% del total de la población estatal se encontraba en esta condición,
mientras que en el país el promedio fue de 44.2%. Es una de las entidades con
mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC’): 47.4% de
usuarios de computadoras en 2010, 43.9% de usuarios de internet. Sin embargo,
solo el 28.7% de los hogares cuentan con ese servicio, mientras que el 74.9% de
usuarios de teléfono celular, lo que representa 3 de cada 4 habitantes. Asimismo,
10.9% cuenta con televisión digital y el 37.3% con servicio de televisión de paga
(INEGI, 2010).
En lo que atañe directamente al sector pesca, por otro lado, la capacidad de
atraque en los puertos de Baja California Sur, es de 2,305 metros de longitud de
infraestructura portuaria comercial, 1,462 para la pesquera, 15,116 para la turística
35
y 3,046 para otros usos, como Muelles de PEMEX, Armada de México y Capitanía
de Puerto (SCT, 2012).
Por lo que a la actividad económica se refiere, en el 2009, con datos del INEGI, la
aportación del estado al PIB Nacional es de 0.6%; En el Estado se puede observar
que el sector terciario aporta al PIB Estatal el 69.5%, seguido del sector
secundario, 26.61% y el sector primario, compuesto por la agricultura, ganadería,
aprovechamiento forestal, caza y pesca, el 3.89%. (INEGI, 2010).
Del 3.89% de aportación al PIB Estatal por parte del sector primario, se destaca la
Pesca, y por lo que se refiere a producción pesquera, Baja California Sur tiene una
contribución significativa, ya que se encuentra en el tercer lugar, dentro de las 5
entidades federativas con mayor volumen y valor de producción (Anexo 2 y 3),
solo precedido por Sonora y Sinaloa, (CONAPESCA, 2011).
Del total de la población, la PEA está conformada por 287,735, que representa el
59.6%, de ésta el 95.2%, es decir 274,027 representan la PEA ocupada, la
población ocupada en el estado por el sector primario del de 9.2% (SAGARPA,
2011).
Por lo que respecta a las características geográficas del Estado, tanto la costa
occidental como la costa del Golfo de California muestran una gran variabilidad de
sucesos oceanográficos-atmosféricos que influyen en la distribución, abundancia y
disponibilidad de los recursos marinos y pesqueros. (Casas y Ponce, 1996).
36
En los litorales de Baja California Sur se han identificado 650 especies que
pueden ser susceptibles para el consumo humano e industrialización. En la
actualidad se aprovechan 122 grupos de especies comestibles, entre los que
destacan la sardina, túnidos y almejas, que aunque no son de alto valor comercial
respecto a otras especies, su volumen de producción y el empleo que generan la
hacen importante. Sin embargo, se cuenta con recursos de alto valor económico
como abulón, langosta y camarón, las cuales son base de pesquerías muy
rentables, y ejes del desarrollo del sector social. (Casas y Ponce, 1996).
La actividad pesquera en Baja California Sur en 2012, se realizó al amparo de
2,074 permisos de pesca, 3,100 embarcaciones menores, con una población
pesquera de 6,380 pescadores, el sector pesquero se compone de 708 las
unidades económicas que se encuentran vigentes desde el 2007, de las cuales
332 corresponde al sector privado y 376 al sector social y 21 embarcaciones
mayores (Subdelegación de Pesca en B.C.S., 2013).
En tanto, en acuacultura, de acuerdo a datos proporcionados por la Subdelegación
de Pesca en B.C.S., se cuenta con 36 permisos de acuacultura de fomento y 13
concesiones acuícolas, cultivándose diversas especies de moluscos bivalvos
como, ostión japonés, almeja mano de león, almeja catarina, callo de hacha china,
Madre Perla y Concha Nácar, además del Camarón blanco, y granjas de engorda
de Jurel y Atún.
37
De acuerdo a información proporcionada por la Subdelegación de Pesca en
B.C.S., la producción pesquera estatal se ha mantenido relativamente estable,
pero su valor se ha incrementado en los últimos 10 años, ejemplo de ello es lo
registrado en el año 2010, donde por la ausencia del calamar en la Costa del
Golfo, y su presencia en Bahía Magdalena, más no en las mismas cantidades, lo
incremento su valor, así como el alto valor que alcanzó la langosta en el comercio
internacional, de acuerdo a reportes de los mismos pescadores, también
contribuyó a este incremento en el valor de la producción, que a partir de 2004 se
incorporó la pesquería de almeja generosa, inicialmente como pesca de fomento y
posteriormente como pesca comercial (Fig. I).
Fig. 1. Valores anuales de la producción pesquera en Baja California Sur. Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S.
El municipio de Comondú ocupa el tercer lugar en el Estado con mayor número de
habitantes, la población que llega hacia este municipio, lo hacen con el objeto de
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
VOLUMEN DE LA PRODUCCION (Ton.)
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (Miles de pesos)
38
asentarse de manera permanente, población que sus lugares de origen se dedican
a la agricultura y a la actividad pesquera, sin embargo, cuando se encuentran
aquí, es a ésta última actividad a la que se recurre de manera frecuente cuando se
terminan las cosechas, cuando hay sequía o heladas que afectan los cultivos. Las
localidades pesqueras de San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos, son las
principalmente en la que se establecen, ya que son localidades que cuentan con la
mayoría de los servicios, disponen, además de centros de seguridad social,
carreteras de acceso pavimentas, lo que les permite mayor movilidad.
Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas
Dado que el Municipio de Comondú es donde se realiza la mayor actividad
pesquera en el estado, el estudió se enfocó en el Complejo Lagunar Bahía
Magdalena Almejas, el cual se localiza en la costa occidental de Baja California
Sur, en el Municipio de Comondú y La Paz, entre los paralelos 25º15’ y
25º20’latitud norte y 111º30’ y 112º15’ longitud oeste, se encuentra dividido por
tres zona diferenciadas perfectamente: I. La zona norte, formada por una gran
cantidad de esteros, lagunas y canales con profundidades promedio de 3.5
metros; II. La zona central llamada bahía Magdalena conectada con mar abierto
por una boca de 38 m. de profundidad y, III. La zona sur, denominada Bahía
Almejas, conectada a mar abierto por una boca somera. Las dos bahías se
comunican mediante un canal de 2.5 Km. de ancho y 30m. de profundidad, en
ambas bahías durante las mareas bajas quedan al descubierto una gran cantidad
de bajos (Álvarez-Borrego, et al, 1975).
39
Es la laguna costera más extensa del Pacífico Mexicano, con 1,066 Km2, de los
cuales 649.7 km2 corresponden a Bahía Magdalena (Fig. 2), que por su
importancia ecológica y pesquera está representada por su complejidad faunística
y abundancia de los recursos de interés comercial, destacando las pesquerías de
peces pelágicos menores, crustáceos y moluscos (Funes y González, 2001).
El clima de la región es semiárido, con una precipitación anual escasa, por lo que
el sistema lagunar se caracteriza como una cuenca de evaporación con
condiciones del tipo antiestuarino en la Zona Canales y las regiones someras de
Bahía Almejas (Álvarez- Borrego et al. 1975). Vientos del noroeste prevalecen la
mayor parte del año, aunque vientos del sur son usualmente frecuentes de julio a
septiembre (García-Escobar 1993, citado en O. Zaitsev, et al, 2010).
En general, la variabilidad temporal de la Temperatura Superficial del Mar (TSM)
en la región subtropical de la costa del Pacífico de Baja California tiene un ciclo
anual bien definido (Durazo, 2002, Sánchez-Montante, 2007, citados por Zaitsev,
et al 2010). Particularmente, en el interior del sistema lagunar Bahía Magdalena-
Bahía Almejas (BM-BA) se ha registrado un intervalo de variación anual de 7ºC en
TSM, entre marzo y septiembre (Lluch-Belda, 2000, citado por Zaitsev, et al,
2010).
40
Fig. 2 Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas. Tomado de Emily Young. State Intervention and Abuse of the commons: Fisheries development in Baja California Sur, Mexico.
A partir de las investigaciones previas, se ha caracterizado a Bahía Magdalena
como un cuerpo de agua con condiciones hidrológicas del tipo oceánicas, debido a
41
que la temperatura y la salinidad de esta bahía son relativamente menores que las
que se encuentran en el interior de Bahía Almejas y de Zona de Canales. Lo
anterior se puede explicar mediante la fuerte comunicación hidrodinámica entre
BM y las aguas oceánicas adyacentes, en las cuales se ha identificado una zona
típica de surgencias costeras generadas por el viento (Bakun y Nelson, 1977,
citados por Zaitsev, 2010). Las surgencias son de frecuencia estacional y de
mayor intensidad durante el periodo de abril a junio (Zaitsev, 2003 citados por
Zaitsev, 2010). Aunque esta actividad es de menor intensidad que la que se
presenta en los sistemas de surgencias de la región norte de California, se
manifiesta regularmente en los campos hidrológicos superficiales (Zaitsev, 2007
citado por Zaitsev, et al, 2010).
Toda esta dinámica oceánica de la costa occidental de Baja California que
presenta dichos procesos como son las surgencias, influye en el área con
afloramientos de agua rica en nutrientes a la superficie, que determinan los ciclos
de producción y estacionalidad de las especies. A su vez, la influencia oceánica
influye al interior de la bahía por corrientes de marea que penetran a través de la
boca principal y que determinan las características físicas y químicas (Acosta y
Lara, 1978; Guerrero, 1988, citados en Funes y González, 2001).
Lo anterior, se traduce en una gran diversidad de peces de acuerdo a las
diferentes estrategias reproductivas y patrones de migración, como ha sido
comprobado por el gran número de registros de peces marinos reportados en la
literatura, que incluyen alrededor de 363 especies registradas como adultos en las
42
aguas interiores y la zona nerítica frente a Bahía Magdalena (Moser, 1996; Fisher
et al., 1995; De la Cruz-Agüero et al., 1994, citado en Funes y González, 2001).
