No al conflicto de interés en Cruzada contra el Hambre9 abril 2013. La inclusión de las empresas de PepsiCo y Nestlé en la Cruzada contra el Hambre representa un profundo conflicto de interés que debe ser evitado, ya que ambas empresas tienen responsabilidades en dos epidemias que enfrenta México: la diabetes y la obesidad, señalaron expertos.

Patti Rundall, activista inglesa y líder de la Coalición Internacional Contra el Conflicto de Interés señaló que el objetivo de las empresas es aumentar sus ingresos, ganancias y participación de mercado, por ello aunque se presentan como aliadas del gobierno, en realidad se dedican a bloquear iniciativas gubernamentales para evitar que las controlen, tal es el caso de la publicidad en alimentos procesados o refrescos.

Al referirse específicamente a la Cruzada, Rundall, quien recibió el reconocimiento del Orden del Imperio Británico por su labor, advirtió que “la sociedad” que anunció el gobierno mexicano con las empresas es altamente riesgosa, ya que les está permitiendo a las empresas tener una penetración directa en las comunidades y poniendo incluso en riesgo, la comida y costumbres tradicionales. “Esa sociedad puede lucir bien desde fuera, pero es una trampa en sí misma”.

Por su parte, Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor señaló que el conflicto de interés se puede dar de mucha maneras, por ejemplo, cuando los funcionarios públicos están vinculados a los intereses de las empresas, debido a experiencias profesionales previas.

“Este tipo de acuerdos (el de la Cruzada contra el Hambre) genera conflictos de interés desde el momento en que el Estado se asocia con entidades de interés privado que tienen que ver con el problema que se está enfrentando. En la

Cruzada estamos hablando de un tema de malnutrición, por un lado, y obesidad, por otro. Las empresas que firman el acuerdo tienen que ver directamente con el objetivo de este programa, es una contradicción y un error que debe ser subsanado”.

Tanto Rundall como Calvillo recordaron que en el Programa “Hambre Cero” de Brasil, Nestlé también intento formar parte de esta iniciativa, pero la presión social obligó a las autoridades a dar marcha atrás.

Señalaron que en Brasil el mensaje fue claro: el hambre no puede combatirse con comida chatarra.

“El estado está abdicando de su obligación de proteger el derecho a la salud y a la alimentación, incluso deja en manos de Nestlé la educación en nutrición en las comunidades más pobres del país para que 15,000 mujeres promuevan sus productos y orienten al resto de la comunidad al consumo de sus productos. Incluso, el gobierno está entregando los servicios subsidiados de las 25,000 tiendas de Diconsa para distribuir sus productos. Esto va en sentido totalmente contrario a lo que se estableció en la Cruzada de distribuir alimentos saludables y fortalecer la producción local de alimentos”, señaló Alejandro Calvillo.

Los especialistas señalaron que no se entendía como se hacían estos acuerdos sin antes contar con el comité científico que la Cruzada establece como instancia asesora. “No existe comité científico libre de conflicto de interés que pueda avalar estos acuerdos con la industrial”, añadieron.

Al hablar sobre el conflicto de interés en el desarrollo de políticas públicas en México, Eduardo Bohórquez, Director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México, señaló que es importante puntualizar que establecer un mecanismo para evitar el conflicto de interés es para todas las industrias, para todas las discusiones legislativas y para todas la ramas del gobierno y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Al explicar que los funcionarios públicos no sólo deben presentar su declaración patrimonial, sino también combinarla con una declaración de interés. “Tanto para el tema de nutrición como para la vida de esta República, será muy importante darle la vuelta a los relojes y cuadros lujosos y empezar a pensar en el tema de fondo que son los temas de conflicto de interés”.

Añadió que por eso es tan importante debatir tanto en los nombramientos de las comisiones reguladoras y cuerpos colegiados.

Por su parte, Guillermo Ávila, investigador de Fundar, coincidió en que la transparencia y rendición de cuentas, así como evitar el conflicto de interés, es de beneficio para todos los actores, porque por un lado la ciudadanía tiene acceso a toda la información, y por otro, las autoridades se quitan ese velo de sospecha.

Patti Rundall es directora de Incidencia de Baby Milk Action, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es salvar vidas y acabar con el sufrimiento causado por la inapropiada alimentación del infante, mediante el fortalecimiento de regulaciones de publicidad de la industria. Además, es co-presidenta de la red global IBFAN (La Red Internacional de Grupos de pro Alimentación), compuesta por más de 273 de grupos de interés público trabajando en 168 países para reducir la morbilidad y mortalidad del lactante y del niño pequeño. Es fundadora de la Coalición de Conflicto de Interés, que agrupa a 160 organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de salvaguardar las políticas públicas en materia de salud de los conflictos de interés comerciales. Ha encabezado diversas campañas en torno a prácticas empresariales, incluyendo el boicot a Nestlé en 20 países, asistiendo a la reunión anual de accionistas para desafiar a la empresa.

