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Estado del arte sobre los conflictos interculturales socio -
territoriales en Colombia
Que a pesar de tener diferencias culturales nuestros mayores nos enseñaron a poder construir una casa grande,
un techo grande, eso sí con puertas y ventanas bastante flexibles que permitan mirar el pasado, que nos
permitan ubicar el tiempo en que estamos y nos permitan mirar hacia dónde vamos... Existen en algunas
regiones como decía mi mamá gente entreverada, es decir que allí hay indígenas, campesinos y afros y esas tierras
algunos las consideran baldías, pues si bien es cierto son baldías, por qué no compañeros, nos unimos indígenas,
campesinos y afros e intentamos darle una figura más allá del resguardo, más allá de la reserva campesina, más
allá del territorio colectivo, por qué no soñamos con la construcción de un territorio interétnico…
Intervención de representante de la ACIN (II Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina
(ZRC) 22 a 25 de marzo de 2012 - municipio de Corinto departamento del Cauca.
Tabla de contenido Introducción ........................................................................................................................................ 2
1. Hacia una tipología de los conflictos interculturales socio – territoriales ....................................... 6
1.1. Derechos adquiridos .................................................................................................... 6
1.2. Tierra y territorio ......................................................................................................... 9
1.3. Visiones de gobierno en el territorio ..................................................................... 11
1.4. Otros aspectos de análisis: actores estatales, actores armados y proyectos. .. 11
2. Estudio y análisis de Casos ......................................................................................................... 12
2.1. La Altillanura colombiana (Región entre los departamentos de Vichada y Meta). ................ 12
2.2. Cauca ................................................................................................................................. 16
2.3. Putumayo ......................................................................................................................... 20
2.4. Chocó ............................................................................................................................... 23
2.5. Montes de María (Región de los departamentos de Bolívar y Sucre) .................. 26
2.6. Córdoba ........................................................................................................................... 30
2.7. Catatumbo (Región del departamento de Norte de Santander) ............................ 34
2.8. Tolima .............................................................................................................................. 35
2.9. Arauca .............................................................................................................................. 38
3. Entre el conflicto y las alternativas. Caracterización de dos casos que contribuye n a
la construcción de Territorios Interculturales ......................................................................... 40
3.1. San Rafael - Cauca ......................................................................................................... 40
3.2. Jardín de Sucumbíos – Nariño .................................................................................... 43
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4. Comisión Étnica y Acuerdos de Paz .................................................................................. 47
5. Propuesta de Territorios Interculturales, escenarios de construcción de paz ........... 50
6. Reflexiones finales y recomendaciones ............................................................................. 53
Bibliografía ........................................................................................................................................ 56
Introducción
Los problemas estructurales como la concentración de la tierra, es uno de los rasgos
característicos del modelo político y económico vigente en nuestro país, así como el conflicto
armado están en el trasfondo de numerosos y complejos conflictos socio territoriales de carácter
intercultural, en los que los intereses y visiones de grupos indígenas, afrocolombianos y
comunidades campesinas se ven enfrentadas por el acceso y control de tierra y territorios a los
que aspiran o en los que han permanecido.
Aspiraciones indígenas al reconocimiento o ampliación de resguardos, así como las de
comunidades afrocolombianas al reconocimiento de territorios colectivos, disponen de un
marco jurídico que las viabiliza aunque se ven enfrentados a enormes barreras institucionales y
a la férrea oposición de intereses terratenientes o la implementación de megaproyectos
extractivos.
Por su parte, comunidades campesinas han escalado su tradicional aspiración a la tierra, para
pretender no solo a la tierra que no poseen y a territorios en los que han permanecido por
décadas sin seguridad jurídica, sino que además buscan contar con amparo legal y económico
más amplio para materializar sus aspiraciones.
Sobre un mismo territorio y predios, suelen sobreponerse estas pretensiones dando lugar a
hacinamiento, inseguridad alimentaria, extrema pobreza, deterioro de la cultura, pérdida de
biodiversidad y en el peor de los casos, a trámite violento de conflictos. No hay que desconocer
que en muchas de estas regiones donde se presentan conflictos interculturales, la presencia de
actores armados ha dado diferentes dinámicas y desarrollos de estos conflictos, bien sea por la
necesidad de consolidación territorial de estos actores o por el ejercicio de un poder diferente o
alterno al estado.
Casos como el de los conflictos presentados en el departamento del Cauca llegan a ser
verdaderamente dramáticos, donde la intervención del Estado ahonda las tensiones mediante la
aplicación de marcos jurídicos y políticas públicas erráticas e inapropiadas, mientras facilita que
los intereses empresariales nacionales y transnacionales y latifundistas avanzan, en muchos casos
en complicidad con fuerzas paramilitares que les son funcionales a su proyectos e intereses
económicos.
Sin embargo, también se reconocen casos como en el departamento del Chocó, en que la
coexistencia de diversas visiones del territorio, no da lugar a conflictos significativos sino a
formas de convivencia que fortalecen tejidos sociales y la defensa de los territorios. Se trata de
casos que son insuficientemente conocidos perdiendo con ello la oportunidad de aprovechar
estas experiencias a favor del trámite de aquellas conflictivas.
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Este documento hará un especial énfasis en el análisis y documentación de casos relacionados
con comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes; esta claridad es necesaria ya que
en Colombia existe gran diversidad de grupos étnicos, entre ellos la comunidad gitana o Pueblo
Rom. Sin desconocer que este grupo ha sido afectado por dinámicas propias del conflicto armado,
en este documento no se analizara las trayectorias y conflictos territoriales interétnicos
relacionados con este grupo.
Continuando con en análisis de estas tres comunidades, es preciso analizar los conflictos
interétnicos territoriales y rescatar las experiencias positivas. Este aspecto resulta ser uno de los
mayores desafíos para la construcción de paz a la que se avecina el conjunto de la sociedad luego
de la firma de Acuerdos de para la terminación del conflicto armado, particularmente para las
propias comunidades étnicas y campesinas, principales interesadas en su solución.
De no ajustarse el ordenamiento territorial del país, más allá de la definición de usos y la
organización político administrativa, tomando en cuenta los procesos históricos de apropiación
territorial y la capacidad de gestión de los territorios rurales por parte de las propias comunidades,
la paz será incompleta e insostenible en tales territorios y la agudización de los conflictos
referidos será irreversible.
Sin embargo, la identificación de esos conflictos, sus antecedentes, características, ubicación,
tipología entre otros aspectos que permita profundizar su comprensión para disponer de
insumos para la construcción de rutas, resulta de suma urgencia, tanto para las propias
comunidades afectadas como para actores estratégicos que pueden contribuir en su abordaje.
Dado que la información disponible acerca de estos conflictos es escasa y está dispersa en
diferentes estudios, los análisis que se realizan en este documento pretenden aportar a la
satisfacción de esta necesidad, no produciendo un estudio que agote su caracterización y análisis,
sino por medio de la realización de un estado del arte que permita reconocer la problemática y
establecer prioridades de documentación.
De esta manera el propósito principal del este documento consiste en elaborar un estado del arte
de diferentes conflictos interculturales socio territoriales que involucran a comunidades
campesinas, indígenas y afrodescendientes en diferentes regiones de Colombia, identificando las
causas, características, dinámicas y efectos de tales conflictos, así como la ubicación geográfica
de los mismos, las estrategias y enfoques que se han implementado para tramitarlos.
Este documento se estructura en 7 apartados: en un primer acápite llamado “Hacia una tipología
de los conflictos interculturales socio – territoriales” se realiza una aproximación conceptual
basada en casos de estudio, esta aproximación permite analizar el término conflicto intercultural y
los diferentes elementos que la integran.
En este contexto estamos entendiendo por conflicto intercultural como aquellos conflictos
que se dan por relaciones de tensión entre dos o más comunidades. Por lo general el elemento
transversal en la mayoría de los casos tiene que ver por el aspecto territorial. Sin embargo existen
una gran cantidad de elementos que potencialmente hacen que estas relaciones sean aún más
tensas, por ejemplo los derechos específicos que tienen cada parte involucrada en el conflicto.
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De manera que no es un conflicto cultural en sentido estricto, sino un conflicto territorial donde
se confrontan diferentes perspectivas identitarias y culturales. Este último aspecto puede
considerarse como un catalizador del conflicto, puesto que resulta ser evidente en muchos casos
las diferencias culturales e identitarias entre las diferentes partes, pero como se mencionó
anteriormente el conflicto tiene una relación estrecha con la forma, el uso y la estructura de
propiedad que cada uno de las comunidades y agentes le da al territorio.
Teniendo claro este enfoque analítico, se realiza una ubicación espacial y social de conflictos
interculturales socio - territoriales que involucren diferentes comunidades: campesinas, indígenas
y afrodescendientes, por lo general esta ubicación se realiza en clave de organizaciones sociales
articuladas con diferentes apuestas organizativas como la Mesa Intercultural, iniciativa que ha
venido consolidando en el marco de los diferentes encuentros y eventos de convergencia de las
asociaciones que conforman la ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva
Campesina) y otros espacios de confluencia, interlocución y organización de comunidades
rurales como son la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), CONPI
(Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas), CNA (Coordinador Nacional Agrario), PCN
(Proceso de Comunidades Negras), CONAFRO (Coordinación Nacional de Organizaciones y
Comunidades Afrodescendientes), además de hacer referencia a algunos de las discusiones y
avances del escenario de negociación de la Cumbre Agraria Étnica y Popular.
Con este ejercicio en mente, y como una segunda parte del documento se realiza una
caracterización de las acciones, procesos, actores, causas, dinámicas y efectos de estos conflictos
interculturales socio - territoriales en los casos estudiados: subregiones de Catatumbo y Montes
de María, departamentos como Chocó, Putumayo, Cauca, Nariño, Tolima, Córdoba; así como
casos vinculados con apuestas organizativas ubicadas en la región de la Altillanura. En cada uno
de estos casos se analizan las estrategias y enfoques que han implementado los diferentes actores
involucrados en el conflicto para tramitar y responder ante los conflictos.
Posteriormente en un tercer apartado titulado: “Entre el conflicto y las alternativas.
Caracterización de dos casos que contribuyen a la construcción de Territorios Interculturales”
se analizan a profundidad dos (2) casos de conflicto, casos que permiten evidenciar el tipo de
conflicto, las acciones y situaciones relacionadas con el conflicto y las estrategias o alternativas
que se han implementado para el trámite satisfactorio de las tensiones y conflictos.
Los casos más representativos y que se detallan en este acápite, están presentes en el
departamento de Cauca en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires por la finca
San Rafael, lugar por el cual se enfrentaron comunidades afrodescendientes e indígenas. Hace
unos años estas dos comunidades llegaron a un arreglo concertado para la convivencia en este
territorio. Lo interesante del caso según lo documentado resulta ser que el Ministerio del Interior
fue uno de los agentes principales para que el conflicto se agudizara. El análisis de este caso
pretende abordar las diferentes situaciones conflictivas, los actores, las acciones y las soluciones
y alternativas empleadas para superar esa situación.
El segundo caso se ha explorado en el departamento de Nariño. En el corregimiento de Cofanía
Jardines de Sucumbíos, municipio de Ipiales; se ha presentado una alternativa conjunta
consistente en mesas de discusión y planeación sobre el uso de los recursos. Esta iniciativa ha
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resultado de la unión y convergencia de diferentes organizaciones como Fundación El Progreso,
los indígenas Kofan y comunidades afrodescendientes, quienes decidieron unirse para planear
colectivamente todos los asuntos de su territorio ante la amenaza inminente por la entrada de
operaciones exploratorias y extractivas relacionados con el petróleo. Es un interesante caso
donde se evidencia los niveles de solidaridad entre los diferentes sectores y la planeación y
concertación de planes de vida para el territorio.
En la cuarta parte del documento, se reseñan algunos de los acuerdos y discusiones que
orientaron y dieron como resultado la creación de la Comisión Étnica, en el marco de los
Acuerdos de Paz.
Este aspecto resulta fundamental en el análisis de los conflictos territoriales socio-culturales, ya
que se refuerzan algunos aspectos básicos en el tema étnico como son “la libre determinación,
la autonomía y el gobierno propio, la participación, la consulta y el consentimiento previo libre
e informado; la identidad e integridad social, económica y cultural, los derechos sobre sus tierras,
territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el
derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la
protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y
/o tradicionalmente” (Mesa de Conversaciones Diálogos de La Habana, 2016).
A propósito de esto último, resulta sustancial en los hallazgos investigativos documentar la
experiencia organizativa alrededor de la construcción de la propuesta de Territorios Interculturales.
Este aspecto se profundiza en la quinta parte de este documento, en donde se da cuenta de las
diferentes experiencias organizativas que convergen, buscan y construyen dentro de sus apuestas
estratégicas la implementación de escenarios de paz mediante la propuesta de Territorios
interculturales, espacios donde se generan propuestas de ordenamiento territorial entre
indígenas, afrodescendientes y campesinos para la defensa del territorio bajo perspectivas
sociales, políticas y culturales comunes (I Seminario Nacional de Territorios Interculturales,
2016).
Finalmente se cierra el documento con una serie de reflexiones comunes y recomendaciones.
Estas reflexiones tienen surgieron del proceso investigativo y que están relacionadas con la
tipificación y caracterización de los casos, los principales argumentos por cada sector, los
repertorios movilizadores, los espacios de disputa, las nuevas organizaciones sociales que entran
en el escenario, los trastoques territoriales y las figuras políticos y jurídicas empleadas, en este
contexto es importante mencionar el papel movilizador de la consulta previa en diferentes
sectores sociales.
De igual manera en el apartado de cierre se comentan una serie de recomendaciones, donde se
da cuenta de los casos que han sido más documentados y de aquellos casos que se hace necesario
documentar en una escala más micro y detallada. En este sentido se espera aportar en una
priorización de casos que son importantes para generar un estado del arte sobre el estudio de los
conflictos interculturales socio – territoriales en Colombia.
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1. Hacia una tipología de los conflictos interculturales socio –
territoriales
Como se abordó previamente en la introducción, los conflictos interculturales socio –
territoriales tienen una estrecha relación con elementos tensionantes como la concepción, uso,
formas de tenencia y de propiedad del territorio. Sin embargo, esta investigación pretende
abordar otros asuntos que pueden contribuir al análisis de una manera holística sobre estos
conflictos. A continuación mencionamos algunos de esos aspectos que son necesarios para tener
en cuenta a la hora de estudiar y analizar los conflictos interculturales socio – territoriales. En
este acápite nos apoyamos de elementos conceptuales y metodológicos del Centro de Estudios
Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali (2013). Sin embargo, se han evidenciado otros
elementos que contribuyen al estudio y entendimiento de los conflictos.
1.1. Derechos adquiridos
En primera medida, las situaciones conflictivas se desarrollan por el desconocimiento de derechos
adquiridos, desconocimiento por parte de los diferentes actores colectivos involucrados y que se
complejiza por la sobre posición de intereses y expectativas territoriales. En la mayoría de casos
analizados el conflicto central es el tema agrario que se agudiza con las confrontaciones
interétnicas. “…existe desequilibrio en los derechos de los diferentes grupos sociales, esto ha
obedecido a la capacidad organizativa de cada actor, no sólo en lo local, sino en lo nacional e
internacional; existen por una necesidad de avanzar en la generación de política agraria y de
tierras que pueda ser aplicable a un contexto intercultural y que no lleva a lesionar los intereses
de unos en la defensa de los otros”. (Centro de Estudios Interculturales, 2013).
Los derechos adquiridos por los actores adquiridos entran en pugna cuando existen procesos
diferenciados de construcción social sobre la tierra y el territorio. De manera que el territorio
para la comunidad indígena tiene aspectos característicos y diferenciados con respecto al
territorio para comunidades campesinas y afrodescendientes. La tierra y su propiedad para el
caso indígena, son aspectos históricos de resistencia que provienen de la conquista y la colonia
y por ello no se limita a disposiciones legales sobre tierras.
Cada sector representada por diferentes comunidades tiene repertorios de movilización,
organización y negociación que se evidencian en la defensa de su territorialidad, a través de la
oposición a la ampliación del territorio de otro proceso social, sobre el espacio que el primero
considera tiene mayor derecho por su pertenencia histórica, y que busca se le reconozca. Esto
permite analizar que lo que se ha venido presentando en muchos casos no es un conflicto
interétnico como tal, sino la manifestación de la defensa territorial que se superpone con la
necesidad que cada uno de los actores tiene de solucionar su necesidad de tierra (Centro de
Estudios Interculturales, 2013).
En este sentido coincidimos con las reflexiones que realiza Carlos Duarte (2015) al señalar que
las políticas multiculturales implementadas en Colombia luego de la Constitución de 1991 están
relacionadas con la implementación de un sistema diferencial de derechos a actores y minorías
étnicas y culturales del país. De igual manera la investigadora Sandra Naranjo de Planeta Paz
(2016) considera que la multiculturalidad hace referencia al reconocimiento de la existencia de
otros, pero desde una perspectiva muy paternal en donde lo que predomina es una cultura frente
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a otra, una cultura que impone ciertos procedimientos, ciertas figuras, para poder interactuar con
esa sociedad mayoritaria.
Teniendo en cuenta estos argumentos, hemos evidenciado en este estudio que las formas de
denominación y actuación por parte del Estado hacia estas comunidades tienen diferencias
significativas, diferencias que podrían contribuir al entendimiento de los conflictos
interculturales en Colombia. A continuación se mencionan algunas formas evidenciadas en la
jurisprudencia colombiana en las que genéricamente se desglosa los términos comunidades,
grupos étnicos y pueblos indígenas y tribales.
Para abordar este asunto es necesario comprender el reconocimiento diferenciado que ha hecho
en primera medida la Constitución del 91 con las comunidades indígenas y luego la ley 70 de
1993 con las comunidades negras, muy similar al concepto de “derechos diferenciados” o
“discriminación positiva” estudiados por Will Kymlicka (1996). En este sentido, podríamos
considerar que la Constitución consagró dos grandes aspectos y derechos al entendimiento del
territorio de los grupos étnicos: como jurisdicción y como propiedad sobre la tierra (Sánchez
Botero, 1998).
Concretamente con relación a las poblaciones indígenas sus derechos parecen estar asegurados
en los siguientes artículos: sobre la participación política de comunidades indígenas, art. 171.
Constitución Política. En otros artículos se refiere a la conformación de las entidades territoriales
indígenas (art. 329) y a la autonomía en el gobierno territorial de acuerdo a los usos y costumbres
indígenas (art. 330).
De igual manera se han expedido una serie de Decretos autonómicos que buscan consolidar una
protección efectiva y seguridad jurídica de las tierras y los territorios ocupados o poseídos
ancestralmente por los pueblos indígenas (Decreto 2333 de 2014), la creación de un régimen
especial para el funcionamiento de los territorios indígenas y la administración de los sistemas
propios de los pueblos indígenas (Decreto 1953 de 2014) y la reglamentación de la contratación
para la atención educativa por parte de la entidades territoriales certificadas con los cabildos,
autoridades tradicionales indígenas, entre otras (Decreto 2500 de 2010).
Para la población negra o afrodescendiente se denomina en la jurisprudencia como Comunidad.
Principalmente en la Constitución Política de 1991, el art. transitorio 55, y también en la Ley 70
de 1993 que desarrolla el transitorio 55, donde es este sector es definido así: “Comunidad negra.
Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,
comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación
campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros
grupos étnicos”.
Adicionalmente se señala de manera textual que el reconocimiento será inicialmente para aquellas
comunidades que tuvieran una ancestral ocupación de las tierras baldías rurales ribereñas de los
ríos de la Cuenca del Pacífico (Choco biogeográfico), dejando abierta la posibilidad que pudiera
aplicarse en otras zonas del país siempre y cuanto las nuevas zonas cuenten con condiciones
similares.
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Mediante en Sentencia C-169 de 2001 señala que jurídicamente las comunidades negras
beneficiarias de los derechos consagrados en el Convenio 169 de la OIT, lo son cuando cumplen
con los siguientes criterios: Un elemento "objetivo", a saber, la existencia de rasgos culturales y
sociales compartidos por los miembros del grupo, que les diferencien de los demás sectores
sociales, y (ii) un elemento "subjetivo", esto es, la existencia de una identidad grupal que lleve a
los individuos a asumirse como miembros de la colectividad en cuestión (Observatorio de
Territorios Étnicos, 2001)
Pese a la importancia de la Ley 70 de 1993 en el reconocimiento de derechos a las comunidades
negras, debe señalarse que fue limitada en el ejercicio de estos derechos. En el artículo 1º señala
que la ley podrá ser aplicada a otras zonas del país que presenten condiciones similares,
permitiendo así la titulación por fuera del Chocó biogeográfico, la titulación se restringe
solamente a aquellas comunidades que se encuentren en zona rural y que ocupen territorios
baldíos.
Dicho de otro modo, las comunidades asentadas en cascos urbanos y/o en zonas donde en algún
momento se hayan reconocido derechos a particulares, no pueden acceder a la titulación de sus
territorios colectivos, pese a que ejercen territorialidad en ellos (Puello, 2015). En cifras se podría
considerar que el desarrollo normativo en esta materia excluye a la mayoría de las comunidades
negras, pues los habitantes urbanos son un 70% y los que viven fuera del Pacífico son un 73%
(Hoffmann, Pardo, & Mosquera, 2002).