El Sistema Lagunar es de gran importancia para la conservación, por ello el
complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas esta designado como región marina
prioritaria por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) (http://www.conabio.gob.mx/); como una de las Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves (AICA), (CONABIO) y una de las
cuatro áreas piloto de la Iniciativa de Conservación Marina B2B (Baja to Bering
Sea). Por su importancia para el desove de peces pelágicos menores y para otras
pesquerías el sitio es considerado como uno de los Centros de Actividad Biológica
más importantes del Pacífico Mexicano (Lluch-Belda, D., 2000 citado por Saad et
al 2004). La productividad planctónica de la zona sostiene poblaciones
abundantes de crustáceos, moluscos y peces de escama de gran importancia
comercial que son explotados en la región (Lluch-Belda, D., 2000, citado por Saad
N. G. y E. Palacios 2004).
En la Tabla II y fig. 3 se aprecia las variaciones en el número de habitantes del
Estado de Baja California Sur, específicamente en las localidades del área de
influencia del complejo lagunar Bahía Magdalena, según datos de la CONAPO de
2005 y 2010. Las localidades de Puerto San Carlos y Puerto Adolfo López, son las
que registran mayor crecimiento poblacional, debido a que son comunidades que
cuentan con casi todos los servicios (agua potable, luz, drenaje), con buena
43
comunicación con la cabecera Municipal (Cd. Constitución), que también registra
el mayor porcentaje de incremento en la población.
Tabla II. Población en comunidades pesqueras del Municipio de Comondú
Localidad Población
2005
Población
2010
Puerto Adolfo López Mateos 2,171 2,212
Puerto Magdalena 112 122
Puerto San Carlos 4,716 5,538
Puerto Cortés 128
Puerto Alcatraz 143 156
San Buto 9 93
Santo Domingo 658 689
La Poza Grande 488 434
TOTAL 7,937 9,244
Fuente: SEGOB-CONAPO Índice de marginación por localidad 2005 y 2010
44
Fig. 3. Habitantes por localidad pesquera en Bahía Magdalena.
En la región se encuentran asentadas 5 empresas, que son integrantes de la
cadena productiva de sardina en Baja California Sur, cuatro de ellas en Puerto
San Carlos y una más en Puerto Adolfo López Mateos, generando
aproximadamente 700 empleos directos, con una capacidad de proceso instalada
de 945 toneladas en jornadas de entre 8 a 16 horas y una capacidad en operación
de alrededor del 50%. Los procesos de éstas plantas procesadoras son de
conservas, como el enlatado de sardina en salsa de tomate, enlatado de sardina
en aceite y los sobrantes de los cortes de sardina son procesados para producir
harina y aceite de pescado. (Subdelegación De Pesca en B.C.S., 2012)
La pesca es la principal actividad de la población de estas localidades; solo una
pequeña parte se dedica a actividades de aprovechamiento no extractivo como el
de observación de ballena, para llevar a cabo la actividad, los pescadores están
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Población 2005
Población 2010
LOCALIDADES
HABITANTES
45
organizados en sociedades cooperativas, otros más son permisionarios y algunos
otros a los pescadores se les denomina “pescadores libres”, que realizan la
actividad pesquera sin contar con los derechos establecidos en la legislación para
realizar la pesca de manera lícita.
Estas mismas sociedades cooperativas y permisionarios, igualmente se
encuentran organizados en uniones o federaciones, lo que les permite tratar los
asuntos relacionados con los recursos con más presencia y fuerza, en el Municipio
de Comondú existen 10 de 21 de estas organizaciones que existen en el estado.
La Bahía Magdalena, comprende la zona central y zona norte o zona de canales,
del Sistema Lagunar, se encuentran un total de 211 Unidades Económicas
dedicadas a la actividad Pesquera, tanto del sector social como privado, lo que
representa el 29.8 del total de unidades económicas en el Estado, y 873
embarcaciones, representando el 28% del total estatal y una población pesquera
de 2,620 pescadores. Esas unidades económicas reportan una producción
pesquera, que alcanza más del 50% del total de la Producción Estatal (Fig. 4).
46
Fig. 4. Comparativo del volumen y valor de la producción total en toneladas de B.C.S. vs. Municipio de Comondú. Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S.
De acuerdo a los datos anteriores, se muestra que volumen de la producción
pesquera que se realiza en el Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas, y que
es reportado en las Oficinas Federales de Pesca de San Carlos, Puerto Adolfo
López Mateos y Cd. Constitución, en el Municipio de Comondú, representa, en
promedio el 60% del total estatal de 2001 a 2010, en tanto que el valor de la
producción, constituye un promedio del 41%, respecto del total del estado, durante
la misma década (Anexos 4 y 5).
Como se puede ver, el Sistema Lagunar y Bahía Magdalena en Particular, tiene
una gran relevancia en las pesquerías a nivel estatal, ya que se registran
pesquerías tales como almeja generosa, almeja Catarina, callo de hacha, almeja
47
pata de mula, sardina (la más importante en volumen), camarón, abulón, langosta,
escama, jaiba y pulpo, por decir algunas. Derivado de la importancia pesquera de
Bahía Magdalena, los altos índices de producción y el gran valor que esta tiene,
está expuesta a muchas presiones, no solo por aquellos que cuentan con
derechos claros (concesiones, permisos y autorizaciones, como lo establece la
Ley vigente en la materia), sino también por aquellos que se asientan en la zona y
que al no haber otra actividad económica por realizar, “se lanzan” a la pesca, no
para obtener recurso para consumo doméstico, sino con el objeto de que le
genere un ganancia, Es aquí, donde es importante señalar si la inspección y
vigilancia pesquera como se realiza en la actualidad, contribuye o no, a la
sustentabilidad de las pesquerías.
48
III. La inspección y vigilancia como instrumento para conocer
si contribuye a la sustentabilidad de las pesquerías en
Bahía Magdalena.
En la actualidad, la comunidad mundial se enfrenta a múltiples retos relacionados
entre sí, que van desde los efectos de la crisis financiera y económica actual a una
de mayor vulnerabilidad al cambio climático y los fenómenos meteorológicos
extremos. Al mismo tiempo, debe atender las necesidades apremiantes
relacionadas con la alimentación y la nutrición de una población creciente con
recursos naturales finitos.
Las contribuciones fundamentales de la pesca y la acuacultura a la seguridad
alimentaria y el crecimiento económico mundiales se ven limitadas por una serie
de problemas, entre los cuales se encuentran, la mala gobernanza, las
deficiencias de los regímenes de ordenación pesquera, los conflictos por la
utilización de los recursos naturales, el uso persistente de prácticas pesqueras y
acuícolas inadecuadas, la no incorporación de las prioridades y los derechos de
las comunidades pesqueras en pequeña escala (FAO, 2012).
Los efectos negativos de la pesca en la biodiversidad y en la estructura y función
de los ecosistemas se empezaron a conocer en el mundo muchos años antes de
que en México se comenzaran a documentar estos hechos. Se sabe que el
manejo inadecuado de los recursos pesqueros, además de reducir los tamaños
49
poblacionales de las especies objetivo en forma directa a través de la extracción,
también genera efectos en las poblaciones de las especies que coexisten con
ellas, modificando con ello la estructura y la dinámica de los ecosistemas costeros
y oceánicos. Se ha observado que las poblaciones deterioradas muestran una
menor tolerancia a los fenómenos externos que las afectan (SEMARNAT, 2005).
Las principales causas de deterioro de los recursos naturales marinos sujetos a
explotación pesquera se atribuyen fundamentalmente a cuatro factores: 1)
sobrecapacidad de la flota pesquera, 2) pesca ilegal, pesca no declarada y no
reglamentada (P-INDNR), 3) sobrecapitalización del sector pesquero y 4)
otorgamiento de subsidios directos al sector (SEMARNAT, 2005).
En el marco del Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) y de su
objetivo de conseguir la pesca sustentable, el asunto de la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (P-INDNR), en el mundo, no solo en México, es
motivo de preocupación. La P-INDNR perjudica a los esfuerzos de conservación y
ordenación de las poblaciones de los recursos pesqueros de interés comercial y
repercute en la pérdida de oportunidades sociales y económicas a corto, mediano
y a largo plazo y tiene efectos negativos sobre la seguridad alimentaria y la
protección del ambiente. La pesca INDNR puede provocar el colapso total de una
pesquería o perjudicar gravemente a los esfuerzos por reponer las poblaciones
agotadas o en riesgo. Los instrumentos internacionales existentes para hacer
frente a la pesca INDNR no han resultado eficaces por falta de voluntad política,
de capacidad y recursos para su aplicación.
50
En el Plan de Acción Internacional se establecen los lineamientos para definir la
pesca ilegal que consiste en: prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada (PAI-INDNR), cuyo objetivo además de lo
señalado, comprende principios y estrategias para que se tomen medidas eficaces
y transparentes de amplio alcance para que actúen conforme a los planes de
ordenación pesquera, como lo establece el CCPR (FAO, 2001).
Por lo anterior, se conceptualiza cada uno de los elementos que conforman el PAI-
INDNR:
Pesca Ilegal: Aquella que se realiza sin permiso, contraviniendo leyes y
reglamentos; así como la que se realiza contraviniendo las medidas de
conservación y ordenación señaladas en la legislación en la materia y en las
disposiciones aplicables.
Pesca No Declarada: Aquella que no ha sido manifestada o informada o que se
declaró de manera inexacta a la autoridad competente.
Pesca No Reglamentada: Actividades pesqueras que se realiza sobre recursos o
en zonas, sobre los que no existen medidas de ordenación o conservación.