Empresas obstaculizan reducción de obesidad

27 noviembre 2012. Sólo los países en los que el Estado ha asumido la responsabilidad de regular la publicidad, el etiquetado y la presencia de alimentos procesados y bebidas en las escuelas, es donde se ha logrado enfrentar la obesidad, señalaron expertos internacionales en nutrición, salud pública y legislación al participar en el foro “Obesidad: Alternativas y obstáculos para la Salud Pública en América Latina”.

En este encuentro, los expertos miembros del poder ejecutivo y del legislativo y organizaciones civiles de diversos países de América Latina abordaron los avances, obstáculos y posibilidades para combatir la obesidad, que se ha convertido en el mayor problema de salud pública en gran parte de la región.

Los participantes señalaron la necesidad de implementar ordenamientos, señalando que la autorregulación empresarial

no cumple la función del Estado de garantizar el derecho a la salud pública. Se pronunciaron por la necesidad de garantizar que en las escuelas sólo existan alimentos y bebidas saludables, que se prohíba la publicidad de productos no saludables dirigida a la infancia y se establezcan etiquetados obligatorios que realmente orienten a los consumidores y adviertan los riesgos que representan el consumo regular de este tipo de productos.

El senador Guido Girardi de Chile y el diputado Jaime Delgado de Perú, junto con el ministro de Educación Pública de Costa Rica, Leonardo Garnier, coincidieron en la necesidad de que las políticas públicas se diseñen por expertos libres de conflicto de intereses y fuera de la influencia de los objetivos empresariales, explicando que debe prevalecer el derecho a la salud por encima de intereses económicos empresariales.

“Es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, de los padres y madres, de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales, pero sobre todo de los gobiernos: generar tanto los entornos adecuados como las regulaciones indispensables para frenar y revertir esta tragedia. No es un reto fácil, ya que implica no sólo enfrentar una enorme maquinaria de mercadeo y una cultura muy poderosa de consumo fácil y cómodo, sino también intereses muy fuertes que se resisten a cualquier tipo de regulación efectiva. La epidemia, sin embargo, es tan evidente, que poco a poco la sensatez empieza a prevalecer”, señaló el ministro costarricense Leonardo Garnier.

El funcionario añadió que se vive una epidemia cuyas consecuencias no se verán en el futuro sino que se están viendo hoy, con niños y niñas obesos, diabéticos y con síndrome metabólico, entre otras enfermedades.

Por su parte, el senador Girardi alertó que las empresas que venden comida chatarra se han transformado en las tabacaleras del siglo XXI que fundan su estrategia en la publicidad engañosa, en etiquetados crípticos imposibles de comprender a través de usar el azúcar y la sal dirigida fundamentalmente a los niños. “Estamos cableados neurológicamente para buscar la sal y el azúcar, al igual que en el tabaco, una persona adulta que no se ha hecho adicta a la sal, la grasa y el azúcar es muy difícil que lo haga posteriormente. Toda la estrategia de las empresas está dirigida a los niños para hacerlos adictos a la comida chatarra, igual que las tabacaleras”, señaló.

El legislador explicó que casi dos tercios de las muertes hoy día corresponden a infartos, accidentes vascular, cáncer,

complicaciones de la hipertensión y la diabetes, y gran parte de la carga de enfermedad, como la depresión, la artrosis, osteoporosis, están relacionadas con los estilos de vida, particularmente con el consumo de alimentos que son altos en azúcar, grasas y sal y la falta de actividad física.

El diputado Delgado, quien también es Presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento Latinoamericano, explicó que se debe entender que la alimentación está directamente relacionada con la salud de la población, por lo que se convierte en un tema de interés público.

“Lamentablemente la alimentación se ha dejado a las reglas del mercado, como si se tratara de cualquier otra mercancía, zapatillas, corbatas, etc., sin tener en consideración que vía alimentación podemos garantizar salud de la población o enfermedad y muerte. El resultado es que hoy millones de personas mueren cada año como consecuencia de una alimentación no saludable promovida por la industria y en la que invierten cientos de millones de dólares cada año, teniendo a su disposición todos los medios de comunicación y de marketing”, señaló el diputado peruano.