En lo que tiene que ver con el sector campesino, este no aparece referenciada en la Constitución
del 91 como comunidad. La Ley 160 de 1994 se designa a este actor como comunidades rurales;
evidentemente con este término abarca la totalidad de comunidades que están en el campo y no
exclusivamente al campesinado.
En un sentido similar, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre
aspectos relacionados con el campesinado, de manera especial en lo que tiene que ver con el
acceso, la propiedad de la tierra y las obligaciones de protección y garantía que tiene el Estado
Colombiano para con la población campesina.
Relacionado con esto, ha emitido algunas sentencias que de manera discreta han abordado
aspectos que son importantes para el movimiento campesino: la condición campesina como
sujeto de especial protección constitucional (Art. 64, 65, 66 CP; C-006 de 2002), la economía
campesina y el respeto a las zonas de reserva campesina (C-644 de 2012), la importancia del
campo como bien jurídico de especial protección y el campesinado, así como el reconocimiento
a sus modos de vida y a una identidad cultural diferenciada y arraigada en el campo (su territorio)
y la multiplicidad de relaciones que se construyen en este (C-262 de 1994) (ANZORC, 2015).
Estos aspectos se constituyen en importantes reivindicaciones del movimiento campesino y
fundamentalmente de las asociaciones de campesinos articulados en Zonas de Reserva
Campesina en pro de la defensa de la territorialidad campesina y del campo en general.
Esto tiene que ver con el reconocimiento y respeto de diversas expresiones, reconociendo al
campesinado como actor político, cultural y económico organizado que hacen importantes
contribuciones a la vida del país. “Es hora de resaltar que gracias al trabajo campesino los
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alimentos llegan a las ciudades, los territorios habitados por ellos gozan de amplia conservación
ambiental, así como el desarrollo de sistemas ecológicos de la tierra y del agua, y la preservación
de la identidad y la cultura colombiana” (Agencia Prensa Rural, 2012).
Sumado a esto, el tema del autoreconocimiento como parte de determinada población, es un
aspecto importante para el análisis de los conflictos interculturales. Un elemento que surge
cuando se analizan las dinámicas interculturales y su relación con el territorio tiene que ver con
los censos y la población que habitan en estos espacios.
En los censos realizados por el DANE se reconocen ciertas comunidades (indígenas, negros,
rrom y otros) pero no se señala los datos de comunidades campesinas1. Este dato por lo general
está relacionado con la cantidad y el porcentaje de personas que viven o que tienen un vínculo
con el campo. De manera que es difusa la información a este respecto, ya que allí también entran
aquellas comunidades negras o indígenas. Este asunto es importante en el análisis de cada uno
de los casos estudiados en este documento.
1.2. Tierra y territorio
Un segundo aspecto que caracteriza los conflictos territoriales interculturales y que está vinculado con el punto anterior, tiene que ver con la histórica situación de concentración de propiedad de la tierra, y las diferentes concepciones sobre la tierra y el territorio. El primer aspecto ha sido característica predominante en los valles interandinos, la Costa Atlántica y Pacifica y en la mayoría de los altiplanos: una distribución desigual durante los siglos de dominio colonial, las políticas de asignación de baldíos, los procesos de colonización y los distintos conflictos armados que ha enfrentado el país a lo largo de su historia, son algunos de los determinantes de la distribución actual de la propiedad. Los mercados de tierras y las Reformas Agrarias emprendidas en el siglo XX parecen no haber sido efectivas para disminuir la desigualdad estructural de la propiedad rural en Colombia (IGAC, Universidad de los Andes, 2012). Estudios recientes señalan que en Colombia los índices de Gini se siguen manteniendo cercanos a 1. El índice Gini nacional de tierras en el catastro administrado por el IGAC) pasó de 0,886 en 2000 a 0,874 en 20122 (IGAC, Universidad de los Andes, 2012).
1 En este sentido, son importantes los aportes y argumentos del PCN (Proceso de Comunidades Negras) que señalan que más allá del dato de un censo, el reconocimiento de las comunidades negras en estas estadísticas oficiales está directamente relacionado con el reconocimiento total de los derechos y territorios colectivos de estas comunidades “una vez el movimiento social de comunidades negras obtiene uno de sus mayores logros—la titulación de más de cinco millones de hectáreas como territorios colectivos en el reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales como comunidades negras—dará mayor atención a la visibilidad de la gente negra a través de la producción de las estadísticas oficiales étnicas en la lucha por políticas de inclusión y reparación desde la diferencia” (Castillo, Grueso, Rosero, & Cifuentes). 2 El Índice de Gini es utilizado para medir la distribución desigual, se mide entre 0 y 1, en donde 0 corresponde con la igualdad y entre más se acerque al valor 1 más desigual es la distribución. El Gini de tierras mide la desigualdad con base en el tamaño de cada predio sin tener en cuenta que un propietario puede tener más que un predio. El Gini de propietarios mide la desigualdad sumando el número de predios por cada propietario en todo el territorio. (IGAC, Universidad de los Andes, 2012).
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Esta dinámica estructural tiene una raíz profunda en el desarrollo del capitalismo rural en
Colombia. Cada una de las reformas y mecanismos implementados en el campo condujeron a la
agudización y perduración de patrones de concentración de la tierra: sistema de hacienda, los
monocultivos a gran escala, los enclaves extractivos y recientemente por medio de aprobación
de la ley de ZIDRES. Sumado a esto, la falta de continuidad de las políticas estatales,
departamentales y municipales ha llevado a que en la mayoría de los casos se suscriban acuerdos
entre las partes (Estado y comunidades) no se cumplan (Semana, 2016).
Aunado a esto, la concentración de los factores productivos, la infraestructura y la inversión
estatal es un aspecto que ha generado disputa entre los diferentes sectores. Esto en parte
generado por las diferencias químicas y físicas de los suelos que hacen que unos sean de mejor
calidad para la agricultura, el acceso a agua, el acceso a créditos y capacitación técnica, en fin a
programas estatales técnicos y de crédito para la ruralidad.
Sin embargo las visiones entre los diferentes actores y comunidades sobre aspectos como
inversión, cambio y desarrollo de la ruralidad no son totalmente convergentes. Por ejemplo, en
materia de ordenamiento territorial, falta avanzar en la comprensión y el reconocimiento de
visiones, concepciones, trayectorias, principios de organización territorial y la noción de lo
público que tienen las comunidades indígenas.
Los conflictos de tipo interétnico se exacerban frente a las visiones occidentales respecto al uso
colectivo de la tierra, la noción de propiedad privada, de límites territoriales y fronteras, que
junto con los principios de soberanía y seguridad, se convierten en condicionamientos y
limitantes tanto para las comunidades indígenas como para el sector privado y los demás grupos
campesinos y afrodescendientes con los cuales comparten determinados territorios (Comisión
de Ordenamiento Territorial, 2014).
Según Carlos Duarte (2015) esta dificultad del ordenamiento territorial actual se evidencia en
que el modelo multicultural que entregó valor a lo étnico pero, de algún modo, seccionó la
población rural desde la diferenciación. Este hecho, atado a la ausencia de un ejercicio de
ordenamiento territorial interétnico e intercultural que integre las distintas visiones frente al
territorio ha motivado y agudizado numerosos conflictos por la tierra y por la igualdad de
derechos entre los actores rurales que conviven en la nación.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con concepciones de tierra y territorio podríamos desatacar
algunas semejanzas que se han evidenciado en la práctica entre las tres figuras jurídicas de
ordenamiento: Zonas de Reserva Campesina, Resguardos indígenas y Consejos Comunitarios.
En estas figuras sus actores ejercen territorialidad, en cierta medida diferenciada, pero que en
determinados momentos históricos ha servido para salvaguardar y defender su compromiso con
la lucha por la tierra, procesos de apropiación territorial y ejercicios de autonomía como
respuesta al poder arbitrario y la exclusión institucional (Méndez, 2013).
A nivel particular se ha señalado que las lógicas campesinas asociadas a la propiedad privada,
delimitada y con miras a ser vendida (mejoras) tienen serias diferencias con territorios colectivos
como los resguardos o los consejos. Sin embargo lo que se evidencia es que a pesar de las
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limitaciones económicas, presupuestales y de apoyo estatal las iniciativas relacionadas con las
Zonas de Reserva Campesina, se puede señalar que en los casos en que la figura ha sido
implementada en términos prácticos, los campesinos constituyen territorios donde desarrollan
experiencias significativas de autonomía territorial, marcadas por una estrecha relación con la
tierra y su entorno (más allá de una visión economicista), regímenes de tenencia diferenciados
(colectivo, individual, mixto), el trabajo, la organización comunitaria, la autorregulación, cuidado
del entorno y la solidaridad (Méndez, 2013).
1.3. Visiones de gobierno en el territorio Un tercer aspecto que fue relevante en los análisis de casos tiene que ver con las disputas organizativas y comunitarias por el gobierno territorial y local (Duarte, 2015). Así se evidencia en el departamento de Cauca donde algunos conflictos en lugares donde se concentra la pequeña propiedad terminan por ser, más que por la titularidad, por el gobierno territorial. Entre las disputas por las tierras y el territorio, se presenta fuertemente conflictivo el tema de la territorialidad y la gobernabilidad. Los diversos actores, procesos sociales y territoriales del departamento buscan ejercer autoridad en su territorio; los indígenas a través de los cabildos, los afrodescendientes mediante los consejos comunitarios y los campesinos mediante las Zonas de Reserva y sus organizaciones sociales (Centro de Estudios Interculturales, 2013). Sin embargo la presencia de procesos organizativos permite que las situaciones potenciales conflictivas no terminen por agravarse ya que entre estos procesos se generan en algunos casos vínculos de solidaridad de manera que sus reivindicaciones, reclamos y exigencias en muchos contextos y coyunturas tienden a coincidir. Ante esto es importante la puesta en común de una iniciativa que se viene adelantando entre diferentes sectores sociales: la construcción de un espacio de debate: la Mesa intercultural3 junto con la propuesta de territorios interétnicos4.
1.4. Otros aspectos de análisis: actores estatales, actores armados y
proyectos.
Sumado a los puntos anteriores Duarte (2015) señala que no solamente por la falta de canales institucionales para tramitar acuerdos pactados y el incumplimiento gubernamental se agravan
3 En el marco del II Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) realizado entre el 22 y 25 de marzo de 2012 en el municipio de Corinto departamento del Cauca, se conformó la Mesa Intercultural: “Los temas centrales planteados giraron en función del debate sobre los conflictos étnico territoriales entre indígenas, afrodescendientes y campesinos en el Cauca y sobre la posibilidad de construir conjuntamente territorios interculturales que rompan con la lógica de las élites políticas nacionales y regionales en el sentido de separar, aislar y dividir a estas comunidades (Tobón, 2012). 4 Dentro del proceso de la Asamblea de procesos Constituyentes por la Paz con Justicia Social, realizada entre el 27 al 29 de mayo de 2016 en Bogotá, dentro de la mesa de Ordenamiento Territorial, los asistentes de diferentes regiones del país deliberaron y propusieron: Reconocer las diversas territorialidades y formas organizativas de las comunidades tales como Zonas de Reserva Campesina, Consejos Comunitarios, Territorios interétnicos, Zonas Agroalimentarias, entre otras (Constituyentes por la Paz con Justicia Social, 2016).
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las dinámicas de conflicto. Disposiciones jurídicas de la Corte Constitucional, sentencias internacionales, que benefician selectivamente a actores étnicamente reconocidos y Planes Nacionales de Desarrollo también son aspectos generadores de conflicto interculturales. En muchos casos la falta de continuidad de políticas públicas de orden municipal o departamental incide en situaciones conflictivas. Otro componente que incide de manera significativa en el afianzamiento en los conflictos interculturales tiene que ver con la situación de conflicto armado presente en muchas regiones y territorios. El variopinto panorama de actores que intervienen en el territorio, mediante formas de gobierno y ejercicio de la autoridad hace que las tensiones territoriales se complejicen y tengan una estrecha relación con la presencia de actores armados, narcotráfico y grandes inversionistas (Centro de Estudios Interculturales, 2013). En lo que tiene que ver con los actores armados, el problema se agrava por su pretensión de ser gobierno, ejercer autoridad e incidir en la toma de decisiones comunitarias e individuales; en el caso del narcotráfico, el problema se refiere fundamentalmente a el acaparamiento de la tierra, el elevamiento de sus costos y la imposición de diversas prácticas ilegales ligadas a la producción y comercialización de cultivos de uso ilícito y sus derivados, así como al uso de armas en los territorios (Duarte, 2016). En conclusión, se puede señalar que existen varios factores que inciden de manera importante en el surgimiento, consolidación y agudización de conflictos territoriales de carácter intercultural. Para efectos analíticos, en este documento estos factores se han estructurado en cuatro grandes bloques: el desconocimiento de derechos adquiridos, la concentración de la propiedad de la tierra, las disputas organizativas y comunitarias por el gobierno territorial y local y otros aspectos locales: actores estatales, armados y proyectos económicos. Estos factores ayudan a caracterizar la naturaleza de los diferentes conflictos interculturales y contribuyen a analizar algunos conflictos territoriales interculturales partiendo de características similares y aspectos diferenciadores.
2. Estudio y análisis de Casos
2.1. La Altillanura colombiana (Región entre los departamentos de Vichada y Meta).
Recientemente esta región ha tenido una importancia significativa. Ubicada en el extremo oriental del país, esta región hace parte de una zona más amplia ubicada en los países de Venezuela y Colombia, países que comparten la Cuenca del Río Orinoco (Viloria, 2009). Dentro de la región de la Orinoquía se destacan diferentes paisajes geomorfológicos:
Piedemonte, Aluviones recientes, Orinoquía mal drenada, Orinoquía bien drenada y Andén
Orinocense. El área de la Altillanura es de aproximadamente 13 millones de hectáreas, que
corresponde a gran parte del territorio del departamento del Meta y la totalidad del departamento
de Vichada. Se estima que hay un área con potencial agrícola de casi 4.5 millones de hectáreas
(Viloria, 2009).
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Recientemente se han evidenciado procesos relacionados con compra masiva de tierras,
titulaciones irregulares y desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas. Estos rasgos
son distintivos del proceso de acaparamiento de tierras.
Más allá de ser el producto directo de la influencia de una dinámica internacional de crisis del
modelo capitalista, el desarrollo particular de Colombia en materia agraria sobre los baldíos y su
falta de formalización favorecen los procesos actuales de acaparamiento de tierras,
potenciándose así situaciones de despojo a poblaciones locales mediante formas legales, ilegales
y violentas (Gómez, 2015).
En la región tienen presencia más de 9 pueblos indígenas, siendo los más significativos los
siguientes: sikuani, piapoco, puinave, piaroa, curripaco, sáliva, cubeo, cuiba y amorúa. Estos pueblos han
tenido una relación conflictiva con los colonos y campesinos que han llegado a la región de
forma disgregada dada principalmente por olas de migración relacionadas con etapas de bonanza
pieles, ganadería y posteriormente por el cultivo de coca.
Gran parte de los conflictos interculturales socio - territoriales y agrarios que se presentan en
esta región se exacerban con cada nueva ola de migración, por lo general, de manera violenta
(Barbosa, 1992). En muchas ocasiones la solución empleada para acabar con las disputas
territoriales entre campesinos colonos, latifundistas e indígenas fue la persecución, asesinato y la
cacería de indígenas (Castro Caycedo, 1976).
De manera que estos hechos produjeron un acorralamiento hacia el oriente de la región
principalmente hacia el departamento de Vichada de comunidades indígenas que antes se
ubicaban en las riberas de los ríos Tomo, Guaviare, Manacacias, Planas y Meta, zonas donde
vivían de la agricultura diversificada en pequeños conucos.
Tradicionalmente la Altillanura por su situación de frontera agrícola, no había reportado mayores
variaciones del índice de Gini. En el departamento de Meta registra en su estructura catastral un
78 por ciento del área catastral pertenece a la gran propiedad, un 19 por ciento a la mediana y el
tres por ciento restante se reparte entre pequeños, mini y microfundios. Esto se debe en gran
parte a la calidad de los suelos, en su mayoría aptos para la ganadería.
La concentración de la distribución de los predios en grandes extensiones redunda en el Gini de
tierras más alto del país: 0.861. Al controlar por la calidad de la tierra, el Gini cae al tercer puesto
en el país. Por otro lado, el Gini de propietarios ocupa el quinto puesto en el país (IGAC,
Universidad de los Andes, 2012).
En el caso de Vichada (otros de los departamentos que conforman la Altillanura), no había
reportado mayores variaciones en este índice en la década de 1990 y la cantidad de titulaciones
de baldíos descendió (Villaveces & Sánchez, 2014). Sin embargo, para el periodo estudiado por
Ana María Ibáñez (IGAC, Universidad de los Andes, 2012) se evidencia un incremento en el
índice de Gini relacionado con la concentración de tierras (Gini de tierras). Teniendo la misma
variación con respecto a la cantidad de predios y su relación con los propietarios (Gini de
propietarios).
Los picos más altos se reportan en los años 2008 y 2009, con índices de Gini propietarios de
0.565 y Gini de tierras de 0.467, siendo 0,43 el promedio histórico desde 2000. Estas cifras
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coinciden a los años con picos altos de mayores cifras reportadas de desplazamiento de
población en el departamento (Gómez, 2015).
La presencia de organizaciones guerrilleras, especialmente las FARC, se han venido
consolidando en la zona desde inicios y mediados de los 80´s, y en muchas zonas de la región
introdujeron el cultivo de coca (Molano, 2012). El control del territorial expresado por la
implementación de cultivo en zonas de levante de ganado hizo que la economía de muchos
asentamientos y caseríos se desplazaran de la cría y ceba de ganado, y se volcaran al cultivo y
procesamiento de la hoja de coca (Becerra, 2011)
Luego del decaimiento de la bonanza cocalera dada en gran medida por proceso de erradicación
y fumigación, se empezó a evidenciar la presencia algunas empresas multinacionales como
Cargill, Poligrow, Mónica Semillas y empresas forestales de mediana inversión que empezaron a
realizar compras masivas de tierras en la Altillanura desde 1983 (Contraloría, G., & Incoder,
2013).
En un estudio realizado recientemente (SOMO-INDEPAZ, 2015) se señala que la Empresa
Poligrow ubicada el municipio de Mapirípan, departamento de Meta, ha realizado una serie de
transacciones relacionadas con la adquisición de baldíos, compra de manera irregular de predios
y acumulación de UAF5, aspecto que infringen la ley 160 de 1994 en cuanto a apropiación de
baldíos y acumulación de UAF se refiere.
Estas prácticas han afectado los territorios indígenas de las comunidades indígenas ubicadas en
esta zona: las autoridades Sikuani denuncian que sin consultarlos, Poligrow suministró asistencia
técnica, semillas y plántulas a los propietarios de Yamú y que apoya su interés de sembrar 200
hectáreas adicionales. También refieren restricciones en la movilidad; actividades de caza, pesca
y recolección y prácticas culturales en los sitios sagrados denominados Capalaure, Peyatsevitsuto y
Yavetsanibot, localizados en la plantación Los Macondo, Casuarito y Yamú (SOMO-INDEPAZ,
2015).
En la actualidad, las tensiones territoriales se han dinamizado debido a la entrada en operación
del modelo agroindustrial por medio de empresas agroindustriales caracterizadas por operar en
áreas a gran escala. Este proceso ha llevado a que se dé lugar a escenarios de confrontación y
disputas territoriales en la región ya que este modelo entra en conflicto con territorialidades
presentes en la región. Territorialidades expresadas en modos de vida de campesinos e indígenas,
cuyas características distintivas son la producción intensiva y diversificada, el uso de recursos
disponibles en el entorno y la producción agrícola en áreas pequeñas (Gómez, 2015).
A pesar de estar presente la relación conflictiva entre colonos e indígenas recientemente estos
últimos han tenido procesos organizativos que han favorecido su consolidación en el territorio
de Resguardos Indígenas. Igualmente los mecanismos legales que rigen a estos territorios
colectivos, hace que estos territorios no sean fácilmente transaccionables puesto que requieren
5 La Unidad Agrícola Familiar (UAF) es definida por la Ley 160 de 1994 como el área de terreno suficiente para ser explotada por una familia campesina para una producción estimada de 3 salarios mínimos. El tamaño depende de la productividad de la tierra, en la zona andina colombiana comprende entre 4 a 40 hectáreas mientras que en zonas de baja productividad su extensión en mayor como en el caso de la Orinoquía (Gómez, 2015).
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mecanismos de participación y decisión como la consulta previa a comunidades indígenas
(Decreto 1320 de 1998).
Desafortunadamente estas condiciones legales y jurídicas no cobijan al sector campesino, la
figura de Juntas de Acción Comunal, asociaciones o cooperativas no es suficiente para evitar en
primera medida el desplazamiento masivo y vaciamiento de los territorios.
Este aspecto ha generado confrontaciones y disputas entre colonos y campesinos con el sector
indígena, relacionados principalmente con comentarios y visitas que señalan a reconocidas
organizaciones indígenas como compradores de tierras ya que muchos de estos resguardos
tienen la firme pretensión de ampliar sus resguardos indígenas y de consolidar nuevos
resguardos, aspecto que no es negativo, sin embargo generan desplazamientos y destierros de
población colona y campesina que lleva varias generaciones en estos territorios6 (Gómez, 2015).
