Contexto del desplazamiento forzado Migración y crecimiento demográfico
El mapa demográfico mundial muestra una concentración de más de la mitad de la
población humana -3.300 millones de personas- en zonas urbanas y a ésta tendencia no
escapa el Distrito Capital, de acuerdo con la información del Informe de Desarrollo Humano
de Bogotá (IDH, 2008). Parte de esta concentración demográfica se debe a las dinámicas
migratorias hacia la capital que, en este caso particular, han contribuido de manera
significativa a su crecimiento poblacional, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo
XX. A su vez, los cambios demográficos conllevan cambios en el paisaje, en la distribución
y usos del suelo, requiriendo del gobierno local unas políticas públicas que incorporen la
población migrante desde un enfoque diferencial y que consideren los impactos de la
inmigración en las distintas dimensiones del ordenamiento territorial.
Se puede decir que el desplazamiento forzado hacia Bogotá ha contribuido de manera
significativa a su crecimiento demográfico, sobre todo durante la segunda mitad del siglo
XX. Aunque no es claro la magnitud de esta contribución, diversos estudios muestran que
la caída en las tasas de crecimiento demográfico de Bogotá a partir de la segunda mitad
del siglo XX, se explican por la concentración de población migrante o “recién llegados” en
áreas periféricas y municipios vecinos, los cuales muestran una tendencia al crecimiento
demográfico en ese mismo periodo. La precaria oferta institucional para población
desplazada en estos municipios y la saturación del espacio urbano en Bogotá, junto con los
altos niveles de pérdida de bienestar de población desplazada-imposibles de recuperar,
aún después de transcurridos varios años (Ibáñez, 2008)- conllevan un nivel de acceso a
derechos básicos inferior en los desplazados respecto del total de habitantes de Bogotá.
La ciudad pasó de 2´861.918 habitantes en 1973 a 5’484.244 en 1998 y a 6’778.691 en el
año 2005, concentrando el 16% de la población total del país (Indice de Desarrollo Humano,
2008:97). Según la información del IDH, ya en el 2003 el 81,6% de la población residente
en Bogotá era inmigrante y, en su desplazamiento hacia el distrito capital, se identifica
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una combinación de factores asociados a la violencia sociopolítica, junto con aspectos
económicos de diversa índole en las regiones de origen, que configuran un contexto
favorable a la migración. Mientras tanto, las condiciones materiales de vida en las regiones
de origen acentúan el cierre de posibilidades para el desarrollo del proyecto de vida en
regiones expulsoras. Bogotá recibe anualmente un promedio de 180 mil nuevos habitantes
y el departamento de Cundinamarca recibe 37 mil. Las proyecciones demográficas calculan
que en 20 años, la ciudad región tendría 4,2 millones de personas nuevas y se convertiría
en la cuenca migratoria más dinámica del país, con el 80% de habitantes en Bogotá (Indice
de Desarrollo Humano, 2008). Los otros municipios que consolidan el área metropolitana y
constituyen esta cuenca migratoria son: Soacha, Mosquera, Zipaquirá, Madrid, Funza, Cajicá
y Chía, en total con una población de 1.205.979 habitantes en el año 2008 (esta población
sumada a la de Bogotá representa el 19% de la población del país).
Parte de esta concentración demográfica se explica por las dinámicas migratorias del campo
a la ciudad registradas en todo el país desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del
siglo XX, en el marco de un proceso denominado como “colonización popular“ (Aprile-
Gniset, 1992). Durante ese periodo las migraciones del campo a la ciudad se explican por
cambios en el modelo económico que promovía la producción para exportación, por los
conflictos por la tierra en el campo y debido a las dinámicas de colonización agrícola por
parte de campesinos hacia terrenos baldíos del Estado cada vez más escasos y concentrados
en latifundios, induciendo asentamientos urbanos (Sánchez, 2007). Esta tendencia se
mantiene hoy en día y ha producido el fenómeno de conurbación de Bogotá con municipios
vecinos, borrando el límite espacial y en ocasiones modificando el ordenamiento territorial
que separaba la capital de otras ciudades como Soacha, Chía, Cajicá, Mosquera. Los
asentamientos de población desplazada en los bordes o zonas periféricas de la capital, están
expandiendo el espacio urbano en el territorio, sin que dicha expansión esté acompañada
de políticas de ordenamiento territorial y planificación y desarrollo que permitan a sus
habitantes gozar de los derechos básicos asociados al desarrollo humano.