También en el CCPR se estable que deberán establecerse mecanismos eficaces
de seguimiento, control y vigilancia (SCV) de las pesquerías y el cumplimiento de
las medidas de conservación, para ello, en 1981 la Conferencia de Expertos de
SCV definió cada una de estas partes de la siguiente manera:
51
Seguimiento: Obligación constante de cuantificar las características del esfuerzo
pesquero y el rendimiento de los recursos;
Control: Condiciones normativas en que puede llevarse a cabo la explotación de
los recursos;
Vigilancia: Nivel y tipo de las observaciones necesarias para mantener el
cumplimiento de los controles normativos impuestos sobre las actividades
pesqueras (FAO, 1996).
Lo anterior pone de relieve la importancia para el SCV de aspectos como la
investigación, la normatividad, política pesquera y/o administración de las
pesquerías y las acciones de vigilancia en busca de la aplicación de la
normatividad. No obstante, comúnmente se comete el falta de que en el
establecimiento de sistemas de SCV se concentran en la “V”, es decir en la
imposición del cumplimiento de las normas establecidas, sin tener debidamente en
cuenta la importancia de las otras dos fases. Los aspectos de seguimiento y
control constituyen la base de información y el marco jurídico para una acertada
planificación de la ordenación de la pesca. La fase de vigilancia es la más costosa
y se deben considerar los métodos más eficaces en función de los costos de
realizar las funciones implicadas en este componente. (FAO, 1996).
El SCV es con frecuencia un aspecto olvidado de la ordenación de las pesquerías;
no obstante, es, en realidad, la clave del éxito de toda estrategia de planificación.
Sin una estrategia y metodología para la ejecución de las operaciones de
52
seguimiento, control y vigilancia, todo plan de ordenación de la pesca resultaría
incompleto (FAO, 1996).
En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 27 establece que las aguas comprendidas dentro de los límites del
Territorio Nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual tiene el
derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la
propiedad privada y de imponer a ésta, las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los
recursos naturales, con la finalidad de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, dictándose las
medidas necesarias para entre otras cosas, preservar y restaurar el equilibrio
ecológico.
En cumplimento de lo establecido por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y demás leyes secundarias, y de los acuerdos internacionales
en materia de ordenación pesquera, de los que México forma parte, el marco
jurídico mexicano se muestra en la Fig.5.
En ese mismo marco normativo, la Ley General de Pesca y Acuacultura
Sustentables, (LGPAS), señala que corresponde a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (SAGARPA ), el ejercicio de
las facultades, entre otras cosas, la de realizar la inspección y vigilancia del
53
cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos, normas oficiales y demás
disposiciones que de ella se deriven; y determinar las infracciones e imponer las
sanciones administrativas que correspondan por incumplimiento o violación a los
ordenamientos de esta.
Fig.5. Marco Normativo Mexicano. CONABIO, 1998
Para dar cumplimento a este mandato, se publica en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) del 05 de Junio de 2001, el decreto de creación de la Comisión
Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), como órgano desconcentrado
de la SAGARPA, organismo que tendrá a su cargo el ejercicio de diversas
atribuciones, entre las cuales se encuentran las de:
a) Proponer y coordinar la política nacional en materia de aprovechamiento
racional y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas; así como
para el fomento y promoción de las actividades pesqueras y acuícolas, y el
desarrollo integral de quienes participan en ellas;
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Leyes Federales
Reglamentos
Normas Oficiales
Acuerdos Internacionales
54
b) Administrar, regular y fomentar, en los términos de las disposiciones
legales aplicables, el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
pesqueros y el desarrollo de la acuacultura;
c) Proponer y ejecutar la política general de inspección y vigilancia en materia
acuícola, de pesca comercial y deportiva, con la participación que
corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal;
Para llegar a cumplir con lo anterior, el Comisionado de la CONAPESCA contará
con unidades administrativas, entre las cuales se encuentra, la Dirección General
de Inspección y Vigilancia (DGIV), quien será la encargada de definir los
lineamientos, normas y procedimientos internos para la ejecución de las
actividades de inspección, vigilancia y aplicación de sanciones en materia de
pesca y acuacultura. En ese mismo sentido, y para comprender lo que la DGIV
tiene a su cargo, el Reglamento de la Ley de Pesca, define los conceptos de
inspección y vigilancia, como:
Inspección: Todas aquellas actividades efectuadas por personal debidamente
autorizado, que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales en materia pesquera en embarcaciones, instalaciones para el
procesamiento, almacenamiento, conservación y comercialización de productos
pesqueros, equipos, vehículos, artes de pesca y productos pesqueros, así como
toda la documentación que ampare la legal procedencia de los productos
pesqueros.
55
Vigilancia: Toda actividad efectuada por personal autorizado, encaminada a
prevenir la realización de operaciones pesqueras ilícitas. (SEMARNAP-
Reglamento de la Ley de Pesca, 1999).
Con fundamento en lo anterior, la DGIV, formuló el Programa Nacional de
Inspección y Vigilancia, manifestando que la pesca ilegal se ha agudizado a lo
largo y ancho de nuestros litorales, amenazando la sustentación de los recursos
pesqueros y ha incidido en robos a granjas acuícolas, relacionándose con el
narcotráfico y que estimaciones conservadoras señalan que la pesca ilegal
alcanza un 30% de la producción registrada, destacándose especies de alto valor
comercial como: abulón, langosta, camarón, y almejas (CONAPESCA, 2007).
Aunque se dice también, que la estimación del nivel de pesca INDNR es
extremadamente difícil de calcular (International MCS Network, 2005).
En ese mismo Programa se establece que para cumplir el objetivo de combatir la
pesca ilegal, se ha implementado la coordinación inter-institucional entre las
dependencias del gobierno federal (SEMAR, PROFEPA, PFP, SEDENA, PGR,
SCT), y para el caso de Baja California Sur, con del Gobierno del Estado de
B.C.S. a través del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (FONMAR),
la creación de los Comités Estatales de Inspección y Vigilancia y, talleres de
actualización y capacitación a los involucrados en inspección y vigilancia
(CONAPESCA, 2007).
56
En dicho Programa Nacional de Inspección y Vigilancia, se establecen como
acciones a realizar las siguientes:
Establecer una acción contundente del Gobierno Federal para combatir
frontalmente la pesca, el tránsito y comercio ilegal de productos de la pesca
y la acuacultura.
Privilegiar la prevención con la participación de los tres ámbitos de gobierno
y corresponsabilidad de la sociedad a través de los productores.
Prevenir, combatir y sancionar la pesca y acuacultura ilegal de tal manera
que esta actividad ilícita se vuelva totalmente incosteable.
Incentivar y verificar el cumplimiento de la normatividad.
Combatir la comercialización clandestina de especies.
Promover la creación de comités estatales de inspección y vigilancia así
como difundir el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros
(CONAPESCA, 2007).
En ese sentido y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido por la
normatividad en materia de pesca y para atender lo relativo a la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, se realizan acciones de inspección y vigilancia y
vigilancia a través de Oficiales Federales de Pesca (OFP), quienes están
facultados por la LGPAS a instrumentar operativos, tanto marítimos como
terrestres encaminados a prevenir y combatir la P-INDNR.
57
El caso de la inspección y vigilancia en Bahía Magdalena:
En Baja California Sur en el periodo comprendido de 2007 a 2009, se estuvieron
haciendo labores de inspección y vigilancia, entre 7 y 11 OFP’s, distribuidos a los
largo de los 2,705 Km. de litoral con los que cuenta el estado, 4 de ellos,
establecidos principalmente en el Municipio de Comondú, y particularmente en el
Complejo Lagunar Bahía Magdalena, ya que de acuerdo a información
proporcionada por la Subdelegación de Pesca en B.C.S, es en esa región donde
se llevan a cabo los mayores índices de pesca ilegal, además de una mayor
incidencia de actas levantadas, esto representa que aproximadamente el 40% del
personal para actos de inspección y vigilancia pesquera se concentra en esa zona,
misma que representa únicamente el 20% del litoral del estado, con 565 km. de
litorales, incluyendo islas, estuarios y lagunas, de ahí su importancia. En estudio
sobre pesca ilegal en esa misma zona, se reportó que de 2001-2005 fue en Bahía
Magdalena en el Municipio de Comondú, donde se registró el mayor número de
actas de inspección levantadas del Estado, ya que del 100% de ellas, el 53%
corresponde al Municipio de Comondú, 21% a La Paz, 16% a Mulegé, 6% a Los
Cabos y 4% al Loreto (Macías, 2008).
Con datos de SAGARPA, durante 2010 se retuvieron 214,551 kg. de producto, de
ellos 119,211 Kg. fueron devueltos por que se demostró la legal procedencia de
los mismos., es decir, el 55% de los productos fueron restituidos a quien se le
levantó el acta, en ese mismo año, del total de actas levantas, solo 4 de ellas
fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal (MP), y solo 1 de ellas
58
con infractor, las restantes 3 actas fueron levantadas a Quien Resulte
Responsable (QRR). En el 2012, se retuvieron 192,105 Kg. de productos, de los
cuales, 51,444 kg. fueron devueltos, lo que representó que el 27% de los
productos retenidos fueron restituidos a sus propietarios, del total de actas
levantadas en ese año solo 2 de ellas fueron puestas a disposición del MP, ambas
presentando un infractor.
En el recuadro que sigue se muestran el número de actas levantadas en todo el
estado, así como la cantidad y tipo de bienes retenidos precautoriamente por los
OFP. El incremento en el número de actas levantadas, pudiera deberse por un
lado, al aumento en el número de OFP y a la incorporación desde 2006 de siete
“asesores técnicos” del Fideicomiso para la Protección de los Recursos Marinos
(FONMAR), del Gobierno del Estado de B.C.S., que servirían de apoyo a los OFP
en recorridos de vigilancia, por su conocimiento de la zonas de pesca y los sitios
de desembarque; sin embargo, este personal no podía hacer actos de inspección
y vigilancia, lo que contribuyó a limitar su acción y fue solamente a apoyar en
logística a los OFP con equipo y presencia en los campamentos y área marina
(Anexo fotográfico).