Estas disputas territoriales entre campesinos, indígenas y recientemente entre agroindustrias
tienen una clara relación con el territorio. Además del desplazamiento de población local, existe
gran cantidad de familias que viven en los intersticios de las agroindustrias y de las empresas
forestales. Para el caso de las comunidades indígenas, se evidencia que sus territorios colectivos
están siendo cercados, traslapados con títulos recientes y sin las más mínimas posibilidades de
ampliación (Gómez, 2015).
Esto está relacionado con las reflexiones y argumentos de Carlos Salgado al señalar que existió
una estrategia desde hace más de 60 años para limpiar esos territorios de grupos indígenas en los
Llanos Orientales donde las políticas de colonización empujaron a los campesinos a romper los
territorios indígenas a pesar de que la Ley 89 fuera del siglo ante pasado; por esto, este conflicto
no puede analizarse como un conflicto reciente sino desde una perspectiva de larga duración que
hoy empieza a hacerse evidente, más allá de la discusión de las ZIDRES (Salgado, 2016).
Finalmente, se puede señalar que el proceso reciente (hace una década) de compra masiva y
transacciones de tierras, es un fenómeno que está dinamizando y exacerbando antiguas disputas
y conflictos territoriales. Las comunidades indígenas y campesinos colonos se ven enfrentados
en algunos casos por la llegada de grandes inversionistas y empresas agroindustriales que
pretenden acaparar esos territorios. Sin una solución factible a esta problemática el campesino
se ha visto sometido al desplazamiento condicionado a zonas urbanas (Cumaribo, Villavicencio,
Puerto Carreño, entre otros, incluso reportándose migraciones de campesinos, colonos e
indígenas a territorios venezolanos) (Gómez, 2015).
Las comunidades indígenas organizadas en sus cabildos y cobijadas por los resguardos, por su
parte esperan que se dé un “reversazo” a la política agraria recientemente aprobada en el
6 Así lo señalo una campesina que lleva más de 40 años viviendo en la vereda El Tomo, municipio de Cumaribo – Vichada. Ante la pregunta reiterativa de algunos intermediarios de empresas agroindustriales y a comunidades indígenas del sector, la entrevista respondía: “¿Cómo voy a vender sumercé, a coger y sacar mis hijos y echarlos a correr? Yo, yo ya estoy vieja (…) pero mis hijos tienen su descendencia y para ponerlos a volar por ahí… entonces yo les dije a ellos que yo no quería vender, porque la idea de ellos es que uno les venda y sacarlo y ¿pa´ donde se va uno? A pasar hambre al pueblo ¿no cierto? ese es el desarrollo que nos proponen, pero ¿cuál desarrollo? si uno lo ve ni un son cultivo y uno ve que la ahora gente no puede trabajar, ni vivir”. (Gómez, 2015)
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Congreso, la Ley de Zidres, sobre todo en lo relacionado con la necesidad de consulta previa
para la implementación de estos proyectos en cercanías o en territorios indígenas
(VerdadAbierta, 2015).
2.2. Cauca
El departamento de Cauca es unos de los departamentos en los que grupos indígenas, afrocolombianos y comunidades campesinas han convivido históricamente mediante un uso compartido del territorio. . Después de La Guajira, es el departamento con mayor población indígena y, además, es el quinto departamento con el mayor porcentaje de afrodescendientes en su población (Gamarra, 2007). Ubicado en el suroccidente de Colombia, el departamento de Cauca tiene 3.050.900 hectáreas, lo que representa un poco más del 2,5% del territorio nacional. Limita al norte con el Valle del Cauca y Tolima, en el oriente con Huila y Caquetá; en el sur se encuentra con los departamentos de Nariño y Putumayo. Hay 42 municipios, los cuales para efectos administrativos se organizan en seis subregiones: norte, centro, Pacífico, oriente, sur y macizo. Además de esto, cuenta con 83 resguardos y tiene jurisdicción sobre cuatro parques nacionales. El Cauca tiene 150 kilómetros de costas sobre el Pacífico y lo atraviesan longitudinalmente dos cordilleras (Gamarra, 2007). Esta región tiene suelos de casi todos los pisos térmicos, de variadas fertilidades, profundidades, pendientes y con diversas vocaciones para su uso. Aunque existen tierras con fertilidades altas, la gran mayoría de los suelos se encuentran clasificados con fertilidades “bajas” o “muy bajas”. (Gamarra, 2007). Las tierras fértiles se encuentran en la parte norte y en su mayoría tienen usos agrícolas, como el monocultivo de caña a gran escala y usos pecuarios. Los conflictos que se evidencian en el departamento se deben en gran parte por las diferencias en concepciones y divergencias organizativas principalmente con temas relacionados con la tierra y el territorio. Como se señaló en el acápite relacionado con la tipificación de conflictos, la concentración de tierras, las diferentes concepciones sobre el territorio y la imposición diferentes sectores de sus derechos sobre otros sectores. Un primer aspecto, la concentración de la propiedad de la tierra, de recursos asociados y de los factores productivos, son los aspectos más notorio y de mayor incidencia en la consolidación de la inequidad en el sector rural, generando serias implicaciones en el desarrollo y afianzamiento de territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes. El Gini de tierras es el segundo más alto en el país y en 2009 alcanzó un valor de 0.838, con sólo 0.02 puntos por debajo del nacional. Las diferencias en el Gini cuando se controla por la calidad de la tierra en los municipios demuestran que la dinámica de concentración se está presentando en las tierras de mejor calidad. El Gini de propietarios es, además, el séptimo más alto del país: 0.841 (IGAC, Universidad de los Andes, 2012). Por esto las acciones que han realizado estas comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes han avanzado en mecanismos de reclamación de su derecho a la tierra, presionando la redistribución de la gran propiedad y la solución de las necesidades de tierra para las comunidades (Centro de Estudios Interculturales, 2013).
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Como segundo aspecto, está relacionado pero que no se ciñe exclusivamente al uso y la utilidad del suelo y la tierra tiene que ver con las diferentes visiones del territorio. Así lo manifiesta un líder indígena de la región: “para los indígenas y afrodescendientes se cuenta con una propiedad de tipo colectivo, mientras que en el campesinado se cuenta con escritura pública (títulos individuales). Esto es muestra clara de la forma diferente en la que es concebida la propiedad sobre la tierra en cada uno de estos grupos poblacionales. En el caso indígena y afrodescendiente, estas comunidades "tienen una vocación más de conservación y protección", mientras que el campesino "le da valor a esa propiedad para poder vender"7. Este aspecto es importante ya que este es un punto inicial donde los conflictos se empiezan a evidenciar y materializar, en el momento de discutir el tipo de propiedad y el propietario de la tierra, sea este propietario un campesino, o una comunidad indígena o afrodescendiente. Este asunto está muy relacionado con los derechos expresados en territorialidades que puede exigir en diferentes contextos cada sector. En tercer lugar, los conflictos por los derechos, la tenencia y las aspiraciones territoriales de las
comunidades rurales se concentran en la franja norte de la cordillera central que cruza el
departamento. Principalmente en municipios como Suárez ubicada en el norte del Cauca donde
la problemáticas más relevantes están relacionadas con el minifundio, la agroindustria, la
concesión minera para la explotación minera y maderera (Mesa Intercultural, 2016).
Según del Centro de Estudios Interculturales (2013) existen en el departamento de Cauca por lo
menos 40 conflictos por la tierra, algunos de ellos interculturales entre las comunidades
indígenas, afro e indígenas, y otros de estas poblaciones con agroindustrias y mineras que
explotan sus territorios que consideran ancestrales.
En el Cauca se encuentran 8 etnias indígenas8: yanaconas, ingas, kokonukos, totoroes, paéces,
guambianos, eperara y los siapidara (Sistema Nacional de Información Cultural, 2015). Según los
datos del DANE (2010) en este departamento habían para 2010 de 1 millón 318 mil habitantes,
de los cuales el 58 por ciento son campesinos; el 21,5% se autoreconoce como negro, mulato,
afrocolombiano o afrodescendiente y 22,2% se pertenecen a comunidades indígenas.
Según los datos del MinInterior (2016) en el departamento de Cauca hay 18 Consejos
Comunitarios aprobados ubicados en los municipios de Piamonte, Caloto, Miranda, Santander
de Quilichao, Guapi, Mercaderes, Timbiqui, Puerto Tejada, Buenos Aires y Padilla.
En varias regiones del departamento coexisten resguardos indígenas, comunidades negras y
asentamientos campesinos, de manera que existen diferentes y varias demandas de territorialidad
por medio de figuras como la constitución y ampliación de resguardos, solicitudes de
constitución de Reservas Campesinas y de titulación colectiva de los consejos comunitarios. Sin
7 Líder indígena del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame y Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI). 8 Según la CONPI en el departamento de Cauca existen 13 pueblos indígenas: Ambaló, Eperara Siapidara, Guanacas-Nasas, Inga, Kokonuvo, Kokonuco-Yanakona, Kokonucos-Pubenences, Misak, Misak-Quizgó, Nasas, Polindara, Totoró y Yanakonas.
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embargo en algunos casos estas zonas se sobreponen, aspecto que se constituye en un elemento
conflictivo y problemático para estos sectores.
Cuando empiezan a converger las diferentes pretensiones de cada grupo poblacional de extender
la propiedad colectiva con la que cuentan actualmente, es donde por lo general se evidencia el
conflicto. Sin embargo, según comenta el líder indígena, la población vive en armonía en los
espacios de cotidianidad, pero en el momento de llevar las aspiraciones de ampliación de la
propiedad colectiva es cuando se presentan las diferencias.
Existes algunos casos emblemáticos sobre este aspecto: en los predios de los Naranjos en el
municipio de Sotará, se desarrolla un conflicto relacionado en gran parte con el uso y apropiación
del suelo por parte de la empresa Smurfit Kappa. Los pobladores indígenas, reasentados de El
Nilo, acuerdan el manejo del territorio con los campesinos sin tierra asentados en este lugar y
que fueron llegando posteriormente.
Sin embargo continua la migración de campesinos hacia este lugar lo que genera más tensiones
entre campesinos e indígenas, argumentando estos últimos que son los únicos dueños de las
tierras, por esto las defenderían con sangre si fuera necesario; este escenario se agudiza con el
asesinato del líder indígena Raúl Mendoza, en octubre de 2008, y las subsiguientes amenazas a
otros líderes campesinos (Duarte, 2015).
Uno de los casos más significativos de conflicto entre indígenas y comunidades afro en el
municipio de Santander de Quilichao y está relacionado con el proceso de reasentamiento de los
pobladores de la Masacre del Nilo. El conflicto es entre indígenas Nasa del Cabildo de Toribío
y comunidades afro de los consejos comunitarios de Mazamorreros, Brisas del Río Cauca y Cerro
Tetas, este conflicto se documentará en uno de los siguientes apartados de este documento.
Otro caso ocurrido en Piendamó por la finca Alsacia. En este lugar indígenas nasa y campesinos
se convirtieron en actores opuestos por el conflicto que se desencadeno por la constitución y
ampliación de resguardos sin realizar consulta alguna con los pobladores de la zona, a pesar de
que el 83% de la población del municipio es campesina. La finca fue adquirida para un cabildo
del pueblo nasa cuyos miembros son campesinos de diferentes veredas. De esta manera, los
campesinos han terminado por convertirse en cabildantes (Duarte, 2015).
De igual forma los recientes procesos de restitución que adelanta el gobierno en el marco de la
Ley de Víctimas también ha sido un aspecto que incidido en la generación y acentuación de
conflictos existes por la tierra en el departamento. Según María Alejandra González, directora
de la Unidad en esta región, quisieron comenzar por los municipios de El Tambo, Patía, Argelia,
Cajibío y Piamonte, donde hay más solicitudes de restitución pero las fuerzas militares no les
dieron el aval (Verdad Abierta, 2014).
“Hasta el 13 de diciembre de 2013, ante la Unidad de Restitución del Cauca 1.212 familias
solicitaron la restitución de 37 mil hectáreas. Pero los funcionarios solo han podido dar trámite
y documentar los casos de Popayán, Santander de Quilichao, Piendamó y Timbío por la
presencia de los diferentes grupos armados que rondan el departamento y los constantes
enfrentamientos entre las guerrillas y la Fuerza Pública” (Verdad Abierta, 2014).
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Los procesos de restitución en el Cauca han tenido dificultades no solo por la presencia de
actores armados, sino también por las diferentes concepciones sobre el territorio que inciden en
que se presente dificultades en los procesos que el gobierno pretende adelantar.
Este aspecto no hay que perderlo de vista, ya que ante el hecho inminente de que culminen y se
pacten los Acuerdos de Paz, el Punto 1 Política de desarrollo agrario integral, en su
implementación debe poseer herramientas analíticas y decisorias, personal capacitadas e
instituciones diligentes y operativas para manejar y resolver de la mejor manera este tipo de
conflictos, sin que se vean vulneradas ninguna de los actores, como hasta el momento ha venido
ocurriendo.
Cada uno de los actores en disputa argumenta diferentes aspectos. Por su parte los indígenas
argumentan que poseen títulos coloniales y republicanos, unos títulos antiguos que les entregó
la Corona Española y que fueron reconocidos por Simón Bolívar en 1820 con la fundación de
Colombia; los afros, generaciones de familias descendientes de los esclavos traídos por los
españoles, reclaman territorios colectivos que les comenzaron a ser reconocidos con la Ley 70
de 1993, y los campesinos piden la titulación de los predios que comenzaron a colonizar después
de la violencia de los años 50 y por esto consideran que la figura adecuada para el reconocimiento
de la territorialidad campesina es la Zona de Reserva Campesina (Verdad Abierta, 2014).
Lo interesante de estos conflictos es que cada sector ha intentado resolver estas dificultades y
problemáticas desde los mecanismos más cercanos. En el resguardo de Ámbalo, municipio de
Silvia se presenta un conflicto territorial entre indígenas de dos diferentes pueblos: Nasa y Misak.
La comunidad de Ambaló pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y se
considera de la etnia Nasa; mientras que los guambianos pertenecen a las Autoridades Indígenas
de Colombia (Aico) y son Misak.
En 2001 estas dos comunidades chocaron por la finca La Peña. Se enfrentaron a machete, se
tumbaron los ranchos y se mataron entre sí. Previamente el Incora continuaba titulando sin
consultar a las comunidades asentadas allí. En 1988 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en
1988 decidió ampliar el territorio de Totoró, otra comunidad indígena, sobre los territorios que
también reclamaba Ambaló (VerdadAbierta, 2014).
En cada uno de estos pleitos se produjeron choques violentos y desplazamientos. En 2012, las
comunidades acordaron con el Incoder) la distribución de la antigua hacienda Ambaló: 139
hectáreas para el Cabildo de Guambía; 129 hectáreas para el Cabildo de Ambaló; y otras 52
hectáreas para el Cabildo de Kizgó. En asambleas y otros espacios de conversación estos pueblos
han logrado sobrepasar estas diferencian, sin embargo el gobierno en vez de contribuir, les sigue
poniendo obstáculos (VerdadAbierta, 2014).
Según los líderes indígenas consultados de esta región, manifiestan que las diferencias, conflictos
y problemáticas en general que se manifiestan en los territorios son resueltas en las reuniones de
Cabildos junto con las representaciones de otros grupos, campesinos o afrodescendiente. La
presencia del Estado en este tipo de conflictos se limita a la presencia de la Inspección de Policía.
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2.3. Putumayo
Este departamento está ubicado en la zona de frontera con Ecuador (Sur de Colombia). Durante los siglos XIX y XX fueron múltiples los calificativos “tierra baldía”, “paraíso del diablo”, “infierno verde”, “tierra sin hombres para hombres sin tierra”, “pulmón del mundo”, “paraíso de la biodiversidad”, “mar de agua dulce” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014). Actualmente esta región es reconocida por los extensos cultivos de coca (UNODC, 2015). A nivel geomorfológico, Putumayo tiene dos zonas distintas: hacia el occidente se encuentra
parte de la cordillera Oriental, que se extiende hasta el piedemonte amazónico; y la llanura
amazónica, que abarca el centro y oriente del territorio. En las orillas del río Caquetá y Mecaya
se encuentran sectores inundables. El relieve montañoso que ocupa la parte occidental presenta
alturas hasta los 3.800 metros sobre el nivel del mar, compartidas con los vecinos departamentos
de Nariño y Cauca (Meisel , Bonilla, & Sánchez, 2013).
Según datos oficiales, el departamento tiene una población aproximada de 341.513 habitantes
(0,8% de la población del país). Las proyecciones del censo 2005, la población de Putumayo para
2010 es de 326.093 habitantes, habitando en las cabeceras municipales 151.916 personas y en el
área rural 174.177 habitantes. El 20,9% de la población residente en Putumayo se autoreconoce
como indígena, el 5,5% como negro o afrocolombiano y el 73,6 como mestizos (DANE, 2010).
La población indígena de Putumayo asciende a 37.896 personas aproximadamente de los cuales
24.151 habitan en zonas rurales y 13.745 en las cabeceras municipales. Existen 126 cabildos y 71
resguardos que corresponden a los pueblos camëntzá, inga, cofán, siona, murui, coreguaje, muinane,
andoque, huitoto, nonuya, okaina, bora, emberá y paez (SINIC, 2015).
La presencia indígena en esta zona está determinada principalmente por migraciones indígenas
comunidades del Caquetá y el Amazonas llegaron al Putumayo huyendo de los caucheros y,
previamente, de los extractores de quina (Duarte, 2016). Desde mediados hasta finales del siglo
XIX se registra la llegada de misiones religiosas y se evidencian los esfuerzos dirigidos a reducir
progresivamente los territorios indígenas de esta zona. Producto de esto fue la Ley 51 de 1911,
que declaró las tierras del valle de Sibundoy como baldíos de la nación. De esta manera
desposeyó de sus territorios a las comunidades indígenas ingas y camentsás y motivó la migración
de colonos blancos al Putumayo (Duarte, 2016).
Los primeros colonos empezaron a llegar masivamente a finales del siglo XIX provenientes de
Nariño y Cauca. Algunas de estas migraciones se dieron principalmente por los procesos
económicos relacionados con la extracción de la quina y el caucho (Duarte, 2016). Las
subsecuentes colonizaciones estuvieron dirigidas por instituciones estatales como la Caja Agraria
y el Incora. Estos procesos estuvieron caracterizados por cambios espaciales importantes como
son la tala, quema y transformación de la selva en pastos para ganadería, con pérdida de
biodiversidad (Duarte, 2016).
Estas migraciones determinaron la conformación de la estructura de la propiedad en el
departamento manifestando predominancia de la mediana propiedad (68%) y la pequeña (12%).
En la última década se evidencia un incremento de la mediana propiedad en detrimento de la
pequeña. En términos generales el Gini de tierras en Putumayo es 0.738. Dicho Gini presenta
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un incremento sustancial de 2001 a 2002, pero este se debe a la actualización catastral (IGAC,
Universidad de los Andes, 2012).
En Putumayo hay Consejos comunitarios aprobados ubicados en los municipios de Puerto Caicedo, Orito, Puerto Guzmán y Mocoa (MinInterior, 2016). Los primeros afrodescendientes habrían llegado principalmente de Mocoa a principios del XX atraídos por lugares de minería artesanal de extracción de oro sobre el rio Caquetá. Provenían del departamento de Nariño principalmente de la margen que colinda con el Pacifico. Esa migración creció en la segunda mitad del siglo XX incentivada por la explotación petrolera en Putumayo. Existen diferencias en las formas como se consolidaron estas dos comunidades
(afrodescendientes e campesinados) en el departamento. Las comunidades afrodescendientes se
asentaron principalmente en zonas aledañas o valles de los ríos, esto tiene que ver con la relación
que establecieron con la minería artesanal de oro (barequeo). Los colonos campesinos se
asentaron en aquellas zonas de piedemonte y ladera y en algunos casos a lo largo de los ríos.
Como se ha señalado, estas formas diferenciadas de asentarse en la región han generado que se
evidencien también diferencias en las formas de considerar la tierra. Muchas comunidades
indígenas de la zona vinculadas a resguardos consideran que los conflictos no se deben
interpretar como conflictos interculturales, ya que tanto los indígenas, campesinos y negros
quieren un territorio, en eso no son diferentes, la diferencia está en la forma como es pensado el
territorio, ya que algunos lo que quieren son derechos de propiedad, “si nosotros logramos
consolidar lo territorial pues ahí quedara integrado todo. No es que esa tierra sea solo nuestra,
porque va a llegar la oportunidad que el no indígena va a tener que aportar a ese territorio”9.
En este departamento, particularmente en la subregión del Alto Putumayo en el Valle de
Sibundoy, se han generado varios escenarios de coordinación entre campesinos e indígenas para
la defensa del territorio frente al ingreso de megaproyectos y minería a cielo abierto.
Según comentan los que están en el proceso, desde el año 2009, se logró consolidar un mandato
de las comunidades con el aval de todos los presenten en el territorio: negros, campesinos e
indígenas. Para fortalecer este proceso, se espera que las instituciones tengan un
acompañamiento contante y decisorio.