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Desde la segunda mitad del siglo XX estas dinámicas migratorias se concentran en Bogotá,
por ser el centro político y administrativo, y empieza a ejercer atracción como polo de
desarrollo industrial, financiero y de servicios (junto con las ciudades de Medellín, Cali
y Barranquilla). Además, la capital presenta mayor oferta institucional en servicios de
asistencia social, empleo, educación y seguridad (PNUD, 2008). La migración desde zonas
rurales y de otras ciudades hacia Bogotá incide directamente en el crecimiento poblacional
y expansión territorial, marcando un acelerado proceso de urbanización hacia finales de
los noventa, comparado con el resto de ciudades latinoamericanas (Zambrano, 2002). El
desplazamiento forzado influyó en este proceso, como efecto del periodo conocido como
La Violencia en los años 50 (guerra civil basada en los conflictos por la tenencia de la tierra y
disputas por el control del poder político entre élites liberales y conservadoras por un lado,
y sectores del campesinado y el movimiento gaitanista por el otro, que involucró a fuerzas
armadas del Estado y contribuyó a la emergencia de grupos armados al margen de la ley).
Se calcula que sólo en el periodo 1946-1966 dos millones de colombianos se desplazaron
forzadamente (Roldán, 2003).
Actualmente, la magnitud del desplazamiento forzado en Colombia ha merecido la
calificación de crisis humanitaria. La Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento –CODHES- registra un acumulado de más de 5 millones de personas
internamente desplazadas en Colombia desde el año 1985 hasta hoy y el gobierno nacional
reporta 3.775.416 personas en esta situación desde el año 1995 hasta septiembre de 2011.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados calificó a Colombia como
el país con mayor número de personas internamente desplazadas en el mundo con un total
de tres millones y medio. Bogotá es el principal centro urbano receptor de desplazados
en el país: desde 1997 a diciembre de 2011 había registradas 320.518 personas en el
sistema de información de población desplazada de la Presidenciade la República. Esta
cifra representa casi el 10% de la población desplazada en el país. En el 2000 había 32.289
personas desplazadas en Bogotá, lo cual refleja un incremento de diez veces en el número
de personas desplazadas en 12 años.
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En el pasado este fenomeno se invisibilizo al interior de la administracion publica local,
mediante lo que se denomino eufemisticamente como “migracion campo-ciudad”. En
consecuencia este tipo de poblamiento en pocas ocasiones fue debidamente atendido,
las administraciones delegaron la solucion a un sistema de mercado inmobiliario funcional
al mercado electoral que favorecio el clientelismo y la especulacion en el precio del
suelo. Esto provoco una respuesta inadecuada y contraproducente en los procesos de
desarrollo urbano –legalizacion ex post de las llamadas “invasiones” urbanas- que ha
dificultado el planeamiento en las ciudades que presentan alto nivel de concentracion de
flujos migratorios desde los anos 50, quedando postergadas las soluciones a problemas
estructurales derivados y causantes del desplazamiento en las ciudades. Por ello, es
importante destacar que el desplazamiento no debe entenderse exclusivamente como un
fenomeno aislado y marginal, sino en relacion con la historia de las ciudades colombianas: la
estructuracion de modelos de desarrollo, la democratizacion del uso del suelo, el modelo de
ciudad y la consolidacion de un gobierno local alejado del clientelismo, que responda a las
necesidades de los electores y no de los elegidos.
A pesar de la cantidad de población desplazada que llega a la capital, Bogotá no ofrece
garantías de seguridad para la vida e integridad personal de estas personas y la saturación
del espacio urbano ha limitado las garantías de integración social que permitan el goce
efectivo de derechos para las víctimas de la violencia sociopolítica. Desde enero de 1981
hasta marzo de 2011 hay en el sistema de Registro Unico de Población Desplazada de la
Presidencia de la República, 2.524 registros de desplazamiento intraurbano en Bogotá, lo
que representa el 50% del total de personas que salen desplazadas desde Bogotá a otros
lugares. Es decir que, la mitad de este grupo, son personas que escogen como destino
otro barrio o localidad dentro del distrito capital y que requieren del gobierno municipal
una política de protección y atención especial, que les permita condiciones de vida digna y
segura en el lugar que han escogido como asentamiento.
Lo anterior implica examinar la relación entre las dinámicas migratorias y la expansión de
asentamientos de origen informal en la capital del país. Aproximadamente la mitad de los
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residentes del distrito vienen de otros municipios y regiones del país. Ese porcentaje es en su
mayoría población de bajos ingresos cuya, inserción social y distribución espacial ocurre en
zonas periféricas de la ciudad, donde predomina el mercado informal del suelo y la vivienda
de autoconstrucción con bajos niveles de calidad de hábitat (Hataya, 1996). El acceso a salud
y educación por parte de los desplazados es precaria y requiere políticas que atiendan de
manera diferencial las necesidades de esta población, para garantizar un desarrollo humano
urbano en el largo plazo.
Esta situación convierte a Bogotá en uno de los principales centros de recepción de
población migrante (y dentro de este universo de población desplazada) y al fenómeno
migratorio en un factor determinante de las dinámicas de desarrollo urbano y regional.