El legislador advirtió que esta pandemia mundial de obesidad y las consecuencias de las enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación está causando mucho sufrimiento y está desestabilizando la economía de los sistemas de salud en muchos países. “Por eso es hora de tomar medidas drásticas para regular la publicidad de alimentos procesados, informar mejor a los consumidores con etiquetados claras y persuasivas, promover la actividad física, fomentar la educación nutricional, restringir la venta de comida chatarra en las escuelas. Pero más importante que todo eso es iniciar un programa muy potente para promocionar por todos los medios posibles la alimentación y los estilos de vida saludable”, afirmó.

Por una política de Estado para combatir obesidad

26 febrero 2013. Académicos, investigadores, especialistas en salud pública y nutrición e integrantes de las organizaciones

de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA demandamos al gobierno federal tomar acciones urgentes en contra del grave problema de la obesidad, que ya afecta a siete de cada 10 adultos y a uno de cada tres niños.

El costo de la obesidad ha sido estimado en $67,000 millones de pesos del 2008 y se estima que para el 2017 fluctúe entre $78,000 millones y $101,000 millones en pesos del 2008. De no actuar de inmediato, el costo que pagará la sociedad en las siguientes tres décadas será mucho mayor a la inversión requerida para implementar estas acciones.

Al participar en el foro “Por una política integral para el combate a la obesidad”, el doctor Juan Rivera Dommarco, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y coordinador del estudio “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, donde participaron la Universidad Nacional Autónoma de México, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de Salud Pública, y el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán, señaló que “la obesidad genera un impacto social, económico y múltiples efectos adversos en la salud del individuo, la cadena causal que la origina está fuera del control de las personas, por lo cual el Estado debe intervenir para proteger la salud de la población mediante la implementación de políticas, regulación y programas”.

Las prevalencias de sobrepeso y obesidad de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012) se encuentran actualmente en 73% para mujeres y 69.4% para hombres, 35.8% para adolescentes mujeres y 34.1% para adolescentes varones, y 32% en las niñas y 36.9% en niños en edad escolar.

En el documento se establece que de acuerdo con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y desde una perspectiva económica existe la necesidad de implementar una estrategia nacional, multisectorial, que involucre a los distintos niveles de gobierno, tanto el poder ejecutivo como al legislativo, que incidan en las fallas de mercado para reducir el impacto de la obesidad en la salud de la población mexicana y aborde los determinantes de la obesidad en los diferentes contextos en los que interactúan y afectan a la población: el hogar, la escuela, la comunidad, los centros de trabajo, y los espacios públicos y de esparcimiento; que involucre actores clave, incluyendo el gobierno en todos sus sectores relevantes, los sistemas de salud, el sector privado, especialmente la industria de

alimentos, los medios de comunicación masiva, las agrupaciones de consumidores y la academia.

Dentro de las recomendaciones que se formulan en el documento están:

•• Incluir a la política nacional de prevención de obesidad (Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, ANSA) como parte del Programa Nacional de Desarrollo y otorgarle suficiente presupuesto para la implementación de las acciones y evaluación de las mismas.

•• Lograr el establecimiento de metas, plazos y acciones para el cumplimiento de los objetivos del ANSA por parte del sector privado, los gobiernos estatales y municipales, así como identificar mecanismos y procesos para su seguimiento y para la rendición de cuentas.

•• Reformar la Ley General de Salud, la Ley General del Trabajo, y otras leyes y reglamentos, para dotar al Estado de los instrumentos legales para la aplicación de regulaciones y disposiciones para la prevención de obesidad y sus comorbilidades.

•• Evaluar el diseño e implementación del Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público Infantil (PABI), en comparación con recomendaciones internacionales, particularmente las de la Organización Panamericana de la Salud. En base en dicha evaluación desarrollar una norma para la regulación adecuada de la publicidad de alimentos y bebidas a niños y adolescentes acorde con las recomendaciones internacionales, cumpliendo así con el deber del Estado proteger la salud de su población, especialmente de los niños.

•• Promover la implementación de un sistema de etiquetado frontal de alimentos que sea único, simple, con un solo sello, fácil de entender y establecido de manera independientede la industria de alimentos por un comité independiente de expertos que revise la experiencia internacional al respecto.

•• Generar acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y las autoridades municipales o delegacionales, para que en un amplio perímetro del entorno escolar se limiten los alimentos que se restringen actualmente al interior de las escuelas.

•• Reorganizar los servicios que presta el Sistema Nacional de Salud para aumentar el acceso de la población a los equipos multidisciplinarios especializados, asegurar la

existencia de materiales y medicamentos para la detección de obesidad y sus comorbilidades, fortalecer el programa de Unidades de Especialidades Médicas (Unemes crónicas) para lograr un mayor impacto, y establecer programas de certificación de unidades médicas y de especialistas para brindar atención de calidad.

•• Promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y la lactancia prolongada y promover una alimentación complementaria a partir de los seis meses, manteniendo la lactancia y evitando el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido de azúcar y sodio. Se propone además la actualización de la Ley General del Trabajo para aumentar los periodos de lactancia materna y los descansos en las jornadas laborales y la promoción de lactarios en los sitios de trabajo.

Todas estas recomendaciones son parte fundamental de una estrategia integral para la cual se plantea la creación de una estrategia nacional de comunicación educativa y orientación alimentaria, que incluya guías alimentarias que promuevan la salud, que sea desarrollada por un grupo de expertos en nutrición, comunicación, promoción de la salud y educación.

Al respecto, Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor, dijo que “el documento presentado por la academia debe considerarse el Libro Blanco de la Obesidad, ya que cuenta con el aval de las máximas instituciones académicas del país. Es importante destacar que las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA coincidimos plenamente con las recomendaciones de política pública contra la obesidad presentadas por la Academia Nacional de Medicina. Las recomendaciones presentadas son también similares a las que ha presentó recientemente la Academia de Colegios Médicos del Reino Unido y atienden las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto habla de la universalidad de lo recomendado. Existe consenso en lo que se debe hacer, falta la voluntad del gobierno de hacerlo. Nos preocupa profundamente que el mayor problema de salud pública que vive el país no esté en la agenda del actual gobierno, lo que se traducirá en su agudización, sacrificando la salud de la población y las finanzas públicas”. Añadió que “aquí están las recomendaciones de la Academia y de la sociedad civil”, y ahora “esperamos una respuesta urgente del gobierno federal”.

Una síntesis ejecutiva del libro “Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado”, que fue

presentado este 30 de enero de 2013, puede descargarse a continuación:

Urge política integral contra la obesidad en México

31 enero 2013. Ante el grave incremento de la obesidad en México, organizaciones no gubernamentales y expertos que integramos la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA nos sumamos a la demanda de investigadores y académicos para exigir una política integral que ataque la raíz de este grave problema de salud, ya que, dijeron, de no tomarse medidas urgentes “nuestro país caerá en una espiral de enfermedades provocadas por el sobrepeso y obesidad, con graves consecuencias para la salud y economía”.

Señalamos que es urgente que se integre al Plan Nacional de Desarrollo que el gobierno federal debe presentar durante el

primer semestre del año, un capítulo específico sobre alimentación. De esta manera, afirmaron, se puede garantizar un presupuesto a las medidas para combatir la obesidad.

El problema de la obesidad está creciendo de forma alarmante en México, tal y como se muestra en el libro “Obesidad en México: Recomendaciones para una Política de Estado” elaborado por la Universidad Autónoma Nacional de México, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Cirugía, el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de la Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubirán. En este documento, dijeron, se encuentran las investigaciones más recientes y representa el mayor esfuerzo académico para enfrentar el mayor problema de salud pública que enfrenta el país.

Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor afirmó que “las recomendaciones presentadas por las diversas instituciones académicas coinciden plenamente con las que presentaron las organizaciones que forman la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA y se centran en la necesidad de desarrollar una política integral basada en el establecimiento de regulaciones efectivas que: ordenen el etiquetado de alimentos para brindar información veraz a los consumidores; protejan a los niños de la publicidad de comida chatarra; establezcan medidas fiscales para desincentivar el consumo de refrescos y favorecer el consumo de alimentos saludables; garantizar el acceso a agua potable en escuelas y espacios públicos; garantizar la presencia exclusiva de alimentos saludables en las escuelas y desarrollen campañas efectivas de orientación alimentaria fortaleciendo la producción local de alimentos y la revaloración de los alimentos tradicionales”.

En tanto, el doctor Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de la Nutrición, enfatizó que no se puede posponer más las decisiones para combatir la obesidad: “Es urgente ya tener un programa nacional integral, para atender el complejo problema de la obesidad, desnutrición y hambre en las zonas rurales y conurbadas”. Subrayó que es el momento de ir al fondo del problema y de empujar un sistema alimentario mexicano que contemple la calidad del desarrollo humano y de sus capacidades.

Sin embargo, dijeron, esto no va a ser fácil, ya que al igual que los investigadores, “reconocemos que hay oposición de la industria a estas regulaciones”. Un claro ejemplo, señaló Constanza Gómez Mont de ContraPeso, y añadió que las cinco recomendaciones, de 80 que se establecen, que deben implementarse de inmediato son: incluir en el Plan Nacional

de Desarrollo el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria (ANSA); convertir el ANSA en una Ley general de salud alimentaria; garantizar que la Ley Federal de Protección al Consumidor realmente defienda los derechos de los ciudadanos y evite el engaño en el etiquetado; eliminar la autorregulación porque se ha demostrado que no funciona y establecer políticas fiscales que desincentiven el consumo de refrescos.