Estas comunidades han logrado converger y coincidir por un tema en común: la minería,
previamente la explotación de recursos especialmente del petróleo genero procesos de migración
y asentamiento de otras comunidades. En 2000 se empezó a evidenciar las primeras
exploraciones en la zona. La transnacional Anglo American PLC realizo estudios en la zona
donde identificaron que ¡hay alrededor de 8000 hectáreas para la explotación a cielo abierto de
oro, coltan, zinc, cobre, caucho, moldeno!, pero entonces esos son puntos vitales para la tierra”.
En 2002 entra al escenario local las demandas de la política internacional, en lo relacionado con
la proyección de una vía que se proyecta en esta región. Esta vía hace parte del corredor inter
modal se comprende que esta variante de Mocoa – San Francisco para conectar con Tumaco -
Pasto- Mocoa - Puerto Asís - Belem Do Para (Brasil). Este proyecto está incluido dentro de la
9 Líder indígena de la Asociación de cabildos Indígenas del Valle de Sibundoy, Putumayo.
22
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2008).
A partir de ahí según comenta el líder indígena se piensan crear corredores multimodales, “y uno
de los corredores el corredor Sur nos toca directamente con nuestro territorios con la variante
San Francisco - Mocoa y con la interconexión de la vía panamericana a nivel nacional que es el
tramo que le falta para conectar todo el anillo colombiano y hacer el paso de Tumaco hasta
Brasil. Después de eso vienen los demás intereses que no solo son las vías de 4G sino los
intereses de las empresas mineras”
En el mismo informe citado anteriormente se menciona que para 2008 en la zona ya existían 10
títulos mineros registrados por INGEOMINAS, títulos que estaban en el área de influencia de
la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa (Banco Interamericano de
Desarrollo, 2008).
En un reportaje periodístico realizado por Semana (2014) referencia la situación general de la
región, haciendo especial énfasis en la desidia estatal en términos sociales, la generación y apoyo
a proyectos extractivos (petróleo), la criminalización al campesinado por el cultivo de coca y la
intervención de la fuerza pública y la policía en las protestas de las comunidades de esta zona:
“Éramos un departamento amazónico pero en el 2011 lo declararon distrito minero y hasta ahí
llegó el Putumayo”
De manera que estas dinámicas han generado que las comunidades de la zona establezcan
relaciones en diferentes niveles. “Nosotros políticamente nos relacionamos y se llegan a
acuerdos, pero nosotros tenemos razones más asentadas y más fuertes que los compañeros
campesinos… Cuando llega el conflicto externo, es que se ven los conflictos interétnicos, porque
algunos quieren vender e irse, pero también ha habido muchos compañeros con mucha
conciencia… En el mundo se mantienen dos estabilidades: La filosofía andina practica mucho
el respeto a la tierra, la filosofía occidental practica el tema de posesión, el dinero, el poder. Ahí
siempre está esa disputa”.
En este caso, según lo relatado por este líder, se puede considerar que una problemática en
común, como la minería y los proyectos de infraestructura vial, pueden hacer converger y hacer
coincidir en algunas de las apuestas políticas y organizativas relacionadas con el derecho y la
necesidad de permanecer en el territorio, siempre y cuando “cada uno tenga su pedazo. Cada
uno en su escenario y ¡ya!, desde el respeto”.
Existen otros casos como los que se desarrollan en el municipio de Puerto Leguizamo donde se
desarrollan tres tipos de conflictividades que implican relaciones inter étnicas: i) Dificultad de
acceso a la tierra por presencia de zonas de restricción ambiental, concretamente el PNN La
Paya; ii) Titulación y ampliación de territorios indígenas en zonas de ocupación histórica de
campesinos, principalmente para las comunidades Murui, Siona, Kichwa y Coreguaje; iii)
Conflictividad irresuelta con la creación del PNN en la década de los ochenta, tras el desalojo y
reubicación de la población que habitaba el rio Caucaya, quienes a través de la organización AHC
(Antiguos Habitantes del Caucaya) quienes piden cumplimiento de acuerdos establecidos con el
Gobierno y exigibilidad de garantías (Delgado, 2016). Estos conflictos territoriales tienen en
común la situación de ocupación de zonas protegidas, zonas de reserva forestal y parques
23
naturales por parte de colonos campesinos, situación diferente para las comunidades indígenas,
quienes pueden transitar, usar y vivir en estas zonas.
Según estos análisis de casos, se puede evidenciar que existen diferentes dinámicas y escenarios
que inciden en que tenga un desarrollo diferente los conflictos territoriales que se presentan en
este departamento. Aspectos principales como la minería, las restricciones ambientales, la
legislación sobre tierras y de manera secundaria aspectos como el conflicto armado, permiten
que se establezcan en algunos casos alianzas entre los implicados en el conflicto (indígenas-
campesinos) o disputas entre campesinos – indígenas – Estado.
2.4. Chocó
El departamento del Chocó está conformado por los valles del Atrato, en la zona central, y del
San Juan, en el sur. De acuerdo con diversos autores, la geografía del Chocó se constituye en sí
misma en barrera tanto de acceso como de salida del departamento al resto del país. Por el
costado oriental, la cordillera Occidental actúa como barrera natural que aísla al Chocó del resto
del país. En el lado occidental del valle del Atrato se encuentra la serranía del Baudó, que lo
incomunica del litoral Pacífico (Bonet, 2007)
Dentro del Chocó, la serranía del Baudó aísla el valle del mismo nombre, el cual en contraste
con los valles del Atrato y del San Juan, nunca fue rico en oro. Así se convirtió en un refugio
apropiado para quienes, desde mediados del siglo XVIII o quizás antes, comenzaron a huir de
la esclavitud minera, ya fuera por cimarronaje o por automanumisión (Jiménez 1995; Maya 1995).
Estos libres se fueron convirtiendo en proveedores de alimentos cultivados que se exportaban
hacia los distritos mineros de Citará y Nóvita (Mosquera 1995), (Arocha Rodríguez, 2000).
Debido a las condiciones geográficas, anteriormente descritas, este departamento va a ser
caracterizado por diversos estudios por su alto nivel de lluvias: En Quibdó llueve,
aproximadamente, 231 días al año. Esta cifra resulta similar a la observada en otras ciudades
como Bogotá, donde las precipitaciones se registran en 223 días del año. Sin embargo, la gran
diferencia radica en la lluvia anual que cae en cada una de estas ciudades, ya que mientras en
Bogotá caen anualmente 1.083 m.m., en Quibdó alcanza los 7.722 m.m. (Banco de la República,
1952). De igual manera, West (2000) menciona que la precipitación no es homogénea en el
Pacífico colombiano. (Bonet, 2007).
En lo relacionado con la estructura de tenencia y propiedad de la tierra, es difícil detectar con
certeza estos índices. Así lo explica el estudio del IGAC: “Por un lado, sólo un 8.5 por ciento,
aproximadamente 233,800 hectáreas del área catastral, es privada. Por otro, este departamento
cuenta con un alto porcentaje de los municipios en los llamados “catastros fiscales”,
evidenciando que no existe un esfuerzo sólido de actualización catastral en este departamento”
(IGAC, Universidad de los Andes, 2012).
A pesar de esta situación se puede detectar que algunos índices permanecen estables aunque hay
otros que manifiestan gran dinamismo como el Gini de propietarios, que manifiestan cambios
en esta última década: “El Gini de tierras permanece estable alrededor de 0.79. Sin embargo, el
Gini de propietarios es bastante más alto, el sexto más alto en el país, y aumenta después de la
actualización catastral. Este aumento podría reflejar que los nuevos propietarios registrados
24
durante la actualización catastral poseían más de un predio o que propietarios tradicionales
inscribieron predios adicionales” (IGAC, Universidad de los Andes, 2012).
En términos poblacionales y en relación a lo explicado por Arocha (2000) “El Chocó quizás sea
el más afrocolombiano de los departamentos colombianos, como también la región cuyo
aislamiento geográfico, pobreza, mortalidad infantil y analfabetismo figuran entre los más
elevados del mundo” (Haven 1995, Jimeno et al. 1995). (Arocha Rodríguez, 2000)
En el censo realizado durante el año 2005 el DANE reporta que el departamento cuenta con
una población de 388.476 habitantes (Cabeceras municipales: 205.734: Resto del departamento:
182.742 habitantes), una proyección de 476.173 habitantes para el año 2010. Las mismas cifras
indican que del total de habitantes el “82.1 % se autoreconoce como negro, mulato,
afrocolombiano o afrodescendiente”, mientras que el 12.7% se autoreconocen como indígenas
(DANE, 2005).
De acuerdo con lo anterior, la población indígena que habita los territorios chocoanos se
aproxima a los 35.000 habitantes de las etnias: Wounaan (bajo y medio San Juan), Emberá (río
Atrato, Baudó y Dubasa principalmente), Katíos (parte del río Andágueda, municipio de Lloró,
y Darién chocoano). Del mismo modo, habitan en menor cantidad, indígenas cunas en límites
con Panamá.
En relación con datos del INCODER (2011), el departamento del Chocó cuenta con 58 consejos
comunitarios distribuidos en los municipios de Riosucio, Quibdó, Bojayá, Atrato, Alto Baudó,
Quibdó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Nóvita, Cantón de San Pablo, Istmina,
Sipí, Bahía Solano, Río Quito, Atrato y Cantón de San Pablo, Cértegui, Tadó, Unión
Panamericana, Medio San Juan, Condoto, Río Iró, Juradó, Nuquí, Unguía, Acandí, Lloró y
Bagadó. (INCODER, 2011).
Según lo relatado por un líder indígena10 se han evidenciado conflictos entre comunidades indígenas Wounaan y Emberas. Sin embargo son representativos los procesos de constitución y ampliación de resguardos. Este líder reconoce que los conflictos se generan entre campesinos, afrodescendientes e indígenas o entre diferentes pueblos indígenas, no se crean por diferencias sobre la forma en la que cada grupo coordina acciones, por ejemplo sobre la explotación de sus territorios. Los conflictos se materializan en el momento de discutir el tipo de propiedad y el propietario de la tierra, sea este propietario un campesino, o una comunidad indígena o afro descendiente. Un caso relacionado, se presenta en la zona del Alto Atrato chocoano. Zona que está compuesta
por los municipios de Lloró, Bagadó, El Carmen de Atrato, Carmen del Darién, Quibdó, Bojayá,
Riosucio, Ungía y Acandí, es desde mediados de los años 70 escenario de presencia y
confrontaciones entre grupos armado al margen de la ley y la fuerza pública (ACNUR, 2004), así
como de la grandes expresiones de la economía extractiva que gira en torno de la extracción vía
minería concesionada a partir de solicitudes entregadas por el Ministerio de Minas y la Agencia
Nacional Minera y demás entidades relacionadas con el tema sobre el territorio.
10 Líder indígena de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas (CONPI).
25
Debido a estas circunstancias que rodean el contexto chocoano y en especial el del Alto Atrato,
es que miles de familias afrodescendiente, perteneciente al consejo comunitario
COCOMOPOCA se vieron forzadamente desplazadas de sus territorios ancestrales hacia otros
lugares del país
COCOMOPOCA es una organización étnico-territorial integrada por aproximadamente 3.200
familias afrodescendientes que de manera ininterrumpida han ocupado los ríos Andágueda, Capá,
y Tumutumbudó en la región del Alto Atrato, Departamento del Chocó, de igual manera lo
conforman 43 comunidades afrodescendientes que están asentadas en un globo de terreno de
aproximadamente 72.000 hectáreas, en la cual desarrollan actividades como la agricultura, pesca,
cacería y minería artesanal, indican que desde el 2011 INCODER reconoció la propiedad colectiva
sobre 73.317 hectáreas equivalente sólo a un 42% de lo reclamado (Juzgado primero civil del
circuito especializado en Restitución de Tierras de Quibdo, 2014).
En concordancia con lo anterior, valga resaltar la gran importancia del territorio chocoano por
su riqueza minera y en esta medida son relevantes los títulos mineros, que pasando por alto las
autoridades étnicas y la autonomía sobre los territorios de estos pueblos, se vienen entregando a
las grandes empresas de explotación de minerales. Títulos “de los cuales una buena parte recaen
sobre el Cerro de Dojurá Municipio de Bagadó, el cual es sitio sagrado tanto para indígenas
como para afrodescencientes y que ninguno de los títulos fueron consultados entre las
comunidades, esos contratos se superponen sobre un total de 7.3o3,25 hectáreas del territorio
de COCOMOPOCA (Juzgado primero civil del circuito especializado en Restitución de Tierras
de Quibdo, 2014).
Por la irrupción en los territorios ancestrales afrodescendientes, se realiza la solicitud de
protección de los mismos mediante la detención de los procesos relacionados con la entrega de
títulos al interior de los territorios en mención a través de demanda por Restitución de Tierras.
Aunque el fallo ordenó a las autoridades investigar la situación de minería ilegal y estudiar las
condiciones de seguridad de los líderes, negó la suspensión de los títulos y bloques mineros
aprobados por el Ministerio de Minas. Lo paradójico es que el mismo juez, un año atrás, le otorgó
medidas a la comunidad vecina del Alto Andágueda y en su caso, sí solicitó la suspensión de los
títulos. (Verdad Abierta, 2014)”
Las comunidades étnicas Embera Katío desplazados por efectos de la violencia de la zona del
Alto del río Andágueda, “el resguardo Tahami del Alto Andágueda, ubicado en el municipio de
Bagadó, en el Chocó. Organizado en 33 comunidades en las que habitan más de 1.500 familias
y alrededor de 7.200 indígenas. Una tierra que durante muchos años ha sido testigo de
bombardeos aéreos, confinamientos, despojos, amenazas, torturas y asesinatos.” (El
Espectador, 2016) Cuentan a la fecha con la primera sentencia de restitución de tierras,
restitución de derechos territoriales de tipo étnico.
A pesar de lo anterior el proceso de asignación y entrega de los títulos colectivos a las
comunidades indígenas al interior de los procesos de retorno a la zona del Alto Andágueda,
presentan una grave inconsistencia en lo que refiere al reconocimiento de las solicitudes de
titulación de las 172.000 hectáreas (Observatorio de territorios étnicos) de los territorios
pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto
Atrato COCOMOPOCA. Al respecto la Organización Indígena de Colombia ONIC señala:
26
“No queremos que se fraccione el proceso interétnico, ni que se le reste importancia a las
exigencias de los vecinos afros. En esto es claro recordar que fue error del INCODER el haber
titulado el resguardo sin reconocer la comunidad afro existente dentro del territorio. Queremos
que este tema sea prioritario y que se generen acuerdos, pero que la responsabilidad en esto lo
asuma de manera inmediata el INCODER. Se debe realizar el amojonamiento de manera urgente,
pero que en ese proceso no quedemos los grupos étnicos enfrentados y se generen más problemas
de los que actualmente existen. (ONIC, 2014) “
Al respecto de este conflicto en el fallo de Restitución de tierras, se ordena al Incoder tomar las
medidas de concertación necesarias, habida cuenta de la presencia de potenciales conflictos
(Verdad Abierta, 2014).
2.5. Montes de María (Región de los departamentos de Bolívar y Sucre)
La subregión de Montes de María se encuentra en el centro del departamento de Bolívar y Sucre, y a su vez está compuesto por los municipios: de Bolívar: Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María La baja, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano; en el departamento de Sucre: Ovejas, Chalan, Colosó, Morroa, Toluviejo, Los Palmitos, San Onofre y Palmito. La superficie total es de 6.297 km2 (Díaz, 2013). De acuerdo con Díaz (citando a Plazas, 1993), los procesos de poblamiento de la Subregión del
Magdalena Medio fueron llevados a cabo por los indígenas Zenú (grupos Panzenú y Finzenú)
cazadores recolectores y agricultores de yuca y maíz. Posteriormente en los siglos XVII y XVIII
este territorio fue refugio de palenques, de los cuales en la actualidad se encuentra San Basilio de
Palenque que subsiste en este territorio desde 1713.
Para el año de 1774, debido a la intervención de Antonio de la Torre y Miranda en la realización
de censos poblacionales, así como trazado de vías, se fundan los pueblos de Ovejas, Nuestra
señora del Carmen, San Jacinto y San Juan de Nepomuceno; luego en 1.778 funda San Onofre,
San Antonio de Abad (refundación). Durante el siglo XIX se dio un poblamiento progresivo de
la Subregión, surgiendo así los territorios destinados al desarrollo ganadero, así como el
tabacalero. (Díaz, citando a Fals, 2002). (Díaz, 2013).
La estructura de propiedad en general para el departamento de Bolívar es mayoritariamente de
mediana propiedad con cerca del 60%, seguida por la gran propiedad con el 26 por ciento. El
Gini de tierras es inferior al Nacional por cerca de 0.16 y en 2009 asciende a 0.703. La diferencia
entre el Gini de tierras y el de propietarios evidencia la existencia de varios propietarios con más
de un predio (IGAC, Universidad de los Andes, 2012). En el departamento de Sucre y los
municipios relacionados en la subregión de Montes de María la estructura de propiedad es similar
a la mayoría de los departamentos del país, es preponderante la mediana (53%) y la gran
propiedad (29%) (IGAC, Universidad de los Andes, 2012).
Para el estudio de los conflictos interculturales, este dato resulta esclarecedor en el sentido que
la propiedad de la tierra y su calidad está en manos de unos propietarios que han incrementados
27
sus predios recientemente y en extensiones considerables, más de 4 o 5 UAF en un solo predio.
Para esta zona la UAF está en 35 a 48 hectáreas11.
En términos poblacionales, según los datos del Observatorio de Cultura, Política, Paz,
Convivencia y Desarrollo de los Montes de María, se señala que el total de la población de la
región está alrededor de 438.119 habitantes, de los cuales el 5,16% se identifica como indígena,
el 28,96% se identifica como afrodescendiente y el 65,88% no se identifica étnicamente y se
encuentra en categoría de mestizo, citado en (Duarte, 2016).
En este tipo de censos y trabajo estadísticos es difícil tener un dato concreto de las personas que
se consideran o autodeterminan como campesinas (dato relacionado con la categoría de “mestizo
rural”). Como se ha mencionado anteriormente, es difícil señalar la cantidad o porcentaje de
población que se identifique como campesina. Este dato surge de la resta del total de población
con el de la población que vive en centros urbanos.
Según estudios realizados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en esta
zona se han presentado diferentes vicisitudes que han implicado que los planes de titulación no
tengan los efectos esperados, en parte porque estos proyectos no estuvieron acompañados de
garantías que posibilitaran la sostenibilidad de las economías campesinas (CNRR, 2010).
Otros asuntos que imposibilitaron estos resultados han sido la histórica condición de pobreza
del campesinado, aspecto que provoco en gran parte la venta de una cantidad de predios no
contabilizados. Además el conflicto armado, concretamente el hostigamiento selectivo de
fuerzas paramilitares contra la población rural de los Montes de María, han provocado
desplazamiento de miles de personas y el despojo de miles de hectáreas de las comunidades.
Esto fenómenos han dado como consecuencia la desposesión sistemática de comunidades
campesinas, es el acorralamiento de los grupos étnicos y culturales, sumado a la condición
histórica de concentración de tierra en esta zona, en gran parte generado por las actividades
relacionadas con la ganadería y el monocultivo a gran escala.
Con respecto a esto último es interesante evidenciar los grados de articulación entre campesinos,
indígenas y afros. La llegada y consolidación de empresarios en la región, empresarios y empresas
de monocultivos de palma de aceite están acaparando el territorio. Ante esto han decidido
realizar acciones conjuntas para poderse defender el territorio. De manera que en sentido estricto
no podríamos pensar que este es un conflicto intercultural sino un escenario que les ha permitido
a estas comunidades pensar en una estrategia para resolver el problema principal: el monocultivo
de palma y cultivos maderables.
En este contexto es importante considerar la situación de conflicto armado en la región. La
presencia de grupos como las FARC, ELN Y ERP provoco que la mayoría de acciones,
movilizaciones y reclamos de las comunidades de la región fueran relacionados con las fuerzas
11 Resolución No. 041 DE 1996, se señala que la Zona Relativamente Homogénea No. 3 Serranía Montes de María que comprende suelos ondulados a fuertemente ondulados y quebrados, con altitud entre l00 y 300 m.s.n.m., incluye áreas municipales de: El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Guamo, María La Baja, Mahates, Zambrano y Córdoba, sobre la Serranía de Montes de María. Tiene una Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 35 a 48 Hectáreas.
28
insurgentes. Ejemplo de esto es lo relacionado con que ocurrió en la región con la ANUC
(Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), muchos de los líderes de esta asociación fueron
señalados de pertenecer a grupos armados (Zamosc, 1987).
En la dinámica de la lucha contrainsurgente realizada por el estado y fuerzas paramilitares que
se consolidaron en la zona en la década de los noventa, los participantes y afiliados de
asociaciones campesinas, afro e indígenas fueron estigmatizados, perseguidos y en muchos casos
muertos. De manera que además de desplazamiento y abandono de tierras por el conflicto
armado, se evidencia despojo y llegada de agentes asociados con la ganadería y el monocultivo
extensivo en estos territorios.
Al igual que en la Altillanura colombiana, en los Montes de María se evidencio un proceso de
compras masivas y transacciones irregulares de tierras en un corto periodo de tiempo,
reportándose en el departamento de Sucre más de 3.000 hectáreas, cifra que supera en más de
50 por ciento el promedio anual transado hasta entonces (2009) en ese municipio (El Tiempo,
2009). La gran cantidad de estas tierras transacciones coinciden con las tierras que fueron
abandonadas en procesos de desplazamiento forzado (Duarte, 2016).