Recientemente, otros municipios que integran el área conurbada con el distrito, presentan
altas tasas de crecimiento demográfico y están reflejando cambios en los patrones de
integración social de la población que migra a la ciudad región, asociados a los cambios
en las condiciones socio-espaciales del distrito. Soacha ocupa un lugar importante en esta
tendencia. De acuerdo con el censo Experimental del Departamento Nacional de Estadística
–DANE- “Soacha con 364.625 habitantes, se convirtió en el municipio 14 con más habitantes
de Colombia (…) presenta un crecimiento poblacional entre 1993 y 2003 del 4,8%, superior a
la media nacional de 1,7% y la de Bogotá de 2,1%” (DANE, 2003)
Situación de la población desplazada
La situación de exclusión de población desplazada en zonas urbanas de Colombia es
preocupante. Uno de los estudios realizados por la Facultad de Economía de la Universidad
de los Andes, concluye que la pérdida de bienestar en la población desplazada adquiere
niveles alarmantes: el 60% de la población desplazada era propietaria de tierras antes de
abandonar sus lugares de residencia y el 24% de las familias desplazadas pertenecían a
alguna organización comunitaria; condiciones que son casi imposibles de recuperar una vez
se ha producido el desplazamiento (Ibáñez et Al, 2006). La pérdida por abandono, despojo,
pérdidas de activos, viviendas y tierras equivale al 1,7% del PIB nacional y las ganancias
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agropecuarias que no se perciben después del desplazamiento corresponden al 2.1% del PIB
agropecuario del año 2004. En palabras de los autores: “el abandono y despojo de tierras
equivale a dos veces la cantidad de hectáreas entregadas por Reforma Agraria durante el
periodo comprendido entre 1993 y 2004” (Ibáñez et Al, 2006:6).
La mayoria de los desplazamientos ocurren desde zonas rurales hacia zonas urbanas
(capitales de departamento, ciudades intermedias y cabeceras municipales): el 92% de
la poblacion internamente desplazada proviene de estas areas y, de este grupo, el 93%
decidio asentarse en areas urbanas, mientras que el restante 7% escogio como destino
una zona rural (DNP, 2009). Esta situacion esta afectando no solamente las localidades
donde se produce el desplazamiento sino tambien las areas receptoras, por la presion
sociodemografica que reciben. En la mayoria de los casos estas localidades no estan
preparadas para responder adecuadamente al fenomeno ni cuentan con recursos
suficientes. Al medir el porcentaje de personas desplazadas respecto del total de poblacion
en el area de llegada, las capitales de departamento que mayor presion reciben se
encuentran en el sur y oriente del pais y en las capitales de departamentos ubicados en
la costa Atlantica y Pacifica: Mocoa (Putumayo) ha recibido aproximadamente el 33% de
su poblacion, Quibdo (Choco) el 26,4%, Sincelejo (Sucre) el 24, 6%, Florencia (Caqueta) el
20,3% y San Jose del Guaviare (Guaviare) el 18,5% (Ibanez, 2008) y Bogota es de 3,6% segun
datos de Accion Social. Las personas y familias que llegan a estas zonas provienen del mismo
departamento (aproximadamente el 50% de hogares desplazados migra dentro del mismo
departamento y 17,7% dentro del mismo municipio).
Las tasas de desempleo de esta población son superiores a las de la población que se
encuentra por debajo de la línea de pobreza en los lugares de asentamiento; el ingreso
se reduce a casi la mitad; agravada por el hecho de que sus saberes no son valorados en
las regiones receptoras, generalmente centros urbanos. Despues de un ano de ocurrido el
desplazamiento, las tasas de desempleo se ubican en hogares desplazados alcanza el 16%,
aproximadamente el 94% de hogares desplazados se ubica por debajo de la linea de pobreza
una vez se produce el desplazamiento y el 42% de la poblacion colombiana por debajo de
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la linea de indigencia en Colombia, es desplazada. Asi, la perdida de activos y bienes de
personas internamente desplazadas no se recupera y esto tiene efectos negativos en su
capacidad para enfrentar nuevos choques o situaciones de riesgo, constituyendose en un
obstaculo para la integracion social en zonas de destino
La situación de exclusión social de la población internamente desplazada tiene sus raíces en
las fallas estructurales de la política pública de prevención, atención, restablecimiento de
derechos y restitución de bienes de estas personas; las cuales no han sido superadas. Sus
inmensos vacíos se encuentran consignados en numerosos informes elaborados por la Corte
Constitucional de Colombia, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y han
sido señaladas en detalle por la oficina de ACNUR en Colombia a través del balance de la
aplicación de la Ley 387 de 1997 (ACNUR, 2007b).
Elaborado por: Marcela Ceballos MedinaCentro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Bogotá, 12 de julio de 2012.
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