Comentaron que tanto los autores del libro como las organizaciones de la sociedad civil coinciden en que “la autorregulación empresarial, ante la que ha cedido el Estado, no tiene sentido”. Al respecto Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria (COA) afirmó que el gobierno debe establecer metas específicas como son: abolir la desnutrición y la obesidad infantil en menores de cinco años; vigilar a los niños que ya padecen obesidad para evitar que desarrollen otras enfermedades, como la diabetes; e incrementar la atención de adultos que tienen lamentablemente algún padecimiento asociado a la obesidad.

Un ejemplo de lo que provoca esta autorregulación, señalaron, es el etiquetado engañoso “mismo que no es entendible para el consumidor con todo el riesgo para la salud que esto representa”

Los voceros de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA afirmaron que coinciden con los académicos e investigadores para que esta política integral contra la obesidad, parta del Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA), “haciéndolo pasar de un Acuerdo a una serie de reformas legislativas que establezcan regulaciones, que garanticen derechos e impongan sanciones” . Y sobre todo, demandaron que el ANSA forme parte del Plan Nacional de Desarrollo y cuente con suficientes recursos asignados.

La síntesis ejecutiva del libro “Obesidad en México: Recomendaciones para una política de Estado”, que fue presentado este 30 de enero de 2013, puede descargarse más adelante.

Médicos británicos piden subir impuestos a refrescos

19 febrero 2013. Como hemos propuesto en México, la sociedad civil y la academia, ahora la Real Academia de Médicos del Reino

Unido ha propuesto subir los impuestos de las bebidas gaseosas y la prohibición de los anuncios de comida rápida para frenar el aumento de la obesidad en esa región del mundo.

Uno de cada cuatro adultos en el Reino Unido sufre obesidad (las previsiones elevan la cifra al doble para 2050) y un tercio de los niños que terminan primaria tienen sobrepeso, según un informe realizado por la institución. En el caso de México son siete de cada 10 adultos los que tienen sobrepeso u obesidad y uno de cada tres niños.

El documento alerta de la “enorme crisis” que supone para la salud nacional el alza de los niveles de sobrepeso y asegura que las medidas que se toman actualmente para combatirlo están fallando.

El presidente de la academia –que aglutina a la práctica totalidad de los médicos del Reino Unido–, Terence Stephenson, apuntó que la comida no saludable debería recibir un tratamiento equivalente al del tabaco. “Eso incluye la prohibición de los anuncios y una reducción del marketing”, señaló Stephenson.

El informe recomienda aumentar los impuestos sobre las bebidas gaseosas y azucaradas hasta que el precio se incremente en un 20% para “impulsar a la gente a beber otras cosas más saludables”, indicó el presidente de la institución. En México hemos propuesto también un 20% de impuesto que se estima reduciría el consumo de refrescos y daría recursos suficientes para introducir bebederos de agua potable de calidad en todas las escuelas y en las comunidades más pobres del país. Con sólo una octava parte de lo recaudado se podrían introducir estos bebederos.

La Asociación Británica de Refrescos del Reino Unido, como su par en México, ya ha rechazado la idea de gravar con nuevas tasas estas bebidas, ya que contribuyen “solo en un 2%” a las calorías totales de una dieta normal.

En el informe los médicos incluyen otras recomendaciones como la prohibición de los anuncios de comida con alto contenido en grasas saturadas, azúcar y sal antes de las nueve de la noche, o la reducción de los establecimientos de comida rápida cerca de los colegios. Esta misma recomendación la está realizando la academia en México a través de un documento elaborado por la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública, la UNAM y el Instituto Nacional de la Nutrición.

Los médicos británicos sugieren también eliminar las máquinas expendedoras de comida en los hospitales, donde creen que los

alimentos deben seguir los mismos estándares nutricionales que en el colegio.

Numeraria de la diabetes carbonatada

7 enero 2013. México tiene uno de los más elevados, sino el más elevado, índice de consumo de bebidas con aporte energético en el mundo para los grupos de edad de un año de vida en adelante. El mexicano consume en promedio 163 litros al año de refresco, Le sigue el estadounidense con 113 litros, 50 menos. En México, el consumo de bebidas azucaradas aporta más del 12% del total de energía consumida.