Como se mencionó anteriormente, más que un conflicto intercultural en esta región se evidencia
un proceso de articulación entre diferentes apuestas organizativas. Además del contexto arriba
señalado, se puede considerar que el resurgimiento de organizaciones sociales, asociaciones
campesinas, afro e indígenas ha posibilitado la generación de espacios de articulación y apuestas
conjuntas.
A diferencia de otras regiones como Cauca, donde los conflictos interculturales asociados al
territorio tienen diferentes aristas y actores, en parte dado por las diferencias y visiones de
gobernabilidad en el territorio, en la región de Montes de María se evidencia que la constante
convivencia de estos tres sectores y a la amenaza inminente de las lógicas agroindustriales en la
zona (palma africana) en el territorio y las dinámicas propias del conflicto armado, ha permitido
y facilitado que las visiones sobre el territorio y sus formas de gobierno no entren en disputa
sino que desde las diferencias se potencien espacios de discusión y de acuerdo, teniendo como
objetivo consolidar apuestas comunes. Es importante considerar en este análisis que cada uno
de los sectores presentes en esta zona tiene diferentes nociones y concepciones sobre el
territorio, así que no se parte y se llega a un espacio con una territorialidad definida y homogénea.
En la región se comenzó a hablar de Zona de Reserva Campesina en 2007, cuando la ANUC
realizo acercamientos con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la
FRDPMMa (Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María). En 2011 diferentes
organizaciones campesinas presentes en la región12 informan al Incoder su interés de constituir
Zonas de Reserva Campesina en la región de los Montes de María (Comité de Impulso Zonas
de Reserva Campesina Montes de Maria, 2012).
12 En enero de 2011, los representes y delegados de diferentes organizaciones campesinas como la ANUC, la red Mesa Campesina, Fensuagro, Fanal, Agrosolidaria y dirigentes campesinos de cada uno de los quince (15) municipios de la región (Comité de Impulso Zonas de Reserva Campesina Montes de Maria, 2012).
29
Así, las comunidades campesinas que inicialmente convergen en esta iniciativa realizan los
procedimientos requeridos para la constitución de una Zona de Reserva Campesina de Montes
de María (ZRCMM) (Decreto 1777 de 1996).
Debido a las dificultades y complejidades que surgen en el proceso de conformación y
delimitación de la ZRCMM se consensuo la creación de dos ZRC: La ZRC 1, integrada por los
municipios de Morroa, Los Plamitos, Ovejas, Coloso y Cahaln, con sus aéreas completas
incluidas y El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y María La Baja, con áreas
parciales incorporadas y la ZRC 2 integrada por parte de los municipios de Córdoba, Zambrano
Guamo y parte de San Juan Nepomuceno.
Como se verá a continuación la actuación de las instituciones estatales ha hecho que el proceso
tenga demoras. El último trámite para que se apruebe las 2 Zonas es el relacionado con la
consulta previa. Ya que no todas las comunidades presentes en la región son campesinas, es
necesario realizar este procedimiento con la totalidad de comunidades afro e indígenas asentadas
en la zona.
En noviembre de 2014, el Comité de impulso por medio de la ANZORC envía la solicitud de
apertura de consulta previa al Ministerio del Interior, para darle continuidad al trámite de
constitución de las 2 Zonas de Reserva Campesina en Montes de María. En diciembre de 2014,
el Ministerio del Interior informa que el procedimiento deberá ser iniciado a solicitud del
Incoder.
En abril de 2015, se presenta solicitud al Incoder para que se inicie el trámite final que consiste
en requerir al Ministerio del Interior que adelante consulta previa. En mayo de 2015, el Incoder
da respuesta al derecho de petición e informa que el 14 de mayo se le había requerido al
Ministerio del Interior para que diera apertura al proceso. El 27 de mayo de 2015, el Ministerio
del Interior requiere al Incoder para que entregue información necesaria para adelantar el
procedimiento de consulta previa (Acción de Tutela contra el Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural - INCODER, 2015).
Más allá de los trámites legales del caso y las figuras jurídicas relacionadas como la de ZRC, se
podría considerar que en los Montes de María existe un caso de territorio intercultural que se ha
dado realidad cotidiana. Con esa iniciativa se trataron de canalizar las diferentes apuestas de
permanencia y resistencia en el territorio.
Con la propuesta de ZRC para este territorio, se generaron relaciones entre los diferentes actores
presentes quienes evidenciaron, disertaron y acordaron, no sin conflicto, que potencialmente
esta era una oportunidad para permanecer en el territorio. Se generaron acuerdos en estas
comunidades y diálogos interculturales relacionados con las visiones sobre el territorio y la
capacidad organizativa que se deriva del proceso (Comité de Impulso Zonas de Reserva
Campesina Montes de Maria, 2012).
Sin embargo un territorio como este tiene diversas dificultades, sobretodo en cuanto al modelo económico agrario predominante en la región. Una reflexión importante tiene que ver con la función de la ZRC en esta región. Se podría considerar que la ZRC es una isla en medio de la palma, se podría convertir en un escenario de recolección de mano de obra barata para los
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cultivos de teca, palma y piña que están absorbiendo y ocupando todo ese territorio montemariano (Naranjo, 2016).
2.6. Córdoba
El territorio en el cual se encuentra en la actualidad asentado el departamento de Córdoba, al interior de la región Caribe en límites con el departamento de Sucre y Antioquia, es lo que se conoce como el territorio histórico y arqueológico del Gran Zenú. De acuerdo con Joaquín Viloria de la Hoz (2004), “La región que hoy ocupa el Departamento de Córdoba ha sido alabada desde los primeros años de la conquista española: en aquella época se hizo famosa la frase “Pobre del Perú si se descubre el Sinú”. Esto haciendo regencia a la gran riqueza aurífera de la zona del Sinú. Bien lo señala Viloria de la Hoz, este departamento fue muy tempranamente reconocido y
explotado debido a la gran riqueza aurífera de sus territorios. Es así que este se convierte en
espacio de abundancia y extracción de oro durante el periodo de la Conquista, “una vez agotado
el oro del Sinú y Sabanas pasaron a convertirse en la despensa alimenticia de Cartagena” (Viloria
de la Hoz, 2004). Posteriormente empresas francesas desde el año 1840, explotaron maderas y
organizaron las tierras del Sinú para la producción agrícola. En el año 1915 empresas
estadounidenses también se dedicaron a la explotación maderera.
En la actualidad el departamento está subdividido en seis subregiones atendiendo a sus
condiciones geográficas, a saber: Alto Sinú, Sinú Medio y Montería, Ciénagas – Bajo Sinú,
Sabanas, San Jorge y Costanera. Sobresale la presencia en la subregión del Alto Sinú de la Central
Hidroeléctrica Urrá entre Tierralta y Montería, construida en 1992 e inaugurada en el año 2000.
Proyecto de importante relevancia debido tanto a los impactos en términos de producción de
energía para el país, así como sobre las afectaciones sociales y medioambientales que implicó su
desarrollo en la zona del Alto Sinú.
La población del departamento cuenta al año 2005 con un total de 1.462.909 habitantes (743.886
en cabeceras municipales y 719.023 en el resto del territorio departamental, con una estimación
para el año 2010 de 1.582.718 habitantes. Del total de habitantes el DANE reporta que el 10,4%
se auto reconocen como población indígena y el 13,2 como población afro descendiente.
(DANE, 2005)
El Sistema Nacional de Información Cultural hace referencia que para la actualidad se asientan en el territorio cordobés tres resguardos indígenas con un aproximado de 75.000 habitantes. Resguardos: San Andrés de Sotavento (zenúes). Karagabi Alto Sinú (Emberas) y Resguardo de Quebrada Cañaveral Alto San Jorge (Emberas). “El pueblo indígena Embera está diseminado a lo largo del litoral Pacífico, con un patrón de asentamiento caracterizado por la dispersión, en ámbitos geográficos propios de la selva tropical húmeda.” Eso en los departamentos de Chocó, Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y Nariño (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República, 2010).
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Parte representativa de este pueblo, se encuentra asentado en la zona del Alto Sinú en el sur del departamento de Córdoba que, como se señala, es además protagonista de eventos diversos que rodearon a la construcción y posterior reasentamiento de las comunidades habitantes de las tierras en las que estaría ubicado el proyecto hidroeléctrico Urrá “para lo cual se inundaron un total de 7.417 hectáreas, de las cuales 417 pertenecían al territorio de los Embera Katío” (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República, 2010). Del mismo modo, con la inundación de buena parte del territorio embera katio, no solo obligó a la realización de procesos de reasentamiento, sino que este implicó un importante impacto a nivel medioambiental que derivó en la afectación directa sobre la capacidad de autoabastecimiento y autonomía alimentaria de estos pueblos13 En el territorio del Alto Sinú se encuentran dos resguardos embera katío (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República, 2010): - Karagaví (ríos Esmeralda y Sinú) - Iwagadó (río Verde en Tierralta) El proceso de poblamiento histórico de esta zona, viene marcado inicialmente como lugar de vivienda de grupos zenú, así como de grupos afrodescendientes provenientes del minas de oro en el departamento de Antioquia e indígenas embera katío originarios del departamento del Chocó. Durante los años 50 el sur del departamento de Córdoba se vio repoblado debido a la llamada segunda colonización costeña y antioqueña al tiempo que se daban las disputas entre conservadores y liberales en el marco del periodo de La Violencia en Colombia. Más adelante este territorio debido a su ubicación estratégica, ha venido siendo también espacio de disputa entre grupos armados. De este modo, se resalta este territorio como escenario de enfrentamientos que han puesto a los grupos étnicos en medio de las disputas y con un sin número de víctimas (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH Vicepresidencia de la República, 2010) Los conflictos inter culturales en Córdoba tienen larga data, como es claramente identificable. Es así que esta puede datarse anterior a los tiempos de La Violencia hasta la actualidad. En primera instancia, se tiene conocimiento de la existencia de “un primer antecedente de conflictividad en el departamento, a finales del siglo XIX, cuando algunos campesinos trataron de asentarse en algunos lugares donde la colonización apenas empezaba” (Padilla Racines, 2007). Conflicto aparentemente solucionado durante la década de los 30, entregando títulos a pequeños propietarios campesinos, pero después en los años 50 nuevamente sufriendo procesos de desplazamiento a manos de hacendados y nuevos actores sobre el territorio. En el periodo denominado como la “violencia generalizada” (1985 en adelante) se ubica como principal foco generador de hechos de violencia, desplazamiento forzado de las comunidades étnicas y campesinas, así como reasentamiento no consensuado, es la construcción del proyecto hidroeléctrico Urrá como ha sido ya documentado por diversos autores (Padilla Racines, 2007), (VerdadAbierta, 2009), (Ecoportal.net, 2012) y otros.
13 Ver sentencia T-652/98 de la Corte Constitucional
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Más allá de este la construcción y puesta en funcionamiento de la represa Urra 1, se puede evidenciar que el departamento de Córdoba, es uno de los departamentos con altos índices de concentración de la tierra. El Gini de tierras en 2009 alcanzó un valor de 0.749. Sin embargo, este Gini esconde un fenómeno prevalente en Córdoba: pocos propietarios con varios predios. Como consecuencia de esto, la brecha entre el Gini de tierras y el Gini de propietarios es la sexta de las más grandes en el país y parece exhibir una tendencia creciente que se refleja en el incremento en el número promedio de predios por propietario, de 1.36 a 1.41 (IGAC, Universidad de los Andes, 2012). De manera que esta situación (concentración de tierras) y la presencia de un proyecto empresarial relacionado con la represa Urra 1 con proyectos industriales y forestales asociados, implicó que las comunidades asentadas en la zona del Alto Sinú se fueran arrinconando en las zonas altas y aisladas que iba dejando el llenado de la represa. Esta situación afecto tanto a comunidades indígenas como a colonos y campesinos que llevaban más de 50 años viviendo en la zona. Sin embargo la Empresa Urra 1 realizo indemnizaciones, planes y proyectos para comunidades indígenas embera – katío de la zona14, no fue la misma situación para las comunidades campesinas, quienes sin duda también se vieron afectadas por el proceso de consolidación y puesta en funcionamiento de la represa. La solución empleada para las comunidades campesinas fue el reasentamiento, es decir la reubicación de la población campesina en lugares que les imposibilitan continuar con su actividad económica principal: la agricultura. Así fue documentado por el diario El Tiempo: “En casi 4.000 hectáreas compradas por Urrá S.A. sobre las márgenes del Sinú, y otras 20 sobre la margen derecha del futuro embalse, se reasentarán 614 familias así: 84 que habitaban los sitios de las obras, 390 que viven actualmente debajo de la cota 103,5, y que serán reasentadas en 1995, y 140 familias que viven en áreas afectadas por la inundación del embalse, y cuyo reasentamiento está programado para 1998” (El Tiempo, 1995). En la actualidad el diario El Espectador relata como a partir de los procesos relacionados con la hidroeléctrica los pobladores campesinos del municipio de Tierralta viven con limitadas condiciones de autosostenimiento, ya que este hecho implico un desplazamiento de comunidades campesinas a zonas periurbanas y el arrinconamiento y aislamiento de familias en las veredas de la parte alta de la zona: “Sin embargo, los pobladores cuentan que fue la construcción de la represa de Urrá el hecho que más daño le ha causado al valle sinuano, incluso por encima de las atrocidades de guerrillas, paras y narcos. Dicen que ese proyecto fue el principal
14 Con respecto a este tema la Empresa Urra manifiesta lo siguiente: “Las comunidades indígenas no fueron desplazadas de su territorio ya que la etnia Emberá-Katío está ubicada 25 kilómetros aguas arriba de la presa de URRÁ, además se encuentra asentada en territorios legalmente constituidos por el INCORA, los cuales fueron unificados mediante Resolución No. 053 del 28 de diciembre de 1998 con el nombre de Resguardo Embera-Katío del Alto Sinú y ampliado mediante saneamiento realizado por la Empresa. Por lo anterior se precisa que la Empresa URRÁ no ocasionó desplazamiento de indígenas ya que solo las colas del embalse penetran el territorio indígena, inundándolo ocasionalmente en un área mínima (417 hectáreas) (…) Del total de las 103.517 hectáreas que poseía el territorio Embera-Katío antes de la construcción de la Central, el embalse de URRÁ inunda en los picos del invierno, de manera ocasional, 417 hectáreas que corresponden a zonas escarpadas no cultivables. Estas se compensaron con 12.562,4 hectáreas saneadas por la Empresa y anexadas al Resguardo por el INCODER, ampliando el área inicial hasta 116.079 hectáreas con 9.194 metros cuadrados (Urra 1, 2015).
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responsable de sus desgracias porque fue el primero en despojarlos de sus tierras y de la abundancia pesquera que el río Sinú les otorgaba (El Espectador, 2016). En efecto, este caso refleja un conflicto interétnico que se da, además de la condición histórica de concentración de tierras y la entrada en operación de una hidroeléctrica, se da también por la diferenciación de derechos entre dos sectores que han ocupado y vivido en esta zona. Esta diferenciación que se evidenció principalmente en el tema de la indemnización, planes de vida y proyectos a comunidades indígenas, asunto que generó grandes divisiones en comunidades que convivían en un mismo territorio. Así lo narra un líder campesino15 nativo de la zona, quien considera que la represa fue un factor que los ha hecho distanciarse “En muchos momentos hacíamos trueque, porque a ellos les gusta mucho pescar, entonces uno les cambiaba por plátano o yuca, lo que pidieran”. Posteriormente él evidencia grandes problemáticas sobre todo por los apoyos estatales y por parte de la empresa para la construcción de infraestructuras de uso exclusivo para los indígenas como por ejemplo las escuelas. También considera que fue importante la “pelea” que ellos hicieron contra la empresa Urra, ya que para ellos fue un acto ejemplarizante: “cuando recién empezó este proceso, Kini Pernia, el líder indígena, él no dejo que los sacaran, eso fue para nosotros muy importante, porque si los indígenas se quedan, nosotros también, ya que nosotros llegamos antes que ellos”. Luego de diferentes procesos organizativos y formativos que han buscado el fortalecimiento del campesinado en la zona, han surgido diferentes iniciativas relacionadas principalmente con la permanencia y el retorno del campesinado en esta zona. Este aspecto ha sido importante las manifestaciones de unión y convergencia que han tenido las comunidades indígenas y campesinas. Estas últimas consideran que para continuar con su proceso de retorno y permanencia a esta región, es importante consolidar la figura de Zona de Reserva Campesina. Mientras que los indígenas por medio de sus líderes y cabildos han manifestado que apoyan la iniciativa de los campesinos, “ellos dicen que van ayudarnos, por ejemplo con el tema de la consulta previa, ese es un tema importantísimo para la aprobación de la zona de reserva campesina”. Desde el año 2014, se viene impulsando un proyecto de constitución de una zona de reserva campesina que abarque la zona del Nudo de Paramillo, de este modo, su proyección como Zona de Reserva Campesina es de suma importancia dada la gran cantidad de campesinos que habita la región y que necesitan herramientas y reconocimiento jurídico para emprender el ordenamiento del territorio e impulsar la producción campesina, como garantía de que tendrán condiciones para una vida digna y que no serán desplazados de sus territorios, por la dirección de parques naturales, el estado, grupos paramilitares o por los megaproyectos y multinacionales (Agencia Prensa Rural, 2014). El líder campesino concluye este tema de la siguiente manera: “es que entre ellos y nosotros no hay mayor diferencia. Ellos se casan con blancas y las indígenas con campesinos, y así vivimos; lo único en lo que somos diferentes es que ellos cultivan en lo sucio y a nosotros nos gusta limpiar los cultivos”.
15 Líder campesino del Alto Sinú. Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas).
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2.7. Catatumbo (Región del departamento de Norte de Santander) El Catatumbo es una sub región al interior del departamento de Norte de Santander compuesta por los municipios de: El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. El departamento de Norte de Santander cuenta, de acuerdo con datos del DANE (2005), con una población igual a los 1.0228.028 habitantes. De este modo, son 206.963 los habitantes correspondientes a la subregión del Catatumbo. De manera adicional el departamento cuenta con población afrodescendiente, indígena y Rrom.
Solo en el Catatumbo se encuentran alrededor de 3.000 indígenas de la étnica Motilón Barí
perteneciente a la familia Arawak, aunque siguen siendo una minoría poblacional en relación con
la población mestiza presente en este territorio, cuentan con 23 comunidades extendidas sobre
el territorio en mención. (OCHA, 2007).
En cuanto a la estructura, tenencia y concentración de la tierra en general del departamento se
puede decir que el Gini de tierras presenta poca variación, en 2009 ascendía a 0.725, es decir 0.13
puntos por debajo del Gini Nacional. El Gini de propietarios, por otro lado, muestra cambios
importantes, en particular a partir de 2005, cuando pareciera que algunos propietarios
adquirieren más de un predio o que la actualización capturó la propiedad de más de un predio
por la misma persona. Como consecuencia del incremento en el Gini de propietarios a partir de
2005, la brecha entre los dos Ginis se amplío y es de las más grandes del país (IGAC, Universidad
de los Andes, 2012).
En esta subregión, específicamente en el Resguardo Cantalaura – La Gabarra (Tibú), en el
margen izquierdo del Rio Catatumbo se ha evidenciado conflicto por territorio, a pesar de que
indígenas de la comunidad Bari y campesinos han vivido en el mismo territorio por varias
décadas. El conflicto se generó a raíz de la petición de ampliación del resguardo en cerca 216.000
hectáreas. Gran parte de esta zona tiene presencia de campesinos que viven del trabajo de la
tierra en situación de informalidad y minifundio ya que estas tierras jurídicamente pertenecen a
Zona de Reserva Forestal (Ascamcat, 2012).
Estas divergencias tienen como antecedente el proceso de constitución de la Zona de Reserva
del Catatumbo. En lo que tienen que ver con el territorio, han existido algunas prevenciones del
pueblo Bari frente a la constitución de esta figura. La ZRC del Catatumbo tendrá 350.000
hectáreas en los Municipios de El Tarra, Hacarí, San Calixto, El Cármen, Tibu, Convención y
Teorama, con una población estimada de 80.000 habitantes rurales (Agencia Prensa Rural, 2012).
Ante estas dudas y prevenciones, se ha buscado canalizar y socializar por medio de reuniones
con el acompañamiento de las autoridades del Parque Natural Catatumbo y miembros del
Incoder donde se expuso la legislación prevista para la delimitación de la ZRC. En este contexto
se llegó a un acuerdo de que los representantes del pueblo Bari gestionarían un encuentro con el
Concejo Autónomo de Cacique Bari, para la socialización del tema de ZRC.
Por este conflicto, que hasta el momento no ha sido violento, los campesinos de la región
organizados en Juntas de Acción Comunal y apoyadas por la Asociación Campesina del
Catatumbo (Ascamcat) y los resguardos de la comunidad indígena Bari han realizado
acercamientos y acuerdos que buscan en primera instancia trazar una ruta para solucionar el
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conflicto territorial, generar confianza entre estas dos culturas y con ello generar procesos de
interculturalidad dentro de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo16.