59
Tabla III. Actas, producto y bienes retenidos precautoriamente por OFP’s en
B.C.S.
PRODUCTO Y
BIENES RETENIDOS
AÑO/Kg./UNIDADES
2007 2008 2009 2010 2011
Crustáceos 4,369 7,139 22,463 11,403 1,193
Moluscos 549,109 15,431 68,430 113,594 16,356
Pescado 26,658 33,939 15,642 89,553 175,748
Artes de Pesca 68 133 679 154 440
Vehículos 38 42 51 36 40
Embarcaciones
Mayores 6 3 0 4 3
Embarcaciones
menores 25 96 90 50 75
Quelonios 0 1 0 0 0
Otros bienes 239 564 264 86 485
Motor Fuera de Borda 22 94 78 53 7
TOTAL DE ACTAS 169 243 327 209 222
Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S. y Unidad Jurídica de SAGARPA en B.C.S.
Es mismos datos de SAGARPA arrojan que de los expedientes de las 209 actas
levantadas en 2010, solo 22 de ellas fueron expedientes resueltos, y solo 5 de
ellas presentaron decomiso, y en ningún caso una multas impuestas; cosa
parecida sucede con los expedientes de las 222 actas levantadas en 2011, ya que
solo 14 de esos expedientes fueron resueltos, y de estos mismos solo 4 tuvieron
decomiso y dos con imposición de multa, que ascendieron a $18,125.4, y solo uno
de ellos pagó la multa impuesta.
60
Durante el año 2012, a nivel estatal se levantaron un total de 159 actas, de las
cuales 110 corresponden a actas levantadas en Bahía Magdalena, lo que
representa el 69% de dichas actas fueron levantadas en un área que se ha
considerado como conflictiva y de mucha ilegalidad pesquera (Subdelegación de
Pesca en B.C.S., 2013).
La pesca ilegal, sumada a la pesca no registrada o registrada de manera
incorrecta por los pescadores, hacen notar situaciones como las que presenta la
extracción de callo de hacha en esa misma zona, que como se ve en la fig.6,
presenta un tendencia decreciente.
Fig. 6. Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S., 2013.
Esta tendencia decreciente puede indicar la incorporación de un mayor número de
OFP a la inspección y vigilancia, lo que implícitamente significaría que se tendrían
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
Kilo
gram
os
VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE CALLO DE HACHA Comportamiento de las capturas
CD. CONSTITUCION
LOPEZ MATEOS
SAN CARLOS
Años
61
que levantar más actas, sin embargo, ni lo uno ni lo otro, representa que la pesca
ilegal haya disminuido o que las pesquerías se hayan recuperado.
El Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas cuenta con muchas
características que por un lado, aprovechan los pescadores ilegales y por otra
dificultan las acciones de inspección y vigilancia (Fig. 7), entre ellas podemos citar
algunas:
a) Diversidad y abundancia de especies de alto valor comercial.
b) Las características geográficas, donde existe una amplia zona de canales y
manglares, que resulta relativamente fácil ocultarse.
c) Múltiples brechas (caminos de terracería) para acceder a la zona costera.
d) Gran número de sitios de desembarque, 152, al menos (CONAPESCA,
2004).
e) Establecimiento de campamentos pesqueros en diversos sitios del
Complejo Lagunar, lo que hace difícil su ubicación, mismo que pueden ser
de carácter fijo, semifijo o temporal (Mariano, 2005), véase anexo
fotográfico.
62
Fig. 7. Se muestran brechas de acceso desde diversas localidades del Municipio, así como sitios de desembarque, en la zona de canales del Complejo Lagunar Bahía Magdalena.
Por las características geográficas, en diversas zonas de la Bahía es posible
establecer campamentos, ya sea fijos, semifijos y temporales, estos últimos son
de fácil y rápida construcción lo que hace aun mas difícil llevar a cabo la vigilancia
de la zona porque se pueden establecer en cualquier sitio de los manglares o
brechas aledañas a la orilla del mar (Fig. 8), muchas de estos campamentos son
hechos con ramas, lonas o incluso de cualquier desecho que se encuentren o
exista en la zona (Mariano, 2005).
63
Fig. 8. En esta figura se pueden ver otros sitios de desembarque y rutas de acceso conocidas como brechas, además de una embarcación que se dirige a la zona de manglares.
A diferencia de los otros tipos de campamentos, en éstos, la mayoría de los
pescadores carecen de permisos, lo cual los convierte en que su actividad la
efectúan de manera ilegal, (Mariano, 2005), por eso la necesidad de buscar zonas
de difícil acceso para quienes realizan la vigilancia.
Los operativos de inspección y vigilancia cumplen con lo establecido en el
programa Nacional de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA. Por un lado los
OFP de la zona se dedican a ubicar e investigar los domicilios fiscales de
establecimientos que se dedican a la compra, venta y acopio de productos
pesqueros, como pescaderías, plantas procesadoras, bodegas y en algunos
64
casos, las embarcaciones, etc., para realizar estos actos de inspección, tal como
lo establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), con el objeto
de verificar que el producto con el que dispone, cuente con la documentación que
acredite su legal procedencia (avisos de arribo, avisos de cosecha, facturas,
inventario de existencia de especies en veda y actas de donación), de acuerdo a
lo establecido por la LGPAS, después de ello se procede a revisar física y
documentalmente el producto en existencia en el lugar, levantando acta de
inspección, y donde aquel producto que no pudiese demostrar la legal
procedencia, queda retenida precautoriamente, dejándose como depositario al
visitado, estos actos son los que el Reglamento de la Ley de Pesca (RLP), define
como Inspección a todas aquellas actividades efectuadas por personal
debidamente autorizado, que tenga por objeto verificar el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia pesquera en embarcaciones, instalaciones para
el procesamiento, almacenamiento, conservación y comercialización de productos
pesqueros, equipos, vehículos, artes de pesca y productos pesqueros, así como
toda la documentación que ampare la legal procedencia de los productos
pesqueros, (SEMARNAP, 1999).
La vigilancia, tiene la finalidad de desalentar, prevenir y al mismo tiempo combatir
la pesca ilegal, realizando recorridos, marítimos y terrestres (Reglamento de la Ley
de Pesca, 1999). Estos recorridos se realizan, dependiendo de la temporada de
captura de las diversas pesquerías de la zona como el camarón, almeja catarina y
almeja generosa, abulón, langosta, callo de hacha, tiburón, entre otras, en
65
periodos de veda de las especies, que en algunos casos son hechas las
denuncias por pescadores o denuncias anónimas.
Uno de los aspectos básicos para realizar estas acciones se procede a solicitar el
apoyo de seguridad de elementos (marinos) de la Secretaría de Marina-Armada
de México, del Ejército Mexicano o de Policías Federales, indicándoles que tipo de
recorrido se hará, y cuando se trata de operativo marinos, si se utilizarán
embarcaciones de los propios pescadores, de FONMAR o de la CONAPESCA,
dependiendo de la disponibilidad de los equipos; el destino y horario de los
recorridos dependía del recursos a vigilar, aunque durante el mismo se
encontraban a pescadores realizando la pesca ilegal de otro recursos, se tenía
que proceder a revisar y en su caso, levantar acta, retener producto y si este era
producto en veda, poner a disposición del Ministerio Público Federal, el recurso y
a los presuntos infractores, por cometer un delito ambiental, tal como está
establecido en los artículos 420 y 420 BIS del Código Penal Federal. (Código
Penal Federal). Como se mencionó anteriormente, estas acciones coercitivas son
empleadas para desalentar la pesca ilegal, pero que, sin embargo, no
necesariamente han dado resultados claros.
66
OFP’s y Oficiales de la SEMAR en acciones de Inspección y vigilancia en Bahía Magdalena.
Existe la dificultad para llevar a cabo las labores de inspección y vigilancia, porque
no existe una metodología para efectuarla, además de la incertidumbre a la que se
enfrentan, ejemplo de ello es caso siguiente: Durante un operativo en 2009, por la
mañana, partiendo de Puerto San Carlos, cuando OFP debían asistir a reunión de
trabajo con el Comandante de la SEMAR en Puerto Cortés, ubicado en la Isla
Margarita, para solicitar el apoyo de la “interceptora” (embarcación rápida de la
SEMAR), para recorridos posteriores, sucedió que durante el camino a Isla
Margarita, frente a Puerto Alcatraz, se encontraron cinco embarcaciones menores
con tres pescadores en cada una ellas, efectuando de manera la extracción de
callo de hacha, se levantaron cinco actas de inspección, derivado de diversas
infracciones a la LGPAS, entre las que se encuentran, no contar con permiso para
67
realizar la pesca, realizar la actividad con embarcaciones distintas de las
autorizadas, esto de acuerdo a lo manifestado por los infractores, debido a que
rentó el permiso a alguien que no lo trabaja, entre otras, de ahí que se diga que
existe complicidad por parte del sector organizado, “cooperativistas o
permisionarios”, con los pescadores ilegales.
Asimismo, ese mismo día, los mismos OFP, en recorrido nocturno, en zonas
donde frecuentemente se realiza la extracción ilegal de abulón, no se encontró a
ningún infractor, es en situaciones como esta, cuando se habla de la incertidumbre
en las acciones de inspección y vigilancia. Además lo OFP son víctimas en
muchos casos de amenazas y actos de violencia, debido a que la pesca ilegal,
otorga beneficios a quien la realiza y se ven afectados algunos intereses, de ahí
que la SEMAR, cumpla la función de protección de los OFP.
Realizar la inspección y vigilancia tiene un alto costo, no solo para quienes tienen
la facultad de hacerlo, sino también para aquellos pescadores que están
comprometidos a apoyar estas labores, tal como sucedió con el incendio de un
vehículo, propiedad de un asesor técnico de FONMAR, que apoyaba a los OFP’s
proporcionando información sobre los sitios de pesca y desembarque de los
denominados “guateros”.