El INEGI revela a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), que una familia de escasos recursos destina 7.5% de sus ingresos totales a la compra de refrescos, mientras que las familias de ingresos moderados gastan 12% de sus ingresos en la adquisición de aguas y jugos embotellados, destacando una mayor demanda por refrescos de cola que cubren 70% del mercado.

Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006 revelaron también que la frecuencia en el consumo de refresco superaba a alimentos básicos como leche, huevo, carne, frutas y verduras. El refresco es la principal bebida que contribuye con el mayor aporte energético en la población mexicana.

En México, en el periodo de 1999 a 2006, la energía consumida proveniente de bebidas altas en energía, en las que el refresco representa un papel importante, se incrementó más del doble en adolescentes y se triplicó en los

adultos. Esto corresponde a que en adolescentes, las kilocalorías2 consumidas provenientes de bebidas altas en energía pasaron de 100 kcal2 en 1999 a 225 kcal2 en 2006; mientras que en adultos pasó de 81 kcal2 1999 a 250 kcal2 en 2006.

Existen estudios tanto en seres humanos como en animales que muestran que los refrescos no producen saciedad y la compensación que proveen, en términos de la reducción del consumo de otros alimentos o bebidas en comidas posteriores, es baja, por lo que el efecto neto es un aumento del consumo de energía y por lo tanto la obesidad.

En México, contamos con el estudio de Jiménez-Aguilar y colaboradores, quienes analizaron datos de 10,689 adolescentes de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2006, en el que el consumo de refrescos se asoció positivamente con el Índice de Masa Corporal (IMC) en varones adolescentes mexicanos, ya que el análisis mostró que por cada porción consumida de refrescos, el IMC en los adolescentes varones aumentó 0.17 unidades.

Un reciente meta-análisis conducido por Vartanian y Schwartz encontró nexos claros del consumo de refrescos con el incremento de la ingestión de energía y peso corporal, y con el riesgo de diabetes y otras enfermedades no transmisibles.

Evidencia proveniente de una revisión sistemática conducida por Malik y colaboradores demostró una consistente asociación positiva entre el consumo de bebidas azucaradas, la ganancia de peso y la obesidad en niños y adultos. Un estudio realizado por Liebman y colaboradores en 1817 adultos evidenció que aquellos que consumieron más de un refresco al día tuvieron 70% más probabilidad de presentar sobrepeso y 32% más probabilidad de presentar obesidad.

Otro meta-análisis conducido por Malik y colaboradores demostró la clara relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el riesgo de presentar síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Basado en tres estudios de cohorte que incluyeron 19,431 participantes y 5,803 casos de síndrome metabólico, en los que los participantes con mayor consumo de bebidas azucaradas tuvieron 20% más riesgo de desarrollar síndrome metabólico que los participantes de menor consumo. Los datos de diabetes tipo 2, estuvieron basados en ocho estudios de cohorte que incluyeron 310,819 participantes y 15,043 casos de diabetes tipo 2, en los que los participantes con mayor consumo de bebidas azucaradas tuvieron 26% más riesgo de desarrollar diabetes que los participantes de menor consumo.

Un estudio prospectivo reciente con datos del Estudio de Cohorte de Enfermeras de Estados Unidos de América encontró que las mujeres que consumen una o más porciones de refrescos endulzados con azúcar al día tienen un riesgo significativamente más alto de contraer diabetes mellitus tipo 2 respecto de aquellas que consumen menos de una porción al mes.

¿Será una coincidencia el hecho de que seamos los mexicanos los mayores consumidores de refrescos en el mundo y presentemos los más altos índices de sobrepeso, obesidad, diabetes y mortalidad por diabetes en el mundo? Para la autoridad eso parece ser sólo una coincidencia: según la Cofepris el etiquetado de los refrescos no engaña a los consumidores; para la Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía, la publicidad que realizan las refresqueras no representa ninguna amenaza para la salud de la población, pueden hacerla de la manera que quieran, pueden invadir los entornos urbanos y rurales, pueden decir lo que ellos quieran. El presidente aplaude el incremento de sus inversiones y el sistema de salud se colapsa por la epidemia de sobrepeso y obesidad. La ENSANUT 2012 informa que la diabetes aumentó 30% entre 2006 y 2012 y el sexenio de Calderón terminó con alrededor de 500,000 muertes por diabetes.

Industria trata de desligar al refresco de la obesidad

20 diciembre 2012. Al tratar de desligar el consumo del refresco con la obesidad, la industria refresquera miente, pues, a pesar de la evidencia científica que vincula el consumo del refresco con la obesidad, la industria del sector afirma que los causantes de esta epidemia son los “malos hábitos alimenticios y estilos de vida sedentarios”.