Desde hace aproximadamente se vienen realizando acercamientos entre estas dos comunidades, con el objetivo de generar acuerdos internos y no estar divididos frente a las instituciones, “se están dando unas cercanías para una mesa de acuerdos en lo que es la comunidad Barí y la organización campesina Ascamcat. En este momento ya se reunieron en una ocasión para elaborar una propuesta metodológica donde puedan acercarse y dirimir todas esas diferencias que tienen frente a sus solicitudes en territorio y que se pueda dar directamente entre ellos unos acuerdos para posteriormente poderse sentar con el Gobierno Nacional y de esta manera si dar alguna solución y comenzar a dar algún acuerdo entre las partes. Fue una iniciativa del Min. Interior, esa cercanía” (Vallejo, 2016). Aunque los líderes campesinos entrevistados17 manifiestan que las instituciones han aprovechado estas divergencias y han potenciado escenarios de desacuerdo, generando rumores sobre la figura de Zonas de Reserva Campesina. Por esto, las comunidades asentadas en este territorio coinciden en señalar que a pesar de que en la cotidianidad se convive, el conflicto proviene principalmente por argumentos e instrumentos jurídicos, esto lo asegura un líder de la región quien señala además que “las aspiraciones de cada sector coinciden en los mismos territorios, por eso es necesario generar una estrategia conjunta, donde estén sentados los dos sectores, ya que el Estado no financia ni incentiva este tipo de procesos y alternativas”.
2.8. Tolima El departamento del Tolima, ubicado en la región Andina, limita con los departamentos de Caldas por el Norte, Cundinamarca y Huila por el oriente, Huila y Cauca por el sur y Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda por el Occidente (Escuela Nacional de Geografía, 2016). De manera adicional el departamento cuenta con 4 subdivisiones de acuerdo con sus condiciones geográficas, a saber: Subregión Norte, compuesta por los municipios de: Herveo, Fresno, Mariquita, Honda, Villahermosa, Casabianca, Palocabildo, Falan, Armero – Guayabal, Líbano, Murillo, Lérida, Ambalema, Santa Isabel, Venadillo, Alvarado, Piedras y Anzoátegui. Esta zona, tiene para el año 2007 presencia de los grupos armados ELN, autodefensas y narcotráfico. Subregión Centro, compuesto por los municipios de: Ibagué y Cajamarca. Esta zona es escenario
de disputas territoriales desde aproximadamente el año 2003 entre las Autodefensas los frentes
50 y 21 de las FARC, quienes tienen presencia en la zona desde los años 90.
16 Entre estas dos comunidades se han realizado acciones conjuntas por la defensa del territorio y en oposición a la explotación de carbón a cielo abierto: Foro “Vida, naturaleza, territorio y cultura”, Talleres explicando la amenaza de la explotación de carbón a cielo abierto, giras conjuntas a las sesiones de los Concejos Municipales, movilizaciones, conformación de la mesa de interlocución y acuerdo (MIA), entre otros eventos y actividades (Ascamcat, 2012). 17 Líder campesino de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).
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Subregión suroccidente, compuesta por los municipios: Rovira, Roncesvalles, San Antonio,
Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ataco, Natagaima, Coyaima, Ortega, San Luís, Valle de San
Juan, Saldaña, Flandes, Guamo, Espinal y Coello. Presencia de grupo insurgentes.
Subregión oriente compuesta por los municipios de: Alpujarra, Dolores, Villarrica, Prado,
Purificación, Cunday, Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá, y Suárez. Presencia de
confrontaciones entre los frentes 55 y 25 de las FARC y las autodefensas desde
aproximadamente el año 1998.
De acuerdo con el Censo general para el año 2005 el departamento contó con un total de
1.312.304 habitantes (Cabeceras municipales 887.689; Resto: 424.615) y con una proyección para
el año 2010 de 1.387.641 habitantes (Cabeceras municipales 932.770; Resto del departamento
454.871). Del total de la población, para el año 2005, el 4,3% se autoreconocen como población
indígena y el 1,2 como población afrodescendiente (DANE, 2005).
En el departamento del Tolima habitan 2 etnias, la Nasa y la Coyaima, principalmente. En total
se encuentran 4 resguardos, con un total de 14.997 indígenas que ocupan 28.950 hectáreas.
(Departamento Nacional de Planeación, 2004).
En la estructura de propiedad y tenencia de la tierra, en el departamento de Tolima predomina
la mediana (50%) y gran propiedad (22%). El número de predios promedio por propietario es
cerca de 1.39, pero algunos propietarios tienen más de tres predios. El número promedio de
hectáreas por propietario es 13 con una dispersión sumamente alta. El Gini de tierras en este
departamento es de 0.781 y presenta un comportamiento bastante estable, con un leve
incremento en 2009. Este incremento toma relevancia dado que la actualización catastral de 2005
pareciera reflejar ahora la verdadera concentración en el departamento (IGAC, Universidad de
los Andes, 2012).
Con estas condiciones, se ha evidenciado diferentes formas de articulación entre comunidades
indígenas y campesinas en varios municipios del departamento. Según lo manifestado por un
líder campesino18 del sector, en el departamento no se evidencia enfrentamientos con el
movimiento indígena nasa y coyaima, los conflictos cotidianos “se ha buscado resolver con las
dirigencias por la vía del dialogo, mirando los intereses de territorios que le corresponden tanto
a indígenas como campesinos”.
En varias regiones del departamento se evidencia niveles de coordinación entre comunidades
indígenas y campesinos en temas como derechos humanos y la explotación minera
concretamente en el Cañón de las Hermosas. Con respecto a esto último los megaproyectos son
un tema común en la agenda tanto de indígenas como campesinos. Concretamente con el
proyecto que impulsa Isagen, la Central Hidroeléctrica Río Amoyá - La Esperanza19: “Allí los
18 Líder campesino articulado a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (Astracatol). 19 La central Amoyá está localizada en el sur del departamento del Tolima, en jurisdicción del municipio de Chaparral, a unos 150 kilómetros de Ibagué. Tiene una capacidad instalada de 80 MW (Megavatios) en dos unidades de generación, puede generar una energía firme de 215 GWh/año (gigavatios hora por año) y promedio de 510 GWh/año (ISAGEN, s.f.).
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indígenas no estaban de acuerdo con ISAGEN porque no se les tuvo en cuenta para hacer la
consulta previa. Se tuvo en cuenta fue a los campesinos para hacer la exposición del proyecto”.
Este asunto se complejiza analizando el contexto de conflicto social y armado que predomina
en gran parte del municipio: “El problema que ha habido es con la fuerza pública por ejemplo
en Chaparral, que nos señala, por la presencia de las FARC, ellos no se meten con la gente, han
respetado toda esa cultura, tanto la campesina como la indígena (…) luego en Coyaima y
Natagaima se sufrió la presencia de grupos paramilitares, allí quienes sufrieron fueron los
indígenas porque no hay campesinos”.
Al igual que otros casos analizados, en algunos casos se puede evidenciar que se presenten niveles
de coordinación, solidaridad y agendas comunes en lo relacionado con la defensa de territorio
por la llegada e implantación de empresas e interés extractivos y más si se está en un contexto
de fuertes tensiones y conflicto armado, ya que lo que se evidencia es un reforzamiento de
patrones y conductas represivas hacia los habitantes de estos territorios: "aunque la obra es muy
importante y no se puede desconocer su incidencia en el desarrollo municipal, la seguridad que
el Estado le ha prestado al proyecto, ha traído desestabilización en la zona. Se ha alterado la
convivencia y hay un ambiente de zozobra, pues arrecian por momentos los combates, los
bombardeos y las minas. Así que nosotros somos como víctimas del desarrollo, aunque suene
irónico" (Portafolio, 2008).
Como parte de las acciones que ha emprendido el campesinado de esta región tiene que ver con
la conformación de la Zona de Reserva Campesina. Hasta el momento se han delimitado tres
zonas: Planadas, otra entre Ataco y Rio Blanco y una última entre Chaparral y San Antonio. Se
está haciendo la socialización con juntas de acción comunal y todo el tema de explicar a los
alcaldes y el consejo.
Analizando más de cerca este aspecto las tres (3) zonas de reserva campesina tienen cruces tanto
con proyectos minero energéticos, resguardos indígenas y zonas de Parques Naturales (Centro
Memoria, 2016). Ante esta situación el líder campesino de la zona considera que: “las ZRC
favorecen a los indígenas porque para hacer el proceso de ZRC se deben legalizar los resguardos,
porque en Chaparral hay Cabildo, pero no tienen Resguardo y ellos solicitan que se les legalice.
Y uno de los objetivos de las ZRC debe ser ese también, porque para lograr la aprobación de la
zona reserva campesina se debe tener la aprobación de resguardo, donde hay resguardo o cabildo
se viene respetando esas zonas. Ellos también lo ven como protección para ellos (los indígenas)
que son indígenas - campesinos”.
Este caso evidencia que además de converger en aspectos que inciden directamente sobre el
territorio como lo relacionado con la entrada de empresas y proyectos extractivos, las
comunidades indígenas y campesinas han logrado articular iniciativas y apuestas conjuntas con
figuras jurídicas que en otros contextos los podría dividir: la zonas de reserva campesina y la
constitución de resguardos indígenas. Esto puede explicarse en gran medida por la histórica
convivencia de estas dos comunidades en los mismos territorios, aspecto que ha permitido que
compartan nociones, construcciones y aspiraciones sobre este.
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2.9. Arauca
El departamento de Arauca genéricamente se ha considerado como parte de la región de la
Orinoquia, sin embargo presenta unas especificidades geográficas y geomorfológicas: una
primera es la geoforma de piedemonte (de mayores alturas), que es la parte más occidental del
departamento, seguida de gran cantidad de terrazas aluviales y llanuras en la parte oriental y en
límites con Venezuela. Algunos de los ríos que surgen en la cordillera oriental, específicamente
en el Parque Nacional Natural El Cocuy son tributarios de la cuenca del rio Arauca que va a
desembocar en el río Orinoco. Las llanuras y planicies bajas de la Orinoquía son inundables en
los departamentos de Arauca y Casanare, con un área total de 4’277.546 hectáreas que
corresponden al 12,5% de la cuenca (Viloria, 2009).
Según los investigadores Carlos Franky Dany Mahecha y María Colino en Arauca hay 26
resguardos que en conjunto abarcan un área de 128.167 has., con 35 comunidades de las etnias
Betoye, Kuiba, Sikuani, Hitnü o Macaguane, Inga, Uwa, Chiricoa y Piapoco, y una población
indígena estimada en 4903 personas (Franky, Mahecha , & Colino, 2010).
Los datos censales muestran que en Arauca hay 247.541 personas (según proyección de
población para 2010), sin embargo, el 2,2% de la población de todo el departamento se considera
indígena y 4% se autoreconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afro descendiente
(DANE, 2010).
Esto podría ser una de las evidencias y de los impactos de la colonización en la región, donde
muchas de las comunidades indígenas son pueblos semi nómadas, pero aspectos como la
explotación petrolera, la colonización y el conflicto armado han hecho que estas comunidades
estén confinadas a ciertos territorios, y no pueden acceder a recursos y zonas tradicionales. “El
Santuario de la Laguna de La Lipa era la despensa y el centro de ceremonia y encuentro de los
pueblos indígenas en Arauca. Al llegar el oleoducto de Caño Limón, la laguna se secó, la fauna
se perdió y las comunidades iniciaron un progresivo deterioro social y cultural” (Franky,
Mahecha , & Colino, 2010).
Este tipo de aspectos hizo que las comunidades indígenas movidas por las hambrunas y la falta
de territorio, llegaran a los lugares donde los campesinos se habían consolidado y se evidenciaran
episodios conflictivos, donde el campesino acusa al indígena de ladrón y el indígena solo
argumenta desde su hambre que las cosas están ahí en la tierra y ellos las pueden tomar.
Los indígenas Hiwi (Guahibo) son un pueblo seminómada, recolector y cazador, que han
habitado ancestralmente las sabanas de Arauca. Como se ha mencionado diferentes aspectos han
incidido negativamente a que este pueblo este en algo riesgo de exterminio. El auto 004 de 200920
de Corte Constitucional señala la urgencia de tomar medidas para proteger pueblos y minorías
indígenas; determinó que existen pueblos en riesgo de desaparecer por muerte natural o violenta
de sus integrantes o por desplazamiento de sus territorios ancestrales. Evidencia gran cantidad
de causas relacionadas como son el exterminio físico y cultural por causa del conflicto armado
20 El Auto 004 de 2009 es una herramienta jurídica que la Corte Constitucional define para contrarrestar la agresión física y cultural de 102 pueblos indígenas y en especial, la de 34 grupos en vía de desaparición. Consultado en: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3486_documento.pdf
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interno siendo esta el principal factor de riesgo, ya que existen otros procesos relacionados como
son el desplazamiento de los pueblos indígenas. Ante este contexto los pueblos indígenas son
completamente ajenos al conflicto armado interno. Se han declarado, autónomos y neutrales,
esto los convierte en víctimas de éste conflicto. Otro aspecto que resalta el auto es la falta de
atención e indiferencia institucional revela una violencia estructural hacia estas comunidades
Todos estos aspectos han sido importantes en el desarrollo de conflictos interculturales por el
territorio en el departamento de Arauca, previamente según informa una líder campesina21 de la
región:
“se había constituido una Zona Reserva Indígena, que es diferente a los resguardos indígenas, es
una área mucho más grande de 18.000 hectáreas donde prácticamente esa figura jurídica la
utilizaron los campesinos en los setenta para proteger el territorio de los latifundistas que se
querían hacer titular todo ese territorio, entonces ellos lograron que eso se constituyera en una
gran reserva indígena para que no se la apropiaran los grandes terratenientes y pudieran vivir los
campesinos allí, pero luego cuando ya empieza el conflicto con los indígenas entonces los
indígenas se reclaman todo ese territorio como suyo”
Adicionalmente, debajo de esta área de protección hay una gran reserva de hidrocarburos, por
este motivo los conflictos entre indígenas y campesinos se empezaron a complejizar debido a
que la entrada de contratistas extranjeros que empezaron un trabajo constante y permanente con
los indígenas Hiwi, con el propósito de obtener los permisos sin realizar consulta previa para la
extracción del combustible fósil.
El conflicto aún sigue latente pero es importante destacar las iniciativas de confluencia y
articulación tanto de los indígenas Hiwi como de los campesinos y colonos. Así lo manifiesta la
líder campesina:
“Ahí lo que logramos hacer es que entrara en razón el movimiento campesino y que empezáramos
trabajar conjuntamente y logramos hablar con las autoridades indígenas y hacerles entender que el
territorio había que defenderlo entre todos y se hizo incluso algunos ejercicios que los campesinos
iban donde los indígenas y los ayudaban a sembrar pan coger, los indígenas venían donde los
campesinos y les daban plátano, yucas, pero también les enseñaban a como cultivar les daban semillas
y se empezó a hacer un intercambio bien interesante para eso, al punto que logramos sacar a la
compañía petrolera de ahí, eso fue en el 2013”.
Al igual que en muchas otras regiones, en Arauca los campesinos han adelantado diferentes
gestiones relacionadas con la implementación de una Zona de Reserva Campesina. Entre estas
acciones son de destacar las jornadas de divulgación, formación y conocimiento de las
comunidades indígenas, principalmente con los Hiwi sobre los temas importantes y las
potencialidades de unificar criterios en cuanto a la defensa de la tierra y el territorio. La
ampliación de los resguardos y la constitución de zonas de reserva campesina, son temas que
han sido tratados por estos dos sectores.
El caso es importante para resalta los procesos de confluencia y formación conjunta. Tanto los
líderes campesinos como las autoridades indígenas dimensionaron las dinámicas detrás de la
21 Líder campesina que trabaja en el departamento de Arauca y Guaviare, procesos organizativos articulados a Anzorc.
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extracción y explotación petrolera. Los mecanismos que adoptaron contemplaron diferentes
estrategias, desde las actividades de acompañamiento, formación, trueque, y estrategias legales y
jurídicas como la Consulta Previa.
Este, al igual que otros casos reseñados en este documento, son comunidades rurales que han
incorporado dentro de su repertorio de movilización la exigencia de permanecer en el territorio,
con un ambiente sano y protegido, defensa que se viene adoptando desde aspectos legales y
políticos.
3. Entre el conflicto y las alternativas. Caracterización de dos casos que
contribuyen a la construcción de Territorios Interculturales
Los casos que documentan en este apartado se basan en experiencias que han aportado a la
solución de los conflictos interculturales asociados al territorio. En las experiencias de estos dos
casos se pueden visibilizar diferentes estrategias organizativas, políticas y jurídicas. El tema de la
consulta previa ha sido central en cada uno de ellos. En un caso porque la decisión no fue
socializada ni consultada con las comunidades asentadas en el territorio (San Rafael, Cauca)
hecho que fue generador de conflicto, y en otro caso la consulta previa libre, concertada y
vinculante ha sido una de las principales exigencias a la hora de implementar cualquier proyecto
extractivo en la zona (Jardines de Sucumbíos, Nariño).
En ambos casos es importante mencionar las estrategias utilizadas para dirimir conflictos y llegar
a espacios de acuerdos, en los dos casos las mesas de concertación y dialogo entre los actores
resultan en una buena acción y estrategia que busca catalizar, llevar a un buen término las
divergencias y restablecer niveles de confianza entre las comunidades.
3.1. San Rafael - Cauca
El conflicto que ocurrió en el predio San Rafael en el norte del departamento, entre indígenas
Nasa del Cabildo de Toribío y comunidades afrodescendientes de los Consejos Comunitarios de
Mazamorreros, Brisas del Rio Cauca y Cerro Tetas (municipios de Santander de Quilichao y
Buenos Aires, Cauca) proviene en gran parte por la premura del Ministerio del Interior en dar
cumplimiento a las obligaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que
esta última fallo en contra del gobierno nacional en el caso de la Masacre del Nilo.
En ese contexto en 2007, el Ministerio del Interior adquirió los predios San Rafael y Corcovado
que suman 517 hectáreas a un costo de 3.500 millones, para entregárselos a los indígenas y así
cumplir los compromisos pactados en el Acuerdo del Nilo (acuerdo derivado de la masacre
contra indígenas ocurrido en 1991).
Producto de estos acuerdos, el Estado colombiano se había comprometido a realizar medidas
de reparación social a las comunidades indígenas afectadas. Los gobernadores indígenas de los
17 resguardos del Norte del Cauca, en una reunión el 16 y 21 de marzo de 2006, establecieron
que de las 9.047.600 hectáreas entregadas a esa fecha, sólo 3.619.040, es decir el 40%, eran tierras
productivas.
Sin embargo el hecho que se dieran justamente estas tierras a las comunidades indígenas
reparadas genero conflictos y tensiones con los Consejos Comunitarios vecinos al predio, a
41
quienes no se les socializó ni se les consulto ese plan. La decisión del Ministerio del Interior por
comprar en dicho lugar no valoro que ese terreno era utilizado colectivamente por las
comunidades afrocolombianas y, que además, estas poblaciones lo consideran parte de su
territorio ancestral. Los afros se opusieron y ocuparon el territorio señalando que estos predios
les pertenecen desde hace muchos años. La disputa causó la muerte de un integrante de la
comunidad Nasa (Verdad Abierta, 2014).
Luego de enfrentamientos físicos entre indígenas y afrodescendientes se produjo la muerte de
dos miembros de la comunidad indígena (VerdadAbierta, 2015). En marzo de 2008, el Ministerio
del Interior y de Justicia reconoció que el gobierno había comprado 11.382.271 hectáreas de las
15.663.000 acordadas en los Acuerdos de 1991. Pero según la comunidad Nasa, la mayoría de
las tierras se encuentran en áreas de protección forestal o Ley 2. La región también cubre tierras
relieve rugoso, sitios sagrados para la cultura Nasa y áreas infértiles (SICSAL, 2008).
En este tipo de conflictos se puede identificar que hay una responsabilidad estatal importante en
la generación de situaciones conflictivas. En tanto que una vez titulados resguardos o territorios
colectivos de comunidades negras, posteriormente titulan a campesinos al interior de esos
territorios o viceversa y si bien cada una de estas comunidades tiene derecho a acceder a la tierra
y al territorio el INCORA (hoy Incoder, en liquidación - Agencia Nacional de Tierras) en su
momento tuvo una fuerte responsabilidad en los casos, de igual manera el Ministerio del Interior
ya que los trámites administrativos tienden a generar grandes complicaciones inmensas en las
mismas comunidades, porque creían contar con una seguridad jurídica que da las instituciones
estatales (Naranjo, 2016).
En este sentido, se puede considerar que muchas de las delimitaciones físicas y geográficas de
las figuras territoriales jurídicas incentivadas por el estado son límites tremendamente borrosos
y difusos desde la lógica de los múltiples actores que se mueven en los territorios (Salgado, 2016).
Ante esto, es importante analizar que si bien una de las principales causas del conflicto en este
territorio fue por una disposición estatal, es interesante evidenciar el papel mediador del estado,
en parte se debe a la necesidad de resarcir o corregir las acciones provocadoras de conflicto.
Previamente a este análisis, es importante considerar que internamente estas comunidades tienen
sus conflictos, conflictos tan cotidianos como el hecho de que se corra una cerca, que los
animales pasten en predios ajenos o que se corte la bocatoma del agua en el rio a un vecino.