68
Aunado a lo anterior, debido al incremento de la población a la comunidad de
Puerto San Carlos, principalmente de inmigrantes internos.2 que llegan a la zona
para incorporarse a la pesca de manera ilegal, también se presenta de manera
recurrente la presencia de “pescadores” de comunidades cercanas, más no
costeras, como Ramaditas, Insurgentes, María Auxiliadora, Jesús María y Cd.
Constitución, por nombrar algunas, y que cuya actividad era principalmente la
agricultura, que acceden a la zona costera por las múltiples brechas a la zona de
canales y manglares que hay de Puerto San Carlos hasta Puerto Adolfo López
Mateos y que no se asientan en campamentos, sino que van diariamente a la
zona, a extraer almejas, entre ellas, almeja catarina, principalmente, y debido a
que para extraer el callo de dicha almeja se debe llevar un proceso de “matado”,
este lo realizan en sus propias casas. Los trabajos de inspección y vigilancia
realizados por OFP, en casos como los anteriores, se ven rebasados por la pesca
ilegal, además de que la Ley no permite el ingreso a los hogares. También se
encontró que, si bien hay pescadores que apoyan a los OFP identificando las
zonas de mayor incidencia de pesca ilegal, en muchos de los casos, son ellos
mismos, quienes “facturan” y “enderezan” el producto y/o dan aviso a los
pescadores ilegales de los horarios de salida de vigilancia y la zona que se
pretende vigilar.
Se sabe por conversaciones con pescadores de la zona, que muchos de aquellos
cooperativistas o permisionarios que cuentan con permisos de pesca para la
2 Sudcalifornia es región de inmigrantes. De acuerdo a datos del INEGI (2010), en Baja California Sur, llegaron 73,920
personas de las cuales de cada 100 de ellas, 17 provienen de Sonora, 15 de Guerrero, 9 de Baja California, 8 del Distrito Federal y 6 de Jalisco, el resto de ellas de otros estados de la República,
69
captura de diversas especies, son “factureros”, esto es, venden facturas a quienes
realizan la pesca ilegal, lo cual les permite “enderezar” el producto, es decir,
hacerlo legal debido a que registran la producción, para poder demostrar la legal
procedencia del mismo, también mencionan, que en los casos de pesquerías que
se administran mediante cuotas de captura, como las almejas, por ejemplo, esas
mismas personas no reportan lo que en realidad capturan, aún cuando ese
producto que no pueden arribar, lo vendan más barato, por no contar con
“papeles” que demuestren su origen legal, lo que el PAI-INDNR denomina como
pesca no declarada. (FAO, 2001)
En entrevista con Germán Ponce D., representante de Pesca de Baja California
Sur, éste explicó, que los altos costos de ejecución [en la inspección y vigilancia]
siguen superando los rendimientos socioeconómicos de tales esfuerzos (Young,
2001). Aún con los altos costos de para realizar la inspección y vigilancias, a partir
de 2009, se implementó un “programa de apoyo”, denominado “soporte”, que la
CONAPESCA otorga a federaciones de cooperativas, para que se realicen de
manera coordinada con OFP’s acciones de inspección y vigilancia, solo para las
zona de Bahía Magdalena, se invirtió un total de $6,150,000 pesos
(Subdelegación de Pesca, en B.C.S.), sin incluir los sueldos de quienes realizan la
inspección (OFP’s), además de lo que FONMAR aportó para estas mismas
acciones, y sólo para el año 2009, se aprobaron recursos aproximadamente por la
cantidad $ 4,500,000, pesos, tan solo para Complejo Lagunar Bahía Magdalena-
Almejas. Si en este caso, ponemos en perspectiva el costo por acta levantada en
2009, ésta tiene un costo de $32,568, debido a que en 2009 se levantaron 327
70
actas, como se muestra en la tabla III, lo que representa un alto costo por las
acciones de inspección y vigilancia.
Pese a todos los esfuerzos en las acciones de inspección y vigilancia, podemos
decir que con la información disponible de parte de las dependencia encargadas
de inspección y vigilancia, la experiencia de recorridos de inspección y vigilancia,
tanto marítima como terrestre, obtenido por espacio de 8 años, de conversaciones
con pescadores, algunos interesados en la conservación de los recursos de los
que viven, otros no tanto, e incluso con los propios infractores, podemos decir, que
actualmente la inspección y vigilancia, tal como se realiza en estos momentos, aún
con la incorporación de más personal, (13 OFP en 2012), como instrumento para
lograr la sustentabilidad de las pesquerías, solo puede ser posible, si en las
actividades de inspección y vigilancia existe un compromiso de los pescadores
para respetar las cuotas autorizadas, dejar de pensar únicamente en la ganancia
actual o valor presente de los recursos, comenzar a pensar en el futuro, de evitar
la sobrepresca, en dar cumplimiento a la normatividad existente, en la
incorporación de nuevas reglas de manejo, donde los pescadores puedan
expresar y sustentar sus propuestas, no propuestas acomodaticias, donde exista
claridad en el manejo, en la declaración de capturas, en donde haya investigación
seria y completa de los recursos, donde se conjunten, todas la opiniones y se
consensen los acuerdos, donde exista voluntad política para respetar las medidas
de manejo propuestas por los pescadores organizados, siempre y cuando cuenten
con el sustento científico y legal. Pero también es importante mencionar, que es
imprescindible que se mejoren los operativos de inspección y vigilancia, que se
71
haga uso de la tecnologías con el propósito de hacer más eficientes estas
acciones, que exista una exhaustiva capacitación a OFP sobre la elaboración de
actas de inspección, con el fin de que no sean invalidadas; dar seguimiento
puntual a estas actas durante el procedimiento legal, ya sea de orden
administrativo o penal. Evaluar la efectividad de la inspección y vigilancia,
tomando en cuenta que un incremento en el número de actas levantadas no
significa que la pesca ilegal ha disminuido, sino al contrario, cuando el número de
operativos de inspección y vigilancia se igual a los años anteriores y haya menos
denuncias de pesca ilegal y actas de inspección levantadas, podrá decirse, si en
realidad esto funciona o no.
El aspecto más beneficioso de las medidas de aplicación es la prevención o
cumplimiento voluntario; en el cual la comprensión y aceptación de quienes más
pueden beneficiarse de estas iniciativas, es decir los pescadores, puede resultar el
medio más eficaz de conseguir su apoyo, compromiso e identificación con los
objetivos de la vigilancia. El cumplimiento voluntario tiene la gran ventaja de que
permite concentrar unos recursos costosos en actividades de especial interés y
efectuarlo en la forma más eficaz en función de los costos. Si se llegan a
comprender los principios en que se basa la legislación, los pescadores evitarán la
violación de estas leyes y reglamentos. Esta idea se puede reforzar con la
aprobación de leyes realmente aplicables y de sanciones oportunas (FAO, 1996).
72
IV. Uso o Abuso de los Recursos de Uso Común: el caso de
las pesquerías en Bahía Magdalena
En México los recursos marinos son propiedad original de la Nación, tal como se
establece en el Artículo 27 de la Constitución Política de los estados Unidos
Mexicanos, y es dicha autoridad quien otorga derechos de acceso a los recursos
mediante concesiones, permisos o autorizaciones (CPEUM). En Bahía Magdalena
el sector pesquero se conformó inicialmente por trabajadores del campo (1920-
1930) que migraron en temporadas de sequia, con la esperanza de encontrar una
mejor vida en el mar (Young, 2001).
El gobierno mexicano otorgó permisos a las primeras cooperativas pesqueras en
la península, su principal objetivo era el desarrollo de la industria del camarón en
otras regiones del continente (McGoodwin 1979a,1979b, 1987, 1989; McGuire
1983; McGuire y Greenberg 1993, citado por Young, 2001)., y fue hasta 1970
cuando amplió sus esfuerzos en Baja California Sur, alentando la formación de
cooperativas pesqueras, lo que hizo que la pesca comercial ribereña creciera
rápidamente en el estado(Sierra y Zepeda 1977, Rojas C. 1982; P. Avila 1985, 87;
Peon 1996 citado por Young, 2001). Como resultado de este crecimiento, Baja
California Sur absorbió una creciente afluencia de inmigrantes de otras regiones
del continente mexicano, que llegó a la región en busca de un mayor desarrollo
económico y de oportunidades de pesca, principalmente del Estado de Sinaloa
(Young, 2001).
73
A la luz de las políticas gubernamentales que impulsaron la sobrecapitalización y
la sobreexplotación de la pesquería de camarón en Sinaloa durante el mismo
período (McGuire y Greenberg, 1993; L. Vásquez y McGuire 1993, citado por
Young, 2001), la costa de Baja California Sur sirvió, en parte, como una válvula de
escape para aliviar las presiones pesqueras en ese estado (Young, 2001). Con la
expansión de la pesca comercial y el rápido crecimiento de la población pesquera
de la región, en la Bahía Magdalena, como en otras partes del estado trajo
consigo los consiguientes problemas de pesca, cada vez más restringida de los
recursos marinos y crecientes conflictos entre cooperativistas y pescadores libres
sobre el acceso a las pesquerías costeras (Young, 2001).
El número de pescadores también se incrementó, cuando la planta procesadora
de sardina que era paraestatal cambio a dominio privado, causando muchos
despidos, lo que dio como resultados que mucha de la gente que laboraba en esa
empresa se convirtieran en pescadores (Young, 2001). Hoy en día, la inmigración
interna continúa, Puerto San Carlos es la localidad de Municipio de Comondú con
mayor crecimiento, como se indica en la caracterización de la zona de estudio, y
llegan con la intención de integrarse al esfuerzo pesquero en la zona, y al no
contar con permisos para hacerlo de manera formal, forman parte de los
pescadores ilegales.