Las organizaciones sociales que integramos la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA, en respuesta al desplegado publicado este jueves 20 de diciembre por parte de los empresarios del sector, afirmamos que México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial, con 163 litro por persona por año, un 40% más que el consumo de un estadounidense promedio

(118 litros). Además, precisamos, la industria utiliza publicidad y etiquetado engañoso.

Al respecto, el doctor Abelardo Ávila, especialista en obesidad del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán”, señaló que los productores de refrescos niegan la evidencia epidemiológica y recurren a argumentos como que “la aportación calórica del refresco ‘representa solo 5.2% de la dieta promedio del mexicano’”, sin embargo, explicó el especialista, “este nivel de consumo rebasa por sí solo el consumo admisible de aportación de azúcares simples en una dieta saludable. En todo caso habría que advertir enfáticamente que el consumo de refresco implica que no debiera consumirse ningún otro alimento que contuviera azúcar añadida“.

Sobre este punto la maestra Gabriela Gutiérrez Salmeán, quien pertenece a la Asociación Mexicana para la Aterosclerosis y sus Complicaciones (AMPAC), dijo que los mexicanos consumen en promedio cerca de medio litro de refresco al día, lo cual ya es excesivo y favorece el sobrepeso y la obesidad.

También en el desplegado se afirma que el refresco “es una opción de hidratación, aporta glucosa, un nutriente vital para el funcionamiento del cuerpo, especialmente el cerebro”, pero el doctor Ávila advirtió que se hace caso omiso de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones científicas nacionales e internacionales, que prescriben que la hidratación debe ser con agua sin azúcar y que el aporte de hidratos de carbono debe ser a partir de cereales integrales que aportan carbohidratos complejos y no a partir de azúcares simples.

Otro argumento mencionado es que “la industria refresquera es parte de la solución y por ello reconoce que para enfrentar este problema de salud pública se requiere de un esfuerzo de cooperación y coordinación de toda la sociedad”. Sin embargo la industria refresquera se ha opuesto a regulaciones como fue el caso de los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Planteles de Educación Básica.

Los integrantes de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA señalamos que el problema del sobrepeso y la obesidad en México es complejo, y la alimentación y la nutrición son factores clave para enfrentarlos.

Al respecto el doctor Antonio Gómez Mújica, Director Médico Electo de la Asociación Mexicana de Diabetes, señaló:

“Efectivamente, el origen de la obesidad y la diabetes son multifactoriales y no son producidos únicamente por un solo fenómeno, pero definitivamente sí existe evidencia científica seria, suficiente y contundente, que demuestra la relación entre la ingesta de bebidas azucaradas y el desarrollo de sobrepeso y obesidad”. En este sentido, dijo, vale la pena resaltar los trabajos del Dr. Kelly Brownell, investigador de la Universidad de Yale, así como numerosos artículos en el New England Journal of Medicine o el National Institute of Health”.

Sobre este tema Alejandro Calvillo, nuestro director de El Poder del Consumidor, explicó que los empresarios refresqueros se comprometieron ante la Organización Mundial de la Salud y la Secretaria de Salud a no realizar campañas publicitarias dirigidas a menores de 12 años, pero en los últimos meses las dos campañas de la principal empresa están dirigidas a los menores de 12 años: la campaña de los superhéroes y la de navidad, que utiliza a personajes como Santa Claus bebiendo refresco de cola o los osos polares donde un oso adulto aparece dando una botella de esta bebida a un oso bebe.

Constanza Gómez Mont, vocera de ContraPESO, afirmó que “en un país en donde hay 5.6 millones de niños con sobrepeso y obesidad, es necesario dejar las excusas y empezar a presentar soluciones en todos los niveles. Reducir el consumo de refrescos y bebidas azucaradas es un paso fundamental para dar respuesta a esta epidemia de salud pública. La evidencia científica detrás de esto es sólida y respaldada por asociaciones médicas, asociaciones civiles en México y el mundo, institutos de salud pública, académicos y legisladores. Invitamos a la industria a ser parte de la solución, ya que es indispensable que existan políticas públicas que garanticen la salud de los mexicanos. Las medidas para incentivar el consumo de agua potable no sólo son necesarias, sino urgentes“.

Los integrantes de la ALIANZA POR LA SALUD ALIMENTARIA urgimos al Estado a que asuma su responsabilidad como la marcan la Constitución Política Mexicana y diversas convenciones internacionales, donde se le obliga a la protección al derecho a la salud de la población y así evitar el colapso total del sistema de salud pública. La Unidad de Análisis Económico de la Secretaria de Salud estima que el gasto total para la atención del sobrepeso y obesidad en México puede crecer de casi $80,000 millones de pesos que se necesitan actualmente a más de $150,000 millones en 2017. Las proyecciones en daños a la salud y en costos económicos del sobrepeso y la obesidad llevaron al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José ángel

Gurría, a declarar que México no será viable sanitaria y financieramente sino se detiene esta epidemia.