El conflicto es consustancial a la condición humana, y es importante mencionar esto para no
esencializar a ciertos sectores, ya que no son comunidades prístinas, homogéneas y ahistóricas,
sino que han tenido contacto con diferentes situaciones que incentivan, crean y complejizan los
conflictos: las jerarquías internas - externas y las diferenciaciones de cada comunidad, el conflicto
armado en muchas zonas del país, el control de los recursos relacionados directamente con la
tierra y el territorio, los agentes económicos en los cuales prima una visión mercantil del espacio
desde una perspectiva capitalista, y el Estado, como planeador de espacios de producción pero
también como figura de poder y control que buscar garantizar los derechos de los ciudadanos.
Esto último es de gran pertinencia, puesto que nos permite discriminar las diferentes acciones
realizadas por el estado y con eso comprender el papel del estado en este tipo de conflictos. El
estado no es un bloque monolítico puro internamente, tiene grandes diferencias, trayectorias,
42
culturas políticas e intereses que inciden en las decisiones y acciones del estado por medio de sus
instituciones y funcionarios (Duarte, y otros, 2014).
Como se ha mencionado en los anteriores casos analizados, la situación histórica de
concentración de la tierra ha generado un creciente hacinamiento y arrinconamiento de
comunidades rurales que se organizan en gran cantidad de espacios de minifundio y de pequeña
propiedad agrícola. Este aspecto sin duda es una de las causas estructurales que generan conflicto
(Duarte, y otros, 2014).
A continuación se realiza una descripción del proceso de dialogo22 que propiciaron las
comunidades en compañía del CEI (Centro de Estudios Interculturales de la Universidad
Javeriana de Cali) e instituciones como Incoder y otras entidades de orden nacional y
departamental.
En primer instancia el CEI realizó estudios que permitieran tener una panorama de los conflictos
interétnicos y territoriales en el departamento de Cauca (Duarte, 2015), esto permito tener un
conocimiento sobre los antecedentes, desarrollos y acciones relativas en el marco de los
conflictos, de igual manera permitió conocer los antecedentes de la negociación interétnica e
intercultural en departamento del Cauca, como los acuerdos establecidos entre el gobierno
colombiano y los procesos organizativos rurales del Cauca, relacionados con lo territorial.
Se establecieron tres tipos de mesas de dialogo con diferentes niveles y temas específicos para
abordar, cada mesa tiene dos escenarios, uno autónomo en donde participan solamente las
organizaciones sociales, y otra abierta con presencia de organismos estatales y del CEI como
facilitador:
- Mesas locales a nivel municipal o corregimental, donde llegan los involucrados directamente en
el conflicto
- Mesas sectoriales o poblacionales donde se reúnen los campesinos, los indígenas y los
afrodescendientes, y donde se llegan a acuerdos a nivel departamental y se proponen
acciones y debates frente al Estado.
- Mesa interétnica e intercultural de nivel departamental, en la cual se refrendan los acuerdos
logrados en las mesas locales y los disensos, así como las discusiones y propuestas que
emerjan de las mesas sectoriales. Este espacio cuenta con presencia de autoridades
estatales tanto de nivel nacional como departamental (CEI, 2012- 2014).
En el 2012, mientras se avanzaba en la construcción de las mesas de diálogo intercultural, el
Incoder aprobó 60 mil millones de pesos para compra de tierras para resolver conflictividades,
por lo que este fue un tema a discutir darle operatividad en las mesas sectoriales y la mesa
interétnica e intercultural (Duarte, y otros, 2014).
Con este ejercicio se generó niveles de dialogo y construcción de acuerdos entre las
organizaciones sociales que hicieron parte del proceso, conocimiento de las principales causas
que dieron origen a los conflictos, así como la razón de las acciones que fueron emprendidas por
22 Para más información sobre el proceso, consultar: https://www.youtube.com/watch?v=Jd44ijBJyFg Recuperado 23 de septiembre de 2016.
43
cada sector. La generación y fortalecimiento de lazos de solidaridad, confianza y convivencia
entre los sectores en conflicto, además de la generación de compromisos por parte del gobierno.
El acuerdo al que se llegó para resolver ese conflicto fue el siguiente: 4000 millones para
comprarle medio Barrancón a comunidades Indígenas, 3000 millones más para la finca que los
indígenas definan para solventar las 249 hectáreas faltantes, con esto San Rafael quedaría para
comunidad Afrocaucana (Verdad Abierta, 2014)
3.2. Jardín de Sucumbíos – Nariño
El Departamento de Nariño está ubicado en la esquina suroccidental de Colombia, como una
cuña entre la República de Ecuador, la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. El
departamento se divide en tres subregiones naturales de gran belleza y diversidad: la Llanura del
Pacífico, que ocupa el 52% de su territorio, la región Andina (46%) y la vertiente Amazónica
(2%). La subregión más poblada es la Andina (Viloria de la Hoz, Economía del departamento
de Nariño: ruralidad y aislamiento geográfico, 2007)
Señala Viloria de la Hoz en su documento sobre el desarrollo de la economía Nariñense, que los
grupos indígenas que poblaban esta zona del país, para el siglo XVI eran los Pastos (altiplano
sur), los Abades (río Pascual) y los Quillacingas (río Guáitara). De este modo, esta zona durante
el periodo de la colonia, pasó de la producción agrícola a la intensificación de la explotación del
oro en el municipio de Barbacoas principalmente con mano de obra afrodescendiente, así como
las extensiones ganaderas (Viloria de la Hoz, 2007).
Nariño, de acuerdo con lo reseñado por el censo general realizado por el DANE, cuenta para el
año 2005 con 1.498.234 habitantes (Cabecera municipal: 703.636; Resto: 794.598) con una
estimación de un total de 1.639.569 (Cabecera municipal: 784.252; Resto: 855.317). La población
que se autoreconoce como indígena es igual al 10.8%, de ella pertenecientes a los grupos: pastos,
inga, awá, eperara siapidara, kofán y quillacingas.
Por su parte el 18.8% se autoreconocen como población afrodecendiente que se distribuye en
gran medida en los 37 consejos comunitarios referenciados por el INCODER para el año 2011
asentados en los municipios de: Santa Bárbara, Roberto Payán, Tumaco, Mosquera, Fco Pizarro,
La Tola, Magui Payán, Roberto Payán, Olaya Herrera, Olaya Herrera, Policarpa y Santa Barbara
de Iscuandé, El Charco, Mosquera y Barbacoas (Incoder, 2011).
En lo relacionado con la concentración de tierras, es importante señalar que a partir de 2005, la
gran propiedad presenta un incremento significativo a expensas, primordialmente, de una caída
en la participación de la mediana propiedad, la cual alcanza un 29% de la participación, tras un
descenso de dos puntos porcentuales. Este hecho cobra relevancia si se tiene en cuenta que este
incremento no se puede atribuir a la actualización catastral, sino a un proceso de concentración
de la tierra, el Gini de tierras crece de 0.794 en 2000 a 0.804 en 2009 (IGAC, Universidad de los
Andes, 2012).
Al igual que otros departamentos limítrofes como Cauca y Putumayo, se evidencia procesos de
imbricación de territorios entre comunidades afro, indígenas y campesinas. Se puede señalar que
en zonas rurales del departamento (en el municipio de Tumaco por ejemplo) se presentan
conflictividades entre campesinos e indígenas debido al desconocimiento de las autoridades
44
indígenas en sus territorios, por parte de colonos. Principalmente referidas al no acatamiento de
las normas, restricciones y direccionamientos proferidos por las comunidades indígenas con
respecto al uso y ocupación por parte de colonos en sus territorios.
En este departamento han convivido estas comunidades afrodescendientes con comunidades
indígenas y campesinos, en especial en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos en el
municipio de Ipiales, área limítrofe entre los departamentos de Nariño y Putumayo en el
suroccidente Colombiano. Para caracterizar la región es necesario realizar un acercamiento a las
diferentes dinámicas que se han desarrollado en la zona, zona donde viven comunidades
indígenas, campesinas y afro las cuales buscan la generación de procesos conjuntos que les
permitan defender y vivir en este territorio.
En esta región se encuentra desde hace 32 años el despliegue de una amplia zona de explotación
petrolera a cargo de la petrolera de origen nacional Ecopetrol. "Por el corregimiento también
pasa el oleoducto trasandino que recoge el crudo del Putumayo para transportarlo, atravesando
el macizo colombiano, desde los pozos de Villagarzón, Orito o Churuyaco hasta el puerto de
Tumaco en el océano Pacífico" fecha (Agencia Prensa Rural, 2014).
Como es común en el desarrollo de este tipo de economías de tipo extractivo, en estos los
territorios hacen presencia de las Fuerzas Armadas regulares, así como grupos armados al
margen de la ley. "una presencia fuerte en la zona del Frente 48 de las FARC-EP y de los
batallones antiguerrilla del ejército. A primeros de los años 2000 sufrieron la plaga del
paramilitarismo, responsable del desplazamiento de gran parte de los habitantes de la zona, hasta
que un encarnizado combate entre las FARC-EP y los paramilitares de las AUC".
Este proceso lo relata un líder campesino23 de la zona, quien presenció desde el inicio la llegada
de Ecopetrol (1982), los conflictos generados por la llegada de colonos y los cultivos de coca.
Tradicionalmente esta zona estuvo habitada por comunidades indígenas kofan, principalmente.
A medida que entra Ecopetrol a la región, algunos campesinos empiezan a explotar madera con
el permiso de los taitas de la zona.
A raíz de este proceso se empiezan a generar los conflictos, puesto que la población campesina
y colona crece y se constituyen las primeras veredas. “El taita se ve arrinconado y constituye su
resguardo para cerrar su territorio y luego entra la coca y es la que lleva la mayor parte de los
conflictos”.
Hasta los años 90, el campesino tenía algunas ayudas estatales e instituciones, “existían los
IDEMAs, que les compraban a la gente. Les recibían todo el maíz, la yuca, todo el arroz, lo que
ellos traían y primero les pagaban luego ya les decían que en 15 días o tres meses, hasta que por
último ya cerraron. Cuando ya implementan el modelo neo liberal, cierran todo el estímulo a la
producción de alimentos, pero en esos mismos tiempos estaba apareciendo ya la coca como una
opción, un cultivo de corto plazo, un cultivo que tenía comercio asegurado, entonces la gente ...
y los primeros casi 15 años, yo creo, pues. El Estado toleró ese tema de los cultivos, digo en el
Putumayo usted iba en la carretera y veía los cultivos y veía el ejército y las autoridades, y luego
23 Líder campesino de la región Jardines de Sucumbíos. Organización Campesina El Progreso
45
cuando ya, bueno la marcha campesina del 96 que denuncia toda la política anti drogas y es
cuando se da toda la arremetida”.
De acuerdo con lo documentado por Prensa Rural (2014), para la población el inicio nuevamente
de las actividades de explotación de petróleo en el año 2006, incide en la generación de
actividades armadas relacionadas con la instalación del "destacamento del Batallón Especial
Energético y Vial nº 9 “José María Gaitán” (BAEEV 9) en la vereda de El Empalme", creado en
el año 2001 con el Comandante Jorge Enrique Mora Rangel. "Inicialmente el Batallón recibió la
jurisdicción de los municipios de Piamonte Cauca y Orito Putumayo, controlando las baterías
de Ecopetrol y los oleoductos Mansoya Orito, Oleoducto San Miguel - Orito, Oleoducto
Churuyaco - Orito y el Oleoducto Trasandino, para control de baterías y estaciones" (FF.MM,
2012).
En el 2006 se instala una base militar en la vereda El Empalme, sin ninguna consulta hacia la
comunidad. Como efecto directo de la presencia de la base militar, se reportan durante los años
siguientes la constante presencia de hechos de violencia que involucran a la población civil,
quienes en el año 2014 a través de la CUT y FENSUAGRO realizan denuncia pública en relación
de realización de masacres y hostigamientos en los territorios de Jardines de Sucumbíos
(Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, 2014).
Lo que se evidencia con este tipo de acciones estatales es la generación de espacios para
garantizar la operación de las empresas extractivas por medio de seguridad estatal (Fuerzas
Armadas, de Policía y judiciales) que operan en los territorios con el argumento de combatir la
lucha contrainsurgente. De igual manera, el tratamiento a las movilizaciones sociales y escenarios
organizativos, sectores que convergen con el ánimo de unificar exigencias en temas vitales para
el campo como son la inversión social, incentivos económicos para la economía campesina y
familiar, entre otros temas. Sin embargo el tratamiento de las instituciones estatales a este tema
es de forma violenta y en muchos casos arbitraria ya que se argumenta que son sectores
involucrados y relacionados con la insurgencia como se señaló en el aportado anterior (Colectivo
de abogados José Alvear Restrepo, 2014).
Ante esta situación el líder campesino señala que la convivencia con la guerrilla en esos territorios
era un asunto normal, “llegó a ser tan normal que la guerrilla (FARC) llegaba a los territorios y
requisaban. Tenían el control total como en la región, pero al llegar los paramilitares, estas zonas
fueron muy golpeada, incluso por el mismo ejército".
Esto se expresó en la persecución, señalamiento y muertes a personas que venían impulsando
iniciativas organizativas tendientes a la defensa del territorio. “En el 2003 cuando iniciamos la
organización, era pleno auge de los paramilitares, al tesorero lo mataron. Yendo del pueblo a
donde nosotros, lo bajaron de la chiva y lo asesinaron. Nosotros íbamos a desistir de la
organización (...) porque ellos decían que esa era una organización de la guerrilla y obviamente
cuando comenzamos también nos llamó la guerrilla a ver qué íbamos a hacer y pensaron que era
algo que se debía hacer en el territorio (...) nosotros no podíamos salir al territorio. Con la
personería jurídica logramos hacer frente a eso, por lo menos ante el Ejército. Ellos llegaban a
vernos los libros de la contabilidad (…) entonces claro, fue bastante dura la situación”. El líder
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cuenta que para sobrellevar esta situación se hicieron alianzas con sindicatos como
FENSUAGRO.
Este caso es interesante de analizar ya que los conflictos que existieron entre las comunidades,
por lo general se buscaba soluciones desde las herramientas y espacios a los cuales ellos tenían
acceso. Importante mencionar también, que los conflictos graves que enfrentaron como las
dinámicas de explotación petrolera, las amenazas y la situación de conflicto relacionada con los
actores armados presentes en la región y la condición de extrema pobreza de toda la población
que no discrimina entre etnias, sectores ni edades; hicieron que surgieran espacios de unión y de
coordinación para buscar mejoras en el territorio. Así lo señala un líder campesino:
Resolvemos el conflicto por medio de todas las JAC (Juntas de Acción Comunal). Al inicio solo
había un resguardo del Taita Querubín Queta que es muy nombrado a nivel nacional, Kofan.
Entonces con ellos eran los que estaban ahí, de resto eran las JAC y los afro estaban de manera
desorganizada, o sea nosotros no los mirábamos a ellos como grupos étnicos sino como parte
de campesinos que estaban allá. Gracias a eso logramos muchas reivindicaciones, por ejemplo
en ese municipio no había un corregimiento que tenga un médico permanente. Este
corregimiento tiene un médico permanente, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un auxiliar
de odontología, tiene una ambulancia. Tiene un colegio con un internado que alberga 150
estudiantes en las veredas.
Una de las primeras situaciones que definieron fue el tema de los territorios de los diferentes
sectores. Coincidieron en que más que disputarse el espacio, era más estratégico apoyar desde
las figuras jurídicas de cada sector, la constitución de zonas para cada comunidad y mecanismos
tan determinantes como la Consulta previa:
Los territorios de los campesinos están libres, ahí estamos avanzando para ver la posibilidad de
constituir una ZRC, porque si logramos constituir la ZRC allá, los afros tenían su territorio
colectivo, los indígenas su territorio colectivo, y los campesinos tendríamos nuestro territorio
colectivo. No es nada fácil, porque usted sabe que para el campesino que está pensando siempre
que entonces yo con esa figura no voy a poder vender mi finca y entonces yo qué voy a hacer, y
es que yo necesito es vender. Entonces eso no es fácil es un ejercicio muy lento, pero igual hay
unos resguardos que nos han dicho ya si ustedes van a constituir ZRC nosotros los apoyamos,
nosotros damos el concepto de que no requiere consulta previa, aquí no hay ningún problema
aquí les damos la firma para que se constituyan, obviamente en los límites con los resguardos y
las Juntas ya tienen como una área limitada. (…) Allá logramos ponernos de acuerdo los cabildos
para titular los resguardos., dijimos bueno, pongámonos de acuerdo, entonces distribuyámonos:
ustedes tantas hectáreas, vinieron el Incoder, con este señor Navarro. Logramos hacer un
convenio y vinieron y nos titularon.
Evidentemente hay aspectos que pueden generar conflictos, como por ejemplo el relacionado
con la educación y los espacios cotidianos en los que coinciden los diferentes sectores: “Los
indígenas dijeron: nosotros como que necesitamos un lugar para nosotros, por eso digo que
tampoco es un territorio intercultural, porque pedimos que se contraten profesores indígenas,
afros y campesinos, pero no se logró porque los indígenas dijeron no, porque nosotros no
queremos allá, más bien hagámonos acá”.
Más allá de este tipo de aspectos, el tema de la planeación conjunta, la priorización de ciertos
temas y la incidencia en espacios de decisión a nivel departamental y municipal ha permitido que
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los resultados de la articulación no solo se reflejen en niveles de inversión en el corregimiento,
sino en la generación de confianzas mutuas: “Pero lo que sí hacemos es que hacemos la fuerza
juntos y nos respetamos las particularidades. Entonces por ejemplo, ese corregimiento cada 4
años, en este momento las alcaldías y gobernación van al territorio a concertar un presupuesto
global como debería ser en todos los territorios, entonces por ejemplo este año, logramos
acordar 2.500 millones de pesos anuales de inversión para ese corregimiento, entonces para esos
2500 millones, las comunidades se sientan concertan y dicen cuáles son las prioridades de eso.
Y a parte de esos saben que a las comunidades étnicas tienen por derecho”.
Para cerrar el análisis de este caso es importante considerar este ejemplo como un referente clave
no solamente analítico sino ante todo experiencial para formular estrategias conjuntas en la
generación de propuestas para territorios interculturales dentro de las mismas apuestas
organizativas, e incluso desde instancias estatales.
Importante también mencionar que este cada caso tiene un desarrollo y causas particulares que
han determinado las acciones de cada sector y del estado por medio de sus instituciones. Valga
recordar también que hay aspectos estructurales y en algunas situaciones condicionantes
(pobreza, conflicto armado, concentración de la tierra, proyectos extractivos) que hacen que los
conflictos tengan raíces similares, por ello las soluciones, más que impuestas por medio de figuras
jurídicas, pueden concertarse con las mismas comunidades implicadas.
4. Comisión Étnica y Acuerdos de Paz
Uno de los principales retos del movimiento social consiste en incidir de manera propositiva y
activa en la generación de propuestas encaminadas a la construcción de una paz sostenible y
duradera. En este espacio se señala algunas de las vicisitudes, retos y logros alcanzados en el
proceso de construcción del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz. Aquí se abordaran los
principales acuerdos a los que se llegaron y las perspectivas que se dan en el marco de la
implementación. Algunos de los participantes contaron su experiencia y confían que desde este
espacio de construcción se puedan generar procesos donde coincidan intereses, aspiraciones y
cosmovisiones.
Como contexto inicial, la participación de los sectores indígenas y afrodescendientes en el
proceso de construcción de los Acuerdos de paz entre la delegación del gobierno y la delegación
de la Farc, era un tema de discusión dentro de cada una de las organizaciones indígenas,
campesinas y afrodescendiente. Previamente se habían generados eventos, foros nacionales y
canales de comunicación con la Mesa de Conversaciones24, sin embargo estos sectores
consideraban que era importante tener una participación activa en ese escenario desarrollado
principalmente en La Habana, Cuba.
Posteriormente, en inicios de 2016 diversas sectores y organizaciones de comunidades negras
que convergen y deciden enviar una carta pública al gobierno (Chao racismo, 2016) con el
24 En el punto 1 Política de desarrollo agrario integral se realizó el Foro Sobre Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque territorial) entre el 17 y el 19 de diciembre de 2012 en Bogotá, donde participaron 1.314 ciudadanos, por medio de 522 organizaciones de los 32 departamentos, en representación de organizaciones campesinas, gremios, empresarios, afrodescendientes, indígenas, mujeres, victimas, iniciativas de paz y otros sectores (Agencia Prensa Rural, 2012).
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objetivo de discutir y abrir espacios de participación de las comunidades negras en la Mesa de
conversaciones de La Habana. Según lo argumentado por algunos procesos que convergieron
en esta iniciativa25 era necesario saber que han pactado el Gobierno y las Farc sobre los Consejos
Comunitarios y los Resguardos Indígenas, territorios colectivos titulados a sectores indígenas y
negros. De igual manera se exponen otra serie de argumentos:
Los afros tienen miedo de que les quiten sus tierras para crear las zonas de reserva campesina
pactadas con las Farc, además de las seis legalmente constituidas desde 1998. Otra cosa que les
preocupa, y que es el centro del debate ahora, es la definición de dónde quedarán las zonas de
concentración de la guerrilla para la dejación de las armas. Temen que las FARC quieran
concentrarse en sus zonas tradicionales de influencia, varias de ellas con amplia presencia afro,
sobre todo en el Pacífico. Esto les preocupa por dos razones. Por un lado, porque temen que
otros grupos armados como las bacrim o el Eln intenten sabotear la desmovilización de las Farc,
y ellos queden en la mitad de esa guerra. Por ejemplo, en el Bajo Atrato chocoano (La silla vacia,
2016).