Dado que las actividades de pesca ilegales se han vuelto más arraigadas, ha
fomentado un comportamiento de complicidad local, ya que algunos pescadores
74
residentes de la zona participan actualmente en el mercado negro de especies
marinas (Young, 2001).
En la Bahía Magdalena confluyen no solo pescadores de pequeña escala o, mejor
llamados pescadores ribereños, para realizar la pesca sobre recursos, como el
camarón, jaiba, langosta, abulón, y una gran variedad de almejas, entre otras
pesquerías, sino que dicha zona también es compartida con embarcaciones
mayores para la pesquería de sardina, que en muchos casos, debido a las
grandes dimensiones de sus redes, no solo de longitud, sino por los metros de
caída y luz de malla de las mismas, y que son operadas en zonas someras de la
Bahía, a decir de pescadores de la zona, llegan a arrastrar el fondo marino,
llevándose con ellas todo lo que encuentran en el fondo marino. También es
conocido por todos los pescadores ribereños, que la forma de operar la red
magdalena I, única red de arrastre autorizada para trabajar camarón en esta
Bahía, la operan de manera incorrecta, convirtiéndola en un “chango”, (red de
arrastre prohibido), que termina destrozando el lecho marino.
Sin embargo, la certeza en el derecho de acceso no ha sido un factor fundamental
para que los integrantes de un grupo o localidad puedan cumplir con las reglas
internas para el manejo de los recursos marinos. No es el caso de lo que sucede
con esos mismos derechos de acceso con las sociedades cooperativas de la
región pacífico norte del Baja California Sur, que aún cuando se encuentran
aisladas, han desarrollado y mantenido economías fuertes, con prestaciones de
calidad para sus miembros y que han adoptado una serie de regulaciones para las
75
especies a las cuales tienen derecho y, por el contrario, en Bahía Magdalena las
cooperativas han sido objeto de la presión demográfica y la pesca ilegal, factores
que se han convertido en su peor amenaza (COBI).
Por las características del Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Almejas, debido a
que cuenta con una gran variedad de pesquerías y muchos y diversos tipos de
usuarios, resulta complejo de manejar, y esencial diseñar y proponer mecanismos
de regulación y de gobierno igualmente complejos para ese tipo de sistemas
(Ostrom, 1995). Esto podría darse con un cambio en el esquema de uso o
propiedad (permisos por concesiones), donde los usuarios (locales) sientan como
propio e inviertan sus esfuerzos en conservar los recursos, pero como continua
señalando Ostrom (1995), la propiedad total implica el control absoluto sobre el
acceso y el uso de los recursos, y otorga la capacidad de preservarlo para su
venta pero también ocurre el riesgo de su destrucción.
Ostrom (1995) señala que la mayoría de los ambientes complejos,
interdependientes y con una gran carga de incertidumbre, donde los individuos
enfrentan continuamente serios incentivos, alicientes o tentaciones para actuar de
manera oportunista (pesca ilegal), como es el caso de la zona de Bahía
Magdalena, se requiere que de instituciones robustas.
El sector pesquero de Bahía Magdalena, tanto, del sector social y privado se
encuentra organizado en federaciones de cooperativas y/o uniones de
permisionarios, pero al interior de de esas mismas organizaciones o entre cada
76
una de ellas existen intereses diversos, sin embargo, regularmente tienen
coincidencias, cuando se trata de recursos de gran valor comercial, tal es el caso,
del recurso Almeja Generosa, que siendo una pesquería relativamente nueva,
(INAPESCA, 2010), en los últimos años se ha incrementado el reclamo de los
pescadores por extraer más recurso del recomendado por la autoridad, sin tomar
en cuenta por ejemplo, que debido a que aún no se tiene conocimiento completo
de la biología de la especie en cuestión, la pesquería se maneje con enfoque
precautorio (FAO, 1995). Argumentando las grandes necesidades que tiene el
sector. Con ello demuestran que quieren una tasa de descuento alta hoy, pero aún
así obtener beneficios en el futuro y continúan con las prácticas de complicidad y
de pesca ilegal.
Tratándose del manejo la pesquería de almeja generosa, se han logrado acuerdos
de manejo entre el sector pesquero involucrado y las autoridades competentes en
materia pesquera, sin embargo son los propios pescadores, quienes rompen las
reglas y no cumplen con los compromisos, presionando a la autoridad para que se
le autorice a extraer más recurso del autorizado. Como se ha podido ver en
diversas ocasiones, principalmente para las pesquerías como almeja generosa,
así como en las reuniones de Subcomité de Recursos Pesqueros del Municipio.
Cuando dichas condiciones se dan, es fácil pensar que, la "tragedia de los
comunes" ocurrirá, por lo tanto, en recursos comunes del libre acceso donde los
involucrados y/o autoridades externas no establezcan un régimen efectivo de
manejo (Ostrom, 1997).
77
Y con el objeto de que no ocurra la “tragedia”, Ostrom plantea que los recursos
comunes de libre acceso (pesquerías en Bahía Magdalena, para este caso), los
involucrados y las autoridades deben establecer unas reglas adecuadas de
manejo (uso), donde se regule:
1. Quien está autorizado para apropiarse de los recursos (Definición de
límites, “primer paso” de la organización colectiva).
2. Cuando, cuanto, donde y como se dará dicha apropiación (Reglas
adecuadas).
3. Quien está obligado a contribuir para dar o mantener el sistema de
aprovechamiento (Participación de todos los involucrados).
4. Supervisión, seguimiento y vigilancia de las actividades de apropiación.
5. Sanciones.
6. Mecanismos accesibles para la resolución de los conflictos de apropiación.
7. Reconocimiento del derecho a organizarse (reconocimiento a sus formas de
organización por parte de autoridades externas).
8. Empresas anilladas. (Donde la apropiación, provisión, supervisión,
penalización, resolución de conflictos y gestión, se organizan en niveles
múltiples empresas anidadas).
Este último punto para los recursos comunes que forman parte de sistemas más
amplios (Ostrom 1997).
78
Seijo (1997) señala que el manejo pesquero es un proceso complejo, que
demanda la integración de varias disciplinas, como la biología, la ecología con los
factores socioeconómicos e instituciones que afectan el comportamiento de los
usuarios (pescadores) y de los responsables de su administración. Y continúa
señalando que la razón por lo que los recursos pesqueros se encaminan a la
sobreexplotación se debe a las características inherentes que definen al recurso y
a la pesquería en que este se soporta. Y describe cuales son estas características
inherentes al los recursos pesqueros:
1. Optima asignación de los recursos (derechos de propiedad) y que pueden
ser: completamente específicos, exclusivos, transferibles y efectivamente
vigilables.
2. Regímenes de propiedad, esto es, propiedad del estado, propiedad privada,
propiedad común y acceso abierto
3. Externalidades, como de stock, aglomeración, tecnológicas, secuenciales,
incidentales, de interdependencia ecológica, de coexistencia competitiva,
de interdependencia trófica y la tecno-ecológicas.
4. Altos costos de exclusión (Por la naturaleza de ciertos recursos, el
pescador no se beneficia posponiendo su captura, ya que otro pescador
puede capturarlos.
5. Trampa social, donde sin un acuerdo para limitar las capturas, la reducción
de las tasas de aprovechamiento de un pescador disminuirá los costos de
extracción de otros pescadores, por lo que cada pescador incrementará su
tasa de captura y por tanto contribuirá al colapso de la pesquería. El
rendimiento sustentable de una pesquería sería una posibilidad solo,
79
cuando el número de pescadores que asigne su esfuerzo pesquero esté
condicionado por las regulaciones que limiten la entrada a una pesquería.
Esto es, si la inspección y vigilancia es efectiva, “ya que un derecho no
vigilable es un derecho vacío”.
6. Usuarios no contribuyentes (involuntarios e intencionales), es decir,
aquellos usuarios que por un lado comprenden los catastróficos resultados
que pudiera tener la pesquería, cuando no confía en que los otros
pescadores actuaran con respeto a las reglas. Así como aquellos que
importa las reglas, realizan la extracción, corriendo el riesgo de ser
atrapados. En algunos casos, piensan que salen más barato ser ilegal, que
legal, a decir de muchos pescadores.
7. Altos costos de transacción, como lo son, los costos por la investigación, la
vigilancia y contractuales (costo de las cooperativas).
Por tanto, cuando se habla de que la Inspección y vigilancia como una
herramienta importante para la ordenación pesquera y que contribuye a la
sustentabilidad de las pesquerías, se hace en el supuesto de que aquella cumple
su función, de prevenir, desalentar y evitar la P-INDNR. además de toma en
cuenta que forma parte del manejo integral de las pesquerías y de la instituciones
(organizaciones de pescadores y dependencias) porque de continuarse con el
mismo patrón de conducta capturando de manera ilegal, o no declarando lo
capturado, no solo los recursos de alto valor, sino todos en general, debido a que
todos los recursos ahí capturados forman parte del mismo ecosistema, y ya que
no se encuentran estructuradas formas adecuadas de manejo de los recursos,
80
parecería ser que para el caso de las pesquerías en Bahía Magdalena se seguiría
cumpliendo la “…máxima conservadora según la cual, la propiedad de todos es la
propiedad de nadie. Nadie valoriza la riqueza que es gratuita para todos, porque el
que es suficientemente arriesgado para esperar que llegue el tiempo propicio para
su uso, sólo encontrará que ese recurso ya fue tomado por otro….Los peces en el
mar no tienen valor para el pescador, porque no hay ninguna garantía de que
estarán esperándolo mañana si hoy los deja ahí…” (Gordon, 1954. Citado por
Ostrom, 1990).
Las reglas de uso varían en cada caso, debido a ello, la sustentabilidad de los
recursos y de las instituciones que las regulan no puede ser explicada por la
presencia y ausencia de ciertas reglas particulares. Se deben tomar en cuenta las
características de los recursos, además de las distintas visiones, las relaciones
económicas y políticas de cada región (Ostrom, 1995).