El impuesto al refresco y el acceso al agua

18 diciembre 2012. Alrededor de 10 millones de mexicanos no cuentan con acceso a agua entubada. La mayor parte de la población mexicana que pagamos el servicio de “agua potable” que recibimos en nuestros hogares no la podemos beber porque no es potable o porque nadie nos garantiza que así sea. La inequidad del acceso al agua es una de las mayores en el país: son los pobres los que tienen el menor acceso a este servicio y los que reciben el agua de menor calidad. El acceso agua de calidad es un derecho humano reconocido en nuestra Constitución.

Los bebederos de agua en las escuelas y parques del país han desaparecido. Lo que parece normal es un escándalo para visitantes de otras naciones: ¿cómo es posible que los niños en las escuelas no tengan acceso a agua bebible, a agua pura?, ¿cómo no es posible que una gran cantidad de comunidades rurales no tengan acceso a agua que puedan beber? Los sistemas de purificación no son caros, mucho más caro es el gasto que se realiza en la compra de refrescos, esa bebida que llega a todas las comunidades más recónditas del país.

El consumo de refrescos en México se ha disparado y nos hemos convertido en los mayores consumidores de estas bebidas en todo el mundo. Los refrescos concentran una cantidad enorme de azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructuosa, cantidades que los consumidores ni imaginan: 63 gramos que equivalen a más de 12 cucharadas cafeteras en

una botella de 600 mililitros. Estos es, al menos, tres veces más de lo que comúnmente se le añade a un agua fresca

Las cantidades de azúcar que contienen estas bebidas provocan que el riesgo de obesidad en los niños aumente en un 60% si consumen una de estas bebidas al día. En la población en general, el consumo de una o dos de estas bebidas al día aumentan el riesgo de diabetes en 25%. Sabemos que la obesidad y la diabetes tienen muchos determinantes pero es claro que uno de los principales es el consumo de bebidas con alto contenido calórico.

Se está proponiendo un impuesto al refresco que contiene azúcar de caña o jarabe de maíz de alta fructuosa de 20%. Existen diversas estimaciones en relación a cuánto bajaría el consumo de estas bebidas a través del impuesto. Pero el impuesto no sólo bajaría el consumo, sus recursos se podrían destinar a la introducción de agua purificada de disponibilidad gratuita en todas las escuelas del país y en las comunidades más pobres.

El Rudd Center for Food Policy and Obesity de la Universidad de Yale ha estimado que un impuesto del 20% al refresco generaría una recaudación de 2.37 mil millones de dólares, es decir, algo así como 30 mil millones de pesos al año.

Hemos realizado una proyección muy conservadora: considerando que México cuenta con una población escolar de 26,357,929 entre 3 y 14 años en total, lo cual representa un 23.46% de la población total del país y que se instalara un filtro por cada 30 alumnos, pensando en filtros de gran calidad para regiones donde el agua es escasa y requiere de un buen sistema de purificación, el gasto total sería de 2.6 mil millones de pesos, menos de una décima parte de los que se estima se recaudaría con un impuesto del 20% al refresco.

El impuesto no sólo disminuiría el consumo de esta bebida que la propia Secretaría de Salud en sus “Recomendaciones sobre Bebidas para una Vida Saludable” de 2008 recomendó que no se bebiera más que de manera ocasional, también daría recursos suficientes para un programa nacional de introducción de agua de calidad para beber en todas las escuelas del país, así como también en espacios públicos, dejando importantes recursos para campañas efectivas de prevención de la obesidad y la diabetes y, especialmente, para la buena atención de estos males evitando que se agudicen sus daños y que se llegue a la amputación, la ceguera y la muerte.

México ocupa el 6° lugar en muertes por diabetes, el sexenio termina con alrededor de medio millón de muertes provocadas por la diabetes, 33% más que en el sexenio anterior. Sin duda, los dos factores que más influyen en estas alarmantes cifras es el deterioro profundo de los hábitos alimentarios y la mala calidad en la atención de la obesidad y la diabetes.

El impuesto es el primer paso que debe darse como parte de una política integral que comprenda la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas no recomendables a la infancia, el desarrollo de etiquetados que realmente informen a los consumidores, campañas efectivas de orientación alimentaria y la disponibilidad exclusiva de alimentos y bebidas saludables en las escuelas.