De manera que esta participación de comunidades étnicas en el espacio de diálogos, lo que
permitiría también era el intercambio de algunas dudas e inquietudes que habían venido
surgiendo a medida que algunos puntos de la agenda de los Diálogos se iban depurando. Sin
embargo, el proceso no contó con la participación de todas las expresiones dentro de esta
comunidad afro, que históricamente ha estado divida.
Así lo manifiesta un líder afro perteneciente a CONAFRO, quien señala que es una buena señal
la apertura de espacios para las comunidades étnicas, pero, que es bueno invitar a todas las demás
iniciativas, ya que en potenciales escenarios de posacuerdo y construcción de paz, es
indispensable que las comunidades étnicas y rurales, más que garantes, generen propuestas y
planes conjuntos para ampliar el espectro de movilización e incidencia de las organizaciones
sociales en cada uno de los territorios y además de abrir espacios democráticos para nuevas
expresiones organizativas e iniciativas que no siempre se articulan con procesos tradicionales y
reconocidos.
En cuanto a la participación del sector indígena en el Capítulo étnico de los Acuerdos, la ONIC,
una de las organizaciones que articula diferentes expresiones indígenas, señalo que desde hacía
más de tres años los pueblos indígenas venían buscando y exigiendo la participación de este
importante sector en la Mesa de conversaciones. “para aportar con propuestas desde nuestros
planes de vida, en la búsqueda de soluciones al conflicto armado interno que vive nuestro país,
ya que, a pesar del reconocimiento de los derechos de los pueblos étnicos, en la actualidad
seguimos siendo blanco de la violencia derivada del conflicto armado, en forma individual,
colectiva y territorial, lo cual hace peligrar nuestra autonomía, nuestros derechos territoriales y
culturales y nuestra supervivencia como pueblos” (ONIC, 2016).
Finalmente, producto de estas reflexiones y procesos internos de las organizaciones étnicas, se
determinó la creación de un espacio de confluencia en el que propugnara por la participación de
comunidades étnicas en la Mesa de conversaciones. De esta manera de instalo la Comisión Étnica
25 Algunas de estas organizaciones son: Chao racismo, Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Consejo Nacional Afrocolombiano (Conpa).
49
para la Paz y La Defensa de los Derechos Territoriales conformada principalmente por delegados del
Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano - CONPA y la Organización Nacional de
Comunidades Indígenas ONIC el día 8 de marzo de 2016, teniendo como uno de sus objetivos
principales “trabajar por la construcción de la Paz desde nuestros pueblos en función de nuestros
derechos a la identidad, autonomía, participación, territorialidad, ejercicio del gobierno propio y
a la paz de la nación” (ONIC y CONPA, 2016).
En junio de 2016 se realizó la reunión de las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-
EP con representantes de los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, negras,
raizales y palenqueras26, con el objetivo de escuchar las recomendaciones, aportes y propuestas
que servirían de insumo en el marco del punto seis de la Agenda del Acuerdo General
“Implementación, Verificación y Refrendación” (Delegación del Gobierno Nacional y las
FARC-EP, 2016).
Producto de esta participación se acordaron puntos importantes para las comunidades étnicas
teniendo como eje principal el marco jurídico nacional e internacional. A continuación se
mencionan algunos de los temas que se acordaron, temas que están desglosados en su totalidad
en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y
Duradera en Colombia; Capitulo étnico (Mesa de Conversaciones Diálogos de La Habana, 2016):
En primera medida se “reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de
una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han
sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la
exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos” relacionado con esto,
estas comunidades son las que han sido más afectadas por el conflicto armado interno.
Por este aspecto, en la fase implementación de los acuerdos, en lo que relacionado a los pueblos
étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada y del
derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, en aquellos territorios de
comunidades indígenas y afrocolombianas que se traslapen con Zonas Priorizadas para
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
En materia de Reforma Rural Integral específicamente en lo relacionado con acceso a tierras
(Fondo de Tierras) se estimulara el proceso adjudicación de predios y procedimientos de
formalización se harán con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación,
titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras.
26 En este espacio participaron: Organización Nacional Indígena de Colombia– ONIC, la Confederación Indígena Tayrona- CIT, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía - OPIAC, Organización Zonal Indígena del Putumayo –OZIP, el Cabildo Mayor de la Zona del Bajo Atrato CAMIZBA y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia– CONPI, la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima- ACIT, el Consejo Regional Indígena de Arauca– CRIA, la Consejería de Autoridades del pueblo Wounaan- WOUNDEKO, el Consejo Regional Indígena Pueblo Nasa del Putumayo y el Cabildo Monaya Buinaima, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano– CONPA, la Asociación de Pequeños y Medianos Mineros del Chocó– ASOMICHOCÓ, las Comunidades Construyendo Paz desde el Territorio– CONPAZ, La Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes- CONAFRO, Chao Racismo y Poder Ciudadano (Delegación del Gobierno Nacional y las FARC-EP, 2016).
50
Esto último es de vital importancia, ya que las fuentes consultadas en este documento señalan
que uno de los principales obstáculos en los conflictos interculturales es la ausencia de instancias
institucionales unificadas para la resolución de conflictos y ejecución de acuerdos pactados con
todas las partes.
En cuanto al tema de participación política, se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de
candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales
de Paz (CTEP), cuando su Circunscripción coincida con sus territorios.
En el punto de cese al fuego bilateral y definitivo, dejación de armas y garantías de seguridad,
para la implementación de un Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y
organizaciones en los territorios, con la participación y el reconocimiento de la Guardia Indígena
y la Guardia Cimarrona.
En el punto, Solución al problema de las drogas ilícitas, por medio del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) respetará y protegerá los usos y
consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito.
En el tema de Víctimas, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el
marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para
la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo
246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas.
En lo que tiene que ver con la Implementación y verificación, se creará una Instancia Especial
de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos,
que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas
de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora,
representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento
y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR).
5. Propuesta de Territorios Interculturales, escenarios de const rucción de
paz
La propuesta de creación de Territorios Interculturales ha sido un tema estratégico que busca
canalizar y unificar gran cantidad de propuestas y expectativas que se desarrollan en la ruralidad
de Colombia. Sin embargo en muchos contextos, algunos de estos institucionales, se manifiesta
que las diferencias culturales y étnicas dificultan los espacios de confluencia de estos tres sectores.
Los Territorios interculturales no son una propuesta nueva y acabada. Han sido múltiples los
sectores que han abanderado el tema quienes también han identificado algunas variables
constantes que surgen en el análisis de este tema: concentración de la tierra, las políticas estatales,
y el papel de las instituciones, específicamente del INCODER (MINGA, 2013).
Ante eso se ha venido proponiendo que en los territorios interculturales se debe ahondar en la
discusión sobre la defensa territorial desde la diversidad de pensamientos (I Seminario Nacional
de Territorios Interculturales, 2016), concordando con que el territorio debe ser un factor de
unidad antes que de división (MINGA, 2013), y que los territorios interculturales deben
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proponerse avanzar en la exigencia del reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos
de derechos (I Seminario Nacional de Territorios Interculturales, 2016).
Teniendo como antecedente que grupos indígenas y afrodescendientes cuentan con procesos de representación consolidados o en proceso de consolidación, podemos dar cuenta de los avances diferenciados de cada uno de estos grupos incluyendo a las organizaciones campesinas, aun cuando estás últimas no cuentan con el reconocimiento político y jurídico27 con el que cuentan los grupos étnicos reconocidos constitucionalmente. Así cada grupo tiene, si bien pretensiones frente al territorio similares (titulación y ampliación de sus territorios colectivos) también tienen capacidad de incidencia y disputas diferentes frente a su reconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales, no solo individuales sino colectivos ante el Estado. Como parte de las discusiones adelantadas en el marco del proceso de intercambio de experiencias propiciado por Rights and Resources Initiative (RRI), la abogada Patricia Tobón de la ONIC, señala frente a la posibilidad de avanzar con una propuesta de territorios interculturales:
(…) nosotros si consideramos que los territorios son interculturales, que viven campesinos, indígenas y afrodescendientes. Ahí viven todos y tienen un territorio intercultural. Pero cuando se quiere hacer un territorio cultural con una sola figura jurídica encontramos varios problemas. Es que la figura de los resguardos lleva más de 200 años en la región y tienen uno derechos asociados inclusive de administración de justicia y hay un tema que las comunidades sus principales temas (...). Pero la idea que tiene la gente es, si, nosotros podemos hacer unos trabajos comunales todos juntos como afros, indígenas y campesinos al respecto en el territorio pero cada
uno en su titulación colectiva especial. (Rights and Resources Initiative (RRI), 2016) En esta línea se reconoce si bien las dificultades de considerar la instauración de territorios multiculturales a través de una figura jurídica, se muestra a su vez la existencia de espacios de convivencia reales entre grupos indígenas, afrodescendientes y campesinos. En estos espacios, como se menciona, existen intercambios y mecanismos de resolución de conflictos históricos que operan en algunos de los casos que se han venido abordando, esto ocurre sin la existencia de formalidades jurídicas más allá de los acuerdos pactados por las comunidades, esto sin negar que el respaldo y la garantía de derechos por parte del Estado sean acciones fundamentales para la convivencia en los territorios. Por esto, es importante para impulsar la estrategia de Territorios Interculturales tener en cuenta varios aspectos: analizar las relaciones históricas de las comunidades que están asentadas en los territorios. Hacia este aspecto se orientan las reflexiones de un joven líder afrodescendiente28 quien considera que los Territorios Interétnicos deben surgir de las propias experiencias y condiciones de las comunidades, a las cuales se les consultaran si están dispuestas participar en esta propuesta sobre el territorio:
“el tema de los territorios interétnicos (...) no se puede forzar, son cosas que se dan más según las condiciones del momento, del lugar. Tú no puedes forzar (...) que un territorio este en un
27 Algunos aportes y avances en este tema se pueden evidenciar a este respecto: Ley 731 de 2002. “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales” 28 Líder afrodescendientes perteneciente al Colectivo de Estudiantes Universitarios Afrocolombianos y a la coordinación de CONAFRO (Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes).
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territorio interétnico. Pero un territorio de colonos, con comunidades indígenas y campesinas, es un territorio interétnico, de hecho yo creo que hay que crear formas de convivencia. Y es: vamos a ver qué aporta en su reglamento o código de vida o su plan de vida, que aporta las comunidades negras en su grande experiencia y qué aporta los campesinos y entre ellos crear unas reglas para convivir ahí. (...) Los territorios interculturales son un proceso”.
Analizando este aspecto se pueden evidenciar particularidades y generalidades de los territorios en relación con las disputas territoriales. En muchos casos que se analizaron en este documento, se dio cuenta que la intervención estatal por medio de la titulación, ampliación o legalización de territorios para una comunidad en desmedro de otro, fue un motivo activador de conflicto. Esto requiere, como se ha venido destacando en este documento, de un aspecto muy importante, desincentivar la discriminación positiva que ejerce el estado hacia ciertas comunidades y culturas. También requiere que las comunidades puedan tener niveles reales de decisión, determinación y gestión de sus recursos, no solo de aquellos recursos asociados con el territorio, sino con el recurso público, quienes mejor que los que viven en estos espacios para determinar en qué asuntos debe ser destinado. En este sentido, otro aspecto que ha sido causa y que ha tenido diferentes desarrollos en los territorios, es el que tiene que ver con los intereses extractivos, proyectos agroindustriales y otros relacionados. Desafortunadamente este aspecto ha hecho mella en las condiciones de las comunidades. La pobreza, desarraigo, desplazamiento y la falta de oportunidades que en muchos contexto causa la implementación y puesta en marcha de estos proyectos ha afectado a todas las comunidades por igual, por esto más que discrepar en figuras jurídicas, es necesario unificar propuestas y aspiraciones sobre un territorio donde todos coincidan. En el marco de potenciales espacios de construcción de paz, la propuesta de Territorios Interculturales debe propender por el desarrollo, la convivencia y realización de plena de las culturas, tradiciones y visiones de todos los sectores, de esta manera quisiéramos terminar este acápite trayendo al análisis una reflexión que un líder campesino hizo sobre el tema:
Las figuras que hacen dividir a las comunidades. Yo me imagino una propuesta de territorios
interculturales donde todos pensemos qué va a pasar, cuál es el concepto que tenemos frente al
territorio, frente al tema de soberanía alimentaria, frente a todo el tema de derechos. Qué pensamos
de manera conjunta, cómo logramos sacar un concepto de digamos, sobre cada uno de esos aspectos.
Pero en un solo territorio, una figura que no es ni resguardo y que todos podemos vivir allí. Eso es
lo que yo entiendo por territorios interculturales. Nosotros tenemos, digamos el ejemplo de Jardines
de Sucumbíos, es un ejemplo que es muy, casi no es muy común porque prácticamente donde hay
comunidades indígenas y donde hay afros pues estamos es peleándonos entre nosotros por el mismo
territorio.
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6. Reflexiones finales y recomendaciones A partir del proceso de investigación que se ve reflejado en el presente documento, vale la pena resaltar una serie de hallazgos relacionados con la identificación y caracterización de conflictos multiculturales presentes en el territorio nacional. Estos son enumerados a continuación:
Carácter multicultural del territorio nacional: A partir de los debates y discusiones establecidos con los diferentes actores, se puede determinar que sin bien las posturas alrededor del debate son diversas, existe un punto de confluencia sobre la identificación de territorios que comparten diferentes grupos poblacionales (indígenas, campesinos y afrodescendientes) bajo normas establecidas en espacios de discusión y autonomía de las comunidades que permiten al día de hoy una convivencia armónica, al interior de la cual los conflictos son tratados de manera especial vinculando a las comunidades y a las partes afectadas buscando las mejores soluciones de manera comunitaria.
De acuerdo con lo anterior se hace cada vez más necesario todo tipo de procesos investigativos que no solo busquen la caracterización y localización de las situaciones de conflicto de involucran diferentes grupos étnicos, sino que además sistematicen y acompañen toda iniciativa de resolución de los conflictos que emerjan de las mismas comunidades. En un potencial y futuro ejercicio investigativo es necesario pasar de un nivel nacional (como el que se presenta en este documento) a una escala local, para identificar los diferentes actores y desencuentros relacionados con el conflicto territorial intercultural.
Multiplicidad de actores presentes en el territorio responsables de la generación, agudización y resolución de los conflictos: la identificación y caracterización de actores que se relacionan con la generación y solución de conflicto da cuenta de actores relevantes en la producción de dinámicas conflictivas. Guarda especial lugar el papel del Estado y todas sus entidades territoriales, en particular aquellas que ejecutan la política pública dirigida a satisfacer las necesidades territoriales de los sujetos de especial protección amparados por la constitución y por entidades internacionales como lo son las comunidades étnicas.
Entidades como el Incoder han sido identificadas tanto por sectores de la academia como de la población, como responsables de la generación de conflictos territoriales motivados por procesos de consulta irresueltos, cruces de linderos, ausencia de procesos de clarificación de predios, retrasos en la ampliación y otro tipo de solicitudes que devienen de los procesos de consulta interna y necesidades colectivas demandadas por las comunidades. A este respecto es importante la opinión de los trabajadores estatales quienes consideran que si
bien existe poca sincronía entre los intereses, las esferas de influencia y los temas de cada una de
las instituciones, estos aspectos tienen una gran incidencia a la hora de poner en marcha políticas
estatales, pero también se considera que hay políticas estatales que han apuntado a objetivos
similares sin resultados probables: “Si tú ves todas las políticas de desarrollo rural, todas son
igualitas y repiten y repiten porque como no se ha llegado a atender de manera integral como
debe ser, entonces no se soluciona la cosa (...) no es nada nuevo. Esto hace 5 años en el último
informe que hicieron en Naciones Unidas Absalón Machado, yo llevo 24 años en el Incora de
escucharles el mismo cuento, de que hay desmembramiento de los grupos sociales que si el líder
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es el que tiene el contacto político, ese es el líder que se queda muchas veces con los beneficios”
(Vidal, 2016)
Dichas circunstancias agudizan y generan nuevos conflictos por las comunidades que a falta de espacios de conciliación promovidos por entidades como el Ministerio del Interior, así como ausentes también al interior de las comunidades y grupos étnicos, son resueltos en buena medida a través de la violencia. En cuyo caso una vez son atendidos por la mediación del Estado, se hace evidente la falta de coordinación y articulación entre las entidades del orden nacional y el local, no solo para la resolución de los conflictos, sino para la básica satisfacción de las necesidades y garantía de derechos de las poblaciones rurales.
Reconocimiento desigual de las poblaciones: El primer aspecto a resaltar va de la mano con las proclamas justas y reclamadas por los grupos étnicos que se ven reflejadas en el reconocimiento de una nación pluriétnica y multicultural descrita en la constitución de 1991. De este modo se viene desde entonces, abriendo un espacio de concertación, participación y decisión de los grupos étnicos sobre el carácter de la política pública que afecta a cada una de sus comunidades. Adicional a esto se debe señalar que para los grupos indígenas como afrodescendientes lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, les significa un avance significativo frente a la autonomía sobre las decisiones sobre sus territorios. Pero que aun así el acceso a la Consulta previa, descrita en el 169 se realiza hasta hoy de manera obligatoria para cualquier tipo de actividad que pueda afectar el territorio ancestral, cada vez más este procedimiento es visto como un obstáculo al crecimiento y desarrollo económico del país.
Siendo el anterior solo un ejemplo, se quiere resaltar la capacidad de movilización y exigencia de derechos que han constituido con los años las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde los grupos indígenas cuentan sin lugar a dudas con una capacidad mayoritaria de movilización. En este caso es importante dar cuenta de que los procesos de reconocimiento de las exigencias de los grupos campesinos organizados que exigen su derecho a la tierra como medio de subsistencia tienen un avance diferenciado y más bien atrasado frente a los demás grupos rurales. Hacia este sentido se manifiesta una funcionaria del Incoder:
(...) entonces al campesinado se le fue relegando, los recursos eran muy mínimos, solamente desde el 2000, antes del 2000 tu ibas por todas las dependencias del Incora, que había una que se llamaba acceso a tierras, los recursos eran muy mínimos para compra de tierras para campesinos, porque era todo para reinsertados, para desplazados. La política fue sesgada por atención prioritaria a esos grupos poblacionales, y fue dejando de lado a los campesinos que no tenían ningún apellido, que no eran desplazados ni nada, que habían hecho resistencia en el campo, se habían quedado (...)
Así pues es importante fortalecer escenarios de participación y empoderamiento sobre las prácticas productivas campesinas como lo son las Zonas de Reserva Campesina, son efectivamente esenciales para el ejercicio de la ciudadanía, aun cuando es necesario extender este reconocimiento como colectivo y sujeto de derechos. Sin embargo es importante considerar, analizar y potenciar la generación de Territorios Interculturales, ya que como lo manifestaba un líder campesino “las figuras lo que hacen es dividir las comunidades”, ante esto es necesario estudiar sesudamente cada caso para con esto
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comprender de alguna manera su complejidad y evaluar la pertinencia de la propuesta de Territorios Interculturales en cada uno de estos espacios. Esta recomendación y reflexión se realiza con la finalidad de evitar caer en visiones, posturas y enfoques que exacerben o exalten ciertos sectores o actores sobre otros. Si bien es cierto, la figura de ZRC ha favorecido a muchos territorios y campesinos, garantizándoles la permanencia en el territorio y evitando el desarraigo, es importante considerar que por sí solas las figuras no tienen vida, están surgen y se constituyen en reivindicación importante para los sectores que las impulsan, siempre y cuando tengan el apoyo y la movilización de múltiples actores, no solo campesinos o vinculados a lo rural. Por eso, la recomendación más que proponer una figura jurídica de Territorios Interculturales o algo similar, de lo que se trata es de evitar caer en disputas por figuras jurídicas o por el reconocimiento de derechos de ciertos sectores en detrimento de otros, ya que por estas disputas, lo que se ha evidenciado es una constante y paulatina fragmentación de las comunidades, del tejido social y de las confianzas entre culturas diferentes que comparten los mismos espacios vitales.
El debate: Son de diverso orden los abordajes que se identifican sobre las relaciones y la existencia de conflictos interculturales. En primera instancia se resalta que a partir de la constitución de 1991 y su carácter participativo se abre un recha importante en lo que refiere a procesos de reclamación y exigencia de los derechos.
En segundo lugar, existen múltiples ángulos de análisis del fenómeno identificados hasta el
momento, estos son: las comunidades, las entidades del Estado y la academia. Y sin que sean
estos mencionados los únicos actores que intervienen en la definición de lo que son los conflictos
interculturales existe un debate abierto que requiere vincular actores territoriales, experiencias
locales de resolución de conflictos y otros que además requieren de un proceso arduo
fundamental de investigación, sistematización y discusión que dé como resultado un proceso
más profundo de caracterización pero sobre todo de identificación de vías de resolución desde
la experiencia.
Esto aspecto es de capital importancia ya que ante posibles escenarios de construcción de paz,
la resolución de conflictos interculturales sobre el territorio implica la sinergia de todos los
sectores vinculados e interesados en la ruralidad de este país.
56
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