Debido a que los propios pescadores desean, como algunos me lo han señalado,
“que la Bahía les dure”, es importante que se reconsideren nuevas alternativas,
para el manejo de los recursos en Bahía Magdalena, donde se apoyen la por parte
de las instituciones los mecanismos de control de los propios productores y se
promueva la formación de grupos de las comunidades para que contribuyan a la
administración y protección de los recursos con el objetivo de lograr alcanzar
mayores beneficios económicos para el sector pesquero, cumpliendo la
normatividad y buscando siempre la sustentabilidad de las pesquerías.
81
Un paso para robustecer dichas instituciones es lo planteado en la LAGPAS, que
como instrumento de política pesquera, la Federación favorecerá la creación de
mecanismos de control de los productores, apoyados por el conocimiento
tradicional de los sistemas de manejo, y promoverá la formación de grupos
comunitarios que coadyuven a la administración de dichos recursos, tomando
como base los principios rectores que de esa misma Ley (SAGARPA-LGPAS,
2007).
82
Conclusiones y recomendaciones
Alentar y reconocer la organización de los pescadores para el manejo integral de
los recursos y la sustentabilidad de las pesquerías, requiere no solo del esfuerzo
de los propios pescadores, sino también de la instancias gubernamentales, y
secundadas por las organizaciones de la sociedad civil, haciendo énfasis en la
importancia de dicha organización para lo protección y conservación de los
recursos de los que ellos y sus familias viven, dándole a conocer, con ejemplos
prácticos de realizar dichas acciones y cuál será el costo-beneficio de mantener
una tasa de descuento más baja en aras de continuar con la pesquería por lago
tiempo, evitando el colapso de la pesquería.
Debido a que en el Estado hay diversos recursos que desde hace ya varios años
se aprovechan mediante cuotas de captura, es preciso dar certeza jurídica sobre
la propiedad de los recursos pesqueros a través de concesiones colectivas. Esto
traería como consecuencia, obligaciones tales como cuidar sus recursos y realizar
repoblaciones de las especies que se aprovechen.
La importancia que tiene la inspección y vigilancia para el buen manejo de los
recursos, solo rendirá frutos y si los involucrados asumen la importancia del
compromiso de cumplir las reglas que para ello se establecen, y que las
autoridades que la realizan como parte de las facultades que le otorga la
legislación se vea complementada con la participación activa de los involucrados,
respetando, sin intervenir, los actos que sobre pesca ilegal se realicen. Admitiendo
83
que no habrá nunca suficiente personal autorizado de pesca para cuidar los
recursos de los cuales ellos son los beneficiados, evitando complicidades para
obtener mayores beneficios a costa de los demás. Admitiendo que la inspección y
vigilancia tal y como se realiza hoy día, no podrá lograr el objetivo para el cual fue
implementada. Se requiere de voluntades políticas de los gobiernos tanto
federales, estatales como municipales y el compromiso del sector pesquero para
realizar la actividad pesquera para conducirla a la sustentabilidad.
Debido a que en Bahía Magdalena son diversas las pesquerías y los usuarios,
sería conveniente que los esquemas de manejo se realizaran por pesquería del
mismo cuerpo de agua, con la colaboración de un grupo de estudio
multidisciplinario y donde participen únicamente los titulares de los permisos o
concesiones, como tales, no como representantes del sector en general, y se
realicen programas de trabajo en conjunto donde se analicen, desde la biología y
dinámica de la especie, artes y métodos de pesca, buenas prácticas de manejo
del recurso, procesamiento y comercialización de los productos, hasta darle
seguimiento a los productos desde su origen hasta su consumidor final
(trazabilidad), la posibilidad de certificar las pesquerías, donde el resultado de este
trabajo sea sancionado y publicado como plan de manejo participativo de la
pesquería en cuestión. Otras acciones relevantes podrían incluir:
Otorgar “programas de apoyo” federales a quien garantice que se invierta
en innovación y desarrollo de tecnología para el mejoramiento de las artes
de pesca y métodos de pesca. Además de no otorgar éstos aquellas
84
organizaciones y/o personas que hayan cometido delitos de pesca ilegal, no
declarada y delitos ambientales. Además, de que debe darse constante
seguimiento a los apoyos a la infraestructura, con el fin de evitar que se
construyan “elefantes blancos”, y que se garantice su operación en el
proceso de agregación de valor de los recursos, teniendo en cuenta la
normatividad en materia de sanidad e inocuidad.
Orientación y capacitación al sector pesquero sobre buenas prácticas para
el manejo de las capturas y para el desembarco de las mismas, así como
para el procesamiento, también sobre aspectos de comercialización, a
través de la banca de desarrollo o de instituciones federales, estatales o de
la sociedad civil, y sean apoyados en la búsqueda de nuevos mercados
para los productos de valor agregado. Incluyéndose la capacitación para
comprender y participar de la importancia del enfoque ecosistémico de las
pesquerías y de la importancia del co-manejo.
Invertir en investigación sobre el estado de los recursos, y en estudios de
investigación y evaluaciones de recursos que tengan potencial de
desarrollo, con el objeto de diversificar la pesca y evitar la sobreexplotación
de las pesquerías comerciales que actualmente se llevan a cabo.
Hacer uso de la tecnología en las acciones de inspección y vigilancia, para
aumentar la eficiencia de dichas labores y reducir costos. Si bien es cierto
85
que se dio un paso en este sentido, al hacer uso del sistema de monitoreo
satelital para embarcaciones menores; es preciso, debido a las dificultades
que conlleva la pesca ribereña, recurrir a estas misma tecnología para las
embarcaciones menores, donde se puedan localizar y mantener el control
en la instalaciones de las oficinas estatales de la CONAPESCA, con
personal especializado.
Consolidar en una sola dependencia, como organismo autónomo, con
personal jurídica y patrimonio propios, todo aquello relacionado con la
inspección y vigilancia sobre asuntos pesqueros y ambientales.
Promover de manera ordenada la acuacultura, como alternativa para evitar
la sobreexplotación y contribuir con productos de calidad a la seguridad
alimentaria.
La puesta en marcha de este tipo de recomendaciones dentro de un programa
integral de manejo de las pesquerías de la zona sería el camino a seguir para
incrementar las posibilidades de lograr un mayor grado de sustentabilidad de estas
actividades en la zona de estudio.
86
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98
Anexos
99
ANEXO 1
TEORÍAS EN LA DEFINICIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE (Gallopin, 2006)
TEORIA CARACTERIZACION DEL DESARROLLO SUSTENTABLE
Neoclásica-equilibrio Bienestar no decreciente (antropocéntrico); crecimiento sostenible basado en la tecnología y en la sustitución; optimiza
las externalidades ambientales; mantiene el acervo agregado de capital natural y económico; los objetivos individuales
prevalecen sobre las metas sociales; la política se aplica cuando los objetivos individuales entran en conflicto; la política
de largo plazo se basa en soluciones de mercado.
Neoaustriaca-
temporal
Secuencia teleológica de adaptación consciente y orientada al logro de las metas; previene los patrones irreversible;
mantiene el nivel de organización (negentropía) del sistema económico; optimiza los procesos dinámicos de extracción,
producción, consumo, reciclaje y tratamiento de desechos.
Ecológica-evolutiva Mantiene la resiliencia de los sistemas naturales, contemplando márgenes para fluctuaciones y ciclos (destrucción
periódica); aprende de la incertidumbre de los procesos naturales; no dominio de las cadenas alimentarias del humano;
fomento a la diversidad genética/biótica/ecosistémica; flujo equilibrado de nutrientes en los ecosistemas.
Tecnológico-
evolutiva
Mantiene la capacidad de adaptación co-evolutiva en términos de conocimientos y tecnología para reaccionar a la
incertidumbre; fomenta la diversidad económica entre actores, sectores y tecnologías
Físico-económica Restringe los flujos de materiales y energía hacia y desde la economía; metabolismo industrial basado en política de
cadena materiales-producto: integración de tratamiento de desechos mitigación, reciclado, y desarrollo de productos.
Biofísico-energética Estado estacionario con transflujo de materiales y energía mínimo; mantiene el acervo físico y biológico y la biodiversidad;
100
transición a sistemas energéticos que producen un mínimo de efectos contaminantes.
Sistémico-ecológica Control de los efectos humanos directos e indirectos sobre los sistemas humanos; minimización de los factores de
perturbación de los ecosistemas.
Ingeniería ecológica Integración de las ventajas humanas y de la calidad y funciones ambientales mediante el manejo de los ecosistemas;
diseño y mejoramiento de las soluciones ingenieriles entre la economía, la tecnología y los ecosistemas; aprovechamiento
de la resiliencia, la autorganización, la autoregulación y las funciones de los sistemas naturales para fines humanos.
Ecología humana Permanencia dentro de la capacidad de carga; escala limitada de la economía y la población; consumo orientado a la
satisfacción de las necesidades básicas; ocupación de un lugar modesto en la red alimentaria del ecosistema y la
biosfera; tiene siempre en cuenta los efectos multiplicadores de la acción humana en el tiempo y el espacio.
Socio-biológica Conservación del sistema cultural y social de interacciones con los ecosistemas; respeto por la naturaleza integrado a la
cultura; importancia de la supervivencia del grupo.
Histórico-institucional Igual atención a los intereses de la naturaleza, los sectores y las generaciones futuras; integración de los arreglos
institucionales en las políticas económicas y ambientales; creación de apoyo institucional de largo plazo a los intereses de
la naturaleza; soluciones holísticas y no parciales, basadas en una jerarquía de valores.
Ético-utópica Nuevos sistemas individuales de valor (respeto por la naturaleza y las generaciones futuras, satisfacción de las
necesidades básicas) y nuevos objetivos sociales (estado estacionario); atención equilibrada a la eficiencia, distribución y
escala; fomento de actividades en pequeña escala y control de los efectos secundarios; política de largo plazo basada en
valores cambiantes y estimulante del comportamiento ciudadano (altruista) en contraposición al comportamiento
individualista (egoísta).
Fuente: Berg y Jeoren, 1996, citado por Gallopín, 2006.
101
ANEXO 2
SERIE HISTORICA DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION, EN TONELADAS
BAJA CALIFORNIA SUR
* Cifras preliminares
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ABULON 350 348 387 566 436 464 511 491 447 341
ALMEJAS 5,362 12,282 9,313 21,084 18,898 21,336 18,697 21,515 9,668 16,759
CALAMAR 55,936 63,895 43,498 49,603 37,230 43,820 41,539 49,452 24,459 38,635
CAMARON 710 723 790 1,118 1,498 1,442 1,593 965 1,180 1,194
ESCAMA 9,877 10,883 13,625 16,085 12,289 12,727 13,781 12,764 16,000 15,167
LANGOSTA 1,367 1,547 1,666 1,340 1,345 1,455 1,202 1,487 1,414 1,365
SARDINA 1,044 1,067 1,262 1,614 1,592 1,023 1,222 1,050 1,533 1,371
RAYAS Y SIMILARES 62,055 77,107 72,843 66,723 65,994 76,225 93,801 74,707 65,647 58,668
TIBURON Y CAZON 2,577 2,260 2,607 3,365 2,757 1,794 2,389 2,405 2,713 3,398
TUNIDOS 13,826 4,771 19,136 5,300 7,591 1,759 3,309 3,267 1,707 638
OTRAS ESPECIES 21,858 5,875 7,047 8,750 6,900 6,803 7,029 7,019 7,841 5,898
TOTAL PESCA 174,962 180,759 172,174 175,547 156,530 168,849 185,072 175,123 132,610 143,434
PRODUCCION ACUICOLA
ALMEJA 110 2 5 8 - 9 0.25 1 2 -
ATUN - - - - 379 125 - - - -
CAMARON - 215 278 853 1,992 3,218 3,157 2,891 3,252 4,170
ESCAMA - 2 2 7 0.43 24 40 0.27 - -
LANGOSTA - - - - - 2 5 - - -
PERLA - - - 0.02 - 0.05 - 0.22 - -
OSTION 386 211 324 541 422 320 479 321 398 665
TOTAL ACUACULTURA 496 431 609 1,408 2,793 3,698 3,681 3,213 3,652 4,836
TOTAL GENERAL 175,458 181,190 172,783 176,955 159,323 172,547 188,753 178,336 136,262 148,270
ESPECIEPESO VIVO (toneladas)
Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S. Elaboración propia.
102
ANEXO 3
SERIE HISTORICA DEL VALOR DE LA PRODUCCION, EN MILES DE PESOS
BAJA CALIFORNIA SUR
* Cifras preliminares
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ABULON 29,971 23,186 28,548 31,851 35,927 42,546 50,514 50,918 43,721 34,947
ALMEJAS 28,935 65,625 49,002 105,782 111,509 126,576 113,021 145,233 104,460 140,033
CALAMAR 49,074 60,799 43,639 62,943 45,390 58,420 56,421 66,529 32,771 106,529
CAMARON 27,820 29,102 30,504 41,811 52,354 46,315 43,427 39,049 41,075 46,176
ESCAMA 73,838 80,794 97,578 91,662 99,984 118,222 123,899 121,944 157,938 159,486
LANGOSTA 75,777 82,096 105,021 100,258 105,248 121,629 116,299 168,206 175,476 182,373
SARDINA 4,086 4,326 5,255 5,694 7,193 5,127 7,573 6,559 9,581 8,936
RAYAS Y SIMILARES 23,951 54,759 45,296 36,751 66,065 115,334 79,247 70,807 65,501 52,535
TIBURON Y CAZON 16,462 15,660 17,865 19,406 21,744 13,482 20,488 22,777 22,680 28,295
TUNIDOS 107,794 43,195 148,093 44,226 67,614 18,565 32,782 43,604 18,838 5,828
OTRAS ESPECIES 125,056 32,586 47,017 64,382 72,602 70,124 71,277 75,956 73,856 71,384
TOTAL PESCA 562,765 492,129 617,818 604,765 685,630 736,340 714,948 811,581 745,898 836,524
PRODUCCION ACUICOLA
ALMEJA 746 103 95 72 - 151 2 55 20 -
ATUN - - - - 26,160 10,320 - - - -
CAMARON - 8,898 12,146 33,459 59,524 110,000 130,018 121,144 126,568 179,503
ESCAMA - 85 25 196 28 1,436 2,186 11 - -
LANGOSTA - - - - - 230 681 - - -
PERLA - - - 16 - 4 - 9 - -
OSTION 4,964 3,128 4,634 8,075 8,057 5,270 8,068 5,582 6,344 10,883
TOTAL ACUACULTURA 5,711 12,214 16,900 41,818 93,769 127,411 140,954 126,800 132,932 190,386
TOTAL GENERAL 568,476 504,343 634,718 646,583 779,399 863,751 855,902 938,381 878,830 1,026,910
VALOR (Miles de pesos)ESPECIE
Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S. Elaboración propia.
103
ANEXO 4
SERIE HISTORICA DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN, EN TONELADAS
MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR
* Cifras preliminares
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ABULON 22 19 23 32 35 44 45 54 62 39
ALMEJAS 3,443 10,204 7,114 17,184 15,983 17,989 15,220 16,438 5,340 13,501
CALAMAR 26 282 11 898 4,603 1,698 2,138 817 516 19,200
CAMARON 569 583 712 1,047 1,398 1,372 1,560 865 1,119 1,173
ESCAMA 3,512 3,459 5,712 6,298 4,459 4,825 5,534 4,161 7,188 6,342
LANGOSTA 87 125 149 109 63 82 77 75 126 179
SARDINA 61,956 76,838 72,739 66,710 65,987 76,200 93,528 74,219 63,862 52,804
RAYAS Y SIMILARES 494 384 615 779 822 393 597 401 845 777
TIBURON Y CAZON 638 513 1,106 1,627 1,342 927 1,418 1,284 1,427 1,986
TUNIDOS 13,229 4,405 19,084 5,263 7,496 1,642 3,038 3,156 1,658 437
OTRAS ESPECIES 681 794 2,028 2,417 1,470 938 1,736 1,811 1,636 1,906
TOTAL PESCA 84,657 97,606 109,293 102,365 103,659 106,110 124,892 103,281 83,778 98,343
PRODUCCION ACUICOLA
ATUN - - - - 16 - - - - -
CAMARON - 191 141 504 177 17 235 - - -
ESCAMA - 2 2 7 - - - - - -
OSTION 52 2 2 19 26 33 47 23 56 59
TOTAL ACUACULTURA 52 195 145 529 2,182 50 282 23 56 59
TOTAL GENERAL 84,709 97,801 109,438 102,894 105,841 106,159 125,174 103,304 83,834 98,401
PESO VIVO (toneladas)ESPECIE
Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S. Elaboración propia.
104
ANEXO 5
SERIE HISTORICA DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN, EN MILES DE PESOS
MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR
* Cifras preliminares
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ABULON 1,275 1,473 1,633 2,419 3,411 4,626 5,089 6,994 7,700 4,540
ALMEJAS 13,901 50,335 32,882 75,616 81,074 93,545 77,599 100,468 62,085 101,511
CALAMAR 28 271 11 950 6,896 3,235 3,821 1,848 1,398 54,165
CAMARON 19,413 21,990 26,862 39,182 47,502 43,170 42,058 35,077 39,127 45,374
ESCAMA 19,840 19,124 31,200 26,331 27,774 37,521 40,634 31,209 61,268 40,298
LANGOSTA 4,540 7,142 8,811 7,183 5,260 7,119 8,816 9,731 15,261 23,980
SARDINA 23,662 52,920 45,216 36,487 66,027 115,267 78,886 69,825 62,714 45,717
RAYAS Y SIMILARES 1,867 1,231 2,200 2,361 2,830 1,284 3,569 2,316 4,676 3,919
TIBURON Y CAZON 3,981 3,841 7,764 9,883 9,503 5,984 12,012 11,210 9,753 14,082
TUNIDOS 103,567 41,091 147,925 44,139 67,069 18,184 30,586 43,189 18,600 4,590
OTRAS ESPECIES 9,252 11,127 21,543 27,746 31,614 31,180 34,517 33,354 23,919 50,093
TOTAL PESCA 201,327 210,545 326,047 272,298 348,960 361,115 337,586 345,221 306,501 388,268
PRODUCCION ACUICOLA
ATUN - - - - 572 - - - - -
CAMARON - 7,653 6,090 18,262 6,991 761 13,876 - - -
ESCAMA - 85 25 196 - - - - - -
OSTION 278 27 34 113 114 190 674 39 255 1,057
TOTAL ACUACULTURA 278 7,765 6,149 18,570 7,678 951 14,550 39 255 1,057
TOTAL GENERAL 201,606 218,311 332,196 290,868 356,638 362,066 352,136 345,260 306,756 389,324
ESPECIEVALOR (Miles de pesos)
Fuente: Subdelegación de Pesca en B.C.S. Elaboración propia.
105
ANEXO FOTOGRAFICO
Campamentos pesqueros fijos
Sitios de desembarque de embarcaciones de pesca ilegal
106
Abandono de embarcaciones con que se realiza pesca ilegal
Abandono de embarcaciones en zonas de canales
107
Abandono de embarcaciones en las zonas de manglares
Imagen de viviendas de Puerto San Carlos, Municipio de Comondú
108
“Las Casitas”, sitio de desembarque en Puerto San Carlos
Zona de canales que dificulta las tareas de inspección y vigilancia
